Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3886-V, miércoles 16 de octubre de 2013
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática actual del cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, los diputados integrantes de la Comisión Especial del Café de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El café es una bebida aromática y exótica, difundida en el mundo, fruto de un arbusto llamado cafeto y con origen en las tierras africanas específicamente en Abisinia (actualmente Etiopía). La popularidad del café llegaría tras su introducción, a principios del siglo XVIII, en Arabia, donde Yemen se convirtió en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán y Europa.
Los europeos trataron de cultivarlo, pero fracasaron por razones climatológicas, surgieron plantaciones en países de clima propicio como Haití, Santo Domingo, Jamaica, Brasil, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México.
En 1790 el café llegó a nuestro país, a las entidades de Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Durante el Porfiriato la cafeticultura mexicana tuvo una producción importante. A partir de entonces, el café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional. En la actualidad genera divisas sólo por debajo del petróleo y el turismo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.
El volumen de producción del café en nuestro país oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año, lo cual representa el 3.27 por ciento mundialmente, ocupando así el quinto lugar en exportación, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.
México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos per cápita; posiblemente se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo, la insuficiencia de la cultura de café y los tabús con respecto a la salud.
En nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 13 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Estado de México, en total se cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas y un padrón de 500 mil productores.
Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero no se encuentra en su mejor momento, así mismo es imprescindible mencionar que el 80 por ciento de las principales regiones productoras del café son etnias indígenas de alta marginación y se caracterizan por encontrarse en pobreza y pobreza extrema.
A pesar de los beneficios que el cultivo del café provee para el medio en todas sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), no se le ha reconocido, apoyado, ni dado la importancia que para el país representa en su estabilidad política, económica, social, cultural y ambiental debido a políticas nacionales inadecuadas, lo que se puede convertir en corto tiempo en un gran conflicto social.
Para el ciclo 2011-2012, la producción mundial de café ascendió a 131.3 millones de sacos; México apenas produjo 4.3 millones, representando así apenas el 3.27 por ciento. Es decir, la producción nacional disminuyó de una forma importante. Pues durante aquel periodo se dieron altibajos importantes, ya que mientras en el ciclo 1999-2000 la producción alcanzó los 6.2 millones de sacos, en el ciclo 2004-2005 disminuyó hasta 3.8 millones, cifra muy distante a la alcanzada en el siglo anterior. Debido a la caída de la producción tan drástica del café, actualmente se estima que ocupamos el treceavo lugar a nivel mundial.
Por ello, es necesario implementar políticas adecuadas a la cafeticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
Existen diversas problemáticas para el cultivo del café en México como,
• Plantaciones avejentadas.
• Drástica caída en el precio por quintal.
• Afectación severa en el rendimiento por la enfermedad de la roya.
• Alto costo de insumos.
• Pérdida de la fertilidad del suelo.
Fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático.
• Dificultades para acceder al crédito.
• Falta de asistencia técnica y capacitación.
• Falta de infraestructura y equipamiento.
• Recursos insuficientes para coberturas de precios.
• Insuficiente cobertura de seguro agrícola.
México, efectivamente tiene un déficit en el consumo de café en comparación con otros países, por ello y para revertir la tendencia es necesario que el Gobierno Federal coadyuve en una intensa campaña de consumo, comercialización y valor agregado, además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de los siguientes puntos a considerar:
• Depuración del padrón cafetalero.
• Renovación de cafetales.
• Apoyo en capacitación y asistencia técnica, para mejorar la calidad del café desde la producción hasta el consumo.
• Promover e incrementar la producción de café de calidad.
• Impulsar un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Café.
• Construcción y rehabilitación de infraestructura.
• Modernización de maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café.
• Promover:
1. Financiamiento
2. Seguro Agrícola
3. Cobertura de precios.
• Reforzar las acciones fitosanitarias que protejan y den sustentabilidad a la cafeticultura, en beneficio de nuestros ecosistemas.
• Impulso al acopio, comercialización y promoción al consumo del café.
• Fomento de organizaciones para la comercialización.
• Fomento productivo.
Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución,
Punto de Acuerdo
Único. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.
Diputados: Héctor Narcia Álvarez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Mariana Dunyaska García Rojas, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo Sonia Rincón Chanona (rúbricas).Con punto de acuerdo, relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios de Zacatecas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país se encuentra en el desarrollo rural; durante años se ha decidido ignorar al campo, marginándolo a niveles que no permiten un desarrollo digno para sus habitantes.
