Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate por realizarse hasta el 8 de octubre de 2013 sobre las iniciativas en materia energética presentadas en el Senado de la República, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a la firma del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dar a conocer a la opinión pública los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como de la implantación de los recursos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guanajuato a salvaguardar la vida de la joven María Luz Salcedo Palacios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para que Veracruz asuma la epidemia del VIH/sida como un problema de salud pública y de urgencia estatal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a reparar los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar a conocer a la opinión pública la situación que guarda lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a integrar una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, respectivamente

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán y Lisandro Arístides Campos Córdova, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población de Guerrero y Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Consideraciones

El pasado 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República Mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la Depresión Tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, formados por el lado del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó según la Conagua los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas los estados de Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, pues en el estado de Guerrero han fallecido hasta el momento 27 personas.

El estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al ocuparse al 100% de su capacidad se desbordaron, provocando zonas incomunicadas como las localidades de: Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzicuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato , en el municipio de Zirándaro, por su cercanía con el río Balsas.

En el estado de Michoacán, también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de: Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio , que tienen su cercanía con el Río Balsas, el Río Bajo Tacámbaro y con la presa El Caracol.

Afectando tan sólo en estos dos municipios a más de 6, 954 habitantes, lo que representa 1,707 viviendas colapsadas, siendo, como siempre, la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.

No debemos perder de vista, además, que si bien las lluvias torrenciales que acaecieron en menos de 72 horas pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.

Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.

Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, a través de la cual se puede apoyar con enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de desastre por aparte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso, los recursos del Programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.

Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y que también puede financiarse con los recursos del Fondo Nacional de Desastres, para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.

En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la desarrollo Social del Gobierno Federal, a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo Temporal respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.

Diputados: Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.

Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.

Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.

Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.

De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.

Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).

El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.

Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.

La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.

Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero

En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.

“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.

En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.

Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.

Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.

Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.

Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.

Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.

Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.

Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.

Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.

Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y

Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.

La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.

Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.

Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.

No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.

La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.

En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.

Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.

Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.

Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.

La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.

Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:

1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.

2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate por realizarse hasta el 8 de octubre de 2013 sobre las iniciativas en materia energética presentadas en el Senado de la República, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Érick Marte Rivera Villanueva, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y Puntos Constitucionales, y Energía de la Cámara de Diputados a que se incluya el tema de fuente renovables de energía en los foros de debate sobre las distintas iniciativas en materia energética que se han presentado en el Senado de la República que se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2013, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. El pasado 12 de agosto el titular del Ejecutivo federal, presentó la Iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales del Senado de la República.

Segundo. En la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal se menciona la importancia de las fuentes de energía renovables al indicar que México es un país privilegiado por la diversidad de sus recursos naturales, así como de su potencial en las energías eólicas, geotérmica, hidráulica, mini hidráulica, biomasa y solar.

La importancia de las energías renovables se destaca en la iniciativa del Ejecutivo al hacer mención de que en 2012, China, Estados Unidos y la India contaban con una capacidad instalada de generación a base de energías renovables, sin incluir hidroeléctricas, de 90, 86 y 24 gigawatts, respectivamente, mientras que México alcanzó apenas 2.4 gigawatts. De conformidad con la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, la meta a alcanzar al 2024 para la generación de electricidad a partir de energías renovables es de 35 por ciento sin embargo y pesar del potencial crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, su aportación al suministro energético nacional es apenas el 2 por ciento del total generado.

La iniciativa menciona en la exposición de motivos que el sistema eléctrico nacional debe de contar con un diseño adecuado que permita impulsar y aprovechar las fuentes renovables de energía; a través de las adecuaciones en la legislación y la política pública.

Tercero. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la importancia de las fuentes de energías renovables en su estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país; específicamente en su línea de acción: Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de nuevas prácticas.

De conformidad con la Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026, hasta el año 2011 del total de la capacidad efectiva instalada en el sector eléctrico nacional tan solo el 4.2 por ciento correspondió a energías renovables.

De acuerdo con el documento en cita, se estima que para el año 2026 las instalaciones de generación eléctrica con energías renovables y grandes hidroeléctricas, al incorporarse en la modalidad de servicio público, sumen una capacidad de 8 mil 160 megawatts; 3 mil 219 megawatts para ser generados a partir de viento, 151 megawatts por geotermia, 107, 4 mil 749 megawatts de grandes hidroeléctricas, 22 megawatts con pequeñas centrales hidroeléctricas, 6 megawatts con solar fotovoltaico y 14 megawatts con solar de concentración.

El documento menciona que a diciembre de 2011, la capacidad de generación hidráulica que opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en plantas con una capacidad igual o menor que 30 megawatts, se ubicó en 286.6 megawatts, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) registró 27 permisos de generación mediante plantas hidráulicas, con una capacidad total de 305 megawatts.

Mientras que para la generación geotermoeléctrica, al 31 de diciembre de 2011 se encontraban en operación 38 unidades de generación con una capacidad instalada de 886.6 megawatts. Con base en estudios preliminares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas indicó que existen en el país un total de reservas geotérmicas equivalentes a 10 mil 644 megawatts, de las cuales 10.7 por ciento son reservas probadas, 19.5 por ciento son reservas probables y 69.7 por ciento son reservas posibles.

Cuarto. Ahora bien la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 establece la meta de generar el 35 por ciento de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía a través de acciones como: el fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y de energías renovables para gobiernos estatales y municipales, mediante la actualización de los instrumentos regulatorios para dar certidumbre e incentivar las inversiones del sector privado con fuentes renovable, mediante mecanismos de coordinación entre desarrolladores privados y las diversas autoridades, que permitan construir líneas de transmisión para generación renovable en regiones prometedoras, en función de solicitudes, estudios y compromisos. Sin embargo el mismo documento reconoce la las limitaciones y las barreras que enfrentan las energías limpias para cumplir con su meta establecida para el año 2024.

Quinto. Es tal la importancia establecer un nuevo marco regulatorio para nuestro sector energético que el pasado 17 de Septiembre del presente año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores emitió el Acuerdo por el que se establece el Formato de los Fotos de Debate sobre las Distintas Iniciativas que en Materia Energética se han Presentado en el Senado de la República.

