Comunicaciones oficiales

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente:

• Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, remitida por la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2009.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.”

México, DF, a 1 de octubre de 2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Presidente

Del diputado Marino Miranda Salgado, sobre retiro de iniciativa con proyecto de decreto

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

LXII Legislatura

Presente

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el suscrito, perteneciente al Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado 24 de septiembre, sea retirada definitivamente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe anual del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales sobre las concesiones otorgadas para el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales

México, DF, a 9 de septiembre de 2013.

Maestro Mauricio Farah Gebara

Secretario General

Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Hago referencia al artículo 72 último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra indica:

“Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales... Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.”

Al respecto, se adjunta el informe anual de las 2 concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el gobierno federal por conducto de esta secretaría, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de conformidad con lo siguiente:

Concesionario: Metlife México, SA.
Vigencia: 23 de julio de 2012 al 22 de julio de 2013.

Objeto: 9-37 m2 en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, PB, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF.

Concesionario: C. María Yolanda Juárez.
Vigencia: 14 de marzo de 2013 al 13 de septiembre de 2013.

Objeto: 8. 93 m2 en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, PB, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, fracción II, 8, 15, 72 y 73 de la ley General de Bienes Nacionales, 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y demás normatividad relativa y aplicable.

Sin otro particular. Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Liliana Patricia Argüelles Álvarez (rúbrica)

Directora

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso, relativo a posibles prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros aplicada por Grupo Aeroméxico, SAB de CV

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L.62-1I-8-0695, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.0661 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a que se dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión- para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Director General Adjunto de Proceso Legislativo

Por ausencia del titular de la Unidad de Enlace Legislativo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.


México, DF, a 12 de septiembre de 2013.

Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación Presente

Presente

En atención al oficio SEL/UEL/311/009/13, del 4 de enero de 2013, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 3 de enero, relativo al siguiente resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeras, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.”

Al respecto, me permito adjuntar al presente la respuesta al punto de acuerdo que elaboró la Comisión Federal de Competencia, la cual envió directamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de agosto de 2013, mediante oficio PRES-10-096-2013-101.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Maesto Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica)

Director General de Vinculación


México, DF, a 21 de agosto de 2013.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Comisión Permanente

Honorable Congreso de la Unión

LXII Legislatura

Presente

Asunto: Se responde punto de acuerdo.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Añorve Baños el 3 de enero de 2013, y aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en esa misma fecha, mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal de Competencia (CFC o Comisión) en los siguientes términos:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeras, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.”

La exposición de motivos del punto de acuerdo señala lo siguiente:

“El 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González presentó una proposición con punto de acuerdo, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012, la cual contiene los siguientes puntos de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopó1icas relativa en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Con fecha 21 de diciembre de 2012, fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación, en el ámbito de su competencia al punto de acuerdo antes referido.

Con relación al contenido del oficio en comento, vale la pena señalar que el suscrito lamenta no compartir las consideraciones expresadas por el presidente del organismo regulador, toda vez que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.

Se afirma lo anterior, toda vez que por una parte, los artículos 30 de la ley de la materia y 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia invocados por el presidente de ese organismo no lo autorizan para actuar de la forma en que lo hizo, y por la otra, que el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del secretario ejecutivo de ese organismo.

...

Como consecuencia de lo anterior, el suscrito hace suyo el contenido de la proposición formulada el 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González..”

Esta autoridad emite el presente con el fin de atender el punto de acuerdo en estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE o ley).

Al respecto, la LFCE establece que las investigaciones de la Comisión se inician de oficio o por denuncia.

En este sentido, se reitera que en el primer caso, los artículos 30 de la LFCE y 28 de su reglamento obligan a que esta autoridad sólo pueda iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tener como consecuencia una sanción en términos de la LFCE. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la CFC sólo puede iniciar una investigación cuando tenga una causa objetiva para hacerlo.

El marco legal que rige el inicio de investigaciones de oficio por parte de esta autoridad resulta congruente, pues evita que la CFC haga un uso arbitrario de sus facultades.

De esta forma, la comisión sólo podría iniciar una investigación de oficio cuando cuente con los elementos, datos y la información para que el asunto planteado pueda analizarse en sus méritos y, en caso de estimarlo procedente, se inicie una investigación.

En segundo término, el inicio de investigaciones por denuncia tiene que cumplir con las formalidades que señala la LFCE. En el caso de denuncias por prácticas monopólicas relativas, la Ley establece en su artículo 32 que sólo el afectado por este tipo de prácticas es el que podrá presentar una denuncia por escrito ante la Comisión.

Para ello, el referido artículo establece que el denunciante tiene la obligación de indicar en qué consiste dicha práctica e incluir elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la LFCE y, en su caso, los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio. En adición, este artículo señala que será el Reglamento de la LFCE el que establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.

De esta manera, el artículo 29 del Reglamento de la LFCE establece los elementos necesarios que debe contener un escrito de denuncia, en los siguientes términos:

“Artículo 29. El escrito de denuncia a que se refiere el artículo 32 de la Ley, debe contener.

I. Nombre, denominación o razón social del denunciante;

II. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el que acredite su personalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como teléfonos, correo electrónico u otros datos que permitan su pronta localización;

III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocer/o, el domicilio del denunciado;

IV. Descripción de los hechos que se estimen violatorios de la Ley y los elementos que permitan determinar que eso puede ser afectado por la comisión de dichos hechos. El denunciante no está obligado a señalar los artículos que se estime violados;

V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece el denunciante, precisando su uso en el mercado, y, en caso de conocer/o, la lista de 10$ bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados del denunciado y de los principales agentes económicos que los produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional;

VI. En su caso, los elementos que permitan determinar la falsedad de la información con base en la cual la Comisión aprobó o condicionó una concentración;

Se entiende por información falsa los datos, manifestaciones y documentos que no sean conformes a la realidad, y que de haber sido del conocimiento de la Comisión la información real, no hubiese aprobado o condicionado la concentración notificada en los términos en que lo hizo;

VII. Relación de los documentos que acompañen a su denuncia y los elementos de convicción que ofrezca, relacionados de manera precisa con los hechos denunciados, y

VIII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso de no tenerlos a su disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, para que la comisión provea lo conducente...”

En este sentido, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 6 de diciembre de 2012, así como el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 3 de enero de 2013, no se plantean en los términos que señala la legislación en materia de competencia económica y, por lo tanto, no materializan los supuestos jurídicos de una denuncia.

Por lo anterior, se le comunica a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que esta autoridad sólo podría iniciar una investigación de oficio cuando contará con elementos suficientes que conformen una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio. Asimismo, para presentar una denuncia por prácticas monopólicas relativas ante la CFC, cualquier persona tendría que cumplir con los requisitos que establecen los artículos 30 y 32 de la LFCE, así como el 29 del Reglamento de la LFCE, incluyendo el requisito de demostrar una afectación.

En ambos casos, efectivamente corresponde al Secretario Ejecutivo de la Comisión proveer la procedencia de iniciar una investigación de oficio o analizar la denuncia correspondiente en sus méritos, a efecto de admitirla o desecharla.

Esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia. En este sentido, se ofrece la total disposición de la CFC para recibir información adicional que aporte elementos que permitan iniciar una investigación por parte de esta autoridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

Eduardo Pérez Motta (rúbrica)

Presidente

Del gobierno de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la aplicación del Código Esperanza o su equivalente

Chihuahua, Chihuahua, a 25 de septiembre de 2013.

Diputado José González Morfín

Vicepresidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

Presente

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 62-II-4-702 expediente número 1497, dirigido al gobernador del estado de Chihuahua, por el cual se exhorta a los ejecutivos estatales para que de manera responsable fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados; sobre el particular, le expreso:

Que los mecanismos y programas de búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidas o extraviadas implementados en esta entidad, equivalentes al programa Código Esperanza, se han instaurado a través del programa internacional Alerta Ámber y Protocolo Alba por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de esta fiscalía general, vigilando de manera permanente su aplicación y seguimiento en los casos de que se tiene conocimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.


Licenciado Carlos Manuel Salas (rúbrica)

Fiscal General del Estado

De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares en todos los niveles educativos en caso de enfrentamientos con grupos del crimen organizado

México, DF, a 2 de septiembre de 2013.

Licenciado Héctor Serrano Cortés

Secretario de Gobierno del Distrito Federal

Presente

En atención al similar SG/12755/2013, de fecha 9 de julio de 2013, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas y municipios, para que en forma coordinada lleven a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos con grupos del crimen organizado.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

La instrumentación y realización de acciones de carácter preventivo y reactivo, que esta dependencia ha emprendido a través de la Dirección de Seguridad Escolar son:

• A través de sus unidades de seguridad escolar ha llevado a cabo actividades preventivas en el marco de su competencia legal establecida como los signa textualmente la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar en el Distrito Federal, que la letra dice:

Artículo 18, fracción III. “Instrumentar, a través de las unidades de seguridad escolar, las acciones para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar”.

Se remite Proyecto de atención preventivo y reactivo en caso de ataques o enfrentamientos del crimen organizado.

1. Actividad Preventiva para alumnos de preescolar y primaria baja (1o., 2o. y 3o. grados)

Actividad: juego interactivo Dormidos-Despiertos

Consiste en mecanizar a las y los niños a la voz de dormidos , se recuestan de inmediato en el suelo y solo a la voz de la maestra despiertos se vuelvan a incorporar, en el juego se explica su dinámica, que consiste en recostarse en el piso, cerrar los ojos y sin importar lo que escuchen sólo deben abrir sus ojos y levantarse a la voz de despiertos .

El maestro(a) o instructor de seguridad escolar deberá supervisar que se realice el movimiento hacia el suelo en el menor tiempo posible y sin que se hagan daño, que los alumnos(as) no levanten su cabeza ni abran los ojos, al mismo tiempo deberán emitirse ruidos metálicos, diferentes y muy sonoros, supervisar que sigan sin abrir los ojos y menos que levanten la cabeza o el cuerpo hasta que el juego termina al grito del docente o del elemento de seguridad escolar ¡despiertos! .

1.1. Actividad Reactiva:

a) Se instruye al docente para que en caso real, también se tire al piso y observe desde su sitio que ningún alumno(a) se levante ni que abra sus ojos, hasta que termine el juego.

b) Se instruye mediante sesión informativa al director, personal administrativo y docente sobre el tema Prevención del Delito con el subtema Enfrentamientos, ataques del crimen organizado, con una duración de 30 minutos y sesión de preguntas y respuestas.

c) Se establece un comité de seguridad y supervisión para este tipo de situaciones.

d) El comité será formado por personas del plantel (administrativos y docentes).

e) Presidirá dicho comité el director (a) del plantel.

f) Al designado de seguridad se le instruirá de la mecánica por realizar y se le dotará de un directorio de instituciones que le asistirán de inmediato en un caso de enfrentamiento o ataque, asimismo deberá ingresar a su teléfono portátil dicho directorio, será el primero en dar la voz de alarma si cuentan con mecanismos activa la alarma en el plantel.

g) Los designados para proporcionar auxilio a la comunidad escolar deberán contar con la instrucción para ofrecer el apoyo como primer contacto y poder brindar los primeros auxilios a quien los requiera.

h) Quien lleve a cabo la supervisión lo hará en un recorrido que estará previamente asignado, para emitir un informe fidedigno al director(a) de la incidencia, si la hubo.

i) En el caso de haber ingresado un sujeto(os), o grupo(os) armados no deberán realizar ninguna acción que no sea la que les indique dicho grupo o sujeto, salvo que les sea posible emitir la alarma o comunicación para el auxilio correspondiente por un grupo de intervención especializado.

2. Actividad preventiva para alumnos de primaria alta, secundaria, medio superior y superior.

Actividad Sociodrama:

Consiste en la dramatización por parte del personal de seguridad escolar, dicho sociodrama abordará las posibles mecánicas que se puedan producir en caso de un enfrentamiento o ataque de sujeto (os) armados entre ellos o dirigidos en el interior de un plantel.

Actividad sesión informativa:

Consiste en realizar en sala audiovisual o auditorio, a través de diapositivas y videos en los que ocurren situaciones similares.

2.1. En ambos casos preventivos, se da a conocer este tema como prevención del delito, subtema delito de alto impacto .

2.2. Actividad reactiva.

a) Se instruye al personal administrativo y docente para que en caso real de ataque, o enfrentamiento se recuesten en el piso e indiquen al alumnado haga lo mismo y no se levanten hasta que haya pasado el peligro.

b) Se establece para el plantel un comité de seguridad, auxilio y de supervisión para situaciones de enfrentamiento y ataque de sujeto(os) o grupo(os) del crimen organizado.

c) El comité estará formado por personal del plantel (docente y administrativo)

d) Presidirá dicho comité el director del plantel.

e) El designado de seguridad, se le instruirá la mecánica a realizar y se le dotará de un directorio de instituciones que le asistirán de inmediato en un caso de enfrentamiento o ataque, asimismo deberá ingresar en su teléfono portátil dicho directorio, será el primero en dar la voz de alarma, si cuentan con mecanismos de alarma del plantel será su responsabilidad directa accionarla.

f) Los designados para proporcionar auxilio a la comunidad escolar, deberán contar con la institución para poder ofrecer el apoyo como primer contacto y poder brindar los primeros auxilios a quien lo requiera.

g) El que lleve(n) acabo la labor de supervisión, hará un recorrido que deberá estar previamente asignado. Para el caso de planteles de nivel medio superior y superior, que lleguen a recibir ataques con petardos u otros proyectiles explosivos él o los integrantes del comité de seguridad y auxilio contemplarán como medidas reactivas el que su población estudiantil no confronte si no que se apeguen al reglamento interno y al que genere dicho comité del plantel para este tipo de situaciones.

En virtud del marco de transversalidad de las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y en atención al dictamen aprobado y publicado en la Gaceta Oficial el 03 de julio del presente año por el H. Congreso de la Unión, y en cumplimiento a los numerales 2 fracción II, 17 fracción IV, de la ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; esta Dependencia tiene como objeto entre otras, proteger la integridad física de las personas mediante los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública, los cuales deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de su integridad, manteniendo en todo momento comunicación y coordinación con organismos públicos y corporaciones policiacas del ámbito Federal y las distintas entidades federativas, a efecto de ejecutar las acciones operativas necesarias procedentes ante una probable amenaza a la ciudadanía o bien, ante la comisión de un delito; asimismo, esta Secretaría desarrolla las acciones necesarias para el fortalecimiento de la función policial, a través de mecanismos de intercambio de información criminal con dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria, para establecer métodos de análisis e intercambio de información que facilite identificar personas, grupos, organizaciones y modos de operación, lo anterior, a fin de promover en todo momento las medidas tendientes a salvaguardar y garantizar la seguridad de las personas.

No se omite reiterar la disposición de esta dependencia para coadyuvar con las instancias correspondientes en las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares en todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos de crimen organizado.

Sin otro particular y en espera de que esta información le sea de utilidad, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Jesús Rodríguez Almeida (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como propone el Ejecutivo federal en el paquete económico de 2014, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el paquete económico 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el Paquete Económico 2014, así como a mantener reuniones con asociaciones y organizaciones de contadores públicos del país respecto a los efectos de dicha derogación, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Carta Magna, en el artículo en el artículo 31, fracción IV, establece:

[Es obligación de los mexicanos] contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Del mismo modo, nuestra Constitución señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, será el órgano encargado de recaudar y administrar las contribuciones de los mexicanos. Labor fundamental para las finanzas públicas nacionales, en virtud de que este órgano recaudatorio debe captar la mayor cantidad de ingresos a fin de que puedan solventarse todos y cada uno de los rubros del gasto público, el cual contiene primordialmente las demandas sociales que deben ser satisfechas para alcanzar el crecimiento del México próspero que sus habitantes anhelamos.

Para ello, el SAT está obligado a valerse de los mejores medios y herramientas a través de los cuales pueda lograr dicha captación. El dictamen fiscal es una herramienta que desde 1959 ha sido fundamental, no sólo para recaudar de manera eficiente un buen porcentaje de los ingresos de los contribuyentes, sino también para proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de la información financiera y a la vez, dotar a los contribuyentes de una opinión externa que les permita conocer a detalle cuál es su situación fiscal.

Otra parte importante de esta figura fiscal es el fomento a la productividad de un sector profesional, histórico e importante para nuestro país como es el de los contadores públicos, quienes al ser los especialistas en la materia, emiten sus opiniones mediante el dictamen financiero y fiscal.

El dictamen fiscal es una herramienta que les da a los contribuyentes, obligados y no a dictaminarse, la certeza de que su información Fiscal e inclusive financiera, está presentada conforme a las disposiciones tributarias y a las normas de información financiera establecidas por la contaduría pública organizada. Es un conjunto de procedimientos de auditoría que culminan con un dictamen reconocido por las autoridades hacendarias como un documento fidedigno y confiable que da cuenta de la situación fiscal del contribuyente. El dictamen fiscal, surge como estrategia de fiscalización indirecta, mediante la cual el fisco federal deposita su confianza en la capacidad, experiencia y ética profesional de la Contaduría Pública, la cual se traduce en el atributo de la credibilidad hacia el trabajo desempeñado por el contador púbico que emite este tipo de dictámenes.

Esta revisión que practica el profesional de contaduría, tiene como objetivo principal brindar al contribuyente que dictamina sus estados financieros, confianza y seguridad respecto de la situación financiera de su empresa, así como también ofrecer a la autoridad hacendaria un esquema mediante el cual puede conocer la situación fiscal de los contribuyentes y determinar en un momento dado, la posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación que, al no cumplir el gobernado con el pago de las diferencias expuestas por el dictaminador, quien en muchos casos suple el ejercicio de auditoría del SAT.

Entre los beneficios del dictamen fiscal están los siguientes:

a) Es un instrumento recaudatorio a través del cual el erario federal capta contribuciones federales.

b) Es una herramienta de autocorrección fiscal tanto para personas morales como para personas físicas.

c) Es un medio de seguridad jurídica ante los contribuyentes por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

d) Es un instrumento de seguridad legal ante los terceros usuarios de la información.

e) Es una figura que mantiene a la contaduría pública mexicana en la vanguardia internacional para el desarrollo técnico e intercambio y manejo de información contable, financiera y fiscal para las empresas internacionales que se establecen en nuestro país y empresas mexicanas que se establecen en el extranjero.

De acuerdo a la legislación vigente, los contribuyentes obligados a este dispositivo son las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentran en los siguientes supuestos: aquéllas cuyos ingresos acumulables fueron superiores a 34.8 millones de pesos; 69.6 millones de pesos en activos y con 300 o más trabajadores; también aquéllas que consoliden para efectos fiscales; las donatarias autorizadas; las que se fusionen, escindan o liquiden; establecimientos permanentes y las entidades gubernamentales. Por su parte, también tienen acceso a esta disposición las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que no estén obligadas, así como los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables hasta por $40,000,000.00, pueden optar por no presentar el dictamen, siempre que el valor de sus activos o el número de trabajadores no excedan las cantidades mencionadas.

Según datos del SAT, anualmente se emiten cerca de 100 mil dictámenes a través de los cuales se recaudan en promedio poco menos de 20 mil millones de pesos al año. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el dictamen fiscal crea un ambiente menos áspero entre el padrón de contribuyentes y las autoridades, y a la vez señala que esta figura aunada a la simplificación fiscal puede aumentar hasta en un 30 por ciento la recaudación.

A continuación se presenta una tabla donde se organizan los indicadores del número de dictámenes y el monto recaudado a través de este medio, correspondientes a los años que van desde 2006 hasta 2010.

No obstante todo lo anterior, en el conjunto de disposiciones y modificaciones en materia presupuestaria, económica y fiscal para el ejercicio 2014 que el Ejecutivo federal ha enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados, se propone eliminar el dictamen fiscal a través de la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal Federal y en su lugar, se plantea sustituir dicho dictamen por la presentación de la declaración informativa del contribuyente, respecto de las operaciones de enajenación de acciones que al efecto se establezcan.

Ante este escenario, ya han surgido diversas instituciones y agrupaciones de Contadores Públicos que señalan como negativa esta propuesta, en virtud de que además de la inminente baja en la recaudación, dicha iniciativa representa un aplazamiento a la desaparición del gremio de los contadores públicos en nuestro país.

Una de estas organizaciones que se han mostrado en contra de la modificación, es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que en días recientes emitió un pronunciamiento respecto a la Reforma Hacendaria y se muestra particularmente en desacuerdo porque la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal Federal causaría entre otras, las siguientes afectaciones:

1) Afectaría la seguridad jurídica de los contribuyentes, toda vez que con la desaparición del dictamen fiscal, estos adquieren una condición de indefensión ante la autoridad.

2) Disminuiría la recaudación fiscal en virtud de que los contribuyentes no tendrán la oportunidad de corregirse espontáneamente, lo cual provocaría una desorganización y discontinuidad en el pago de contribuciones.

3) Habría un impacto social negativo en virtud de que se produciría un gran número de despidos de colaboradores de las firmas de contadores que se dedican a la prestación de servicios de auditoría de estados financieros para efectos fiscales y presentación del dictamen fiscal, toda vez que estos despachos verían una disminución en la prestación de sus servicios.

4) Se reduciría significativamente el desarrollo de los contribuyentes, en virtud de que una de las utilidades del dictamen fiscal, es su validez ante instituciones financieras y otras entidades sociales o económicas para acceder a créditos que en muchas ocasiones son necesarios para realizar inversiones de desarrollo.

5) Surgiría la necesidad de ampliar el universo de auditorías, al no tener el fisco un parámetro sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Un elemento fundamental que debe de señalarse para no considerar viable esta propuesta del Ejecutivo federal, es que hasta ahora la figura del dictamen fiscal ha asegurado el cumplimiento de los principios jurídicos contenidos en el artículo 31 constitucional de proporcionalidad y equidad, mismos que garantizan que los impuestos que se les cobran a los contribuyentes atienden a la capacidad económica y tributaria que estos poseen.

En vista de todo lo anterior, puede apreciarse que son más los perjuicios que los beneficios que se causarían con la aprobación de esta propuesta, además de que, de acuerdo a la opinión de la contaduría pública organizada, tendría lugar en nuestro país una disminución significativa en la recaudación, lo cual afectaría las finanzas públicas e iría en contra de los objetivos que tiene el SAT que es el de recaudar de manera eficiente y efectiva, respetando siempre los derechos de los contribuyentes.

Asimismo debe considerarse que en países como España, Estados Unidos y otros, existen figuras fiscales equivalentes al dictamen fiscal que hoy pretende suprimirse en nuestro país. La mayoría de los países que mantienen este esquema de auditoría externa, lo hacen en virtud de que además de impulsar el desarrollo y competitividad del sector contable y financiero, los gobiernos ahorran dinero y tiempo en la recaudación de los impuestos y además facilitan a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Por lo expuesto es que propongo a esta soberanía exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que no atienda la propuesta del Ejecutivo de derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, en los términos del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación de las disposiciones que integran el paquete económico 2014, se descarte la derogación del artículo 32-a del Código Fiscal Federal que propone el Ejecutivo federal, en virtud de que la desaparición del dictamen fiscal disminuirla la recaudación y afectaría gravemente a las asociaciones y colegios de contadores públicos del país.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de aprobación del paquete económico 2014 mantenga reuniones con asociaciones y colegios de contadores públicos del país, a fin de que estos puedan expresar las afectaciones en materia laboral y productiva que enfrentarían si se deroga el artículo 32-a del Código Fiscal Federal.

Senado de la República del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de septiembre de 2013.

Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, presentada por los senadores María Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado y Zoé Alejandro Robledo Aburto, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implantación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Los suscritos, senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, integrantes de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y con fundamento en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implantación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país, al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los mayores problemas de salud pública para los países. En el caso de México, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado desde 1980, especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales que señalan a 39.05 por ciento de los adultos mayores de 20 años con sobrepeso y 32.15 por ciento con obesidad, equivalente a 7 de cada 10 mexicanos.1

De acuerdo con la OMS, México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad (32.15 por ciento), después de los Estados Unidos, y el primero en mujeres (alrededor de 37.5).2

Asimismo, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial (14.6 por ciento).3

Se estima que la prevalencia de sobrepeso y obesidad continuará aumentando, por lo que para el año 2050 se prevé que 88 por ciento de los hombres y 91 por ciento de las mujeres sufran de sobrepeso y obesidad, lo que resulta alarmante en todos los sentidos.4

El país registra una cifra importante de obesidad infantil, reflejado en los 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años y los 6.3 millones de adolescentes (entre 12-19 años), lo que significa que uno de cada 3 niños sufre de estos padecimientos.5

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un obstáculo para las finanzas públicas, especialmente en el sector salud, pues el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008: pasó de 35 mil millones de pesos a por lo menos 67 mil millones. Según la Secretaría de Salud, el costo actual alcanza los 80 mil millones de pesos anuales. Se estima incluso que dicho gasto aumentará a 151 millones de pesos en 2017.6

Un elemento clave en el combate a la obesidad es la promoción de políticas públicas integrales y multifactoriales que protejan el derecho a la salud y a la alimentación de la población, en donde las medidas fiscales juegan un rol imprescindible para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, al mismo tiempo que permiten obtener recursos para combatir los daños relacionados.

El consumo tan alto de refrescos y bebidas azucaradas en nuestro país ha incidido en el aumento del sobrepeso y la obesidad, y de diversas Enfermedades Crónicas no Transmisibles como la diabetes. México consume 163 litros de refresco al año, superando en 40 por ciento el consumo de un estadounidense promedio (118 litros anuales), lo que lo convierte en el primer lugar a nivel mundial.7

Esa situación hace evidente la crisis hídrica que se vive en el país, dado que las zonas rurales carecen de agua potable para satisfacer sus necesidades de hidratación, situación similar en las escuelas y espacios públicos del país.

“Energy intake from beverages is increasing among mexican adolescents and adults” (“La ingesta calórica por consumo de bebidas está en aumento entre los adolescentes y adultos mexicanos”), publicado en el Journal of Nutrition en 2008, menciona que entre los años 1999 y 2006 el consumo de bebidas con alto contenido calórico como los refrescos, los jugos y el café con azúcar se ha duplicado entre los adolescentes y triplicado entre los adultos mexicanos.8

De acuerdo con el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, una porción de 500 mililitros de refresco contiene más de 200 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de refresco, contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar.9

Según el artículo “Onzas de prevención, el caso de política pública para los impuestos a bebidas azucaradas”, publicado por los doctores Kelly Brownell y Thomas Friedman en New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60 por ciento por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso.10

En el mismo orden de ideas, según el estudio “Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents” (“Efecto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y adolescentes”), del Centro Nacional de Información en Biotecnología de Estados Unidos, el reemplazo de bebidas azucaradas por productos alternativos más saludables está relacionado con la reducción de la ingesta calórica. Por ejemplo, una bebida azucarada de 230 mililitros aporta cerca de 106 a la ingesta calórica diaria, mientras que la misma cantidad de agua sólo aporta 8 calorías. El estudio concluye además que con cada 1 por ciento de reducción de bebida azucarada se disminuye en 6.6 kilocalorías la ingesta calórica diaria y que el reemplazo de bebida azucarada con agua potable ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 235 kilocalorías al día.11

El agua simple potable es la elección más saludable y la bebida ideal para satisfacer las necesidades diarias de líquidos, ya que no tiene efectos adversos en individuos sanos cuando se consume en los intervalos aceptados.12

En septiembre de 2011, siguiendo el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 2010, México elevó a rango constitucional este derecho, incluyéndolo en el artículo 4to de la Carta Magna, garantizando que todos los mexicanos tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; atendiendo un problema que afecta a más de 10 millones de habitantes, cerca del 10 por ciento de la población en el país. En este sentido, es obligación del Estado garantizar el derecho al agua potable para que las personas puedan cuidar su higiene y salud, y puedan adoptar hábitos de vida y consumo más saludables.13

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010, uno de los servicios básicos para mantener las condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda y el entorno en que se desarrolla la vida cotidiana de la población, es el abastecimiento de agua potable. En los últimos 20 años se ha visto un incremento en la cobertura, pasando de 79.4 por ciento en 1990 a 91.5 por ciento de las viviendas en 2010. Este beneficio es de gran importancia, ya que el abastecimiento de agua de la red pública disminuye de manera importante los riesgos de contraer enfermedades asociadas a la ingesta de agua que no es adecuada para el consumo humano. A pesar de los avances, sigue siendo necesario aumentar el acceso al vital líquido tanto para las actividades diarias, como para consumo.14

Según el censo anterior, para lograr una cobertura universal de agua potable es necesario asegurar este servicio a 36.8 millones de habitantes al 2030. Las entidades que presentan los mayores obstáculos para el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado son: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. En este sentido, se requieren inversiones por 215 mil millones de pesos para lograr la cobertura universal en agua potable y alcantarillado, orientando la inversión a la ampliación de las redes en zonas urbanas y rurales, así como a la construcción de pozos, cosecha de agua de lluvia e implementación de tecnologías de bajo costo para la recolección y tratamiento de aguas residuales en zonas rurales.15

En otro orden de ideas, el gobierno federal estableció en 2010 como uno de los objetivos del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable, objetivo que no se ha logrado alcanzar a nivel federal ni local, por lo que se deben de obtener recursos suficientes para lograr este cometido.16

Actualmente no existe ningún programa nacional para la introducción de agua simple, potable y gratuita en las escuelas y los espacios públicos, lo que es un área de oportunidad y compromiso para satisfacer las necesidades diarias de este líquido vital en las zonas en las que más se requiere, como son las áreas rurales, las escuelas y los espacios públicos.

Según la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, solamente 55.9 por ciento de las primarias y 60.6 por ciento de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber de manera gratuita (ya sea en bebederos o en garrafones), por lo que impera la necesidad de promover una alimentación correcta dentro del ambiente escolar, en aras de disminuir los factores de riesgo que inciden en la malnutrición de los estudiantes.17

Incluso, esa encuesta presenta una serie de recomendaciones entre las que resalta la necesidad de garantizar la existencia de bebederos o disposición de agua potable gratuita en los planteles escolares, para fomentar la disminución en el consumo de bebidas azucaradas y refrescos.

Es necesario aumentar el acceso al agua potable de libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas, y así disminuir la ingesta tan alta de estas bebidas en el país, ya que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo, así como somos una de las poblaciones con mayores índices de obesidad y diabetes.

La publicación de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México titulada Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, es concluyente sobre la necesidad de proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los hogares, las escuelas y centros de trabajo, como un factor indispensable para un ambiente higiénico que permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético, como son las bebidas azucaradas.18

Ante la problemática que representa el consumo de refrescos y bebidas azucaradas para la salud, por su incidencia comprobada en el sobrepeso y la obesidad, el 8 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentaron la propuesta de reforma hacendaria y paquete fiscal para 2014 incluyendo un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, lo que representa un gran paso hacia la promoción de hábitos de consumo más saludables.

En la presentación se hizo mención de diferentes características de la economía mexicana, que de cierta manera han obstaculizado el crecimiento; entre éstas, se hizo mención de la obesidad como una barrera que atenta contra el desarrollo social, en salud y económico. En este sentido, surge necesario impulsar propuestas de política y programas para combatir este grave problema de salud, que se ha convertido en una contingencia para las finanzas públicas, motivación que llevó al Ejecutivo federal a incluir este gravamen, mismo que cuenta con un gran apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Salud Alimentaria, la Plataforma Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad, y muchas otras. Estas organizaciones han exhortado a los diferentes niveles de Gobierno ha sensibilizarse frente al problema de salud pública, al cual han contribuido los refrescos y las bebidas azucaradas.

La inclusión de una medida de este tipo es de gran relevancia y reconocimiento para el gobierno federal; sin embargo, como toda política pública, es perfectible, en aras de tener un mayor impacto y beneficio en la salud.

El impuesto a las bebidas azucaradas incluida en la reforma hacendaria 2014 y enviada a la Cámara de Diputados propone que se calculará mediante la aplicación de una cuota de 1.00 pesos por litro a estas bebidas, la cual se ajustará a la inflación.

Es nuestro interés promover que los recursos obtenidos por este impuesto, que se estiman en aproximadamente 12 mil millones de pesos, sean utilizados para la implementación de programas de prevención de la obesidad, especialmente para garantizar el acceso al agua potable en la población más pobre, en las escuelas y espacios públicos. Lo recaudado sería suficiente para la implementación de programas de infraestructura de agua potable; por ejemplo, este monto representa 2.5 veces el presupuesto asignado en 2012 para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de la Comisión Nacional de Agua.

Adicionalmente, de acuerdo con organizaciones como Oxfam México y la Alianza por la Salud Alimentaria, de contar con un impuesto aún mayor al que se propone, de aproximadamente 20 por ciento, y se invirtieran el total de los recursos recaudados en las 120 mil escuelas de educación básica en el país, se podrían asignar cerca de 230 mil pesos a cada una, lo que sería suficiente para introducir agua potable gratuita en forma de bebederos. Esto comprendería solamente el primer año de la aplicación del impuesto, y en los posteriores el dinero serviría para dar mantenimiento a estos servicios, así como para programas en el sector salud.19

De acuerdo con un análisis económico realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un impuesto de este nivel ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163 litros por persona al año a 140 litros, dado que la demanda de refrescos y bebidas azucaradas es elástica.20

Este estudio señala además que los hogares más pobres, del quintil más bajo de ingresos del país, y los hogares que se encuentran en los municipios de mayor marginación, reducirían su consumo de refrescos en mayor proporción con un aumento en el precio. Esto es, ya que la demanda de refrescos es aún más elástica en estos grupos de la población. Con un impuesto a refrescos, los hogares más pobres reducirían el gasto que destinan a estos bienes, lo que permite que liberen recursos para comprar otro tipo de productos. Si esta propuesta se acompaña de otras políticas para reducir y prevenir la obesidad y otras enfermedades crónicas que afectan a los más pobres, se podría fomentar el gasto en consumo de bienes más saludables, como es el agua potable. El INSP encontró que con un aumento en el precio de estas bebidas, aumenta el consumo de agua, lo que podría aprovecharse para fomentar su consumo, y lo que infiere la necesidad de proveer de este líquido para que la población pueda reemplazar de manera efectiva el consumo de bebidas azucaradas.21

Es imprescindible aumentar la disponibilidad y acceso al agua potable en escuelas y espacios públicos, en aras de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas e hipocalóricas, mejorando la salud de los mexicanos. Por último cabe mencionar que el artículo 1 del código Fiscal de la Federación, señala la posibilidad de destinar una contribución a un gasto público específico, siempre y cuando ésta etiqueta se haga mediante ley.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la Reforma Hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que, aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y con fundamento en el artículo 1, del Código Fiscal de la Federación, destine, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad, lo anterior como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, INSP, México, DF.

2 Secretaría de Salud México (enero de 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, México, DF, página 9.

3 Sassi, Franco (2010). Obesity and the economics of prevention: fit not fat, OCDE, OCDE, París.

4 Rtveladze, Ketevan (2 de enero de 2013). “Obesity prevalence in Mexico: impact on health and economic burden”, en Public Health Nutrition.

5 Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, México, DF.

6 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, página 11.

7 Datamonitor 2009, Euromonitor 2009, Andreyeva, y otros, 2011. Elaborado por el doctor Kelly Brownell, Universidad de Yale. Rudd Center for Policy and Obesity.

8 Barquera, Simon, y otros. (2008). “Energy intake from beverages is increasing among mexican adolescents and adults”, en The Journal of Nutrition, Community and International Nutrition, páginas 2454-2461.

9 (junio de 2012). Fact sheet: sugary drinks supersizing and the obesity epidemic, Department of Nutrition at Harvard School of Public Health. Recuperado de www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/

10 Brownell, Kelly D. (30 de abril de 2009). “Ounces of prevention: the public policy case for tax son sugared beverages”, en New England Journal of Medicine.

11 Wang, YC, y otros (abril de 2009). Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents, National Center for Biotechnology Information. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349562

12 Rivera J, Muñoz-Hernández O, Rosas-Peralta M, Aguilar-Salina C, Popñin B, Willet W. Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud Pública México, 2008; 50: 173-195.

13 (29 de septiembre de 2011). El Senado mexicano eleva a rango constitucional el derecho al agua, CCN México (en línea). Recuperado de http//mexico.cnn.com/nacional/2011/09/29/el-senado-mexicano-eleva-a-ran go-constitucional-el-derecho-al-agua

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (22 de marzo de 2012). Estadística a propósito del Día Mundial del Agua. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=2 69&e=

15 Ibídem.

16 Secretaría de Salud. Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, México, 2010.

17 Instituto Nacional de Salud Pública (2008). Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, México, DF.

18 Rivera J, Hernández M, Aguilar C, Vadillo F, Murayama C. Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, UNAM, México, 2012, 428 páginas.

19 (2012). México es ya el mayor consumidor de refresco en el mundo, Oxfam México (en línea). Recuperado de http://site.oxfammexico.org/mexico-es-ya-el-mayor-consumidor-de-refresc o-en-el-mundo-3/

20 Colchero MA, Unar M., Salgado JC, Hernández-Ávila M, Rivera J. “Análisis del potencial del impuesto a refresco en México como una estrategia de prevención de obesidad”, decimoquinto Congreso en investigación en salud pública, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, 7 de marzo de 2013.

21 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.

Senadores: María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Javier Corral Jurado (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, a otorgar un presupuesto suficiente orientado a la adquisición de ese tipo de medicamentos, presentada por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General se incluyan los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y mediante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.

Consideraciones

Las enfermedades raras y los pacientes que las padecen aún permanecen sin recibir la atención que requieren por parte de profesionales e instituciones de salud en el país. Desde que se incluyó la definición de enfermedades raras en la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2012, estableciendo que son aquellas que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes, no ha habido avances en materia de regulación y atención a estos padecimientos. Esto, a pesar de que en la mencionada reforma, el artículo 224 Bis 1 establece que

“La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.”

Pese a lo anterior, seguimos sin observar en México medidas definitivas y contundentes encaminadas a mejorar la disponibilidad y el acceso para estos pacientes que se ven especialmente indefensos y aislados por lo poco común de sus padecimientos. Más aún, este grupo de enfermos se ven inmersos en una realidad especialmente difícil pues, aunado al reto que supone enfrentar una enfermedad severa, los tratamientos son, por la baja prevalencia, costosos e inaccesibles para la mayoría de la población.

La prevalencia de una enfermedad rara establecida por la Ley General de Salud es de no más 5 de cada 10 mil personas. Se calcula que entre 6 y 8 por ciento de la población mundial padece una enfermedad rara. Aplicado a México, estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas.1

Dejar a estos pacientes desatendidos constituye en primera instancia una contradicción al derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución política, que es igualitario y sin distinción alguna sobre su protección para toda la población; y en segunda, una falta a la ética, pues peca de desatender a quién más lo necesita resultando en discriminación. Esta situación cobra mucho más relevancia si se observa que no se ha cumplido a cabalidad un mandato del Congreso de la Unión, al considerar que se acordó que la Secretaría de Salud mejoraría la asequibilidad y disponibilidad de los medicamentos que tratan las enfermedades raras, denominados “medicamentos huérfanos”.

Si bien es cierto que la solución a este escenario no se vislumbra fácil, precisamente por ello se requiere un mayor esfuerzo e involucrar a todos los actores que pueden hacer una diferencia en la vida de estos enfermos. Es por eso que en este exhorto se hace un llamado al Consejo de Salubridad General, como actor necesario del cual depende la primera etapa: la inclusión en el Cuadro Básico de los medicamentos huérfanos, disponibles para la adquisición de las instituciones de salud.

El Consejo de Salubridad General tiene la honorable responsabilidad de integrar el Cuadro Básico de Insumos para la Salud. De la resultante lista, los diferentes institutos que proveen servicios de salud– IMSS, ISSSTE, ISSSFAM y PEMEX– eligen los medicamentos adecuados para sus derechohabientes en Catálogos Institucionales.

Las enfermedades raras son de tipología variada y de prevalencia muy baja, por ende, no se puede generalizar acerca de cuáles medicamentos deben estar disponibles para atenderlas. Al contrario, es una situación casuística: cada instituto debe conocer qué tipo de enfermedades raras afectan a sus derechohabientes.

La afectación de enfermedades raras sobre la población cambia en función de la tipología, por tanto, las necesidades de tratamiento para cada instituto variarán de forma totalmente aleatoria; por lo cual el cuadro básico debe contar con el mayor número de opciones para que las instituciones de salud cuenten con la posibilidad de encontrar las terapias que aquejan a su derechohabiencia. Esto, dado a la escasa prevalencia de las enfermedades raras, misma que hace imposible generalizar respecto a cuáles deberían formar parte del cuadro básico, y hace indispensable su incorporación al mismo para que sean las Instituciones las que analicen caso por caso sus necesidades particulares.

Es necesaria la suma de los esfuerzos de varios actores para mejorar el acceso a medicamentos huérfanos. Si bien el Consejo de Salubridad General juega un rol determinante por la inclusión de estos productos en el cuadro básico, de tal forma que haya una total disponibilidad de estos medicamentos, las instituciones serán responsables de afrontar los altos costos que suponen.

A pesar de que existen alrededor de 7 mil tipologías de enfermedades raras en el mundo, sólo existe tratamiento para, aproximadamente, 2 por ciento. Este dato, sumado al hecho de que no hay muchos pacientes con este tipo de padecimientos, aclara el concepto erróneo de que no hay suficientes fondos para atender a estos pacientes. Precisamente por el mismo motivo por el cual los medicamentos huérfanos son caros –que atienden a un pequeño segmento de la población– resultan, a la larga, económicamente viables. No existe un motivo contundente por el cual seguir negando a estos pacientes, ciudadanos iguales ante la ley y el derecho, la atención médica que urgentemente requieren.

En este caso, es necesaria la colaboración de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que otorguen mayores recursos presupuestarios que posibiliten la adquisición de medicamentos huérfanos. Es vital que haya un peso presupuestario específico para estos medicamentos para convertir el acceso en una realidad. Asimismo, también es necesario que en la Cámara de Diputados, al momento de analizar y discutir el paquete económico de 2014 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), garantice que se cuenten con los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los pacientes con enfermedades raras.

Por último, es importante que la Secretaría de Salud incremente sus esfuerzos por registrar la incidencia de las enfermedades huérfanas en el país, mediante acciones enfocadas en el diagnóstico de estos padecimientos y en colaboración con los institutos para la elaboración de un registro.

Implementando estas medidas se hará efectivo el artículo 224 Bis 1, pues se estará garantizando la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos huérfanos. Además, será conveniente un registro de enfermedades raras que permitirá proporcionarles una atención focalizada. Lo más importante es que se estará garantizando el derecho a salud de todos los mexicanos, en forma igualitaria y respondiendo así a las nuevas dinámicas de salud de nuestro tiempo.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe de las acciones implementadas en atención al artículo 224 Bis 1 respecto a medidas y acciones a efecto de impulsar la disponibilidad de medicamentos huérfanos, y respecto a la emisión de recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y desarrollo de medicamentos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General se incluyan los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana, para que las instituciones prestadoras de servicios de salud cuenten con la posibilidad de ofrecer cualquier opción terapéutica necesaria para el tratamiento de sus derechohabientes.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que mediante la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Hacienda y de Crédito, otorguen un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de medicamentos huérfanos, dentro del presupuesto otorgado al sector salud para el año 2014.

Nota

1. Según la estimación de la población de México para el año 2012, elaborada por el Banco Mundial.

Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.

Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 recursos para concluir el proyecto de construcción del hospital general de Ticul, Yucatán, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Naciona1, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en Yucatán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


El suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del honorable Congreso de la unión, con base en las facultades que me confieren en el artículo 8, número 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en el estado de Yucatán; con base en lo siguiente:

Consideraciones

La salud es una de las principales condiciones para el desarrollo y uno de los indicadores asociados al crecimiento económico de un país, en el caso de México se estima que durante el último cuarto del siglo XX, un tercio de éste fue atribuible al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de mortalidad entre 1970 y 1995.1

El derecho a la protección de salud universal de los mexicanos se encuentra plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política, así como el acceso a sus sistemas.

A pesar de que durante los últimos años en México se han realizado grandes avances para fortalecer el desempeño del sistema de salud, aún persisten retos a vencer como la inequidad en el acceso, la calidad de los servicios, entre otros.

Basta con citar algunas cifras: en 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a 60.7 por ciento del total de la población del país. En otras palabras, lo anterior significa que solamente el 40 por ciento de la población tuvo acceso a seguridad social, aun cuando éste nivel es cuatro puntos porcentuales inferior al observado en 2008, sigue siendo la carencia social con mayor incidencia en México.

En este sentido, Yucatán en particular es un Estado que si bien en los últimos años ha venido desarrollándose en materia de salud, su alcance aún no es suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en 2011 la cobertura de camas de hospital censadas por cada 100 mil habitantes fue de 90.2 cifra por debajo de estados como Campeche, Coahuila, Sonora, Baja California Sur o el Distrito Federal que en promedio contaron con 100 o más camas. No cabe duda que este dato constituye un foco de alarma para emprender acciones para el mejoramiento del sector.

La calidad de los servicios de salud es también motivo de preocupación. En el estado de Yucatán existe una oferta inadecuada de médicos y enfermeras en las zonas más pobres, de acuerdo con el Inegi sólo se cuenta con 57 consultorios de tipo público por cada 100 mil habitantes muy por debajo de la media nacional que reporta 67 consultorios.

La poca oferta también incluye los consultorios privados, para 2011 se cuantificaron 31 clínicas entre especialidades y generales, cuando en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán o Veracruz el número osciló entre 150 y 240 consultorios.

Los recursos que en años anteriores se han presupuestado sin duda han ayudado al estado de Yucatán, muestra de ello es que entre 1995 y 2011 se pasó de 253 unidades médicas a 342, lo que representó un aumento de 35 por ciento. No obstante, aún se encuentran por debajo de la media nacional, que en 2011 fueron 679 unidades médicas por entidad federativa.

Ante este panorama y la necesidad de contar con más unidades médicas, en septiembre de 2012, comenzó la construcción del Hospital General de Ticul ubicado en el Municipio del mismo nombre en el estado de Yucatán. Este se desarrolló bajo el esquema de proyecto de prestación de servicios.2 Esta modalidad incluye la participación pública y privada que tiene como objetivo proporcionar un servicio público.

Sin duda este nuevo hospital será una cede importante para aumentar la cobertura médica, dicho Sanatorio de segundo nivel contará con servicios gratuitos para la población, no sólo cubrirá las necesidades médicas de los residentes de la alcaldía sino que tendrá cobertura además para 15 municipios aledaños, algunos de estos: Chapab, Sacalum, Muna, Santa Elena, Oxkutzcab, Dzan, entre otros.

Las mujeres como elemento fundamental de la sociedad, se verán beneficiadas en gran medida, ya que el Nosocomio contará con 26 unidades funcionales con especialidades en ginecología, obstetricia, pediatría y hospitalización. En la fase inicial del hospital se contará con 90 camas con capacidad de expansión de hasta 330, atendiendo con ello a 175 mil ciudadanas del estado.

El Centro Médico tendrá también servicios de medicina interna, cirugía general, consulta externa, bloqueo quirúrgico para tres quirófanos, área de urgencias para niños y adultos, un laboratorio de alta tecnología, imaginología, rayos X, terapia intensiva para adultos, así como neonatas, cirugía ambulatoria, unidad de transfusión sanguínea, cardiología, neurología, entre otros servicios.

La realización de este Hospital garantizará a los ciudadanos del municipio por los próximos 25 años una atención médica de calidad, aumentando así la capacidad del estado para cubrir las necesidades en materia de salud de una manera más eficiente y en un periodo de tiempo más reducido, apoyando con ello el alivio de las enfermedades que aquejan a los pobladores de Yucatán, redundando con lo anterior en los objetivos plateados de desarrollo social específicamente en el área de salud.

Finalmente, y con el propósito de aumentar la oferta en materia de salud para el estado de Yucatán, será necesaria una mayor inversión para concluir el proyecto del hospital general de Ticul mismo que se tiene programado inaugurar en 2014.

Por lo expuesto con antelación someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del Hospital General de Ticul en el estado de Yucatán.

Notas

1 Mayer-Foulkes, D. 2001. The Long-Term Impact of Health on Economic Growth in Latin America. World Development 29 (6): 1025-33.

2 Un proyecto de prestación de servicios (PPS) es un esquema con base en un contrato de servicios de largo plazo, en el cual se definen servicios, niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. A cambio de estos servicios, el inversionista proveedor recibe un pago, el cual el Gobierno Federal registra como gasto corriente, con prioridad en el proceso de presupuestación. Los PPS se financian a través de capital propio, de la banca de desarrollo y comercial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de septiembre de 2013.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 los recursos correspondientes a la ampliación del transporte colectivo Metro Línea 3 para la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, presentada por las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren los recursos correspondientes a la ampliación del Transporte Colectivo Metro Línea 3, para la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Las suscritas, senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción X; 87 95; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sean considerados los recursos correspondientes a la ampliación del Transporte Colectivo Metro Línea 3, para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como para la realización del proyecto que abastecerá de agua a esta zona denominado “Monterrey VI”, asimismo, se le exhorta a efecto de que sean considerados los recursos correspondientes a la construcción de hospitales en los municipios de Escobedo; García; y Juárez, todos del estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El área metropolitana de Monterrey tiene una población de 3.9 millones de habitantes y concentra el 86 por ciento de la población de todo el Estado, diariamente se mueven 8.2 millones de viajes, que son atendidos con una red Metro de 32 kilómetros, 5,000 unidades de transporte público y 1.6 millones de vehículos registrados; los usuarios, en lo general se mueven en un entorno de desarrollo urbano de baja densidad y usos del suelo desagregados, que ha propiciado que se incremente el uso del automóvil.

Para revertir esa tendencia se creó el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (STC Metrorrey), sin embargo, no ha sido suficiente, por ello, se planeó la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, que propone ampliar la cobertura de los servicios del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de Monterrey, en un corredor de 31 kilómetros de longitud que va desde Santa Lucia en el municipio de Monterrey hasta el Casco Antiguo de Apodaca.

Dicha línea contará con 9 estaciones de abordaje y descenso de pasajeros, con 22 vagones climatizados, una red de 68 kilómetros para Transmetro a través de tres rutas dirigidas a zonas de alta concentración poblacional Diego Díaz de Berlanga, Adolfo López Mateos y Rómulo Mateos.1

Con la Línea 3 del Metro se estima que se beneficiará directamente a más de 280 mil pasajeros de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca.

Con la ampliación de la línea se podrán ahorrar aproximadamente 12 millones de horas-hombre, tendrá conexión con las líneas 1 y 2 del Metro, y por el costo de un mismo boleto, se ampliarán la red en un Sistema Integral de Transporte Público que será de 540 kilómetros.

Esta línea de transporte será sustentable, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y por ende, se logrará una conexión más eficiente entre las áreas urbanas de mayor crecimiento con el centro de la Metrópoli2

La línea 3, ofrecerá un mejor servicio a la comunidad, ya que facilitará el desplazamiento de personas adultas mayores y aquellas que cuentan con alguna discapacidad en todas sus estaciones de Metrorrey, cumpliendo así las leyes en material de accesibilidad, en conclusión, dicha obra beneficiará a los habitantes del Estado de Nuevo León, eficientando su traslado en tiempo y costo, por lo que es de suma importancia concretar dicho proyecto que además será de bajo impacto ecológico.

En la presente proposición con punto de acuerdo, también se aborda lo relativo al abasto de agua potable es otro de los problemas que actualmente enfrenta la Zona Metropolitana de Monterrey, cálculos de la Comisión Nacional del Agua prevén que en los próximos años la región enfrentará un severo déficit de este vital líquido.

Derivado de esta situación se ha venido trabajando el Proyecto hidráulico Monterrey VI , una obra que va a garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana y zona conurbada de la capital del estado de Nuevo León durante los próximos 50 años.

Para el desarrollo de esta obra se requiere por lo menos 14 mil millones de pesos para transportar el agua a través de un acueducto de 520 kilómetros desde el río Pánuco, pasando por los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, hasta llegar a Nuevo León.

El proyecto “Monterrey VI” extraerá del río Pánuco el 0.4 por ciento de su caudal, y esto será en una localización aguas abajo del lecho del Tampaón, con lo que quedan salvaguardadas las áreas de interés agrícola, pecuario y de agua para consumo humano del estado de San Luis Potosí.

El vital líquido será bombeado al acueducto de una longitud de 390+055.91 kilómetros, con un ancho de derecho de vía de 20 metros, en los que se realizarán zanjado, tendido de tubería e instalación de energía eléctrica. Para las etapas de preparación del sitio y construcción se tiene contemplado un tiempo de ejecución de obras de 36 meses.3

Es importante señalar que esta petición está fundada y motivada derivada de diversos estudios técnicos, cuyo gasto fue de 36 millones de pesos.

Es un proyecto que cuenta con el beneplácito de los gobernadores de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, estados de donde se tomará el agua y se construirá el acueducto.

En el presente punto de acuerdo, también se exhorta a la colegisladora a efecto de que se consideren recursos para la construcción de hospitales en los municipios de Escobedo, García y Juárez, todos del estado de Nuevo León, en virtud de que en dichas demarcaciones territoriales, son insuficientes los servicios de salud, por ejemplo, para el municipio de Monterrey con una Población derechohabiente a servicios de salud de 837,548, cuenta con 4,275 empleados de salud y cuenta con 95 unidades Médicas de la Secretaría de Salud, lo que significa que existe una unidad médica por cada 8, 816 derechohabientes; sin embargo, en el caso del municipio de General Escobedo, cuya población derechohabiente a servicios de salud es de 272,261, únicamente cuenta con 28 empleados de salud en las 17 unidades médicas, lo que representa que cada unidad médica atiende a 16, 015 derechohabientes, casi lo doble que en el municipio de Monterrey, aunado a que en la capital de esa entidad federativa se cuenta con mayor acceso a bienes y servicios, por su parte, en el municipio de García, que cuenta con una población derechohabiente a servicios de salud de 115,616, tiene solamente 34 trabajadores del sector salud para cubrir las 9 unidades médicas del municipio, es decir, cada unidad médica cubre los servicios de 12,846 derechohabientes, cuando, como se advirtió en Monterrey cada unidad cubre a poco más de 8, 816, lo que significa que son insuficientes los servicios de salud en el municipio de García; asimismo, por lo que respecta al municipio de Juárez, cuya población derechohabiente a servicios de salud es de 200,726, y cuenta con 50 empleados de salud para cubrir los servicios de 12 unidades médicas, lo que representa que por cada unidad se cubren los servicios de 16,727 derecho habientes, y como se argumentó en el caso del municipio de García, son evidentemente insuficientes los servicios médicos para esa población, es por ello que este exhorto se hace con respeto y con la necesidad urgente de que el Estado mexicano siga tutelando el bien jurídico tutelado en la Constitución General de la República que es la Salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, sean considerados los recursos correspondientes para la ampliación del transporte colectivo metro Línea 3 en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, sean considerados los recursos correspondientes para llevar a cabo la construcción del proyecto hidráulico denominado “Monterrey VI”.

Tercero. Se hace un atento exhorto a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, sean considerados los recursos correspondientes a la construcción de hospitales en los municipios de General Escobedo; García; y Juárez, todos del estado de Nuevo León.

Notas

1 http://www.fonadin.gob.mx/worklsites/fni/resources/LocaIContentl513/43/ AC B_BERTRO.pdf 11/09/2013

2 http://www.nl.gob.mx/?P=metro_linea3 11/09/2013

3 http://www.emsavalles.com/revtxt.php?r=2930

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de septiembre de 2013.

Senadoras: Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes y a las autoridades análogas en las entidades federativas a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos, presentada por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La donación de órganos consiste en dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En este proceso, se involucran diversos aspectos médicos, sociales, éticos, psicológicos y legales.

Para llevar a cabo un trasplante de órganos de manera efectiva, éste debe realizarse en un centro de salud autorizado y especializado en la materia, además debe intervenir un equipo especializado que comprenda desde personal directivo, médicos y enfermeras, hasta trabajadores sociales, dado que influye en gran medida la decisión que toma una persona para ser donador en vida, o bien, la decisión de los familiares sobre los órganos de su pariente que la ha perdido.

Tratándose de la donación de órganos en vida, ésta puede llevarse a cabo cumpliendo una serie de requisitos legales previstos en la Ley General de Salud, así como en las disposiciones locales aplicables, además de una evaluación médica que determine la posibilidad y viabilidad de que se lleve a cabo la misma. En los casos de donación en vida, ésta puede tratarse de un riñón, parte del hígado, un pulmón, entre otros órganos.

Cuando se trata de la donación de órganos de una persona que ha fallecido, es importante considerar la sensibilización de los familiares para tomar esa decisión. En este proceso, se suma al trabajo del personal de salud, así como el de aquellos grupos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de las personas que padecen una enfermedad y están a la espera de recibir un órgano para mejorar su cantidad y calidad de vida.

La voluntad de los familiares que tienen a su cargo la decisión de donar o no los órganos del familiar que ha fallecido, toma mucha importancia especialmente cuando se trata de una muerte de tipo encefálica, es decir, cuando el tallo cerebral deja de recibir sangre, ya que la mayoría de sus órganos pueden aprovecharse y ser donados a pacientes en espera de un trasplante, a diferencia de la muerte por paro cardio-respiratorio, ya que en este caso, sólo se pueden donar tejidos, como el caso de las córneas.

La Secretaría de Salud del gobierno federal cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), que es el órgano encargado de emitir y dirigir políticas públicas a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para incrementar el acceso y posibilidad de aquellas personas que requieren de un órgano o tejido para mejorar su salud.

La función del Cenatra se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo y, además, vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares.

Según datos y cifras del Cenatra1 , al día de hoy existen casi 18 mil personas que requieren de la donación de un trasplante, de los cuales, la gran mayoría se trata de riñón, con más de 9 mil personas, y de córnea con 7 mil quinientas personas. La estadística que reporta para el año 2012 son: 2 mil 907 trasplantes de córnea, 2 mil 361 trasplantes de riñón, 104 trasplantes de hígado y 43 trasplantes de corazón. La donación de personas fallecidas anual total fue de mil 568 cadáveres.2

En este año (2013) se reportan: 2 mil 139 trasplantes de córnea, mil 785 trasplantes de riñón, 106 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón.

Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista.

Al respecto, el Principio Rector número 6 de la Organización Mundial de la Salud establece que “se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros”. Por su parte, la Ley General de Salud en su Artículo 322 párrafo 5º literalmente establece que “En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo...”

Estimados compañeros y compañeras, desde este Pleno, así como desde cualquier ámbito en el que participemos nos corresponde participar en la consolidación de una cultura de la donación entre los mexicanos. Debemos contribuir a hacer conciencia de que al dar un sí a la donación altruista de órganos podemos ayudar a mejorar la calidad de vida, e incluso salvársela a algún ser humano, que al igual que su familia padece los estragos de alguna enfermedad o padecimiento.

Presento esta proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, considerando que el día 26 de septiembre conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos; por lo que resulta oportuno, no solamente que lo recordemos sino que además emprendamos acciones en para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada y con alto compromiso social.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno del Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, para fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

Segundo. El pleno del Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se considere la asignación de recursos para cumplir con el objeto de promoción y difusión de las campañas de donación altruista de células, tejidos y órganos humanos a cargo de la Secretaría de Salud Federal, por conducto del Centro Nacional de Trasplantes y demás autoridades análogas en las entidades federativas.

Notas

1 http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html

2 http://www.cenatra.salud.gob.mx/descargas/contenido/trasplante/reporte_ anual_2012.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil trece.

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 la autorización de un aumento en los recursos destinados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es la institución de nivel medio superior y superior más importante en el Estado de Oaxaca.

En el ciclo escolar 2012-2013, brindó servicios educativos a 23 mil 663 alumnos que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado.

En la UABJO se imparten actualmente 29 licenciaturas, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación con fines de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la UABJO atienden al 73 por ciento del total de la población escolar de estos niveles, los cuales reflejan la trascendencia de la Universidad en la entidad.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad. En estos 14 programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula del nivel superior de la Universidad.

Con un subsidio para el año 2011 de 717 millones 367 mil pesos, la UABJO es la universidad estatal con el menor subsidio por alumno del país: 26 mil 904 pesos. En contraste, la Universidad de la Cañada percibe 140 mil 100 pesos por alumno, y la Universidad Tecnológica de la Mixteca 81 mil pesos por alumno.

Para el ciclo escolar 2011-2012, que recién concluyó la UABJO, atendió a una población escolar total de 22 mil 60 alumnos, correspondiendo a educación media superior 6 mil 3 estudiantes y a educación superior a 16 mil 57 estudiantes; para atender éste último nivel se tienen 264 profesores de tiempo completo, de los cuales 224 cuentan con posgrado, 51 cuentan con el perfil deseado y 21 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Con 22 cuerpos académicos, la UABJO se sitúa a la cabeza de ese sector dentro de las universidades y tecnológicos públicos del estado de Oaxaca.

De acuerdo con estos indicadores estatales, se demuestra que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se encuentra posicionada como una institución de calidad, con una alta responsabilidad social y valores definidos.

Está plenamente comprobado que el conocimiento es la base de la sociedad del futuro, es por ello que la educación debe considerarse prioritaria y estratégica en la agenda del desarrollo de toda comunidad, lo cual obliga a que ésta se transforme y adecue a los tiempos que se viven.

Hoy se hace necesaria la reconstrucción de una Universidad que recupere, fomente y cumpla con sus valores fundamentales, y para ello se requiere del apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad debe de ser concebida como una comunidad científica autónoma, comprometida con el desarrollo del conocimiento y su transmisión; igualmente debe de ser propedéutica y social, pública, gratuita, plural y democrática; así como promotora de los altos valores sociales.

La ruta más clara para lograr este objetivo es la integración y operación de un Plan Institucional de Desarrollo que encause verdaderamente la docencia universitaria y replantee el proceso de enseñanza aprendizaje, que ordene el desempeño de los servidores públicos universitarios, que proteja a la comunidad que integra la UABJO y que garantice la participación en sus diversas actividades, además de que fortalezca la vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Un proyecto de esta naturaleza tiene que estar cimentado en la legalidad, la transparencia y la honestidad; de esa manera, se contribuirá a construir una Universidad con valor y con valores.

Por lo tanto, se requiere la autorización de la asignación de un recurso suficiente para llevar a cabo un proyecto del Plan Institucional de Desarrollo en donde se enmarquen los ejes centrales para la construcción de la Universidad que demandan los universitarios y la sociedad en su conjunto.

Es necesario señalar de manera enfática lo injusto e incorrecto de cuestionamientos y críticas que se refieren al desempeño de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y que consisten en señalar que está postrada en varios de los indicadores de capacidad académica y competitividad académica en el último lugar nacional.

Al respecto, en el ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013, la Subsecretaría de Educación Superior presentó información sobre los indicadores para un padrón de 47 instituciones de educación superior, de esta información se tiene que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa los siguientes lugares:

• Profesores de tiempo completo con posgrado, lugar 36.

• Profesores de tiempo completo con doctorado, lugar 34.

• Profesores de tiempo completo con perfil deseable, lugar 43.

• Profesores de tiempo completo en el SNI, lugar 32.

• Cuerpos académicos en consolidación, lugar 35.

• Cuerpos académicos consolidados, lugar 32.

• Matrícula atendida en programas educativos de calidad, lugar 38.

Con lo cual se muestra que la Universidad en ninguno de estos indicadores se encuentra en las últimas posiciones del panorama nacional.

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene como principal desafío en cuanto a su oferta educativa, el incorporar programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presenta de manera breve el posicionamiento de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el contexto de las universidades públicas que en los últimos cuatro periodos gubernamentales se han impulsado, las cuales son la Universidad de la Cañada, de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, del Istmo, del Papaloapan, del Mar y la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

En el análisis se consideran ocho indicadores:

a. Alumnos por profesor de tiempo completo

El número de alumnos por profesor de tiempo completo para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio 19 alumnos por cada profesor de tiempo completo, siendo el valor más alto el correspondiente a la Universidad con 58 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

Las universidades públicas del Estado de Oaxaca todas están por abajo del indicador de diez alumnos por profesor de tiempo completo, lo que muestra en una perspectiva positiva que tienen condiciones para desarrollar no sólo docencia, sino involucrarse en la generación y aplicación del conocimiento mientras que la UABJO no tiene esta posibilidad ya que el indicador refleja la carga excesiva a nivel de impartir cursos que tienen sus profesores de tiempo completo.

b. Profesores de tiempo completo con posgrado.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 84 por ciento, en donde la UABJO está mejor posicionada que las universidades del Mar y Tecnológica de la Mixteca.

c. Profesores de tiempo completo con perfil deseable.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 23 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor ubicada que las universidades del Mar y la Sierra Sur.

d. Profesores de tiempo completo, SNI.

El porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor posicionada que las universidades de la Sierra Sur y del Istmo.

e. Cuerpos académicos.

El porcentaje de cuerpos académicos en consolidación para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el segundo lugar.

En lo que corresponde al porcentaje de cuerpos académicos consolidados para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 1 punto porcentual, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el primer lugar.

f. Programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da un promedio de 32 puntos porcentuales, lo que ubica a la UABJO en el primer lugar.

g. Matrícula en programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 57 porciento, lo que ubica a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el primer lugar.

h. Subsidio por alumno.

El subsidio por alumno para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un financiamiento de 30,000 pesos, siendo la UABJO la que tiene el menor subsidio por alumno.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Por lo anteriormente expuesto, es de urgente aplicación: la ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, el fortalecimiento y consolidación de la planta académica, el apoyo a la formación integral del estudiante, la consolidación del modelo educativo, la reestructuración integral de la investigación y el posgrado, el impulso a la planeación integral, la preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, la solución a los problemas estructurales, y un programa efectivo de gestión de la calidad.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a autorizar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2014, un incremento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo como son: ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, fortalecimiento y consolidación de la planta académica, apoyo a la formación integral del estudiante, consolidación del modelo educativo, reestructuración integral de la investigación y el posgrado, impulso a la planeación integral, preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, solución a los problemas estructurales y un programa efectivo de gestión de la calidad.

Se adjunta al presente una tabla de propuesta de distribución de los recursos por programa.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)


Anexo

Propuesta de tabla de distribución de recursos:

Programa: Sedes UABJO-UNAM con educación a distancia. Presupuesto: 105 millones. Programa: sedes UABJO bachillerato a distancia. Presupuesto: 40 millones. Programa: Licenciatura en Gastronomía Tradicional Oaxaqueña. Presupuesto: 11 millones. Programa: Escuela Superior de Artes. Presupuesto: 5 millones. Programa: Escuela de Rehabilitación. Presupuesto: 15 millones. Programa: Sedes para Prácticas. Presupuesto: 20 millones. Programa: Incremento de matricula al Nivel Medio Superior. Presupuesto: 17 millones. Monto del proyecto 1: 213 millones.

Proyecto de fortalecimiento y consolidación de la planta académica. Objetivo: Habilitar una planta académica de calidad privilegiando el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración con pares de otras instituciones en alianzas estratégicas y redes, en un marco normativo que detone el desempeño del personal académico. Programa: Fomento a la creación y trabajo de los Cuerpos Académicos. Presupuesto: 4.5 millones. Programa: Titulación de grado. Presupuesto: 6 millones. Programa: Educación Continua e Inserción al Posgrado. Presupuesto: 8 millones. Programa: Inserción al PROMEP y SNI. Presupuesto: 4 millones. Programa: Concurso de Tiempos Completos. Presupuesto: 30 millones. Monto del proyecto 2: 52.5 millones.

Proyecto de apoyo a la formación integral del estudiante Eje estratégico sustento: Estudiantes. Objetivo: Cubrir integralmente los requerimientos de los jóvenes alumnos, con el fin de fomentar entre ellos la sana competencia y el compromiso social. Programa: Orgullo del valor UABJO. Presupuesto: 8 millones. Programa: Becas Fundación UABJO. Presupuesto: 25 millones. Programa: Educación Holística. Presupuesto: 8.5 millones. Programa: Políticas Sociales en la UABJO. Presupuesto: 25 millones. Monto del proyecto 3: 66.5 millones.

Proyecto de consolidación del Modelo Educativo. Eje estratégico sustento: Modelo educativo. Objetivo: Impulsar un esquema teórico propio que sustente la transición al paradigma educativo “Aprender a aprender”. Programa: Nuevo Modelo Educativo UABJO. Competencias y aprendizaje significativo. Presupuesto: 3 millones. Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Superior. Presupuesto: 1 millón. Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Medio Superior. Presupuesto: 1 millón. Programa: Aplicación del Nuevo Modelo Educativo. Presupuesto: 5 millones. Monto del proyecto 4: 10 millones.

Proyecto de reestructuración integral de la investigación y el posgrado. Eje estratégico sustento: Investigación y posgrado. Objetivo: Implementar políticas y acciones que permitan la consolidación de cuerpos académicos con líneas de investigación estrechamente vinculadas con el quehacer del posgrado.

Programa: Revisión, actualización y definición de las líneas de investigación en las DES. Presupuesto: 1.5 millones. Programa: Incorporar las líneas de investigación al trabajo de los Cuerpos Académicos y miembros SNI. Presupuesto: 2 millones. Programa: Creación del Fondo UABJO para investigación. Presupuesto: 25 millones. Programa: Revisión, actualización y regularización de los programas de posgrados en las DES. Presupuesto: 3 millones. Programa: Fortalecimiento en la participación Cuerpos Académicos y SNI, en los programas de posgrados. Presupuesto: 2 millones. Programa: Inclusión de los Programas de Posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad Conacyt. Presupuesto: 2 millones. Monto del proyecto 5: 35.5 millones

Proyecto de impulso a la planeación integral. Objetivo: Impulsar esquemas para planificar el desarrollo institucional como garante de una universidad con certidumbre en el futuro, la cual se encuentra en un proceso de mejora permanente.

Programa: Revisión, actualización y generación de normatividad en la planeación estratégica. Presupuesto: 1 millón. Programa: Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Presupuesto: 2.5 millones. Programa: Participación Directiva, de Cuerpos Académicos y miembros SNI, en la evaluación e integración del PIFI UABJO 2013 y PID. Presupuesto: 3 millones. Programa: Interconexión en la integración, operación y evaluación de las acciones derivadas de PIFI, CIEES, COPAES, y diversos fondos concursables. Presupuesto: 1 millón. Monto del proyecto 6: 7.5 millones.

Proyecto de preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural. Eje estratégico sustento: Extensión y difusión de la cultura. Objetivo: Mantener el quehacer educativo y social de la UABJO, así como acrecentarlo más allá del campus universitario, en respuesta a la comunidad Oaxaqueña. Programa: Brigadas Comunitarias UABJO. Presupuesto: 18 millones. Programa: Agencia de Desarrollo Social UABJO-SEDESOL. Presupuesto: 10 millones. Programa: Quince Letras. Fomento a la Lectura. Presupuesto: 2 millones. Programa: Mundo UABJO. Fundación UABJO. Presupuesto: 4 millones. Programa: Comedor Universitario. Presupuesto: 10 millones. Programa: Edificio San Pablo. Circuito CU. Museo UABJO. Barda Perimetral CU. Presupuesto: 58 millones. Monto del proyecto 7: 102 millones

Proyecto de solución a los problemas estructurales. Objetivo: Atender los problemas de la estructura administrativa universitaria, tales como: costo por alumno; pensiones y jubilaciones; reconocimiento de plantilla; tabuladores de salarios; renovación de planta académica y; actualización del sistema legislativo.

Programa: Nuevo Tabulador Salarial para Docentes. Presupuesto: 71 millones. Programa: Nuevo Tabulador salarial para Administrativos. Presupuesto: 65 millones. Programa: Revisión y actualización del sistema de pensiones UABJO. Presupuesto: 28 millones. Programa: Revisión y actualización de políticas financieras para generar certidumbre en el manejo e incremento al subsidio. Presupuesto: 2 millones. Programa: Revisión y actualización de la Normatividad Universitaria. Presupuesto: 15 millones. Monto del proyecto 8: 181 millones.

Proyecto de gestión de la calidad. Objetivo: Mantener y desarrollar nuevos procesos administrativos, sujetos a evaluación ISO, para consolidar el sistema de gestión de calidad. Programa: Evaluación al sistema de gestión de la calidad. Presupuesto: 5 millones. Programa: Creación de sistema de gestión de calidad. Presupuesto: 12 millones. Programa: Implementación, difusión y evaluación del sistema de gestión de la calidad. Presupuesto 23 millones. Monto del proyecto 9: 40 millones.

Monto total solicitado: Incremento de 708 millones anuales en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 un fondo de 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV, con objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un fondo de 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV, con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

En México, una de las mejores alternativas productivas para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo es el cultivo del hule (Hevea brasiliensis Muell Arg. ), ya que adicionalmente a las excelentes condiciones naturales para el desarrollo de plantaciones, se tiene la cercanía al mayor centro de consumo mundial (conformado por Estados Unidos y Canadá), cuyas necesidades de hule natural son cubiertas con hule importado del sudeste asiático.

Esta actividad genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país, ya que el hule natural es materia prima indispensable en la elaboración de más de cuarenta y cinco mil artículos manufacturados.

Desde el punto de vista ambiental, aporta beneficios ecológicos, ya que a través del cultivo se están recuperando las áreas arboladas que fueron desforestadas con motivo de la introducción de la ganadería extensiva y al establecimiento de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Esto se refleja en el mejoramiento ambiental, ya que las plantaciones fijan o capturan grandes cantidades de carbono, generan oxígeno a la atmósfera, actúan como mejoradores de los suelos y filtran grandes cantidades de agua ayudando a la recarga de los mantos freáticos, además de que propician la proliferación de fauna silvestre y otras especies vegetales.

Por lo general el país ha dependido de las importaciones para satisfacer las necesidades de consumo del hule natural, estimándose que en promedio lo que se produce a nivel nacional sólo abastece el entre el 10 y 30 por ciento de la demanda anual.

En el escenario mundial existe una tendencia altamente favorable en términos de demanda y precio del hule natural, la cual se podría mantener durante los próximos 15 años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Grupo Internacional de Estudios del Hule. Dicha tendencia se debe a condiciones macroeconómicas, destacando el crecimiento industrial sostenido de China, el mantenimiento constante de los altos precios del petróleo –que harán poco atractivo sustituir el uso de hule natural por compuestos sintéticos– y la consolidación de bloques económicos que demandarán cantidades mayores de hule, caucho y látex para usos industriales en ramas como la automotriz, la médica, y del calzado, principalmente.

México en particular, sólo genera el 0.13 de la producción mundial de hule natural. Se han consumido internamente alrededor de 87 mil 400 toneladas de hule al año y en promedio año con año importa del 70 al 90 por ciento de sus requerimientos de hule para la industria, lo que da idea de la oportunidad de mercado para la producción generada en el país. En 2010 importó 47 mil 943 toneladas de hule seco (FAO, 2012) y sus principales proveedores fueron Zimbawe, India, Nigeria y Guatemala.

La cadena productiva del hule natural (Hevea brasiliensis) tiene una gran importancia en el estado de Oaxaca, la cual se refleja en los siguientes datos: en 2010 se tenían un total 4 mil 413 hectáreas en etapa de producción, con un volumen de producción de alrededor de 11 mil 500 toneladas de hule fresco al año y valor de la producción de 103.5 millones de pesos, lo que representa un derrama económica significativa.

Alrededor de mil 600 productores de 77 localidades distribuidas en 15 municipios se dedican al cultivo del hule, por lo cual un total de 8 mil personas dependen total o parcialmente de este cultivo. Los productores se caracterizan por ser en su gran mayoría ejidatarios, con una dotación agraria promedio de 10 hectáreas y una superficie destinada al cultivo del hule de 3.7 hectáreas; su edad promedio es de 56 años y más del 50 por ciento hablan alguna lengua indígena; el 61 por ciento no tienen educación formal o no terminaron la primaria; profesionales.

Para el 76 por ciento de estos productores y sus familias, la mitad o más de sus ingresos dependen de esta actividad. Además se tiene la ventaja de que la producción de hule genera empleo e ingreso monetarios durante la mayor parte del año y durante aproximadamente 30 a 35 años. Se estima que por cada 2.5 hectáreas de plantación de hule en producción se genera un empleo directo, lo que representa cerca de mil 900 empleos fijos en el estado de Oaxaca.

En el último año se generó una producción de 5,750 toneladas de hule seco en el estado de Oaxaca, lo que constituye sólo el 4 por ciento del consumo nacional y el 0.06 por ciento del consumo mundial.

La Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV (BYCHOSA) es la única empresa social de Oaxaca en el giro de la transformación del hule natural, ya que las demás beneficiadoras existentes son sociedades de inversión privada o de personas físicas con actividad empresarial.

Esta empresa fue constituida el 23 de enero de 1999 con 22 socios. Más recientemente, el 7 de junio de 2010 tuvo su última restructuración, quedando con mil 370 accionistas, que representan alrededor del 92 por ciento del total de productores de hule del estado de Oaxaca.

Desde su constitución la empresa ha pasado por varias etapas que le han permitido avanzar en su consolidación, contando actualmente con una capacidad de procesamiento de 12 toneladas de hule seco por día en dos turnos de trabajo, la mayor en su giro en el estado de Oaxaca.

Por lo cual, constituye una fuente de ingreso y empleo para los mil 370 productores socios y por lo tanto para las familias de éstos, lo que implica un beneficio directo para 6 mil 850 personas del medio rural oaxaqueño.

Representa un canal de comercialización seguro para los productores al garantizar la compra de hule fresco a precios atractivos a nivel regional en relación con otras agroindustrias y los intermediarios, ya que BYCHOSA por lo general ofrece un precio de compra mayor en un 10 por ciento, lo cual es posible debido a que al ser una empresa social más que operar en busca de lucro, pretende garantizar un precio de compra aceptable para los productores.

Da valor agregado al producto al transformar el hule fresco en hule seco, en beneficio de sus socios, todos ellos productores de hule, lo que significa que éstos incursionan en la fase de industrialización primaria y participan más en la red de valor.

Oferta el hule seco a las industrias consumidoras a un precio más competitivo, sin que eso implique trabajar con pérdidas, sino sólo con la utilidad necesaria para mantener un buen nivel de operación y la sostenibilidad de la agroindustria.

Sin embargo, actualmente hay una serie de problemas que enfrenta la empresa, los cuales limitan su nivel de rentabilidad y competitividad, e incluso ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo, mismos que requieren atenderse para que mejore su operación y ello derive en mayores beneficios para los productores y demás agentes socioeconómicos involucrados en la cadena productiva del hule, catalogada como prioritaria a nivel estatal y nacional.

En el periodo 2011-2012 se dio un descenso del precio del hule natural en el mercado internacional. Después de haber llegado a estar en forma inusual hasta en 5 mil 452 dólares por tonelada de hule seco en enero de 2011 y un promedio de 4 mil 570 en dicho año, actualmente el precio es de 2 mil 770 dólares por tonelada, equivalente a 35.95 pesos por kilogramo de hule seco según la tasa de cambio vigente.

Consideraciones

Ante la entrada indiscriminada de hule natural al país, con bajos niveles de aranceles, procedente de India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Zimbawe, Nigeria y Guatemala, el comportamiento negativo de los precios internacionales en el periodo en mención ha incidido de manera directa en los precios pagados a los productores en México y en el estado de Oaxaca no es la excepción. En este último caso, se llegó a pagar a los productores hasta 21 pesos por kilogramo de hule fresco en el primer trimestre de 2011, con precio promedio de 17 pesos a lo largo de ese año, mientras que en septiembre de 2012 el precio es de 13 pesos a 14 pesos, con los consecuentes efectos de desestímulo de los productores primarios y la propia agroindustria.

En función de que BYCHOSA hace esfuerzos por mantener un precio de compra aceptable del hule fresco en beneficio de sus mil 370 productores socios y productores libres, ante la tendencia de baja de los precios y la especulación en que incurren los intermediarios y agroindustrias beneficiadoras privadas, muchos productores solicitan con mayor énfasis que la primera adquiera su producto, pero ésta se encuentra limitada para ello ante la escasez de recursos financieros para la adquisición de materia prima.

Ante la disminución del precio del hule natural a nivel internacional, BYCHOSA se ve afectada al tener un precio de venta bajo del hule seco granulado y por lo tanto está aún más limitada para mantener su operación con niveles de proceso acordes con su capacidad instalada, más aún al no contar con apoyos gubernamentales para capital de trabajo. Ante ello muchos productores se encuentran a la deriva, expuestos a la especulación de los intermediarios comerciales o “coyotes”, con los riesgos de que los primeros abandonen el cultivo del hule, una actividad de gran beneficio social, económico y ambiental, como ya se ha dicho.

En atención a la problemática anterior, existen muchos requerimientos de acciones por los diversos integrantes de la cadena productiva del hule. La agroindustria BYCHOSA en particular, solicita con carácter urgencia lo siguiente para garantizar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo:

Establecer un mecanismo de financiamiento de capital de trabajo con carácter de crédito a la palabra a la empresa, a fin de mantener la compra de hule fresco a los productores primarios, para que éstos no estén expuestos a la especulación de los intermediarios o “coyotes”. De esa manera, no se estará en riesgo de pérdida de la fuente de ingreso y de empleo de 1 mil 370 familias oaxaqueñas con 6 mil 850 integrantes que dependen total o parcialmente del cultivo del hule y de la operación de esta agroindustria. Se procesan anualmente un promedio de 3 mil toneladas de hule fresco pero se requiere contar con recursos a manera de fondo revolvente para la operación de 3 meses, lo que implica comprar por lo menos 750 toneladas de hule fresco en ese periodo. En la expectativa de mantener al menos el precio de compra actual de 14 pesos por kilogramo, se requiere entonces un crédito a la palabra de 10.5 millones de pesos.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, la autorización de un recurso por 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV, esto con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada, presentada por los senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


Los suscritos, senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública de infraestructura para andar en bicicleta y la recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada que contribuyan a resolver la crisis de movilidad, medioambiental y mitigación de los efectos por el cambio climático; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las ciudades mexicanas, como la mayoría del mundo, originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil. Tan es así, que los coches han sido los protagonistas del siglo XX hasta tal punto que hablamos de éste como la “era del automóvil”.

Desde que los automotores existen, su número no ha dejado de incrementarse, al grado de que, según datos de Victoria Transport Policy Institute (organización canadiense independiente de investigación dedicada al desarrollo de soluciones a los problemas de transporte), el mundo ha pasado de tener unos 120 millones de coches en 1960, a cerca de 1,100 millones en la actualidad. En nuestro país se estima que existen cerca de 30 millones de autos y que de seguir en los índices actuales de motorización, para el año 2030 se podríamos alcanzar los 70 millones de automóviles.

Con motivo del auge de motorización del siglo pasado, en las ciudades se implementaron medidas enfocadas a privilegiar el uso del automóvil particular, con millonarias inversiones. No obstante, éstas no fueron las mejores soluciones de fondo, y por el contrario tendieron a perpetuar la problemática. El incremento de oferta de espacio e infraestructura urbana destinada al automóvil fomentó su uso. Fue como combatir el tabaquismo con campañas de difusión de cigarrillos.

Esto es, ocurrió un fenómeno de inducción, mediante el cual, la mayor oferta vial indujo a mayor demanda de uso, lo que a la postre se conoce como tráfico inducido (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México)

Ahora las consecuencias de congestión vehicular, contaminación, altos costos y tiempo para los desplazamientos son conocidas y sufridas por todos.

Definitivamente los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa, disminuyendo la intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada.

Para ello es necesario, por así decirlo, como en su momento se indujo al uso del automóvil, ahora generar una gestión de demanda de transporte que induzca y estimule el uso de las referidas alternativas de transporte.

Dicho otra vez, generar oferta que a su vez genere demanda.

Para el caso del transporte no motorizado, en particular de la bicicleta como elemento fundamental, consideramos que ya todos hemos escuchado de las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamiento. Económicos, de salud, espacio, medioambientales, entre otros.

Ello, sitúa a la bicicleta como el principal prototipo de la movilidad no motorizada, con la consecuente e imperante necesidad de generar las circunstancias que propicien su uso, ya que actualmente los índices desplazamiento en bicicleta son muy bajos. A nivel nacional las estadísticas indican que apenas el 1 por ciento de la población utiliza este medio de transporte, mientras que en la ciudad de México el porcentaje es del 2 por ciento.

Luego, para inducir el uso de la bicicleta es necesario contrarrestar los obstáculos que actualmente lo inhiben. Diversas encuestas coinciden en cuáles serían esos inconvenientes, entre los que invariablemente se encuentran como los principales, los siguientes:

• Los problemas de convivencia con el resto de usuarios de las vías: conductores de vehículos a motor, peatones, etcétera.

• La percepción de la peligrosidad de su uso: Los ciclistas tienen miedo de ser atropellados por los automotores ante la falta de carriles para bicicletas.

El factor común en ambos casos, además de la cultura vial y respeto entre los usuarios de la vía pública, es la falta de infraestructura urbana apropiada.

De manera tal, que para lograr una inducción mediante la generación de oferta, ésta deberá estar encaminada precisamente a minimizar los impactos negativos de los factores que desincentivan la bicicleta como medio de transporte.

Por lo que respecta al entorno urbano:

• La infraestructura urbana.

• Su integración con el sistema de transporte público.

En relación a la infraestructura vial, caso al que se encamina el presente documento, lo destacado son los carriles de rodamiento y espacios para resguardo o estacionamiento para bicicletas, ya que éstos contrarrestarían el principal inhibidor de la bicicleta, la inseguridad.

Esto, en virtud de que con los carriles de rodamiento, también denominados ciclovías o ciclorrutas, disminuiría el riesgo y miedo a ser arrollado por un automotor y los conflictos con el resto de los usuarios de la vía pública. Luego, complementado con la adecuación de lugares de resguardo o estacionamiento, también denominados ciclopuertos, se contrarresta el problema para quienes tienen la posibilidad de realizar un trayecto en bicicleta, consistente en que una vez llegando al destino, no existe un espacio en el cual se pueda depositar o estacionar la bicicleta de manera segura, lo que igualmente inhibe su uso.

También es dable decir, que los espacios de depósito de bicicletas, colocados estratégicamente en relación con el transporte público, como puede ser en las estaciones de camión y metro, contribuyen a la integración de ambos sistemas de transporte.

Así, ambos elementos urbanos dan servicio a todo aquel que se transporta en bicicleta y que además de promover nuevos viajes en ésta; reivindica y dignifica su uso ofreciendo espacios exclusivos y ordenados en la ciudad.

Hay quien, más de alguna vez se ha preguntado sobre el porqué de fomentar la estructura urbana adecuada para bicicletas, si en algunas ciudades prácticamente casi no se les ve. El caso es sencillo, así como mientras más calles, avenidas y ejes viales se construyeron, mas automotores vimos; de igual manera, mientras más espacio urbano para bicicletas se realice, mas bicicletas veremos. Esa es la dinámica en la que pretende entrar la gestión de oferta de inducción al uso de la bicicleta.

Lo anterior, sin soslayar los aportes a la salud de las personas, el medio ambiente y a mitigar los efectos del cambio climático.

Por otra parte, es claro que las acciones para propiciar la aludida oferta que permita a las personas motivarse por este medio de transporte, requieren dinero para su inversión.

Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, será aprobado por la colegisladora a más tardar el 15 de noviembre, de conformidad al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuya fase de estudio y dictaminación, muy oportuno sería contemplar la asignación de recursos etiquetados para inversión pública en la infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada.

Lo que además, resulta congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estrategias 2.5.1. y 4.9.1.

Estrategia 2.5.1. (...)

Líneas de acción

(...)

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Estrategia 4.9.1. (...)

Líneas de Acción.

(...)

• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora, a efecto de que en el proceso de análisis, dictaminación y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación de recursos etiquetados destinados a la inversión pública en la infraestructura que permita generar oferta y demanda para transportarse en bicicleta.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada que contribuyan a resolver la crisis de movilidad urbana, medioambiental y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de septiembre de 2013.

Senadores: Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aumentar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 el gasto en inversión correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en Veracruz, presentada por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de Veracruz.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, senador de la república, Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Veracruz cuenta con 25 mil 186 escuelas públicas, en una extensión territorial de 71,699 km2 y con una población de 7 millones 643 mil 194 de personas, de conformidad al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, se estima que por lo menos 4 mil 250 se encuentran condiciones deplorables, mismas que hacen prácticamente imposible poder impartir educación a los niños y adolescentes de distintas partes de Veracruz. Por otra parte, la Secretaría de Educación en Veracruz, no cuenta con un censo, ni base de datos confiable, que permita saber a ciencia cierta cuántas escuelas se encuentran en condiciones que se pueden considerar “normales”, y cuáles otras se encuentran en situaciones imposibles para poder impartir educación. Sin embargo, basta con recorrer el estado para saber en qué condiciones se encuentran prácticamente todas las escuelas de la entidad. Este tipo de situaciones, así como la grave crisis por la que atraviesa el sistema general de educación, hace a Veracruz un estado vulnerable e impide el desarrollo de su población.

Recientemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue reformada en su artículo 3, para agregar el concepto de “calidad” en la impartición de la educación. De esta forma, el párrafo tercero del artículo citado señala:

Artículo 3. ...

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje a los educandos”.

Derivado de esta reforma, el Congreso de la Unión aprobó las leves reglamentarias en la materia, mismas que tienen la intención de mejorar la calidad en la educación, así como en la impartición de la misma por parte de los maestros, con la multicitada Ley General del Servicio Profesional Docente, que busca crear un marco jurídico innovador, que permita a los maestros capacitarse en todo momento y someterse a reglas de evaluación, para que los niños y adolescentes reciban la calidad que se merecen, buscando en todo momento, el desarrollo de nuestro país, partiendo de la base de lo que todos los países deben poner especial atención, que es la educación.

Sin embargo, un tema que quedó fuera de la reforma constitucional, y las leves reglamentarias, es el correcto uso del gasto público en esta materia, va que en la actualidad, no se ha priorizado como se debe en cómo el gobierno, tanto federal, como estatal, invierte los recursos públicos en mejorar las escuelas en todo el país.

El gasto educativo, sufre constantemente de corrupción, despilfarro e ineficiencia para aplicarse, lo que se traduce en que miles de escuelas en Veracruz, se encuentren prácticamente abandonadas e imposibilitadas por completo para impartir educación a los niños. Según algunas estimaciones, aproximadamente 4 mil 250 escuelas simple y llanamente no se puede va impartir clases, y otras 5 mil se encuentran sin mobiliario, piso de cemento, o baños. Otras, como es el caso del municipio de Tierra Blanca, tienen escuelas sin ventiladores, cuando tal municipio tiene una temperatura aproximada de 38 a 40 grados prácticamente todo el año. Esto no lo podemos permitir, Veracruz sufre una grave crisis en esta materia, no sólo en descontento de los maestros con el gobierno, sino también en las condiciones en las que ellos tienen que impartir clases.

De acuerdo al estudio denominado Mal gasto, estado de la educación en México 2013 de la organización civil Mexicanos Primero, una escuela verdaderamente orientada al ejercicio pleno del derecho a aprender, debe ser una comunidad de aprendizaje que cuente con las condiciones sociales y materiales para que las personas que la conforman puedan desarrollarse integralmente más de lo que sería esperable por su situación social, económica y cultural.1

Esta definición de “educación de calidad” es la que se empieza a construir en México, sin embargo, esto será imposible si no se cuenta con instalaciones con condiciones mínimas aceptables para poder impartir la educación.

Las condiciones materiales mínimas de una escuela en desarrollo, en materia de infraestructura, es que se tenga por lo menos, los servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, baños; los espacios académicos básicos como salones suficientes, con techo, paredes y adecuados al c1ina, así como el equipamiento y materiales, como lo son el mobiliario, sillas, mesas y pizarrones o pintarrones.2

En ese sentido, es importante señalar, que el Gobierno de Veracruz, se encuentra normalmente en el lugar número 10 respecto al recurso público que recibe de parte del Gobierno Federal en el Gasto Federal por Alumno. En la siguiente tabla, se expone el recurso público que recibió Veracruz en el año 2011 por alumno, para que sirva como referencia:

Es decir, en la reciente tabla, se muestra claramente que Veracruz se encuentra muy por debajo de lo que otros estados reciben por alumno, por lo que sin duda, dificulta la llegada de esos recursos a las 24,186 escuelas que hay en la entidad.

Es igualmente importante destacar, que la distribución del recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica V Normal (FAEB), en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, que propuso el Ejecutivo, no está muy alejada de lo que fue en el 2011, ésta sin duda, no solucionará ni remotamente los graves problemas por los que atraviesa la entidad en materia de educación. Por el contrario, derivado de los recientes fenómenos naturales, que impactaron fuertemente a la infraestructura en general, pero en especial, en las escuelas, no será suficiente para resolver la grave crisis de educación que subsiste en Veracruz.

La distribución del FAEB, que propone el Ejecutivo, quedaría de la siguiente forma:3

Como se puede observar claramente, se está proponiendo prácticamente el 100 por ciento de dicho Fondo para Gasto Corriente, y nada para el gasto de inversión. Asimismo, se está pensando que para Veracruz, el 99.8 por ciento se destine a gasto corriente V apenas el 0.02 por ciento a gasto de inversión. Definitivamente, esto no lo podemos permitir, va que si bien es cierto, el Poder Legislativo reformó y creó leves para mejorar la calidad de la educación, también es cierto que el Poder Ejecutivo no está poniendo su parte para mejorar dicha calidad, va que, como se decía anteriormente, la calidad de la educación, que se encuentra va establecida en la Constitución, establece no sólo la impartición de educación de calidad, si no la infraestructura idónea para que los alumnos puedan tomar sus clases y desarrollarse como mexicanos de bien.

El reto de mejorar la calidad educativa, se encuentra, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo, sin embargo, no basta con crear o reformar cuerpos normativos que a la letra, parecen resolver los enormes rezagos que tenemos en la materia. Es igualmente trascendental, que además de reformar los ordenamientos necesarios, se eleven los recursos destinados a la infraestructura escolar, así como llevar a cabo fiscalizaciones verdaderamente apegadas a derecho, y castigar a quienes se quedan con los recursos públicos que deben ser para los alumnos.

Asimismo, resulta fundamental señalar, que así como con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se profesionalizará a los maestros, haciéndolos más comprometidos con su país y su desarrollo propio, también debemos exigir al Ejecutivo, y a los legisladores que revisarán y aprobarán el Presupuesto para el año 2014, se aumenten los recursos públicos para aplicarlos exclusivamente a mejorar las condiciones de las escuelas que están en situaciones deplorables, ya que resulta contradictorio, que mientras se piense evaluar el rendimiento de los maestros, no se les dote de espacios accesibles para que puedan impartir las clases.

La aprobación de la reforma constitucional, y las leyes reglamentarias, es apenas el primer paso hacia la calidad educativa, no podemos sentirnos confiados, ni seguros de que sólo con las leyes bastará para salir de este letargo educativo; el siguiente paso será, el reforzar y mejorar las instalaciones, en donde se imparten clases a los niños y adolescentes que pronto serán los responsables de hacer que este país crezca y se desarrolle. El presente punto de acuerdo es por ellos, y por todos los maestros, que de buena fe, luchan incansablemente todos los días, por educar a sus alumnos, que se preparan día a día para ser mejor personas y mejor profesionistas. Es momento de darles también a ellos, las herramientas necesarias para poder educar a los niños de México, y en este caso, del estado de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, para que sea considerado de urgente resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el estado de Veracruz.

Notas

1 http://www.mexicanosprimero.org/component/content/article/126-no-te-lo- pierdas/171-investigacion.html Página 36.

2 http://www.mexicanosprimero.org/component/content/article/126-no-te-lo- pierdas/171-investigacion.html. Página 40.

3 http://www.diputados.gob.mxjPEF2014jindex2.html

Dado en el salón de sesiones, a 26 de septiembre de 2013.

Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, presentada por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta


La que suscribe, Martha Palafox Gutiérrez, senadora de la república de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Senadores, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, sea éste su primer empleo o ya hayan sido empleados, conforme a las siguientes

Consideraciones

Me da mucho gusto que a veces las ideas se materialicen, no de la manera que uno quisiera, pero al fin y al cabo algo de lo planteado se retoma.

La que esto escribe, siendo diputada federal en la LIX Legislatura, hace exactamente 10 años, presentó entonces una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba los artículos 25 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de crear un fondo de aportaciones en el ramo 33, destinado a las personas que no encuentran empleo.

El 14 de noviembre de 2012 volví a insistir en el planteamiento, presentado una iniciativa en el mismo sentido, reformando el artículo 25 y adicionando el 47 Bis 1 y 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal. La iniciativa no ha sido dictaminada por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, y dudo que así suceda. Por ello presento esta proposición con punto de acuerdo.

Esta solicitud no es ningún despropósito. Se trata de estimular el mercado interno que en últimas fechas, con subejercicios y el bajo crecimiento económico, la demanda agregada, sobre todo el consumo público y privado se ha visto afectado.

De acuerdo con a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el consumo privado se incrementó durante el segundo semestre de 2013 respecto al mismo semestre de 2012 en 3.4 por ciento, el consumo del gobierno en 0.4 y la formación bruta de capital en 0.3. Por su parte, el crecimiento del PIB en el mismo periodo fue de 1.5, muy por abajo del proyectado por el gobierno, de 3.5 y el ajuste a 3.1. Finalmente, estiman que cierre el año con un crecimiento magro, de 1.8.

Resultado de lo anterior es que el empleo no crece. Según los indicadores de ocupación y empleo que pública el Inegi, la tasa de desempleo abierta al mes de agosto de este año se ubicó en 5.17 por ciento, en julio de 5.12; es decir, la presente administración no ha podido repuntar el empleo, sea éste formal o informal.

El pasado 22 de julio, el presidente Peña Nieto dio a conocer el Programa para la Formalización del Empleo, ahí el secretario del Trabajo reconoció que de cada 10 empleos 6 son informales. Con base en el Inegi, la tasa de informalidad laboral es de 58.35 por ciento y la de ocupación parcial y desocupación de 11.44 a agosto de este año.

Haciendo una extrapolación sencilla, si la Población Económicamente Activa (PEA) es de casi 95 por ciento de su población en edad de trabajar que asciende a poco más de 68 millones de personas, hay un universo de trabajadores informales de más de 40 millones de personas y la tasa de ocupación parcial y desocupación concentra casi 7.8 millones de personas, de las que 4.6 millones son “desempleados informales”, estos quedan fuera de cualquier programa de desempleo.

El seguro del desempleo planteado por esta administración solo considera los formales, por eso se reforma el artículo 123, Apartados A y B, de la Constitución General de la República. En las leyes secundarias, la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo, del Servicio de Ahorro para el Retiro entre otras.

Un esquema parecido, se hizo en la pasada administración como medida anti cíclica, derivada de la crisis financiera internacional 2008-2009. En ese entonces se reformó el sistema de pensiones (Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro), lo que permitió que los trabajadores en situación de desempleo pudieran retirar parte de su ahorro para el seguro de pensiones.

En Europa, donde el seguro del desempleo es algo normal, incluso la portabilidad tanto en seguro de pensión como en atención médica, son comunes dos tipos de seguro: las contributivas –como la que propone el presidente Peña Nieto– y el subsidio o ayuda por desempleo. Es esta última donde su servidora quiere insistir, son millones de personas que viven sin oportunidades y se convierten en presa de organizaciones criminales o expuestos a buscar ser indocumentados en Estados Unidos.

Insisto: la medida no es ningún despropósito, por el contrario reactivan el mercado, estimulan el consumo interno, convierten el círculo vicioso del desempleo en círculo virtuoso y, por si fuera poco despresurizan el descontento social.

Por lo anterior someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 partida de recursos etiquetados, necesarios para atender a personas que por situaciones ajenas a su voluntad no encuentran empleo, sea éste la búsqueda de su primer trabajo o ya hayan sido empleados.

Sede del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que en agosto de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó únicamente mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

México, DF, 24 de septiembre de 2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de agosto de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en agosto de 2013 fue de 159 mil 520 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, par, kilogramo y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica)

Administrador Central de Destino de Bienes

Del Banco de México, con la que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2013, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con el artículo 51, fracción II, de la ley de esa institución*

Ciudad de México, DF, 30 de septiembre de 2013

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

De conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa honorable Cámara, el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de dos mil trece.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)