A través de políticas cortoplacistas que sólo benefician a unos cuantos, se ha visto como las zonas rurales se convierten en sinónimo de abandono y pobreza.
Nuestra nación tiene con Estados Unidos 90 por ciento de su comercio internacional, 90 por ciento de su turismo, 70 por ciento de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en dicho país.
Debido a la dependencia con nuestro vecino del norte, cada vez que se trata de implementar una medida contra alimentos domésticos las consecuencias para los mexicanos son enormes, como ejemplos tenemos: la importación de papa y los aranceles al jitomate y frijol.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó con el afán de facilitar el intercambio entre países, lo cual tiene como finalidad mejoras económicas; sin embargo, esto no se ha observado desde su implementación, al contrario hemos sido testigos de atropellos sistemáticos realizados a este convenio siempre que se trata de proteger sectores vulnerables de la economía estadounidense, mientras que nunca se ha visto esa reciprocidad a nuestro favor.
A pesar de que nuestro sector agrícola presenta asimetrías económicas, tecnológicas y de producción, se presionó para la completa liberalización de productos básicos, sin importar las consecuencias para México.
En 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, importábamos 10 por ciento de los productos que consumíamos; veinte años después dicho porcentaje se ha cuadriplicado.
En 1995, México vendía más productos agrícolas en el mundo que los que compraba; es decir, sus exportaciones eran superiores a las importaciones por 939 millones de dólares. En el 2000, la balanza comercial agrícola del país fue deficitaria por 2 mil 465 millones de dólares, en otras palabras, nuestro país incrementó su dependencia agrícola del mercado mundial.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras en México presentan a 2012 una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento.
En contraste, México importa el 95 por ciento de la soya que consume, el 74 por ciento del arroz, el 42 por ciento del trigo y el 25 por ciento del maíz que requiere la población.
Aún cuando el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más críticos y preocupantes, encontramos casos como el del Estado de Zacatecas, en donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende ejecutar una multa por un monto de 299 mil 899.42 pesos a los productores de pozos agropecuarios de la Entidad.
La resolución de la Conagua expone que los involucrados contravinieron las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual señala:
Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:
VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere instalado la “Autoridad del Agua”;
No obstante, resulta sorprendente que se pretendan imponer multas excesivas para los usuarios de pozos, las cuales se realizan de manera parcial y acotada, sin tomar en cuenta las verdaderas causas que engloban la problemática histórica de la agricultura de riego.
Debemos mencionar que los productores de la zona enfrentan: un alto costo de insumos y combustibles, lo cual eleva mes a mes los precios de producción en los cultivos; excesivas tarifas de bombeo, debido a la ineficiencia de los equipos obsoletos; una caída drástica de los precios pagados al productor; una completa descapitalización, que conlleva deudas con instituciones financieras, y cultivos afectados por el exceso de humedad.
Los recargos que Conagua busca fijar por cuestiones normativas, desmantelarán la base productiva y pondrán en riesgo la sobrevivencia de 8,500 concesionarios de pozos de riego, lo cual se traducirá en 140 mil hectáreas, 25 mil 500 empleos directos y 85 mil indirectos.
El perfil de los afectados corresponde a pequeños, medianos y grandes productores, y a proveedores de insumos y servicios. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que si bien hace cinco años el 70 por ciento de los productores de riego presentaban problemas, ahora el 100 por ciento se encuentra en crisis.
Con base en lo descrito, resulta claro que el campo exige una reglamentación actualizada del uso del agua, líneas de crédito accesibles y oportunas, una flexibilización de las reglas de operación y una protección a la base productiva nacional.
El objetivo principal del gobierno en este tema debe ser el rescate de la agricultura, por lo que exigimos que se suspenda el procedimiento de ejecución en contra de 175 pozos de riego agrícola en el Estado de Zacatecas y la condonación de las multas impuestas por Conagua; sólo a través de estas medidas lograremos devolver al campo la dignidad que por extensión y recursos naturales le corresponde. Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a suspender el procedimiento de ejecución en contra de 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a condonar las multas por un monto de 299 mil 899.42 pesos, impuestas a 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados a establecer mesas de trabajo con los productores y concesionarios de pozos de riego agrícola, con el propósito de instaurar una reglamentación del uso del agua acorde a la situación actual del campo mexicano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo federal, de Oaxaca y de San Felipe Jalapa de Díaz a garantizar a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y asegurar a la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido justicia pronta y expedita, reparación de daños y perjuicios, y protección, seguridad y certeza jurídicas, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrita por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2 fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace unos días, todos fuimos testigos de los sucesos que diversos medios de comunicación dieron a conocer sobre la historia de una mujer mazateca que dio a luz en el jardín del centro de salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, debido a que el personal médico le negó el servicio.
