Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3873-V, martes 1 de octubre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán y Lisandro Arístides Campos Córdova, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población de Guerrero y Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.
Consideraciones
El pasado 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República Mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la Depresión Tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, formados por el lado del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó según la Conagua los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas los estados de Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, pues en el estado de Guerrero han fallecido hasta el momento 27 personas.
El estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al ocuparse al 100% de su capacidad se desbordaron, provocando zonas incomunicadas como las localidades de: Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzicuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato , en el municipio de Zirándaro, por su cercanía con el río Balsas.
En el estado de Michoacán, también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de: Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio , que tienen su cercanía con el Río Balsas, el Río Bajo Tacámbaro y con la presa El Caracol.
Afectando tan sólo en estos dos municipios a más de 6, 954 habitantes, lo que representa 1,707 viviendas colapsadas, siendo, como siempre, la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.
No debemos perder de vista, además, que si bien las lluvias torrenciales que acaecieron en menos de 72 horas pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.
Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.
Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, a través de la cual se puede apoyar con enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de desastre por aparte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso, los recursos del Programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.
Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y que también puede financiarse con los recursos del Fondo Nacional de Desastres, para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.
En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la desarrollo Social del Gobierno Federal, a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo Temporal respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.
Diputados: Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer el sistema de preparatorias federales por cooperación, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución bajo las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
En 1917, con motivo de los hechos suscitados en la Revolución Mexicana, la Constitución Política plasmó en su artículo 3o., la gratuidad y laicidad de la educación que impartiría el Estado.
La redacción del artículo conforme a su texto original señalaba lo siguiente:
Artículo 3o. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
Con el establecimiento de la gratuidad de la educación impartida por el Estado y la laicidad de la educación primaria, elemental y superior, el Constituyente de 1917 marcó el rumbo de la nación y forjaron las bases del desarrollo de nuestro país para el siguiente siglo.
Nuestro país estaba en recuperación de un conflicto armado y la principal preocupación del constituyente era la reconstrucción de la nación.
Durante los años posteriores dicho artículo fue recibiendo modificaciones, dentro de las cuales podemos resaltar la elevación a rango constitucional de la facultad del Estado para determinar los planes, programas y métodos de estudio, así como la obligación de los particulares que se dedican a impartir la educación de obtener autorización del Estado a través del reconocimiento de validez de los estudios que imparten en sus diferentes niveles. De igual manera en 1980 se reconoció la autonomía y el autogobierno a algunas instituciones de educación.
Pero quizá una de las más importantes es la que se realizó en el año 1993, fecha en que el artículo 3o. constitucional fue reformado en pro de una modernización educativa, estableciendo en nuestra Carta Magna la educación básica, mediante el señalamiento de la obligatoriedad de cursar la educación primaria y secundaria para todos los mexicanos.
Con estas modificaciones, el Congreso de la Unión veló por el desarrollo de los mexicanos y se procuró garantizar el acceso a la educación básica de manera universal, no obstante estar atravesando por una situación económica desfavorable, hoy en día es claro que la decisión tomada por el Congreso en 1993, ha dado resultados pues la cobertura de la educación básica es de casi un 100 por ciento. Se estima que sólo entre el 1 y 2 por ciento de menores de 17 años no acuden a la escuela por motivos de trabajo agrícola o de impedimentos físicos.
En diciembre de 2010, ésta Cámara de Diputados aprobó una nueva modificación al artículo 3º constitucional, mediante la cual se amplió la educación obligatoria hasta el nivel de Educación Media Superior, para que ésta incluya primaria, secundaria y preparatoria. Dicha modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2012, y obliga al Estado a impartir la educación preparatoria a cualquier persona que lo solicite. Tal enmienda se aprobó como un reconocimiento de la importancia de la Educación Media Superior como estratégica para la formación de la ciudadanía, el desarrollo económico, así como la consolidación de nuestra democracia y valores sociales.
Los cambios aprobados atienden a diversas tendencias observadas a nivel internacional así como recomendaciones hechas por los organismos internacional, como el caso del señalamiento que la UNESCO realizara, mencionando que para garantizar el desarrollo sostenido de un país es recomendable contar con tasas de cobertura en educación superior de entre un 40 y 50 por ciento.
Consideraciones
Como se puede advertir, desde su introducción en la constitución de 1917, el espíritu del artículo 3º constitucional ha sido siempre el de garantizar el acceso a la educación para todos los mexicanos, y las modificaciones que el mismo ha sufrido en el transcurso de los años han estado orientadas a la mejora de los niveles educativos y la cobertura de los mismos.
Con la última modificación realizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, se pretende contar con una cobertura universal en la Educación Media Superior para el ciclo escolar 2021 - 2022.
Pero hoy en día debemos ser conscientes de la realidad que enfrenta México en materia de educación de Nivel Medio Superior y Superior, para lo cual debemos tener claro que dentro de su última publicación del Panorama para la Educación, correspondiente al 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que en México el porcentaje de estudiantes que cursan la Educación Media Superior es de tan sólo el 56 por ciento, mientras que en la Educación Básica se tiene cobertura de casi 100 por ciento.
Aún cuando las modificaciones realizadas al artículo 3º para elevar la educación obligatoria hasta el nivel de Educación Media Superior nos dan grandes esperanzas para el desarrollo de México, la realidad es que hoy en día según la OCDE, la población de México que ha obtenido Educación Media Superior es de solo el 36 por ciento, uno de los porcentajes más bajos dentro de todos sus estados miembros, ya que la media es de 75 por ciento.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, estipula que la cobertura universal en educación media superior se deberá alcanzar para el ciclo escolar 2021 – 2022, más sin embargo, hoy en día México sigue presentando grandes rezagos en materia de nivel de educación de su población, lo cual hace una obligación del Estado atender de manera prioritaria el tema, sin que las políticas públicas dictadas en la materia se basen en un plazo que vence dentro de nueve años. Hoy en día es oficial, la Educación Media Superior es obligatoria y gratuita, por lo cual es obligación del Estado impartirla a todas las personas que lo soliciten.
En México, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, reconoce dentro de la Dirección General de Bachillerato, diversos servicios educativos proporcionados por las entidades estatales o particulares, que son coordinados por la SEP. Dentro de éstos se contempla el Sistema de Preparatorias Federales por Cooperación, cuya principal característica es que tienen participación de los tres niveles de gobierno, así como de instituciones u organizaciones sociales e inclusive de individuos preocupados por el desarrollo de las comunidades, mediante un modelo escolarizado y 100 por ciento presencial.
Desde su creación en 1938, las Preparatorias Federales por Cooperación han sido el Sistema de Educación Media Superior que ha servido para llevar la oferta educativa de nivel medio superior a las comunidades más desfavorecidas del país, pues al tratarse de un proyecto que cuenta con la intervención económica de los tres niveles de gobierno, así como de organismos y particulares interesados en el desarrollo de su comunidad, ha permitido que con esfuerzos conjuntos se lleve educación media superior a comunidades rurales y comunidades económicamente menos favorecidas.
Es menester señalar que éste tipo de sistemas educativos, por la forma en que fueron creadas y su desarrollo han sido la base de la lucha en contra de la desigualdad de oportunidades educativas entre las comunidades, fomentan la igualdad de oportunidad entre los géneros y son base para el combate de las brechas sociales y la justicia social.
El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, debe tomar acciones inmediatas para asegurar el incremento del número de mexicanos que cuenten con estudios de nivel medio superior, para lo cual debe valerse de programas como el de las preparatorias federales por cooperación, con la finalidad de ampliar la oferta educativa en el nivel de educación media superior.
Los diputados federales somos los primeros responsables de fomentar e impulsar medidas que combatan el rezago en materia de educación que ha presentado México durante las últimas décadas. En virtud de lo cual, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer el Sistema de Preparatorias Federales por Cooperación, con objeto de asegurar educación de calidad a los estudiantes, a fin de prevenir y combatir la deserción estudiantil en este nivel educativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputada María Rebeca Terán Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de Tabasco, Campeche y Champotón, de la carretera federal 180, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Jorge Rosiñol Abreu, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, artículo 79, fracción II, numeral 1 y fracciones I y II numeral 2, del Reglamento de La Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice el estudio costo-beneficio; así como también el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios para la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón, de la carretera federal 180, el cual permita que los próximos trabajos de ampliación y asfaltado sean de alta calidad y durabilidad y al titular del Ejecutivo federal para que, en su caso, destine los recursos necesarios y suficientes para que se lleve a cabo la ampliación de este tramo carretero; lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
Hay varios factores clave para el crecimiento y desarrollo económico de un país, entre los cuales hay dos de suma importancia:
1. Tener carreteras seguras y en perfectas condiciones físicas.
2. Contar con carreteras amplias y señalizadas.
En México ocurren todos los días siniestros y accidentes automovilísticos en la red carretera nacional, en algunos casos lamentablemente con pérdidas humanas.
Según datos obtenidos por el Instituto Mexicano del Transporte, en el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales (2010) en los casi 57 mil kilómetros de carreteras vigilados por la Policía federal, se registraron 27 mil 847 accidentes.
En el estado de Campeche se registraron 457 accidentes, donde participaron 675 personas de las cuales perdieron la vida 76 y hubo 370 lesionados en mil 312 kilómetros de carreteras.
Uno de los tramos más peligrosos que concentró un número considerable de accidentes pertenece al tramo que limita los estados de Tabasco y Campeche –Nuevo Progreso (Península de Atasta), la mayoría de los accidentes ocasionados es por las condiciones físicas en las que se encuentra esta carretera y por lo angosto de la misma, y en estas mismas condiciones se encuentra el tramo carretero comprendido hasta el municipio de Champotón.
Además del buen estado en que deben operar las carreteras dentro de territorio nacional, el otro factor indispensable, es el de contar con caminos y carreteras amplias, ya que además coadyuvan en la integración de zonas y regiones, y disminuyen los riesgos de accidentes automovilísticos.
La infraestructura carretera ha sido de vital importancia para México, ya que su amplia red permite comunicar al país internamente, así como también sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre los Estados Unidos y parte de Centro América y a su vez uniendo a los puertos que se encuentran en el océano Pacifico con el Golfo de México y el Caribe.
Para que un país sea competitivo, necesita de la infraestructura con que éste cuente, lo cual representa un factor determinante para el desarrollo económico de México y sus áreas de oportunidad.
Por la importancia económica, turística y su relevancia estratégica, la carretera federal 180 requiere de una ampliación a cuatro carriles en el tramo carretero del puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón, el cual comprende una longitud de 171 kilómetros; en su largo trayecto se observa que sólo cuenta con dos carriles, y sin zonas de acotamiento, el pavimento presenta daños que dificultan el transito ocasionando accidentes que en muchos de los casos resultan en pérdidas de vidas humanas y materiales, además de paralizar la circulación de los vehículos en ocasiones por largas horas, como consecuencia de no contar con una vía alterna que rodee la isla del Carmen en la masa continental.
Es importante señalar que esta carretera federal 180 cruza por toda la costa del Golfo de México y sirve de enlace para transportar productos desde el sureste del país a la zona fronteriza de Reynosa y Matamoros, así como de vínculo carretero entre los puertos de Progreso, Puerto del Carmen, Dos Bocas Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Altamira, también es considerado como un corredor turístico de internación, por el cual los turistas tienen una ruta directa hacia la península de Yucatán (Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres), representa la zona productora de ganado, cítricos, además de ser un área de pesca, de captura y de cultivo. Cruza también por el área petrolera de la costa del Golfo de México.
Diariamente son transportados por esta carretera miles de litros de combustibles fósiles, y productos derivados a partir del petróleo, tales como gasolinas líquidas para automóviles y la aviación, en sus diferentes grados; queroseno, diversos combustibles para turbinas de avión, y el gasóleo, detergentes, entre otros, lubricantes (aceites para maquinarias, aceites de motor, y grasas), estos productos son transportados vía terrestre en vehículos de doble remolque con destino final Ciudad del Carmen y la península de Yucatán, ya que en el municipio del Carmen, se encuentra el helipuerto más importante de México, utilizado por Petróleos Mexicanos para traslado de personal a las plataformas petroleras de la sonda de Campeche.
Transportar vía terrestre estos productos es un peligro inminente para los usuarios y habitantes que radican en las cercanías de la carretera federal, ocasionando accidentes de consecuencias lamentables.
El sexenio anterior, se caracterizó por haber creado el programa más grande y ambicioso en infraestructura carretera de todos los tiempos, el cual sumó de 2007 a noviembre de 2012, la construcción de 21 mil kilómetros de carreteras y caminos alimentadores, lo cual fue posible con la inyección de recursos públicos y privados que rebasaron los 320 mil millones de pesos al finalizar la administración.
Cabe destacar que se invirtió buscando fortalecer grandes corredores que cruzan el país, y se han concentrado en 15 de estos ejes longitudinales y transversales, dos de ellos cruzan por el estado de Campeche, el eje México-Puebla-Progreso, y el corredor peninsular de Yucatán.
Desafortunadamente quedó pendiente de modernizar a cuatro carriles este tramo carretero, el cual es el único que falta por ampliar, en la península de Yucatán.
Resulta de gran relevancia mencionar que las obras de ampliación en este tramo son de gran importancia nacional como regional, ya que actualmente cuenta con un tránsito promedio anual de más de dos millones de vehículos, de ampliarse esta vialidad se estaría agilizando considerablemente la circulación del transporte de carga, pasajeros y particulares, coadyuvando así al desarrollo industrial, comercial, agropecuario y turístico, beneficiando en forma directa a más de 400 mil habitantes de los municipios de Carmen, Escárcega y Champotón, Campeche, demostrando que la infraestructura carretera es la base del desarrollo económico y social de cualquier país.
Así, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice proyecto costo-beneficio, para ampliar a cuatro carriles el tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón, de la carretera federal 180.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que elabore un proyecto ejecutivo y estudios complementarios necesarios, para la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero comprendido del puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón de la carretera federal 180, el cual permita que los próximos trabajos de ampliación y asfaltado sean de alta calidad y durabilidad.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que otorgue los recursos necesarios y suficientes que permitan la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero comprendido del puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón, el cual consta de aproximadamente 171 kilómetros de la carretera federal 180.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de seguimiento y vigilancia de las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal con relación a los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, José Luis Muñoz Soria, diputado de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, apartado uno, fracción I, y 79, apartado uno, fracción I, y apartado dos, fracciones I y III, somete a consideración de este pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
1. El pasado 15 de septiembre ocurrieron de manera extraordinaria y simultánea dos fenómenos meteorológicos, uno proveniente del Océano Pacífico y el otro del Océano Atlántico; los cuales afectaron a mas de de dos terceras partes del territorio nacional, un equivalente total de veintiséis entidades federativas.
2. Hasta el momento las estadísticas son apabullantes, ya que la suma de víctimas asciende a 139 fallecidos y 59 mil personas desalojadas. Se han emitido 312 declaratorias de emergencia para municipios correspondientes a 14 entidades federativas.
Esto da como resultado la urgencia de que el gobierno promueva ahora el restablecimiento de la infraestructura en los diferentes rubros, la reactivación inmediata de la economía y proteja el empleo de los mexicanos.
3. Hemos venido observando y denunciando la inoperancia gubernamental ante los grandes problemas nacionales y no podemos permitir que la población siga –como lo dice el Ejecutivo federal– “de pie”, pero bajo más de un metro de agua.
4. Es cierto que los fenómenos ocurridos no son atribuibles al gobierno, pero de lo que sí es responsable es de no contar con los procedimientos adecuados de alerta y prevención para dichos fenómenos en función de la población en riesgo. Es esencial vigilar el ejercicio adecuado de sus capacidades propias de gobierno para contrarrestar y aminorar los efectos negativos de la crisis que hoy enfrentamos.
5. Cabe señalar que han existido casos recientes donde ha habido un claro uso indebido de recursos en desastres naturales ocurridos en varias entidades. Por eso y otras razones es necesario conformar un grupo plural que de seguimiento puntual al gasto de dichos recursos.
En este sentido, en el Partido de la Revolución Democrática, concretamente en su fracción parlamentaria habla hoy por mi conducto, para asumir mediante la mediación política responsable la tarea de convertir las carencias y necesidades esenciales de la población damnificada en promesas materializadas que abraquen sin distingo a todos los mexicanos.
Nuestro llamado es a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a todas sin distinción alguna, para autorizar la creación de una comisión que se avoque a revisar la estructura y composición de la estrategia elaborada por la Secretaría de Gobernación para coordinar los trabajos con las dependencias involucradas, para vigilar la transparencia en el ejercicio del gasto y para dar seguimiento a todas y cada una de las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales para reparar los daños sufridos a causa de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
Sobre este tema, la solicitud es que a la comisión se le otorgue la facultad de citar a los funcionarios del ramo y a los sectores involucrados, a fin de que se determinen las alternativas y opciones para que en el menor tiempo posible sean mitigadas las necesidades de la población.
Es momento de que el gobierno federal comprenda que se requiere materializar todos sus proyectos propuestos y concentrar el esfuerzo a lo largo y ancho del territorio nacional y no solo en una entidad. En esto el Partido de la Revolución Democrática y muchos otros actores políticos entendemos que, por encima de la confrontación política natural, existen momentos en que hay que aportar y cooperar. De ahí la formulación que hacemos hoy de una estrategia urgente e inmediata para atender con responsabilidad debida la destrucción en sus reales términos y proporciones.
Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento y vigilancia a las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal con relación a los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
Segundo. Se le otorgue a la comisión la facultad de citar a comparecer a los diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rindan informe detallado de los recursos otorgados para atender los efectos de esta crisis climatológica, detallando en que partidas se ordenaron. Asimismo cuales serán las reglas de operación que servirán como herramienta para la transparencia en el ejercicio del gasto.
Tercero. Se le otorgue a la comisión la facultad de citar a comparecer y requerir información en relación al tema a las otras secretarías de Estado y Ejecutivos de las entidades federativas involucrados en el tema.
Cuarto. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.
El número será de 14 miembros a efecto de integrar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a incorporarse en razón de la proporción.
Quinto. Se proporcionaran todos los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de la comisión.
Sexto. La presidencia de la comisión será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos, de tal suerte que cada uno de éstos presida un año el ejercicio de esta comisión especial. Cada grupo parlamentario de éstos, que no ocupe la presidencia, contará con un secretario. La comisión funcionará por el término de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputados: José Luis Muñoz Soria, Rosario Merlín Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Socorro Ceseñas Chapa, Claudia E. Bojórquez, Hugo Sandoval Martínez, Gloria Bautista Cuevas, Carlos de Jesús Alejandro, Roberto López Rosado, Martha L. Mícher Camarena y Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).
Con punto de acuerdo, relativo al incremento del acervo histórico del Museo Legislativo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejado de la ignorancia, la rapiña y el hurto.
José María Morelos
Como parte de la reconstrucción del Palacio Legislativo, después del incendio del 5 de mayo de 1989, que afectó gran parte de las instalaciones del reciento, la LV Legislatura del Congreso de la Unión aceptó el desafío de fortalecer las raíces, las tradiciones y la historia del Poder Legislativo Mexicano, coincidiendo en la creación de un espacio de reflexión colectiva.
Sin embargo, no es sino hasta el 24 de octubre de 1994, cuando se inaugura el museo legislativo al interior de la Cámara de Diputados con el nombre Los Sentimientos de la Nación, en honor al documento expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero.
De esta manera es como surge un museo de carácter legislativo al interior de la Cámara de Diputados, como un esfuerzo por entender nuestro pasado, a partir de las múltiples acciones que los mexicanos han realizado por conformar y defender el espíritu de las leyes en un Estado de Derecho.
A sus casi 19 años de existencia, el museo legislativo ha recibido a decenas de miles de visitantes de diversos sectores de la sociedad, consolidándolo como un auténtico vínculo entre el Poder Legislativo y el pueblo de México.
A través de sus servicios de visitas guiadas, exposiciones y talleres, los ciudadanos conocen los símbolos más representativos de nuestra identidad cultural, parte de la historia de México, así como los lugares donde sesionan los diputados.
La importante labor que realiza el museo, se extiende más allá de dar a conocer el proceso, historia de las leyes o de la promoción de la cultura democrática, ya que a través de este se resalta el trabajo que se lleva a cabo en el recinto y en gran medida a borrar la mala concepción que se tiene de los legisladores.
Bastaría con observar un estudio realizado por Consulta Mistofsky en materia de confianza en las instituciones en 2012, el cual reveló que sólo el 10 por ciento de la población confía en los diputados.
Por otra parte el estudio Perspectivas de la alta dirección en México 2012 demuestra que los diputados fueron los peor evaluados, ya que el 44 por ciento consideró que su labor es mala ante el panorama económico.
En la última encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, manifiesta que los ciudadanos prefieren recurrir a los medios de comunicación (30.5 por ciento) para impulsar una ley que beneficie a los mexicanos, que a un legislador, así mismo consideran que los representantes populares trabajan poco y ganan mucho.
En dicha encuesta el 72.4 por ciento de los ciudadanos no muestran interés por convertirse algún día en diputado, pues consideran que los políticos son reconocidos por corruptos y otros más consideran que es vergonzoso, riesgoso y aburrido.
Para que esta Cámara de Diputados se convierta en una auténtica casa del pueblo, debemos contribuir al enriquecimiento de las áreas que mantienen contacto directo con el público que nos visita y se pueda prestar un servicio de calidad como se lo merecen los ciudadanos.
Por ello, se propone que siendo el museo la carta de presentación del Poder Legislativo por ser el espacio donde se recibe la mayor cantidad de público, los diputados deben contribuir al crecimiento del acervo y convertirse en la primera legislatura que deje un legado, ya que del acervo histórico con el que cuenta el museo, el 10 por ciento lo constituyen donaciones de piezas por parte de órganos de gobierno, diputados y comisiones al interior de la Cámara, el 90 por ciento restante son simples reproducciones de obra.
Es triste saber que un museo de carácter legislativo, no cuente con el apoyo de los Congresos Locales, del Senado de la República y de los propios diputados, ya que no existe una vinculación directa que permita la donación e intercambio de piezas simbólicas que permitan a generaciones futuras entender el proceso histórico del Poder Legislativo en nuestro país.
La contribución de esta Legislatura, debe basarse en el rescate integral del museo legislativo, que nos permita conservar nuestro legado histórico.
Para los diputados integrantes de la LXII Legislatura, el incremento del acervo histórico del museo Sentimientos de la Nación debe representar una relación existente de la gente con la historia, y aún más si trata de dar cuenta de que hacemos los mexicanos por vivir en armonía, el sentido de las leyes, normas, reglas, la ética y la moral.
Derivado de lo anterior se propone que se exhorte al Senado de la Republica, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se lleve a cabo la donación de piezas u obra representativa de cada recinto legislativo, para ser albergadas en el museo legislativo Sentimientos de la Nación con el propósito de posicionarlo como el mejor en su tipo a nivel nacional y en riqueza patrimonial.
De igual forma se pretende que a través de la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara, en colaboración con el museo legislativo se lleve a cabo la donación de fistoles por parte de los diputados integrantes del la LXII Legislatura con la intención de que se habilite una sala en la que el público en general conozca el trabajo de cada uno de ellos y su contribución al desarrollo de nuestro país, como huella en su paso por el Poder Legislativo.
Derivado de lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte de manera respetuosa al Senado de la Republica, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que lleven a cabo la donación de piezas u obras representativas de cada recinto legislativo al museo legislativo Sentimientos de la Nación, con el propósito de que sea sede que albergue el patrimonio histórico del Poder Legislativo en México.
Segundo. Se exhorta a los diputados integrantes de la LXII Legislatura de esta honorable asamblea, para que a través de la Comisión de Cultura y en colaboración con el museo legislativo se lleve a cabo la donación de fistoles, con la intención de que se habilite una sala en dicho museo en la que el público en general pueda conocer el trabajo de cada uno de ellos y su contribución al desarrollo de nuestro país, como huella en su paso por el Poder Legislativo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer un convenio de colaboración con los estados y el Distrito Federal a fin de crear una base de datos nacional para agilizar el trámite, la solicitud y la obtención de copias certificadas de actas del Registro Civil, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un convenio de colaboración con las entidades federativas para la creación de un sistema de base de datos nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de actas del Registro Civil, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Respecto al artículo 85 de la Ley General de Población, donde establece “que la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo el registro y la acreditación fehaciente de la identidad de todas las personas asentadas en el país y de los connacionales que residen en el extranjero”, así como en el artículo 92 indica que “la Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de la Población”; y por último en el artículo 93 explica que “las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:
I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;
II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población; y
III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.
En diversas leyes y reglamentos, federales y locales, se exige a los ciudadanos que presenten una copia certificada de su acta de nacimiento o de cualquier otro acto del estado civil cuando necesita llevar a cabo trámites administrativos o judiciales. Si esa persona no radica en el lugar donde fue registrada, tendrá que trasladarse a su entidad federativa de origen para obtener dichas coplas, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y gastos adicionales al ciudadano, transformándose en obstáculos para los usuarios para la realización de sus trámites.
Antecedentes
Desde que el registro del estado civil se hizo autónomo e independiente de la Iglesia por medio de la Ley sobre el Estado Civil de las Personas, expedida por el presidente Benito Juárez en 1859, dispuso el establecimiento en toda la república de funcionarios, llamados jueces del estado civil; que tenían a su cargo “ la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento”.
Desde 1981 se han venido elaborando propuestas de reformas a los ordenamientos jurídicos del registro civil, artículos tipo para los códigos civiles estatales o reglamentos del Registro Civil, habiendo, en los registros civiles promovidos diversas reformas a sus ordenamientos.
En 1996 se llevó a cabo un acuerdo de colaboración para establecer el sistema nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de actas del Registro Civil entre los gobiernos de las entidades federativas, y la Secretaría de Gobernación.
Considerandos
Entre los últimos esfuerzos y avances pueden resaltarse los siguientes:
• Se establece que el Registro Civil es una Institución de orden público y de interés social, lo que implica sujetarse rigurosamente a las disposiciones que lo regulan por ser de carácter obligatorio que afectan a toda la población de la República.
• La utilización del término oficial, en vez de juez del Registro Civil, toda vez que estos últimos no juzgan, y para no confundir a los usuarios.
• La formación en 2000 de una propuesta de artículos tipo en materia sustantiva y reglamentaria con la finalidad de seguir impulsando su modernización integral acorde con las actuales exigencias que se requiere para un renovado y expedito funcionamiento en el desempeño del servicio que presta a la sociedad en general.
En los registros civiles de varias entidades federativas, se ha establecido un procedimiento para apoyar a quienes necesitan copias certificadas de actas y radican fuera de la entidad.
Sin embargo, estos procedimientos no son uniformes, ni tienen cobertura nacional; por lo cual es conveniente crear una base de datos con cobertura nacional que cuente con un sistema digitalizado de las actas de Registro Civil, que unifique los criterios utilizados actualmente y que se aplique de manera general en las 31 entidades federativas, y en el Distrito Federal.
Con ello se estará prestando un mejor servicio a la sociedad mexicana.
En mérito de lo expuesto, el suscrito somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Implantar una coordinación con los Registros Civiles de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal y la Secretaría de Gobernación, acorde con las exigencias de la sociedad, esquemas modernos para su automatización como elemento clave para agilizar el trámite, solicitud y obtención de copias certificadas de actas, con la construcción de una base de datos digitalizados y actualizados de la información.
Segundo. Realizar la captura total de datos de la población a partir del año de 1930 para su interconexión a nivel nacional permitiendo la facilidad y la obtención de los documentos mencionados en el punto anterior, para mejorar la calidad del servicio y tener una actualización de la información permanente.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado José Arturo López Candido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía extiende su reconocimiento a las asociaciones, a las instituciones públicas y a las privadas, y a diversas dependencias gubernamentales por la labor de apoyo de los damnificados por los fenómenos meteorológicos que azotaron diversos estados de la república, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Manuel Añorve Baños, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, presentes los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013, generaron intensas lluvias a lo largo del territorio nacional, las cuales afectaron diversas zonas del país, así como a las miles de personas que habitan en las mismas.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Comité Nacional de Emergencia, 26 estados de la república han reportado afectaciones de diversas magnitudes en 552 de sus municipios, encontrándose en 22 estados los daños de mayor gravedad, afectando cientos de viviendas, caminos (carretas, autopistas, calles, puentes), e infraestructura general.
Los efectos causados por estos fenómenos han generado escasez de alimentos e insumos básicos, afectando a miles de familias, asimismo se ha requerido de una gran movilización humana para las labores de ayuda en los centros de acopio, los albergues y la ayuda en las mismas regiones.
Asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como diversas dependencias de gobierno, como lo son; la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Cruz Roja Mexicana, las diversas áreas de protección civil, el gobierno del Distrito Federal, los cuerpo de bomberos y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, entre otros muchos se han sumado al apoyo en beneficio de las regiones y de los miles de personas afectadas por los fenómenos meteorológicas antes citados.
El apoyo brindado por este grupo de asociaciones, instituciones y dependencias ha sido de gran magnitud, colaborando en la apertura de centros de acopio de víveres (alimentos, medicinas, artículos sanitarios, etcétera.), así como brindando apoyo en la atención médica, refugio y transporte de víveres y personas y la habilitación de las zonas afectadas, entre muchas otras más.
Gracias a la intervención de estos sectores, se ha agilizado la captación y distribución de la ayuda, permitiendo que cientos de toneladas de víveres se repartan entre los estados afectados, beneficiando a las familias que perdieron su patrimonio a consecuencia de esta catástrofe.
Con base en lo anterior, proponemos se reconozca la labor realizada por las asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como diversas dependencias de gobierno que han brindado su ayuda a las miles de personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid que azotaron diversos estados afectados.
Es importante precisar que la contingencia aún no se encuentra controlada al 100 por ciento, la presencia constante de lluvias en varias de las regiones afectadas, incrementa el riesgo de que los daños generados hasta el momento se vean incrementados, por tal motivo resulta de vital importancia continuar apoyando a las miles de personas que se han visto afectadas.
Las labores de ayuda llevadas a cabo por las instituciones públicas y privadas, así como por los órganos de gobierno ya mencionados resulta un ejemplo de solidaridad hacia el pueblo mexicano en la desgracia que se vive en el país.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende su reconocimiento a las asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como diversas dependencias de gobierno por la labor de apoyo brindada a favor de las miles de personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos, que azotaron diversos estados de la república.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Ssa acciones para que el hospital comunitario de Hopelchén inicie actividades, en pro de los habitantes del municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la república a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1, y fracciones I y II, del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Salud, realice las acciones administrativas y de gestión de recursos que en el ámbito de su competencia le correspondan para que el hospital comunitario de Hopelchén inicie sus funciones en beneficio del ejercicio del derecho a la protección de la salud de los habitantes de ese municipio, lo anterior en base a las siguientes
Consideraciones
En días pasados, en uno de los recorridos que hago constantemente por los municipios del estado de Campeche, fui al municipio de Hopelchén, rico por sus vestigios prehispánicos mayas y porque es aquí donde se edificaron mansiones y cuarteles de la Guardia Real y autoridades de la Corona Española, así como también los siglos XVI y XVII marcan la construcción de los primeros templos católicos. También es uno de los más pobres donde el 75.6 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y el resto vive en extrema pobreza, es donde se me acercan varios pobladores y uno de los principales reclamos que me hacen, es el abandono total en el que se encuentra el Hospital Integral de Salud, a casi dos años de que fue terminado y aun no se encuentra brindando el servicio hospitalario a los habitantes (anexo imágenes del estado actual del hospital)
Durante la administración del presidente Felipe Calderón uno de los ejes de desarrollo en materia social presentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, fue que todos los mexicanos contaran con la cobertura universal en servicios médicos, de acuerdo a datos proporcionadas por el Seguro Popular, al mes de julio del 2012, se habían afiliado 52 millones 700 mil derechohabientes, cifra histórica en el sistema de salud mexicano, los cuales tienen una cobertura en servicios de salud de 1500 enfermedades. Esto se traduce en la atención del 100 por ciento de padecimientos por los que se acude a una clínica o centro de salud y más del 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel, es decir aquellos que por lo general requieren hospitalización.
En el municipio de Hopelchén, se encuentran beneficiadas con el Seguro Popular 10,037 familias, según datos del año 2010 proporcionados por la Secretaria de Salud Federal, de una población total de poco más de 39,000 mil habitantes y según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010, el 84.6 por ciento de la población tienen acceso a la seguridad social.
En septiembre del año 2011, el gobernador del estado, con recursos de la Administración Pública Federal, inauguró este Hospital Integral de Salud, tras señalar que es un compromiso firmado en campaña, además precisó “que si no se tiene el Centro de Salud digno que necesita la gente, porque es aquí donde se tiene que hacer lo más importante en materia de salud, que no es curar si no prevenir, que no se generen las enfermedades, por eso en un acto de justicia solidaria con esta región de los Chenes, se pone en servicio el centro de salud”.
En la comparecencia del secretario de Salud del estado Dr. Alfonso Cobos Toledo, ante la Comisión Especial de Desarrollo Social del Congreso del Estado, el pasado 17 de agosto del 2012, comentó que durante esta administración, se tiene contemplado invertir más de 500 millones de pesos para la construcción de dos proyectos de salud. Así como también que para la construcción de este hospital y otro en el municipio de Palizada se invirtieron 107.6 millones de pesos.
Para desgracia de los habitantes y vecinos del municipio de Hopelchén que tienen la necesidad de contar con servicios médicos de calidad, es lamentable que este Hospital del Sector Salud, se encuentra en el total abandono, ya que no es más que un “elefante blanco” terminado en su infraestructura pero que carece de equipamiento necesario e indispensable de acuerdo a las Normas Arquitectónicas para la Construcción de Unidades Médicas y la NOM – 197-SSA1-2000 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Consultorios de atención médica especializada, cabe destacar entre otras las siguientes:
Camas, contenedores de gases medicinales, ropa, instrumental, laboratorio clínico, equipo de rayos X, aire acondicionado, equipo de informática, mobiliario y quipo de oficina, equipamiento para tomografía, resonancia magnética, hemodiálisis, cateterismo, angiografías, banco de sangre y medicamentos.
El no contar con un Hospital con estas características en el municipio, hace que los pobladores y comunidades aledañas se tengan que trasladar a la capital del estado, la cual se encuentra a una distancia de 86 kilómetros y la gran mayoría de las veces tienen que conseguir los recursos económicos para poder trasladarse a Campeche a recibir la atención médica y hospitalaria.
Así, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Salud realice las acciones administrativas que en el ámbito de su competencia le correspondan para que se investiguen las razones por las cuales el hospital comunitario de Hopelchén, no ha entrado en función.
Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Salud realice la gestión para dotar de recursos con la finalidad de que el hospital comunitario de Hopelchén inicie operaciones en beneficio del ejercicio del derecho a la protección de la salud de los habitantes de ese municipio.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de octubre de 2013
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ministerio Público y a la Secretaría de la Contraloría del estado de México que inicien una investigación por el probable uso indebido de recursos públicos y bienes materiales en beneficio de la producción del programa televisivo Laura y de su conductora, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La periodista Carmen Aristegui presentó en su programa matutino del pasado 25 de septiembre un reportaje y diversas entrevistas en donde se hacía referencia a la visita que realizó la presentadora de televisión Laura Bozzo a algunas comunidades de Guerrero que habían resultado afectadas tras el paso de la tormenta tropical Manuel y para lo cual habría utilizado un helicóptero propiedad del gobierno del estado de México.
En su noticiero, Aristegui entrevistó a la periodista encargada de realizar el reportaje, Marcela Turati, quien cuestionó el uso de recursos del gobierno para fines que, dijo, poco tienen que ver con el apoyo a damnificados.
“El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, había informado que envió helicópteros para llevar víveres a los damnificados, y vemos que durante dos días estuvieron al servicio de este show para la televisión... hay pocas aeronaves y mucha ayuda varada todavía en bases aéreas, y llama la atención que se usen recursos públicos para transportar a esta persona (Laura Bozzo)”, señaló Turati.
Aristegui también comentó en su programa sobre lo que escribió el presidente de Coyuca de Benítez, Ramiro Ávila Morales, en su cuenta de Facebook, expresando molestia por la visita de Laura Bozzo a su municipio.
“Lamento profundamente haber sido sorprendido por la susodicha Laura Bozzo, ya que fui a recibirla al estadio de futbol de esta ciudad creyendo que traía apoyos para los damnificados... en ese momento teníamos víveres para llevar a comunidades incomunicadas, pero se negaron a prestar sus helicópteros para transportarlos”, dijo Ávila Morales en la red social.
Horas más tarde, Aristegui escribió en su cuenta de twitter: “Laura Bozzo utilizó helicóptero del Edomex y montó show con damnificados”.
Como respuesta, Laura Bozzo, en una transmisión en vivo desde el Zócalo capitalino, retó a Aristegui a acudir a su programa, pues dijo sentirse “atacada personalmente de manera repugnante por la que dice que es periodista... Periodista, señora, el que escucha las dos campanas y no miente como usted está acostumbrada diariamente”.
Y añadió la conductora: “¿Que yo pedí helicópteros al estado de México para ir a pasear, a montar un show o un circo? Usted es una mentirosa porque yo fui a ayudar, a rescatar gente, a llevar alimentos a comunidades donde nadie había pasado”.
Aunque diversos medios de comunicación consultaron al gobierno del estado de México en busca de algún comentario sobre el viaje de Bozzo en el helicóptero oficial, hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial sobre este tema.
Más allá de la discusión pública que se ha generado en relación a este tema, desde esta soberanía nos preocupa sobremanera la imputación y documentación relativa al mal uso de bienes y recursos públicos al servicio de una producción televisiva.
Los recursos públicos no pueden estar a disposición o al servicio de particulares que con fines unipersonales y de promoción publicitaria, no puede entenderse como el gobierno del estado de México ni siquiera ha dado una explicación formal y oficial al respecto y cómo tampoco ha explicado cuál es la consideración o valoración que utilizaron para facilitar la utilización de un helicóptero oficial para los fines mencionados.
Es nuestra obligación velar por el ejercicio correcto y eficiente de todos los recursos públicos, y también es nuestra obligación el estar pendientes sobre un posible desvío o una indebida utilización de los mismos.
En virtud de lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita, de manera respetuosa, al gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Avila Villegas, implemente las acciones necesarias a efecto de revisar la actuación del cuerpo de Rescate Aéreo Relámpagos de esa entidad así como el uso del helicóptero Augusta A 119 Koala matrícula XC-MMP durante la grabación del programa “Laura” el pasado día 20 de septiembre de 2013 en la comunidad de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Segundo. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés público y en ejercicio de su obligación de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos se solicita al Ministerio Público y a la Secretaría de la Contraloría del gobierno ambos del estado de México a iniciar un procedimiento de investigación por el probable uso indebido de recursos públicos y bienes materiales en beneficio de la producción del programa de televisión denominado “Laura” y de su conductora el pasado día 20 de septiembre de 2013 en la comunidad de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar –por la SHCP– al Fonden recursos de los subejercicios de 2013 para restablecer y subsanar los daños ocasionados en estados y municipios por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Cuando hablamos de los procedimientos legislativos en materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, nos damos cuenta de que una de las atribuciones constitucionales más importantes de la Cámara de Diputados se establece en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se analiza y decide cuáles deben ser los montos destinados a dependencias, entidades, organismos autónomos y entidades federativas.
Asimismo, le concierne el procedimiento para revisar la Cuenta Pública, la cual se realiza a través de la entidad de fiscalización superior de la federación, a fin de monitorear la aplicación del gasto público.
Si analizamos lo anterior, a lo largo de los años se ha dado un incumplimiento en la aplicación de recursos aprobados, llamado “subejercicio”, en el que ha servido de manera recurrente para que autoridades hacendarias y servidores públicos ejerzan gastos con propósitos distintos de los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La cantidad de recursos utilizados de esta manera es muy elevada, pues el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que del billón 735 mil 708 millones del PEF destinado para el primer semestre, el gobierno federal no ha ejercido 100 mil 309.6 millones. Mientras, para los ramos administrativos se consideraron 350 mil 113.3 millones, de los que se han gastado sólo 312 mil 99.7 millones.
Suenan preocupantes estas anomalías, debido a que no hay tiempo que esperar. El sentido de urgencia debe estar presente entre todos los órdenes y órganos de gobierno, los sectores productivos y las múltiples organizaciones que existen en nuestro país. La pasividad y la inacción, en un contexto como éste, son inadmisibles.
Es necesaria una reforma fiscal más equitativa, que amplíe la base tributaria y que atempere la brutal concentración de los ingresos; revisión inmediata de la eficacia y alcance de los programas sociales y, por supuesto, una reorientación urgente en el ámbito presupuestal. El ejercicio del dinero público debe ser sometido a una evaluación inmediata y extraordinaria, y revisarse las prioridades en el gasto público nacional.
Están en juego muchos temas relevantes, empezando por una estabilidad social amenazada. En México, los pobres son más pobres y la población más desigual, no tenemos capacidad para enfrentar alguna crisis. Hemos vivido uno de los desastres naturales más impactantes en los últimos años. Consideramos pertinente que dichos subejercicios sean empleados en resolver tan lamentable problema por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en lugar de que sean despilfarrados en actos irrelevantes, pues las afectaciones que han dejado las lluvias han hecho patente las fallas que han tenido el gobierno mexicano para prevenir y afrontar la tragedia que dejaron la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Por el territorio nacional han dejado 97 muertos y 248 mil 477 personas afectadas de las que 50 mil fueron desalojadas y llevadas a albergues; 24 estados presentan contingencias.
Como bien sabemos, el Fonden es el instrumento que la Secretaría de Gobernación utiliza para auxiliar a la población que se encuentra en peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o que ya ha sufrido las consecuencias; los recursos del Fonden se utilizan para comprar medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal en caso de una emergencia. Más aún, se esfuerza por financiar trabajos de reconstrucción que disminuyan la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos naturales perturbadores, de tal forma el financiamiento es utilizado para reconstruir infraestructura con base a mejores estándares de construcción que los utilizados originalmente, para evitar daños frente a futuras amenazas y para la reubicación de edificios públicos o comunidades de zonas de alto riesgo.
Por lo expuesto solicitamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, a que los recursos acumulados de los subejercicios de 2013 se destinen al Fondo de Desastres Naturales a fin de restablecer y subsanar los daños ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, para los estados y los municipios afectados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar a conocer a la opinión pública las acciones que llevará a cabo para incorporar a la base tributaria el comercio informal, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo , diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que informe a la opinión pública, las acciones concretas que llevaran a cabo a efecto de incorporar al comercio informal a la base tributaria.
Consideraciones
El término de “informalidad” fue utilizado por primera vez en 1971 por Keit Hart en un estudio sobre la ocupación en el medio urbano de Ghana, donde empleó la noción de “oportunidades informales de ingreso” para referirse al empleo por cuenta propia. Con ello trataba de explicar los problemas del creciente desempleo existente en países de África y Asia que condujo a nuevas formas de autoempleo, las que poco a poco fueron creciendo después en ciudades y países de América Latina y también del primer mundo.
En los últimos años la economía informal en México ha ido en aumento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente México cuenta con una población total de 115 millones 639 mil 915 habitantes, de las cuales, la población económicamente activa (PEA) equivale a 50 millones 693 mil 306 personas; de ellas, la población ocupada es de 48 millones 203 mil 851, y la población desocupada es de 2 millones 489 mil 455. Asimismo, según cifras reportadas por Inegi, de las 50 millones 693 mil 915 personas de la población económicamente activa, 28 millones 867 mil 37 trabajan en la informalidad; esto representa casi el 57 por ciento de las personas económicamente activas.1
Los trabajadores ocupados en esquemas de informalidad, se reconocen como laboralmente vulnerables, debido a la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
El INEGI señaló respecto a los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)2 para el mes de julio de 2013, que 60.01 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa.
El INEGI, añadió que la población ocupada alcanzó 94.88 por ciento de la Población Económicamente Activa en el séptimo mes del año. Del total de ocupados, el 66.4 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 4.2 por ciento son patrones o empleadores, 23 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados y finalmente un 6.4 por ciento se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.
En el ámbito urbano de alta densidad de población, conformado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado representó 73.5 por ciento de la ocupación total, es decir 7.1 puntos porcentuales más que a nivel nacional.
Este punto de partida, responde a la manera en que apareció una forma de trabajo que se caracteriza por ser precario y poco productivo, que pudo seguir trayectorias específicas en cada país, pero en términos históricos parece ser el que más pudiera abarcar las condiciones de los países atrasados en el siglo XX que cambiaron su vida rural por una urbana acompañado del incremento del sector informal.3
Cabe mencionar que los primeros estudios para captar al sector informal en México los realizó la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo con el propósito de formular una política dirigida hacia dicho sector. Por lo anterior, recientemente ha surgido un interesante punto de vista para analizar el fenómeno de la informalidad en el país, cuyo elemento novedoso es relacionar la política social con la económica y en base a esto indagar acerca del origen del rápido crecimiento del empleo informal.
Las personas que se encuentran en el sector informal tienen una relación de trabajo no sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. Así, la economía informal está asociada con un menor ritmo de crecimiento del producto interno bruto, con bajos niveles de inversión, capital humano y productividad y, lo que es muy importante, con generación de empleos de baja calidad, con salarios reducidos y sin prestaciones sociales.
De ahí que generalmente la economía informal esté asociada al ambulantaje y a sus efectos negativos para el comercio establecido, la recaudación fiscal y el comercio interno. Sin embargo, es un fenómeno nocivo mucho más complejo con incidencia en actividades económicas muy diversas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios, con gran heterogeneidad de los agentes involucrados, por ejemplo, en las formas que adquieren las actividades que ejercen y en sus niveles de ingreso. Por ello, la economía informal es más una opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza.
De esta manera, el desarrollo de la economía de México se ha visto fuertemente limitada por la presencia de monopolios y el crecimiento del comercio informal, según señalan estudios realizados por el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo al “Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleos” presentado por el BM, se señaló que la cantidad de personas que se integran al mercado laboral en el sector informal es muy alta para el grado de desarrollo económico que tiene el país, indicando que los cambios en la legislación del trabajo y en materia tributaria podrían reducir los índices de informalidad.
En este sentido, según cálculos del Banco Mundial (BM), entre el 50 y 62 por ciento de la población se encuentra ocupada en la informalidad, por lo que hace un llamado a flexibilizar las condiciones del mercado laboral a través de medidas más accesibles en materia fiscal y extender el acceso a condiciones de bienestar como educación y salud.4
Bajo el entendido que en México coexisten programas de seguridad social y de protección social, donde los primeros son aquellos que proporcionan derechos derivados de una relación contractual de tipo obrero-patronal, por ejemplo, indemnizaciones por despidos, servicios médicos, guarderías, créditos de vivienda, pensiones de retiro, seguros por invalidez y riegos de trabajo, entre otros. Mientras que los programas de protección social surgen como reto para cubrir a las personas que no se encuentran laborando bajo formas asalariadas, que no están asegurados contra riesgos y que no tienen cubiertos, principalmente, servicios de salud, créditos de vivienda y pensiones no contributivas.
Por lo anterior, algunos de los factores que deben tomarse en cuenta son los siguientes:
1. Evitar un mayor empobrecimiento de las familias con menores recursos.
2. Generar demanda agregada en la economía, es decir, los bienes de la economía informal, generalmente más baratos, aunque de menor calidad, atenúan los efectos depresivos de la crisis por la disminución de los ingresos y capacidad de compra.
3. La demanda de inversión de las empresas es menor que la generada si estos empleos se crearan en el sector formal.
4. El sector informal se asocia con la baja innovación tecnológica.
5. Genera condiciones precarias de ocupación, bajos salarios y baja cobertura de seguridad social y prestaciones, lo cual genera una situación de vulnerabilidad de los trabajadores en el sector.
6. Complica el monitoreo de formas de explotación de los trabajadores, por ejemplo, trabajos forzosos, trabajo infantil, entre otros.
7. Propicia el establecimiento de prácticas ilegales.
8. Dificulta la identificación de origen ilegal y piratería.
9. Disminuir gradualmente la informalidad y aumentar la recaudación.
10. Facilitar su incorporación a la formalidad para acceder a beneficios.
Por consiguiente, considero que debemos trabajar conjuntamente de “manera urgente” en las políticas públicas que fortalezcan los marcos jurídicos actuales, tanto en materia federal, estatal y municipal, para alcanzar el objetivo de integrar el comercio irregular a la formalidad de manera gradual.
Para ello también debemos facilitar el acceso a beneficios tales como: créditos bancarios, seguridad social, créditos para vivienda, guarderías que derive en el desarrollo y crecimiento económico del país, así como la generación de empleos que, en conjunto, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.
De lograrse estas acciones el PIB nacional se multiplicaría 2.2 veces, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque si bien no hay cálculos precisos de la economía informal en México, se estima que equivale de 30 a 50 por ciento del producto interno bruto (PIB).5
Finalmente, cabe destacar que el punto de vista, para la atención que requiere la economía informal es compartido por el propio gobierno federal, siendo el mensaje expresado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,6 cuando señaló que la prevención y combate a la economía informal impulsará mejores condiciones para un México próspero, de mayor desarrollo y permitirá alcanzar un México en paz.
Añadió que se enmarca dentro de los ejes planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (pero no se mencionan los cómos).
Igualmente, el secretario de Economía manifiesta que el proyecto de reforma hacendaria del gobierno federal permitirá un combate efectivo a la informalidad, al afirmar que los dos tercios de la economía mexicana que se encuentran en ella se incorporen a la formalidad, lo cual se realizaría mediante el esquema de incorporación con cero impuestos en el primer año y una progresividad en cinco años; “lo que se busca es que, justamente los dos tercios de la economía mexicana que están en la informalidad, eventualmente, se incorporen”.
Sin embargo, consideramos que estos argumentos no son lo suficientemente atractivos, debemos buscar mecanismos que alienten a los comerciantes para que se anexen al ámbito de la formalidad.
Adicionalmente, el sector privado mencionó a través del Consejo Coordinador Empresarial, el planteamiento para la creación de una cruzada nacional contra la informalidad, aludiendo que puede articular la productividad esperada por las reformas estructurales.
Es por ello, que manifiesto la firme intención de que el Poder Legislativo se sume a las voces expresadas en la relevancia de afrontar el problema multifactorial de la economía informal en un esquema de “ganar-ganar”, para integrarse en el sector formal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a Informar a la opinión pública las acciones concretas que llevaran a cabo a efecto de incorporar al comercio informal a la base tributaria.
Notas
1 http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=32519
2 Documento disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf
3http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bv inegi/productos/metodologias/enamin/enamin2010/enamin2010.pdf
4 http://mx.ibtimes.com/articles/28250/20121002/desarrollo-economia-mexico-analisi-bm-ocde.htm
5 Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/11-03-2013/556033.
6 Durante la reunión de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, en julio de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a reparar los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado por la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos de Jesús Alejandro, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En pasados días las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en las costas del Golfo de México y del Pacífico, respectivamente; provocaron grandes daños de magnitud colosal generando una gran crisis y daños materiales y humanos, que hasta el momento no se han podido cuantificar porque en muchos municipios y comunidades aún no se tiene acceso y se desconoce con precisión los perjuicios que se ocasionaron contra la población, particularmente de origen indígena y negra.
Las pérdidas y afectaciones que se reportan son deslaves de cerros y montañas, ríos y barrancas desbordadas; caída de puentes; casas derribadas; hundimientos de suelo; encharcamientos de agua; caminos rurales y pavimentados destrozados; personas desaparecidas; heridos y enfermos desatendidos; pérdidas y afectación de cosechas, sembradíos; personas heridas, y desafortunadamente muchas pérdidas humanas, en los 75 por ciento de los municipios del Estado de Guerrero.
Existen problemas urgentes que atender en el sector hidráulico, infraestructura, carretero, educativo y salud, de forma casi pronta y expedita, o el menor tiempo posible. Se tiene conocimiento que hasta el día viernes 27 de este mes, más de 53 mil viviendas afectadas, 33 carreteras averiadas; se han atendido a 31 mil 613 personas que resultaron afectadas por la tormenta tropical Manuel; que se han rescatado a 14 mil 217 personas que se encontraban en zonas de riesgo o incomunicadas, a consecuencia de las afectaciones generadas por la tormenta tropical. Que había 145 personas muertas. Al colapso de los comercios y los servicios en muchos municipios, se suman la pérdida de puestos de empleo, lo que hará difícil la recuperación normal de la economía de por sí ya desmayada en esa entidad del sur.
Públicamente se conoce que hay casi 40 mil guerrerenses en Albergues, en 157 refugios. Sin embargo en la Región de la Montaña no se conoce de refugios o albergues para damnificados. Apenas se supo de unas brigadas médicas en Metlatónoc, pero se desconoce la actividad de grupos de rescate y en el envío de despensas ha sido mínima. Esta es una realidad latente. Los animales de traspatio murieron, sus pocas pertenencias se perdieron y su cosecha se perdió definitivamente. La realidad que se vive es aterradora.
A estas afectaciones graves en Guerrero catalogadas de catástrofe y otras entidades, debemos agregar responsabilidades, omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios de los tres niveles de gobierno, antes, durante y después de la tormenta tropical Ingrid y Manuel al no alertar a tiempo de los graves riesgos a la población y también por permitir construir en zonas de riesgo y hasta desatender a las víctimas y damnificados en tiempo y forma.
Existen ahora denuncias que los apoyos se han concentrado en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Atoyac y otros municipios. Sin embargo, hemos observado que muchos municipios con población indígena donde poco o nada se ha hecho para mitigar sus necesidades básicas como el caso del municipio de Tixtla tierra de Vicente Guerrero y Manuel Altamirano, media ciudad las aguas siguen estancadas tapando casas y comercios, cientos de animales muertos y desagüe de aguas negras.
En Malinaltpec familias enteras de indígenas viven en la intemperie; en Totomixtlahuaca y Tlacoapa los ríos se llevaron casas, el cementerio y según afirman los pobladores desaparecieron algunos niños pero aun así, aunado que en la región se desconoce el número de personas desaparecidas. En las comunidades de Metlatónoc y Cochoapa el Grande no se ha podido ingresar por los caminos rotos, por lo que se desconoce la dimensión de las afectaciones y de vidas humanas perdidas. En Huamuxtitlán la ciudad está inundada, lo mismo que en Tlapa en la parte del barrio de San Diego.
Recientemente en Tlapa representantes y autoridades comunitarias indígenas reclamaron con tristeza a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, la desatención que han sufrido las comunidades indígenas en la región de la Montaña, en sus propias palabras dijeron: “Para el gobierno no existimos, no les dolemos” . Esa percepción la compartimos y nos duele reconocerlo, pero a este desastre se suma el abandono histórico que padecen las comunidades indígenas en el país, particularmente en Guerrero.
Otro hecho que merece la atención de las autoridades es que las comunidades indígenas afectadas no confían en sus presidentes municipales, por el uso faccioso y poco transparente de sus actos, por lo que demandan que los apoyos lleguen de forma directa para evitar traficar con su desgracia. Mientras tanto, en la región de la montaña se ha constituido el “Consejo de Autoridades Comunitarias Afectadas por la Tormenta” organismo que exige transparencia y fiscalización ciudadana para evitar desvío de recursos, acaparamientos, usos indebidos o facciosos de las asistencias humanitarias a las comunidades y municipios indígenas de la región de la Montaña y Costa Chica.
Un hecho no menos grave es que el Ejército cuando aplica el Plan DN III en comunidades y hacen presencia en las comunidades indígenas se limita a hacer tareas menores al tiempo que exigen que se les dote de alimentos en lugar de hacerlo ellos con la población indígena afectada. Eso mismo pasó en la comunidad de San Rafael hace algunos años. Ahora se repite la misma historia. En esta ocasión se esperaba una reacción más contundente del ejército pero se limitó hacer un recuento de daños y no quisieron ayudar a la población para abrir una brecha a las comunidades, pero incluso, pidieron de comer. Esto es insólito para una institución que nos inspira respeto y reconocimiento.
A pesar de haber transcurrido ya dos semanas que pasó la tormenta Manuel los indígenas en la región de la Montaña y Costa Chica, los niños, mujeres, hombres y ancianos, sobreviven en condiciones insalubres, sin agua potable. En los últimos informes que tenemos es que están brotando enfermedades como el dengue y los víveres cada vez son más escasos. Muchas comunidades no tienen energía eléctrica por la caída de los postes.
Otra agravante es que el costo de los productos básicos ha subido de precio, igual que el transporte público con la complacencia de las autoridades.
Por estas consideraciones someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus facultades gire instrucciones a todas las secretarías a fin que se dé una atención de forma pronta y expedita, con apoyo culturalmente pertinente a todas las comunidades y municipios con población indígena del estado de Guerrero, como en la Región de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero. Asimismo se formen brigadas médicas, y el envío de víveres suficientes, además de destinar recursos suficientes para la reconstrucción de toda la infraestructura básica (puentes, escuelas, sistema de agua potable y alcantarillado).
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el gobierno del Estado de Guerrero, para iniciar la reparación de los caminos y carreteras dañadas que comunican a las comunidades indígenas como la Tlapa-Marquelia, Tlapa-Metlatónoc, Tlapa-Huamuxtitlán, Tlapa-Chilpancingo, Marquelia-Ometepec. En el mismo sentido la reparación de todos los caminos rurales que comunican a las comunidades indígenas.
Tercero . Se exhorta al Fonden para que sin discriminación destine recursos específicos para la reconstrucción de las comunidades indígenas afectadas.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, en el marco de sus competencias, para que destinen toda la ayuda necesaria y la aplicación inmediata del programa Cruzada contra el Hambre a las comunidades indígenas y municipios afectados.
Quinto. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus competencias iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios de los tres niveles de gobierno, antes, durante y después de la tormenta tropical Manuel, que afectó al 75 por ciento de los municipios que conforman el estado de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a condonar el pago de electricidad en las comunidades de 12 entidades que resultaron afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 13 de septiembre, las tormentas Ingrid y Manuel azotaron las costas mexicanas en el Golfo de México y en el Pacífico, con niveles de precipitación nunca antes registradas.
Debido a las torrenciales lluvias ocurrieron inundaciones, desgajes de cerros, derrumbes en infraestructura carretera y túneles, el aislamiento de miles de personas en comunidades serranas o alejadas.
En la más reciente evaluación, la secretaría de Gobernación informó que las lluvias dejaron 139 muertos, además de que en la Pintada, Guerrero, hay 53 desaparecidos.
Indicó que se ha evacuado a 58 mil personas y actualmente se atiende a 52 mil 433 personas en 392 albergues en 19 estados. Reportó que han sido afectados 552 municipios de 26 estados del País y que se ha emitido declaratoria de desastre para 230 municipios.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que a causa de las lluvias se colapsaron 9 puentes, los cuales están sujetos a reconstrucción. Afirmó que se reinstalarían pasos provisionales con puentes Bailey e indicó que se registraron 30 desplomes de tramos carreteros y que se prevé que en tres semanas haya vías provisionales construidas. Hubo también afectaciones en 13 carreteras federales, las cuales podrán estar operando con normalidad en 9 meses a más tardar.
Por su parte, La Comisión Federal de Electricidad anunció que hasta las 8:00 horas de este miércoles ha restablecido el 99.4 por ciento del servicio eléctrico a los clientes de 12 entidades afectadas por los fenómenos meteorológicos.
La paraestatal detalló que en total fueron afectados 830 mil 406 clientes, de los cuales 825 mil 912 ya cuentan con su servicio regularizado. De los estados que fueron golpeados por ‘Manuel’: Colima, Morelos y Jalisco ya tienen el servicio eléctrico al ciento por ciento, mientras que Guerrero, Sinaloa y Michoacán se encuentran entre 98.6 y 99.9 por ciento.
Por lo que respecta a los estados afectados por ‘Ingrid’: en Veracruz, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí el servicio eléctrico ya está restablecido al ciento por ciento y sólo Nuevo León e Hidalgo están al 99.7 y 99.6 por ciento, respectivamente.
Las cifras de las de las dependencias federales dan una idea sobre la gran magnitud de los destrozos y daños que dejaron los fenómenos meteorológicos en 12 entidades del país.
Las estadísticas, como ocurre siempre, reflejan que los más afectados por las lluvias fueron los sectores empobrecidos de la población, que por falta de recursos se ven en la necesidad de vivir en los márgenes de ríos, en laderas de cerros y en viviendas endebles ante las inclemencias del tiempo.
A casi dos semanas del paso de las tormentas, aún hay decenas de comunidades incomunicadas, bajo el agua o sin servicios, lo que pone a su población en una situación de alto riesgo ante los brotes de enfermedades.
Las inundaciones y crecidas de los ríos dejaron a decenas de miles de familias sin sus instrumentos de trabajo para poder reiniciar sus actividades de laborales y poder ganar dinero para alimentar a sus familias.
Esta tragedia dejó más empobrecidos a los pobres.
El gobierno federal se comprometió a respaldar solidariamente a todos los afectados y damnificados de las lluvias.
La determinación de la Comisión Federal de electricidad, bajo la dirección de Francisco Rojas, de retrasar dos meses el pago de los recibos de luz como apoyo a la economía familiar, es insuficiente e incluso va en contra del apoyo solidario ofrecido por el gobierno federal.
Además de que las familias no han recibido el suministro eléctrico durante la etapa de crisis atmosférica, se encuentran sin recursos ni trabajo para poder hacer frente al pago de la electricidad.
Enviar despensas y abrir caminos servirán para aliviar los problemas iniciales de la población afectada, por lo que las autoridades deben implementar programas que permitan a los damnificados recuperar parte de su patrimonio, obtener recursos y planear su futuro.
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a condonar el pago del suministro eléctrico en las comunidades afectadas de 12 entidades del país por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, que afectaron las economías de miles de familias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 01 días del mes de octubre de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a consolidar por la SCT y la Cofetel las áreas de servicio local en el país, y revisar el Plan Nacional de Numeración para que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Oviedo Herrera, de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se lleve a la brevedad la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuenten con una sola clave de marcación que les permita establecer una cultura metropolitana que identifique a sus habitantes, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La consolidación de las áreas de servicio local1 (ASL) es un asunto que se encuentra pendiente en nuestro país, debido a que hay demarcaciones que poseen una alta interacción económica, política y social, y sin embargo, las llamadas telefónicas que realizan los ciudadanos entre estas zonas, los concesionarios que prestan el servicio en la región las registran de larga distancia, situación que representa una erogación superior a las llamadas locales.
El interés de los usuarios de los servicios de telefonía es que las ASL donde reside alcance el mayor tamaño posible, para que sus llamadas sean locales y no le signifiquen erogación extra alguna.
El suministro del servicio telefónico se ha supeditado a la delimitación de territorios geográficos específicos, esto ha sido un factor para el establecimiento de las tarifas telefónicas y para la determinación de la numeración y la marcación respectiva.
La consolidación de las ASL les permite a las familias tener ahorros directos en su bolsillo, no sólo porque las llamadas entre las poblaciones cercanas serán cobradas con tarifa local, sino que además permite que se incentive la competencia más equitativa entre los distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones, lo cual redundará en más ofertas y mejores precios a los usuarios.
Esta problemática de la que se hace mención, se presenta en muchas ciudades del país, sin embargo, considero señalar el caso de los municipios de Silao con el de León, en el estado de Guanajuato, siendo que las conferencias telefónicas que se realizan son registradas por los concesionarios como de larga distancia, situación que afecta los ingresos de las familias que hacen uso de los servicios telefónicos en esta región.
Es importante señalar que la ciudad de León cuenta con clave lada 477, y las poblaciones que la utilizan se encuentran: Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde), Barretos, Duarte, Hacienda de Arriba, San José de la Concepción, Ibarrilla, Lagunillas, León de los Almada, Loza de los Padres, Medina, Nuevo Valle Moreno, El Piedrero, Plan de Ayala, Plan de Guanajuato, Puerta Cerro, El Ramillete, Los Ramírez, San José de los Sapos, San Juan de los Otates, San Judas, San Nicolás de González, y Los Sauces2 .
Por su parte, Silao cuenta con clave 472 y las poblaciones que hacen uso son: Aguas Buenas, La Aldea, Bajío de Bonillas, Chichimequillas, Colonias Nuevo México, Comanjilla, El Cubilete, Exhacienda de Trejo, El Paraíso, Paxtle, Los Rodríguez, y El Salitrillo3 .
La zona metropolitana de León, de acuerdo al Censo 2009, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), cuenta con más de 1.6 millones de habitantes, 87.5 por ciento corresponden a León y 12.5 por ciento a Silao, dicha población se ubica en mil 760.1 kilómetros cuadrados, 69.4 por ciento le corresponden a León y 30.6 por ciento a Silao, hay 58 mil 909 unidades económicas, de las cuales 92.6 por ciento se encuentran en León, y 7.4 por ciento en Silao, se cuenta con un total de 373 mil 596 de personal ocupado de los cuales 92 por ciento se ubican en León y 8 por ciento en Silao.
Asimismo, los datos por sector de actividad muestran que las manufacturas registran 33.5 por ciento del personal ocupado total, 61.1 por ciento de la producción bruta total y 43.9 por ciento del valor agregado censal bruto, mientras que el comercio tiene la mayor participación en las unidades económicas con 48.8 por ciento4 .
Estas dos demarcaciones tienen un alto grado de interacción socioeconómica, es así que es urgente que se favorezca a sus ciudadanos, ya que pagan tarifas de larga distancia cuando se comunican entre estas lo que repercute en su economía familiar.
Ambas ciudades forman parte de la zona metropolitana de León, cabe destacar que para establecer una zona metropolitana hay que considerar las relaciones económicas y sociales que presentan, los viajes intermunicipales o distancia conurbada, la ciudad central, la distribución geográfica de las poblaciones, los recursos disponibles de cada región, las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.
Es importante señalar que en la gestión de las zonas metropolitanas implica la concurrencia de dos o más gobiernos municipales, y en ocasiones los estatales5 , con sus respectivas autoridades, quienes pueden tener planes y proyectos no necesariamente convergentes, sin embargo las necesidades que demandan los ciudadanos se deben anteponer con acuerdos que estén por encima de de las políticas o intereses de grupos.
La falta de acuerdos por los gobiernos municipales en la atención de los problemas y necesidades de las metrópolis, las diferencias en la normatividad urbana, las disposiciones administrativas contrapuestas y la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial e intergubernamental, representan serios obstáculos para el adecuado funcionamiento y desarrollo integral de las metrópolis, particularmente en lo que se refiere a la planeación y regulación de su crecimiento físico, la provisión de servicios públicos, el desarrollo de infraestructura y el cuidado de su entorno ambiental.
No podemos dejar de lado el fomento e impulso de una cultural territorial metropolitana, en el que la comunicación de sus habitantes a través de los planes de marcación y numeración que establece la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con los operadores telefónicos que prestan los servicios, sean un elemento determinante que permita identificar a los ciudadanos de una metrópoli.
Es fundamental que las políticas públicas aplicadas a la ordenación y gestión del territorio en los espacios urbanos afectados por intensos procesos de transformación espacial y funcional se encaminen a impulsar y asegurar la calidad de los servicios y una buena integración de los mecanismos de gestión de recursos que permita mejorar la calidad de vida, una funcionalidad mejor articulada, y una proyección competitiva.
Actualmente la Cofetel está revisando la problemática que tiene el país en materia de consolidación de las ASL para reducirlas de 397 a 173, esto con el fin de atender las distintas solicitudes presentadas en los últimos años por usuarios, autoridades y operadores.
Sin embargo, considero conveniente que ahora que se ha aprobado la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es provechoso que en el país se lleven a cabo las medidas necesarias para revisar los planes de marcación y numeración a fin de establecer una clave lada que determine la consolidación de las aéreas de servicio local en las zonas metropolitanas que se ubican en nuestro país.
Asimismo, las claves de marcación y de numeración que son asignadas sean elementos que determinen una cultura metropolitana para los habitantes en las zonas donde se ubican.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se lleve a la brevedad la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión integral del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación, que les permita establecer una cultura metropolitana que identifique a sus habitantes.
Notas
1. Las Áreas de Servicio Local (ASL) Son las zonas geográficas dentro de las cuales el servicio telefónico se considera como llamada local. Por el contrario, las llamadas entre diferentes ASL son consideradas de larga distancia.
2. Fuente: Cofetel.
3. Fuente: Ibídem.
4. Zonas Metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos Censos Económicos 2009.INEGI.
5. Zona Metropolitana de la Laguna que comparten los Estados de Coahuila y de Durango.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputados: José de Jesús Oviedo Herrera, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Juan Manuel Fócil Pérez, Benito Caballero Garza, José Luis Flores Méndez, Luis Miguel Ramírez Romero (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Coahuila a investigar el presunto desvío de recursos y lavado de dinero por el ex gobernador interino Jorge Torres López, el ex tesorero Héctor Javier Villarreal y el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
En días pasados, el periódico San Antonio Express News dio a conocer un reportaje publicado en su portal electrónico, en el que el gobierno de Estados Unidos solicitó que se congelaran 2.8 millones de dólares de una cuenta bancaria a nombre de Jorge Torres López, quien fuera gobernador interino de Coahuila, de enero a noviembre de 2011 tras la solicitud de licencia del entonces mandatario Humberto Moreira; esto con la finalidad de abrir una investigación y recuperar dicha cantidad de dinero que presuntamente corresponde a lavado de dinero y desvío de recursos durante su mandato.
De esta manera, se presentó una demanda civil en las cortes federales de Corpus Christi, donde los fiscales presentaron evidencias en contra de Jorge Torres López y Javier Villareal Hernández, éste último se desempañaba como secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, y a quien se le ha visto involucrado en los delitos de desvío de recursos públicos y fraude, entre otros, por los que se encuentra prófugo de la justicia.
Dicha demanda se encuentra sustentada por ciertas transferencias electrónicas realizadas por miles de dólares en bancos ubicados en el estado de Texas, las cuales presuntamente están relacionadas con lavado de dinero por medio de la industria bienes raíces en San Antonio y el Valle del Río Grande; a la par de transacciones presentadas en una cuenta de inversión a nombre de Torres López en las Bermudas y que en meses pasados fueron documentadas y se encuentran en proceso de investigación debido a información presentada por la revista Proceso:
El fiscal, Kenneth Magidson, de la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, señaló que la cuenta es del Sun Secured Advantage, NT, Butterfield and Son Limited, de Bermudas, que al 4 de enero pasado contenía 2 millones 275 mil 544 dólares con 41 centavos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que los fondos de la cuenta bancaria están vinculados con lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, robo y uso de dinero del erario público para el enriquecimiento personal.
Según el encauzamiento judicial en contra del ex tesorero coahuilense, entre julio de 2010 y marzo de 2011, Villarreal Hernández realizó tres préstamos fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares.
Estados Unidos calcula que desde abril de 2009 hasta marzo de 2011, Villarreal Hernández y sus socios en los créditos y contratos fraudulentos recibieron más de 35 millones de dólares por medio de transacciones internacionales, y que subsecuentemente con los fondos adquirieron varias propiedades en las ciudades texanas de San Antonio, Brownsville y en la Isla del Padre.1
A dichas investigaciones se suman las que actualmente exhiben a Torres López y de nueva cuenta a Villarreal Hernández, en donde se dan más detalles sobre las “cuentas en el banco JP Morgan Chase en 2008, cuando Torres era secretario de Finanzas de Coahuila y Villarreal era su subalterno y la investigación detalla transferencias entre las cuentas de ambos en febrero y marzo de ese año.”2
Aunado a ello, información del portal de noticias Animal Político menciona que “según la investigación, ambos se reunieron con banqueros de JP Morgan Chase para abrir cuentas “offshore” en Bermudas a la que se transferirían los fondos.”3
También, el periódico Reforma cita: “la demanda detalla que el pasado 20 de febrero, Torres intentó retirar el dinero de Bermudas para transferirlo a su cuenta en Deutsche Bank en Hamburgo, pues dos semanas antes Estados Unidos había presentado una demanda similar para incautar los fondos de Héctor Javier Villareal, su cómplice y ex subordinado en la Secretaría de Finanzas de Coahuila”, que se detalla en párrafos previos.
Asimismo, se señala que “la investigación realizada (en 2012) por un agente especial del Servicio Tributario de Estados Unidos, concluye que el dinero transferido a Bermudas es de origen ilícito, porque en sus últimos años como funcionario, Torres López percibió un máximo de 900 mil dólares por salarios”.
Ante esta situación, el ex gobernador emitió un comunicado de prensa en donde se deslindó y rechazó las acusaciones en su contra, de las cuales buscaría presentar la falsedad y así probar su inocencia a la par de negar rotundamente que se ostentó como uno de los dueños de Cemex Concretos para justificar el origen de su fortuna. En tal documento se expresa:
Respecto a la acusación que se interpuso en mi contra por el delito de lavado de dinero en una corte de Estados Unidos, deseo expresar lo siguiente: 1. Niego categóricamente haber incurrido en un delito de esa naturaleza, 2. Me defenderé legalmente de esta acusación; demostraré mi inocencia y la licitud de esos recursos, que son patrimonio mío y de mi familia y producto de una vida de trabajo, 3. Confío en que la justicia me dará la razón y para ello mis abogados ya trabajan al respecto y como en el pasado reciente, demostraré mi inocencia como sucedió en un caso similar.
Cabe hacer mención que Coahuila, en diciembre de 2005, es decir al inicio de la gestión de Humberto Moreira, contaba con una deuda de 323 millones de pesos y a su salida en enero de 2011, ésta ascendía a 33 mil 867 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 10 mil 385 por ciento, razón por la cual el Senado y diversas instancias solicitaron la investigación y atención de ciertas demandas ya presentadas en ese entonces, debido a que se había adquirido parte de la deuda de manera ilegal, haciendo uso de documentos falsos.
“En octubre salió a la luz que para refinanciar su deuda, el gobierno de Coahuila se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 22 créditos con vencimiento a 20 años y un monto conjunto de 32 mil 213 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”4
Actualmente Coahuila ocupa el tercer lugar dentro de las entidades con mayor endeudamiento a nivel nacional, con un monto que ascendía en marzo del presente año a 35 mil 62 millones de pesos, por lo que es el primer estado con mayor deuda per cápita del país, ya que cada uno de sus habitantes debe alrededor de 12 mil 800 pesos; seguido de Quintana Roo con 7 mil 500 y Chihuahua con 6 mil 900 pesos por habitante.
Coahuila, es un claro ejemplo de la opacidad y corrupción con la que las administraciones locales hacen mal uso de los recursos, endeudando a generaciones enteras a costa de los intereses de políticos y empresarios, a quienes les importa poco que las entidades frenen su crecimiento y desarrollo, afectando así a millones de mexicanos en su calidad de vida.
No se debe olvidar que Torres López se mantuvo estrechamente vinculado con Humberto Moreira, en los diez meses que estuvo al frente del gobierno del estado, sobre todo en lo que se refiere a recursos económicos, de los cuales es conocido que se destinó cierto porcentaje del erario público a las campañas electorales que en ese entonces se realizaron y de las que Moreira se hacía cargo mientras buscaba la presidencia del Partido Revolucionario Institucional.
Jorge Torres López fue tesorero municipal y contralor municipal del ayuntamiento de Saltillo en el periodo 2002-2005, durante la gestión como alcalde de Humberto Moreira, y con este se desempeñó como secretario de Finanzas y Secretario de Desarrollo Social cuando fue gobernador y lo substituyó cuando Moreira fue nombrado presidente nacional del PRI. La relación entre ambos es muy estrecha y por lo tanto se debe investigar si Humberto Moreira conocía o fue parte de estas supuestas operaciones ilícitas.
Si bien, Homero Ramos Gloria, titular de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, ha declarado que se abrirá una acta circunstanciada en la subprocuraduría ministerial, la cual “dará seguimiento a una eventual solicitud de las autoridades estadounidenses” es necesario que se abra una investigación a nivel federal y local al respecto, en donde se finquen responsabilidades dejando de lado colores partidistas, logrando así una real impartición de justicia; por lo expuesto presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a abrir una investigación sobre el presunto desvío de recursos y lavado de dinero por parte del ex gobernador interino Jorge Torres Hernández, del ex tesorero Héctor Javier Villarreal Hernández; así como del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.
Notas
1 http://www.proceso.com.mx/?p=340482
2 http://www.animalpolitico.com/2013/09/eu-investiga-a-sucesor-de-humbert o-moreira-por-lavado-de-dinero/#axzz2gJLzyM49
3 Ídem.
4 http://www.redpolitica.mx/abc-del-endeudamiento-de-coahuila
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de octubre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las dependencias correspondientes acciones para atender las afectaciones ocasionadas por las tormentas Manuel e Ingrid en diversos estados, particularmente Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
El que se suscribe, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con exhorto al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes liberen los recursos considerados en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la atención de desastres naturales y meteorológicos, así como implantar una operación coordinada con los tres niveles de gobierno para realizar con la mayor brevedad el censo y la pronta atención de las afectaciones causadas por los huracanes Manuel e Ingrid en todos los estados afectados y en particular en Sinaloa.
Consideraciones
El país está viviendo una verdadera emergencia nacional. El paso de los huracanes Manuel e Ingrid por nuestro territorio ha dejado una estela de daños económicos y sociales de enorme magnitud, y en gran cantidad de casos, deplorables pérdidas de la vida de mexicanos.
El número de comunidades afectadas por deslaves de cerros, inundaciones, cada día va en aumento, así también el número de víctimas mortales.
Para el viernes 20 septiembre, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, el número de municipios afectados era de 371, distribuidos en 25 estados, con un saldo de 101 muertos, y decenas de personas se encuentran desaparecidas.
El número de afectados cada día es mayor, y ya rebasa 1 millón de personas; las viviendas afectadas son por lo menos 50 mil.
Para Acción Nacional, esta tragedia no se debe exclusivamente a un fenómeno meteorológico, y sí, muy por el contrario, encierra un conjunto de factores donde están involucrados hechos de corrupción en la construcción de muchas de las obras hoy dañadas; negligencia de los gobiernos municipales y estatales al permitir asentamientos humanos en lugares de alto peligro y hasta la ausencia de una política de protección civil por el actual gobierno federal.
Bastó un par de semanas para que quedara al desnudo el conjunto de mentiras que el discurso oficial afirmó al inicio de este mes sobre la situación del país. La tan llevada y traída frase “Nosotros sí sabemos gobernar” que repitió el PRI durante los últimos años mostró que era solamente una mentira publicitaria, y al igual que en 1985, como sucedió con el gobierno de Miguel de la Madrid ante los sismos en la Ciudad de México, el gobierno de Peña Nieto ha demostrado su inoperancia total, tanto en materia de prevención de desastres como en la etapa de salvamento.
Y en los estados de la república afectados, la situación es semejante o peor.
La prensa nacional ha publicado el doloroso y trágico caso de Guerrero, que mientras la población sufría en las calles de las ciudades y de los poblados el embate de las tormentas, el gobernador Ángel Aguirre Rivero festejaba en la casa de gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13 de este mes, en un convivio con políticos priistas y perredistas, festejo que, anota la prensa, concluyó a 6 de la mañana del sábado 14, cuando el gobernador se retiró a dormir a sus habitaciones.
La inexistencia de una política federal de prevención de desastres queda en evidencia, cuando el miércoles 11 de este mes el Servicio Meteorológico Nacional alertó de los embates “de la combinación de dos sistemas de baja presión con potencial ciclónico”, y para el jueves 12 sugiere a la población extremar precauciones porque “estos fenómenos podrían ocasionar encharcamientos”, y el sábado 14 advertía que ambas tormentas podrían tocar tierra entre el 15 y el 16 de septiembre.
Por si fuera poco, el Sistema Nacional de Protección Civil no se reunió hasta el 14 de septiembre, cuando ya miles de personas eran víctimas de las tormentas.
Es importante anotar que en junio del corriente, la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos de América, informó que la actividad ciclónica durante la temporada 2013 en el Atlántico sería por arriba de su promedio histórico y enumeró 18 ciclones tropicales con nombre; y para el Pacífico nororiental estimó una temporada por arriba de lo normal con una estimación de 19 ciclones con nombre. En ambas listas se encontraban los ciclones Manuel e Ingrid. Todo parece indicar que el gobierno mexicano hizo caso omiso del estudio.
El sistema de salvamento y apoyo a la población damnificada ha sido un verdadero caos. A diario aparecen noticias de poblaciones no atendidas, principalmente en las colonias populares y zonas rurales. Resulta vergonzoso que en casos como el de la transportación del turismo varado en Acapulco, exista lo que se ha denominado “atención a personas VIP”, en donde cientos de turistas que pasaron días, formados para obtener un vuelo a su ciudad de origen, fueron desplazadas por personas a quienes se dio preferencia por ser conocidas de funcionarios del gobierno estatal o federal.
La escasez de víveres se agrava cada día, el agua y los alimentos no llegan oportunamente a la población afectada.
En el caso de la tormenta tropical Manuel, ésta se convirtió en huracán categoría 1 el miércoles 18 de septiembre, según información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El índice de peligrosidad de este meteoro aumentó de moderado a fuerte, detalló el Servicio Meteorológico Nacional. Para las 22 horas de ese día, Manuel se localizó a 10 kilómetros de la línea de costa de Sinaloa y a 115 kilómetros al sureste de Guasave, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora.
Manuel tocó tierra en las costas de Altata, Sinaloa; una zona pesquera perteneciente al municipio de Navolato. Las autoridades locales iniciaron desde la tarde del jueves 19 la evacuación de familias asentadas en la costa, mientras que en la víspera se declararon en riesgo diversos municipios del estado.
El 19 de septiembre, más de 60 comunidades habían sido afectadas por acumulación de aguas y daños del viento en Angostura, Culiacán, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato, y el número damnificados ya era de 100 mil. Para el sábado 21 de septiembre, el número de municipios afectados por el huracán ya era de 9, de acuerdo con declaraciones del gobernador Mario López Valdez.
Esos municipios son El Rosario, Escuinapa, San Ignacio, Culiacán, Navolato, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado y Badiraguato, y los daños se estiman en más de mil quinientos millones de pesos, y el número de familias afectadas son alrededor de 20 mil.
Sin embargo, ese día, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Juan Ernesto Millán, declaró que los municipios afectados son 12, agregando a los anteriores Elota, Mazatlán y Concordia.
Los daños aún se siguen contabilizando. A la fecha, resulta obvio que los estados afectados no cuentan con los recursos adecuados para enfrentar las contingencias; por lo tanto, es apremiante la necesidad de solicitar recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción, y que las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, ejecuten sus tareas de manera expedita, eficiente, transparente y ajustada a la ley.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita a esta soberanía que se aprueben los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a liberar recursos, de manera urgente considerados en el Fonden para la atención de desastres naturales y meteorológicos.
Segundo. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social para que ejecute de inmediato el Programa de Empleo Temporal en los estados afectados por los huracanes Manuel e Ingrid.
Tercero. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se destinen recursos extraordinarios suficientes para la reconstrucción de puentes y caminos dañados por los huracanes.
Cuarto. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad se destinen recursos extraordinarios y se tomen las acciones conducentes para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y el reestablecimiento de la energía eléctrica en todas las poblaciones afectadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la publicidad del atlas de riesgo de Pemex en las entidades en peligro, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, como en el mundo, el diseño y operación de programas de protección civil, son una herramienta de gran utilidad para evitar desastres, ya que no estamos exentos de peligros y riesgos propios de la situación geográfica y de las formas propias de organización económica y social del territorio.
Por esas razones se crea un atlas de riesgo, en busca de representar de manera sencilla la integración y difusión de los resultados de los análisis de peligro y vulnerabilidad, elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entidades federativas y centros de investigación.
Este atlas permite ampliar el conocimiento del territorio municipal, dirigir el desarrollo a esquemas de sustentabilidad y seguridad para la realización de las actividades humanas, así como también emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones, estableciendo medidas de prevención y mitigación ante fenómenos perturbadores de origen geológico, hidrometeorológico y antrópico.
Petróleos Mexicanos es la empresa pública y estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo, siendo está considerada como una de las mayores empresas del mundo.
Sin embargo, la coexistencia y convivencia con Pemex es una situación que mantiene a la población en un constante peligro, debido a las instalaciones y a los riesgos que estas representan, por lo que es necesario de parte de la empresa de petróleos de México mayores y mejores condiciones de seguridad.
Pemex cuenta con un mapeo de todas las redes que pasan bajo el subsuelo en todo el país, y es precisamente por el conocimiento de este tipo de infraestructura que la misma paraestatal ha creado sus mapas de riesgo, mejor conocido como atlas de riesgo.
La finalidad del documento en mención es conocer el trabajo que realiza Pemex con relación a la seguridad y a las emergencias que tiene que enfrentar diariamente y de qué manera lo hace, así como dar a conocer que se cuenta con planes de respuesta a emergencias, los cuales buscan reducir los impactos de las acontecimientos de impacto internos y externos.
Pese a la existencia de este atlas de riesgo, Pemex ha reconocido que desconoce a ciencia cierta el mapa de sus ductos, lo que ha dejado como consecuencia que la población se asiente en cualquier terreno y encuentre en ellos ductos cuando empiezan a construir, enfrentando el riesgo de una fractura en ellos.
La oxidación de muchas de estas infraestructuras ha generado filtraciones que han llegado a los mantos freáticos, los cuales se encuentran contaminados de hidrocarburo, por lo tanto ese líquido no puede ser consumido sin el riesgo de una intoxicación.
Entre las causas que tienen este tipo de accidentes se encuentran el mal estado de las tuberías, así como el robo de combustibles, que ha representado un riesgo severo por la falta de vigilancia y el desconocimiento oficial de la ubicación de estas instalaciones.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos determinó en 2007 que esa información debe ser considerada de seguridad nacional.
La poca información pública ha provocado un sinnúmero de desastres en el país. Las entidades que se encuentran en zonas petroleras son las más expuestas.
Veracruz es uno de los estados más afectados a consecuencia de los derrames de hidrocarburo e incluso por los accidentes industriales que han dejado pasivos ambientales y de salud, así como económicos en la zona de Papantla, Coatzacoalcos y Poza Rica.
En Tabasco, las comunidades asentadas en zonas petroleras del municipio de Huimanguillo, así como en poblados chiapanecos colindantes con Tabasco, se han detectado casos de leucemia, ceguera y afecciones pulmonares atribuibles a la actividad petrolera.
El más reciente caso fue la lamentable tragedia ocurrida en el edificio B-2 de la Torre Ejecutiva de Pemex en la Ciudad de México, ocasionando la muerte de 37 personas debido a la explosión de un ducto de gas.
Para poder evitar este tipo de eventualidades, necesitamos que la información contenida en el Atlas de riesgo de Pemex sea actualizada y pública para las entidades más vulnerables, con la finalidad de que se realicen acciones que mitiguen los efectos dañinos hacia la población, la infraestructura y el entorno.
Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades de Pemex para que entreguen el atlas de riesgo a las entidades y los municipios expuestos a ese tipo de desastres.
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortamos a las autoridades de Petróleos Mexicanos a dar a sus instalaciones mantenimiento inmediato.
Segundo. Exhortamos a actualizar la información de su atlas de riesgo, a fin de brindar un estado de certeza y legitimación de la información plasmada en tan importante documento.
Tercero. Exhortamos a dar a conocer dicha información a municipios y entidades federativas que se encuentran en áreas de riesgo para que las autoridades correspondientes pongan atención, tomando las medidas precautorias necesarias en estos espacios de amenaza que pueden traer consecuencias trágicas en las comunidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por la PGR, la SHCP y la SRE una investigación seria y profunda, y fincar responsabilidades sobre el presunto desvío de recursos en una demanda civil interpuesta en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
I. El pasado jueves 26 de septiembre, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación que
El ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, fue acusado por las autoridades federales de Estados Unidos de desviar 2.8 millones de dólares en una demanda civil interpuesta en una corte de Corpus Christi. El ex mandatario, quien sustituyó en 2011 a Humberto Moreira, fue acusado de desviar los recursos obtenidos a través de sobornos o malversaciones a cuentas bancarias de Estados Unidos y a un fondo de inversión en Bermudas. “La demanda busca los 2.8 millones de dólares en el fondo de inversión de Bermudas”, se informó. La investigación contra el ex gobernador estaría relacionada con la que inició Estados Unidos en contra del ex tesorero coahuilense Héctor Javier Villarreal, a quien los fiscales acusan de invertir decenas de millones de dólares en bienes raíces en Texas.
La acusación no es nueva, ni tampoco aislada, pues una vez que salió a la luz pública el escandaloso caso de la deuda contraída por Humberto Morería, en Coahuila, nos hemos venido enterando de una serie de acciones que indignan a los habitantes de Coahuila y avergüenzan a todo México.
II. Ante esa acusación sólo hemos tenido declaraciones risibles y contradictorias de parte de quienes deberían dar una explicación clara y contundente. El actual gobernador dijo a la prensa que no descartaba iniciar una investigación al respecto si es que se encuentran elementos para ello, por su parte Jorge Torres, sin poder explicar el origen del dinero, señaló que es producto de su patrimonio sin embargo, las autoridades de Estados Unidos calculan en apenas 900 mil dólares sus salarios como funcionario en los últimos seis años.
En todo el estado de Coahuila, los ciudadanos saben que Jorge Torres, antes de ser alcalde interino y gobernador interino del estado, se encontraba en banca rota, que no tenía los recursos económicos con que hoy se ostenta, y que con su salario de alcalde y de gobernador no podía acumular las cantidades que hoy le son descubiertas.
Se trata de un robo al estado de Coahuila que hemos venido presenciando en los últimos años, pero hoy el coahuilense común que trabaja día a día para sacar a su familia adelante ve con cuanto cinismo y prepotencia salen a luz pública los atracos cometidos desde el servicio público por parte de Humberto Moreira, Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres. Y por lo mismo se pregunta ¿cuántos más faltan?, ¿qué nos falta por conocer aún?
Esa administración estatal pasada dejo sumida a Coahuila en la peor crisis económica de su historia, cuya deuda no podrá pagar en los próximos treinta años, mientras el aparato de procuración de justicia permanece indiferente ante la exigencia ciudadana de aplicación de la ley.
Los coahuilenses en particular y los mexicanos en general, queremos saber que tanto se investiga a nuestros malos funcionarios, que a todas luces sabemos han cometido desfalco al erario público, no queremos enterarnos cuando en estados unidos u otro país se está investigando, queremos que se haga aquí, que se castigue aquí a esos malos funcionarios.
III. Deseo recordar que, el 15 de noviembre de 2012, presenté ante esta tribuna un “punto de acuerdo por el que se exhorta la PGR y a la PGJ del estado de Coahuila, para que agilicen la investigación de los delitos y actos cometidos por Javier Villarreal Hernández, ex titular del SAT en esa entidad”, mismo que fue turnado a la Comisión de Justicia sin que fuera dictaminado.
Posteriormente, el 21 de febrero de este año presente otro punto de acuerdo por el que “se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en una cuenta bancaria de las Islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila.”
En esa proposición, señale:
“Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos por lavado de dinero.
Al desempeñarse en el SAT de Coahuila, sin contar con la debida autorización del Congreso local y falsificando documentos, solicitó diversos créditos, contribuyendo con eso al endeudamiento del estado por más de 35 mil millones de pesos”. No está por demás decir que esa deuda la están pagando los coahuilenses sin haber tenido ningún beneficio, pues los servicios, obras públicas e infraestructura nunca recibieron parte de esos recursos.
El 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal es detenido por la Fiscalía General del estado de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo acusado de simulación de actos jurídicos, sin embargo es liberado al día siguiente. Dicha liberación generó la indignación de la ciudadanía al considerar que solamente se estaba jugando con el procedimiento penal, se buscaba sólo simular que se cumplía la ley, para protegerlo, pero con el verdadero propósito de que no incrimine a sus entonces jefes ni explique a donde fueron a parar esos recursos.
Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, misma que presento un dictamen en sentido positivo que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión del 30 de abril de este año. Sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo federal.
IV. Estos tres asuntos –endeudamiento del estado de Coahuila, las acusaciones contra Javier Villarreal Hernández, ex Titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila y ahora el desvió imputado a Jorge Torres ex gobernador interino– van estrechamente ligados, no pueden separarse uno del otro, por lo que urge realizar una investigación profunda, seria y puntual por parte de las autoridades competentes; pero dado que las autoridades de Coahuila no tienen el menor interés en investigar sino por el contrario, obstruir, retrasar y negar cualquier acción de justicia, es necesario que las autoridades federales competentes realicen a profundidad el trabajo requerido.
En todo México se tuvo conocimiento del endeudamiento público del gobierno de Coahuila; se trata de un caso muy grave, no sólo por las maniobras fraudulentas en que se incurrió para contraer esa deuda, sino por el monto de la misma hipotecando el futuro de los coahuilenses.
Se debe realizar una investigación a profundidad por parte de las autoridades para encontrar y recuperar parte del dinero desviado por estas personas: Humberto Moreira, Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres. Pero al mismo tiempo, es necesario que los recursos que vayan apareciendo se reintegren a las arcas estatales de Coahuila.
Por los motivos expuestos, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República inicien una investigación seria, profunda y veraz en torno a los hechos de que son investigados en Estados Unidos relativos a Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres y demás personas que pudieran estar involucradas y lo informe a la ciudadanía mexicana. Asimismo, que la PGR informe a la ciudadanía sobre el estado que guardan las siete denuncias presentadas contra Humberto Moreira de manera concreta.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Procuraduría General de la República solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos a que les sea entregada la cantidad de dinero detectada a Javier Villareal, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, y a Jorge Torres, ex gobernador interino de Coahuila.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que una vez que dichos recursos económicos retornen a México, los mismos sean destinados a cubrir la deuda estatal que actualmente cubren los ciudadanos coahuilenses.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2013.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)