En el acuerdo primero, numeral 2, se establece que las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, Primera del Senado y las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, cuidarán que se inviten a expertos, académicos e intelectuales para enriquecer el proceso de análisis y debate de las iniciativas presentadas. De la misma forma el numeral 6 indica la expedición de un calendario propuesta por las Comisiones y el numeral 7 del acuerdo Primero establece la realización de una sesión adicional para desahogar algún tema en lo particular, sea el caso.

Sexto. Ahora bien, la reforma energética no es la reforma del petróleo, no es la reforma de los hidrocarburos; la reforma energética es la reforma de todas las fuentes de energía incluyendo las energías limpias. La reforma energética debe ser un fuerte impulso transformador para el desarrollo económico y sustentable del país. Los foros de debate sobre las iniciativas de reforma energética que se llevarán a cabo en el Senado de la República son una valiosa oportunidad no sólo para discutir el rumbo que tomará nuestros país los próximos años en la generación de energía a partir de fuentes fósiles, también representan la oportunidad para evaluar el rumbo y papel que deben tomar las energías renovables no como una oportunidad a futuro sino como una realidad existente y constante que necesita una mayor participación e impulso.

La importancia de las fuentes renovables de energía en el país es indiscutible, el camino a seguir debe ser el de romper con el paradigma de la alta dependencia de las fuentes fósiles para la generación de energía eléctrica, se debe transitar a un esquema donde gocen una mejor marco jurídico, mayores políticas de aprovechamiento, más y mejor financiamiento y un fuerte apoyo en la generación de nuevas tecnologías.

Séptimo. De todo lo anterior podemos establecer la importancia que tienen las fuentes de energía renovables en la generación de energía eléctrica del país, sin menoscabar su importancia para las economías regionales, la competitividad y el empleo. El impulso y el desarrollo de las energías limpias están estrechamente ligada al análisis y aprobación de los mecanismos en las políticas públicas y a los cambios estructurales en la legislación nacional que permitan una mayor competitividad y un desarrollo sustentable.

Es en estos momentos en el seno del análisis y discusión de las diversas propuestas y posturas de los diferentes actores involucrados en la reforma energética, donde debe analizarse y discutirse también el papel que desempeñarán las energías limpias en el México que deseamos.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, a que integre el tema de las fuentes renovables de energía en los foros de debate sobre las distintas iniciativas en materia energética que se han presentado en el Senado de la República que se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2013, de conformidad con el numeral 7 del acuerdo primero emitido por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y Puntos Constitucionales, y de Energía de la Cámara de Diputados a que el ámbito de sus facultades para establecer la relación de participantes en los foros, procuren la inclusión de expertos, académicos, intelectuales, así como representantes de instituciones de educación superior y miembros de la sociedad civil especialistas en energías renovables, de conformidad con los numerales 1 y 2 del acuerdo primero emitido por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2013.

Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a la firma del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 23 de marzo de 1981 México se adhirió al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Con la ratificación del pacto, México se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias, incluso las que impliquen la cooperación internacional, así como las de carácter económico y técnico, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, incluida la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto.

Recordemos que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen el derecho al trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, los derechos de protección a la familia y los menores, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a participar, tener acceso y contribuir a la vida cultural. Es decir, son derechos humanos que representan límites al poder del Estado sino todo lo contrario: generan la obligación para los Estados de realizar acciones tendentes a garantizar su ejercicio.

Por ello en 1985 mediante resolución el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados parte y es ante este organismo que los Estados parte deben presentar informes sobre la manera en que se ejercen esos derechos.

Es decir, se estableció la relación Estado-comité-Estado. Así, los gobiernos informaban y el comité emitía sus recomendaciones, hasta que en el 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General aprobó por unanimidad el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones de individuales relacionadas con los derechos contenidos en el pacto en el contexto del tratado una vez que el protocolo entre en vigor.

México no ha firmado el protocolo. Ante esa omisión nos parece que el Ejecutivo federal no ha mostrado su voluntad política, ni su vocación democrática mucho menos el carácter social del Estado, lo cual llama la atención sobre todo cuando vemos que el protocolo ha sido firmado por 45 países y ratificado por 11, entre ellos Ecuador, El Salvador y Bolivia, que pese a no estar entre las economías boyantes y tener considerables índices de pobreza, no mostraron reticencia a la ratificación de este instrumento como la ha hecho el gobierno de México.

Pretendemos ser un Estado social que respeta y garantiza los derechos humanos, pero la realidad nos dice que aún estamos lejos de ello, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México hay al menos 53.3 millones de personas viviendo en situación de pobreza, el 45.5 por ciento del total. A esta cifra se debe añadir la de la población vulnerable por carencia social, 33.5 millones de personas y por bajos ingresos que es de 7.2 millones. De esta forma, sólo 23.2 millones de personas en México, sólo el 19.8 por ciento de la población, no enfrenta pobreza ni situación de vulnerabilidad.

Ocultar nuestras carencias no nos hará mejores, reconocer ante los mecanismo internacionales las deficiencias abre la puerta a la asistencia técnica y a la cooperación internacional por ello es fundamental que México firme el protocolo pues si bien no acortará la brecha de desigualdad social de manera inmediata si es un instrumento estratégico en la lucha contra la pobreza ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, el agua, la vivienda digna o la salud ante un Comité de la ONU que puede objetivamente contribuir en la búsqueda y diseño de medidas para alcanzar una vida digna para toda la población.

La firma del protocolo facultativo representa una posibilidad para el gobierno de mostrar al pueblo de México el compromiso de avanzar hacia un verdadero Estado de bienestar social que garantice vida digna para todos.

Por lo anterior someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dar a conocer a la opinión pública los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como de la implantación de los recursos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral I, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, para que informe a la opinión pública los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como de la implementación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (Proasp), el Subsidio para Policías Acreditados (SPA) y del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el derecho a la seguridad es una prerrogativa que tiene todo individuo frente a los órganos del poder y de cualquier otro ciudadano para preservar su dignidad como ser humano. Es además la más elemental exigencia de cualquier persona, siendo obligación del poder público alejar y protegerlo de cualquier violencia que ponga en peligro su integridad, ya fuera de los propios servidores públicos o de terceros.

Que por otra parte, es importante señalar que en un estado de derecho se deben garantizar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados, están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

Que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, nuestra Constitución garantiza la protección de los mismos y de las garantías para ejercerlos en su artículo 1, párrafo primero, que a la letra dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Que entre los derechos humanos y garantías a que hace referencia la Constitución, se encuentra el derecho de los ciudadanos a contar con una seguridad pública, siendo obligación del Estado garantizarla, coordinarla y ejercerla; partiendo de un principio orgánico de coordinación e integración, que permita una mayor eficacia operacional al establecer en su Artículo 21, párrafo noveno, que:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Que por otra parte, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 1o., párrafos primero y segundo, se establece que:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Que una vez definidas las competencias en los tres órdenes de gobierno, encontramos que en el artículo 4, párrafo segundo de la citada ley, se establece que:

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ahora bien, uno de los temas torales durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, fue la capacitación y certificación de las policías y mandos, medios y altos de las corporaciones a nivel federal, estatal y municipal. Para ello se creó dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Capacitación y Acreditación, mismo que tiene sus facultades reconocidas en los artículos 21, párrafo primero y 22 párrafo primero, donde se establece que:

Artículo 21. El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 22. Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de seguridad pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;

VI. Verificar periódicamente que los centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;

VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características; y

X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

Que por consecuencia, una de las mayores preocupaciones de esta soberanía, es dar seguimiento puntual, al cumplimiento de lo establecido en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual fue publicada el 2 de enero de 2009 y reformada en los transitorios citados, el 28 de diciembre de 2012, donde se establece la obligación para los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, que en caso contrario, deberán ser separados de su cargo:

Tercero. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de diez meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo reformado DOF 28-12-2012

Cuarto. Todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que para dar seguimiento puntual al mandato de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno del Estado inauguró en el mes de marzo de 2011, el Centro de Control de Confianza para Cuerpos Policiacos, mismo que debió evaluar a más de 12 mil 200 servidores públicos municipales y estatales, de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Que sin embargo a dos años y cinco meses de funcionar dicho centro, los niveles de evaluación y acreditación se encuentran entre los más bajos del país, ubicándose entre en un 25 y 50 por ciento como lo demuestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contenidos en el cuadro 1.

Además, para el caso de Quintana Roo nos surge una pregunta, ¿cómo se puede explicar el avance sustancial de febrero a julio de este año en el proceso de evaluación y acreditación, si en los dos años anteriores solo se había avanzado un 11 por ciento? Esto podría tener dos significados. El primero de ellos, es que efectivamente se ha logrado la evaluación y acreditación de los cuerpos policiacos. El segundo, es que ante la eventual entrega de recursos para seguridad pública por parte del gobierno federal, se han maquillado las cifras.

Lo anterior tiene una gran relevancia porque al no avanzar en los niveles de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos, los gobiernos estatales pierden la oportunidad de acceder a los recursos federales en materia de seguridad pública como son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (Proasp), el Subsidio para Policías Acreditados (SPA) y el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

Cuadro 1

Fuente : Tomado de seguimiento de avances en evaluaciones en control de evaluaciones, Sistema Nacional de Seguridad Pública, julio de 2013.

Recientemente, el gobierno federal transfirió a los estados y municipios mil 181 millones de pesos, para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, de este total, 894 millones 252 mil 882.95 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); tres millones 100 mil pesos del rubro Mando Policial (SPA) y 164 millones 955 mil 533.51 pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).1

En dicha repartición, Quintana Roo se vio afectada al recibir solamente....que comparado con las anteriores ministraciones

Cuadro 2

Porcentaje de avance en la Evaluación y Certificación de los cuerpos policiacos en las entidades federativas

Fuente: Tabla construida con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 28 de febrero de 2013.

Que durante los últimos cinco años, el estado de Quintana Roo ha mostrado un sustancial incremento en el número de delitos del fuero común, pero sobre todo en el primer semestre de este año. Así lo demuestran las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya que de un total de 17,713 delitos 311 fueron homicidios (119 dolosos y 192 culposos). Lo que arroja en promedio 50 muertes al mes.

Que en la entidad se han cometido en el mismo período 6,990 robos, 3,674 delitos patrimoniales, 249 violaciones y 8 secuestros. Las anteriores estadísticas reflejan, un proceso de descomposición del tejido social, pero además la falta de capacidad del gobierno estatal y de los municipales para prevenir el delito y para garantizar la seguridad de los ciudadanos quintanarroenses. Estos datos se pueden apreciar en el siguiente cuadro 3.

Cuadro 3

Que lo más grave, es la falta de capacitación y confiabilidad en los elementos directivos y operativos del Sistemas Estatal de Seguridad Pública, iniciando con los policías que no han sido certificados hasta en un 70 por ciento y siguiendo con algunos mandos medios y altos. Además, la normatividad es clara y precisa al establecer que aquellos funcionarios y elementos de corporaciones y procuración de justicia que no aprueben las evaluaciones medica, toxicológica, aptitudes físicas, psicológicas, y poligráficas, deberán ser dados de baja.

Que ante esta situación, los habitantes de nuestra entidad no pueden sentirse seguros, ¿Cómo podemos confiar en quienes no son confiables? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestras hijas e hijos puedan salir a la calle sin temor a ser víctimas de cualquier delito? ¿Dónde está la palabra empeñada del gobernador que se ufana de haber logrado carro completo en las pasadas elecciones? ¿Es así como seguirá gobernando en los próximos cuatro años?

Si el compromiso del gobierno federal es recuperar la paz y la justicia en estados tan vulnerables como Michoacán y Guerrero, también debe voltear a ver a nuestra entidad. No podemos ser parciales e injustos, el presidente de la república ha dicho que nadie está por encima de la ley. Los quintanarroenses exigimos tener autoridades confiables y capaces. Solo así haremos valer nuestro derecho a sentirnos seguros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, para que informe a la opinión pública los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales; así como de la implementación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (Proasp), el Subsidio para Policías Acreditados (SPA) y del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

Nota

1 Datos obtenidos del informe de avance al primer semestre de 2013, que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregó al Senado, el pasado 08 de agosto.

Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2013.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guanajuato a salvaguardar la vida de la joven María Luz Salcedo Palacios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 11 de septiembre del 2013, la joven María Luz Salcedo Palacios fue atacada por un hombre identificado como Miguel Ángel Jasso Manríquez, quien la golpeó brutalmente, y estuvo a punto de asfixiarla y quitarle la vida, en el poblado conocido como Ojo de Agua, en la sierra de Santa Rosa, cerca de Dolores Hidalgo.

María Luz Salcedo Palacios, señala que la noche del ataque, ella salió de su trabajo y que un amigo y el agresor, a quien identifica como un conocido, ofrecieron llevarla a su casa, sin embargo únicamente el conocido a quien señala como Miguel Ángel Jasso Manríquez, ofreció llevarla a su casa y ella aceptó sin dimensionar lo que estaba por suceder, pues éste le propuso tener relaciones sexuales a lo que ella se negó y fue cuando empezó a golpearla con la intención de matarla, según refiere la joven María Luz, quien logró escapar de su agresor.

Al huir, del lugar de los hechos, el agresor estrelló su auto y posteriormente al ser valorada por un médico legista se percató que su agresor estaba en la camilla contigua, y en ese sentido lo señaló como el responsable de las lesiones, sin embargo, la dejaron sola con su agresor, sin policías o personal que estuviera resguardándola.

A la fecha, el agresor sigue libre y el Ministerio Público no ha emitido una orden de protección, para evitar que el agresor se acerque a María Luz y salvaguardar su vida.

Nuestro país, al suscribir los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, se ha comprometido a prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, sin embargo, para María Luz Salcedo Palacios, este derecho no ha sido una realidad, pues además de ser atacada por Miguel Ángel Jasso Manríquez, ha sido víctima de violencia institucional por parte de las autoridades que deberían velar por su seguridad y por su vida, las cuales no actuaron con la debida diligencia.

El artículo 1o. constitucional resulta fundamental pues al reconocer los derechos humanos se determina el establecimiento de garantías para su protección y de manera puntual determina que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, por ello, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos , en los términos que establezca la ley.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, y establece los mecanismos y procedimientos para hacer exigible el derecho a una vida libre de violencia, entre éstos, se encuentra la emisión de órdenes de protección, las cuales son “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares”.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Guanajuato a girar instrucciones a la persona titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, a para salvaguardar la vida de la joven María Luz Salcedo Palacios.

Segundo. Se exhorta a la autoridad competente, emitir orden de protección para María Luz Salcedo Palacios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que Veracruz asuma la epidemia del VIH/sida como un problema de salud pública y de urgencia estatal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que el estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud, asuma la epidemia del VIH-Sida como un problema de salud pública y de emergencia estatal.

Consideraciones 1

El VIH-Sida es una pandemia que ha devastado comunidades, familias y grupos de personas, poniendo en riesgo la estabilidad de diversos países y regiones del mundo.

Por el número de casos acumulados México ocupa el tercer lugar en América –después de Estados Unidos y Brasil–, siendo la principal vía de transmisión la sexual. Aunque la proporción de mujeres viviendo con VIH o Sida permanece baja (17.4 por ciento) en comparación con los varones (82.6 por ciento), se observa un incremento sostenido de los casos reportados cada año en mujeres; es decir la brecha se ha ido cerrando.

El estado de Veracruz tiene el tercer lugar a nivel nacional por el número acumulado de VIH-Sida (más de 15 mil2 ) y el primero en mortalidad (68 por ciento de las personas que adquirieron el virus están muertas). La epidemia crece rápidamente en áreas rurales e indígenas: 50 por ciento de los municipios que tienen la tasa más alta de Sida son rurales o indígenas. Y no se ha logrado detener la transmisión perinatal -madre-hijo-, lo que se manifiesta en el incremento de nacimiento de niñas (os) con el virus.

De acuerdo a los datos arrojados por el Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el Sida (Censida), la prevención positiva en la entidad veracruzana no es exitosa debido a que no se cuenta con suficientes condones, ni con una distribución eficiente de los mismos; por no tener pruebas rápidas de detección de VIH para población abierta; por carecer de pruebas de sífilis y de VIH para mujeres embarazadas; por poseer un alto porcentaje de personas viviendo con tuberculosis/Sida y, por no dar adecuado seguimiento a las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además de ello, Veracruz se encuentra en semáforo rojo debido a que el incremento porcentual para detectar nuevos casos es muy inferior (0.7) a la media nacional (3.8) y, por presentar el porcentaje más bajo en el país en control virológico, lo que repercute directamente en la salud y la vida de las personas afectadas por el virus.

El Grupo Multisectorial en VIH-Sida e ITS del estado de Veracruz -conformado por organizaciones de la sociedad civil, personas viviendo con VIH o sida, académicosia en los dos últimos años ha ascendido a un millón y medio de pesos; cuando lo que se requiere cada año para enfrentar la epidemia son 60 millones de pesos.

Asimismo, este año, Censida retiró el apoyo monetario a la entidad veracruzana por la falta de confiabilidad debido a que el gobierno estatal no ejerció pero sobre todo, hasta la fecha no ha comprobado el destino de presupuesto entregado y que ascendió a un millón 260 mil pesos procedentes del ramo 12, rubro K003 .

Los y las veracruzanas infectados no tienen la culpa de la incapacidad del gobierno del estado en la aplicación y uso de los recursos. Dicha cancelación representa un obstáculo para afrontar la problemática del VIH-sida. El derecho a la salud es un derecho humano que debe estar por encima de los trámites burocráticos. Si el gobierno del estado de Veracruz no comprueba la erogación de dicho presupuesto federal, es justo solicitar que se sancione a los servidores públicos responsables de este hecho y no simplemente cancelar el apoyo.