La fotografía fue publicada en redes sociales, donde se observa a la mujer indígena en cuclillas con su recién nacido tirado en el pasto, desnudo, mojado y con el cordón umbilical sin cortar.
Sin duda una historia desgarradora que ha llenado de indignación a la sociedad. No sólo porque da cuenta de la negligencia médica y la discriminación de que fue objeto Irma López Aurelio y su recién nacido, sino además por las declaraciones realizadas por funcionarios de la Secretaría de Salud, en donde para justificarse señalan situaciones como la falta de personal, problemas sindicales, el desconocimiento del dialecto que habla la mujer, el miedo de ella a recibir la atención, e incluso que ella se movió del lugar indicado y optó por abandonar las instalaciones para “dar a luz” en el patio del centro de salud, argumentos todos en donde se victimiza doblemente a Irma y se pretende evadir las responsabilidades.
Lamentablemente la historia de Irma no es la única en el país y tampoco en Oaxaca. Dos casos en menos de 20 días, dan cuenta de la negligencia y omisión con que se atiende a las mujeres.
Es un hecho irrefutable que se le negó a una ciudadana mexicana su derecho a recibir atención médica de calidad, se pusieron en riesgo su integridad física y mental, y se violaron sus derechos fundamentales.
De acuerdo al dicho de la autoridades municipales, al parecer el centro de salud se encuentra en paro laboral por motivos de carácter político, situación que podría haber motivado la nula atención recibida por la joven madre, versión que concuerda con la de algunos testigos quienes aseguran que durante dos horas Irma esperó, sin embargo, el personal de la clínica le negó la atención médica que requería y fue ignorada, por ello se vio obligada a salir al patio y dar a luz sola.
Los hechos ocurridos dieron lugar a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició una queja de oficio para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra Irma. Mediante un comunicado, se dio a conocer que visitadores adjuntos del ombudsman se trasladaron al lugar de los hechos para entrevistarse con la agraviada y sus familiares, solicitar información a la autoridad estatal involucrada y recabar las evidencias que permitan integrar el expediente.
Irma López Aurelio es mujer, es indígena y es pobre, circunstancias que la colocan en estado de extrema vulnerabilidad. Esta Cámara no puede dejar de alzar la voz en favor de sus derechos, no puede dejar de señalar la doble y triple victimización de que ha sido objeto por parte de las autoridades. El caso de Irma que hoy ha salido a la luz pública lo han padecido otras mujeres en circunstancias similares y no podemos permitir que esto vuelva a suceder.
Es necesario que se realice una investigación exhaustiva a efecto de hacer caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.
La violencia, la discriminación, el abuso y la invisibilidad de que son objeto las mujeres, impide el avance y desarrollo de México, perpetúa la desigualdad y la pobreza y lastima a la sociedad en su conjunto.
Ustedes y yo, somos también representantes de la señora Irma López Aurelio. Por ello, desde esta tribuna, debemos exigir no sólo que se le haga justicia sino que se le repare el daño causado. No podemos permitir que sea tratada como una ciudadana de tercera y que sus victimarios gocen de impunidad.
Resulta inadmisible que en un centro de salud que atiende a una gran población en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad no tenga personal las 24 horas del día los 365 días del año. Y que además se le cobren los servicios, se les obligue a comprar su medicamento y se les exijan insumos como jabón y cloro.
Casos como el de Hilda en San Luis Potosí, el cual por fortuna se resolvió favorablemente, y como el de Irma en Oaxaca que hoy nos ocupa, deben ser tomados con absoluta seriedad y compromiso por parte de los tres poderes de gobierno en sus diferentes niveles, toda vez que dan cuenta de la realidad que las mujeres mexicanas aún vivimos en la segunda década del siglo XXI.
En razón de lo antes expuesto y en el ánimo de evitar que existan más casos como el de Irma en el país, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivos federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, para que desde el ámbito de su competencia:
1. Garanticen que las instituciones públicas de salud que brindan servicios a la población indígena, en situación de pobreza y marginación o cualquier otra situación de vulnerabilidad, cuenten con el personal, medicamentos e insumos necesarios para otorgar el servicio oportuno y de calidad a que tienen derecho las y los mexicanos.
2. Realicen a la brevedad todas las acciones conducentes y apegadas a derecho, a efecto de investigar exhaustivamente el caso referido que motivó esta proposición, y en consecuencia, exijan las responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar, a quien o quienes sean responsables por las acciones, omisiones, agravios y violaciones perpetradas en contra de la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, garantizándoles tanto a la madre como al infante, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios así como protección, seguridad y certeza jurídica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013
Diputadas: Irma Elizondo Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Rosa Elba Pérez Hernández, María Beatriz Zavala Peniche, Nelly Vargas Pérez, Martha Lucía Mícher Camarena, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a implantar medidas para exentar o, en su caso, hacer un descuento especial en el pago de la tarifa del Tren Suburbano a los trabajadores pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI
Francisco Grajales Palacios, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre propio y de los diputados que suscriben, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Tren Suburbano constituye una obra de infraestructura de transporte estratégica en la dinámica urbana que caracteriza la zona metropolitana del valle de México, cuyo desarrollo, señala SCT en el libro blanco del proyecto, se planteó con la finalidad de atender necesidades de traslado de los habitantes que diariamente se desplazan desde los municipios conurbados del Estado de México hacia el Distrito Federal y viceversa, de manera segura, moderna, eficiente y a un costo accesible para la población.
De acuerdo con datos de la concesionaria CAF, en su primer etapa, consistente en la ruta Buenavista-Cuautitlán, tiene la capacidad para atender a 300 mil pasajeros por día, con un número estimado de 100 millones de pasajeros al año, en una zona de alta y creciente densidad demográfica y de importante actividad económica para la región; en concordancia, con este proyecto se estimó atender un promedio de 320 mil pasajeros por día, dando cobertura a gran parte de los casi 32 millones de viajes-persona que se realizan diariamente en la zona.
No obstante los alcances del Suburbano, desde inicios de su operación en junio de 2008, los niveles de pasaje alertaron sobre el riesgo en el cumplimiento de metas, en cuanto a cobertura, y en el equilibrio de sus finanzas, ya que en su primer mes de funcionamiento se transportaron 943 mil pasajeros en el tramo Buenavista- Lechería, y en ese año registró un déficit operativo de 65 millones de pesos, como señala SCT en el citado libro; esto da un promedio diario de 31 mil 433 pasajeros, números muy por debajo de lo proyectado.
Pese a que en adelante estas cifras han incrementado, hoy en día el Suburbano sigue registrando un bajo aforo en relación a su potencial, metas y a las necesidades de desplazamiento en la zona. Según estimaciones presentadas por SCT en la tercer etapa del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012, el primer tren suburbano en la zona metropolitana del valle de México y en el país, habría movilizado de 2008 a 2012 a casi 200 millones de pasajeros, es decir, en cinco años llega a un nivel de pasajeros previamente calculado para cubrirse en dos. Actualmente, de acuerdo con datos del primer Informe de Gobierno 2012- 2013, reporta un promedio de 140 mil usuarios por día, registrando durante el primer semestre de 2013 un movimiento de 22 millones de pasajeros.
Tan ha representado dicha situación un problema para las finanzas del Suburbano, que en diversas ocasiones motivó planteamientos por parte de los gobiernos federal, del estado de México y del Distrito Federal, con medidas para propiciar un mayor número de usuarios; por citar una de ellas, la que anunciara a principios de 2012 la Secretaría de Comunicaciones del estado de México con la propuesta de quitar el IVA al servicio, dato que queda asentado en nota publicada el 4 de febrero de ese año por el periódico universal.
Causa importante de tales cifras es que gran parte de la población no ha visto en este medio la mejor opción de transporte, en cuanto a su economía, pues aún siendo potencialmente usuaria ha tenido que utilizar alternativas de menor precio, dejando notar que el anunciado supuesto de costo accesible del Suburbano, en la práctica queda fuera de su presupuesto. Hacer un recorrido de más de 2.5 horas en tan sólo 25 minutos es una posibilidad de $6.50 ó $15.50 que aún realmente merman en la economía de muchos, y más acentuadamente de quienes por su condición social y económica difícilmente pueden de costearla.
Uno de estos sectores es el de la población pensionada y jubilada, que como sabemos en su mayoría está compuesta por personas en edad avanzada y/o adultos mayores, seguida de aquellos que han sufrido algún tipo de invalidez, y en menor porcentaje por orfandad.
Por cualquier criterio que una persona sea pensionada, se encuentra en desventaja frente al resto de la sociedad; si recordamos que el propósito de toda pensión es garantizar la mínima protección social a las personas que han concluido su vida laboral, de forma que cuenten con un mínimo de recursos que les permita una vida digna y que aminore la disminución de sus ingresos al retiro, vemos que en este derecho en sí se reconoce la difícil situación de los individuos, que por jubilación, edad o imposibilidad física dejan de formar parte de la fuerza de trabajo.
En nuestro país, la pensión apenas y permite una vida modesta a las personas que gozan de ella, exceptuando a pequeños grupos históricamente privilegiados, pues aunado a los gastos que tienen que destinar a satisfacer sus necesidades primordiales, se ven obligados a enfrentar gastos adicionales casi por cualquier actividad que deseen realizar, entre ellas trasladarse o comunicarse. Aquí es donde los pensionados tienen que priorizar su presupuesto. Y por si no fuera suficiente lo que vemos en esta realidad, la OCDE ya lo ha confirmado en años recientes, las pensiones en México son las más bajas comparadas con las de sus demás países miembros.
En esta perspectiva, no menos sensible es la situación de los más de 35 mil trabajadores pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México (FNML por sus siglas), organismo público descentralizado que por decreto de extinción inició su proceso de liquidación en el año 2001.
Ex trabajadores, ahora pensionados y jubilados de FNML que conocedores de la importancia y del papel estratégico del sector ferroviario en el desarrollo del país, hoy en día se ven económicamente limitados, entre otras cosas, en el acceso a destacados proyectos de su infraestructura, como es el caso. De este sector, son al menos 10 mil ferrocarrileros que constituyen el mismo número de usuarios potenciales del servicio del Tren Suburbano, que si bien son aquellos que habitan, visitan o realizan actividades desplazándose dentro de la zona que cubre su ruta, no excluyen al resto que eventualmente requiere trasladarse a algún punto de la zona metropolitana.
Consideramos también una tarea noble, el que los trabajadores puedan recibir beneficios del propio sector al que dedicaron esmeradamente su vida laboral, sus empeños y años de servicio y, sobre todo, en el que vieron transcurrir los frutos de su labor.
Por todos ellos en conjunto, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), así como ha procurado salvaguardar en todo momento sus derechos laborales, también ha buscado mecanismos que contribuyan a mejorar su calidad de vida, sus condiciones sociales y económicas. Y en este propósito también, la petición que desde el año 2011 ha venido presentando, por cierto sin prosperidad, ante la representación de Ferrocarriles Suburbanos, empresa operadora del servicio.
Conscientes de que un beneficio de tal naturaleza no puede estar fuera del derecho, apelamos también al espíritu solidario de nuestra legislación ya las disposiciones que sobre el tema encontramos en ella.
La Ley de las Personas Adultas Mayores, publicada en DOF el 25 de junio de 2002, señala en la fracción II de su artículo 20 que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizar los convenios que se establezcan con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas adultas mayores; asimismo, según la fracción IV, el derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público , previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 36, fracción XII, faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes.
Por otro lado, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en DOF el 12 de mayo de 1995, establece en el artículo 6, fracción V, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene atribución para establecer bases de regulación tarifaria en el transporte ferroviario.
Al respecto, el Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en DOF el 25 de enero de 2000, señala en su artículo 170 que las tarifas registradas serán las máximas aplicables y a partir de ellas los concesionarios y permisionarios podrán otorgar, con base en los términos y condiciones que establezcan, promociones y descuentos a los usuarios , siempre y cuando estos términos y condiciones garanticen que la aplicación de promociones y descuentos se realizarán de manera equitativa y no discriminatoria, en igualdad de circunstancias. Asimismo, las promociones y descuentos atenderán a las características específicas de cada servicio, de acuerdo con las clasificaciones que se establezcan de conformidad con el presente Reglamento.
Además de lo anterior, la presente propuesta guarda armonía con diversas disposiciones del ejecutivo federal, destacando: con la recomendación expresada por la SCT en el Libro Blanco del Sistema 1 del Tren Suburbano ruta Buenavista-Cuautitlán, en que señala que entre las acciones relevantes a considerar para la próxima administración, refiriéndose a la del período 2012-2018, se encuentra la identificación de acciones de mejora adicionales que contribuyan al incremento del aforo del Tren Suburbano Ruta 1 (TS1); con los propósitos de la actual administración, siendo una de las líneas de acción en el sector impulsar el transporte ferroviario de pasajeros ; y con uno de los objetivos del Programa de Infraestructura, que es mejorar la calidad de vida de la población, con infraestructura de transporte, logística y de comunicaciones, rápida, segura y económica .
Es un hecho también que existiendo disposiciones y medidas gubernamentales que con sentido social brindan beneficios a sectores sensibles de la población, que van desde descuentos en servicios públicos, como en servicios de transporte público a personas adultas mayores en el Distrito Federal, o bien en el pago de las tarifas del transporte en los servicios ferroviarios de pasajeros y en el autotransporte federal de pasajeros durante periodos vacacionales aprobados por la SEP a maestros y estudiantes, hasta reducciones en obligaciones tributarias, como en el pago de impuestos por servicios de agua y predial a personas mayores, por ejemplo, sea posible aplicar un esquema similar al sector de pensionados y jubilados en cuestión.
Ante todo lo expuesto, compañeros legisladores, tenemos la oportunidad de favorecer propuestas que impulsen mejoras tanto en las condiciones de vida de las personas, como en la optimización de la infraestructura, en este caso ampliando el acceso a personas en situación de desventaja, al servicio de transporte del Tren Suburbano, propiciando así su mayor utilización, lo que por ende afectaría directa y positivamente en las finanzas del mismo.
El voto no es sólo a favor de los ferrocarrileros, de permitirles acceder a transporte de primera y disfrutar de sus beneficios a un precio verdaderamente acorde a sus posibilidades, si no también de contribuir a potencializar un medio de transporte tan generoso como lo es el Tren Suburbano, a ampliar el alcance de sus ventajas, que finalmente trascienden a la agilización del desplazamiento de personas, pues como bien enfatiza Ferrocarriles Suburbanos, destacan por contribuir a reducir en 14% las emisiones contaminantes en la ZMVM, así como a disminuir el tráfico, los congestionamientos vehiculares y los accidentes viales, siendo un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Lograr del Suburbano que sea el proyecto de gran envergadura e impacto, económicamente accesible, que se proyectó como el medio de transporte medular de la ZMVM, y no una alternativa más, aliado de aquellas que en lugar de alimentarlo, hacen las veces de competencia, es un reto vigente que involucra la suma de esfuerzos en los diferentes ámbitos del quehacer gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implemente las medidas necesarias para otorgar la exención o, en su caso, un descuento especial en el pago de tarifa del Tren Suburbano a los trabajadores pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.
Diputado Francisco Grajales Palacios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración pública federal a firmar y dar continuidad por las dependencias competentes al procedimiento respectivo para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Míriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI
Señoras diputadas, señores diputados: la que suscribe, Míriam Cárdenas Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI; 153; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a la administración pública federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con base en las siguientes
Consideraciones
El derecho tiene un carácter dinámico; cada norma es producto de las exigencias o necesidades de una sociedad que cambia y evoluciona y, en esa misma medida, el derecho se transforma para responder a una realidad. Por ello, no puede concebirse como un producto limitado a las fronteras estatales, porque hoy día, es elemento modelador de esa “aldea global” en que nos encontramos inmersos.
En palabras del doctor Jaime Cárdenas Gracia,1 “el derecho no puede ser el obstáculo al cambio social, sino el promotor del mismo [...] orientado hacia la protección de los derechos fundamentales, tanto de libertad como de naturaleza social, económica y cultural; además, es [...] incluyente con derechos fundamentales de nuevas generaciones que se inscriben en un contexto de sociedades pluralistas, multiculturales y heterogéneas dentro de procesos de globalización [...]”
Entonces, si los países comparten intereses y, a la vez problemas con repercusiones y alcances que trascienden sus territorios, la cooperación internacional debe aparecer como mecanismo que permita, en un marco de respeto e igualdad entre los Estados, enfrentarlos y resolverlos.
Al respecto el reconocido jurista italiano, Luigi Ferrajoli señaló:
Reconsiderar al Estado en sus relaciones exteriores a la luz del derecho internacional actual es lo mismo que pensar el Estado en su dimensión interna a la luz del derecho constitucional [...] Significa, en una palabra, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, “tomar en serio” el derecho internacional y, por tanto, aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre [...] No es una perspectiva irreal. Se trata, por el contrario, de una perspectiva obligada.2
En ese contexto, como apuntan los catedráticos Rodrigo Brito y Miguel Carbonell, “la globalización de los derechos humanos es un fenómeno que asume cada día una importancia mayor, pues nadie podría negar que éstos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Por ejemplo, de ellos depende en gran medida la estabilidad que es necesaria para la gobernabilidad democrática y, además, los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en el plano mundial se califican tomando como parámetro su vigencia, validez y positividad. En consecuencia –utilizando las palabras de Bobbio–, los derechos se han convertido en un ‘signo de los tiempos’”.3
En ese tenor, el país ha celebrado tratados internacionales de los que ahora es parte.
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce y protege precisamente esos derechos y junto con la Declaración Universal, integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
México se suma a los 160 Estados que han suscrito el pacto,4 pero no así el Protocolo Facultativo del mismo, no obstante participó en los foros para su discusión, elaboración y aprobación.
Ante la ausencia de un pronunciamiento que indique las causas que motivan la falta de esa firma, la primera pregunta que nos asalta es ¿por qué no firmar ese protocolo? Podríamos pensar que, tal vez, se consideró a los derechos económicos, sociales y culturales como una especie secundaria de derechos porque, según algunas corrientes doctrinarias existen otros de mayor importancia como los derechos civiles y políticos.5 Sin embargo, esto solamente es especular.
Entonces, me parece que el sentido de la pregunta debe invertirse ¿Por qué firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Primero, porque se trata de una resolución6 adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que establece un mecanismo para que las personas o comunidades, planteen ante un comité casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales en los que se identifique como responsable a alguno de los Estados parte del pacto y que se hayan adherido a su protocolo facultativo.
En otras palabras, el protocolo posibilita que sean presentadas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) quejas por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación en esos derechos por un Estado miembro del propio protocolo.
En ese mecanismo descansa la mayor bondad del protocolo porque, si recordamos, el pacto fue adoptado en 1966 y, desde ese entonces, no existía dentro del sistema de Naciones Unidas un mecanismo internacional de quejas para casos de violaciones a los derechos consagrados en ese instrumento que ofreciera a las víctimas una vía de exigibilidad para la defensa, protección y reparación de sus derechos.
Segundo, porque ese mecanismo de defensa se seguirá únicamente como última instancia cuando se hayan agotado todos los recursos internos del Estado parte. De manera que se garantiza a las personas el acceso a instancias internacionales de defensa.
Tercero, el protocolo prevé que en casos urgentes podrán solicitársele al Estado parte la adopción de medidas provisionales para evitar daños irreparables a la víctima o víctimas de la supuesta violación de sus derechos.
Cuarto, porque señala un proceso de amigable solución entre las partes mediante la intervención del Comité DESC con sus “buenos oficios”, además, se incorporan mecanismos para solucionar conflictos no sólo entre Estado/individuo, sino también entre Estados por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales; y
Quinto, porque se prevé un procedimiento de investigación ante violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el pacto.
Como se observa, las ventajas de firmar el protocolo son importantes.7 Entonces, el discurso que de los derechos humanos ha hecho nuestro país en los años recientes de ninguna manera debe quedar en eso, en un mero discurso retórico, debe de materializarse en medidas claras y contundentes que minimicen las enormes brechas de desigualdades de las que desafortunadamente hoy somos ejemplo.
Firmar y ratificar el instrumento internacional en comento, será una de esas medidas con las que nuestro actual gobierno sabrá consolidar su papel en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.
Estamos aún a tiempo de que se dé trámite al procedimiento de firma y ratificación del protocolo. Este instrumento ha reunido ya el número de firmas necesarias para entrar en vigor el 5 de mayo de 2013, una fecha por demás conmemorativa para el país.
Sería un acto de gran simbolismo que en dicha fecha en la que se conmemora la libertad del pueblo mexicano frente a los embates de las fuerzas imperialistas, pudiera tener lugar un acto libertario con el reconocimiento de mecanismos internacionales de defensa.
Los Estados que han firmado el referido Protocolo y que han cumplido los procedimientos internos necesarios para obligarse conforme al tratado (ratificación o adhesión) han sido Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay.8
De gran orgullo es el hecho que este instrumento internacional este próximo a cobrar vigencia gracias al compromiso de cinco países latinoamericanos (la mitad de los necesarios para que entre en vigor), mismos que, a pesar de su historia reciente caracterizada por problemas de golpes de Estado y terribles dictaduras, han sabido dar vuelta a esa fatídica etapa de su historia, destacándose ahora como emblemáticos faros libertarios en la lucha por la conquista más sagrada de la historia: los derechos humanos.
Considerando lo anterior, reafirmo que si asumimos en serio los derechos humanos debemos adoptar compromisos firmes y contundentes para su defensa, protección, garantía y promoción.
En consecuencia y, por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la administración pública federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y, posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Notas
1 Doctor Jaime Cárdenas Gracia. Hacia un cambio en la cultura jurídica nacional. Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral.
2 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, traducción de Perfecto Andrés, séptima edición, Madrid, 2010, página 148.
3 Rodrigo Brito y Miguel Carbonell. La globalización de los derechos humanos, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011. Disponible en http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Globalizaci_n.pdf
4 Dicho protocolo fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981.
5 La distinción entre unos y otros ha sido franjada por circunstancias más bien políticas e históricas que de contenido. Los derechos civiles y políticos, plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron durante la Guerra Fría considerados como emblemáticos de las naciones partes del llamado “bloque capitalista”, en el que las libertades civiles y políticas eran consideradas como los derechos por excelencia. En contrapartida, los derechos económicos, sociales y culturales fueron sujetados al estigma de la identificación socialista/comunista, una serie de derechos más bien enfocados en lograr la igualdad de todos que en conseguir su libertad (la clásica dicotomía derechos de igualdad frente a derechos de libertad). Además de estas consideraciones políticas, la distinción entre unos y otros derechos fue zanjada básicamente en lo que hace a sus mandatos de optimización. Mientras los llamados derechos civiles y políticos requerían de una simple abstención de la conducta estatal (derechos de medio), los otros requerían de una acción directa del Estado en aras de garantizar su optimización. Esta intervención se traducía en la necesaria erogación de recursos para hacer efectivos derechos como la salud o la educación (derechos de resultado). La realidad ha llevado a constatar que esta distinción resulta ser infundada pues se h a demostrado que tanto en uno como en el otro caso, ambos tipos de derechos implican obligaciones tanto de medio como de resultado y que todo derecho en sí mismo implica un costo económico y social. Así, por ejemplo, derechos tan clásicamente liberales como el sufragio o la libertad de imprenta implican inmensas cantidades de dinero para que pueda ser garantizados (tan sólo pensemos en los gastos en campañas electorales que se autorizan. O bien, en los enormes fondos que desde el Estado se autorizan para que los sectores más desfavorecidos puedan hacerse escuchar a través de ciertos impresos o publicaciones). Por el contrario, tenemos el caso de derechos sociales emblemáticos como la educación o la salud en donde incluso pueden advertirse no sólo conductas de hacer por parte del Estado sino de no hacer (como permitir que los padres practicantes de ciertas religiones eduquen a sus hijos en las mismas creencias en escuelas privadas, o que se respeten las formas tradicionales de medicina indígena).
Lo antes señalado ha sido reiteradamente repetido por Naciones Unidas en el sentido de que los derechos humanos no deben de ser entendidos de manera independiente, ellos se estructuran bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Lo cierto es que los diseños institucionales que han implementado los Estados a nivel internacional sigue reflejando claramente la prevalencia de ciertos derechos por sobre otros y esto no puede (o debería) seguir ocurriendo. Todo derecho humano es esencial y por eso obtiene ese carácter, el firmar y ratificar un instrumento como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contribuiría a colocar en su real dimensión los llamados DESC, brindándoles un soporte institucional que los coloque a la altura de los derechos civiles y políticos.
6 Resolución A/RES/63/117, del 10 de diciembre de 2008.
7 Así lo ha destacado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien ha señalado: “La entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales [...] el protocolo proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional. Este protocolo permitirá a esas personas, que de otra manera estarían aisladas e indefensas, concienciar a la comunidad internacional sobre su situación Además, con la entrada en vigor del protocolo facultativo se desarrollará una jurisprudencia que ayudará a definir el alcance de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y a delinear reparaciones adecuadas para las víctimas [...]” Disponible en http://ratificapfpidescmex.org/2013/02/07/pillay-celebra-avance-que-per mitira-la-presentacion-de-quejas-individuales-en-relacion-con-los-derec hos-economicos-sociales-y-culturales/
8 Cabe precisar que este tratado ha sido firmado por 42 Estados. No obstante, de ellos, sólo 10 han cumplido con sus procedimientos internos (adhesión o ratificación) necesarios para obligarse conforme a derecho internacional. Los Estados parte son Argentina; Armenia, Azerbaiyán; Bélgica, Bolivia; Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Irlanda, Italia, Kazakstán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Mali, Mongolia, Montenegro, Holanda, Paraguay, Portugal, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Timor Oriental, Togo, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Consultado en la página oficial de Naciones Unidas el 11/02/2013, 17:11 horas. Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I V-3-a&chapter=4&lang=en
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.
Diputada Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica)