Comunicaciones
Iniciativas de ley o decreto de senadores


Comunicaciones

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes a septiembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación respectiva con el mismo mes de 2012

México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Doctor Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica)

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que se publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

México, DF, a 10 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1174, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UGAJ/578/2013 suscrito por el maestro David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la publicación del nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario


México, DF, a 9 de octubre de 2013.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Presente

Hago referencia a su oficio número SEL300/1418/13, del jueves 3 de octubre de 2013, mediante el cual remite a esta Unidad el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1174 por el que el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 2 del presente, relativo a publicar “el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito exponer las acciones que se han llevado a cabo por esta Unidad durante el proceso de revisión y emisión del proyecto de Reglamento que nos ocupa:

• Mediante oficio CNPEVM/0763/2012, del 28 de noviembre de 2012, la comisionada nacional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), remitió para revisión, análisis y aprobación, la propuesta de reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (anteproyecto).

• Mediante oficio UAJ/027/13, del 23 de enero de 2013, esta Unidad respondió a la Conavim enviando el cuadro comparativo con las observaciones y comentarios al Anteproyecto, entre los que destacan solicitar la opinión de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

• Lo anterior fue necesario toda vez que, derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, fue fusionada la extinta Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación.

• Posteriormente, la Conavim informó a esta Unidad que el Anteproyecto había sido enviado a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para su opinión.

• Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos para la revisión del Anteproyecto, el12 de febrero del 2013, se llevó a cabo una reunión con los representantes de la Conavim, de la entonces Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, en las que se abordaron cuestiones específicas del Reglamento como lo fueron el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) y la justicia restaurativa.

• Los acuerdos adoptados en la reunión mencionada fueron atendidos por esta Unidad y por la Conavim.

• Mediante oficio CNPEVM/0151/2013, del 4 de abril, la Conavim remitió a esta Unidad, para su análisis, las observaciones realizadas al anteproyecto por el comisionado nacional de Seguridad. Como resultado, mediante oficio DGAAC/142/13, esta Unidad remitió a la Conavim su opinión sobre las observaciones propuestas por la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

• En respuesta a los comentarios, arriba citados~ mediante oficio CNPEVM/DGAAJ/015/2013, del 29 de abril de 2013, la Conavim envió a esta unidad una versión del anteproyecto que contenía las observaciones en comento, con la finalidad de continuar con los trámites tendientes a la formalización del mismo.

• Mediante oficio DGAAC/249/13, del 27 de mayo de 20J 3, esta unidad solicitó a la Conavim el visto bueno del Instituto Nacional de las Mujeres, por ser una de las áreas con mayor participación en la implementación del Anteproyecto, solicitud que fue reiterada mediante oficio DGAAC/332/13, del 14 de junio de 2013.

• Como resultado de las peticiones arriba citadas, mediante oficio SDH/900/455/2013, del 18 de junio de 2013, la Subsecretaría de Derechos Humanos, remitió a esta unidad la versión del anteproyecto con las observaciones tanto de la Conavim como del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres.

• Posteriormente esta unidad procedió a recabar la opinión jurídica respecto del Anteproyecto de aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que por su ámbito de competencia intervinieran en la ejecución del anteproyecto, de conformidad con el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo federal emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

• En atención a lo anterior, el 19 de junio de 2013, esta unidad envió para opinión o visto bueno, el Anteproyecto referido a las dependencias y entidades siguientes: Comisionado Nacional de Seguridad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República. Asimismo, el 9 de julio de 2013, se solicitó la opinión o visto bueno del Instituto Nacional de las Mujeres.

• Las citadas dependencias y entidades competentes en la implementación del anteproyecto, emitieron sus opiniones, las cuales fueron consideradas e integradas al texto del anteproyecto por esta Unidad, teniendo como consecuencia, una versión cuyo contenido fue modificado sustancialmente, por lo que fue necesario enviar de nueva cuenta a opinión mediante oficios con fecha 7 de agosto. Se estableció como plazo límite para la recepción de las opiniones el 14 de agosto de 2013.

• Una vez recibidas las observaciones, esta Unidad integró al anteproyecto aquellas que se consideraron jurídicamente viables, teniendo una versión final del mismo, por lo que, con la finalidad de continuar con el procedimiento correspondiente para su formalización, esta unidad sometió dicha versión’ a consideración de la Conavim, mediante oficio UGAJ/GDCCC/342/13, del 28 de agosto de 2013.

• Derivado de lo anterior, la Conavim, mediante oficio CNPEVM/390/2013, del 29 de agosto de 2013, envió a esta unidad el Anteproyecto debidamente validado.

• Cabe señalar que con fecha 5 de septiembre de 2013, el Inmujeres emitió observaciones al anteproyecto, que fueron incorporadas, y sometidas nuevamente a consideración de la Conavim. El 11 de septiembre del presente, la encargada del despacho de Conavim, mediante correo electrónico, validó la versión del anteproyecto a fin de continuar con las gestiones para su formalización.

• Como parte del proceso de elaboración del anteproyecto, esta unidad tiene conocimiento que el Inmujeres sostuvo reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil quienes emitieron observaciones y comentarios al anteproyecto, que una vez analizadas y en caso de considerarse procedentes, fueron integradas.

• El 11 de septiembre de 2013, mediante oficio UAGJ/DGCCC/399/2013, esta unidad solicitó al oficial mayor de esta dependencia, la tramitación de la manifestación de impacto regulatorio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria respecto del anteproyecto. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de esta dependencia, la tramitación de la evaluación del impacto presupuestario tanto de esa dirección, así como de las dependencias y entidades en las que el anteproyecto incide en el ámbito de sus competencias.

• Mediante oficio OM/DGPYP/1667/13, del 27 de septiembre de 2013, la Dirección General de Programación y Presupuesto, por instrucciones del oficial mayor, envió a esta unidad el dictamen favorable que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria realizó al anteproyecto.

• Es necesario mencionar que las evaluaciones de impacto presupuestario de las dependencias y entidades en las que el anteproyecto incide en el ámbito de sus competencias, se encuentran en trámite.

• En consecuencia, una vez que sean remitidas en su totalidad las evaluaciones de impacto presupuestario a esta Unidad, se procederá a continuar con las gestiones necesarias para la formalización y publicación del Anteproyecto. La siguiente etapa consiste en enviar el documento a dictamen de impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente, su envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la consideración y firma del Presidente de la República.

Lo anterior, a fin de hacer de su conocimiento la información señalada para que en el ámbito de sus atribuciones decida si es necesario comunicarla a la Comisión de Igualdad de Género de la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro David Arellano Cuan (rúbrica)

Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el análisis y la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 una partida para el Instituto Tecnológico de Sonora

México, DF., a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidios al Instituto Tecnológico de Sonora.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Francisco Búrquez Valenzuela, senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios al Instituto Tecnológico de Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es reconocida como el medio fundamental para adquirir, transmitir y desarrollar el conocimiento y la cultura, entre otras.

Actualmente, la educación se considera como la actividad estratégica para generar los cambios que demanda la realidad económica y cultural de la sociedad mundial.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3o. que

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece “que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes de la Entidad tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

Además, establece que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, y es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad sin duda alguna, es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera tal que tenga sentido de solidaridad social”.

Cabe señalar que el Instituto Tecnológico de Sonora es una institución que nace de la iniciativa de la sociedad cajemense, de la necesidad de formar y preservar nuevas generaciones con mentalidad de progreso y superación, para mantener y transmitir lo más valioso de la sociedad a la que se sirve.

Dicha institución se distingue por ocupar el primer lugar nacional en el porcentaje de profesores con posgrado entre las universidades públicas estatales, por tener el segundo lugar nacional en el porcentaje de profesores con perfil deseable Promep ello en consecuencia de que el 85 por ciento de sus estudiantes están en programas de calidad según el reconocimiento otorgado por la Secretaria de Educación Pública en el año 2012 y por ser un potencia deportiva reconocida a nivel nacional.

Cabe señalar que en la actualidad, el Instituto Tecnológico de Sonora, cuenta con una matrícula de veinte mil personas de los cuales más de dieciséis mil quinientos son alumnos.

Es así que para que el Instituto Tecnológico de Sonora pueda continuar ofreciendo la educación superior de calidad que ha venido brindando a su alumnado con la obligación y compromiso que ya es característico de esta institución en donde a pesar que en últimos años ha recibido uno de los subsidios más bajos por estudiante entre las universidades públicas estatales, se requiere de recursos extraordinarios que permitan mejorar su infraestructura, disminuir su relación alumno/docente que es una de las más altas de la región noroeste, y desarrollar los proyectos que le permitan seguir contribuyendo con calidad al desarrollo social de la comunidad.

Aunado a lo anterior y con el propósito de que el Instituto Tecnológico de Sonora continúe ofertando una educación de calidad a los sonorenses es importante que en la aprobación para el presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014, se consideren recursos que permitan atender de manera específica el incrementar el número de becas que posibiliten a los estudiantes de bajos recursos acceder a la Educación Superior, incrementar la matrícula para que el estado de Sonora siga ocupando los primeros lugares en cobertura universitaria y proporcionar a dicha institución la infraestructura necesaria para que continúe cumpliendo con calidad las funciones sustantivas de educación, investigación y difusión de la ciencia y la cultura en beneficio de los sonorenses.

Por lo anteriormente señalado, es que se debe considerar al Instituto Tecnológico de Sonora para que en el ejercicio fiscal del 2014 se le asignen los recursos económicos que le permitan tener una mayor y mejor infraestructura educativa, pues lo que permitirá contribuir con la formación integral de los estudiantes y mejorar los rendimientos académicos.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto Tecnológico de Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Senador Francisco Búrquez Valenzuela (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite siete proposiciones con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 recursos para proyectos en Tonila, Cihuatlán, Guachinango, Valle de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos y Valle de Juárez, Jalisco, presentadas por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cihuatlán es un pueblo y municipio de la Costa Sur de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 201 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Según el segundo Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 30 mil 241 habitantes. Entre sus principales problemas se encuentran el abastecimiento y saneamiento del agua en el municipio, debido a la explotación racional y, a la falta de visión integral sobre el manejo del recurso. Por ejemplo, en la cabecera municipal se sigue luchando para proveer de agua a la población.

No debemos olvidar que el trabajo de conservar y utilizar de forma razonable el agua, no es de una sola persona, ni un solo gobierno, sino que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Así pues, necesitamos trabajar unidos en la preservación de los recursos naturales del estado.

En materia de la industria agrícola se ha ido tecnificando el uso del agua para la agricultura, pues de las tierras dedicadas a la producción de hortalizas, 90 por ciento utiliza tecnología para la irrigación de sus plantíos, mediante modernos sistemas de irrigación por microaspersión o goteo, lo que significa reducción de manera significativa para la explotación de los mantos acuíferos.

Por tal motivo es indispensable que se realicen esfuerzos para que les sean asignados recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua.

Cihuatlán necesita de un adecuado sistema de distribución y saneamiento, que le permita detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras.

Por tal razón es muy importante apoyar la formación de proyecto de enfoque como lo son construcción de la obra de drenaje potable en la localidad de Cuastecomate; planta de tratamiento en la cabecera municipal; y saneamiento y desazolve de la Laguna de Tule de Cihuatlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Cihuatlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la obra de drenaje potable en la localidad de Cuastecomate con una inversión total de 10 millones 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la planta de tratamiento en la cabecera municipal con una inversión total de 24 millones, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el saneamiento y desazolve de la Laguna de Tule con una inversión total de 12 millones 500 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe concebirse no como una inversión con fines de generación de empleos sino como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país y promueva la competitividad económica de este último.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de los hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, como mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucho menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 kilómetros por hora sea menor en comparación con otros pavimentos, como los hechos con asfalto.

El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o en construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos y azulejos.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle resistencia o flexibilidad.

Valle de Guadalupe requiere el apoyo de la asignación presupuestal para la pavimentación de varias calles en la cabecera municipal, lo cual beneficiará de manera directa el turismo de la región, mejorando las vías de comunicación en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, aumentando con ello la cantidad de turismo que visite esta parte del estado, haciendo del recorrido una experiencia más agradable y sobre todo de un recorrido más corto a la colonia San Juan Bosco con la zona centro. Con la pavimentación de estas calles se detonará la economía de esta parte de la región debido a la gran cantidad de visitantes, mexicanos e internacionales, con que contará el municipio.

Es indispensable concretar este proyecto con la finalidad de que pueda mejorar la calidad de vida de las personas al encontrarse adoquinadas estas calles ayudara a mejorar las diferentes actividades de la comunidad como es el comercio, educación, salud, vialidad pública y particular.

En cuestión de acceso y vialidad se evitaran riesgos en la circulación peatonal y vehicular, ya que la zona en la que se localizan estas calles gran afluencia peatonal, sobre todo de niños que van a clases. También se mejorará el tiempo de recorrido vehicular público y privado. Además de lograr una mejor comercialización de productos que los habitantes de las comunidades cosechan o producen en el municipio, por tener mejores vías de acceso.

La durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras son indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Valle de Guadalupe, Jalisco, a fin de que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de varias calles de la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, con una inversión total de 5 millones 637 mil 315 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, 15 de octubre de 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal en Valle de Guadalupe, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

La construcción de la historia nacional se basó, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, curatos, conventos, etcétera); así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La Ley, también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

Estos espacios por su historia y belleza, se han convertido en referencias directas de lo que representa el municipio. Es por tal motivo, que es importante rescatar estos espacios y acondicionarlos para la realización de actividades de carácter cultural, y con esto crear un lugar de sano esparcimiento en donde la familia pueda convivir y pasar un rato agradable.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficiente, adecuados y distribuirlos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

En el municipio de Valle de Guadalupe necesita un lugar adecuado tener piezas arqueológicas encontradas en los alrededores que se encuentran ubicadas actualmente en la Presidencia, en donde pueda acudir toda la familia y pasar un momento de convivencia agradable, además de salir de la rutina diaria, crear un espacio adecuado para incentivar la cultura general.

El desarrollo y fomento de la cultura; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos, debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el proyecto de rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal con una inversión de 16 millones 482 mil pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explotar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Cihuatlán, Jalisco, para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco,” con una inversión total de 2 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre del 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF., a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura del país para promover la competitividad económica de este último.

Los empedrados ahogados de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 Kilómetros por hora, sea menor en comparación con otros pavimentos como los hechos con asfalto.

El municipio de guachinango, requiere del apoyo de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación de la vialidad en la esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso principal a la cabecera municipal, con estas obras se beneficiará de manera directa a los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies y son benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Guachinango, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de empedrado ahogado en concreto de calles anexas a la plaza del lugar de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 830 mil 822 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (El Ranchito) de Guachinango, Jalisco, con una inversión total de 1 millón 259 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta. Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de .la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (La Tarasca) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 804 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (Llano de Grande) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 1 millón 583 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Quinta. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle López Mateos (Amajaquillo) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 866 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República a los quince días del mes de octubre de 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009, permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1 por ciento) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6 por ciento) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7 por ciento), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de de mujeres (21.6 por ciento) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7 por ciento) que de mujeres (44.5 por ciento) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo, es indispensable rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de las unidades deportivas: “El Bicentenario” y “El Llanito” de Cihuatlan, Jalisco, que requieren de cerco perimetral, alumbrado público, jardinería, canchas, colocación de arcilla y la integración de juegos infantiles. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y con ello lograr una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y permita coadyuvar en el abatimiento de la obesidad y fomento de la recreación deportiva.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, las instalaciones deben de ser de primer nivel, y detonar el talento deportivo en la localidad.

Por tanto, se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Cihuatlán, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de unidad deportiva “El Llanito” de Cihuatlán, Jalisco con una inversión total de 2 millones 926 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva “Bicentenario” de Cihuatlán, Jalisco con una inversión total de 1 millón 970 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre del 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)


México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país, misma que requiere de inversión para su mejoría y mantenimiento.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen beneficios, tales como mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece menor resistencia al rodado de los neumáticos. El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o al interior de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos, azulejos, etcétera.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle una resistencia o flexibilidad.

El municipio de Tonila, requiere de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación de la vialidad en la Esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso principal a la cabecera municipal, vialidades que beneficiarán de manera directa a los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es importante mencionar que la durabilidad de estos caminos es mayor que otras superficies y benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonila, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita su respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de vialidad en la Esperanza de Tonila, Jalisco, con una inversión total de 1 millón 764 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo . Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la localidad de San Marcos con una inversión total de 2 millones 675 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero . Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la cabecera municipal con una inversión total de 1 millón 589 mil de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia de la Cámara de Diputados que resuelvan la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y que adiciona el capítulo V Bis al título décimo, libro segundo, del Código Penal Federal, presentada por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2011.

La Presidencia acordó formular excitativa a la Cámara de Diputados a fin de que presente el dictamen que corresponda.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, numeral 1, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, someto a esta honorable soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.

Simón Bolívar

Históricamente, México ha sido uno de los países con mayor desigualdad en el contexto internacional, medido a través del índice de Gini. Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada a escala mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos y uno cuando hay perfecta desigualdad (Cortés y Rubalcaba, 1982).

De acuerdo con el índice de Gini, México presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras economías latinoamericanas, pero mayor al de países industrializados como Canadá, España, Estados Unidos, e incluso mayor que otras economías en desarrollo, como Turquía.

Asimismo, si bien se han mostrado avances hacia una distribución del ingreso más equitativa entre 1992 y 2010, también es cierto que ha persistido una enorme desigualdad, aun considerando distintos indicadores, y según el Coneval de entre los indicadores de la pobreza en México, los cargos públicos son los puestos con mayor estabilidad y generador de capacidad de ingreso en nuestro país.

Luego, la actividad política es vista no como una vocación profesional sino como una oportunidad para subir de clase socioeconómica, generando incentivos perversos en su quehacer, pues los funcionarios lejos de tener aptitudes para el servicio público simplemente buscan la obtención de una fuente segura de ingresos.

Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, de ahí que sea indispensable impulsar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios.

Con esta inquietud el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa el 20 de febrero de 2002 presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos, en especial dotando de facultades para legislar al respecto al Congreso de la Unión.

Después d, un largo trámite se logró su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

Para dotar de vigencia a los preceptos constitucionales, el Senado de la República aprobó el 8 de noviembre de 2011 el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que fue turnada como minuta a la Cámara de Diputados, turnándose el día 10 de noviembre de 2011 a la otrora Comisión Legislativa de la Función Pública; lamentablemente no ha sido impulsada por aquella Cámara Revisora.

Es de vital importancia retomar la mencionada minuta pues establece los parámetros que definen la remuneración máxima, tomando de referencia el cargo de presidente de la República.

Otra de las bondades de la minuta es que se da una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios. Así como las reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Previene la equidad salarial ya que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las propias excepciones que la ley señala.

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores sin embargo es impostergable la aprobación de la legislación secundaría para que tenga validez y vigencia dichos preceptos.

A pesar de la relevancia de la normativa mencionada, la minuta enviada a la Cámara de Diputados a permanecido inmóvil y en momentos hasta olvidada.

Las comisiones del Congreso son el espacio procesal designado para la construcción del consenso y los acercamientos entre fuerzas políticas.

Hoy, en las comisiones se analiza, se investiga, se valora, se discute, se define, se consensa, se suscribe y se rediseña el futuro del país; por ello, en un contexto de gobernabilidad democrática las comisiones adquieren el peso y la relevancia que les corresponde. La comisión legislativa tiene la finalidad de poner a consideración los proyectos de ley presentados en el pleno y turnados por la Mesa Directiva para su análisis y discusión.

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso legislativo es el de dictaminación que deben llevar a cabo las comisiones ordinarias, a las cuales se turnan las minutas aprobadas por alguna de las Cámaras, pues si éstas no se pronuncian positiva o negativamente en cada caso, las propuestas quedan en un estado de incertidumbre o indecisión a lo que comúnmente se le ha dado en llamar “congeladora”, es decir quedan congeladas por no existir interés político o condiciones para ser resueltas.

Si bien es cierto que hoy día se presenta un cúmulo de iniciativas que se han venido rezagando de una Legislatura a otra, independientemente de la importancia que tengan o pudieran tener la sociedad. De tal manera, que el funcionamiento de la Comisiones del Congreso y concretamente en la Cámara de Diputados, hayan sido objeto de muchos comentarios negativos relacionados con su funcionamiento y productividad.

Las comisiones parlamentarias en –todos los sistemas– son órganos determinantes en el proceso legislativo y de control. Asimismo se observa que estos órganos tienen por objeto eficientar la labor de los Parlamentos, mediante el principio elemental de la organización social, que es la división del trabajo en grupos especializados y menos numerosos.

Pese a la importancia de eficientar el trabajo de las comisiones legislativas, resulta que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, no han abordado el tema en cuestión y mantienen “congelada” la minuta que regula los salarios máximos de los funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. En los términos de lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República y artículo 95 del Reglamento de Cámara de Diputados, se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que, en ejercicio de sus atribuciones, presenten el dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de octubre de 2013.

Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica)



Iniciativa de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2 a 4, 5-A y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 15 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 a 4, 5-A y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece un gravamen especial a la comida chatarra, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud implica la responsabilidad del Estado para desarrollar una serie de acciones impositivas que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada.

La obligación del Estado de cubrir a través del gasto público lo vinculado con la protección de la salud constituye una tarea esencial y rectora de toda discusión fiscal. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los ingresos públicos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental.

Una de las obligaciones más importantes del legislador es velar por la protección de los niños y las niñas y garantizar a través de las políticas públicas su acceso a la salud y a una vida sana. Sin embargo, igual que la pandemia de la desnutrición que asuela las regiones más pobres del país, la obesidad y el sobrepeso se ha convertido en otra amenaza para nuestra sociedad, afectando principalmente a nuestros hijos y la posibilidad de garantizar una vida saludable en su futuro.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición (1999), se encontró una alta prevalencia de sobrepeso en niños de 10-17 años de edad. Conforme a los criterios de evaluación internacionales propuestos por la International Obesity Task Force (IOTF), un total de 18.8 por ciento de niños y 22.3 de niñas tuvieron sobrepeso, así como 9.0 de niños y 8.2 de niñas presentaron obesidad. La prevalencia de sobrepeso para la población adolescente (12 a 19 años), en el sexo femenino fue de 23.3 por ciento, mientras que en el sexo masculino fue de 21.2. Esta prevalencia ha aumentado, sin importar el nivel socioeconómico, como se ha documentado en las encuestas nacionales de 1988, 1999 y 2006. Por ejemplo, en niñas en edad escolar (5 a 11 años), el sobrepeso aumentó 27 por ciento y la obesidad 47 en sólo 7 años (de 1999 a 2006), mientras que en mujeres adolescentes, en el mismo periodo, se observó un incremento de 7.8 para sobrepeso y 33.3 para obesidad.

Asimismo, la SEP también señaló que de 1988 a 2006 se observó un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años de 6.8 por ciento, usando el sistema de clasificación del IOTF. El aumento en sobrepeso entre 1988 y 2006, usando las nuevas normas de la OMS publicadas en 2006, es de 23 por ciento. La Academia Mexicana de Pediatría, AC, y la Academia Nacional de Medicina de México, AC, indican que casi 70 por ciento de los adultos mayores de 30 años y 26 por ciento de los niños en edad preescolar sufren de sobrepeso y obesidad, pero sobresale que la tasa de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años se mantuvo cerca de 16 por ciento entre 1998 y 2006.

La transición nutricional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la dieta, en la cual: aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto energético; aumenta la oferta de alimentos industrializados en general y disminuye la actividad física de la población.

Además del aumento en la densidad energética y del sodio en la dieta, el consumo de bebidas calóricas ha aumentado en los últimos años. México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año.

México supera ya en 40 por ciento a Estados Unidos en el consumo de refrescos por persona y nuestra población infantil ya rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadounidense. El consumo de bebidas carbonatadas en México es la principal fuente de calorías, cerca de una cuarta parte provienen de los refrescos. La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de los refrescos es una de las causas principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad. La falta de acceso a agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos ha sido el más efectivo mecanismo de promoción del consumo de bebidas altas en calorías. De acuerdo con el Banco Interamericano y del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, 37 por ciento de las escuelas primarias rurales en México no tiene agua potable y 44 por ciento no cuenta con baños.

En el contexto escolar los alumnos tienen acceso de alimentos y bebidas con valor nutrimental que no son acordes con sus requerimientos. La Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2008 señala que los alimentos y productos con mayor disponibilidad en las primarias son 81.2 por ciento dulces, 78.8 botanas industrializadas y 77.1 tortas y sándwiches. En secundaria, 87.9 por ciento son refrescos. De los alimentos que se comercializan al interior de las escuelas, 71 por ciento es de tipo industrializado, mientras que 29 por ciento son preparaciones de tipo artesanal. Asimismo, hay un uso excesivo de grasa en los alimentos preparados y 90 por ciento de las escuelas ofrece bebidas con alto contenido de azúcar.

Todos estos elementos favorecen el desarrollo de los problemas actuales de sobrepeso y obesidad. La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ha implicado modificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento.

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2012) encontró prevalencia de peso excesivo de 73 por ciento en mujeres y 69.4 en hombres adultos, 35.8 en adolescentes de sexo femenino, 34.1 en adolescentes varones y 32 en las niñas y 36.9 en niños en edad escolar.

De acuerdo con el libro Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, durante el lapso de 24 años estudiado, entre 1988 y 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes. Desde el primer periodo de encuestas la velocidad de aumento ha ido decreciendo, hasta llegar a la menor tasa de aumento, observada de 2006 a 2012. En suma, actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada tres niños de 5-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad).

La epidemia de la obesidad es una causa de múltiples enfermedades, por lo que su alta prevalencia incrementa la demanda que se genera sobre los ya de por sí saturados servicios de salud.

La obesidad tuvo un costo fiscal en salud alrededor de 67 mil millones de pesos en 2008 generados por las enfermedades crónicas no transmisibles atribuidas al exceso de peso, y de continuar con la tendencia para 2017 se proyecta un costo de 151 mil millones de pesos.

En los últimos 40 años, el país ha sufrido un cambio trascendental en su perfil epidemiológico de enfrentar de forma masiva los problemas de desnutrición y enfermedades infecciosas, hemos pasado a los problemas del “mundo moderno” donde las enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de problemas de nutrición, se han apoderado del cuadro de problemas de la salud de la población mexicana, entre las cuales se encuentran la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas altamente relacionadas con la dieta y costumbres del afectado.

En México ha sido posible documentar un rápido incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil, y efectos adversos. En un análisis sobre la carga de enfermedad en México, utilizando datos de 2004, 75 por ciento de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por enfermedades crónicas no transmisibles.

Las principales causas de mortalidad fueron diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular. Los principales factores de riesgo responsables de la mortalidad fueron el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la glucosa elevada explicaron 25.3 por ciento del total de las muertes en el país. Diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México dentro de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, pues 33.6 por ciento de la población infantil menor de 5 años padece de sobrepeso u obesidad, esta proporción se mantiene casi igual para los niños de entre 5 y 11 años de edad, pues alcanza 32.0 por ciento.

El sector salud e investigaciones especializadas han documentado y difundido ampliamente las consecuencias en la salud de las personas con obesidad y sobrepeso, pues contribuyen a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. El alto porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe entre otras cosas al consumo irracional y generalizado de productos, comida y bebida chatarra, que es sumamente alta en calorías y carbohidrato s negativos para salud.

Para el país, resulta impostergable arrancar una política efectiva de combate a la obesidad que explore distintas alternativas y opciones diversas para modificar la estructura de incentivos alrededor del consumo de alimentos y bebidas chatarra. Se requiere recuperar las experiencias exitosas en el resto del mundo.

Sin embargo, no podemos postergar más la toma de decisiones en este sentido, por lo que se propone incrementar la carga impositiva de estos productos.

Aunque las causas son multifactoriales como pueden ser i) la transición nutricional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la dieta, en la cual aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; ii) se presenta un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; iii) disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; iv) aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto energético; v) se incrementa el poder adquisitivo de la población; vi) crece la oferta de alimentos industrializados en general; y vii) disminuye la actividad física de la población.

Hay tres antecedentes para fundamentar la propuesta que hoy se presenta ante el pleno de la Cámara de Senadores:

a) Decreto presidencial del 23 de agosto de 2010 por el que establece un acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, el pasado Lunes. Los lineamientos generó amplias expectativas en cuanto a un efectivo control de alimentos chatarra en los espacios públicos donde estudian los niños y los adolescentes, sin embargo, las expectativas se han visto seriamente defraudadas porque los lineamientos son de una obligatoriedad relativa, dado que los alimentos prohibidos serán definidos por los comités escolares y porque cada vez en mayor medida se incluyen nuevos productos chatarra a la lista de alimentos recomendados en la sección de anexos del acuerdo presidencial.

b) Prohibición constitucional de comida chatarra, diciembre de 2012. El Congreso de la Unión, en la última reforma constitucional en materia de calidad educativa, aprobó prohibir la comida que no favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir las normas oficiales de la Secretaría de Salud. Esta disposición significa que por mandato constitucional prohibir la comida chatarra en las escuelas.

c) Reforma fiscal de 2014, que establece un IEPS de 1 peso a bebidas azucaradas, 8 de septiembre de 2013. El pasado 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal propuso el establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. Se considera que la propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 12 mil 455 mdp (0.07 por ciento del PIB).

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo de establecer en la reforma fiscal una cuota de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo azúcares añadidas, es una propuesta que avanza dentro de las políticas más progresistas a nivel internacional en materia fiscal en el combate de la obesidad.

Por otro lado, el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público,1 con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e. importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto del hecho de que pretenda desincentivarse el consumo de la comida chatarra, lo que se logra mediante la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí.

Los antecedentes presentados permiten al legislador razonar y que establecer un gravamen a una bebida de alto contenido de azúcar y poco valor nutricional, perfectamente se justifica un impuesto al “resto de los alimentos” con alto contenido de carbohidrato s, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados “comida chatarra”.

La presente iniciativa de ley establece:

• Un impuesto especial ad valórem de 8 por ciento sobre el precio de venta al público de alimentos chatarra.

• La Secretaría de Salud está facultada para establecer aquellos alimentos de alto contenido de carbohidrato s, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados comida chatarra, por los cuales por su composición reiterada y sin consciencia del consumidor contribuyen a fomentar el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras enfermedades que afecten y encarecen los sistemas de salud pública.

La propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 20 mil millones de pesos (mdp), que representan 0.10 por ciento del PIB, 3.81 del aumento en la recaudación esperada de 523 mil 593 mdp y 0.44 de la recaudación 4 479 954.2 mdp. Esta recaudación potencial ayudaría a disminuir el subsidio implícito que el Estado mexicano otorga a las empresas productoras de productos chatarra, debido a que, el sistema de salud gasta en atender las enfermedades asociadas a las externalidades negativas producidas por estas empresas y comercializadoras, y junto con una política pública de combate a la obesidad, permitirá reducir la demanda de comida chatarra y mejorar la producción y acceso a comida más saludable.

Sin embargo, para el legislador, esta propuesta fiscal debe estar acompañada de una política pública que garantice el derecho de los niños y las niñas a una vida saludable, a mejorar la educación y la prevención de la obesidad como una política de Estado, una oportunidad de diálogo con el sector privado y padres de familia que garantice en todo momento el acceso y dotación de agua potable en lugares públicos, una correcta alimentación y deporte que de manera integral vele por el interés superior del niño.

El Senado de la República está con condiciones de proponer una ley reglamentaria que prohíba la venta de alimentos en las escuelas, pero que también establezca las bases de cooperación con el sector privado para acelerar la transición hacia productos más saludables. Por ello, en próximos días, ante la necesidad de establecer una política pública en esta materia, se propondrá a esta soberanía una iniciativa de ley para prevención y combate de la obesidad infantil.

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal la iniciativa con proyecto de decreto para gravar la comida chatarra en México, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción l, inciso G), fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, primer y tercer párrafo, VIII primer párrafo, X, XI Y XIII; se adiciona el artículo 2o., fracción l, inciso l); artículo 3, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

Incisos A) a F) ...

G. Alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos, azucares, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional........................ 8 por ciento

II. ...

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Incisos B) a C)

Artículo 3. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Alimentos y bebidas con alto contenido de proteínas de origen animal, aditivos como conservantes, colorantes y potenciadores del sabor, abundante cantidad de azucares simples, grasas saturadas, colesterol y sodio, y bajo o nulo de fibras y vitaminas o elevado aporte calórico por in gesta, denominados comida chatarra.

La Secretaría de Salud clasificará los alimentos que excedan de las siguientes cantidades de azúcares, grasas saturadas, ácidos grasos trans (AGT) y sal, con base en los siguientes criterios:

I. Cantidad total de azúcares: <5,0 g/100 g de alimento sólido o <2,5 g/100 ml de bebida;

II. Grasas saturadas: <1,5 g/100 g de alimento sólido o >0,75 g/100 ml de bebida;

III. Ácidos grasos trans: 0,09/100 g de alimento sólido o 100 ml de bebida;

IV. Sal <300 mg/l00 g de alimento sólido o 100 ml de bebida.

Artículo 4. ...

...

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los inciso s A), F)y G), de la fracción 1 del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) y G) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada ley.

...

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) y G) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

...

I. a V. ...

...

...

...

...

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatario s o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

...

Artículo 19. ...

...

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

...

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los inciso s A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

III. a VII. ...

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) , de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

...

...

IX. ...

X. Los fabricantes, productores o. envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incrista1izab1es, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes y alimentos con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

...

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los inciso s A), B), C), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

XII. ...

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaría, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

...

XIV. a XXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud publicará en un plazo no mayor de 30 días naturales a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente disposición y conforme a lo establecido en la reforma constitucional en materia de calidad educativa, la clasificación de alimentos de bajo contenido proteínico y alto contenido de azúcar, sales y grasas.

Tercero. Los alimentos que componen a la canasta básica están exentos de la presente disposición.

Cuarto. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles para establecer un ley reglamentaria que siente las bases generales de una política pública de prevención y combate a la obesidad infantil, que garantice el dialogo con el sector social y privado a fin de garantizar el acceso de agua potable en las escuelas y de alimentos sanos en los niveles preescolar, escolar, media superior y superior.

Quinto. El Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación fortalecerá las políticas públicas de prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas asociadas al sobrepeso y a la obesidad, así como un programa especial para garantizar el acceso de alimentos sanos a niños y niñas con sobrepeso y desnutrición.

Nota

1 De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas: “Contribuciones. Fines extra fiscales. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos. Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados par el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto. “De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza.

Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones. En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de alimentos chatarra, por tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian a éste.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Senadores: Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 16 de octubre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Hago de su conocimiento que se recibió de los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

El Presidente de la Mesa Directiva, acordó asignar turno directo de la referida iniciativa a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 163.2 y 176 del Reglamento del Senado.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernandez y Daniel Ávila Ruiz, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

Exposición de Motivos

En reconocimiento a la necesidad imperante de todos los países del mundo, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y de los que nos encontramos en vías de desarrollo, por erradicar la pobreza como prioridad en las decisiones de política pública de los gobiernos, además de la estrecha relación que tienen con el uso racional de los recursos naturales, con la capacidad de las sociedades para mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo, se habla de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible.

Mantendrán los recursos naturales, resalta al menos dos temas. Primero, que no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía verde si los patrones de consumo y producción no garantizan la mejora en el ambiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los beneficios sociales estén presentes en corto, mediano y largo plazo.

Bajo estas premisas entonces, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la depresión ecológica. Se convierte en una herramienta fundamental para transitar a un desarrollo económico de baja huella de carbono así como un mecanismo que utiliza los recursos de forma eficiente siendo además es socialmente incluyente.

Es de suma importancia remarcar que el concepto de “economía verde”, creado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el año 2008, ante la crisis económica mundial, no sustituye al de “desarrollo sostenible”, sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo. El camino concreto no es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas específicas de cada uno.

La falsa creencia de que los recursos naturales no tienen límites es la falta de reconocimiento de que la sociedad dispones de bienes y servicios naturales para promover su bienestar (como agua de ríos, lagos y el subsuelo, beneficios de los ecosistemas agrícolas que resultan en la producción de alimentos, aire limpio; y una infinidad más) pero que no retribuye a la naturaleza, ni la provee de los medios y tiempos necesarios para recuperar o regenerar eso que tomó.

Para corregir esta práctica errónea y las consecuencias que ha provocado, es necesario comprender la importancia de los bienes y servicios que provee la naturaleza, y el hecho de que muchos de esos bienes y servicios entran en una dinámica de mercado que no ha incorporado el costo ni el beneficio que tienen para la sociedad el asegurar que la naturaleza pueda seguir proporcionando dichos bienes y servicios.

Reconociendo que los países tienen una gama muy variada de condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales, resulta evidente que no es posible aplicar un mismo conjunto de estrategias para lograr transformar una economía hacia una más respetuosa con el medio ambiente, baja en emisiones de carbono e incluyente socialmente hablando. Es labor de los gobiernos establecer las condiciones que consideren necesarias que permitan a su país asegurar en el corto, mediano y largo plazos, la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la conservación de la naturaleza.

Igualmente, es responsabilidad de los estados definir, aplicar, promover y coordinar las acciones necesarias dentro del contexto específico de su país, para llevarlo hacia un desarrollo sostenible en el plazo más corto posible.

La transición a una economía verde no es un obstáculo para el desarrollo y la industrialización, generando condiciones que los puedan atrasar. Por el contrario, una economía verde está destinada a promover la industrialización basada en la eficiencia de recursos, asegurando un acceso fiable, local y asequible a la energía y la tecnología, así como mejorar la .eficiencia en el uso de los recursos que podría mejorar la competitividad.

Aunque el concepto de economía verde aún no ha sido adoptado al cien por ciento en sus políticas públicas, México es uno de los países más avanzados en la materia, aseguran expertos1 . “El gobierno ha hecho muy bien la tarea de poner en la mesa el tema y de llevarlo a todos los foros internacionales en los que participa y también de generar marcos regulatorios y políticas públicas”. “Por otro lado, las empresas ya han aterrizado esfuerzos muy significativos y han sido una especie de motor de las iniciativas en la materia, eso ha hecho que México esté muy adelantado en el tema, incluso más que naciones desarrolladas y otros países emergentes”. La vinculación que se ha dado entre el sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales ha sido fundamental en este proceso.

En función de lo anterior, es que México ha promulgado en los últimos años diversos ordenamientos legales que precisan el cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entre muchas otras leyes aplicables a todos los sectores de producción nacional de manufacturas. Adicionalmente, se han implementado diversos Acuerdos Internacionales como el de Basilea (eliminación de bifenilos policlorados), Estocolmo (eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados), Montreal (eliminación de los clorofluorocarbonos) y el Protocolo de Kioto (emisiones a la atmósfera), logrando los objetivos a través de la emisión y cumplimiento de normas oficiales mexicanas que se derivan de estos compromisos internacionales asumidos. Ejemplo de esto es que el país ha logrado que en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el promedio mundial de 4.7 ton C02/per cápita sea 27 por ciento superior al promedio mexicano de 3.7 ton C02/per cápita2 . Hay países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Australia que emiten de 4 a 5 veces más C02/per cápita al año. México está por debajo de la meta a la que muchos países desarrollados aspiran para el año 20503 .

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto, por ser México un país en vías de desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones de bióxido de carbono y sin embargo contamos hoy con una Ley General de Cambio Climático y una propuesta de impuestos verdes al consumo de todos los combustibles fósiles convirtiéndonos en punta de lanza respecto del resto de los países de mundo. Lo anterior ha tenido un costo para el país, por ejemplo, el esfuerzo realizado por la industria ante una política energética basada en el uso del gas natural representa hoy la importación del 30 por ciento del volumen de consumo nacional con pérdida de divisas por mil 216 millones de dólares en 20124 así como, paros productivos en la industria nacional ante la falta de un abasto de gas natural, derivado del incremento de la demanda del mismo, siendo esta cifra muy cercana al monto que se estima recaudar como resultado de la propuesta de creación del impuesto verde, aún y cuando México es un país que aporta únicamente el 1.6 por ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial5 . Adicionalmente la falta de infraestructura para la distribución del gas natural ha afectado la competitividad e incrementado las emisiones atmosféricas, por la ineficiente distribución vía terrestre, tal es el caso que solo en el estado de Texas en los Estados Unidos existe una red de distribución de 600 mil kilómetros, cuando en nuestro país es de aproximadamente 9 mil kilómetros. La creación de infraestructura para incrementar políticas de eficiencia energética es fundamental aportando desarrollo económico y generación de empleos.

Es indispensable mencionar que las disposiciones medioambientales nacionales no exigen su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano. Estamos permitiendo el daño a la salud del planeta e imponiendo obligaciones a nuestro sector industrial, pero dejando de lado aquellos países que generan la mayor cantidad de emisiones de carbono o que no se han sumado a compromisos internacionales en materia ambiental.

Al momento, México ha firmado doce tratados de libre comercio con 44 países, aunque la mayor presencia tanto en importaciones como en exportaciones la mantiene con los Estados Unidos de América. La política comercial mexicana combina la apertura unilateral con acuerdos comerciales preferenciales con socios estratégicos.

México ha tenido grandes beneficios con el comercio exterior, pues ha incidido en prácticamente todas las actividades económicas, en la disponibilidad de bienes y servicios para productores y consumidores, en la variedad y calidad de las mercancías, y por supuesto, en los precios de los productos. También tiene una importante influencia en el empleo, los salarios, la inversión, la productividad y la transferencia tecnológica. Una virtud adicional del comercio exterior es que nos obliga a ser más competitivos y a innovar permanentemente para estar a la vanguardia. Sin embargo, la participación de nuestro país en el comercio mundial se ha visto afectado por condiciones de poca equidad en el tratamiento que reciben nuestros exportadores con respecto a los importadores.

La orientación al comercio exterior fue seguida también por la mayoría de las naciones, destacando China quien en noviembre del 2001 fue aceptada como miembro por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y solamente 11 años después, en 2012, exportó a EUA 425.6 mil millones de dólares.

China, junto con Brasil, Rusia e India, conforman el llamado BRIC, que son naciones que han tenido un crecimiento notable en su economía y en su nivel competitivo en el comercio internacional. Han intensificado sus exportaciones, a través de instrumentos legales que favorecen las condiciones para el crecimiento, lo que ha provocado el fortalecimiento de sus industrias nacionales.

México venía exportando principalmente manufacturas (75 por ciento), seguidas por combustibles y productos de la minería (17 por ciento) y productos agropecuarios (6 por ciento). Estados Unidos continúa siendo el principal interlocutor comercial de México, ya que absorbe alrededor de 80 por ciento de sus exportaciones. Otros socios comerciales relevantes son la Unión Europea (5 por ciento), Canadá (4 por ciento), Japón (2 por ciento), China (1 por ciento) y Brasil (1 por ciento).

Sin embargo, las condiciones económicas mundiales han venido cambiando de manera relevante en los últimos años, y las políticas de exportación de países desarrollados y en vías de desarrollo, como los BRIC, han creado condiciones de competencia inequitativa, llevando a México a convertirse en país exportador de materias primas e importador de manufacturas, situación que ha deteriorado la participación de la producción industrial en el producto interno bruto (PIB), pasando de 20 por ciento en el 2000 a 17.8 por ciento en 2012, mermando así, la capacidad de generar empleos.

En los países desarrollados la participación de la industria como porcentaje del PIB es de 24 por ciento en Japón, 27 por ciento en Brasil, 28 por ciento en Alemania, 37 por ciento en Rusia y 47 por ciento en China. Cifras muy superiores a las nuestras y a las que debemos aspirar. La presente iniciativa tiene la convicción de que el libre comercio y la competencia son buenos para la economía mexicana, al alentar su productividad y vocación exportadora. México debe mantener e incrementar su presencia en los mercados internacionales y también permitir la competencia en el mercado nacional.

El desarrollo industrial es de trascendente importancia en la solución de los grandes problemas nacionales y bajo una visión sustentable es mayormente trascendente; unos de los principales problemas para México, es la generación de empleo y son precisamente las industrias, las que según datos de la Secretaría de Economía, aportan 7 de cada 10; es también en la industria donde se pagan los más altos salarios a trabajadores; se dan los empleos con mayor permanencia, dando el mayor porcentaje de pensionados; se asimila y genera tecnología, aspecto esencial para la mejora en competitividad y la transición hacia una economía verde; se da valor agregado a los recursos naturales y es base del crecimiento del consumo nacional interno. México es un país que necesita crecer a tasas del 6 por ciento para lograr la generación de empleos que se requieren así como para mejorar sus indicadores nacionales de prosperidad para sus habitantes.

Muy a pesar de los atributos y cualidades de la industria nacional, de las cuales la sociedad mexicana es la receptora de los beneficios generados, los productores nacionales deben enfrentar el desafío de las importaciones con elementos como la calidad de sus productos, sus avances en mejoramiento del desempeño ambiental tanto desde el punto de vista de producción como de consumo de productos con cualidades ambientales que indiquen una disminución en la huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida; pero también es preciso señalar que deben tener la garantía de que se desenvolverán en un mercado con reglas justas.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha emitido una propuesta de Reforma Hacendaria que incluye la implementación de Bonos de Carbón, a través del impuesto a ,la enajenación de ,los combustibles fósiles. Establecer impuestos verdes es de suma importancia para el bienestar de las sociedades, sin embargo es preciso reconocer el gran esfuerzo de nuestra industria para convertir a México en punta de lanza en el cuidado del ambiente.

Para lograr lo anterior, la presente Iniciativa propone incluir a nivel de Ley medidas que permitan una competencia equitativa entre los productos nacionales y los importados. Así, proponemos el establecimiento de una arancel verde a las importaciones, que representa una opción recaudatoria de ingresos para el Gobierno y que puedan estar direccionados a resolver los grandes rezagos de sustentabilidad en las poblaciones más vulnerables o marginadas del país; que permita destinar recursos a los gobiernos locales para realizar acciones de remediación de selvas y bosques, apoyo a la silvicultura; en general al fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que finalmente se traducirá en bienestar social como lo solicita la reciente reforma al artículo 40 Constitucional en materia de derechos humanos. Se estima que este arancel verde puede lograr que se alcancen niveles recaudatorios equiparables al impuesto verde por el consumo de los combustibles, dependiendo de las ramas del sector industrial que se atiendan en materia de competitividad tanto ambiental como económica.

México indudablemente ha puesto a trabajar a su industria en materia ambiental, la creación de todo un marco regulatorio, no ha sido en vano, por lo que como principio de equidad, las importaciones con México que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, deben ser gravados con el arancel verde, diferente a las importaciones que si cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que para el caso expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La presente iniciativa considera que la Semarnat debe de actuar en coordinación con la Secretaría de Economía para atender las solicitudes de la industria sobre las normas que deberán de ser integradas al acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Identificado normalmente como Acuerdo de Normas), emitido por esta última dependencia y requeridas para propiciar la equidad de las importaciones. Dichas normas podrán referirse a las especificaciones que deberán de cumplir tanto los productos como los procesos de transformación.

Como bien se sabe, la normas son un elemento importante para rediseñar los mecanismos que garanticen la equidad en el intercambio comercial internacional, tanto las voluntarias (NMX) como obligatorias (NOM), mismas que al aplicarse garantizan la competencia en igualdad de circunstancias, incluyendo temas de calidad del producto y cuidado al medio ambiente.

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras competentes, aplicables tantos a los productos nacionales que se comercializan en el país como los de procedencia extranjera.

Las NOM, las NMX así como otras medidas de diferente índole permiten impulsar el desarrollo de la economía nacional y consecuentemente la generación de empleos así como alentar un comercio exterior más equitativo, fomentar la protección del medio ambiente y promover que la competencia en el comercio internacional sea con los mismos estímulos y restricciones para todos.

Aun cuando al día de hoy, la legislación comercial en México especifica en su Ley Federal de Metrología y Normalización (Artículo 53) que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma, es importante destacar que para dar cabal cumplimiento a dicho artículo debe iniciarse un procedimiento de modificación a leyes que propicien el principio de equidad, que además dentro del esquema de desarrollo económico sustentable, se identifica un área de oportunidad para obtener recursos bajo un principio de fomento y promoción al cuidado de los recursos naturales y del capital natural que cada país debe salvaguardar.

La norma una vez incluida en el acuerdo de normas, representa el instrumento a través de cual se establecen los requisitos ambientales a cumplir por los productos que pretenden ingresarse al país.

Con fundamento en los elementos hasta ahora expuestos, se realizó un análisis respecto de los aranceles promedio vigentes a las importaciones, relativo a los diferentes sectores industriales, encontrando la siguiente relación6 :

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los alimentos se consideran estratégicos para la seguridad alimentaria de nuestra población, asimismo debe ser de carácter estratégico el establecimiento de aranceles a las importaciones como medio de compensación a las externalidades ambientales derivadas del consumo nacional no generadas en México.

Estos aranceles, deben de compensar aquellos costos asociados al cuidado ambiental y legislación a la’ que están sujetas las ramas industriales naciona1es; que han invertido en modernización, son eficiente, competitivas, dan valor agregado a los recursos naturales y/o participan de forma importante en la cadena de valor generando crecimiento económico, empleos, impuestos y evitando la pérdida de divisas.

Respecto de los aranceles contenidos por sector en la tabla inmediata anterior, se deduce también que hay sectores industriales muy vulnerables a las importaciones de productos similares a los suyos. Revisando cada uno de ellos y sin dejar de comentar que la presente iniciativa pretende que en un futuro cercano todos estos sectores vulnerables muestren su nivel de desempeño ambiental frente a sus similares extranjeros a efecto de ser considerados para la inclusión de un arancel verde, consideramos que el sector fundición, hierro, acero y manufacturas, resulta muy relevante del acuerdo con los siguientes aspectos:

1. El nivel de industrialización de un país se mide por el nivel de producción de acero. El consumo de acero en Kilogramos por habitante es de 180, siendo México de los más bajos a nivel mundial y debiendo alcanzar niveles de 400 Kg per cápita en el 2030 como se encuentran los países desarrollados.

2. La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica se refleja en una participación promedio del 2.4 por ciento respecto del PIS Nacional, con un comportamiento cíclico directamente proporcional al crecimiento de este indicador. Por otro lado, la siderurgia contribuye con 7.7 por ciento del PIS Industrial.

3. Por lo que se refiere a la Industria Manufacturera, en ocho años el PIS siderúrgico creció nueve puntos porcentuales del PIS manufacturero, para representar en 2008 un 17.6 por ciento de ese indicador. Situación que cambió radicalmente a partir de la crisis del 2008-2009, hasta ubicarse en 2012 en 15.2 por ciento con una recuperación cíclica que va en promedio de 0.4 por ciento de crecimiento anual post-crisis. El consumo de acero se encuentra en desaceleración al contrario de la tendencia de las importaciones por ejemplo de China que continúan creciendo.

4. Estimación de evasión fiscal. Durante el periodo enero-agosto de 2013 se importaron (definitiva y temporalmente) 42 mil toneladas de productos de acero en un 30 por ciento por debajo del precio de alerta (hasta septiembre 2013), lo cual representa un valor total posiblemente no declarado 11 millones de dólares, estimando así una evasión de IV A e IGI de 27 millones de pesos contra el fisco, a lo cual se debe sumar el no pago de las cuotas compensatorias7 .

5. El precio del acero ha tenido una caída del 30 por ciento en el precio en los últimos dos años, esta disminución no se ha visto reflejada en los precios de las manufacturas como carros y electrodomésticos. El acero solo afecta al 1.6 por ciento de la canasta básica.

6. Es un sector estratégico a nivel nacional, básicamente por ser el pilar del desarrollo económico nacional y regional y el inicio de múltiples cadenas productivas.

7. Canacero estima que la industria metálica básica y de productos metálicos genera más de 120 mil empleos directos y 600 mil indirectos, que son empleos bien remunerados, muy por encima de la media manufacturera de salarios promedio mensuales.

8. La industria siderúrgica tiene presencia prácticamente en todo el país y en 11 estados de la República se produce acero líquido, destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz cuya producción combinada representa 80.5 por ciento del total nacional.

9. El acero ha tenido avances tecnológicos importantes como es la invención de tecnología propia Como el proceso HYL patentado en México y que entre otros factores, permite reducir las emisiones lo cual comparado con el resto del mundo:

10. La industria siderúrgica mexicana ha invertido más de 12 mil millones de dólares en modernización y cumplimiento de los estándares ambientales, reduciendo en un 22 por ciento el consumo de energía por tonelada producida.

11. La Siderurgia emite solo el 3 por ciento del bióxido de carbono del país. Las emisiones promedio por tonelada producida a nivel mundial son 39 por ciento mayores que el promedio nacional.

12. Los procesos siderúrgicos optimizan su consumo energético a través de procesos de reciclado de chatarra. El acero es el material más reciclado del planeta, con una tasa promedio de reciclaje de un 34 por ciento, según las estadísticas del 1151 (lnternational Iron and Steel Institute). No sólo sus productos se reciclan, sino que también los residuos sólidos se procesan para poder recuperar otros metales como el zinc. Además, millones de toneladas de hierro y de acero son retiradas del flujo de residuos, debido a las características magnéticas del acero, haciendo más fácil su separación.

13. Cifras de la Canacero, señalan que el 37 por ciento de la producción nacional de acero se realiza a través del reciclaje de chatarra, monto superior al promedio mundial (26.7 por ciento), lo que reduce el consumo de materias primas y energía. Por cada tonelada de acero usado reciclado, se ahorra una tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón que se emplea para hacer el coque siderúrgico, que es el combustible utilizado en la fabricación de este metal, el consumo de energía disminuye en un 70 por ciento y el uso del agua, otro recurso natural se reduce en un 40 por ciento.

14. Cabe señalar que más del 90 por ciento de las emisiones totales de la industria, siderúrgica mundial son generadas por los siguientes países: Brasil, China, UE, India, Japón, Corea; Rusia, Ucrania y Estados Unidos. De los cuales, Estados Unidos, Japón, Corea y China están entre los 7 principales exportadores de acero a México.

15. De igual forma, los países del Acuerdo Asia Pacífico (APP: Australia, Canadá, China, India, Japón, Corea y Estados Unidos) generan más del 50 por ciento de las emisiones totales de la industria siderúrgica en el Mundo, de sus países integrantes Canadá, China, Japón, Corea y Estados Unidos están entre los 7 principales exportadores a México.

Fundamentado en las anteriores premisas, se agrega una propuesta que reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a efecto de imponer un Arancel Verde de 13 por ciento a las importaciones de los productos contenidos en los capítulos 72 y 73 del artículo 1 de la misma. Este Arancel Verde aplicado únicamente a este sector, generaría recursos por 20 mil millones de pesos aproximadamente y será referente para iniciar con un proceso de erradicación de la inequidad de varios productos mexicanos que hoy en día compiten con importaciones de baja calidad y alta huella ecológica, por supuesto; independientemente de aquellos países con los que tenemos suscritos Tratados de Libre Comercio.

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13 por ciento a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

I. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones atmósferas durante los procesos de manufactura,

II. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrita un TLC con México.

III. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con 19s tres numerales, se pague impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de C02 por tonelada de acero producida sea igualo menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

Esto permitirá a México contribuir a la responsabilidad que cada uno de los países en el mundo debe de asumir frente a estos temas ambientales internacionales tan relevantes.

Para cuantificar el Arancel Verde del 13 por ciento, se utilizó el precio del bono de carbono en el mercado internacional, utilizado también en la propuesta de impuestos a los combustibles en México de la Reforma Hacendaria equivalente 3.06 U$rron C02. El Anexo técnico de la presente Iniciativa, ilustra el cálculo a través del cual se determinó el arancel verde para las .importaciones a los productos de acero.

Es necesario insistir, que el sector siderúrgico se utiliza como primer ejemplo en materia de impuesto verde por su compromiso ambiental, reducción de emisiones frente a sus similares internacionales ya que el promedio internacional de emisiones es 40 por ciento mayor que el promedio mexicano, lo que por sí mismo provoca una importante vulnerabilidad frente al comercio internacional; por lo anterior, entraremos al estudio y revisión de otros sectores para considerar la posibilidad de imponer su propio impuesto verde bajo las circunstancias específicas de sus competidores en el exterior.

Adicionalmente, la presente iniciativa propone reformar los artículos 52 y 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización para que las importaciones cumplan con las NOM o normas mexicanas que correspondan; además, cuando no exista NOM, requerir que cumplan con las normas mexicanas o internacionales a las que están sujetos los productores nacionales.

Por otra parte, la presente propuesta modifica la fracción V del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior con el objeto de otorgar atribuciones a la Secretaría de Economía para establecer avisos automáticos. Se trata de atribuciones que estando reguladas en la Ley darán seguridad jurídica y garantizarán su permanencia.

Además, propone adicionar a la Ley de Comercio Exterior dos artículos, el 22 BIS Y 22 Bis 1. El primer artículo prevé la definición de aviso automático como instrumento de derecho público para fines de registro de las operaciones de comercio exterior; el segundo párrafo de este numeral dispone que no se pueda realizar trámite de importación y exportación sin el cumplimiento de este requisito; y el tercer párrafo refiere a la información que deberán contener los avisos automáticos, con el objeto de dar seguridad jurídica al particular interesado.

Por su parte, el artículo 22 Bis 1 regula las causales de cancelación de los avisos automáticos y de los permisos, ya que en la práctica comercial mexicana se ha podido constatar la realización recurrente y frecuente de conductas que constituyen fraudes como la indebida clasificación arancelaria de las mercancías, la evasión fiscal, subvaluación y la triangulación del origen, entre otras, que afectan el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, por lo que es necesario que la Secretaría de Economía efectúe una revisión permanente y sistemática que con efectividad se aplican se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehacinet de la estadística comercial relativa a mercancías de los sectores más sensibles y estratégicos.

Para ello, se considera que la revisión estadística se administre a través de un aviso automático de importación y que opere de manera transparente y ágil, según lo establece el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la Organización Mundial del Comercio (GATT de 1994), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

Mediante la modificación al artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehaciente el origen y procedencia de las mercancías que no deben pagar cuotas compensatorias y al mismo tiempo evitar que se ‘evada su puntual cumplimiento, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México. Esto, sin menoscabo de que las autoridades puedan fiscalizar si las mercancías califican para ser declaradas como originarias del país mencionado.

Asimismo, se adiciona una fracción XIII al artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior para garantizar el derecho a presentar el recurso de revocación ante la cancelación de permisos previos y avisos automáticos.

En congruencia con lo anterior, se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la Ley Aduanera para definir qué se entiende por aviso automático; además, se propone modificar la fracción 11 del artículo 44 de la misma Ley, para que la autoridad aduanera se cerciore del cumplimiento de los avisos automáticos, permisos de importación y certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, para hacer efectivas las modificaciones sustantivas que se proponen a la Ley de Comercio Exterior. Esta medida probablemente tenga su mayor impacto con los países que no se tiene un Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, la presente iniciativa propone reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Cambio Climático y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para precisar que los productos a importarse deberán de cumplir la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación; adicionalmente, se complementa esta propuesta otorgando las facultades necesarias para su ejercicio a la Semarnat y su coordinación indispensable con Secretaría de Economía para desarrollar la gestión o proceso de inclusión en el Acuerdo de Normas de ésta última dependencia. Ambas dependencias deberán de emitir un procedimiento a través del cual reciba y procese las solicitudes de la industria, respecto de las normas que deberán de integrarse al Acuerdo de Normas que propicien la equidad en las importaciones.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los ordenamientos que se propone a esta Cámara, modificar para dar cauce a esta iniciativa:

1. Ley Federal de Metrología y Normalzación

2. Ley de Comercio Exterior

3. Ley Aduanera

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

5. Ley General de Cambio Climático

6. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

El objetivo es beneficiar a los ecosistemas, los recursos naturales y a la industria que haya cumplido con los estándares nacionales e internacionales de cuidado al ambiente.

Por lo antes expuesto, se proponen las siguientes:

Iniciativas

Primero. Se reforman, el artículo 52 primer párrafo; y, el artículo 53 tercer párrafo, ambos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas cuando aplique.

Articulo 53.

...

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse cumplan con las normas mexicanas o internacionales que les apliquen a los productores nacionales.

Cuando en otro país requieran el cumplimiento de normas o estándares a los productos mexicanos, las autoridades nacionales solicitarán el cumplimiento de esos mismos estándares a los productos a importarse, a través de normas oficiales mexicanas.

Segundo. Se reforman, la fracción V del artículo 5; y el primer párrafo del artículo 66. Además, se adicionan, los artículos 22 Bis y 22 Bis 1, en la sección segunda del capítulo II; un segundo párrafo al artículo 66; y una fracción XIII al artículo 94, todos de la Ley de Comercio Exterior, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50. Son facultades de la Secretaría:

I. a IV. ...

V. Otorgar permisos previos y establecer avisos automáticos y asignar cupos de exportación e importación;

Capítulo II

Sección segunda
Permisos previos, avisos automáticos, cupos y marcado de país de origen

22 Bis. Se entiende por avisos automáticos la constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Sin este requisito no se podrán realizar operaciones de comercio exterior o cuando se actualice lo previsto en el artículo 22 Bis 1.

Los avisos automáticos podrán contener información relativa a la fabricación, producción, procesamiento, uso y calidad de los productos de que se trate, que mediante certificaciones expidan las personas físicas o morales acreditadas para ello, conforme lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones reglamentarias aplicables.

22 Bis 1. La Secretaría podrá cancelar los permisos y avisos automáticos de importación o de exportación en los siguientes supuestos:

I. Cuando el particular, con motivo del trámite del permiso previo o aviso automático, presente ante la Secretaría documentos o datos falsos, diferentes a los reales o no reconocidos por su emisor;

II. Cuando el particular no presente ante la Secretaría la información o documentación requerida relacionada con el trámite del permiso previo o aviso automático otorgados;

III. Cuando se destine la mercancía objeto del permiso o aviso automático a un uso o fin distinto de aquél para el cual se otorgó el permiso previo o aviso automático de importación o de exportación;

IV. Cuando la Secretaría identifique que las condiciones de la planta o instalaciones del beneficiario del permiso previo o aviso automático no son las que motivaron su otorgamiento;

V. Cuando el particular no cumpla con los requisitos de las normas aplicables que requiere la mercancía objeto del permiso previo o aviso automático; y

VI. Cuando la Secretaría identifique que en el domicilio de la planta o instalaciones del beneficiario éste no sea localizado.

En caso de proceder la cancelación de los permisos previos y avisos automáticos, la Secretaría informará por medios electrónicos de esta circunstancia a las autoridades aduaneras y a los particulares por los medios oficiales que considere adecuados.

Artículo 66.­

Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban de manera fehaciente que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria, mediante un certificado de país de origen y/o los documentos comerciales que así lo acrediten.

Para los efectos de este artículo la prueba fehaciente del origen o procedencia de la mercancía se hará mediante la exhibición de certificados especiales ante la aduana del despacho que corresponda y conforme a los requisitos previstos en Reglamento o mediante reglas generales, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México.

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

I-XII...

XIII. Que cancelen los permisos previos y avisos automáticos de importación o de exportación a que se refiere el arto 22 Bis 1.

Tercero. Se adiciona la fracción XIII del artículo 2; y se reforma la fracción II del artículo 144 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se considera:

XIII. Aviso automático, constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Articulo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

I.

II. Comprobar que en la importación y exportación de mercancías, la verificación de la exactitud de los datos contenidos en los avisos automáticos, permisos previos, certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta ley.

Cuarto. Se adicionan, una fracción XXII, una fracción XXIII y se recorre la actual fracción XXII a la fracción XXIV del artículo 5; y una fracción XVIII al artículo 15; y se agregan los transitorios correspondientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

...

XXII. Regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIII. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el acuerdo de normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXIV. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

I. ...

XVIII. Asegurar que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación se cumplan en las transacciones derivadas del comercio internacional.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas. y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como desarrollar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Quinto. Se adiciona la fracción XXVIII, la fracción XXIX y se recorre la actual fracción XXVIII a la fracción XXX, del artículo 7, así como se agregan los transitorios correspondientes, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIX. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXX. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Sexto. Se reforma la fracción XIII y XIV del artículo 7, y se agregan los artículos transitorios correspondientes, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

XIII. Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley así como regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

Transitorios

XIV. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a. unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales. Así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Séptimo. Se modifican los capítulos 72 y 73 del artículo I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, relativos a la fundición hierro y acero, a efecto de imponer un arancel del 13 por ciento a los productos indicados en dichos capítulos.

Artículo 1. ...

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13 por ciento a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

IV. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones atmósferas durante los procesos de manufactura,

V. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrito un TLC con México.

VI. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con los tres numerales, se pague impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de CO2 por tonelada de acero producida sea igual o menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. PNUMA, 2013

2. U.S. Department of Energy, 2012

3. U.S. Department of Energy, 2012

4. Anuario Estadístico PEMEX 2013

5. Quinta Comunicación, Semarnat 2012.

6. Ley de los impuestos Generales de Importación y de Exportación

7. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), perfil de la industria siderúrgica 2012

Dado en el salón de sesiones, a 17 de octubre del 2013.

Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).