Se percibe que existe una falta de liderazgo por parte del gobierno del estado de Veracruz para asumir la epidemia como un problema serio de salud pública y de emergencia estatal, así como un incumplimiento en la transferencia de los recursos financieros asignados por la federación derivados de diferentes rublos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en el marco de sus atribuciones y convenios con la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, exija a dicha secretaría que asuma la epidemia del VIH-Sida como un problema de emergencia estatal y de salud pública; asimismo, informe a la opinión pública sobre las acciones que se están llevando durante este 2013 y notifique los alcances y montos de los recursos federales para atender la problemática.

Segundo . Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que asuma su responsabilidad con la salud y la vida de los/las veracruzanas en el marco de los derechos humanos, asignando los recursos financieros necesarios para enfrentar la epidemia y respetando y transparentando los recursos federales asignados para dicho fin.

Notas

1. Información proporcionada en conferencia de prensa por la doctora Patricia Ponce, Coordinadora e investigadora del Grupo de estudios sobre género del CIESAS- Golfo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II ) y del Grupo Multisectorial en VIH-Sida e ITS del Estado de Veracruz.

2. Vigilancia Epidemiológica de casos/de VIH/Sida en México. Registro Nacional de Casos de sida

Actualización al 30 de junio de 2013 (Censida)

3. Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 25 de febrero de 2013 en el DOF.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a reparar los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos de Jesús Alejandro, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En pasados días, las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en las costas del golfo y pacifico, respectivamente; provocaron grandes daños de magnitud colosal generando una gran crisis y daños materiales y humanos, que hasta el momento no se han podido cuantificar porque en muchos municipios y comunidades aún no se tiene acceso y se desconoce con precisión los perjuicios que se ocasionaron contra la población, particularmente de origen indígena y negra.

Las pérdidas y afectaciones que se reportan son deslaves de cerros y montañas, ríos y barrancas desbordadas; caída de puentes; casas derribadas; hundimientos de suelo; encharcamientos de agua; caminos rurales y pavimentados destrozados; personas desaparecidas; heridos y enfermos desatendidos; pérdidas y afectación de cosechas, sembradíos; personas heridas, y desafortunadamente muchas pérdidas humanas, en 75 por ciento de los municipios de Guerrero.

Existen problemas urgentes que atender en el sector hidráulico, infraestructura, carretero, educativo y salud, de forma casi pronta y expedita, o el menor tiempo posible. Se tiene conocimiento que hasta el día viernes 27 de este mes, más de 53 mil viviendas afectadas, 33 carreteras averiadas; se han atendido a 31 mil 613 personas que resultaron afectadas por la tormenta tropical Manuel; que se han rescatado a 14 mil 217 personas que se encontraban en zonas de riesgo o incomunicadas, a consecuencia de las afectaciones generadas por la tormenta tropical. Que había 145 personas muertas. Al colapso de los comercios y los servicios en muchos municipios, se suman la pérdida de puestos de empleo, lo que hará difícil la recuperación normal de la economía de por sí ya desmayada en esa entidad del sur.

Públicamente se conoce que hay casi 40 mil guerrerenses en albergues, en 157 refugios. Sin embargo, en La Montaña no se conoce de refugios o albergues para damnificados. Apenas se supo de unas brigadas médicas en Metlatónoc, pero se desconoce la actividad de grupos de rescate y en el envío de despensas ha sido mínima. Esta es una realidad latente. Los animales de traspatio murieron, sus pocas pertenencias se perdieron y su cosecha se perdió definitivamente. La realidad que se vive es aterradora. Muchas familias están protegiéndose de casas hechas de plástico con horcones soportando las bajas temperaturas y una densa neblina, a ello se agrega la escasez de alimentos. En los campamentos hechos por los propios afectados en zonas de riesgo se alimentan de chiles, tortillas y frijol, además de consumir agua de lluvia.

A estas afectaciones graves en Guerrero, catalogadas de catástrofe, y en otras entidades debemos agregar responsabilidades, omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios de los tres niveles de gobierno, antes, durante y después de la tormenta tropical Ingrid y Manuel al no alertar a tiempo de los graves riesgos a la población y también por permitir construir en zonas de riesgo y hasta desatender a las víctimas y damnificados en tiempo y forma.

Existen ahora denuncias de que los apoyos se han concentrado en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Atoyac y otros municipios. Sin embargo, hemos observado que muchos municipios con población indígena donde poco o nada se ha hecho para mitigar sus necesidades básicas como el caso del municipio de Tixtla tierra de Vicente Guerrero y Manuel Altamirano, media ciudad las aguas siguen estancadas tapando casas y comercios, cientos de animales muertos y desagüe de aguas negras.

En Malinaltpec familias enteras de indígenas viven en la intemperie; en Totomixtlahuaca y Tlacoapa los ríos se llevaron casas, el cementerio y según afirman los pobladores desaparecieron algunos niños pero aun así, aunado que en la región se desconoce el número de personas desaparecidas.

En las comunidades de Metlatónoc y Cochoapa el Grande apenas el día domingo elementos de la Policía Federal pudieron ingresar con víveres y medicinas. Por vía terrestre es imposible por tantos derrumbes por lo que se desconoce la dimensión de las afectaciones y de vidas humanas perdidas; pero se alerta sobre el posible brote de la varicela. La mayoría de la población mixteca de Metlátonoc y Cochoapa El Grande, presentan infecciones estomacales y cuadros de problemas respiratorios. Las mismas autoridades policiacas es que cerca de 4 mil habitantes de los dos municipios no habían recibido ningún tipo de auxilio desde hace dos semanas.

En Huamuxtitlán, la ciudad está inundada, lo mismo que en Tlapa en la parte del barrio de San Diego. Tan sólo en el municipio de Acatepec 80 comunidades están incomunicadas y el panorama es desolador al ver los caminos destrozados.

Recientemente en Tlapa representantes y autoridades comunitarias indígenas reclamaron con tristeza a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, la desatención que han sufrido las comunidades indígenas en la región de la Montaña, en sus propias palabras dijeron: “Para el gobierno no existimos, no les dolemos” . Esa percepción la compartimos y nos duele reconocerlo, pero a este desastre se suma el abandono histórico que padecen las comunidades indígenas en el país, particularmente en Guerrero.

Otro hecho que merece la atención de las autoridades es que las comunidades indígenas afectadas no confían en sus presidentes municipales, por el uso faccioso y poco transparente de sus actos, por lo que demandan que los apoyos lleguen de forma directa para evitar traficar con su desgracia. Mientras tanto, en la región de la montaña se ha constituido el “Consejo de Autoridades Comunitarias Afectadas por la Tormenta” organismo que exige transparencia y fiscalización ciudadana para evitar desvío de recursos, acaparamientos, usos indebidos o facciosos de las asistencias humanitarias a las comunidades y municipios indígenas de la región de la Montaña y Costa Chica.

Un hecho no menos grave es que el Ejército cuando aplica el Plan DN III en comunidades y hacen presencia en las comunidades indígenas se limita a hacer tareas menores al tiempo que exigen que se les dote de alimentos en lugar de hacerlo ellos con la población indígena afectada. Eso mismo pasó en la comunidad de San Rafael hace algunos años. Ahora se repite la misma historia. En esta ocasión se esperaba una reacción más contundente del Ejército, pero se limitó hacer un recuento de daños y no quisieron ayudar a la población para abrir una brecha a las comunidades, pero incluso, pidieron de comer. Esto es insólito para una institución que nos inspira respeto y reconocimiento.

A pesar de haber transcurrido ya dos semanas que pasó la tormenta Manuel los indígenas en La Montaña y Costa Chica, los niños, mujeres, hombres y ancianos, sobreviven en condiciones insalubres, sin agua potable. En los últimos informes que tenemos es que están brotando enfermedades como el dengue y los víveres cada vez son más escasos. Muchas comunidades no tienen energía eléctrica por la caída de los postes eléctricos.

En suma, las comunidades indígenas más necesitadas de la Montaña Alta, han recibido apenas el 5 por ciento de apoyo del total de despensas, por lo que la ayuda no es pareja, por la incomunicación, el clima, pero también por la actitud burocrática y al tráfico y lucro político que se hace en estos casos, desde formas de paternalismo, sumisión y simulación como lo señala un columnista del periódico de circulación nacional.

Otra agravante es que el costo de los productos básicos ha subido de precio, igual que el transporte público con la complacencia de las autoridades.

Por estas consideraciones someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus facultades instruya a todas las secretarías a fin que se dé una atención de forma pronta y expedita, con apoyo culturalmente pertinente a todas las comunidades y municipios con población indígena de Guerrero, como en La Montaña y Costa Chica; asimismo, se formen brigadas médicas, y el envío de apoyos y ayudadas suficientes a los damnificados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el gobierno de Guerrero, para que en el ámbito de sus competencias iniciar la reparación de los caminos y carreteras dañadas que comunican a las comunidades indígenas como la Tlapa-Marquelia, Tlapa-Metlatónoc, Tlapa-Huamuxtitlán, Tlapa-Chilpancingo, Marquelia-Ometepec. En el mismo sentido la reparación de todos los caminos rurales que comunican a las comunidades indígenas.

Tercero. Se exhorta al Fonden para que sin discriminación destine recursos específicos para la reconstrucción de las comunidades indígenas afectadas.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el gobierno de Guerrero, en el marco de sus competencias, para que destinen toda la ayuda necesaria y la aplicación inmediata del programa Cruzada contra el Hambre a las comunidades indígenas y municipios afectados.

Quinto. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus competencias iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios de los tres niveles de gobierno, antes, durante y después de la tormenta tropical Manuel que afectó a 75 por ciento de los municipios de Guerrero.

Sexto. Se exhorta al gobierno de Guerrero para que en el ámbito de sus competencias inicie las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios estatales, antes, durante y después de la tormenta tropical Manuel.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar a conocer a la opinión pública la situación que guarda lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, del artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que proporcione información puntual a la opinión pública sobre la situación actual que guarda lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 7 de julio de 1978, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación) dentro del marco de la Conferencia internacional sobre formación y titulación de la gente de mar.

El 18 de diciembre de 1981 se publico en el Diario Oficial de la Federación la adopción del Gobierno de México al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar de 1978.

Que conforme a lo dispuesto por el acta final de la Conferencia de las Partes en el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, se han efectuado enmiendas los años 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 2004, 2006 y 2010.

Que con fecha 1 de junio de 2006, se publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, estableciéndose que la educación náutica debe contar con un buque escuela.

Con fecha 9 de mayo de 2008, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ordenó la desincorporación definitiva del buque escuela Náuticas México para ser adjudicado a Phoenician Imports Inc. dentro del marco de la licitación pública número SCT.-645-001/2008 por la cantidad de $13,140,000.00 pesos, moneda nacional, mas IVA, que fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

Que con fecha 1 de enero de 2012 entraron en vigor las más recientes enmiendas denominadas “Enmiendas de Manila”, incluyendo la obligación del gobierno de México de informar al secretario general de la OMI sobre el cumplimiento de los nuevos requisitos para la formación del personal profesional de la marina mercante mexicana.

Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación Para El ejercicio Fiscal 2013, el Poder Legislativo autorizó para el gasto programable del ramo administrativo 09, denominado “Comunicaciones y Transportes”, un monto total de $86,234.9 millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya programado la restitución del buque escuela que fue desincorporado del dominio público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero: La formación Marítima en México, a pesar de ser, por una parte un motor de desarrollo económico por su vocación marítima derivada de sus mares territoriales excepcionalmente ricos y poco desarrollados, así como las históricas defensas que en ellos se han llevado a cabo en los diferentes momentos de la historia nacional, muchos de ellos de forma heroica, exigen del Estado y del Ejecutivo federal mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un especial énfasis en su desarrollo, siendo además la actividad marítima mercante, fuente de desarrollo económico importante, ya sea en la navegación de altura como en el cabotaje y que desafortunadamente es prácticamente inexistente en la nación por la falta de visión y desconocimiento de los recursos del mar.

Segundo: Con la entrada en vigor de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el 1 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el marco legal que rige la educación náutica, reforzando su carácter público y la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de organizarla e impartirla directamente, debiendo contar para tal efecto con un buque escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Tercero: Además de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, también el Convenio internacional sobre normas de formación y titulación de la gente de mar de 1978 prevén el establecimiento de planes y programas de estudio que especifiquen la forma en que los oficiales de cubierta y de maquinas demuestran en la práctica haber adquirido sus competencias mínimas.

Cuarto: Estando el gobierno de México obligado primeramente a comunicar al Secretario General de la Organización Marítima Internacional el texto de las leyes, decretos órdenes, reglamentaciones e instrumentos promulgados acerca de las diversas cuestiones regidas por el Convenio internacional sobre normas de formación y titulación de la gente de mar de 1978 enmendado y posteriormente los pormenores completos del contenido y duración de los planes de enseñanza, es contradictorio que ante la comunidad internacional de naciones que integran la Organización Marítima Internacional, México comunique que por ministerio de ley la educación náutica en México debe contar con un buque escuela, mientras que periódicamente informa que sus planes y programas de estudio se llevan a cabo sin contar con un buque escuela.

Quinto: El 6 de diciembre 1995, la Organización Marítima Internacional anunció que setenta y un países miembros forman parte de la “lista blanca” de la OMI, ya que decidieron estar de plena conformidad con el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar de 1995. Este fue un anuncio muy importante para los Marinos Mercantes porque sus medios de vida dependen de sus títulos y los refrendos que se reconocen en todo el mundo. Las operaciones modernas de buques requieren tripulaciones altamente capacitadas y competentes.

Sexto: Antes de que los marinos mercantes puedan conseguir trabajo a bordo de los buques, deben contar con certificados o refrendos que dan fe de su formación y cualificación, debido a que los navegantes puedan trabajar en buques de otros países durante su carrera, debido a su formación calificada, lo que permite que los otros países reconozcan sus certificados.

Séptimo: Las enmiendas al Convenio de formación, entre otras cosas, puso en prioridad el elementos humano para la seguridad marítima, se fijaron programas de formación y normas de certificación que reconocen la complejidad de su trabajo, y exige que todos los países miembros deben seguir las mismas normas, pues el 98 por ciento del tonelaje de buques del mundo se registra en los países que son partes en el Convenio de Formación, que obliga a los gobiernos a garantizar que los marinos en sus buques cumplen con las normas de formación, y con un mayor control del Estado.

Octavo: Al no contar con un buque escuela, no sólo se favorece la problemática existencia de criterios administrativos poco claros para impartir la formación y capacitación para el personal de la marina mercante nacional, sino que también se genera una afectación directa al derecho de los educandos, y que se dé una carga de discrecionalidad a favor de la autoridad en materia de educación náutica, la cual adicionalmente estaría incumpliendo el mandato dictado en la ley que ordenó el uso de un buque escuela para la impartición de educación náutica en México.

Noveno: Actualmente, los alumnos deben complementar su preparación académica mediante periodos de practica a bordo de una muy limitada cantidad de embarcaciones mercantes nacionales o extranjeras, que no cuentan con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de los objetivos académicos asumidos por el gobierno de México, con una regulación administrativa desactualizada que responde a otros momentos del marco legal nacional e internacional.

Décimo: La anterior problemática se resolverá con la existencia de un buque escuela, preferentemente diseñado y construido en astilleros Mexicanos, con capacidad para albergar abordo a toda una generación de estudiantes de las tres escuelas náuticas mercantes que existen en el país por un periodo de embarco no inferior a 12 meses, dotado de tecnología didáctica y actualizada necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar al titular del Ejecutivo federal, información puntual a la opinión pública sobre la situación actual que guarda la educación náutica en México, haciendo énfasis sobre las siguientes cuestiones:

a) Cuál es el estado que guardan las disposiciones que integran el Capítulo VI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

b) Cuál ha sido el cumplimiento dado de lo dispuesto por el artículo IV, denominado Comunicación de información, del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978.

c) Cuál es la situación actual en la implementación de las nuevas disposiciones previstas por las Enmiendas de Manila al anexo del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de octubre de 2013.

Diputado Germán Pacheco Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a integrar una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, respectivamente

Las diputadas y el diputado suscritos, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente y obvia resolución de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El examen periódico universal (EPU), establecido en 2008, es el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHONU) para supervisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 Estados miembro, cada cuatro años y medio.

En este procedimiento los Estados evalúan a sus pares de acuerdo al Informe nacional sobre la situación de derechos humanos, que es el documento oficial. Asimismo, se consideran la recopilación realizada por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y otros órganos. De igual modo, la OACNUDH prepara también una síntesis de los informes que remiten las organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

El examen evalúa el respeto del Estado a las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales ratificados en la materia, el derecho humanitario así como los compromisos asumidos por el Estado, de acuerdo con la resolución A/HRC/RES/5/1 del 18 de junio de 2007.

El Estado mexicano presentó su informe el 22 de julio del presente año, y acudirá al examen periódico universal el próximo 23 de octubre, donde las contrapartes le harán recomendaciones sobre los principales aspectos. Después, tres países miembros del CDHONU, que en esta ocasión serán la República Checa, Kazajstán y Burkina Faso, emitirán un primer informe que recoja las respuestas de México y las recomendaciones.

Después de este ejercicio, se elaborará un informe final el 25 de octubre, cuyo contenido podrá ser, en su caso, aceptado, rechazado o pendiente de acuerdo a la valoración del Estado mexicano, para revisión en la sesión del Consejo en marzo de 2014, donde se adoptará en sesión plenaria con el objeto de que nuestro país implemente las recomendaciones antes de la tercera revisión.

El informe nacional proviene de un proceso de consultas coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que “involucra a dependencias e instituciones del Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial, y al Instituto Federal Electoral. Se consultó a académicos, expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) mediante la celebración de dos foros sobre justicia y derechos humanos, y sobre la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres. Igualmente, se constituyó una mesa de trabajo con OSC para tratar el combate a la pobreza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Adicionalmente, el Estado ofreció un espacio para recibir insumos y opiniones de las OSC y del público en general, a través del portal de la SRE.1

En esta ocasión, el CDHONU cuenta con un informe conjunto elaborado por 32 organizaciones nacionales y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 73 asociaciones,2 además de hasta 12 informes elaborados por separado, que abarcan una variedad de temas que van desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El primer examen de México tuvo lugar en febrero de 2009, en el que se recibieron 91 recomendaciones, de las cuales 83 fueron aceptadas, 3 fueron rechazadas y el resto sin una respuesta que permitiera saber una posición firme. En dicha sesión, encabezó la delegación el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

La importancia de que la delegación mexicana cuente con representantes de alto nivel por parte del Ejecutivo, como son los secretarios del despacho, estriba en la necesidad de que los derechos humanos sean objeto de una auténtica política de Estado, pues su respeto, protección, garantía y promoción refieren al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales e internacionales ante la ciudadanía.

Es evidente que dependencias como Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República tienen un lugar preeminente, pues sus propias estructuras orgánicas contienen áreas especiales para la ejecución cotidiana de la política de derechos humanos. Sin embargo, la ampliación de la agenda de los derechos humanos en las últimas décadas, así como los avances en la legislación aplicable, han involucrado crecientemente a otras áreas de la administración pública, tales como las carteras Economía, Comunicaciones, Medio Ambiente, Desarrollo Social o Trabajo, que directamente son responsables por el diseño de políticas y el cumplimiento de ciertos derechos de incorporación reciente a nuestro orden jurídico.

Por otro lado, en los últimos años, el Congreso de la Unión ha tenido sin duda un papel protagónico respecto a los derechos humanos, acaso como nunca antes en la historia. Las reformas constitucionales en derechos humanos y en materia penal, así como las leyes secundarias de víctimas, personas defensoras y periodistas, violencia contra las mujeres, amparo, entre otras.

Además, aún hay una importante deuda del Poder Legislativo acerca de las leyes reglamentarias en materia de asilo, expulsión de personas extranjeras y suspensión y restricción de derechos y garantías, derivadas de los transitorios de la reforma constitucional, así como con respecto a la reforma al Código de Justicia Militar para imponer límites a la jurisdicción castrense, como ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe destacar que muchas de estas leyes pendientes fueron señaladas ya desde la primera evaluación de México en 2009.

Asimismo, en cuanto a las recomendaciones rechazadas por el Estado mexicano en la primera revisión en materia de eliminación del arraigo, fuero militar y la definición de delincuencia organizada, cabe mencionar que todas ellas se encuentran en directa relación con el quehacer legislativo, y constituyen aún pendientes entre los más señalados por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.3

Las innovaciones de la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas significan un paso hacia la mayor coordinación entre distintas autoridades y poderes, que se reúnen en órganos deliberativos y ejecutivos donde asumen compromisos para llevar a cabo acciones de reparación integral y protección, por citar sólo dos de ellas.

Además, en el informe conjunto de la sociedad civil, hay señalamientos específicos sobre la armonización legislativa, que consideramos atañen tanto a las Cámaras del Congreso de la Unión como al Ejecutivo (en tanto facultado para presentar iniciativas, para hacer observaciones a los proyectos legislativos aprobados y para vetar y promulgar leyes) y los poderes legislativos de las entidades federativas.

La misión tradicional de la administración de justicia ha sido preservar y aplicar los principios y las disposiciones sobre los derechos fundamentales. Sin embargo, con las reformas penal, de amparo y derechos humanos, así como con el recientemente adoptado control de convencionalidad derivado de la resolución al cumplimiento de la Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial ha entrado en un nueva época, donde tiene un papel creativo y constructivo imprescindible para la realización de estas obligaciones internacionales y constitucionales.

Por otro lado, las entidades federativas también reciben distintas observaciones en el citado informe, por ejemplo, respecto a la situación de la seguridad pública, la tipificación de distintos delitos o la vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras, problemáticas que adquieren dimensiones muy distintas de acuerdo a las demarcaciones políticas y geográficas, así como a factores regionales. Es por ello que su participación en este examen puede significar un diálogo fructífero, que permita monitorear los avances más puntuales y contribuir a la profesionalización de los gobiernos de las partes integrantes de la federación.

Por estar razones, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la encomienda de integrar una delegación que, por un lado, refleje la importancia jurídica y política que los derechos humanos ocupan en la estructura del Estado mexicano, y, por el otro, cuente con funcionarios públicos y representantes populares capaces de aportar visiones desde los distintos ángulos de sus responsabilidades y adoptar compromisos serios y duraderos para implementar las recomendaciones en la materia.

Estamos convencidas y convencidos de que, por la importancia del sistema de Naciones Unidas en la evolución del régimen jurídico y político de nuestro país, el EPU constituye una oportunidad muy valiosa para obtener insumos sobre los más graves pendientes en materia de derechos humanos, y que la responsabilidad adquirida por el Estado atañe a todas sus partes integrantes. La rendición de cuentas hacia la ciudadanía debe complementarse con un adecuado desempeño en la materia ante la mirada de comunidad internacional.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de sus atribuciones para coordinar la asistencia de México a la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, integre una delegación plural y de alto nivel, a fin de que en dicho ejercicio se establezcan compromisos de Estado, y se presenten información y planteamientos por parte de los tres Poderes de la Unión, de las distintas áreas de la administración pública federal y de las entidades federativas.

Notas

1 Consejo de Derechos Humanos, “Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, México”, 6 de agosto de 2013. Versión en línea disponible en: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MX/A_HRC_WG.6_17_ MEX_1_Mexico_S_iDrits.doc

2 “Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo”, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, decimoséptimo período de sesiones, Ginebra, 21 de octubre a 1 de noviembre de 2013, disponible en http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MX/A_HRC_WG.6_17_ MEX_3_Mexico_S_iDrits.doc

3 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y otras 32 organizaciones de la sociedad civil, “Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del examen periódico universal a México”, 4 de marzo de 2013, páginas 4-5 disponible en: http://www.cmdpdh.org/2013/07/informe-conjunto-presentado-por-organizac iones-de-la-sociedad-civil-mexicana-para-la-segunda-ronda-del-examen-pe riodico-universal-a-mexico/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputados: Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas)