Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática actual del cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, los diputados integrantes de la Comisión Especial del Café de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El café es una bebida aromática y exótica, difundida en el mundo, fruto de un arbusto llamado cafeto y con origen en las tierras africanas específicamente en Abisinia (actualmente Etiopía). La popularidad del café llegaría tras su introducción, a principios del siglo XVIII, en Arabia, donde Yemen se convirtió en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán y Europa.

Los europeos trataron de cultivarlo, pero fracasaron por razones climatológicas, surgieron plantaciones en países de clima propicio como Haití, Santo Domingo, Jamaica, Brasil, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México.

En 1790 el café llegó a nuestro país, a las entidades de Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Durante el Porfiriato la cafeticultura mexicana tuvo una producción importante. A partir de entonces, el café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional. En la actualidad genera divisas sólo por debajo del petróleo y el turismo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.

El volumen de producción del café en nuestro país oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año, lo cual representa el 3.27 por ciento mundialmente, ocupando así el quinto lugar en exportación, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.

México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos per cápita; posiblemente se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo, la insuficiencia de la cultura de café y los tabús con respecto a la salud.

En nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 13 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Estado de México, en total se cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas y un padrón de 500 mil productores.

Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero no se encuentra en su mejor momento, así mismo es imprescindible mencionar que el 80 por ciento de las principales regiones productoras del café son etnias indígenas de alta marginación y se caracterizan por encontrarse en pobreza y pobreza extrema.

A pesar de los beneficios que el cultivo del café provee para el medio en todas sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), no se le ha reconocido, apoyado, ni dado la importancia que para el país representa en su estabilidad política, económica, social, cultural y ambiental debido a políticas nacionales inadecuadas, lo que se puede convertir en corto tiempo en un gran conflicto social.

Para el ciclo 2011-2012, la producción mundial de café ascendió a 131.3 millones de sacos; México apenas produjo 4.3 millones, representando así apenas el 3.27 por ciento. Es decir, la producción nacional disminuyó de una forma importante. Pues durante aquel periodo se dieron altibajos importantes, ya que mientras en el ciclo 1999-2000 la producción alcanzó los 6.2 millones de sacos, en el ciclo 2004-2005 disminuyó hasta 3.8 millones, cifra muy distante a la alcanzada en el siglo anterior. Debido a la caída de la producción tan drástica del café, actualmente se estima que ocupamos el treceavo lugar a nivel mundial.

Por ello, es necesario implementar políticas adecuadas a la cafeticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.

Existen diversas problemáticas para el cultivo del café en México como,

• Plantaciones avejentadas.

• Drástica caída en el precio por quintal.

• Afectación severa en el rendimiento por la enfermedad de la roya.

• Alto costo de insumos.

• Pérdida de la fertilidad del suelo.

Fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático.

• Dificultades para acceder al crédito.

• Falta de asistencia técnica y capacitación.

• Falta de infraestructura y equipamiento.

• Recursos insuficientes para coberturas de precios.

• Insuficiente cobertura de seguro agrícola.

México, efectivamente tiene un déficit en el consumo de café en comparación con otros países, por ello y para revertir la tendencia es necesario que el Gobierno Federal coadyuve en una intensa campaña de consumo, comercialización y valor agregado, además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de los siguientes puntos a considerar:

• Depuración del padrón cafetalero.

• Renovación de cafetales.

• Apoyo en capacitación y asistencia técnica, para mejorar la calidad del café desde la producción hasta el consumo.

• Promover e incrementar la producción de café de calidad.

• Impulsar un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Café.

• Construcción y rehabilitación de infraestructura.

• Modernización de maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café.

• Promover:

1. Financiamiento

2. Seguro Agrícola

3. Cobertura de precios.

• Reforzar las acciones fitosanitarias que protejan y den sustentabilidad a la cafeticultura, en beneficio de nuestros ecosistemas.

• Impulso al acopio, comercialización y promoción al consumo del café.

• Fomento de organizaciones para la comercialización.

• Fomento productivo.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución,

Punto de Acuerdo

Único. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.

Diputados: Héctor Narcia Álvarez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Mariana Dunyaska García Rojas, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo Sonia Rincón Chanona (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios de Zacatecas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país se encuentra en el desarrollo rural; durante años se ha decidido ignorar al campo, marginándolo a niveles que no permiten un desarrollo digno para sus habitantes.

A través de políticas cortoplacistas que sólo benefician a unos cuantos, se ha visto como las zonas rurales se convierten en sinónimo de abandono y pobreza.

Nuestra nación tiene con Estados Unidos 90 por ciento de su comercio internacional, 90 por ciento de su turismo, 70 por ciento de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en dicho país.

Debido a la dependencia con nuestro vecino del norte, cada vez que se trata de implementar una medida contra alimentos domésticos las consecuencias para los mexicanos son enormes, como ejemplos tenemos: la importación de papa y los aranceles al jitomate y frijol.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó con el afán de facilitar el intercambio entre países, lo cual tiene como finalidad mejoras económicas; sin embargo, esto no se ha observado desde su implementación, al contrario hemos sido testigos de atropellos sistemáticos realizados a este convenio siempre que se trata de proteger sectores vulnerables de la economía estadounidense, mientras que nunca se ha visto esa reciprocidad a nuestro favor.

A pesar de que nuestro sector agrícola presenta asimetrías económicas, tecnológicas y de producción, se presionó para la completa liberalización de productos básicos, sin importar las consecuencias para México.

En 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, importábamos 10 por ciento de los productos que consumíamos; veinte años después dicho porcentaje se ha cuadriplicado.

En 1995, México vendía más productos agrícolas en el mundo que los que compraba; es decir, sus exportaciones eran superiores a las importaciones por 939 millones de dólares. En el 2000, la balanza comercial agrícola del país fue deficitaria por 2 mil 465 millones de dólares, en otras palabras, nuestro país incrementó su dependencia agrícola del mercado mundial.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras en México presentan a 2012 una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento.

En contraste, México importa el 95 por ciento de la soya que consume, el 74 por ciento del arroz, el 42 por ciento del trigo y el 25 por ciento del maíz que requiere la población.

Aún cuando el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más críticos y preocupantes, encontramos casos como el del Estado de Zacatecas, en donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende ejecutar una multa por un monto de 299 mil 899.42 pesos a los productores de pozos agropecuarios de la Entidad.

La resolución de la Conagua expone que los involucrados contravinieron las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual señala:

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere instalado la “Autoridad del Agua”;

No obstante, resulta sorprendente que se pretendan imponer multas excesivas para los usuarios de pozos, las cuales se realizan de manera parcial y acotada, sin tomar en cuenta las verdaderas causas que engloban la problemática histórica de la agricultura de riego.

Debemos mencionar que los productores de la zona enfrentan: un alto costo de insumos y combustibles, lo cual eleva mes a mes los precios de producción en los cultivos; excesivas tarifas de bombeo, debido a la ineficiencia de los equipos obsoletos; una caída drástica de los precios pagados al productor; una completa descapitalización, que conlleva deudas con instituciones financieras, y cultivos afectados por el exceso de humedad.

Los recargos que Conagua busca fijar por cuestiones normativas, desmantelarán la base productiva y pondrán en riesgo la sobrevivencia de 8,500 concesionarios de pozos de riego, lo cual se traducirá en 140 mil hectáreas, 25 mil 500 empleos directos y 85 mil indirectos.

El perfil de los afectados corresponde a pequeños, medianos y grandes productores, y a proveedores de insumos y servicios. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que si bien hace cinco años el 70 por ciento de los productores de riego presentaban problemas, ahora el 100 por ciento se encuentra en crisis.

Con base en lo descrito, resulta claro que el campo exige una reglamentación actualizada del uso del agua, líneas de crédito accesibles y oportunas, una flexibilización de las reglas de operación y una protección a la base productiva nacional.

El objetivo principal del gobierno en este tema debe ser el rescate de la agricultura, por lo que exigimos que se suspenda el procedimiento de ejecución en contra de 175 pozos de riego agrícola en el Estado de Zacatecas y la condonación de las multas impuestas por Conagua; sólo a través de estas medidas lograremos devolver al campo la dignidad que por extensión y recursos naturales le corresponde. Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a suspender el procedimiento de ejecución en contra de 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a condonar las multas por un monto de 299 mil 899.42 pesos, impuestas a 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados a establecer mesas de trabajo con los productores y concesionarios de pozos de riego agrícola, con el propósito de instaurar una reglamentación del uso del agua acorde a la situación actual del campo mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a homologar los municipios de Quintana Roo con la zona geográfica A para equilibrar el desarrollo económico de la región fronteriza, a cargo de los diputados Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, diputado Raymundo King de la Rosa y diputado Eduardo Román Quian Alcocer, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue creada en 1963, con el objeto de resguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia laboral salarial. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene como función establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, que el salario mínimo cumpla con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que de acuerdo al artículo 123 fracción VI, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Asimismo, de acuerdo al artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un órgano autónomo, cuyas resoluciones radican en diversos estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada sector y que además cuenta con indicadores socioeconómicos suficientes para determinar las áreas geográficas para fines salariales.

De la resolución del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2013, los diez municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, forman parte de la zona geográfica “B”.

La situación geográfica de Quintana Roo, la influencia de productos extranjeros y la posibilidad que tiene el consumidor de recurrir a los mercados vecinos, obliga a los quintanarroenses a requerir mayores condiciones de competitividad. Con políticas justas de distribución del ingreso, el mejoramiento salarial y la generación de empleos estables y bien remunerados, Quintana Roo podrá aspirar a un futuro promisorio.

Normatividad específica como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo y los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora. Respecto a la región fronteriza definida por la Ley del IVA, todos los municipios del Estado de Baja California y Baja California Sur, y 39 municipios del Estado de Sonora, están clasificados como área geográfica “A” por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Los mismos municipios y estados que son beneficiados con tasa de impuesto al valor agregado diferenciada, en el artículo 2° de la Ley del IVA ya son clasificados como área geográfica “A” excepto los municipios del estado de Quintana Roo. Por lo anterior es viable una homologación salarial del Estado de Quintana Roo, al área geográfica “A” como los demás estados fronterizos.

Es momento de dejar de concebir al salario como un costo laboral, es correcto verlo como un indicador de bienestar, con esta visión, la economía elevará su competitividad y se adecuará a las condiciones exigidas por la globalización, propiciando una mejora en la reactivación económica. Por la situación geográfica del Estado, por el desarrollo alcanzado, por la industria turística con la que cuenta y por ser considerado como Región Fronteriza, es factible una homologación salarial de todos los municipios del Estado de Quintana Roo de zona geográfica “B” a zona geográfica “A”.

Por ello nos permitimos proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se homologuen todos los municipios del estado de Quintana Roo, de área geográfica “B” a área geográfica “A”, buscando generar justos equilibrios en el desarrollo económico de la región fronteriza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 22 de octubre de 2013.

Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica)

Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)

Diputado Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a poner en marcha por la Profeco una campaña informativa sobre las repercusiones de adquirir un televisor analógico, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 14 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-192-SCFI/SCT1-2013, Telecomunicaciones-Aparatos de televisión y Decodificadores-Especificaciones.

Esta norma oficial mexicana da certeza al consumidor de que los aparatos receptores de televisión que se comercializan cuentan con la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 de ATSC, es decir, dichos televisores son capaces de recibir, sintonizar y reproducir las señales de televisión digital terrestre (TDT) y tienen la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir cuando menos señales High Definition Television (HDTV) y Standard Definition Television (SDTV).

El principal objetivo de la norma oficial es evitar el riesgo de un daño inminente en la economía o patrimonio de los consumidores, ya que a partir de la conversión total de señal analógica a digital, aquellos consumidores que adquieran un televisor con tecnología analógica no contarán con el nivel tecnológico que les permita recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 de ATSC, lo cual conllevaría a tener que adquirir otro televisor que cuente con la capacidad para recibir, sintonizar y reproducir cuando menos señales HDTV y SDTV. Por lo tanto, se debe asegurar que el consumidor no ponga en riesgo su patrimonio al momento de comprar un televisor que no sea capaz de recibir, sintonizar y reproducir señales de televisión digital y, en consecuencia, no tenga acceso a las señales de televisión abierta que, a partir del 31 de diciembre de 2015, solo serán digitales.

En este sentido, resulta de la mayor relevancia tener en cuenta los tiempos que maneja esta nueva norma oficial mexicana, ya que, de acuerdo con sus disposiciones transitorias, entrará en vigor a los 60 días de su publicación y, más importante aún, una vez que entre en vigor, los comerciantes contarán todavía con 30 días naturales más para poder vender los televisores analógicos que tengan inventariados; es decir, aun cuando la norma oficial se publicó el 14 de octubre, los televisores analógicos seguirán en el mercado hasta el 14 de enero de 2014.

Lo anterior significa que las televisiones tecnológicamente obsoletas podrán comercializarse durante el próximo Buen Fin, por realizarse del 15 al 18 de noviembre de 2013, por lo que resulta necesario que la población mexicana, como público consumidor, cuente con la información comercial que le advierta que ciertos aparatos televisores que actualmente se comercializan en el mercado, no serán idóneos para recibir señales digitales, por lo que su compra generara un daño o menoscabo en su patrimonio ya que estará adquiriendo un bien cuyo valor futuro se perderá.

Si bien, desde el 12 de agosto pasado y con el fin de advertir al consumidor que una televisión análoga no podrá captar señales digitales una vez que se concluya la transición a la Televisión Digital Terrestre, fue emitida una norma que establece que dichos aparatos deberán tener una etiqueta en la que se lea la siguiente leyenda: “No sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al estándar A/53 Advanced Television Systems Committe” o “No recibe señales de televisión digital”, podemos hacer todavía más para proteger al consumidor mexicano, ya que algunas empresas comercializan estos televisores a costos muy bajos, pues serán obsoletos a finales de 2015.

Asimismo, hay que recordar que uno de los presupuestos de la definición del servicio de radiodifusión es que la población recibe de manera directa y gratuita las señales utilizando los dispositivos idóneos para ello1 , de ahí la importancia de evitar a la brevedad que se sigan comercializando televisores que no cuenten con la capacidad de recibir señales digitales, así como de informar, amplia y puntualmente al público consumidor sobre las consecuencias de adquirir tecnología obsoleta.

En tal tesitura, se propone exhortar a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa, en la forma y a través de los medios que estime pertinente, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, en nombre de la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa previa al Buen Fin, en la forma y a través de los medios que estime pertinente, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

Nota

1. El segundo párrafo del artículo 2 de la todavía vigente Ley Federal de Radio y Televisión define al servicio de radiodifusión como “aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello...”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa una campaña contra el suicidio, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Salud, para que implemente una campaña en contra del suicidio, con el propósito de prevenirlo y contenerlo; con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Cada segundo, un ser humano trata de suicidarse en algún país del mundo. Y cada 40 segundos, un suicida cumple su propósito. Casi un millón de personas se quitan la vida al año, más personas mueren cada año debido al suicidio que a la suma de homicidios y guerras.

La Organización Mundial de la salud, refiere que el suicidio constituye un grave problema de salud pública muy importante que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de victimas al año provocando unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares.

Se calcula, que por cada muerte atribuible a esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales, pero no se dispone de datos fiables sobre el verdadero alcance.

En México es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, después de las agresiones y accidentes automovilísticos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, a nivel nacional por cada 100 mil habitantes hay cuatro suicidios, provocados por la rigidez o descuido por parte de la familia; alguna separación o pérdida familiar, así como el alcoholismo o drogadicción.

Los suicidios se han convertido en un problema de salud pública en México, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad, durante 2011 en el país se registraron 5 mil 718i suicidios de los cuales 80.8 por ciento fueron consumados por hombres y 19.2 por ciento correspondió a mujeres, lo que significa que ocurren cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer. En lo que se refiere a su evolución, es posible advertir que la tasa de suicidios presenta una tendencia creciente, pues de 1990 a 2011 para la población en general la tasa se duplicó al pasar de 2.2 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Por sexo, en 2011 la tasa de mortalidad de esta causa fue de 8.2 por cada 100 mil hombres y de 1.9 suicidios por cada 100 mil mujeres.

Existen distintos componentes sociales que intervienen en la decisión de una persona para quitarse la vida, algunos estudios mencionan que este comportamiento se ve diferenciado también por grupos de edad; entre los jóvenes, es posible encontrar ciertos hechos asociados con la depresión y el aumento en el consumo de drogas y alcohol; en los grupos de edad productiva, existen factores de índole laboral y económica; y en los adultos mayores, enfermedades que generan dolor o discapacidad.ii

Del total de la población que cometió suicidio, el conjunto de quienes tenían de 15 a 29 años de edad representaron la mayor proporción de fallecimientos por este hecho (43.5 por ciento); por sexo, esta situación se acentúa más en las mujeres, pues poco más de la mitad de ellas eran jóvenes en estas edades (53.6 por ciento). Por otra parte, llama la atención que del total de suicidios 10.2 por ciento corresponde a personas de 60 y más años.

De acuerdo con el nivel de instrucción que tenían las personas que consumaron el suicidio, el mayor porcentaje correspondió a los que contaban con estudios de secundaria completa (24.3 por ciento), en tanto que por sexo, se observa que tres de cada diez (28 por ciento) mujeres que consumaron el suicidio contaba con estudios de nivel medio superior o superior (bachillerato o profesional), mientras que en los hombres dos de cada diez (17.7 por ciento) se encontraban en la misma situación.

En lo que se refiere a la condición de ocupación, la información disponible permite identificar que de la población de 12 y más años de edad que cometió suicidio, 29.2 por ciento se encontraba sin trabajo, de ellos 56.4 por ciento eran hombres y 43.6 por ciento mujeres. Por otro lado, de las personas que tenían trabajo al momento de cometer suicidio, la información muestra que 23.9 por ciento trabajaban en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca, 23.3 por ciento en la industria de la transformación y 19.3 por ciento en trabajos administrativos de nivel inferior.

Respecto a la situación conyugal de la población de 12 y más años que cometió suicidio, la proporción más alta corresponde a quienes estaban casados o unidos, 48 por ciento para hombres y 40.3 por ciento para mujeres, seguida por la de los solteros (43.8 y 50.3 por ciento, respectivamente).

El acceso a los medios para quitarse la vida es un factor importante de riesgo que puede determinar que el acto sea consumado o no una vez que se ha hecho presente la ideación suicida, en este sentido, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el principal método utilizado por hombres y mujeres (78.1 y 72.4 por ciento, respectivamente); en segundo lugar, ellos optaron por el disparo con arma (12.1 por ciento), en tanto que ellas usaron el envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas (16 por ciento).

El lugar donde se ejecuta el suicidio se encuentra ligado con el método empleado, así pues, el principal lugar donde ocurren los decesos, tanto en hombres como en mujeres, es dentro de la vivienda particular, (80.6 y 70.3 por ciento, respectivamente).

Diversas investigaciones indican que son las mujeres quienes con mayor frecuencia presentan tanto la idea como el intento suicidaiv y v y entre los factores de riesgo que se encuentran asociados a esta conducta se encuentra la violencia, en este sentido la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 muestra que de las mujeres casadas o unidas, de 15 y más años de edad que declararon haber sufrido algún episodio de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses previos a la encuesta, 9.1 por ciento pensó en quitarse la vida y entre más severa es esta forma de violencia, la idea se hace más presente, es decir, de aquellas mujeres que experimentaron violencia emocional 9.8 por ciento lo pensó, sin embargo de las que sufrieron violencia sexual 26.8 por ciento tuvo la idea suicida.

Esta tendencia es el resultado de las transiciones demográficas sociales y económicas, que ha vivido México en las últimas décadas, las que provocan que en nuestro país llegue al tercer milenio con un incremento en los números absolutos de jóvenes, quienes tienen pocas oportunidades de educación y empleo; con una mayor proporción de personas de la tercera edad, debido al incremento en la expectativa de vida, lo que representa mayores requerimientos de servicios de salud.

La detección de personas en riesgo de suicidio adquiere valor estratégico para el éxito en la reducción significativa de la incidencia. Para ello, la eficacia se incrementa en la medida que se otorga participación a la sociedad. Solo un escaso número de suicidios se produce sin aviso. La mayoría de los suicidas dan evidencias de sus intenciones, razón por la que los familiares y amigos deben tomar muy en serio las amenazas. En las políticas públicas debe incluirse a las escuelas, centros de trabajo y organizaciones sociales y vecinales ya que así se fortalece la expectativa de resultados. En este orden de ideas, la presente iniciativa contiene la propuesta de que el Estado, a través de las autoridades competentes, impulse la organización de redes sociales para la prevención del suicidio.

El suicidio es la única muerte que puede ser prevenida. No se pueden prevenir todos los suicidios, pero sí la mayoría. La Organización Mundial de la Salud y organizaciones de voluntarios que colaboran con dicha institución cuentan con evidencia de que el suicidio se puede evitar si se logra que la sociedad cobre conciencia de la gravedad que significa para el tejido social. Las actividades preventivas enfocadas a los grupos vulnerables como los alcohólicos y fármaco-dependientes y el seguimiento a los que fallaron en el intento reducen la tasa de incidencia. Sin embargo, hoy día son muchos los países que no reconocen en el suicidio la prioridad que tiene para los sistemas de salud.

Al convertirse en un problema de salud pública que afecta a las personas, sus familias y a la comunidad es necesario que el estado mexicano, a través de las instituciones del sector salud, implemente una campaña en contra del suicidio; con el propósito de prevenirlo y contenerlo

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular del poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Salud, para que implemente una campaña en contra del suicidio, con el propósito de prevenirlo y contenerlo.

Notas

i La OMS y la OCDE consideran como suicidios las defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente que corresponden a los códigos X60-X84 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

ii Hernández, Elsa. La frontera a través de una cultura de la violencia . Suicidio en Baja California: una visión social de la violencia autoinflingida, el caso de Mexicali, 1999 a 2004.

http://www2.uacj.mx/icsa/Investiga/RNIU/pnencias%20pdf/P onencia%20Elsa%20Hernandezs%20Fuentes.pdf, 9 de agosto 2013.

iii OPS. Informe Mundial sobre la violencia y la Salud .

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/w orld_report/es/summary_es.pdf, 8 de Agosto de 2013.

iv Cota, M. y Borges, G. “ Estudios sobre la conducta suicida en México 1998-2008”, en: Jóvenes, Revista de estudios sobre la juventud. Número 32.

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/docs/pdfre/0320002.s wf, julio de 2012.

v Borges, G., Orozco, R., Benjet, C. y Medina, E. Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual . http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2010/Julio%20Agosto/1-suicidio.p df, julio 2012

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.

Diputada Leonor Romero Sevilla (rubrica)

Con punto de acuerdo, sobre la violación del artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por el titular del Ejecutivo federal, respecto a la recategorización del parque nacional Nevado de Toluca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que desde el inicio de la política nacional de conservación en 1876 con el presidente Lerdo de Tejada hasta la pasada administración se habrían decretado 176 áreas naturales protegidas de las distintas categorías que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), dentro de las que se encuentran los Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Monumentos Naturales, Santuarios, entre otras.

Segunda. Que en la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río en el año de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de creación del Parque Nacional “Nevado de Toluca” sustentada en ese momento en las disposiciones de la Ley Forestal de 1926 que era el instrumento que regulaba lo que hoy denominamos categorías de áreas naturales protegidas.

Tercera. Que con la creación de la LGEEPA en 1987 y derivado de las distintas disposiciones internacionales sobre la materia de las áreas naturales protegidas se organizó la creación de este tipo de categorías de conservación, mismas que fueron revisadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 1994 así como su incorporación al Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU en la Cumbre de la Tierra en 1992.

Cuarta. Que con la reforma integral de la LGEEPA en 1996 se establecieron diversas disposiciones para ordenar todo lo referente a las áreas naturales protegidas, previendo un catálogo actualizado de dichas áreas en el cual prevaleció la categoría de Parques Nacionales.

Quinta. Que dentro de las disposiciones de dicha reforma y que continua vigente está lo señalado en el artículo 62 que a la letra dice: “Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva”. El espíritu del legislador al momento de redactar este artículo fue el de que prevalecieran las condiciones de conservación logradas hasta ese momento en materia de áreas protegidas, así como de todas aquellas que en fechas posteriores fueran declaradas ya que el objetivo de conservación quedaba claramente establecido en el artículo 45 de la LGEEPA. Por ello dispuso que una vez decretada un área protegida en el tiempo que fuera se salvaguardara sus disposiciones y que en los casos en que se modificara sólo fuera en su extensión o usos de suelo de acuerdo a su zonificación, pero no recategorizarla o eliminarla.

Sexta. Que sólo a partir de la reforma a LGEEPA de 1996, por mandato del Poder Legislativo, se previó por única ocasión en sus artículos transitorios que la autoridad ambiental “deberá determinar la categoría de área natural protegida que, conforme a lo dispuesto en este Decreto, corresponderá a las áreas o zonas que hayan sido establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, con la finalidad de cumplir alguno o algunos de los propósitos establecidos en el artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o cuya caracterización sea análoga o similar a la descripción de alguna de las áreas naturales protegidas de competencia federal previstas en el artículo 46 de dicho ordenamiento”

Séptima: Que también estableció en dichos artículos transitorios que “Tratándose de las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas protectoras forestales, zonas de restauración y propagación forestal y las zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes para el abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones, la Secretaría deberá realizar los estudios y análisis que sean necesarios para determinar si las condiciones que dieron lugar a su establecimiento no se han modificado y si los propósitos previstos en el instrumento mediante el cual se declaró su constitución, corresponde a los objetivos y características señalados en los artículos 45 y 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.”

Octava. Que con base en los dos considerandos anteriores la autoridad ambiental en años posteriores realizó la determinación de las nuevas categorías que corresponderían a los casos señalados.

Novena. Que la política conservacionista mexicana desde la disposición de la LGEEPA de que cada área protegida debería contar con un programa de manejo para garantizar su viabilidad y lograr el objetivo de la conservación solamente ha logrado que sólo 75 de ellas cuenten con dicho instrumento de gestión quedando en el limbo aún 101 de ellas muchas de las cuales fueron decretadas entre 1936 y el año 2000.

Décima. Que desde el año 2000 bajo el gobierno del Estado de México con Arturo Montiel Rojas se dio cuenta del interés por aprobar un proyecto en el Parque Nacional nevado de Toluca para crear un centro de esquí invernal que incluiría hotel de lujo, villa alpina, área comercial, fraccionamiento residencial con club de golf, canchas de tenis, centro cinegético, áreas deportivas y club hípico. Así mismo, en 2010 con el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto se practicó por primera vez con carácter oficial el snowboarding en el Nevado de Toluca sin que existiera una infraestructura mecánica como en los centros de esquí pero que era interés de jóvenes de altos estratos sociales desarrollar sus experiencias en este deporte, de ahí que diversas empresas han estado interesadas en desarrollar tal práctica en dicho espacio.

Décima primera. Que desde octubre de 2012 Cruz Roa Sánchez, secretario estatal del Medio Ambiente; Ignacio Pichardo Pagaza, coordinador del Programa para la Restauración y Manejo Sustentable del Nevado de Toluca y Luis Miguel Mandujano Álvarez, director del Parque Nacional presentaron un estudio de recategorización del parque en comento a José Alberto Ortiz Cruz, delegado mexiquense de la Semarnat, sin tomar en cuenta que la LGEEPA no dispone la figura de recategorización de cualquier área natural protegida, ni mucho menos su eliminación.

Décima segunda. Que el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, Juan José Guerra Abud, a pesar de haber sido diputado federal en la LXI Legislatura y con pleno conocimiento de la ley ambiental nacional, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2013 el “aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar el Decreto y cambiar la categoría del Área Natural Protegida Parque Nacional Nevado de Toluca ubicada en el Estado de México y decretada mediante publicación del 25 de enero de 1936”. A todas luces se evidencia de la intención de modificar el decreto del presidente Cárdenas del Río, pero no en los términos de la ley vigente en su artículo 62 ya que el fin fue cambiar la categoría vigente del parque, algo que no lo permite la LGEEPA.

Décima tercera. Que en contra de la disposición legal anteriormente señalada el titular del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de 2013 el “decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró parque nacional la montaña denominada ‘Nevado de Toluca’, que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937”, que a pesar de que dicho acto no está previsto por la LGEEPA por las razones multicitadas anteriormente.

Décima cuarta. Que tratar de abundar en el contenido del decreto señalado en el considerando anterior sería ocioso ya que las razones señaladas en dicho instrumento quedan sin efecto por tratarse de una violación flagrante a la LGEEPA en su artículo 62, ya que trata de justificar lo que en actos de omisión no realizaron las autoridades ambientales a lo largo de 76 años para la política conservacionista mexicano, permitiendo un supuesto deterioro de las condiciones naturales que dieron lugar al decreto original del parque nacional.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a dejar sin efectos el “decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró parque nacional la montaña denominada ‘Nevado de Toluca’, que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de 2013 por ser violatorio al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, iniciar las investigaciones correspondientes con la finalidad de identificar las razones por las que diversos servidores públicos iniciaron un procedimiento de recategorización del parque nacional Nevado de Toluca, a sabiendas de que es violatorio al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, en su caso, sancionar conforme a la legislación en la materia.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a proteger los decretos de todas las áreas naturales protegidas en el territorio nacional, en el ámbito de su jurisdicción; instruir que todas estas áreas cuenten con los programas de manejo que establece la LGEEPA, así como a publicar inmediatamente el programa especial de áreas naturales protegidas para que el país cuente con una auténtica política en la materia y se eviten actos como el que le obligaron a realizar en el caso del parque nacional Nevado de Toluca.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 2013.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución referente a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, bajo la siguiente;

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política otorga las libertades de expresión y asociación, pero también se establecen restricciones a esta garantía a fin de evitar el transgredir los derechos a terceros, y así mantener el orden y paz pública.

En ese sentido, para el Partido Verde, la libertad de expresión, es una de las herramientas más poderosas, pues al externar nuestra postura -ya sea a favor o en contra- sobre algún asunto político, económico, social o cultural, tenemos la posibilidad de propiciar un cambio social que nos beneficie a todos.

Sin embargo, así como reconocemos el derecho de la libre manifestación, no podemos dejar de percibir e incluso padecer, lo que es una realidad en nuestra ciudad, el impedimento de hacer uso del derecho de libre tránsito, el cual constantemente es vulnerado ante el ejercicio indebido del derecho de la libre manifestación.

Según datos de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), en el primer trimestre del año dos mil trece, en la capital del país cerraron aproximadamente dos mil 579 negocios, muchos de los cuales sufrieron severas afectaciones económicas por las marchas y los plantones, generando la cancelación de aproximadamente ocho mil 284 fuentes de empleo.

El pasado 25 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal, el “Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes”, en el que advierten que ante una manifestación los policías primero convocarán a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y como última opción se usaría la fuerza.

Desafortunadamente este documento no ha tenido el impacto necesario, para evitar los daños ocasionados por las diversas manifestaciones en esta ciudad.

En el Partido Verde, nos preocupamos por las afectaciones que generan las marchas, manifestaciones y plantones en la Ciudad de México, y por tal motivo, nuestros compañeros Legisladores de la Asamblea Legislativa presentaron, una iniciativa que pretende dar orden a esta libertad de expresión, incluso dotar de otros canales más civilizados tales como el Sistema de Radio y Televisión del Gobierno Central, utilizar los foros como el canal de Televisión Capital 21, y difundir sus demandas ante el resto de la ciudadanía sin afectar a otros.

También, se presentó un punto de acuerdo para realizar una consulta pública sobre la regulación de marchas en la ciudad.

Es una realidad que no somos el único partido que se ha pronunciado a favor de regular las marchas en la ciudad, el Partido Acción Nacional, el pasado 9 de septiembre, presentó una iniciativa cuya finalidad es regular las manifestaciones en la capital del país.

No debemos olvidar que nuestra Carta Magna establece en el Artículo 6° lo siguiente: ‘’La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Sin embargo, también nuestra Constitución contempla la libertad de tránsito, la cual se ve severamente afectada por las marchas que ahogan a nuestra Ciudad día a día. SÍ a la libertad de expresión, no a las afectaciones a terceros.

Sabemos que es un tema controversial, pero también es un tópico que debe ser atendido con puntualidad y eficacia, exhortamos a las autoridades locales a que asuman su responsabilidad e implementen mecanismos que permitan a todos los habitantes y visitantes del DF, a vivir en paz, armonía y plena cordialidad.

Lamentablemente en la actualidad se ha visto un abuso por parte de grupos políticos respecto a las manifestaciones, utilizando dicha libertad en un modus operandi ante las autoridades como medio de presión política destructiva.

La Concanaco Servytur de la Ciudad de México, realizó un balance final de esta jornada de protestas, manifestaciones, mítines y cierre de vialidades, el cual incluyó el desalojo del Zócalo realizado el pasado 13 de septiembre, donde fueron afectados cerca de 30 mil comercios, oficinas y establecimientos mercantiles, pérdidas cercanas a los 850 millones de pesos y una marcada crisis económica en diversos negocios del centro histórico, y de los que se ubican en las inmediaciones del corredor Reforma-Bucareli.

No podemos pasar por alto otra forma de medir las pérdidas para la ciudadanía, y es la que se refiere a la estimación de más de dos millones de horas-hombre de trabajo perdido, sin contemplar aquellos que tuvieron que perder uno o varios días de jornada laboral por el cierre de vialidades realizadas en diversos puntos de la ciudad.

Por todo lo anterior, urge que la Asamblea Legislativa sin ningún temor, debata sobre el tema de marchas, no podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad para garantizar a los capitalinos su seguridad y la libre manifestación de ideas.

Exhortamos a que ese órgano legislativo analice y en su caso dictamine las propuestas que ha recibido sobre el tema, generando un marco jurídico que garantice el derecho a la manifestación pacífica establecido en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, pero también el respeto irrestricto a la libertad de tránsito.

El Partido Verde apoyo la propuesta de convocar a foros y mesas de trabajo, a fin de escuchar todas las voces y poder alcanzar consensos sobre las reglas para el uso de vialidades durante el desarrollo de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México.

Entre todos podemos lograr que el Distrito Federal deje de ser rehén de los bloqueos, y se siga alterando el orden público y afectando gravemente el derecho de terceros.

Es por todo lo anterior que nos permitimos proponer el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, cuyos resultados sirvan de base para analizar, debatir y en su caso dictaminar las distintas iniciativas que en la materia se han presentado ante ese órgano legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre del 2013.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Se considera como persona extraviada a aquella que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio.

Una persona desaparecida es aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado, intencional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

En México, La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece que la autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre desaparición de una persona deberá de comunicarlo de manera inmediata al registro nacional, en la forma que establezca el reglamento de la presente ley. Sin embargo, este reglamento aún no existe.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con casi 16 mil 800 registros de personas desaparecidas, entre extraviadas y fallecidas no identificadas.

A principios de abril, reveló que tenía datos de 8 mil 898 muertos sin identificar y de 5 mil 397 extraviados o ausentes, un total de 14 mil 295 personas.

Los reportes de personas extraviadas se ha incrementado; en 2009 se abrieron 115 expedientes, en 2010 fueron 154 y en lo que va de 2011 se avanza en 1,373, para mil 801 indagatorias activas.

Sin embargo, el 90 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país no se denuncian. Con cifras del Inegi, en el 2010 hubo 22 millones 715 mil delitos, pero sólo 2 millones se denunciaron y lo que es aún más grave es que sólo en el 1 por ciento de los casos hubo sentencias.

Tan sólo en el sexenio de Calderón, la CNDH ha mantenidos abiertos 304 expedientes por desaparición forzada, que involucran a 500 agraviados. En este sentido, hizo un llamado de atención para que no quede un solo delito o violación a derecho sin investigar y hacer que se sancioné a los servidores públicos involucrados.

Ante las altas cifras de personas extraviadas o desaparecidas, se ha evidenciado la necesidad de publicar la reglamentación secundaria de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Es necesaria la creación del reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas, pues en él debe establecerse la normatividad con la que debe operar esa disposición.

Sin el reglamento, las autoridades en los tres niveles de gobierno no pueden implementar mecanismos eficaces de para una identificación efectiva de las víctimas, lo que pone en plena opacidad al sistema de justicia mexicano.

Es preciso mencionar que la ley es el primer paso para desarrollar una sociedad democrática. En este sentido la falta de un reglamento dificulta la transición a la justicia mediante la garantía de los derechos fundamentales.

Es indispensable que se publique a la brevedad el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas para que las y los ciudadanos que deseen ampararse en estas leyes posean certeza del procedimiento.

Ante la necesidad de que la normatividad aplicable en materia de personas desaparecidas o extraviadas no sea letra muerta solicitamos se publique el reglamento que pertenece a esta ley. La ausencia de un reglamento en esta materia impide que todas las disposiciones de la ley puedan llevarse a cabo.

Lo anterior para solicitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo transitorio de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, donde establece que el Ejecutivo Federal cuenta con un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, para emitir el reglamento de ésta. No obstante, un año después de haber vencido el plazo, el Ejecutivo federal no ha dado cumplimiento a lo establecido en dicho ordenamiento, para dar plena vigencia a lo contemplado en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que publique el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para declarar 2014 como Año de Octavio Paz y realizar actividades alusivas al escritor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Sonia Rincón Chanona, presidenta de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

¿Quién canta en las orillas del papel?Inclinado, de pechos sobre el ríode imágenes, me veo, lento y solo,de mí mismo alejarme: letras puras,constelación de signos, incisionesen la carne del tiempo, ¡oh escritura,raya en el agua!(Arcos, Octavio Paz 1947)

Esta Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que han contribuido de manera significativa a nuestra nación.

El presente punto de acuerdo tiene con objetivo que se que declarare el próximo “2014, Año de Octavio Paz”, en virtud de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento.

Octavio Paz es el poeta, ensayista, diplomático e intelectual mexicano más plural del siglo XX. Fue un hombre con una conciencia lúcida de su tiempo y, en particular, del tiempo mexicano. Uno de los intelectuales mexicanos, de proyección universal, con mayor reconocimiento en el mundo.

Con Octavio Paz estamos en presencia de un intelectual que incursionó con gran éxito en la diplomacia y específicamente en la promoción cultural dentro y fuera de nuestro territorio

Paz fue el primer poeta e intelectual mexicano en ser reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1990. A lo largo de su trayectoria fue merecedor de numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Cervantes (España), el Premio Ollin Yoliztli (México) y el Premio T. S. Eliot (EUA). Sin su obra y sus aportaciones teóricas no comprenderíamos la vida cultural de Hispanoamérica. Al igual que Juan Ramón Jiménez, Vicente

Huidobro, César Vallejo o Pablo Neruda, Paz abrió caminos para las nuevas generaciones del siglo XXI.

Entre sus datos bibliográficos destacan los siguientes: Estudió en las facultades de Leyes y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y amplió sus estudios en Estados Unidos. Tras concluir la Segunda Guerra Mundial (1939-45), recibió una beca de la fundación Guggenheim y posteriormente ingresó al Servicio Exterior mexicano.

Durante su estancia en París, Francia, conoció al poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Bretón e intensificó su relación con el poeta Benjamín Péret. En 1955, formó un grupo poético llamado “Poesía en Voz Alta”, al tiempo que comenzó a colaborar con la “Revista Mexicana de Literatura” y “El corno emplumado”. A través de las publicaciones de aquella época, defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo.

En 1962 fue nombrado embajador de México en la India, actividad diplomática que dio por terminada en 1968, cuando protestó en contra la política del gobierno mexicano.

Su obra poética está compuesta por 15 títulos, entre ellos, “Luna silvestre” (1933), “Entre la piedra y la flor” (1941), “Libertad bajo palabra” (1949), “Águila o sol” (1951), “Salamandra” (1962), “Ladera este” (1969), “Topoemas” (1971) y “Árbol de adentro” (1987).

En prosa destacan “El laberinto de la soledad” (1950), “El arco y la lira” (1959), “El mono gramático (1974), “Los hijos del limo” (1974), “Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe” (1982), “Tiempo nublado” (1983) y “Hombres de su siglo” (1984).

Su obra abarca la filosofía, la poesía, el ensayo, la historia, el arte, las relaciones internacionales, la música, etc. A semejanza de los sabios griegos, trató de llegar a la totalidad del conocimiento. Y al igual que aquellos maestros, se enfrentó a la ignorancia, la envidia, y la difamación.

Su poesía reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para, a partir de ella, hacer una aportación apreciable a la cultura. Como escritor, fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica.

Fue además, un gran impulsor de publicaciones y proyectos culturales que siguen siendo referencia para las generaciones actuales.

Sin lugar a dudas, Octavio Paz es un referente importante para la poesía mexicana y mundial, sus obras deben estar presentes en el colectivo nacional hoy siempre.

Es por estas razones que hoy más que nunca, en la visión de Octavio Paz, nos debe de servir de guía, motivación, orgullo y satisfacción. Hoy más que nunca, nuestro país requiere de gente comprometida con sus anhelos y necesidades, tal como siempre lo fue Octavio Paz.

No es motivo de este punto de acuerdo enumerar su vida y sus circunstancias. Esto sería pretencioso, sin embargo, sí lo es, el reconocer en Octavio Paz a uno de los más ilustres y distinguidos mexicanos del siglo XX.

En este sentido, 2014 será un año de profundo sentido histórico, ya que se conmemora el Centenario de del Natalicio de Octavio Paz.

Es justo que con el pueblo de México, los poderes de la Unión y todos niveles de gobierno rindan el máximo tributo a este distinguido mexicano que nació el 31 de marzo de 1914, en la Ciudad de México. Es de notar que nuestro compatriota también será reconocido internacionalmente, y se tiene noticia de que la UNESCO se dispone a declarar el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

En otras palabras, es tiempo de Octavio Paz, como referente de la cultura, tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso poeta le heredó a México.

Por lo anteriormente expuesto, con la intención de que todos los mexicanos reconozcamos las altas virtudes culturales que nos heredó Octavio Paz y por tratarse el 2014 como el Centenario de su Natalicio, acudo a esta Honorable Asamblea a nombre de mis compañeras y compañero diputado integrantes de la Comisión Especial para Conmemorar el Centenario de Octavio Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados a que declarare el próximo “2014, Año de Octavio Paz”, en virtud de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento.

Segundo. Se exhorta al Senado de la República, a los demás poderes federales y entidades federativas a que se declarare el próximo año “2014, Año de Octavio Paz”, en virtud de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento.

Tercero: Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados y Municipios, y Congresos locales, a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2014, Año de Octavio Paz”,

Cuarto: Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados y Municipios, y Congresos locales, a que realicen acciones conmemorativas a la vida y obra de Octavio Paz.

Quinto: Se exhorta al Banco de México a expedir una moneda conmemorativa del Centenario del Natalicio de Octavio Paz, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto: Se exhorta a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión a que, por conducto de sus respectivas Juntas de Coordinación Política, Coordinaciones de Comunicación Social y del Canal del Congreso, se difundan cápsulas informativas y spots promocionales sobre la vida y obra de Octavio Paz, así como de las actividades que se realicen respectivamente conmemorativas al Centenario del Natalicio, durante el año 2014, a través de sus páginas de Internet, redes sociales y demás medios electrónicos (radio y televisión) e impresos.

Séptimo: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se actualice y fortalezca el contenido de los textos dirigidos a los estudiantes de educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar la vida y obra de Octavio Paz.

Octavo: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes al año 2014, con motivo de la Conmemoración del Centenario de Octavio Paz, y a que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Correos de México difundan y distribuyan dichas estampillas en todo el territorio nacional.

Noveno: Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir durante el próximo año, billetes de lotería alusivos a Octavio Paz. Aquellos que se impriman durante el año 2014, deberán contener la leyenda “2014, Año de Octavio Paz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputados: Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a expedir la NOM que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El manganeso es un elemento químico metálico, quebradizo y oxidable que se obtiene de la manganesa y se emplea en la fabricación del acero.1

El manganeso es muy importante para la industria siderúrgica, esencialmente del acero, por lo que es también considerado un recurso potencial que puede empujar el crecimiento de la industria en países en vías de desarrollo, ya que además, presenta grandes posibilidades de comercio a nivel internacional2

En México, se ha detonado un crecimiento sostenido de la industria, el cual se abastece hasta el momento, de prácticamente una sola fuente primaria de manganeso, la cual está ubicada en el municipio de Molango de Escamilla, en el Estado de Hidalgo, lo que hace ver la necesidad de avanzar en la exploración de nuevos yacimientos.

La industria siderúrgica es la principal consumidora de manganeso y esto ha hecho que la producción de acero en forma creciente demande más de este mineral.

En este sentido, uno de los yacimientos más importantes de este mineral se encuentra en México, específicamente en el Estado de Hidalgo, en el municipio de Molango de Escamilla, mismo que es explotado por la empresa minera compañía minera Autlán.

De acuerdo con la información de su página web:

“Localizada al norte del estado de Hidalgo, la unidad minera Molango representa el depósito de mineral manganeso grado metalúrgico más importante del Norte y Centroamérica, y uno de los diez yacimientos más grandes del mundo. El mineral de esta zona se destina principalmente para la industria del acero, de forma directa en las acerías o como materia prima para ferroaleaciones. En Molango, existe el único horno de nodulización y concentración de mineral en el mundo, mediante el cual se producen los nódulos de manganeso, que por sí solas, o bien como complemento de los minerales naturales de manganeso de alta ley, sirven perfectamente para fabricar ferroaleaciones. Las reservas de mineral en esta zona y la política de exploración de la empresa garantizan la operación continua por varias décadas futuras”.3

No obstante, en la actualidad, la explotación de este yacimiento ha tenido repercusiones para el medio ambiente de varias localidades y para la salud de sus habitantes.

En este sentido, el estudio denominado “Exposición a manganeso de la población residente en un distrito minero”, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana campus Puebla, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los Servicios de Salud de Hidalgo y el Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo, se enfocaron a revisar la situación de la explotación de manganeso en el Estado de Hidalgo y sus efectos en la salud pública (4).

Hidalgo cuenta en su territorio, en el municipio de Molango de Escamilla, con uno de los depósitos de manganeso más grandes e importantes a nivel internacional, mismo que es relevante para la industria de elaboración de acero principalmente.

Esta explotación se encuentra activa desde hace aproximadamente 40 años, y se varios años, ha sido detectado un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de los habitantes de varias localidades.

El manto se encuentra sobre una superficie aproximada de 50 kilómetros cuadrados, en las que se ubican asentadas 42 comunidades que concentran 127 mil 400 habitantes.

Desde el año 2000, autoridades estatales del Gobierno del Hidalgo monitorearon el impacto en la salud y el ecosistema, y solicitaron la ayuda de un equipo interdisciplinario de investigadores de instituciones de salud nacionales, universidades, e instituciones públicas locales.

Los estudios avanzaron en el dimensionamiento de los impactos de la exposición a manganeso, a través del análisis de la movilización del metal en el ecosistema.

De los resultados de tales estudios, se puede destacar lo siguiente:

La explotación minera en la región tuvo impacto social y cultural en la comunidades, sin embargo, lo que al principio era una alta expectativa sobre el desarrollo regional y el bienestar de la población, ahora se ha convertido en preocupación de los habitantes sobre el efecto que tiene el metal y su industrialización en el agua, el suelo, el aire y las personas que están expuestas a él, en el entorno comunitario.

Se registran concentraciones de manganeso en aire superiores a las recomendaciones internacionales de 0.05 ìg/m3, primordialmente en las localidades cercanas a las plantas de procesamiento, en las cuales, alcanza hasta 1.5 ìg/m3, concluyéndose que la principal fuente de exposición es la inhalación, dadas las características toxicológicas del manganeso y la presencia de partículas finas emitidas por la chimenea, la erosión y la resuspensión.

En el 50 por ciento de la población estudiada, presenta concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados a nivel internacional por 10 ìg/L, concentraciones que son mayores esencialmente en las comunidades cercanas a la zona de extracción, procesamiento e industrialización y disminuyen en aquellas más lejanas.

Se registró además una alta presencia de alteraciones en pruebas de miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren de coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y la realización de dibujos secuenciales. Para determinar estos efectos, se realizaron análisis de muestras de sangre y cabello y pruebas neuropsicológicas para medir coeficiente intelectual, habilidades de aprendizaje, habilidades motoras y pruebas visoespaciales.

Se encontró que las concentraciones de manganeso en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en cabello disminuye 1.5 puntos del coeficiente intelectual. Así, por ejemplo, un niño con 12 mcg/g, que es el promedio de la población expuesta al manganeso en las localidades cercanas a la planta, tiene un déficit de 18 puntos.

En conclusión, se estimó que hay una asociación significativa entre altas concentraciones de manganeso en aire y el riesgo elevado de desarrollar deficiencias motoras, situación que incluso, ya ha sido reportada en otros estudios efectuados en ambientes ocupacionales y no ocupacionales.

En este contexto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, procurar la prevención y control de la contaminación de la atmosfera.

En este caso específico, según el artículo 111 Bis:

“Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría.

Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos.

El reglamento que al efecto se expida determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales antes señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la legislación federal, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera.”

De igual forma, el artículo 36 de la misma Ley, señala que:

“Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y

V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.”

Por lo que es competencia de la Federación la regulación de las fuentes de contaminación al suelo, el agua y la atmosfera en los casos señalados.

Para el caso que nos ocupa, si bien es cierto, existen normas oficiales mexicanas en materia ambiental que regulan la emisión de contaminantes al suelo, agua y aire, ninguna considera la emisión de manganeso, ni reglamenta las fuentes de origen, sean por explotación económica o por su existencia natural en el medio ambiente.

La única referencia de este tipo de regulación, es la de la norma oficial en materia de salud: NOM-127-SSA1-1994. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización; que especifica los límites permitidos de manganeso en agua para consumo humano como potable.

Así las cosas, y atendiendo a las consecuencias negativas que la exposición prolongada de este mineral por pate de la población que habitan localidades cercanas a fuentes de explotación, es fundamental establecer la regulación correspondiente que fije los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, y que en base a ello, implique la regulación de las fuentes de emisión, como la citada industrialización del material para la producción de acero.

Ello es fundamental, para garantizar la salud de los niños y jóvenes de muchas comunidades en las que se tengan industrias establecidas de aprovechamiento del mineral, o bien que tengan presencia natural de manganeso.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta, de manera urgente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a expedir la norma oficial mexicana que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a efecto de preservar la salud de la población cercana a industrias de explotación o fuentes naturales de este mineral.

Notas

1 http://www.wordreference.com/definicion/manganeso

2 (Rodríguez, 2005) Rodríguez Díaz, Augusto Antonio. Clasificación de los yacimientos de manganeso y ejemplos de depósitos mexicanos e internacionales, Boletín de Minerología, número 16, México, 2005. Disponible en: http://www.geologia.unam.mx/igl/deptos/geoq/canetc/Art_3_Augusto.pdf

3 Minera Autlán. Disponible en: http://autlan.com.mx/wp/plantas-y-minas/unidad-molango/

4 Estudio “Exposición a manganeso de la población residente en un distrito minero”, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana campus Puebla, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los Servicios de Salud de Hidalgo y el Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de octubre de 2013.

Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud sobre la donación de órganos y tejidos, suscrita por los diputados Isaías Cortés Berumen, Carlos Humberto Castaños Valenzuela y Jaime Chris López Alvarado, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI

Los que nos suscribimos, diputados federales Isaías Cortés Berumen y Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Jaime Chris López Alvarado Integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de donación de órganos y tejidos, en particular para que se tenga presente y de cabal cumplimiento lo dispuesto en materia de fomento y promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos, poniendo en marcha, a la brevedad, una campaña de difusión masiva y permanente para dichos fines, de la misma forma se le exhorta a afinar y detallar los procesos administrativos entre el Centro Nacional de Trasplantes, los hospitales y unidades médicas respecto a la donación de órganos y tejidos, para que dichos procedimientos no sean obstáculos en la disposición final del órgano donado e instruya a los responsables del Centro Nacional de Trasplantes, para que se expidan los recibos y certificaciones necesarias para que todo paciente solicitante de un órgano o tejido tenga una “constancia oficial de registro” una vez ingresados al registro nacional de trasplantes, y sea el centro nacional de trasplantes y no el médico tratante quien deba entregar el comprobante de ingreso a la base de datos, al paciente.

De la misma forma exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que considere recursos económicos extraordinarios para la secretaría de salud, mismos que sean destinados a la atención inmediata en la difusión y promoción de la cultura de la donación de órganos, con base en las siguientes:

Consideraciones

I. Según el Centro Nacional de Trasplantes a cargo de la Secretaría de Salud, en México están en lista de espera 18,072 pacientes para recibir un trasplante de órganos y/o tejidos.

II. Según el informe anual “Estado actual de donación y trasplantes en México 2012” del Centro Nacional de Trasplantes, en México se cuentan con 417 hospitales licenciados para el trasplante de órganos y/o tejidos.

III. En México los órganos y tejidos para trasplante tienen su origen lícito de un donador vivo y de él se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del hígado, un segmento o lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma.

También se puede disponer lícitamente de órganos y tejidos de un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su muerte. En caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las córneas y en algunos casos hueso y válvulas del corazón. En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón, ambos pulmones, ambos riñones e hígado.

IV. La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de personas que hayan perdido la vida, para evitar con ello el tráfico o venta ilegal de órganos.

V. Según el Centro Nacional de Trasplantes el tiempo para que un paciente reciba un órgano o tejido donado, varía dependiendo de algunos factores. En primer lugar se debe considerar el órgano o tejido a trasplantar. En segundo lugar si el enfermo cuenta con algún donador vivo que esté dispuesto y sea compatible. En tercer lugar, depende de la institución médica y el grado de actividad que desarrolle para la obtención de órganos, así como de su demanda de trasplantes.

El órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, seguido de córnea, mientras que el número de pacientes que requieren trasplantes de hígado, corazón y pulmón es mucho menor. En el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos.

VII. Según la “International Association for Organ Donation”, un paciente con insuficiencia renal y con requerimiento de diálisis o trasplante está en riesgo de muerte si no se concreta la operación en menos de 4 semanas. En casos de trasplante de corazón, pulmón o hígado, los tiempos de vida dependerán de la situación de cada paciente en particular.

VIII. El proceso de asignación se rige por lo dispuesto en el Art. 336 de la Ley General de Salud, y dice que; Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacionales que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.

IX. Diversas asociaciones civiles nacionales e internacionales que promueven la donación de órganos y tejidos afirman que en México los periodos de espera para los pacientes son largos y un alto número de ellos mueren en espera del trasplante. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara afirma que México es un país con aceptables niveles de especialización en materia de trasplantes, pero que el problema radica en la poca cantidad de donantes por la escasa cultura de la donación y los procedimientos para la disposición final del órgano o tejido a trasplantar. Es decir; que contamos con la infraestructura medica para poder realizar un mayor número de trasplantes, pero los procedimientos administrativos y burocráticos, así como la falta de comunicación entre las instituciones de salud y los familiares de los donantes fallecidos, dificulta la objeción de los órganos para su debido trasplante.

X. La Organización Latinoamericana de Trasplantados en su capítulo México, reconoce también problemáticas de procedimiento en la coordinación de los distintos niveles de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Trasplantes, particularmente en la integración y control del Registro Nacional de Trasplantes, además de la poca coordinación entre las autoridades de salud estatales y federales. Estas organizaciones señalan también, errores de procedimiento en el registro de pacientes solicitantes a al Registro Nacional de Trasplantes, dado que no siempre el paciente recibe constancia oficial de su inscripción en la base de datos del mismo.

XI. Diversas universidades y organizaciones no gubernamentales coinciden en que uno de los principales problemas en México respecto a la donación de órganos, radica en la poca coordinación en el fomento y difusión de la cultura de la donación, faltando en ello, a lo establecido en Título XIV, Art. 339 de la Ley General de Salud, respecto a las funciones y obligaciones del Centro Nacional de Trasplantes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes, solicitamos a esta soberanía se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de donación de órganos y tejidos, en particular para que se tenga presente y de cabal cumplimiento lo dispuesto en materia de fomento y promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos, poniendo en marcha, a la brevedad, una campaña de difusión masiva y permanente para dichos fines.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a afinar y detallar los procesos administrativos entre el Centro Nacional de Trasplantes, los hospitales y unidades médicas respecto a la donación de órganos y tejidos, para que dichos procedimientos no sean obstáculos en la disposición final del órgano donado.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que instruya a los responsables del Centro Nacional de Trasplantes, para que se expidan los recibos y certificaciones necesarias para que todo paciente solicitante de un órgano o tejido tenga una “constancia oficial de registro” una vez ingresados al Registro Nacional de Trasplantes, y sea el Centro Nacional de Trasplantes y no el médico tratante quien deba entregar el comprobante de ingreso a la base de datos, al paciente.

Cuarto. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, para que considere recursos económicos extraordinarios para la Secretaría de Salud, mismos que sean destinados a la atención inmediata en la difusión y promoción de la cultura de la donación de órganos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México DF, a 15 de octubre de 2013.

Diputados: Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Isaías Cortés Berumen, Jaime Chris López Alvarado (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la opinión de la Cámara de Diputados en el diseño de las reglas de operación de diversos programas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Mario Rafael Méndez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Consideraciones

A) Los programas sociales que opera el gobierno federal de manera directa o a través de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, están sujetos a Reglas de Operación, se dice que para lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, así como para lograr los objetivos que los justifican. Las Reglas de Operación, como sabemos, señalan quién es sujeto de recibir los apoyos de estos programas, sus alcances en cobertura, calidad y cantidad, así como los requisitos para acceder a ellos.

En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se asignan las sumas destinadas a programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias. De acuerdo con el decreto, deben ser operados bajo normas adecuadas a cada programa, conocidas como Reglas de Operación. Asimismo, el decreto enlista los programas que están sometidos a tales reglas, “con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos”.

En general, las Reglas de Operación consideran aspectos como los siguientes: objetivos, generales y específicos, cobertura, población objetivo, características de los apoyos, impacto y servicio, monto del apoyo, beneficiarios, derechos y obligaciones, mecánica de operación, informes programático-presupuestarios, evaluación, seguimiento, control y auditoría, resultados y seguimiento, quejas y denuncias.

Estas normas en los hechos han resultado ser una de los causantes de los subejercicios en el gasto público. Pareciera que están diseñadas para que los programas sociales federales no se cumplan, sus lineamientos burocráticos y tortuosos inhiben a la población objetivo de allegarse de los beneficios que ofrecen estos programas. Reglas de operación, por lo general complejas para su cumplimiento y con tiempos breves para que los beneficiarios puedan cumplir; caracterizadas por el exceso de lo que pudieran ser requerimientos burocráticos.

B) Los diversos actores del medio rural, año con año, enfrentan una aguda y muy grave situación dada la problemática que resulta de la aplicación de las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, de ahí que es de gran relevancia que se encuentre una solución a esa problemática.

Los programas y sus Reglas de Operación tal y como han sido aplicados en los últimos años, en el marco de las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas, ha profundizado y ha obstaculizado el desarrollo en la producción de alimentos y generación de empleos e ingresos de los productores y de sus familias, dado lo burocrático y poco transparente en el manejo de los instrumentos, y reglas, lo que ha propiciado mayor desigualdad, pobreza y han favorecido la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

C) Las Reglas de Operación se han acompañado de un patrón de crecimiento que se expresa muy polarizado entre sectores exitosos y sectores marginados. De acuerdo a investigaciones: el 10 por ciento de los productores más grandes concentran a) 80 por ciento del ingreso objetivo b) 60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos c) 55 por ciento de desarrollo rural (alianza) d) 45 por ciento del Procampo. Desde otra perspectiva las reglas de operación pueden minimizar esos sesgos en la medida en que sean claras, transparentes, y faciliten dar respuesta a las necesidades nacionales en la producción de alimentos.

Está en el ánimo de buscar mejoras, cuando se habla de transformar el campo en una actividad más productiva, pero siendo coherente con esos propósitos es necesario tener una propuesta completa, integral y sustentable en torno al tema alimentario y las Reglas de Operación son parte de esa solución amplia.

D) Avanzar en un pacto social y económico, implica tener presente las grandes necesidades del medio rural, de los hombres y las mujeres del campo, ello contribuye también a establecer compromisos como el de implantar una Cruzada Nacional contra el Hambre, porque las reglas como están poco contribuyen a buscar una solución, también se pueden convertir en verdaderos obstáculos como lo han sido hasta hoy.

Para reducir la alarmante dependencia alimentaria, la pobreza, generar empleos e ingreso dignos a las familias del campo, necesitamos una visión integral de los problemas y una revisión de las estrategias, sus instrumentos y sus reglas y no podemos olvidar que México importa el 33 por ciento del maíz que consume; el 56 por ciento del trigo; el 95 por ciento de la soya; del arroz, entre otros. Por ello se está recomendando por las agencias internacionales y espacios de la política rural internacional que cuando menos el 75 por ciento de lo que se consume se produzca al interior de cada país; dar pasos en firme para obtener logros en lo que nos estamos proponiendo, implica llevar a cabo cambios en todos los niveles simultáneamente, y las reglas de operación forman parte de ese andamiaje.

Por lo menos en la última década, los actores rurales hemos tenido experiencias que han enseñado una y otra vez que no puede avanzar sólo con la mejor voluntad de los funcionarios y de los actores rurales, como cuando nos hemos sentado en la mesa para reflexionar, proponer sobre el tema de las Reglas de Operación, lo que se requiere ahora en un marco donde se buscan mejoras para el medio rural, es llevar al marco jurídico de los acuerdos en torno a reglas y un primer paso real legal, legitimo para ello es cambiar la ley para hacer posible que las observaciones, opiniones, propuestas de los beneficiarios sobre Reglas de Operación que lleguen a las comisiones de la Cámara de Diputados y que se ajusten a los intereses nacionales, puedan ser incluidas y respetadas y mejorar el ambiente democrático en la toma de decisiones favoreciendo reglas que contribuyan en la búsqueda de soluciones para el medio rural.

E) Es conocido que una vez aprobado el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es el Ejecutivo quien tiene la facultad de diseñar las reglas de operación, metodologías, procedimientos, formatos y convocatorias, lo que elimina la participación real del legislativo en el desarrollo de lo que aprueba y excluye la participación de los beneficiarios en el mejoramiento de aquellos instrumentos que deberían perfeccionar, en condiciones de equidad y democracia.

Esto se ha traducido lamentablemente en corrupción y en un sesgo de impunidad al favorecer a pequeños grupos del campo, sobre todo los que representan a las grandes transnacionales y a grupos privados nacionales.

Lamentablemente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, organizaciones campesinas y los sistemas-producto hemos insistido en corregir esta situación de la corrupción, de la impunidad y de los principios neoliberales de un gobierno federal que han sesgado en los últimas dos administraciones federales en el uso de los recursos hacia los más poderosos.

F) Producto de esta situación, año con año los productores se enfrentan con problemas derivados de las reglas de operación ya que los programas para el medio rural se han mantenido, en lo esencial, sobre los siguientes ejes:

1) Son programas y reglas que están orientados hacia el mercado externo; presentan el sesgo de que esas reglas canalizan recursos hacia grupos que están compitiendo en los mercados externos preferentemente; concentran los recursos de fomento productivo en los estados de productores empresariales; favorecen el individualismo; están construidos para provocar la desorganización de los campesinos; desmotivan procesos de participación del desarrollo regional y territorial, no fomentan el desarrollo de las capacidades; paradójicamente, favorecen la concentración en regiones y grupo de productores; están orientados a apoyar al ingreso de los productores, pero no a los costos de producción; promueven el asistencialismo; se generan sobre políticas restrictivas; individualizadas, burocráticas y excluyentes y favorecen grupos de interés: y, como se es conocido, han dado motivo ha escandalosas prácticas de corrupción y venta de lealtades, tal y como ha quedado registrado en los últimos sexenios.

2) Existe, lamentablemente, un sesgo asistencialista, hasta la fecha el gobierno federal ha pretendido argumentar que orienta recursos para atender la pobreza, pero bien sabemos que esos argumentos ocultan intereses políticos y cuyos impactos en el bienestar de las familiar rurales es nulo. Además son muy dudosos los supuestos logros en la reducción de la pobreza, encontramos que la pobreza ha crecido en los últimos años.

Desde las perspectivas de las organizaciones nacionales sería recomendable establecer una reingeniería de los programas y acompañar esos cambios en el caso de las reglas de operación del sector sobre la base de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que vaya acompañada de una reasignación de los recursos disponibles, para lograr una mayor incidencia de las políticas públicas en las transformaciones económicas, culturales y sociales que requiere el país, orientado a fortalecer la inversión, capitalización y rentabilidad de todas las unidades de producción en el campo, considerado los diferentes estratos de productores desde los de subsistencia hasta los estratos empresariales, con un enfoque de sustentabilidad territorialidad, para reducir de esa manera los esquemas de apoyos compensatorios. Y en el cortísimo plazo, mientras crecemos en esos grandes propósitos, requerimos ir llevando a cabo cambios que permitan un mejor uso de los recursos con los programas existentes, de donde se desprende la necesidad de mejorar las Reglas de Operación.

A lo largo de estas últimas legislaturas sean planteado propuestas en torno a realizar un análisis profundo de sus efectos de las Reglas Operación, las cuales hemos examinado con las organizaciones del campo, hemos participado en infinidad de reuniones con autoridades federales, estatales, y locales, esa ha sido una parte central de nuestra actividad, de nuestra labor, el trabajar en los espacios posibles el tema de las Reglas de Operación pero ello ha sido ignorado por el ejecutivo, y a pesar de ello no hemos dejado de luchar intensamente y no hemos dejado de comprometernos todos los días con los hombres y mujeres del campo.

G) Es sobre esta base que se podría elaborar las reglas de operación desde una perspectiva diferente y que faciliten el acceso a los recursos a todas las organizaciones y productores, a través de criterios y procedimientos que simplifiquen su operación, y evitar problemas que de vez en vez se repiten como han sido los sub-ejercicios del presupuesto, entre otros.

Así, se cuidaría que no reduzca los montos presupuestales asignados al sector rural; que haya entrega oportuna y transparente de los montos autorizados, que se respeten los calendarios acordados, y el ejercicio total y puntual de los presupuestos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable autorizados, que no haya subejercicios, ni tampoco recortes como lo ha venido haciendo ya sea por una razón u otra. De igual manera, que los recursos públicos sean entregados con criterios institucionales, sin vinculación con las dinámicas y preferencias partidistas de los servidores públicos federales, estales o municipales.

H) Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalaran en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a las reglas de operación. La cámara de diputados en el presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía honradez y trasparencia, Asimismo, se señalara en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

I) Es fundamental reflexionar el tema y con apremio sea atendido, en virtud de que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 16, establece que el Nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, habrá de ser aprobado dentro los seis meses posteriores a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo , el cual será aplicado durante toda la administración de este sexenio, y es estos meses en donde puede darse un debate para hacer manifiesto el problema, y de las implicaciones que esto tiene, debemos plantear soluciones con el fin de mejorar la situación relacionada con el medio rural, siendo que México es el país del continente que más dinero destina al presupuesto del campo y es el que menos progresos tiene en este sector.

Por las razones expuestas, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que la Cámara de Diputados sea consultada por las dependencias responsables para construir las Reglas de Operación estableciéndose los espacios de razonamiento para consensuar los acuerdos necesarios, con el objetivo de que esta soberanía –a través de las comisiones ordinarias del sector social y agropecuarias– vea reflejadas las observaciones, opiniones y propuestas, así mismo se retomen los resultados de análisis de evaluaciones sobre el tema de Reglas de Operación de los diferentes programas, actores rurales, y los beneficiarios de los programas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que al elaborar las Reglas de Operación a las que se sujetarán los programas y fondos federales, considere las propuestas que presenten los gobiernos de los estados, los grupos sociales y organizaciones campesinas, los pueblos y comunidades indígenas y, particularmente, las que presente la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 2013.

Diputado Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer públicos los estados financieros de las filiales de su propiedad existentes en diversos países, así como información general del estado financiero y patrimonial de éstas, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la década de los 80, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido un carácter internacional, al fundar filiales en más de siete países en el mundo, con el propósito de llevar a cabo la transformación de hidrocarburos en el extranjero, entre los que destacan Estados Unidos, Suiza, Holanda, Irlanda y Reino Unido.

Pero fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que Pemex comenzó el manejo discrecional de operaciones financieras ajenas al control del Congreso, al crear filiales tipo holdings encargadas de construir empresas instrumentales y fideicomisos exentos de rendir cuentas.

Los primeros holdings creados fueron PIM Holdings B.V. y PMI Holgings N.V, así como la entidad PMI CIM para brindar servicios administrativos, comerciales y financieros a las filiales.

La mayoría de las empresas fueron creadas bajo el auspicio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, la cual en su momento no obligaba someter su constitución a la consideración del Consejo de Administración de Pemex.

Durante 1993, Pemex a través de su filial PMI Norteamericana con la subsidiaria Shell Oil Company y de la holandesa Shell, se aliaron en partes iguales para fundar la sexta refinería más grande de Estados Unidos con una producción de 340 mil barriles diarios de crudo.

Sin embargo esta alianza no representa una ventaja para Pemex, ya que el crudo mexicano regresa al país a precios del mercado internacional.

A estas instalaciones se le suman otras empresas encargadas de la comercialización en el extranjero de hidrocarburos, algunas de ellas con sedes tan inusuales como las Islas Caimán y las Bahamas, de acuerdo a la página web de Petróleos Mexicanos.

Desde 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha venido señalando la existencia de empresas denominadas extralegales; pero fue en la revisión de la Cuenta Pública de 2011, que se encontró que Felipe Calderón creó una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que se depositan ganancias que oscilan entre los 434 mil millones de pesos de 39 empresas filiales de Pemex que operan en el extranjero.

En suma la ASF, señaló que los activos de las filiales en los diversos países suman 92 mil 144 millones de pesos.

El Libro Blanco del Grupo PMI, filial de Pemex señala que en los últimos años de la administración de Calderón la paraestatal utilizó a sus subsidiarías como prestanombres para diversas operaciones comerciales.

Muestra de ello es que PMI Norteamericana SA de CV (PMI NASA) adquirió para Pemex refinación seis buques tanque entre 2010 y 2011, con un valor cercano a siete millones de pesos con autorización del consejo de administración de la paraestatal.

Por si fuera poco PMI Holding B.V. filial que administra el dinero a través de un banco interno, en 2011 fue la encargada de comprar 4.69 por ciento de las acciones de la petrolera Repsol, con un valor superior a mil 200 millones de euros.

Lo preocupante es que dichas ganancias no se reportaron al erario público, debido al vacío legal bajo el cual se excusan, ya que las empresas extranjeras no están sujetas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Petróleos Mexicanos ni a la legislación que regula a las empresas de participación mayoritaria.

El negocio turbio de las filiales se funda bajo las leyes de los países donde se crean y tienen residencia fiscal en el extranjero, lo que permite que sus balances financieros y de resultados no se registren en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la Cuenta Pública.

Las transacciones financieras que tienen relación con la compra de acciones y otras operaciones se amparan bajo la Ley de la Deuda Pública.

En tal sentido, Pemex opera una tesorería centralizada paralela que maneja desde el exterior en paraísos fiscales a través de transacciones off-shore, por ello resulta impostergable que se revise y modifique el régimen jurídico de empresas filiales y vehículos financieros que al tener su domicilio fiscal en el extranjero no están regidas por las leyes mexicanas y en consecuencia no son sujetas de fiscalización y rendición de cuentas.

Pemex cuenta con inversiones permanentes en acciones de compañías no consolidadas, asociadas, en el que se tiene un porcentaje de participación accionaria.

En días pasados, con motivo de la detección de irregularidades en los informes anuales emitidos por Petróleos Mexicanos, en 2010, 2011 y 2012, se ordenó hacer públicos los estados de cuentas de las filiales de Pemex.

Derivado de lo anterior los diputados de Movimiento Ciudadano sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer públicos los estados financieros de las filiales de su propiedad que existan en países diversos, así como un informe general del estado financiero y patrimonial de dichas sociedades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal a publicar las Reglas de Operación del Fondo de Cambio Climático, suscrita por los diputados Fernando Bribiesca Sahagún, Yesenia Nolasco Ramírez y María Isabel Ortiz Mantilla, de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, del PRD y del PAN, respectivamente

Los suscritos, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, y María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a publicar las Reglas de Operación del Fondo de Cambio Climático, permitiendo con ello la difusión pública y la transparencia del destino y monto de los recursos presupuestarios, gasto público y acciones sobre cambio climático.

Consideraciones

Que es evidente que el Sistema Nacional de Planeación requiere numerosas y profundas mejoras. Si el régimen político está dispuesto a trabajar de cara a la sociedad y con miras a un desarrollo nacional ordenado y con rumbo ambiental, necesitamos adecuar sus leyes e instituciones para hacerlas más funcionales en el nuevo entorno político global; más determinantes en el desarrollo económico y social, y más democráticas frente a la sociedad.

Que para lograrlo, los mexicanos de hoy necesitamos establecer un nuevo marco jurídico y algunas instituciones fuertes que ordenen la planeación pública, refuercen la congruencia y efectividad del proyecto económico que definamos, faciliten la creación y sostenimiento de metas y acuerdos, y estimulen a todos a participar activamente, con responsabilidad democrática y orden, para desarrollar un esfuerzo colectivo coherente y sostenido en pos de ese mejor futuro.

Que es claro que el “equilibrio de mercado” no es suficiente para garantizar un desarrollo económico y social sostenido y sin desigualdades. El Estado tiene un nuevo papel en la globalización y su función debe ser complementaria a las fortalezas del mercado.

Que México contribuye con 1.4 por ciento de las emisiones globales de CO2 equivalente y derivado de esta realidad, nuestro país fue pionero en la construcción de la Ley General de Cambio Climático y para lograr su eficiencia se creó un fondo presupuestario que atendiera esta situación a través de política pública. Dicho fondo se constituyó el 30 de noviembre de 2012.

Que el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, cuyo principal objetivo es el regular las emisiones para lograr la estabilización de concentraciones en la atmósfera.

Que esa ley representa el inicio de un cúmulo de compromisos por el Estado mexicano, entre los que destaca una estrategia nacional conjunta, teniendo como meta reducir para 2020 en 30 por ciento las emisiones respecto a las emitidas en 2000 y lograr que la reducción sea de 50 por ciento para 2050.

Que el objeto del Fondo de Cambio Climático según la Ley General de Cambio Climático, Art. 80, es captar y canalizar recursos financieros para apoyar la implementación de acciones contra el cambio climático.

Que el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático está integrado por la Semarnat (presidente), la SHCP, la Secretaría de Economía, la Segob, la Sedesol, la SCT, la Sener y la Sagarpa.

Que el patrimonio del Fondo para el Cambio Climático en la Ley General de Cambio Climático, según el artículo 81, recursos anuales del PEF, estará integrado por contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos; donaciones (nacionales e internacionales); aportaciones de otros gobiernos y organismos internacionales, y valor de las reducciones certificadas de emisiones.

Que el destino de los recursos del Fondo para el Cambio Climático (Ley General de Cambio Climático, artículo 82) serán acciones de adaptación, prioritariamente los grupos más vulnerables; proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación, con proyectos de mitigación que comprende eficiencia energética, renovable y bioenergética, eliminación y aprovechamiento de emisiones fugitivas y transporte sustentable.

Que las acciones que podría apoyar el Fondo para el Cambio Climático (Ley General de Cambio Climático, artículos segundo y tercero transitorios, para 2020: 30 por ciento reducción de emisiones; para 2050: 50 por ciento reducción de emisiones, respectivamente se llevarán a cabo: 2015: Programa de desarrollo urbano en municipios más vulnerables; 2018: Centros urbanos de más de 50 mil habitantes deben contar con infraestructura para manejo de residuos sólidos; 2020: Sistema de incentivos y subsidios y 2024: 35 por ciento de generación eléctrica de fuentes limpias.

Que el Comité Técnico del Fondo ha celebrado dos Sesiones; durante la primera sesión se acordó la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de las reglas de operación, que será presentado a la sociedad civil en un taller por realizarse próximamente y, además, se construirá una estrategia financiera para captar y optimizar recursos de diversas fuentes como el Presupuesto federal, fondos internacionales, donaciones, etcétera.

Que este tema ha tenido la atención de esta Asamblea, cuando el pasado 14 de enero de 2013, la Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente Balanceado, Capítulo México, dio a conocer en el tercer estudio de legislación climática que se necesita una efectiva implementación de la Ley de Cambio Climático en los tres órdenes de gobierno, así como la difusión de su contenido y metas.

Que aunado a lo anterior, para la implementación del Fondo de Cambio Climático que marca esta Ley, se requiere de las reglas de operación para lograr los compromisos e incentivar al sector público y privado a tener una participación directa en las políticas y mecanismos de tecnología de energía renovable.

Que sin las reglas de operación que apunten y marquen las directrices esenciales en aras de dar cumplimiento a los compromisos en esta materia, es imposible comenzar a concebir la implementación de mecanismos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, como es el apoyar la implantación de acciones contra el cambio climático.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a publicar las Reglas de Operación del Fondo de Cambio Climático, permitiendo con ello la difusión pública y la transparencia del destino y monto de los recursos presupuestarios para gasto público y acciones sobre cambio climático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, Yesenia Nolasco Ramírez, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INAH y de la Sectur a dar mantenimiento y difusión turística a la zona arqueológica de Xicalango, en Carmen, Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La investigación y preservación de la historia es de gran importancia para un país como el nuestro, el cual cuenta un pasado milenario, respaldado por un sin fin de elementos como son documentos, fotografías, monumentos y zonas arqueológicas, las ultimas de gran importancia, ya que son estas las que nos remontan a las raíces de nuestra cultura y tradiciones.

Las zonas arqueológicas fungen como registro principal de los acontecimientos pasados, estudiados por la ciencia denominada arqueología. Actualmente, México cuenta con 187 zonas arqueológicas, las cuales están bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los estados que cuentan con un número mayoritario de dichas zonas son el México, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Campeche1 (sin olvidar que la mayoría de los estados y el Distrito Federal cuentan con diversas zonas arqueológicas). Estas estructuras históricamente trascendentales para el país son estudiadas y protegidas por el instituto anteriormente mencionado.

Actualmente entre las zonas arqueológicas del estado de Campeche se encuentran: Balamkú, Becán, Calakmul, Chunhuhub, Dzibilnocac, Edzná, El Tigre, Hochob, Hormiguero, Kankí, Santa Rosa Xtampak, Tabasqueño, Thcok, Xcalumkin, Xpuhil y Xicalango; esta última ubicada en el municipio del Carmen, a unos kilómetros de Ciudad del Carmen, en las costas de la península de Atasta2 .

Xicalango en la época prehispánica tuvo como base económica la caza, pesca, recolección y el comercio, por la misma escasez de terreno Xicalango no tuvo mayor proliferación en la agricultura3 , pero la su ubicación fue trascendental para convertirse en uno de los puntos principales de intercambio de las culturas Olmecas, Maya y Mexica4 .

Actualmente, la zona arqueológica de Xicalango es (por sus antecedentes) un destino turístico, antropológico y pedagógico, el cual desgraciadamente no cuenta con las condiciones necesarias para obtener mayor atracción turística, por lo que es necesaria mayor atención e inversión de las instituciones correspondientes, esto con el objeto de elevar su grado de importancia al mismo nivel de otras zonas arqueológicas que se encuentran en el mismo estado como es Calakmul, la cual cuenta con gran inversión turística y arqueológica.

Es así que con el objeto de fortalecer en el sector histórico, arqueológico, pedagógico y turístico la zona arqueológica de Xicalango, y tras lo anteriormente expuesto, someto a la soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que dé el tratamiento necesario para convertir a la zona de Xicalango una gran fuente de investigación arqueológica, histórica y educativa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo, a proporcionar mayor difusión turística de la zona arqueológica de Xicalango, con el objeto de elevar la afluencia turística en dicha zona.

Notas

1. http://www.presidencia.gob.mx/zonas-arqueologicas-de-mexico/ 4 de Octubre de 2013 12:11 horas.

2. http://www.bestday.com.mx/Ciudad_del_Carmen/Atracciones/ 4 de octubre de 2013 12:22 horas.

3. Jiménez Vladez, Gloria Martha, Algunas consideraciones arqueológicas sobre la península de Xicalango, Campeche. Revista del Instituto de Investigaciones antropológicas, UNAM volumen 24, número 1, 1987, página 115.

4. http://www.yucatanall.com/turismo/turismo-campeche/zonas-arqueologicas- campeche/23655-xicalango 4 de octubre de 2013 13:08

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Tlaxcala a derogar las recientes reformas de los artículos 238 a 240 del Código Penal, que criminalizan a las mujeres y restringen su derecho a la salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada de la LXII Legislatura, Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 62, párrafo 2, 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución– al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A principio de 2013, el Ejecutivo estatal de Tlaxcala emitió una iniciativa de reformas a distintos artículos del capítulo VIII del Código Penal para el estado de Tlaxcala, aprobada y ratificada por la actual (LX) Legislatura.

Anteriormente, el Código Penal señalaba una sanción de 15 días a dos meses de prisión para la mujer que se practicara un aborto o a quien la ayudara a realizarlo, la reciente reforma, no sólo aumenta las penas por el delito de aborto de 3 a 5 años de prisión y multa de 72 a 200 días de salario mínimo, sino que también deroga las causales previstas para la práctica de abortos legales.

En el mismo tenor de ideas expresadas por diversos organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, consideramos que la reforma representa un retroceso en el acceso de las mujeres a su derecho a la salud y a una maternidad voluntaria, representa sobretodo un acto de violencia institucional que criminaliza y discrimina a las mujeres, además de colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgos que atentan contra su propia vida.

No en vano la propia Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, con quien coincidimos en su apreciación, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que en las modificaciones no se atiende al principio de progresividad de los derechos humanos plasmado en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las modificaciones a la Carta Magna en 2011.

México ha firmado y ratificado instrumentos de derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés), el honorable Congreso de Tlaxcala no puede ser omiso ante los citados compromisos.

El propio Comité de seguimiento y evaluación de la CEDAW, ante el 7o. y 8o. informe consolidado de México, emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano1 .

El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008);

b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio;

c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención; d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación;

e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer.

El propio Comité, ha señalado también que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su Congreso nacional y los Congresos de sus estados a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopten las medidas necesarias para dar aplicación a las observaciones y recomendaciones finales, previamente citadas.

Las modificaciones a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal del estado de Tlaxcala son contrarias a los expresado por este organismo y violatorias de los derechos humanos de las mujeres, por lo que consideramos deben ser analizadas con una visión de género y a la luz de los criterios de los instrumentos internacionales y de la Constitución, para proceder a su derogación.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al honorable Congreso de Tlaxcala a que, en atención a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, emitidas en su 52 periodo de sesiones en julio de 2012, derogue las recientes reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal.

Nota

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_ C_MEX_CO_7_8_esp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2103

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y al Servicio Nacional de Empleo a generar programas especiales sobre proyectos productivos para migrantes mexicanos deportados, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Lorena Méndez Denis, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es conocido como un país generador de migrantes en busca de mejores condiciones económicas y sociales en Estados Unidos.

La migración es un fenómeno social de gran relevancia para México, tan sólo en 2010, un total de 32.9 millones de personas de origen mexicano residían en Estados Unidos. Actualmente emigrar es una necesidad por falta de oportunidades.

El control migratorio más estricto y la difícil situación del mercado laboral en Estados Unidos afectan particularmente a la población de origen mexicano, tanto, que muchos connacionales tienen que regresar a México y quedarse definitivamente en el país.

Sin embargo, una vez de este lado de la frontera, enfrentan problemas para salir adelante, al no conseguir colocarse laboralmente.

El Instituto Nacional de Migración (INM) prevé devolver a territorio nacional de manera “humana, ordenada y segura” a seis mil 800 connacionales, por medio del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), que el 01 de octubre puso en marcha junto con la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con cifras del INM, la operación del PRIM se realizará durante seis meses del 11 de julio al 31 de diciembre de 2013, con la llegada de dos vuelos semanales, cada uno con aproximadamente 136 pasajeros los días martes y jueves, lo que permitirá repatriar a 6 mil 800 connacionales en ese periodo.

En los primeros seis meses de 2013, sumaron 189,493 repatriaciones registradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), que espera al final del año aproximadamente 400 mil, una cifra comparable a la de 2012, que registró 370 mil, mientras el 2011 cerró con 405,500.

Hasta junio de 2013, fueron repatriados por Baja California más de 62 mil, por Tamaulipas 51,433, por Coahuila 28,794 y por Sonora 40,159, al Distrito Federal llegaron dos vuelos con 146 mexicanos por semana a través del convenio Procedimiento de Repatriación al Interior entre México y Estados Unidos

Del total en el semestre, más de 15 mil fueron mujeres y 9,215 menores de edad, 1,100 no tenían ni 12 años y el 80% viajaba sin compañía de un adulto, según el (INM).

Miles de mexicanos son repatriados sin cesar, y el país carece de atenciones para ellos.

Migración dijo que antes de su repatriación, los mexicanos son entrevistados por el Consulado General de México en El Paso, Texas, con el fin de asegurar que se respeten sus derechos durante el proceso.

También se colabora con instituciones nacionales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para brindar alimentación y servicios de salud a los repatriados al momento de su llegada, así como ofrecerles información sobre programas de reinserción para migrantes.

Además de esto solicitamos que en su repatriación se les informe de los programas productivos existentes y se les dé prioridad para que al regreso puedan ser insertados en la planta laboral.

Los integrantes del grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando como hasta ahora, refrendando nuestro compromiso con la sociedad, con conciencia y en congruencia, empujando la implementación y diseño de estrategias, que de manera integral den respuesta a cada una de las demandas sociales y a través de este documento con el que se busca informar a los migrantes que fueron repatriados a territorio mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, y al Servicio Nacional de Empleo, a generar programas especiales sobre proyectos productivos para migrantes mexicanos deportados, dando preferencia a los mismos en su reinserción laboral en el país.

Dado en Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 2013.

Diputada Lorena Méndez Denis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir noviembre como el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, fundada en la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud pronostica que con los tratamientos y conocimientos actuales, 84 millones de personas morirán de cáncer en un lapso de 5 años, de 2010 a 2015. En México, el desarrollo del país y el aumento de la esperanza de vida han traído consigo el envejecimiento de la población y el concurrente incremento de enfermedades crónico-degenerativas y entre ellas, destacan por su frecuencia los tumores malignos.

Específicamente para el sexo masculino, el cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes. En todo el mundo se diagnostican unos 700 mil nuevos casos de cáncer de próstata al año, lo que representa 11.7 por ciento de los tumores masculinos. Por eso, desde años anteriores, países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Estado Unidos, Canadá, Sudáfrica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica, la República Checa, España, Hong Kong, Singapur, Francia, Alemania, Suecia, Suiza y Austria han dirigido programas oficiales para el cuidado de la salud masculina.

En México, datos proporcionados por la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social indican que el cáncer de próstata representa la primer causa de muerte en hombres a nivel nacional con 5 mil 500 defunciones al año; es reconocido como el tumor maligno más frecuente del varón mayor de 50 años, la segunda causa de muerte entre los de 40 y la primera entre los mayores de 65. Según estimaciones, dos de cada 10 hombres serán diagnosticados a lo largo de su vida con cáncer de próstata. De acuerdo con afirmaciones del Dr. Pedro Mario Escudero, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hay que resaltar el incremento que ha tenido este padecimiento en los últimos años, pues mientras que en el año 2005 la tasa era de 3.2, 3.6 por cada cien mil habitantes, en la actualidad esta tasa llega a ser de 10.3 por cada cien mil habitantes.

Los principales factores de riesgo aparte de la edad, son la herencia, raza y dieta con alto contenido en grasas animales. Como ya se mencionó, el grupo de edad más afectado es el de mayores de 65 años; otros datos que es importante mencionar son que el setenta por ciento de los pacientes fallece en su casa y que una de las complicaciones frecuentes son las metástasis óseas; además, hay que recalcar que veinticinco por ciento de los casos son asintomáticos. Sin embargo, a partir de la década de 1980 con la introducción del Antígeno Prostático Específico se ha logrado diagnosticar el padecimiento en etapas más tempranas; y gracias al diagnóstico temprano se puede ofrecer tratamiento potencialmente curativo.

Considerando que la detección temprana del cáncer es un medio que otorga la mejores posibilidades en el combate de la enfermedad, preocupa que las cifras oficiales indiquen que 90.8 por ciento de los casos de cáncer se diagnostica en etapas tardías o no clasificables, lo cual se relaciona de manera directa con una evolución clínica menos favorable, reduciendo considerablemente la esperanza de vida del paciente.

Cabe mencionar que en diferentes países, a través de programas gubernamentales se ha generado suficiente conciencia social en los ciudadanos, como para que se pueda afirmar que existe ya un movimiento internacional que invita a todos los hombres a dejarse crecer el bigote durante un mes para generar conciencia sobre el seguimiento y diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Sin embargo, pese a las tendencias globales respecto a una cultura de la prevención, en México no se ha reconocido la importancia de este tipo de cáncer como un problema de salud pública, pues se considera que se trata de un país formado mayoritariamente por jóvenes, presumiendo que enfermedades como el cáncer de próstata aquejan sólo a personas en edad avanzada. Tal prejuicio ha postergado la consecución de un programa de detección y tratamiento en etapas tempranas que mitigue la mortalidad por el padecimiento.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los resultados para 2010 revelaban que de los 54.8 millones de varones que forman la población de nuestro país, 13 millones son mayores de 45 años. Es decir, 11.5 por ciento de la población tiene altas probabilidades de padecer cáncer de próstata.

Es necesario que la población masculina esté enterada que la detección ya puede llevarse a cabo por una prueba de sangre del Antígeno Prostático Específico, que es considerado el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata demostrando un balance costo-beneficio favorecedor; además de ser un estudio económico y asequible. Por otra parte, es importante que se dé a conocer que en estadios iniciales, el tratamiento menos agresivo que puede utilizarse es la braquiterapia prostática, ya que no afecta a los órganos adyacentes y minimiza los efectos secundarios que inciden en la calidad de vida del paciente, como la impotencia y la incontinencia urinaria.

Ahora bien, el efecto que en la ciudadanía ha tendido el hecho de que el mes de octubre sea considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama, con lo cual se ha logrado unir gobiernos, organizaciones civiles y voluntarios alrededor de un mismo propósito, como lo es aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos en la lucha contra esta enfermedad, generan la inquietud de replicar el mismo efecto para el cáncer de próstata en México.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es primordial que se apoye la previsión y detección temprana de este padecimiento, de manera que los varones de más de 50 años y menores de 45 con antecedente familiar de la enfermedad, sean sensibles respecto a la trascendencia de asistir al urólogo para someterse a revisiones periódicas anuales y aumentar de esta forma las posibilidades de detección precoz de un tumor. Este esfuerzo debe llevarse a cabo con un plan nacional integral que contribuya a la reducción de la incidencia del cáncer, en el cual se establezcan medios de trabajo y sinergias entre los sectores público, privado y social, tomando como punto de referencia los exitosos esfuerzos de generación de conciencia respecto a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

De conformidad con lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a declarar el mes de noviembre como el "Mes de Lucha contra el Cáncer de Próstata", el cual se solicita sea avalado por la Secretaría de Salud y reforzado con acciones de comunicación, sensibilizacion, detección y tratamiento preventivo y curativo del cáncer de próstata, a fin de disminuir la mortalidad por esa causa en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a fomentar acciones tendentes a explicar en qué consiste la subrogación de acreedor en materia de créditos hipotecarios, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

Las Unidades de Inversión (Udi) son unidades de valor que implanta el Banco de México para pagar las obligaciones de los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero.

Se comenzaron a utilizar en México después de la crisis económica de 1994-1995 por las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), con objeto de dar la posibilidad de conseguir créditos hipotecarios a personas físicas que no eran sujetas de crédito en las entidades financieras del país.

El 4 de abril de 1995, se empezaron a utilizar las Udi y su valor era el mismo que el peso, es decir, un peso equivalía a una Udi.

Las Udi son una unidad de cuenta que muestra los cambios en los precios al consumidor en México, por ejemplo si una persona debe actualmente 10 Udi y una Udi vale 4.9 pesos (valor correspondiente al 20 de junio del 2013) debe 49 pesos. Entonces, la deuda aumenta cuando crece el valor de la Udi.1

Los créditos en Udi que hay en México pueden ser en tasa fija pagaderos en Udi o tasa fija pagaderos en salarios. Los plazos máximos en estos créditos son de 25 años.

Muchos de los deudores de créditos hipotecarios o de otro tipo de bienes fueron animados a pasar su deuda a Udi, ya que los ejecutivos financieros les dijeron que es atractivo tanto para el que presta, como para el acreditado.

Uno de los inconvenientes de esta unidad de inversión reside en la dependencia económica que tiene México con Estados Unidos, ya que una variación significativa en el tipo de cambio del peso con respecto al dólar creará un posible aumento en los productos básicos en nuestro país, lo que puede provocar un incremento en el índice nacional de precios al consumidor (INPC), y por consecuencia directa en la Udi.

Un crédito hipotecario representa para el trabajador una oportunidad de adquirir una casa si no se cuenta con el dinero para comprarla en efectivo, sin tener que pagarla en una sola exhibición. Dicho crédito es un préstamo que se hace a largo plazo, el cual está respaldado en la hipoteca de la casa que se compra.Ellos acceden a firmar su contrato en unidades de inversión sin pensar que a futuro les va a ser imposible pagar sus mensualidades.

A los deudores de los créditos hipotecarios que recurren desesperados a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitando ayuda o asesoría, ésta les informa a las personas que pueden cambiar su crédito hipotecario de Udi a pesos, sólo si el banco acepta, sin embargo las instituciones de crédito no les proporciona información sobre las ventajas o desventajas de que sus créditos hipotecarias sea en Udi o en moneda nacional.

Es preciso señalar que a principios de los noventas los créditos bancarios se ofrecían con esquemas de refinanciamiento de interés a tasa variable, lo que ocasionó durante la crisis de 1994, que el costo de financiamiento creciera de forma exagerada a la capacidad de pago de los deudores, imposibilitándolos a pagar sus mensualidades, y peor aún, aumentando su deuda y el riesgo inminente de perder su vivienda.

Si bien reestructurar las hipotecas en unidades de inversión de momento permitió cumplir con el pago mensual de los créditos, al paso de los años los usuarios iban a regresar al mismo círculo: lejos de disminuir su deuda, la verían crecer ya que la Udi está unida a la inflación.

Hoy día, hay deudores que tienen más de 10 años pagando su casa y la deuda no merma, al contrario, sigue acrecentándose, faltando años por pagar, tomando en cuenta que muchos de ellos reestructuraron a plazos de 20 a 25 años.

Actualmente existen miles de trabajadores que no tienen dinero que les alcance para pagar las mensualidades atrasadas de su casa, debido a que el crédito hipotecario que solicitaron fue en Unidades de Inversión (Udi) y no pueden reestructurar su deuda porque les sale más caro, por lo que no les queda otra alternativa que esperar a que la institución crediticia se las quite.

En la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado existe la disposición jurídica que señala la figura de la subrogación de los derechos con otro acreedor, lo que permite cambiar su crédito a un banco distinto que le ofrezca mejores condiciones de pago, en este caso, el deudor puede cambiar de acreedor para que el cobro sea en pesos y no en Udi, o viceversa.

Es por ello, que para garantizar los derechos de los ciudadanos, como es el derecho de los deudores de elegir cómo será pagado su crédito hipotecario, así como la protección de su economía y con ello tener la plena seguridad los trabajadores de que si piensan adquirir una casa pueden cambiar de acreedor, según convenga a sus finanzas, para que su pago sea en moneda nacional, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Condusef para que fomente acciones tendientes a explicar en qué consiste la subrogación de acreedor, evaluar opciones y orientar a los deudores para que decidan si el cobro de créditos hipotecarios le es conveniente por Udi o por moneda nacional.

Nota

1 Blog del Universal “Créditos hipotecarios ¿En pesos o en Udi? Autor Luis Robina Ibarra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputada María Carmen López Segura (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a garantizar el funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García Medina, y Silvano Aureoles Conejo, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) fue publicada tras un esfuerzo ciudadano y gubernamental sin precedentes. Los logros alcanzados a través de dicha ley, fueron varios; entre ellos encontramos el reconocimiento de la situación de vulneración que enfrentan dichos grupos y de las obligaciones del estado para garantizar y proteger sus derechos, así como la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) que fue pensado como una herramienta que permitiera el desarrollo de la labor de defensa de derechos humanos por cualquier persona, en condiciones de seguridad e integridad.

Sin embargo, a poco más de un año de la publicación de la citada ley, la situación de amenazas, hostigamientos, asesinatos y otras agresiones, que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan, sigue creciendo. La ley no ha podido ser ejecutada en su totalidad, en parte por el retraso en un elemento fundamental del Mecanismo: la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

De acuerdo al artículo 3 de la LPPDDHP, el Mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y se encuentra conformado por la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, y la Coordinación Ejecutiva Nacional. Asimismo, la LPPDDHP prevé la creación de tres unidades para la operación del Mecanismo: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Unidad de Evaluación de Riesgo, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

Sin embargo, hasta la fecha, la última de estas unidades no se encuentra en funcionamiento y por lo tanto, el Mecanismo no está completo. No se han diseñado suficientes sistemas de alerta temprana, ni planes de contingencia que eviten potenciales agresiones; tampoco se han elaborado monitoreos nacionales, ni evaluado las medidas de protección, no se han combatido sus causas, ni generado garantías de no repetición, lo que pone en situación de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto dificulta enormemente la efectividad de la ley.

De acuerdo al artículo 23 de la LPPDDHP, la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis debe ser un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de la Coordinación que cuente con las siguientes atribuciones:

I. Proponer medidas de prevención;

II. Realizar el monitoreo nacional de las agresiones con el objeto de recopilar, sistematizar la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes mensuales;

III. Identificar los patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos;

IV. Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección implementadas, y

V. Las demás que prevea la ley.

Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de la sociedad civil que desde 2008 han trabajado en la creación y el impulso de la LPPDDHP y que se conformaron como el Espacio de OSC (Espacio OSC), siguen aunando esfuerzos por su correcta implementación, y han externado su preocupación para asegurar la efectiva protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, luchando por el efectivo funcionamiento de la señalada unidad y vigilando el cumplimiento de la ley, así como la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución del Mecanismo.

En aras de asegurar la efectiva protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Espacio OSC ha manifestado la inquietud por la necesidad de medidas para asegurar la implementación de medidas de prevención, así como la importancia del desarrollo de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones.

De igual forma, resulta alarmante que no se haya integrado en su totalidad el personal necesario para el funcionamiento del Mecanismo.

Desde su instauración en noviembre de 2012 y hasta el mes de abril de 2013, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sesionado en nueve ocasiones. El Mecanismo ha recibido 64 solicitudes de ingreso (26 de periodistas y 38 de personas defensoras) de las cuales 36 fueron tratadas bajo procedimiento ordinario, 19 bajo procedimiento extraordinario y nueve no fueron incorporadas. La Junta de Gobierno ha atendido 20 casos, dictando medidas de protección en 18 de ellos y otorgado dichas medidas en 11 casos.

México se encuentra entre los 12 países con elevado índice de impunidad para casos de periodistas asesinados, según el informe presentado en Nueva York por el Comité para la Protección de Periodistas. El mismo informe señala que México tiene un índice de impunidad de 90 por ciento para los casos de crímenes contra periodistas.

Entre 2012 y 2013, 20 periodistas han sido asesinados, sietes desaparecidos y se han registrado al menos 175 agresiones contra este grupo, señala la Casa de los Derechos de los Periodistas.

Además, de acuerdo al Informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas, 2010-2011 elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, AC (Cimac), en 2010, se registraron 38 casos contra mujeres periodistas, en donde la violencia fue tanto física como psicológica, en dos de estos feminicida, en uno se agregó la violencia patrimonial y en otro más la violencia sexual.

En el caso de personas defensoras de derechos humanos, los datos son aún más alarmantes. En 2012, México registró 30 asesinatos a personas defensoras, sumando así 89 agresiones desde 2010, de acuerdo a la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Entre esos casos, la organización Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), asegura que de 2009 a 2012 en el país fueron asesinadas 19 defensoras de derechos humanos, así lo señala su informe Situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en México , el cual documenta que desde 2009 la violencia que enfrentan las activistas creció como nunca antes.

Al no ser puesta en marcha la Unidad de Prevención, Análisis y Seguimiento, la cual también tiene el mandato de crear un registro nacional sobre las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la LPPDDHP no puede hacerse efectiva en su totalidad y la seguridad de las personas defensoras y periodistas corre un grave riesgo en este país en donde pareciera que la impunidad y la indiferencia son la norma.

De igual forma, y de manera transversal, la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Mecanismo debe garantizarse puesto que las agresiones y hostigamientos que sufren mujeres defensoras y periodistas, así como hombres defensores y periodistas, no son iguales y no pueden ser abordadas de la misma manera.

Es por ello que es urgente y necesaria la conformación plena de dicha unidad así como el conocimiento de las medidas que se han tomado para asegurar las medidas de prevención, tal como dicta la LPPDDHP, no sólo en este momento, sino de manera constante y fluida con esta Cámara de Diputados para el conocimiento y seguimiento de las labores al respecto de la Secretaría de Gobernación, así como la creación de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones, y garantizar la transversalización de la perspectiva de género en el Mecanismo.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a garantizar el completo funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, e incluir la asignación presupuestal prevista en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP).

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a hacer público:

1. El avance del desarrollo de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones y atender así las causas estructurales que la originan;

2. Las acciones que se han tomado para asegurar la implementación de medidas de prevención, tal como dicta la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y

3. El registro nacional sobre las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Tercero. Se solicita al secretario de Gobernación garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante el desarrollo de un protocolo específico en la materia y en los criterios específicos de evaluación de riesgo, y a establecer una comunicación permanente con esta Cámara de Diputados en el tema de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputados: María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Guerrero a esclarecer el asesinato de Rocío Mesino, lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado sábado 19 de octubre, Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue asesinada en las inmediaciones de la carretera que lleva a la comunidad de Pie de la Cuesta, ubicada en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande, Guerrero.

Según los testimonios “los sicarios llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió y le disparó varias veces”1 “cuando se encontraba acompañada de sus familiares y unos 60 trabajadores, supervisando la rehabilitación de un puente dañado por las lluvias recientes”2 ante el paso de Manuel e Ingrid por el estado de Guerrero; lugar en donde también había instalado un comedor comunitario para las personas damnificadas.

A petición de sus familiares, el cadáver no fue recogido por el Servicio Médico Forense y fue trasladado a su vivienda en la colonia 18 de Mayo en Atoyac para su velación.3

Hasta el domicilio particular de los dolientes llegó el Ministerio Público del fuero común para llevarse el cuerpo y practicarle la necropsia de ley, misma que se llevaría a cabo en la funeraria ‘Sarabia’, donde confirmaron que la luchadora social presentaba tres disparos de grueso calibre.

Más tarde el lugar al crimen arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ministerial Investigadora y soldados del Ejército Mexicano de la 27 Zona Militar, quienes de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda y localización de los dos agresores de la líder de la OCSS.4

Es necesario destacar que, en 1981, Rocío Mesino “fundó la OCSS junto con su familia, la cual se ha pronunciado por la liberación de presos políticos y castigo a los autores de la masacre de Aguas Blancas. Fue regidora perredista en Atoyac el trienio 2009-2012, candidata a la presidencia municipal”5 y de manera reciente fue candidata a síndica en Atoyac, Guerrero, por Movimiento Ciudadano en el pasado proceso electoral.

Por otro lado, se debe hacer mención que Rocío Mesino había sido detenida el pasado 13 de marzo por policías ministeriales en Atoyac, en relación con la averiguación previa TAB/COY/01/01109/2011 por el delito de homicidio calificado, en agravio de Victorino Luengas García, quien fue asesinado después de permanecer secuestrado, en junio de 2011, en Coyuca de Benítez,6 sin embargo, ante la falta de pruebas que acreditaran su participación en los hechos, fue liberada seis días después.

Asimismo, “en septiembre de 2005 el hermano de la dirigente, Miguel Ángel Mesino, fue asesinado por hombres armados en el centro de la cabecera municipal de Atoyac.”7

Si bien, Iñaki Blanco Cabrera, Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, ha señalado que se contemplan varias líneas de investigación respecto al asesinato de Rocío Mesino, es importante insistir en que cualquier tipo de señalamiento respecto a estos hechos debe hacerse con pleno apego a la ley y sobre todo bajo el respeto irrestricto del debido proceso; este punto es mencionado debido a que, bajo el argumento de un posible involucramiento de la delincuencia organizada, se busque restar la importancia debida a este lamentable suceso en contra de una luchadora social y defensora de los derechos humanos; quien, tras la Masacre de Aguas Blancas en 1995, se le ha considerado como una de las principales activistas de la OCSS.

Asimismo, el procurador mencionó que “aún no se tiene identificado a los asesinos que fueron dos los que participaron y a pesar de que el hecho ocurrió a plena luz del día y ante la presencia de muchos testigos, muchos tienen temor y miedo a represalias y no quieren declarar.”8

Estos hechos se suman, de manera reprobable a la lista de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados por su lucha en diversas regiones del país; ante esta situación, el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos AC (ACUDDEH), y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada realizó el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, en el cual se documentan aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras de derechos humanos en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a las personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades; por estado, en el periodo de mayo a noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero casi concentraron el 50% de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

Respecto al tipo de derecho que defienden las víctimas de este tipo de hechos, el informe exhibe que de mayo de 2012 a mayo de 2013, en primer lugar se encuentra lo concerniente a la defensa de los derechos civiles y políticos, seguida de la lucha relacionada con la verdad y la justicia.

La situación de inseguridad y violencia que se vive en todo el territorio nacional ha originado un estado de vulnerabilidad para quienes habitan el país, aún más para quienes, en la búsqueda por subsanar las fallas estructurales causadas por la inacción, omisión y complicidad del Estado Mexicano, han alzado la voz y dedicado su vida –en toda la extensión de la palabra- a la defensa de las personas y sus derechos.

Por ello, alzamos la voz por aquellos líderes sociales y defensores de derechos humanos, que han sido acallados mientras aspiraban por un México mejor; nos solidarizamos con sus familias, amistades y personas que compartían sus causas; condenamos cualquier tipo de violencia o acto que busque frenar la participación ciudadana, que intente reprimir la protesta social y sobre todo, cualquier hecho que viole los derechos humanos de todas las personas; por lo antes expuesto presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer el asesinato de Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y a frenar la ola de violencia en contra de los líderes sociales en el estado.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/?p=355938

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/10/19/214849281-asesinan-en-gue rrero-a-la-luchadora-social-rocio-mesino

3 http://www.jornada.unam.mx/2013/10/20/estados/027n1est

4 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/21e40cd6434b1983cd2f4ec1604 0c4d9

5 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/10/19/214849281-asesinan-en-gue rrero-a-la-luchadora-social-rocio-mesino

6 http://www.jornada.unam.mx/2013/10/20/estados/027n1est

7 http://www.proceso.com.mx/?p=355938

8 http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/pgje-investiga-el-asesinato- de-dirigente-de-la-ocss-959624.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de octubre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos y al jefe del gobierno del Distrito Federal a planear, organizar y desarrollar un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, lo que implica un mandato a la práctica de la misma y el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres.

Asimismo, contamos con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, ordenamiento jurídico que tiene entre sus objetivos principales establecer la política nacional en materia de igualdad y, sobre todo, la creación de un Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ,1 Coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y monitoreado y evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Respecto a la armonización en los estados, esta Ley establece a los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedir las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, es importante mencionar, que de acuerdo con el monitoreo realizado por personal de la CNDH, actualizado a septiembre de 2013, han legislado sobre el tema 29 Estados y el Distrito Federal, faltando los Estados de Baja California y Tabasco. La más reciente publicación respecto de estas leyes es la del estado de Guanajuato, el 12 de marzo de 2013, en este monitoreo se destaca, que solo en los Estados de Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se ha promulgado los reglamentos respectivos a estas leyes locales.2

Asimismo, la Ley General para la Igualdad, mandata a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Inmujeres o, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres . Por lo que dispone claramente a los gobiernos locales, la planeación, organización y desarrollo de sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres .

No obstante a lo mandatado, actualmente hay Estados de la República que no cuentan con sus Sistemas Estales de igualdad entre mujeres y hombres, pues de acuerdo con información proporcionada el 3 de septiembre del año en curso, por parte de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Igualdad de Género de esta legislatura relativa al avance físico y financiero de los programas presupuestarios que cuentan con recurso del Anexo 12, Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, del PEF 2013, se manifiesta que uno de los principales obstáculos que han presentado para no cumplir a cabalidad con los objetivos del Programa sobre Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se encuentra que hay entidades de la República Mexicana donde no se han constituido los Sistemas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y que no existen programas de política pública en diversos estados, además de la falta de presupuestos etiquetados.

La información solicitada y proporcionada a la Comisión de Igualdad, con base, también en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , que le dispone la facultad de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres, ello mediante la revisión, análisis y seguimiento de la normatividad nacional y su armonización con los instrumentos internacionales, la generación de indicadores de igualdad, el análisis de la participación de las mujeres, y la revisión de programas y acciones de política pública.

Por lo que considero pertinente, el presente exhorto respetuoso, debido a que los sistemas estatales son el principal instrumento rector de la política pública para la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo bases para la superación de los grandes embates en materia de igualdad en el ámbito local, articulando y coordinando las acciones locales y federales que garantizan los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres en todo el país.

Por lo anteriormente argumentado y con el afán de seguir articulando la acciones concretas que nos permitan avanzar en la construcción de nuestra democracia, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Con pleno respeto a su autonomía se exhorta a los Congresos de los estados de Tabasco y de Baja California a armonizar su legislación en cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

Segundo: Con pleno respeto a su autonomía, se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, planeen, organicen y desarrollen su Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aquellos que no cuenten con él.

Tercero : Con pleno respeto a su autonomía se exhorta los Congresos y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Entidades Federativas y del Distrito Federal a incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Notas

1 Es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con organizaciones de diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/mujer /6_MonitoreoLegislacion/6.3/D/D_oct14_2013.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 22 de octubre de 2013.

Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar por la Conanp acciones en beneficio del parque nacional Barranca del Cupatitzio, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2 fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma...”

Franklin D. Roosevelt

La preocupación por atender la problemática ambiental en la actualidad, representa un tema prioritario dentro de las agendas nacional e internacional, dando pie a diversos consensos entre las diferentes regiones, poderes y niveles de gobierno, en la idea de generar, impulsar y orientar las políticas públicas necesarias que contribuyan a conservar los ecosistemas y el medio ambiente, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

De ahí la presente proposición, cuyo objeto central es el rescate, estímulo y reactivación del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, situado el estado de Michoacán.

De acuerdo al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012, México ocupa el segundo lugar en número de ecosistemas y en cuarto en número de especies que habitan en él, por lo que su conservación adquiere no sólo fundamental importancia a nivel nacional, sino para todo el planeta.

A manera de referente, es propicio señalar que el Índice del Planeta Vivo, elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estima que la extinción de especies forma parte del curso natural de la historia de la tierra. Sin embargo, en los últimos cien años, el hombre ha provocado una tasa de extinción al menos 100 veces superior a la natural a un ritmo que supera ampliamente al de aparición de nuevas especies, lo que se traduce en una pérdida neta de biodiversidad, existiendo cierto grado de conservación en sólo en algunas áreas, consideradas como excepciones, tal es el caso de las reservas protegidas, o bien el caso de especies de flora y fauna protegidas, debido a que se encuentran en peligro de extinción.

El conocimiento de estas estimaciones alcanza también a nuestro país, en donde lamentablemente nos encontramos en un acelerado proceso de desertización de gran parte del territorio nacional, ocasionado por la desforestación de más de 240 mil hectáreas al año, según datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ocasionando la disminución de la calidad de vida de la población, y desde luego un deterioro medioambiental irreversible.

En este sentido, resulta oportuno recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. párrafo quinto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA), ordena en su artículo 47 que “en el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto la secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan”.

En nuestro país existen 158 áreas naturales protegidas, de las cuales el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, forma parte, por lo que tenemos la obligación de preservarla no sólo para México sino para el mundo.

Este parque nacional se sitúa en la parte centro-occidental del estado de Michoacán, aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Morelia, y colinda con el área urbana de la ciudad de Uruapan. La superficie del parque está dividida en dos áreas: una localizada al poniente, de aproximadamente 438.55 hectáreas, denominada área de montaña, abarcando parte de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, y la otra al oriente, de 19.66 hectáreas, dentro de la ciudad, designada como área de río, dentro del municipio de Uruapan.

El área natural protegida de Barranca del Cupatitzio:

• Protege un espacio en el que están representadas 84 especies de hongos, 495 especies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres.

• Protege a 28 especies endémicas de México; 2 de anfibios, 3 de reptiles, 4 de aves, 5 de mamíferos y 4 de orquídeas.

• Es un sitio en el que están representado dos tipos de vegetación del bosque templado, pino y pino-encino, además de elementos de bosque mesófilo de montaña y de galería.

• Presenta características representativas de la flora y la fauna del eje neovolcánico transversal, especialmente de las zonas medias y bajas de la sierra Purhépecha.

• Protege los manantiales que dan origen al río Cupatitzio, con una aportación de 4.3 metros cúbicos por segundo.

• Presenta una belleza escénica única derivada de sus condiciones físicas naturales.

• Por sus características fisiográficas, ubicación geográfica y su relación con otros grandes macizos montañosos, forma parte de un importante corredor biológico entre el Parque Nacional Pico de Tancítaro y la zona protectora forestal de Uruapan.

• En el área se han registrado 31 especies de plantas y animales considerados en riesgo por la NOM-059-SEMARNAT 2001

Además de su alto valor biológico, ambiental y ecológico, el parque es esencial para la vida socio-económica de Uruapan y la región.

• Es un polo de atracción turística, con más de 650 mil visitantes al año, entre locales y turistas, lo que genera empleos y estimula la planta productiva nacional.

• La zona está catalogada como de alta capacidad para la captación de agua y sus manantiales abastecen a la zona urbana e industrial del municipio de Uruapan y la región agrícola en la parte baja de la subcuenca hacia el sur, y

• Abastece a tres hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Cupatitzio.

Sin embargo, a pesar de las bondades y ventajas señaladas, esta área presenta diversos problemas, entre los que destacan la contaminación de la zona, la falta de políticas estratégicas de conservación y una alarmante baja de niveles de agua de sus manantiales.

De acuerdo a la información emitida el pasado mes de mayo de 2013, por parte del coordinador de buzos de la Comisión Federal de Electricidad, en sólo un año, el volumen de agua que fluye en el nacimiento del río Cupatitzio, específicamente del manantial Rodilla del Diablo, disminuyó más de 200 litros por segundo, lo cual de acuerdo al aforo recientemente efectuado y comparado con el del 2012, representa una pérdida de 33 por ciento.

El abandono de la zona, la falta de programas públicos de corto y mediano plazo que permitan equilibrar la conservación de los ecosistemas y la reactivación económica, han traído devastadoras consecuencias para la flora y la fauna, pero también para la población que ahí habita.

En síntesis, el abandono institucional y la falta de políticas públicas rectoras, han propiciado daños al medio ambiente, daños al sector turístico local, problemas de seguridad y salud a la población, así como la generación de diversos problemas sociales, derivados de la falta de información y rectoría de las instituciones públicas, lo cual ha derivado en la inhibición de una necesaria y adecuada cultura conservacionista entre la ciudadanía, particularmente, entre las nuevas generaciones.

La problemática referida, se ha venido agudizando a lo largo de los años, por lo que se requieren de acciones urgentes, decididas y eficientes, que permitan rescatar y reactivar la zona desde una perspectiva sostenible, cumplimentando así el mandato constitucional y legal, así como los compromisos suscritos en diversos instrumentos internacionales por el Estado mexicano.

Es de considerarse que el programa de conservación y manejo del parque Barranca del Cupatitzio fue elaborado y emitido en el año 2006, aun cuando el aviso de su terminación se publicó el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2009, siendo importante destacar para los efectos de esta proposición lo establecido en el apartado 10 sobre Evaluación y Efectividad, que señala a la letra: “Que la ejecución del Programa de Conservación y Manejo se realizará a través de los Programas Operativos Anuales (POAAN) que defina el parque. Anualmente se contrastarán los avances logrados en la operación del área natural protegida (ANP), contra las metas propuestas en el PCM, al término del primer quinquenio de operación se revisarán la totalidad de los subprogramas a fin de determinar aspectos que por razones políticas, sociales, económicas y/o administrativas pudiesen haber quedado pendientes de realización”1 .

En razón de lo anterior, y atendiendo un reiterado reclamo de la ciudadanía, quienes hoy se encuentran inciertos sobre el destino de la zona protegida en comento, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y conforme a sus objetivos estratégicos, realice las acciones conducentes en beneficio del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, a efecto de

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, y realizar las adecuaciones necesarias al mismo conforme a la realidad actual de dicho parque.

2. Conservar el ecosistema y las especies en riesgo.

3. Reactivar la economía y el turismo de las comunidades asentadas en el entorno de dicha área, bajo criterios de sostenibilidad.

4. Fomentar una cultura de conservación entre los habitantes de las comunidades aledañas.

5. Implementar un programa que permita aprovechar de manera sustentable el recurso hídrico; e

6. Informar cabalmente a la ciudadanía sobre el estado que guarda la zona protegida de referencia.

Nota

1. Programa de Conservación y Manejo del PNBC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputada Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sener y de Pemex a instaurar acciones para cumplir la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol en la matriz energética del país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Javier Orihuela García, y diputados y diputadas de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La transición energética, sin duda, es una estrategia fundamental para nuestro país y por lo mismo es de muy alta prioridad poder cumplir con cada uno de los compromisos que nuestro país asume de cara a la sustitución de combustibles de origen fósil, principalmente petróleo, de manera paulatina pero sin dudas.

Avanzar en este sentido es fundamental.

Sin embargo actualmente no hemos podido lograr este objetivo, situación que nos llama mucho la atención y más cuando se cuenta con todos los elementos normativos que nos orientan sobre la materia, que establecen objetivos y metas claras que cumplir y que por diversos pretextos se ha tenido que revisar en más de una ocasión

Si observamos los planteamientos de la estrategia del Programa de Introducción de Etanol Anhidro en su argumentación establece las bases precisas y las metas por lograr, señalando claramente que

El gobierno federal tiene como prioridad asegurar el desarrollo sustentable del país, mediante el establecimiento de políticas públicas que permitan aprovechar racionalmente nuestros recursos y atender los retos que enfrenta la humanidad por los efectos adversos del cambio climático.

En ese sentido, la Secretaría de Energía ha establecido acciones para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, como estrategia para diversificar las fuentes de energía disponibles en el país y asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos, de los energéticos que demandan los consumidores. Esto permite cumplir con los objetivos establecidos en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Tal es el caso del Programa de Introducción de Bioenergéticos presentado en 2009, el cual establece metas específicas para la introducción de etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas que se utilizan en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Valle de México, como estrategia para cumplir con el objeto de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. En efecto, el propósito de las leyes es coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable, como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano.

Dentro del mismo programa se establecen metas, que no se han cumplido, y que detallamos a continuación:

Con fundamento en el artículo 12, fracción VIII de dicha Ley, la Secretaría de Energía estableció el Programa de Introducción de Bioenergéticos, el cual prevé metas específicas para la introducción de etanol anhidro en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Valle de México.

En cumplimiento de dicho programa, y como una primera etapa del mismo, en octubre de 2009, Petróleos Mexicanos lanzó la licitación pública nacional 18576112-022-09, cuyo objeto fue adquirir etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, conforme a las siguientes cantidades y plazos:

Licitación que por razones no plenamente aclaradas se declaró desierta y no se procedió al cumplimiento de lo propuesto por la ley en mención argumentando en el acta de notificación de fallo, emitida por Pemex Refinación, que el concurso que pretendía abastecer de gasolinas ecológicas o “verdes” sólo a Oaxaca y Chiapas fue declarado desierto porque los únicos dos concursantes ofertaron cotizaciones mayores en más de 50 por ciento a las que la paraestatal pretendía pagar.

Los precios que ofreció la paraestatal en la licitación que lanzó en febrero estaban conformados por un precio base de referencia y un porcentaje adicional, al cual llamó “premio tope”, que sumaron 9.19 pesos por litro para la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) en Salina Cruz, Oaxaca, y 9.39 pesos para la de Tapachula, Chiapas.

Los precios que ofertaron las empresas Alcoholera de Zapopan, en Salina Cruz, y azucarera La Fe y Zucrum, en Tapachula, fueron de 14.50 pesos y 14.20 pesos por litro, respectivamente.

A raíz de lo anterior se procedió a revisar los alcances y metas de dicho proceso, cabe señalar que a la baja, y se plantó dentro del programa que

Acción 1.1

Introducción de etanol anhidro en la matriz energética

1.1.1. Petróleos Mexicanos adquirirá etanol anhidro para introducirlo en la matriz energética, conforme a los volúmenes y plazos que a continuación se señalan:

Y se oriento el programa solamente a la zona metropolitana de Guadalajara que se encuentran publicadas en el sitio electrónico de la Sener:

Sin embargo actualmente sabemos que todos los esfuerzos por parte de Pemex no han podido concretar con el cumplimiento de estas disposiciones.

Aunado a que para el ciclo 2013 en México se van a producir alrededor de 5 millones 668,000 toneladas de azúcar el próximo año, lo que superará en 12.3 por ciento la producción del año anterior. Este cálculo se basa en una encuesta realizada por la Conadesuca (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar).

Pero no sólo México va a producir más azúcar el próximo año, en EU se estima que la producción para 2013 será de 8 millones 825,000 toneladas, un 4 por ciento más que en 2012. En esta previsión del Departamento de Agricultura de EU vislumbran que las importaciones de azúcar se reducirán un 10.5 por ciento, para llegar a 3 millones 249 mil toneladas, lo que va a impactar de manera negativa a los precios del producto.

Es por esto que las diputadas y diputados de la LXII Legislatura y por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Por el que, en el marco de cooperación entre poderes, se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Energía y al director de Pemex para que de manera inmediata se instrumenten acciones para cumplir con el mandato de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en el artículo 1o., numerales I, II, III, IV y V, y para cumplir con las metas establecidas en el Programa de Introducción de Etanol en la matriz energética de nuestro país.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2013.

Diputado Javier Orihuela García (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo federal, de Oaxaca y de San Felipe Jalapa de Díaz a garantizar a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y asegurar a la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido justicia pronta y expedita, reparación de daños y perjuicios, y protección, seguridad y certeza jurídicas, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrita por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2 fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unos días, todos fuimos testigos de los sucesos que diversos medios de comunicación dieron a conocer sobre la historia de una mujer mazateca que dio a luz en el jardín del centro de salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, debido a que el personal médico le negó el servicio.

La fotografía fue publicada en redes sociales, donde se observa a la mujer indígena en cuclillas con su recién nacido tirado en el pasto, desnudo, mojado y con el cordón umbilical sin cortar.

Sin duda una historia desgarradora que ha llenado de indignación a la sociedad. No sólo porque da cuenta de la negligencia médica y la discriminación de que fue objeto Irma López Aurelio y su recién nacido, sino además por las declaraciones realizadas por funcionarios de la Secretaría de Salud, en donde para justificarse señalan situaciones como la falta de personal, problemas sindicales, el desconocimiento del dialecto que habla la mujer, el miedo de ella a recibir la atención, e incluso que ella se movió del lugar indicado y optó por abandonar las instalaciones para “dar a luz” en el patio del centro de salud, argumentos todos en donde se victimiza doblemente a Irma y se pretende evadir las responsabilidades.

Lamentablemente la historia de Irma no es la única en el país y tampoco en Oaxaca. Dos casos en menos de 20 días, dan cuenta de la negligencia y omisión con que se atiende a las mujeres.

Es un hecho irrefutable que se le negó a una ciudadana mexicana su derecho a recibir atención médica de calidad, se pusieron en riesgo su integridad física y mental, y se violaron sus derechos fundamentales.

De acuerdo al dicho de la autoridades municipales, al parecer el centro de salud se encuentra en paro laboral por motivos de carácter político, situación que podría haber motivado la nula atención recibida por la joven madre, versión que concuerda con la de algunos testigos quienes aseguran que durante dos horas Irma esperó, sin embargo, el personal de la clínica le negó la atención médica que requería y fue ignorada, por ello se vio obligada a salir al patio y dar a luz sola.

Los hechos ocurridos dieron lugar a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició una queja de oficio para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra Irma. Mediante un comunicado, se dio a conocer que visitadores adjuntos del ombudsman se trasladaron al lugar de los hechos para entrevistarse con la agraviada y sus familiares, solicitar información a la autoridad estatal involucrada y recabar las evidencias que permitan integrar el expediente.

Irma López Aurelio es mujer, es indígena y es pobre, circunstancias que la colocan en estado de extrema vulnerabilidad. Esta Cámara no puede dejar de alzar la voz en favor de sus derechos, no puede dejar de señalar la doble y triple victimización de que ha sido objeto por parte de las autoridades. El caso de Irma que hoy ha salido a la luz pública lo han padecido otras mujeres en circunstancias similares y no podemos permitir que esto vuelva a suceder.

Es necesario que se realice una investigación exhaustiva a efecto de hacer caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.

La violencia, la discriminación, el abuso y la invisibilidad de que son objeto las mujeres, impide el avance y desarrollo de México, perpetúa la desigualdad y la pobreza y lastima a la sociedad en su conjunto.

Ustedes y yo, somos también representantes de la señora Irma López Aurelio. Por ello, desde esta tribuna, debemos exigir no sólo que se le haga justicia sino que se le repare el daño causado. No podemos permitir que sea tratada como una ciudadana de tercera y que sus victimarios gocen de impunidad.

Resulta inadmisible que en un centro de salud que atiende a una gran población en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad no tenga personal las 24 horas del día los 365 días del año. Y que además se le cobren los servicios, se les obligue a comprar su medicamento y se les exijan insumos como jabón y cloro.

Casos como el de Hilda en San Luis Potosí, el cual por fortuna se resolvió favorablemente, y como el de Irma en Oaxaca que hoy nos ocupa, deben ser tomados con absoluta seriedad y compromiso por parte de los tres poderes de gobierno en sus diferentes niveles, toda vez que dan cuenta de la realidad que las mujeres mexicanas aún vivimos en la segunda década del siglo XXI.

En razón de lo antes expuesto y en el ánimo de evitar que existan más casos como el de Irma en el país, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivos federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, para que desde el ámbito de su competencia:

1. Garanticen que las instituciones públicas de salud que brindan servicios a la población indígena, en situación de pobreza y marginación o cualquier otra situación de vulnerabilidad, cuenten con el personal, medicamentos e insumos necesarios para otorgar el servicio oportuno y de calidad a que tienen derecho las y los mexicanos.

2. Realicen a la brevedad todas las acciones conducentes y apegadas a derecho, a efecto de investigar exhaustivamente el caso referido que motivó esta proposición, y en consecuencia, exijan las responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar, a quien o quienes sean responsables por las acciones, omisiones, agravios y violaciones perpetradas en contra de la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, garantizándoles tanto a la madre como al infante, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios así como protección, seguridad y certeza jurídica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013

Diputadas: Irma Elizondo Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Rosa Elba Pérez Hernández, María Beatriz Zavala Peniche, Nelly Vargas Pérez, Martha Lucía Mícher Camarena, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y a las estales a promover y proponer la inclusión en los planes y programas de estudio de nivel básico las asignaturas de civismo, de educación integral para la salud y de educación sexual, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña , diputado federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 62, numeral 3; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; artículos 97, 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los Ejecutivos locales, a la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas locales para que, dentro del ámbito de sus facultades, promuevan y propongan la inclusión, en los planes y programas de estudio de Educación Básica, las asignaturas de Civismo; de Educación Integral para la Salud; y de Educación Sexual; asimismo, para que dichas autoridades elaboren, diseñen, implementen y multipliquen las políticas públicas en las materias respectivas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernadas por otros”.

Herbert Spencer - Filósofo, psicólogo y sociólogo británico.

(1820-1903)

...toda acción y elección parecen tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran”.

Aristóteles - Ética a Nicómaco

Formar una ciudadanía democrática es una de las tareas más complicadas a la cual nos enfrentamos gobierno y ciudadanos hoy en México; construir una ciudadanía democrática es posible, siempre y cuando logremos generar cambios en nuestra cultura política. Cumplir este objetivo exige, por tanto, primero transformar nuestros valores, concepciones y actitudes hacia lo político, es decir, reconfigurar nuestras percepciones acerca del ejercicio del poder y el papel que desempeñan los diferentes actores en la escena política: instituciones, gobiernos y ciudadanía.1

Las más avanzadas escuelas del pensamiento pedagógico han transitado por el racionalismo ilustrado, el positivismo, el humanismo idealista, el constructivismo y el pragmatismo. Sin embargo, el desarrollo de éstas y otras escuelas del pensamiento han servido para enriquecer y generar las más innovadoras propuestas de mejora curricular sobre la base de una educación integral y la creciente complejidad del ser humano y las condiciones a las que se enfrenta.

En ese sentido, es un deber de autoridades públicas, de representantes populares y de funcionarios de los más diversos órdenes y niveles de gobierno, revisar de manera crítica, constante y constructiva, los contenidos de los planes y programas de estudio que se ofrecen a los estudiantes de los diversos niveles educativos. Especial atención merecen, por las particulares condiciones que enfrentan, los programas que se imparten en las escuelas privadas y públicas correspondientes a la educación básica en sus diferentes niveles, a saber: Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. Desde luego sin olvidar la Telesecundaria, la Educación Especial y muy importante, la Educación Indígena.

Consideramos que es imperativo que las asignaturas de civismo, educación integral de la salud y la educación sexual, con la inclusión dentro de su contenido de ética y valores; prevención de adicciones, higiene y combate a la obesidad; y la prevención de enfermedades sexuales, las convierte en materias primordiales en la formación de todas las niñas y niños que cursan la educación básica en nuestro país.

Estamos convencidos que es menester para las autoridades educativas, tanto a nivel federal como de las diferentes Entidades Federativas y del Distrito Federal, considerar la inclusión o reincorporación, en su caso, de las asignaturas antes enunciadas. Lo anterior, desde luego, atendiendo a las necesidades de cada grupo poblacional, al nivel de madurez y desarrollo intelectual, a las particulares condiciones regionales a lo largo del país y a la luz de los más avanzados métodos pedagógicos y didácticos.

En efecto, las diferentes autoridades, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad y competencia, han buscado generar las condiciones para que los jóvenes educandos reciban la instrucción básica debida. Sin embargo, desafortunadamente hemos visto que se han tenido retrocesos en lo que denominamos “educación promotora de ciudadanía”, como es el civismo.

Recordemos que en el primer gobierno de alternancia se suprimió de la matrícula de educación básica la materia de civismo. Poco a poco, las Entidades Federativas, ejerciendo su soberanía sobre una materia de carácter concurrente, como es la educación, han propugnado y mejorado sus contenidos en lo que se refiere a los planes y programas que dependen de las Secretarías de Educación de los gobiernos locales.

Por otra parte, en lo que se refiere a una asignatura integral de Educación para la Salud, hemos visto con agrado que en ocasiones se dan avances importantes en materias que anteriormente eran relegadas y excluidas de la educación formal, por considerarse propias del entorno familiar como es la educación sexual y la prevención de adicciones. No obstante, esos avances se ven coartados por posturas de corte conservador que plantean que dicha instrucción debe mantenerse al margen de la educación impartida por el Estado. Lo mismo ha ocurrido con aquellas materias que, desafortunadamente, se han puesto en boga en el mundo por las imperantes condiciones de salud pública relacionadas con la nutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como de las enfermedades que se generan a partir de éstas.

Estamos conscientes de que no es labor de esta soberanía establecer las directrices de los planes y programas educativos, ni las asignaturas con que estos se integran, sin embargo, consideramos necesario, con un respeto absoluto a sus competencias y atribuciones, instar a las diferentes autoridades en materia educativa, tanto federales como locales y del Distrito Federal, a evaluar la posibilidad de promover en sus programas la impartición o, en su caso, el mejoramiento de las materias de civismo y de educación integral para la salud con las consideraciones que a continuación se expresan.

Civismo. Principios y valores generadores de ciudadanía.

El día 15 de marzo del 2012, y con el propósito de fortalecer la consolidación de la reforma integral de la educación básica, la Dirección General de Desarrollo Curricular en voz de su entonces titular, Noemí García García, presentó un panorama, análisis, estudio y conclusión de la necesidad del civismo dentro del currículum de educación básica. La funcionaria manifestó la trascendencia de la formación cívica en el desarrollo de competencias de los alumnos como requisito indispensable para poder vivir armónicamente en sociedad.

Los exponentes en dicha presentación coincidieron en que, al promover el civismo como una de las asignaturas obligatorias del currículum escolar, se llevaría a cabo la primordial función de democratizar la vida en las escuelas, y crear un ambiente socio-afectivo con una ética del cuidado y propiciaría la vinculación entre las familias y la comunidad.

Benil de García Cabrero, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinadora Académica de la obra que recopiló estas ponencias, señaló la importancia de que la enseñanza de la asignatura se dé de manera integral, es decir, con sus componentes axiológicos e históricos básicos.

En este sentido, y en el mismo tenor que han manifestado diversos expertos, consideramos indispensable la reincorporación de la asignatura de civismo en la educación básica, esta vez con un contenido que fomente a la vez la práctica y vivencia democrática, y la difusión y fomento de valores que ésta implica, como son, por mencionar solo algunos, la tolerancia, el respeto a la pluralidad y dignidad de todas las personas y el compromiso de la vida en comunidad.

En efecto, la raíz etimológica de la palabra civismo proviene del latín civis, que significa ciudadano. La conceptualización de la palabra permite aseverar que, el civismo, atiende necesariamente el complejo acervo de características y elementos que requerirá un individuo para poder vivir armónicamente en una sociedad. Insistimos, sociedad cada vez más compleja, plural y que ofrece a nuevos retos, desafíos y hasta dilemas de corte moral al individuo.

El civismo fragua de manera sólida los principios y valores del ciudadano para poder asumir y mejorar las reglas de la convivencia pacífica, derivando a su vez en la posibilidad de receptar de manera irrestricta los derechos fundamentales y los valores consagrados, no solo en los ordenamientos jurídicos, sino también en las costumbres de una sociedad civilizada, como es la sociedad mexicana.

Aunque podría parecer utópico, al dotar a los jóvenes mexicanos de un mínimo bagaje cultural en principios y valores, a través de la asignatura de civismo, permitiría generar en la colectividad una conciencia sobre la importancia de la participación social, de la responsabilidad del individuo frente al Estado y frente a otros individuos y, en general, para la construcción de ciudadanía.

Como mencionamos anteriormente, no es, ni debe ser, pretensión del Estado o de nosotros como representantes, constituirnos en defensores y promotores de una ideología o una postura moral del individuo. No es nuestra labor imponer códigos de cultura o patrones de lo que es un ciudadano ejemplar. No debemos caer en el perfeccionismo como autoridades, representantes o funcionarios públicos.

No obstante, sí es nuestro deber, otorgar a los niños y jóvenes mexicanos aquellas herramientas pedagógicas que fomenten su desarrollo académico e intelectual, para que, en el momento que cada sujeto deba tomar decisiones de relevancia ética, de disertación entre principios, de posturas sobre el correcto actuar ciudadano, cuenten con los elementos mínimos para asumir decisiones con responsabilidad y con una amplitud de miras sobre la trascendencia de sus pequeñas decisiones.

A dicho de los expertos, a través de la asignatura de civismo, con sus componentes ético, histórico y axiológico, podríamos alcanzar un nivel de penetración en las conductas humanas; que incluso el derecho penal, con todo y su elemento coercitivo, no puede lograr.

Por medio de la correcta implementación de la materia, sin imposiciones ideológicas, se logrará moldear y madurar el pensamiento del sujeto, de manera que cuente con una mínima estructura orgánica de principios y valores que inculquen la templanza en el actuar.

La ética aristotélica, así como la platónica, reconocían que el bien se relaciona proporcional y directamente por un marcado intelectualismo. Ambos pensadores clásicos, establecían que el hombre por naturaleza tiende a buscar el bien, interpretando que la principal problemática es que el hombre desconoce el bien y, por tanto, sobraría que lo conociera para obrar correctamente. Aunque clásica y añeja, esta postura humanista es reveladora del potencial de los individuos de menor’ edad como entes de cultivo de valores fundamentales.

Por lo anterior, es que requerimos indiscutiblemente como sociedad de la inserción integral de estas asignaturas con los contenidos propuestos, ya que, de acuerdo a la visión filosófica de estos perpetuos intelectuales, el hombre toma por bueno lo que le parece bueno de lo que va conociendo. Si la visión del hombre se concentra en el otorgamiento únicamente de herramientas técnicas, como son las ciencias naturales, estaremos condenando a nuestra niñez y juventud a una estrechez de miras sobre su responsabilidad social.

La mejor manera de prevenir la comisión de delitos, la pobreza, inseguridad y rebeldía, es una auténtica educación generadora de amplio criterio. El único método eficaz para poder elevar la competitividad, productividad y la prosperidad de nuestra economía, afectando a su vez los extractos sociales, culturales y políticos, se da a través de la enseñanza loable del civismo, con todos sus principios y valores éticos y morales.

La materia en cuestión, otorga a las niñas y niños uno de los elementos primordiales para poder crear una sociedad de convivencia pacífica y fructuosa. El necesario respeto entre los individuos, y entre sus pertenencias, para el debido y correcto disfrute y desarrollo de sus potenciales.

Este único argumento sería suficiente para incluir el contenido integral del civismo que se propone en el presente punto de acuerdo, ya que el respeto se convierte en un elemento sine qua non para la correcta conformación de una sociedad. Se antoja difícil, por utilizar términos tenues, la convivencia sin los principios y valores que inculquen el respeto comunal, que guíen y dirijan todo actuar del individuo, ya que de lo contrario se tendrían fluctuaciones violentas y nocivas que derivan en un pandemonio social.

Definimos al civismo, en sus diversas ramificaciones, como la cultura de la solidaridad social, del compromiso con la ciudad y con sus habitantes. Es inexorable la inclusión de todos sus valores para la formación educacional en México.

Educación Integral para la Salud: educación sexual, combate a la obesidad, prevención de adicciones.

a. Educación Sexual

El doctor en ciencias de la educación y autoridad española en la materia, Miguel Ángel Santos Guerra, magistralmente estableció la importancia de la educación sexual de la siguiente manera:

Resulta lamentable que una dimensión del ser humano tan importante y placentera como la sexualidad pueda convertirse, por diversos motivos, en la causa de tantas frustraciones. Uno de los más decisivos es la falta de educación sexual.

No hay debate social, televisivo, radiofónico o coloquial sobre cualquier asunto relacionado con el sexo (aborto, pedofilia, uso del preservativo, VIH-Sida, impotencia, píldora “del día después”...) que no acabe haciendo referencia a la necesidad de la educación.

... ¿Qué entendemos por educación?

Hablo de educación, no de mera instrucción. Ni siquiera de socialización. Porque la educaciones tiene dos dimensiones insoslayables. Una se refiere al .saber pensar, otra al saber convivir. No basta para estar educado o educada dominar los conocimientos más avanzados. Es preciso dominar la capacidad de discernir, de analizar, de criticar. La persona educada sabe buscar por sí misma el conocimiento, sabe distinguir el conocimiento riguroso y el adulterado, sabe que el conocimiento no es inocente”.

El Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar (OCSE) ha llevado a cabo un esfuerzo importante para publicar libros en la materia, incluyendo una guía para familiares y padres de familia llamada, la educación sexual de la primera infancia, para brindar a los adultos que educan a los niños, una serie de herramientas que contribuyan y apoyen en la formación integral de las provenientes generaciones, a efecto de constituir una educación que prevenga tanto las enfermedades derivadas de las relaciones sexuales, como las afectaciones emocionales y afectivas para una madurez sexual.

Dentro de la guía se hace un énfasis primordial a la premisa, que en nuestra consideración, conforma el argumento contundente para la viabilidad del presente punto de acuerdo, y por tanto la inclusión de la materia educación sexual, con el contenido de prevención de enfermedades derivadas de las relaciones sexuales.

La educación sexual es necesariamente la calidad de la relación del educando con los personajes, que a través de su convivencia, aportan a la formación ideológica de su sexualidad. Tanto los maestros, los padres, y amigos son responsables del mayor o menor acierto de la educación sexual de la niña o niño.

La educación sexual se basa fundamentalmente en las relaciones del educando con su entorno y con los adultos que lo acompañan en su formación y, por eso, es de vital importancia generar los contextos educativos adecuados, a través de marcos programáticos dentro del currículo educativo, que posibiliten el vínculo benéfico para descubrir una sexualidad libre y saludable. No se trata de una formación a largo plazo, ya que la sexualidad se forma en todos y cada una de sus vivencias, sino que se trata de una apuesta al presente para la constante adecuación de la sexualidad pacifica e ideal en nuestros niños y jóvenes.

Se pueden adoptar una diversidad de perspectivas y actitudes con respecto a la sexualidad, sin embargo, lo único que no puede hacerse es ignorarla, por lo que el presente punto de acuerdo pretende solicitar a las autoridades encargadas de la elaboración de planes y programas de estudio, se otorguen los instrumentos necesarios para generar un movimiento de avanzada en la vida de nuestras niñas y niños, para que a su vez, se fomenten decisiones responsables y, especialmente, con amplio criterio y madurez en nuestra juventud.

En efecto, la adecuada preparación en la materia, tendría el propósito cardinal de crear un criterio informado para la toma de decisiones relevantes que afectarán la vida de los individuos en formación.

Los educandos tienen un derecho humano a ser ilustrados adecuadamente en uno de los aspectos más trascendentes de su vida, para poder alcanzar el pleno desarrollo de su potencial como persona, derivándose en un provecho para la sociedad.

b. Combate a la obesidad

Por otra parte, en materia de combate a la obesidad, existen datos desconcertantes de la realidad nacional, que nos obligan a efectuar acción inmediata en contra de esta aflicción tan dañina.

La obesidad proviene, principalmente, de las epidemias de mala alimentación y sedentarismo que, a su vez, puede derivar en enfermedades crónicas como la diabetes, cardiovasculares e, incluso cáncer.

Cabe destacar que en el hemisferio norte, la primera causa de hospitalización, discapacidad y muertes evitables son causadas por las enfermedades crónicas derivadas de la obesidad.

Datos alarmantes nos reflejan que la obesidad impacta a uno de cada cuatro niños en edad escolar y a uno de cada dos adultos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como una crisis de salud pública, constituyendo una situación de emergencia que requiere formular las políticas y medidas para su control y detención.

Una de las frases más impactantes de la organización, en consenso con los participantes en el foro Legislación, regulación y políticas públicas para detener la obesidad y promover la alimentación saludable en los niños de Latinoamérica, reza: “una de las condiciones necesarias para poder darle resolución a esta crisis es, el liderazgo de las autoridades públicas, Estados que den garantía a la población para el acceso a la salud, nutrición e información apropiada, y el uso de mecanismos de política pública y la ley”.

Lo anterior corrobora de manera fehaciente la necesidad impostergable para la aprobación del presente punto de acuerdo, demostrando que los servidores públicos que conformamos las autoridades públicas, sobre todo aquellas que tienen responsabilidad en la elaboración de planes y programas de estudio, sí tenemos responsabilidad directa sobre la problemática actual, no necesariamente como causa pero sí como factor determinante para su solución.

La evidencia científica sobre las causas básicas, subyacentes y directas de la obesidad nos muestra contundentemente la solidez para generar medidas efectivas que ayuden a controlar la epidemia. Entre las medidas que se han decretado está la de crear en la escuela un ambiente alimentario óptimo y promotor de la salud.

Uno de los principales medios para darle cauce efectivo a la premisa anterior es la inclusión de la asignatura de educación de la salud, con el contenido de prevención y combate a la obesidad.

La materia de educación física no es suficiente para poder darles a los niños una formación integral, ésta debe ser acompañada por una asignatura formal que contenga los conocimientos teóricos necesarios para generar una verdadera enseñanza que erradique la peligrosa epidemia que nos aqueja.

La Secretaría de Salud ha declarado que la obesidad y el sobrepeso conforman la lista de los principales problemas de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial, según los más recientes datos, en niños y adultos con obesidad y sobrepeso.

Datos Económicos nos muestran el egreso presupuestal que se da en materia de salud para combatir la obesidad, alcanzando casi el 7 por ciento.

El siguiente cuadro nos muestra datos relevantes en materia de obesidad, proporcionados por el Inegi. Hace 8 años la obesidad ya era un problema de proporciones catastróficas y, desgraciadamente, poco se ha actuado al respecto:

Para el año 2011 la OCDE advirtió que México estaba en los primeros lugares de las naciones más obesas del mundo, con un preocupante elemento: uno de cada tres niños presentaba exceso de peso.

Finalmente, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes aumentó de 33.4 a 35.8 por ciento. Y en el caso de mujeres de más de 20 años este porcentaje pasó de 71.9 en 2006 a 73 por ciento en 2012. Para ambos grupos de edad, la proporción de mujeres con peso inadecuado fue mayor que la de los hombres.

En el caso de los hombres adolescentes el aumento también fue visible. La prevalencia creció un punto en los últimos seis años, pasando de 33 a 34.1 por ciento y en los adultos el aumento fue de 2.7 por ciento. Actualmente 69.4 por ciento de los hombres tiene sobrepeso u obesidad.

Es por ello imperativo que se implementen las acciones preventivas requeridas en materia educativa, desde una edad temprana, para que los programas y políticas que combaten la obesidad, tengan un efecto permanente y eficiente en el crecimiento de la niñez. Al implementar dentro de los planes y programas en educación básica, la asignatura de educación integral de la salud con los contenidos ya mencionados, se permitirá a la generaciones venideras absorber la información apropiada en una etapa fundamental del desarrollo, de manera que el impacto de las mismas tengan un potencial superior a las medidas que actualmente se llevan a cabo en toda República.

c. Prevención de adicciones

Finalmente, otra de las materias más elementales para la correcta integración de la Materia de Salud, es la prevención de las adicciones, constituyendo inherentemente, el mecanismo más eficiente para la erradicación de una diversidad de padecimientos en materia de Seguridad.

La prevención en materia de drogas y el desarrollo de otras adicciones, es una de las tareas fundamentales y deberes que el Estado debe llevar a cabo para poder conservar la armonía y correcta convivencia social en su territorio. Los mecanismos a posteriori para la disolución de este tipo de padecimientos generan un brote de violencia y contravención que resulta perjudicial, no sólo para los adictos, sino para el Estado y la población como “daño colateral” del combate a las mismas.

Las adecuadas medidas preventivas en materia de educación dotarán a las y los niños de México, con las herramientas elementales para que sean conscientes de los riesgos que conllevan el consumo de las sustancias, estupefacientes y otros sicotrópicos y, por lo mismo, podrán libremente rechazar su consumo.

Al llevar a cabo la labor de transmisión del paradigma cimentado en principios y valores, que a su vez, descansen en información fidedigna, construimos un universo de información absorbido desde la formación básica de los individuos. Una de las etapas más propicias a la formación de una conciencia social y cultural.

Para ello, la prevención trata de facilitar información rigurosa sobre los riesgos que pueden tornarse para la salud, el desarrollo intelectual, las relaciones sociales, y demás ramificaciones consecuenciales del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sean legales o ilegales, al realizar la transmisión de los valores necesarios para rehusar su consumo, logramos fraguar elementos necesarios en el carácter de los alumnos para la toma de decisiones.

Al reforzar la autoestima del individuo y otorgar valor a actitudes como la protección de la salud o el espíritu de superación, el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas, altruistas y romper con las falacias sociales que contextualizan el consumo de sustancias, facilitamos que los niños sean capaces de responder, con responsabilidad e independencia, ante la presión social que puede prevenir de sus compañeros, siendo esta, especialmente a su edad, una de las influencias más notables en la toma de decisiones.

Así, deberán implementar la materia, para que de manera calificada y exhaustiva, traten por lo menos las siguientes temáticas:

• Desarrollo epistémico: Aquí se lleva a cabo la labor beneficial en la autoestima y actitudes saludables.

• Inteligencia emocional: Se entrena en el control de la ansiedad, estrés, ira, depresión, entre otras.

• Correcta y pacífica convivencia social: Entre otras, habilidades de comunicación, relación, empatía.

• Toma de decisiones: Habilidades para abordar los problemas que se presentan a lo largo de la vida de manera eficaz, especialmente los de índole social.

• Hábitos implicados en el aprendizaje escolar: Adquisición de hábitos en materia académica.

• Familiar: Convivencia familiar, e información fidedigna para las familias, estableciendo las pautas que mejoren sus habilidades educativas.

Es por todo lo anterior, que con pleno respeto a las competencias y facultades otorgadas por los ordenamientos jurídicos correspondientes, exhortamos a las autoridades multireferidas, para incluir, por incuestionable necesidad, las materias que hemos mencionado a lo largo de estas consideraciones.

Dándole pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 11, del artículo tercero constitucional, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale.

En el artículo 12, numeral 1, de la Ley General de Educación, se establece la atribución exclusiva de la autoridad educativa federal para determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48 de la misma ley.

Asimismo en el artículo 13, numeral 11, de la ley en comento, se establece la atribución exclusiva de las autoridades educativas locales, para proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Adicional a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, el artículo 14 establece que, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12.

Reiterando, la Ley General de Educación, en el artículo 48, menciona que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

El propio articulado establece que para tales efectos la Secretaría [de Educación Pública] considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Estos consejos funcionan como instancias nacionales de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores sociales y productivos, especialmente interesados en la educación.

La propia Secretaría deberá tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

En consonancia con el Acuerdo número 535, por el que se emiten los lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social, en su Artículo segundo establece que, corresponde a las autoridades educativas, en términos del artículo 68 de la Ley General de Educación, fomentar y promover la participación social en la escuela, por lo que los lineamientos y los instrumentos jurídicos estatales aplicables serán complementarios.

Las autoridades educativas de las entidades federativas coadyuvarán en la aplicación y el cumplimiento de los Lineamientos; asimismo, promoverán la colaboración y el intercambio de experiencias entre los diversos Consejos Estatales, Municipales y Escolares de Participación Social, asociaciones, autoridades y otros interesados en la educación.

Demostrado fehacientemente que contamos en el sustento jurídico, social, cultural y de necesidad, para el conveniente proceder de este punto de acuerdo, celebro el poder llevar los consensos necesarios para alcanzar el progreso que todo México anhela.

De este modo, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y los Ejecutivos locales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, incentiven, con la debida intervención de los Consejos Escolares de Participación Social, la incorporación, dentro del currículum de educación básica, de las asignaturas de civismo , en la que se incluya ética y valores; educación integral de la salud , en la que se incluya la prevención de adicciones, higiene y combate a la obesidad, y educación sexual, en la que se incluya la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, mediante la Subsecretaría de Educación Básica, y a las autoridades en materia educativa a nivel local, a que fomenten la inclusión dentro de los planes y programas de estudio, de las asignaturas de civismo; educación integral de la salud y educación sexual.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en coadyuvancia con los estudios y opiniones de las autoridades locales en materia educativa y de los Consejos Escolares de Participación Social, elaboren, diseñen, implementen y multipliquen las políticas públicas, normas oficiales mexicanas y lineamientos para el fomento de la enseñanza básica en las materias de Civismo, Educación Integral de la Salud y Educación Sexual.

Nota

1 La Formación Cívica y Ética en la Educación Básica: retos y posibilidades en el contexto de la sociedad globalizada fue elaborado por la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública, con la colaboración de la Escuela Normal Superior de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.

Diputado Abel O. Salgado Peña (rúbrica)