Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3910-VII, miércoles 20 de noviembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en cuáles comprar litros completos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país rico en hidrocarburos y minería así como en su población tan diversa pero capaz de coincidir en pro del avance de la nación, pero sin la capacidad de poder solventar sus necesidades energéticas por la falta de inversión en alta tecnología e infraestructura subsanarán la problemática que actualmente tiene la población; las reformas que se proponen ayudarán a terminar con esta falta de atención a este tema.
Entre las cosas que más han hecho mella en la economía de la población han sido los incrementos en los combustibles fósiles, lo cual de manera aleatoria, afecta a la transportación de los suministros, así como de la transportación de pasajeros, pero esto no es lo más grave, sino el hecho de que los mismos expendedores de gasolina, ya que aun cuando la Procuraduría Federal del Consumidor ha intensificado las revisiones a dichas estaciones de servicio, no se ha podido erradicar las malas prácticas.
A la fecha se han encontrado diversos eventos en los cuales se les ha encontrado deficiencias en despachar litros completos, aun cuando se establece por parte de la Secretaría de Economía ha impuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, la cual especifica las características a cubrir en lo que se refiere a los instrumentos de medición denominados Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.
La supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas, quien establece las facultades en establecidas en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del reglamento interior de esta secretaría.
Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se dé cumplimiento a norma oficial mexicana en lo que corresponde a la medición y despacho de gasolina así como de otros combustibles líquidos, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. (Primera Sección) Diario Oficial. Martes 27 de septiembre de 2005.
Las revisiones se establecen de manera periódica y extraordinaria, de igual forma en este último tiempo se ha iniciado un ejercicio de revisiones más constantes y de manera aleatoria, en este sentido la estación de servicio que será objeto de revisión no se da a conocer a nadie de los inspectores que realizarán dicha visita hasta unos momentos antes de salir de la dependencia.
Con este ejercicio, la dependencia considera hacer más transparente y eficiente sus trabajos; sin embargo no ha sido posible erradicar la sustracción de combustibles a la hora de despachar dicho servicio; por tal razón, se insta para que las empresas proveedoras de los hardware y software apliquen un mayor control en los certificados de calidad con el fin eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos los parámetros especificados en la fabricación y con ello cumplir lo establecido en las Normas Oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro.
Ciertamente el medio que puede dar origen a la solución del problema por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, es la denuncia; en tal sentido también es la falta de ésta, la limitante. Por lo cual será necesario implementar una campaña publicitaria a fin de hacer conciencia en la población en general.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía boletine y evidencie, a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNDH a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad a fin de derogar las disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla que violan los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 constitucionales, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano
La suscrita, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo que exhortan al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, para que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo solicite al Congreso del estado la derogación que modifica la fracción IV del artículo 31 y adiciona la fracción IX a este artículo de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el cual se establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.
Planteamiento del problema
En la exposición de motivos de esta nueva ley del agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (artículo 4); reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales, menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular el artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y asunto de seguridad nacional; de igual forma hace referencia al hecho de que el servicio de agua potable como corresponsable en esta facultad, al señalar: “Es responsabilidad de los gobiernos de los estados (sic), y de los municipios la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua en vehículos cisterna...”1
En sentido estricto, esta postura es una franca invasión de competencias del estado a las del municipio, que en la Constitución federal están claramente definidas, tal y como ya lo establece el artículo 115 constitucional, correspondiéndole de manera exclusiva al municipio la prestación de servicios públicos, como es el caso del agua potable y alcantarillado.
La exposición de motivos en comento señala:
En particular, corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios, y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y sustentabilidad de los elementos naturales; la distribución equitativa de la riqueza pública; el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.2
Esto es, de acuerdo con el gobernador de Puebla, los diputados que integran las legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar o adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos; como en la actualidad se pretende con la reforma y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados o basura. Esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos.
A menos de un año de aprobada la ley del agua, el titular del Poder Ejecutivo estatal envió al Congreso del estado una iniciativa solicitando apruebe diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión del gobernador Moreno Valle, de privatizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y para ello solicitó a los legisladores aprobar reformas de la fracción IV del artículo 31, adicionar una fracción IX al mismo artículo.
Este decreto no tiene precedente en Puebla, ni en ningún otro estado de la federación, representa un ensayo que de ser instrumentado y aplicado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir por otros gobiernos de corte conservador por no decir de derecha.
La propuesta de decreto en cuestión fue recibida por los diputados poblanos de la LVIII Legislatura el 3 de septiembre del presente año. El 5 del mismo mes fue presentada ante el pleno de esa soberanía popular, que ordenó enviarlo para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, con el folio número 13/ I/ 0003, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla fue el 13 de septiembre de 2013. De ahí precisamente la importancia de señalar públicamente la pretensión del citado titular del Poder Ejecutivo, al implantar estas reformas y adiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente:
IV. Celebrar o suscribir los instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualesquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o instrumento correspondiente, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o del instrumento respectivo, los supuestos de reversión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejoras y accesorios, así como el mecanismo para la determinación de la indemnización correspondiente, con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables.4
La reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los cabildos municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores.
Pero eso no es todo a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital liquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del estado y los ayuntamientos
Privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy lo tienen de manera asequible. Se traducirá en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por parte de las empresas concesionarias, deudas que deberá avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etcétera.
Es prudente manifestar que, por nuestra parte, somos partidarios de racionalizar el uso adecuado del agua potable, compartimos la idea de que los ciudadanos debemos pagar las cantidades justas por la prestación del servicio, debemos establecer políticas públicas para lograr la sustentabilidad, que es un recurso considerado de seguridad nacional para el país, y precisamente por ello no puede ser una decisión unilateral como la propuesta del gobernador, la que prevalezca para acordar sin mayor discusión la privatización de este servicio público.
Además, en dicha iniciativa, en el apartado de considerandos, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo “con objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la estructura tarifaria de los servicios públicos”, y lo que es peor, con la categoría de “derecho fundamental” justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan: la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización).
Al respecto, es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la resolución número 64/ 292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15, sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación numero 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
En todo caso debe ponerse a consideración a toda la ciudadanía, a través de consultas públicas, para que de manera consensuada y previó a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona.
En caso contrario, desde este momento señalamos al titular del Poder Ejecutivo, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas; al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; al secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel; y a los integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política, que genere en el seno de la sociedad poblana la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de Ley del Agua para el Estado de Puebla por cuanto violan el derecho de los artículos 4o. y 115 constitucionales.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, y a los diputados locales a presentar ante la legislatura de dicha entidad iniciativa con proyecto de decreto para derogar las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y someterse a lo que establecen los artículos 4o. y 115 constitucionales y los tratados internacionales respecto al derecho al agua.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad contra las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Notas
1 Gobierno de Puebla, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Ley del Agua para el Estado de Puebla, página 8.
2 Ibídem, página 8.
3 Ibídem, página 33.
4 Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a revisar las tarifas eléctricas en los municipios de Quintana Roo para equiparlas con las aplicadas en el resto de la península de Yucatán, suscrita por los diputados Raymundo King de la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Raymundo King de la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song y Eduardo Román Quian Alcocer, diputados federales por Quintana Roo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a revisar las tarifas eléctricas en los municipios de Quintana Roo, tomando en cuenta su temperatura media promedio en época de verano, a fin de que se equiparen a las que aplican en las otras entidades federativas de la península de Yucatán, con base en las siguientes
Consideraciones
Conforme se dispone en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, y a propuesta de la CFE, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público de energía eléctrica, y el racional consumo de energía.
La CFE propone las tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.
Las tarifas de consumo eléctrico de la CFE para uso doméstico se clasifican en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La primera se aplica para la época denominada “fuera de verano”, en tanto que las 6 restantes se ubican en la época del “verano” y se determinan de la siguiente manera: para la tarifa 1A es necesario que se tenga una temperatura media igual o superior a 25 grados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores; para la 1B de 28 grados, para la 1C de 30, para la 1D de 31, para la 1E de 32 y para 1F de 33 grados, de tal manera que cuanto mayor sea la temperatura la tarifa es más baja.
A efecto de determinar la temperatura media se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua que es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información.
Ahora bien, en los estados de la península de Yucatán, es decir, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la temperatura promedio es semejante; sin embargo, la CFE no lo considera así para fijar las tarifas de electricidad.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la temperatura máxima promedio en los meses del verano en Quintana Roo es de 33 grados Celsius, en tanto que en Yucatán la temperatura promedio es de 36 y en Campeche la temperatura máxima promedio es de 30.
Asimismo, conforme a estudios realizados por la Comisión Estatal de Energía del Estado de Quintana Roo, con base en mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura media promedio en el estado supera 30 grados Celsius, en dos meses consecutivos en por lo menos tres de los cinco años anteriores, lo que lo ubica en el rango de las tarifas 1D a 1F.
Así pues, la temperatura máxima de los tres estados es muy parecida y durante los meses de mayor calor implica que las familias se vean en la necesidad de consumir mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o hacer funcionar ventiladores y aires acondicionados.
Esa situación no ha sido considerada por la CFE, que en época de verano sigue aplicando a la mayoría de usuarios en Quintana Roo las tarifas 1B (33.9 por ciento) y 1C (62.9); es decir, las que implican menores subsidios y, por ende, resultan ser más elevadas, sin tomar en cuenta que las condiciones de temperatura que privan en esta entidad federativa son similares a las de Campeche y Yucatán, en los que mayoritariamente se paga el servicio conforme a las tarifas ID a 1F.
Aunado a lo anterior, el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado en Quintana Roo de 11 a 16 por ciento, elevará considerablemente los costos por el consumo de la energía eléctrica.
En 2012, Quintana Roo tuvo 495 mil 428 usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica. De ellos 90 por ciento es de uso doméstico (446 mil 691), de tal manera que el incremento del costo de este servicio tendrá un impacto principalmente en la economía de las familias quintanarroenses, tomando en cuenta que no hay opción de sustitución.
Asimismo, tomando como base las cifras de ventas de la CFE de 2012 en Quintana Roo, por 5 mil 836 millones de pesos, se tiene una estimación de aproximadamente 6 mil 127 millones de pesos con un IVA de 16 por ciento, lo cual arroja una diferencia de 291 millones de pesos, que sería absorbido en 20 por ciento por los usuarios del suministro para servicio doméstico, 75 por ciento por suministro para uso industrial y de servicios y 5 por ciento por los usuarios restantes (alumbrado público, bombeo de aguas y agrícola).
En consecuencia, tomando en cuenta que el suministro de energía eléctrica es un servicio de primera necesidad, cuya demanda es inelástica por no tener servicios que lo sustituyan, es urgente que la CFE revise la aplicación de las tarifas en esa entidad federativa, a fin de que apliquen las que implican mayor subsidio a los usuarios, dadas las altas temperaturas registradas en la zona y contribuir con ello a mitigar el impacto del incremento del impuesto en la economía de las familias y empresas quintanarroenses.
Por lo anterior nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar las tarifas eléctricas en los municipios de Quintana Roo, tomando en cuenta su temperatura media promedio en época de verano, a fin de que se equiparen a las que aplican en las otras entidades federativas de la península de Yucatán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputados: Raymundo King de la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se manifiesta a favor de que se realice una reunión interparlamentaria trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, en el contexto del vigésimo aniversario del TLCAN, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Adriana González Carrillo y Eloy Cantú Segovia, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifiesta a favor de la realización de una reunión interparlamentaria trilateral, con la participación de los Congresos de México y Estados Unidos, con el Parlamento canadiense, en el contexto del vigésimo aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al tenor de las siguientes
Consideraciones
El próximo año se cumplirán 10 de la entrada en vigor del TLCAN. Como todos sabemos, la negociación, la suscripción y la entrada en vigor del acuerdo no sólo fueron cruciales para crear lo que en aquel momento fue la mayor región de libre intercambio del mundo sino, también, un parteaguas en las relaciones entre México y sus vecinos del norte.
A partir de la entrada en vigor del TLCAN, México y Estados Unidos institucionalizaron una relación de cooperación en asuntos cada vez más complejos pero cruciales para la integración de América del Norte.
Aunque no se ha avanzado como se imaginaba hace 20 años, el TLCAN ha dejado innumerables muestras de que constituye un andamiaje relevante para seguir promoviendo la integración norteamericana y, en definitiva, para dar lugar a una nueva etapa donde la cooperación se enfoque, por ejemplo, en la reducción de las asimetrías, la promoción del desarrollo sustentable y la generación de nuevas oportunidades de crecimiento económico.
Con todas sus insuficiencias, y especialmente en virtud de ellas, el TLCAN merece no sólo ser reconocido como un modelo que ha dinamizado a las economías participantes sino también como uno que merece ser corregido, profundizado y reencauzado hacia objetivos mucho más ambiciosos.
En esa medida resulta indispensable la participación de los legisladores de los tres países.
Desde el ámbito de la diplomacia parlamentaria, hay que tenerlo presente, mucho puede hacerse para enviar un claro mandato a los Poderes Ejecutivos de los tres países a fin de que aprovechen esta conmemoración y recuperen en su agenda diplomática un viejo anhelo: el de una estrecha integración regional en beneficio de nuestros pueblos. Una en donde se establezcan medidas concretas para disminuir la desigualdad, en donde se privilegien proyectos de competitividad para mejorar la posición compartida frente a otros bloques y negociaciones comerciales, en donde se integren mejor nuestras cadenas productivas, en donde se reduzcan sensiblemente las barreras para la integración de un mercado laboral, en donde vayan difuminándose los obstáculos para la libre circulación de personas, en donde se apueste fuerte por la ciencia, la tecnología y la cultura.
De ahí la importancia de recuperar también una vieja propuesta: celebrar una reunión interparlamentaria trilateral, quizá la primera de muchas, desde la que se intercambien puntos de vista sobre estas propuestas y se diseñe la agenda de una nueva era de entendimiento entre México, Estados y Canadá.
La ocasión no puede ser más propicia que en el contexto de la conmemoración de las primeras dos décadas del TLCAN.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifiesta a favor de que se realice una reunión interparlamentaria trilateral, con la participación de los Congresos de México y Estados Unidos, con el Parlamento canadiense, en el contexto del vigésimo aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a los legisladores, las comisiones y los órganos competentes a establecer los primeros contactos a fin de promover esta propuesta con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a respaldar esta propuesta y favorecerla, en el ámbito de sus atribuciones y sin menoscabo del principio de separación de poderes, frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputados: Adriana González Carrillo, Eloy Cantú Segovia (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Tlaxcala a derogar las recientes reformas de los artículos 238 a 240 del Código Penal, que criminalizan a las mujeres y restringen su derecho a la salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada de la LXII Legislatura, Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 62, párrafo 2, 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución– al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A principio de 2013, el Ejecutivo estatal de Tlaxcala emitió una iniciativa de reformas a distintos artículos del capítulo VIII del Código Penal para el estado de Tlaxcala, aprobada y ratificada por la actual (LX) Legislatura.
Anteriormente, el Código Penal señalaba una sanción de 15 días a dos meses de prisión para la mujer que se practicara un aborto o a quien la ayudara a realizarlo, la reciente reforma, no sólo aumenta las penas por el delito de aborto de 3 a 5 años de prisión y multa de 72 a 200 días de salario mínimo, sino que también deroga las causales previstas para la práctica de abortos legales.
En el mismo tenor de ideas expresadas por diversos organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, consideramos que la reforma representa un retroceso en el acceso de las mujeres a su derecho a la salud y a una maternidad voluntaria, representa sobretodo un acto de violencia institucional que criminaliza y discrimina a las mujeres, además de colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgos que atentan contra su propia vida.
No en vano la propia Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, con quien coincidimos en su apreciación, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que en las modificaciones no se atiende al principio de progresividad de los derechos humanos plasmado en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las modificaciones a la Carta Magna en 2011.
México ha firmado y ratificado instrumentos de derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés), el honorable Congreso de Tlaxcala no puede ser omiso ante los citados compromisos.
El propio Comité de seguimiento y evaluación de la CEDAW, ante el 7o. y 8o. informe consolidado de México, emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano1 .
El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008);
b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio;
c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención; d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación;
e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer.
El propio Comité, ha señalado también que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su Congreso nacional y los Congresos de sus estados a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopten las medidas necesarias para dar aplicación a las observaciones y recomendaciones finales, previamente citadas.
Las modificaciones a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal del estado de Tlaxcala son contrarias a los expresado por este organismo y violatorias de los derechos humanos de las mujeres, por lo que consideramos deben ser analizadas con una visión de género y a la luz de los criterios de los instrumentos internacionales y de la Constitución, para proceder a su derogación.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, al honorable Congreso de Tlaxcala a que, en atención a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, emitidas en su 52 periodo de sesiones en julio de 2012, derogue las recientes reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal.
Nota
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_es p.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2103
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar un programa de detección de diabetes, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El proceso de urbanización e industrialización que experimentó nuestro país durante el siglo pasado, impulsó transformaciones importantes en las costumbres, hábitos y estilos de vida de la población. Lo anterior ha provocado una transición epidemiológica que ha hecho emerger nuevas enfermedades crónico-degenerativas, de carácter no transmisible, como por ejemplo la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares que ya se han convertido en un grave problema de salud pública.
Actualmente, el mundo está enfrentando una epidemia creciente de diabetes, cuyas consecuencias pueden llegar a ser devastadoras. Hoy en día suman 366 millones de personas alrededor del orbe que luchan contra esta enfermedad, y se ha identificado que otros 288 millones más de seres humanos están en riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro.1
En México, la diabetes representa uno de los desafíos de salud más complicados que habremos de afrontar en el siglo XXI, pues ésta, según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, aqueja al 9.2 por ciento de la población mayor de 20 años del país; lamentablemente la diabetes ya le ha costado la vida a más de medio millón de personas tan sólo en los últimos 6 años,2 ello sin contar las demás complicaciones que trae aparejadas, como las amputaciones de extremidades, la insuficiencia renal y la pérdida de la vista, entre otras calamidades.
El alto índice de mortalidad de la diabetes, aunado a la miseria y el sufrimiento humanos que ésta provoca, ha llevado a la comunidad internacional a considerarla no sólo como un problema sanitario sino como una catástrofe social que exige la realización de grandes esfuerzos para revertirla. Desde el año 2007, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial Contra la Diabetes, en cuyo marco se lleva a cabo una campaña de concientización sobre esta enfermedad.
En el año 2011, la Federación Internacional de Diabetes dio a conocer el Plan Mundial contra la Diabetes que resalta la importancia de implementar en los países con mayor prevalencia de este padecimiento programas nacionales para combatirlo, los cuales deben conjugar una adecuada estrategia de prevención con acciones encaminadas a diagnosticarla y brindar un tratamiento adecuado a quienes la padecen.
El 80% de los casos diagnosticados de diabetes se asocia al sobrepeso y la obesidad convirtiéndose estos en el principal factor de riesgo. Lamentablemente, como se sabe, nuestro país ocupa ya el primer lugar entre los países con mayor prevalencia de la obesidad entre su población. Ante esta situación tanto el Gobierno de la República como el Poder Legislativo, están tomando cartas en el asunto y ya se han emprendido acciones al respecto.
El gobierno federal lanzó recientemente la Cruzada Nacional Contra el Sobrepeso y la Obesidad, la cual busca impulsar la reducción de los altos índices de las mismas, así como motivar la especialización de los profesionales de la salud para la atención integral de estos padecimientos que son ya un problema de salud pública en el país.
Por su parte, en el Poder Legislativo de la Unión hemos impulsado y aprobado iniciativas encaminadas en este mismo sentido como el impuesto especial a los refrescos, bebidas azucaradas y comida chatarra con la finalidad de inhibir su consumo entre la población.
Si bien los esfuerzos referenciados, por atacar frontalmente una de las raíces del problema, constituyen un avance importante en cuanto se refiere al tema de la prevención de la diabetes, lo cierto es que aún queda mucho por hacer para brindar a los pacientes un tratamiento adecuado, para ello es necesario implementar programas y políticas públicas orientados a obtener un diagnóstico adecuado y posibilitar que quienes ya han desarrollado la enfermedad se apeguen a su tratamiento a fin de que puedan controlarla y reducir con ello los altos costos financieros que tiene para el estado la atención de la diabetes.
Es de destacar que, lamentablemente, se calcula que en nuestro país entre el 30 y 35 por ciento de las personas que han desarrollado diabetes no saben que la padecen, por este motivo retrasan su tratamiento y son más propensos a sufrir algunas de las complicaciones asociadas a la enfermedad. Por otra parte, resulta igualmente preocupante el hecho de que un alto porcentaje de pacientes con diabetes no sigue su tratamiento adecuadamente, tan sólo en el Distrito Federal se estima que el 75 por ciento de los diabéticos se encuentra en esta situación,3 lo cual reduce su expectativa de vida en diez años, contrario a quienes siguen al pie de la letra las indicaciones médicas, que viven hasta la longevidad y mueren a causa de otro tipo de enfermedades.
En el Partido Verde nos preocupa e interesa la salud de millones de mexicanos, por las razones aquí expuestas y en el marco del Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el próximo 14 del presente mes, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa masivo mediante el cual puedan llevarse a cabo en todo el país pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos puedan iniciar su tratamiento lo más pronto posible.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar acciones encaminadas a concientizar a los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de dar continuidad a las indicaciones terapéuticas de los médicos, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanzar una mejor calidad de vida, reduciendo con ello los altos índices de mortalidad que la diabetes tiene actualmente en nuestro país.
Notas
1 Véase: Plan Mundial Contra la Diabetes 2011-2021, Federación Internacional de Diabetes.
2 Según datos de la Alianza por la Salud Alimentaria, utilizando como fuente la base de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud.
3 Véase: Día Mundial Contra la Diabetes: “El 75% no sigue tratamiento”, periódico Excélsior, 12 de noviembre de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de noviembre del año 2013.
Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a adecuar los planteles educativos para las personas con discapacidad, suscrita por los diputados José Antonio Hurtado Gallegos y Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Antonio Hurtado Gallegos y Merilyn Gómez Pozos, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el mundo hay más de 650 millones de discapacitados con minusvalías que a menudo les impiden participar en la vida social.
En México al año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total.
Con frecuencia esas personas albergan pocas ilusiones de poder ir a la escuela, desempeñar un trabajo, poseer casa propia, crear una familia y educar a sus hijos, educarse, disfrutar de la vida social o ejercer el derecho al voto. La gran mayoría de ellas carece de acceso a las tiendas, las instalaciones públicas y medios de transporte.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indica que en el mundo hay 150 millones de niños que viven con algún tipo de discapacidad. Y alrededor de cuatro de cada cinco niños discapacitados viven en países en desarrollo.
Una iniciativa emblemática dirigida por la Unesco en el marco del programa Educación para Todos, se realizó con el fin de garantizar el derecho a la educación y el logro de los objetivos del Marco de Acción de Dakar, en lo referente a las personas que padecen discapacidad.
El argumento esencial para defender la integración, tiene que ver con una cuestión de derechos y con criterios de justicia e igualdad. Todos los alumnos tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en la sociedad.
Una segunda razón por la que surge la integración es que las escuelas especiales no han proporcionado los beneficios que se esperaban, y el hecho de existir éstas ha conllevado que un gran porcentaje de alumnos que fracasan en la escuela vaya a parar a ella.
En prácticamente todos los países de la región, la educación especial se ha configurado como producto de un proceso sistemático de expulsar a los alumnos y alumnas con discapacidades leves del sistema regular, sumándoles posteriormente a los alumnos y alumnas que presentan niveles más graves de discapacidad. Las escuelas especiales están atendiendo a los niños y niñas de los que la escuela regular no se puede hacer cargo.
Mientras, un alto porcentaje de niños y niñas con discapacidad, que necesitan una mayor atención, están en sus casas sin poder acceder a ningún tipo de educación, ni regular ni especializada.
En ese sentido, el cometido de este punto de acuerdo es justamente el de contribuir al proceso en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad en los centros escolares.
Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas; recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 8 respectivamente, las cuales son normas supremas para las y los mexicanos.
Congruentemente con lo anterior, la accesibilidad y desplazamiento son necesarios para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros.
La accesibilidad a los inmuebles, la disposición de servicios, así como la posibilidad de contar con personal capacitado para la atención de las personas con diversos tipos de discapacidad en la educación, así como el desplazamiento, para poder hacerlos una realidad, son factores decisivos en la integración social de las personas con discapacidad en las escuelas, pero sobre todo para poder alcanzar su propio desarrollo al que tienen derecho, sin distinción.
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y México la suscribió el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre del mismo año.
La convención establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.
Dotar de mecanismos para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tiene el objetivo de cambiar la visión meramente asistencialista que se ha desarrollado en torno a este grupo de la sociedad, con el fin de equiparar las oportunidades que les permitan su plena integración a la educación y ejercer sus derechos plenamente, a efecto de lograr su desarrollo integral.
No sólo se debe aceptar la inclusión de los educandos a las aulas, se les deben dar los instrumentos de accesibilidad, para su desplazamiento dentro de los planteles, ya que en la actualidad pocos se han adecuado para los niños con discapacidad, y los que están adaptados sólo les ponen una que otra rampa sin prever sus necesidades reales, algunas clases en la educación secundaria se dan en primeros pisos a los que no tienen acceso, por lo que están restringidos a que se les deje sin esas clases coartando su derecho a la educación.
Por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar los mecanismos para adaptar de manera eficiente los planteles educativos que integran a las personas con discapacidad, y que cuenten con las estructuras que les permitan lograr la integración con la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y acceder a la enseñanza impartida por el estado sin restricciones en la accesibilidad.
Dado en Palacio Legislativo a 20 de noviembre de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a disponer medidas para que el material impreso de contenido sexual o pornográfico se exhiba sólo en bolsas negras y con advertencias sobre su contenido, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es deber del Estado mexicano proteger el sano desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolecentes, así como establecer las condiciones para el respeto de sus derechos humanos y para una formación emocional y moralmente sana.
El objetivo principal de este punto de acuerdo consiste en que la infancia de nuestro país crezca en entornos que no dañen su formación emocional y moral.
Asimismo, es derecho de todo ciudadano decidir los contenidos impresos a los que quiere acceder; es por ello que la exhibición en las calles de publicaciones con contenido pornográfico o sexual, violenta el derecho de las personas a acceder o no, de manera libre y voluntaria, a este tipo de contenidos. Además, constituye una transgresión a los derechos de formación de las niñas, niños y adolescentes.
Según Luz Ángela Gutiérrez “La estructuración del carácter moral se apoya sobre el desarrollo del autocontrol. Es decir, la capacidad para dirigir autónoma y voluntariamente la propia conducta en función de aquellos objetivos que se quieren alcanzar. El autocontrol se hace posible a través del surgimiento progresivo de la capacidad para postergar o refrenar la satisfacción de algún deseo o impulso inmediato con el propósito de alcanzar o preservar, a más largo plazo, un objetivo que se estima de mayor importancia. El autocontrol constituye muy probablemente, la herramienta psicológica más importante que se puede proporcionar a un niño, por cuanto representa el factor crítico para el logro de metas en la vida; desde las más elementales hasta las más decisivas. Por ello, la capacidad de dominar el impulso constituye la base del carácter moral y de la orientación al logro”1 .
Nuestra Constitución Política establece en el artículo 4o. la protección al desarrollo de la familia, la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Asimismo, se establece que el estado en todas sus decisiones y actuaciones velará con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Teniendo en consideración lo estipulado en el artículo 4o. constitucional, respecto al interés superior de la niñez y sus derechos, es que se realiza este exhorto a fin de dar cabal cumplimiento al artículo segundo de la Ley sobre Delitos de Imprenta que señala:
“Artículo 2o. Constituye un ataque a la moral:
I. Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción I del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores;
II. Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de los enumerados en la fracción I del artículo 2o. con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor;
III. Toda distribución, venta o exposición al público de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos.”
El exhorto realizado se emite a la Secretaría de Gobernación para que en cumplimiento de sus facultades y atribuciones, se encargue de tomar las medidas para que dichas publicaciones cumplan con el control necesario.
La Secretaría de Gobernación es la dependencia encargada por ley de atender dichos menesteres, según la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice:
“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;”
De igual manera, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tiene las atribuciones suficientes para disponer que las publicaciones cuenten con una bolsa protectora de color negro; esto, con el fin de que su contenido no esté a la vista del público, mucho menos de menores de edad.
El Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas señala que dicha comisión será la encargada de la aplicación del citado reglamento, según lo siguiente:
“Artículo 1o. La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas a que se refieren los considerandos anteriores, tendrá a su cargo la aplicación de este reglamento.
...
Artículo 7o. Las publicaciones de contenido marcadamente referente al sexo no presentarán en la portada o contraportada, desnudos, ni expresiones de cualquier índole contrarios a la moral y a la educación; ostentarán en lugar visible que son propias para adultos y sólo podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas.”
No obstante, la realidad nos demuestra que en casi todo el país existen expendios con revistas que no cuentan con las medidas antes señaladas; por lo cual, exhortamos a que se cumplan dichas disposiciones, tomando en cuenta el bien supremo de la niñez, y el derecho a un entorno sano.
Con Internet, las revistas y los periódicos, la niñez y los adolecentes tienen acceso casi ilimitado a la pornografía; no obstante, es necesario que las familias puedan tomar las medidas oportunas para la protección y la educación de sus hijos.
Por ello, es deber del gobierno mexicano que este material no sea exhibido de manera irrestricta en la vía pública.
El gobierno mexicano ha suscrito la Convención para Reprimir la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas, celebrada en Ginebra el 12 de septiembre de 1921, y ratificada por el Senado de la República el 31 de diciembre de 1946.
En congruencia con este compromiso internacional, el gobierno mexicano debe redoblar sus acciones al respecto: primero con medidas preventivas, y posteriormente con sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones en la materia.
El gobierno de México tiene los elementos normativos para hacer cumplir la Ley sobre Delitos de Imprenta y el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo respectivo a la pornografía, condición que no se realiza a cabalidad y que es del conocimiento general de los ciudadanos, pues en la mayoría de los expendios de revistas se pueden encontrar dichas publicaciones sin las medidas previstas por la ley.
Por lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Delitos de Imprenta y al artículo 7 del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. De manera respetuosa se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fin de que disponga las medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias de su contenido.
Notas
1. Luz Ángela Gutiérrez / Construcción de la Personalidad Moral, en Acción pedagógica , volumen 8, número 2 / 1999. Página 92 y siguientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal e instancias competentes a establecer instrumentos para evitar todo tipo de violencia contra niños y adolescentes, suscrita por integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, el numeral 2, fracciones III y VI del artículo 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Niñas y niños tienen derecho a gozar plenamente de una infancia libre de cualquier acto o situación que afecte a sus derechos e integridad personal; por lo que evitar cualquier vejación que altere su desarrollo físico, intelectual y emocional, constituye una responsabilidad de los gobiernos de cualquier nación. Según el marco jurídico nacional e internacional que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes; todos los niños tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 19, numeral 1, que “los Estados parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De igual forma el artículo 34 de la Convención establece que los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
• La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
• La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
• La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Lo esencial de esta convención es reconocer a las niñas, niños y adolescentes que son personas con derechos a cuidados especiales y asistencia especial, por carecer aún de madurez física dado que están en un periodo de crecimiento y formación.
Para el caso de México, la mencionada Convención entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, que es de observancia obligatoria de los tres órdenes de gobierno en cualquiera de sus esferas aplicativas que conforman el Estado. Así, es responsabilidad del gobierno mexicano establecer todas las medidas pertinentes tendientes a impedir y erradicar la violencia, el maltrato, la explotación, los delitos de carácter sexual, el abandono y todos aquellos actos que conlleven una afectación en contra de niñas, niños y adolescentes.
El abuso y maltrato infantil es un problema que compete a todos los países del mundo. En este sentido es que se celebra el 19 de noviembre el Día Mundial para la prevención del abuso del Niño, en la que se han involucrado 149 organizaciones, 59 países del mundo, las cuales tienen como objetivo fomentar una cultura de prevención del abuso infantil.
Por lo que es un deber de todos los Estados parte, establecer aquellas medidas tendientes a impedir el secuestro, la venta o la trata de niños, a un trato acorde a su edad en caso de infracción de tipos penales para garantizar su reinserción a la sociedad, a no ser discriminados y a una especial atención tratándose de niños con discapacidad, indígenas, migrantes en situación de abandono y/o de calle.
No obstante estas disposiciones las niñas, niños y adolescentes siguen padeciendo conductas violentas en el hogar, la escuela y en su comunidad, es decir, en los espacios que deben recibir protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral.
De acuerdo a UNICEF México la violencia en nuestro país es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.
Como parte de América Latina, México se encuentra en el grupo de naciones más violentas del mundo. Con una tasa de homicidios de 17.4 por cada 100,000 habitantes en el 2004; esta era ocho veces más alta que en Europa y hasta 16 veces más alta que en Japón y Corea.1
El ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte entre los niños y niñas, y queda reflejado en tasas de homicidios muy elevados también con respecto a ellos. Este escenario “no podría explicarse sin que existiera un alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en contra de los niños y de las niñas en nuestro país. La imposición de castigos físicos o el maltrato verbal, por ejemplo siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación...Por detrás de los casos más extremos que ocasionan la muerte, siempre existen muchos más que, aunque resulten menos visibles y menos dramáticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de una vida sana y plena”.2
De acuerdo a los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló en el año 2010 que México tiene el primer lugar dentro de los estados miembros en violencia física, sexual y homicidios de menores de 14 años, considerado también el segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil.
De igual forma, la OCDE estima que actualmente alrededor de 20 mil niñas, niños y adolescentes ya han sido utilizados en México en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico de menores de edad con fines de explotación.
La Red de los Derechos de la Infancia, estimaron que en México en el año 2008 se recibieron 34 mil 23 denuncias a nivel nacional de maltrato infantil, de las cuales 9 mil 100 fueron de la región sur de nuestro país.
Asimismo, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el año 2009, se reportó en la región centro un total de 14,937 denuncias de maltrato infantil, de los cuales sólo 1,667 casos fueron presentados ante el Ministerio Público.
Datos del Inegi muestran que una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. La mayoría de los miembros del hogar padecen violencia emocional, 34 por ciento; intimidación, 5.4 por ciento; violencia física, 3.9 por ciento, y sexual 0.5 por ciento. De 2001 a 2011, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20 por ciento del total de casos presentados ante el Ministerio Público.3
Compañeras y compañeros legisladores, las niñas, los niños y los adolescentes siguen esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física. Siguen esperando que hagamos lo necesario para prevenir toda forma de violencia contra ellos.
La violencia social y en particular la violencia contra los niños y niñas es un problema cada vez más alarmante, exige la obligación, desde todos los ámbitos, de asumir un protagonismo activo encaminado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección.
Finalmente, en virtud del compromiso que como legisladores y representantes sociales tenemos con las niñas, niños y adolescentes, para hacer de hoy un presente sólido que garantice un futuro en manos de mexicanos con un desarrollo integral debemos de buscar desde cualquier trinchera atender de manera especializada prevenir, atender y sancionar estos flagelos, con la finalidad de lograr proporcionar una vida digna a la niñez de México y acabar de una vez por todas con la violencia contra las niñas, niños y adolescente que padece este grupo vulnerable.
Todas las personas mayores fueron al principio niños
Antoine de Saint- Expéry
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal e instancias competentes a establecer los mecanismos necesarios mediante campañas informativas a fin de evitar todo tipo de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el castigo físico y otro tipo de trato inhumano y/o degradante.
Segundo. Se solicita de forma respetuosa al Ejecutivo federal a fin de que gire instrucciones a quien corresponda para que se revisen minuciosamente los sistemas de justicia juvenil, a fin de prevenir el abuso como medida correctiva o de rehabilitación.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que autoricen iluminar los recintos legislativos como un acato de manifestación de rechazo a todas las formas de abuso contra las niñas, niños y adolescentes.
Notas
1 Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Secretaría de Salud. México, DF: SSA; 2006, página 5.
2 Íbid, página 44.
3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados LXII Legislatura. Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México. Documento de trabajo número 146, marzo de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Beatriz Córdova Bernal, María Esther Garza Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos locales y al IMPI a proteger mediante declaración de denominación de origen las artesanías representativas de los estados, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a proteger las artesanías representativas de los estados mediante una declaración de denominación de origen, con la finalidad de evitar imitaciones, falsificaciones, adulteraciones y la competencia desleal hacia los artesanos mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Academia Mexicana de la Lengua basándose en el Diccionario de la Lengua Española, define artesanía como arte u obra de los artesanos - a quienes la misma institución puntualiza como una persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico; y modernamente, para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal.
En efecto, la artesanía es arte y obra un uno mismo y por ende un artesano es un artista que a través de sus manos es capaz de impregnar lo que usamos para acompañarnos en lo cotidiano, la grandeza que prevalece en lo que es considerado como único.
La ausencia de lo automatizado y del rasgo que ofrece la ayuda de las maquinas en su elaboración y confección, es la esencia de una artesanía, lo que la convierte en ello y lo que la provee de una autenticidad y particularidad infinitamente valiosa: a pesar de provenir de las mismas manos y materia prima, la misma mente y el mismo sentimiento de amor hacia lo que se hace por vocación y no por obligación; no existen, no hay, ni habrá dos artesanías exactamente idénticas.
Muy por encima de la hoy en día producción industrial o la llamada “producción en serie” que sólo es capaz de crear imitaciones para comercializarlas a bajo costo, la elaboración de las artesanías ha sido parte de la historia de las sociedades en todo el mundo y en todos los tiempos por más remotos que se asuman, incluso en nuestros días.
Las técnicas manuales en el ser humano florecieron por la necesidad de proveerse de utilidades para la convivencia diaria; pero prevalecieron con el tiempo hasta nuestros días por la misma razón en que lo hizo una pintura, una escultura o una obra musical; gracias al sello personal que su creador imprimió en ellas dotándola de una belleza única y particular previéndola al mismo tiempo de historia y tradición.
Por ello, los artesanos y sus artesanías, han estado siempre presentes en nuestra historia y además en nuestro desarrollo en todos los ámbitos; y gracias a una subsistencia cada vez más difícil, duramente castigada y complicada, han llegado a convertirse en una parte fundamental y representativa de nuestra cultura tradicional; no únicamente para nuestra nación o alguna otra, sino para la humanidad entera.
Con el paso de los años y el surgimiento de nuevas necesidades, la creación de artesanías fue posicionándose como una fuente de ingresos familiares sólida, a la vez que se fueron heredando las técnicas y las habilidades de padres a hijos, de generaciones a generaciones completas de toda una misma región hasta el momento de volverlas distintivas de la misma y propias de la zona y sus habitantes.
Quizás ha sido por ese motivo que en la actualidad se relaciona a la artesanía con lo rural, a la par o de la mano de las actividades del campo; y comercializándose también de manera paralela a los productos que en las regiones ajenas a lo citadino se ofrecen. Ese proceso ofrece una dialéctica, una ventaja y desventaja; la ventaja de hacerla todavía más exclusiva por encontrarse en una única región y por lo mismo todavía más especial; y la desventaja de que pierda la oportunidad de proyección por hacer más fácil su arrinconamiento o clandestinidad.
En nuestro país, la presencia de los artesanos y las artesanías no ha sido excepción desde los orígenes de nuestra sociedad; así como tampoco es lo mencionado en el párrafo anterior. Por el contrario y a pesar de múltiples factores, somos una nación exponencialmente rica en lo que a éste tipo de arte se refiere, pero por igual, tampoco hemos sido capaces de promoverla y protegerla de adversidades.
De manera lamentable, ésta noble expresión de arte y cultura en todo el país ha sido desplazada de su calificativo que la posiciona como obra de arte, relegada de su función de proveedora de ingresos dignos a los artesanos y sus familias y arrinconada casi hasta su completa extinción por la existencia de imitaciones o falsificaciones producidas por la industria nacional o generalmente extranjera, que bajo un esquema de competencia desleal a base de un precio inferior, tan inferior como lo es su calidad y representatividad; le ha robado espacio en el gusto y la apreciación de la gente.
Cada día en nuestro país, se producen menos artesanías porque ya no se venden, no se pueden ofrecer y comercializar a un precio justo que incluya la justa retribución por el factor humano que se encuentra en su elaboración – el ingenio, la creatividad y la entrega de una parte de sí mismo de quien la creó- por el contrario, encontramos falsas artesanías que se entregan sin la entrega de la historia que debería de poseer, que además y para colmo trágico, son producidas incluso a miles de kilómetros de distancia de sus verdaderos lugares de origen, en donde nacieron, se formaron y conformaron como arte.
La artística labor de los artesanos mexicanos, es menospreciada, ni siquiera es vista como en trabajo, por el contrario se le considera una forma de entretenerse para hacer “algo” que les permita “creer o simular” que se ganan la vida. Incluso somos una sociedad que hemos llegado al descaro de preguntamos ¿cómo es posible que intenten vendernos eso?, ¿Cómo pretenden vernos la cara con esos precios?
Permitimos que la cultura y el arte se alejaran de su origen, su papel y sus raíces, volviéndola selectiva, para en cambio asumirla como exclusividad de un sector de la población con una posición económica cómoda, y por consiguiente de zonas o espacios excepcionales o distinguidos, olvidando consciente o inconscientemente que en nuestra historia la cultura y el arte se gestó en las manos de los artesanos que desde épocas prehispánicas e incluso primitivas las usaban para expresarse, relacionarse o como un objeto destinado a cumplir una función cotidiana; pero enriquecido por la creatividad y el ingenio en su elaboración. Sin duda, arte.
Todo esto a pesar de ser un país de vocación exquisitamente artesanal, donde los artesanos mexicanos más que mostrar habilidad y destreza en la creación de sus complejas y variadas artesanías, muestran el singular don que provee una especial magia que evoca en sus mentes y sus manos hacia sus armónicos diseños y sus coloridos estilos.
Tan sólo basta mencionar que el estado de Jalisco es el estado que contribuye con poco más del 10% de las exportaciones artesanales en México, siendo por ello el líder nacional en ese rubro y a nivel Latinoamericano el poseedor de más artesanías únicas; donde destacan su cerámica y vidrio soplado de Tlaquepaque, Tonalá y Tuxpan, los hilados de Chapala, los Deshilados de Tuxpan, la madera de Teocaltiche, la marquetería y taraceado de Jalostitlán y la metalistería de Ocotlán, Sayula y Tlaquepaque; entre otros.
Pero también en cada región tenemos en más o menos cantidad muestras excepcionales de artesanos y sus artesanías que son dignos exponentes internacionales de la riqueza cultural del mexicano.
Por ejemplo, los llamados “Tenangos” que son bordados de los Otomís de la región de Tenango de Doria en el estado de Hidalgo, exquisitos bordados a mano que incluso una prestigiada marca francesa les utilizó en los diseños de sus mascadas comercializadas a nivel internacional.
Así como también:
• Los papalotes de papel, los alebrijes y el barro negro de Oaxaca.
• Los rebozos tejidos de San Luis Potosí, de Michoacán, Tlaxcala o Guanajuato.
• Las máscaras de chaquira y las tablas de estambre huicholes que se encuentran en Nayarit y Zacatecas.
• Los arboles de la vida creados en el estado de México,
• Los sarapes de telar de cintura de algodón o yute de Coahuila; y,
• La platería que se encuentra en Guerrero y Michoacán, entre muchos otros dignos ejemplos que no acabaríamos de enumerar.
Como se puede apreciar, hay una gran riqueza en materia de artesanías con la que también cuenta nuestro país, pero vemos con tristeza que nuestros artesanos desafortunadamente no cuentan con todo nuestro apoyo y el debido respaldo a su actividad con la cual intentan modestamente subsistir.
No basta con promover su difusión en pequeños bazares, plazas o tianguis “culturales” o representativos de cada región. No es suficiente lo anterior ni mucho menos útil para tal fin. Necesitamos en primer lugar, dignificarlas no sólo dentro de nuestro territorio nacional sino también hacia todo el mundo, es preciso protegerlas, preservar su calidad y características exclusivas que corresponden a sus diseños, estilos, materiales y región; pero también a su historia propia y de las manos que las realizan.
Debemos resguardarlas de la competencia desleal que le representan imitaciones o falsificaciones baratas y vulgares, tanto de propios como también de extranjeros que ante el desentendimiento social y el desinterés gubernamental, la dejan en desventaja, desamparo y carentes de apoyos para hacerles frente.
Los mecanismos para tal fin existen y están disponibles desde hace mucho tiempo, otras naciones lo utilizan e incluso la nuestra de manera incipiente lo hace; quizás el problema por el que no se ha utilizado o aprovechado en beneficio de nuestros artesanos, es porque implica un gran esfuerzo gubernamental y de las autoridades en todos los niveles de gobierno, motivado por el amor a nuestro país y sus tradiciones; este instrumento ahí está y se llama declaración de Denominación de Origen.
En nuestro país, este instrumento data desde el año 1958, cuando se suscribió el Arreglo de Lisboa y se refería a la “protección de las denominaciones de origen y su registro internacional”. Conforme a este acuerdo internacional, los países firmantes (al inicio seis, pero hoy en la actualidad abarca a la mayoría) se comprometían firmemente a garantizar protección a los productos de otros países en su territorio que contaran con la referida denominación, para ello impidiendo que se produjeran o en su defecto se comercializaran como originales, productos “idénticos” o “parecidos”.
Como se mencionó anteriormente, si bien al inicio solo lo firmaron 6 países, en la actualidad el número de firmantes se elevó significativamente, en gran parte debido y gracias a la efectividad de este instrumento legal, no solo a nivel internacional sino también por los beneficios que le representaba para la nación, el producto y los productores que la ostentaban.
Sin embargo en nuestro caso, a pesar de contar con un sinnúmero de productos como las artesanías que en su gran mayoría y desde cada caso en particular, cumplen satisfactoriamente con todos los requisitos para obtener la certificación de la Denominación de Origen, desafortunadamente hasta el día de hoy sólo 11 productos nacionales la ostentan:
1. El tequila (Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato)
2. El mezcal (Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí)
3. El bacanora (Sonora)
4. El charanda (Michoacán)
5. El sotol (Chihuahua, Coahuila y Durango)
6. Las artesanías en talavera (Puebla y Tlaxcala)
7. Las artesanías en madera de Olinalá (Guerrero)
8. La joyería artesanal de ámbar (Chiapas)
9. El café de Veracruz.
10. El Mango ataulfo del Soconusco (Chiapas)
11. El café (Chiapas).
La oportunidad de proveer de protección legal a nuestros artesanos y todas nuestras artesanías, existe. La hemos utilizado pero no aprovechado y esa es función de las autoridades tanto locales como federales. A nivel federal se cuenta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad responsable de proteger la propiedad industrial dentro y hacia afuera de nuestro territorio, pero lamentablemente, no existe un mecanismo que le exija por obligatoriedad continuar por oficio con los trámites para obtener el beneficio de la denominación de origen para el caso específico de las artesanías, creando con ello un desdén hacia ese importante recurso legal que beneficiaría económicamente no solo a los productores, sino también a la región en comento, su zona conurbada y al país entero.
Desafortunadamente y a la par de lo anterior, existe un abismo enorme y profundo entre el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial y las autoridades locales (Gobiernos Estatales y Municipales) quienes además de las personas morales y las asociaciones de productores, están facultados para tramitar y solicitar el amparo de la denominación de origen para las artesanías de su región. Lo que en principio crea el desconocimiento de los artesanos que por generaciones han realizado sus espléndidas artesanías, de ese valioso recursos que sin duda alguna les beneficiaria.
Finalmente, podemos afirmar que las artesanías en México no sólo son arte popular o cultural, son mejor dicho historia viva de nuestros orígenes.
Los artesanos mexicanos y por ende las artesanías, han ido rompiendo la barrera del tiempo para subsistir a base del compromiso que provee la herencia cultural familiar, aferrándose a incipientes esfuerzos sociales y de gobierno por reconocerla, pero siempre carentes de lo necesario para verdaderamente apoyarla.
Poco a poco pero de manera profunda, la artesanía ha sido desvalorizada obligándola a dejar de ser lo que es y representar lo que simboliza, al grado de tener que dejar de usar ese nombre –artesanía- que aunque limitado, dignamente la expone para verse obligada a ser vista de reojo y vulgarmente regateada desde el rincón en que atrapada, se le llama despectivamente “recuerdito”.
La artesanía en nuestro país se ha desfigurado en su fondo para refugiarse únicamente en su forma, quedando ésta limitada únicamente a ser “un mermado intento de subsistencia” para nuestros artesanos mexicanos.
El fondo se ha perdido, pues éste radica principalmente es ser una representatividad de nuestra cultura que emerge del ingenio, la habilidad y la creatividad de las mentes y las manos artesanas mexicanas y además orgullosamente indígenas; que es heredada de generación en generación.
Asumamos el compromiso moral que nos corresponde y saldemos la deuda histórica que tenemos pendiente con nuestra cultura; rescatemos la artesanía de la desvalorización en la que se encuentra sumida y la indiferencia general de nosotros mismos, los mexicanos, y reposicionémosla en ese peldaño que la coloca como parte de nuestra orgullosa representatividad cultural que por derecho histórico le corresponde, incluso frente a los extranjeros.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los Estados, se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender las acciones necesarias a fin de realizar los trámites correspondientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para solicitar la declaración de protección de una denominación de origen para cada una las artesanías que se producen en su estado.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a realizar una campaña nacional permanente para difundir y facilitar el trámite de la solicitud de la declaración de denominación de origen para todas las artesanías representativas de los Estados, con la finalidad de protegerlas, preservar sus características únicas y los factores humanos en su realización; evitando imitaciones, falsificaciones, adulteraciones y la competencia desleal hacia los artesanos mexicanos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre del 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condecorar con la Orden del Águila Azteca a la señora Hillary Rodham Clinton por sus prominentes servicios en favor de México, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a condecorar con la Orden del Águila Azteca a la señora Hillary Rodham Clinton en reconocimiento a sus servicios prominentes en favor de la nación mexicana al tenor de las siguientes
Consideraciones
En apego a lo dispuesto por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el gobierno de México entrega desde 1936 la Orden Mexicana del Águila Azteca extranjeros que han prestado servicios prominentes a la Nación Mexicana o a la humanidad. Se trata de la máxima distinción que se otorga a aquellos extranjeros que, sin importar su actividad o ubicación geográfica, se han convertido en aliados de la nación mexicana y han luchado al lado de los mexicanos en la consecución de objetivos de la mayor relevancia para el país. Esta condecoración es entregada por el presidente de la República a partir del Consejo que para este efecto se constituye al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo con el artículo 40 de la citada ley. El consejo, de acuerdo con la ley de referencia, será presidido por el secretario de Relaciones Exteriores teniendo como vocales a los subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, y como secretario del consejo al director general que establezca el reglamento interior de la propia secretaría. La condecoración, establece este mismo marco legal, debe otorgarse principalmente durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional.
En la historia de los galardonados, destacan grandes personalidades del siglo XX quienes desde distintas disciplinas han servido de manera eminente al propósito de estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre México y el mundo. La lista incluye a políticos y jefes de estado como la reina Isabel del Reino Unido (1973), el ex presidente brasileño Lula da Silva (2007), la ex presidenta chilena Michelle Bachelet (2007), el ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela (2010), la reina Beatriz de Holanda (2009) y el ex senador estadounidense Edward Kennedy (2010). También incluye a intelectuales de la talla de Gabriel García Márquez (1982), Mario Vargas Llosa (2011), Álvaro Mutis (1989) y Fernando Savater (2003) así como grandes figuras del deporte, la cultura, las ciencias y las artes.
En este contexto, vale la pena reflexionar sobre la destacada trayectoria de la señora Hillary Clinton quien, en distintas etapas de su vida pública en los Estados Unidos, ha acumulado méritos de sobra para ser reconocida con una condecoración de esta naturaleza. La señora Clinton, recientemente galardonada en Los Ángeles con el premio Hermandad de la Mexican American Leadership Initiative (MALI) patrocinada por la US México Foundation, se ha distinguido por abogar activamente a favor de la integración y la cooperación entre ambos países. Desde sus años de litigante, profesora de derecho penal y luego como esposa del gobernador de Arkansas, la señora Clinton demostró un fuerte compromiso con las causas de los más desfavorecidos, entre ellos los niños y los migrantes. Como primera dama, fue una promotora incansable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y apadrinó distintas iniciativas de promoción de los derechos humanos y derechos de las mujeres en más de una veintena de países, entre ellos el nuestro.
Más tarde, durante su trabajo como senadora de los Estados Unidos la señora Clinton fue una gran defensora de los derechos de los migrantes y especialmente una impulsora decidida a favor de la reforma migratoria durante sus dos periodos legislativos. En 2007 fue uno de los principales negociadores de la reforma que ese mismo año buscó aprobarse en el Senado. Más tarde como secretaria de Estado puso énfasis en temas relativos al combate a la trata de personas, puso en marcha la Iniciativa Mundial para combatir el hambre y defender la seguridad alimentaria, y se convirtió en una aliada de México en la cooperación entre ambos países en el combate al crimen organizado.
Recientemente, en un evento en la Universidad del Sur de California, la señora Clinton urgió a una reforma migratoria al afirmar que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que hay que celebrar que la diversidad de ese país tiene en las comunidades de inmigrantes una de sus grandes fortalezas. En efecto, su trabajo se ha distinguido por apuntalar iniciativas a favor de la integración regional y la cooperación entre ambos países pero también por ser una voz crítica de la tradicional política exterior de Estados Unidos en relación con México. En distintas ocasiones, ha advertido que México es clave para Estados Unidos toda vez que tienen un futuro compartido y ha subrayado que los Estados Unidos aún no entienden el vital rol que juega nuestro país para el bienestar de sus ciudadanos y de la región entera.
Sin duda, el otorgamiento de esta condecoración no sólo honraría la vocación en favor de México de la señora Clinton sino que conformaría una acción simbólica de gran importancia para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos.
Por las consideraciones anteriormente mencionadas, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la posibilidad de condecorar con la Orden del Águila Azteca a la señora Hillary Rodham Clinton en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la nación mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre la violación del artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente por el titular del Ejecutivo federal respecto a la recategorización del parque nacional Nevado de Toluca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que desde el inicio de la política nacional de conservación en 1876 con el presidente Lerdo de Tejada hasta la pasada administración se habrían decretado 176 áreas naturales protegidas de las distintas categorías que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), dentro de las que se encuentran los Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Monumentos Naturales, Santuarios, entre otras.
Segunda. Que en la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río en el año de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de creación del Parque Nacional “Nevado de Toluca” sustentada en ese momento en las disposiciones de la Ley Forestal de 1926 que era el instrumento que regulaba lo que hoy denominamos categorías de áreas naturales protegidas.
Tercera. Que con la creación de la LGEEPA en 1987 y derivado de las distintas disposiciones internacionales sobre la materia de las áreas naturales protegidas se organizó la creación de este tipo de categorías de conservación, mismas que fueron revisadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 1994 así como su incorporación al Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU en la Cumbre de la Tierra en 1992.
Cuarta. Que con la reforma integral de la LGEEPA en 1996 se establecieron diversas disposiciones para ordenar todo lo referente a las áreas naturales protegidas, previendo un catálogo actualizado de dichas áreas en el cual prevaleció la categoría de Parques Nacionales.
Quinta. Que dentro de las disposiciones de dicha reforma y que continua vigente está lo señalado en el artículo 62 que a la letra dice: “Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva”. El espíritu del legislador al momento de redactar este artículo fue el de que prevalecieran las condiciones de conservación logradas hasta ese momento en materia de áreas protegidas, así como de todas aquellas que en fechas posteriores fueran declaradas ya que el objetivo de conservación quedaba claramente establecido en el artículo 45 de la LGEEPA. Por ello dispuso que una vez decretada un área protegida en el tiempo que fuera se salvaguardara sus disposiciones y que en los casos en que se modificara sólo fuera en su extensión o usos de suelo de acuerdo a su zonificación, pero no recategorizarla o eliminarla.
Sexta. Que sólo a partir de la reforma a LGEEPA de 1996, por mandato del Poder Legislativo, se previó por única ocasión en sus artículos transitorios que la autoridad ambiental “deberá determinar la categoría de área natural protegida que, conforme a lo dispuesto en este Decreto, corresponderá a las áreas o zonas que hayan sido establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, con la finalidad de cumplir alguno o algunos de los propósitos establecidos en el artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o cuya caracterización sea análoga o similar a la descripción de alguna de las áreas naturales protegidas de competencia federal previstas en el artículo 46 de dicho ordenamiento”
Séptima: Que también estableció en dichos artículos transitorios que “Tratándose de las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas protectoras forestales, zonas de restauración y propagación forestal y las zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes para el abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones, la Secretaría deberá realizar los estudios y análisis que sean necesarios para determinar si las condiciones que dieron lugar a su establecimiento no se han modificado y si los propósitos previstos en el instrumento mediante el cual se declaró su constitución, corresponde a los objetivos y características señalados en los artículos 45 y 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.”
Octava. Que con base en los dos considerandos anteriores la autoridad ambiental en años posteriores realizó la determinación de las nuevas categorías que corresponderían a los casos señalados.
Novena. Que la política conservacionista mexicana desde la disposición de la LGEEPA de que cada área protegida debería contar con un programa de manejo para garantizar su viabilidad y lograr el objetivo de la conservación solamente ha logrado que sólo 75 de ellas cuenten con dicho instrumento de gestión quedando en el limbo aún 101 de ellas muchas de las cuales fueron decretadas entre 1936 y el año 2000.
Décima. Que desde el año 2000 bajo el gobierno del Estado de México con Arturo Montiel Rojas se dio cuenta del interés por aprobar un proyecto en el Parque Nacional nevado de Toluca para crear un centro de esquí invernal que incluiría hotel de lujo, villa alpina, área comercial, fraccionamiento residencial con club de golf, canchas de tenis, centro cinegético, áreas deportivas y club hípico. Así mismo, en 2010 con el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto se practicó por primera vez con carácter oficial el snowboarding en el Nevado de Toluca sin que existiera una infraestructura mecánica como en los centros de esquí pero que era interés de jóvenes de altos estratos sociales desarrollar sus experiencias en este deporte, de ahí que diversas empresas han estado interesadas en desarrollar tal práctica en dicho espacio.
Décima primera. Que desde octubre de 2012 Cruz Roa Sánchez, secretario estatal del Medio Ambiente; Ignacio Pichardo Pagaza, coordinador del Programa para la Restauración y Manejo Sustentable del Nevado de Toluca y Luis Miguel Mandujano Álvarez, director del Parque Nacional presentaron un estudio de recategorización del parque en comento a José Alberto Ortiz Cruz, delegado mexiquense de la Semarnat, sin tomar en cuenta que la LGEEPA no dispone la figura de recategorización de cualquier área natural protegida, ni mucho menos su eliminación.
Décima segunda. Que el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, Juan José Guerra Abud, a pesar de haber sido diputado federal en la LXI Legislatura y con pleno conocimiento de la ley ambiental nacional, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2013 el “aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar el Decreto y cambiar la categoría del Área Natural Protegida Parque Nacional Nevado de Toluca ubicada en el Estado de México y decretada mediante publicación del 25 de enero de 1936”. A todas luces se evidencia de la intención de modificar el decreto del presidente Cárdenas del Río, pero no en los términos de la ley vigente en su artículo 62 ya que el fin fue cambiar la categoría vigente del parque, algo que no lo permite la LGEEPA.
Décima tercera. Que en contra de la disposición legal anteriormente señalada el titular del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de 2013 el “decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró parque nacional la montaña denominada ‘Nevado de Toluca’, que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937”, que a pesar de que dicho acto no está previsto por la LGEEPA por las razones multicitadas anteriormente.
Décima cuarta. Que tratar de abundar en el contenido del decreto señalado en el considerando anterior sería ocioso ya que las razones señaladas en dicho instrumento quedan sin efecto por tratarse de una violación flagrante a la LGEEPA en su artículo 62, ya que trata de justificar lo que en actos de omisión no realizaron las autoridades ambientales a lo largo de 76 años para la política conservacionista mexicano, permitiendo un supuesto deterioro de las condiciones naturales que dieron lugar al decreto original del parque nacional.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a dejar sin efectos el “decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró parque nacional la montaña denominada ‘Nevado de Toluca’, que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de 2013 por ser violatorio al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, iniciar las investigaciones correspondientes con la finalidad de identificar las razones por las que diversos servidores públicos iniciaron un procedimiento de recategorización del parque nacional Nevado de Toluca, a sabiendas de que es violatorio al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, en su caso, sancionar conforme a la legislación en la materia.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a proteger los decretos de todas las áreas naturales protegidas en el territorio nacional, en el ámbito de su jurisdicción; instruir que todas estas áreas cuenten con los programas de manejo que establece la LGEEPA, así como a publicar inmediatamente el programa especial de áreas naturales protegidas para que el país cuente con una auténtica política en la materia y se eviten actos como el que le obligaron a realizar en el caso del parque nacional Nevado de Toluca.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 2013.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California, al ayuntamiento de Ensenada y dependencias federales a revisar a fondo y, en su caso, abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo en los Valles Vinícolas de la Zona Norte de Ensenada, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, los presentes puntos de acuerdo al tenor de los siguientes.
Consideraciones
Si bien es función del ayuntamiento la formulación, ejecución, evaluación y actualización de los diferentes planes y programas municipales de desarrollo urbano, el hecho, referente a la modificación, realizada el 7 de noviembre del año en curso, de la normatividad que regula el desarrollo en el Valle de Guadalupe, por la Comisión de Gobernación y Legislación del honorable XX ayuntamiento constitucional de Ensenada, es que dicho procedimiento se ha visto empañado por la falta de consenso entre la sociedad civil y el gobierno municipal de dicho municipio.
Esta situación se contrapone a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California, el cual establece que los planes y programas de desarrollo urbano estatales o municipales se formularán y revisarán en consulta permanente con los organismos e instituciones representativas que integran la comunidad, de acuerdo a los procedimientos de participación establecidos en la Ley de Planeación del estado.
La autoridad municipal no ha esclarecido ante la sociedad los estudios técnicos utilizados para las modificaciones al uso de suelo en el Valle de Guadalupe y tampoco ha tomado en cuenta la participación de la sociedad civil para realizar dicho dictamen que, según se ha podido comprobar, se ha pronunciado en contra de las modificaciones de uso de suelo en dicha zona (de acuerdo a datos extraídos de la prensa regional).
La Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California, en su artículo 3 declara que “la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el estado tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural mediante el fomento de ciudades con dimensiones adecuadas a las características regionales, a fin de evitar que por su desproporción produzca impactos económicos negativos y grave deterioro social y humano. Asimismo, se fomentará la participación ciudadana en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos.
Ante esto, se argumenta el impacto negativo que la modificación del uso de suelo en el Valle de Guadalupe tendrá con respecto a la industria vitivinícola, la cual produce el 90 por ciento del mercado nacional correspondiente a ese sector.
Cabe destacar que, el 28 de octubre de 2013, se “comentó que aún están llamando a consultas públicas para la modificación al denominado Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio, que aunque no se realicen, dan pie a que dicha modificación se apruebe en cabildo, a través de asuntos generales.
Además se asegura que la Ley de Desarrollo Urbano del estado indica que este tipo de cambios deben llevarse a cabo en los primeros seis meses de la administración municipal y no al final 1 .
De acuerdo al 10 de esta ley, corresponde al Ejecutivo del estado, elaborar, aprobar, publicar, ejecutar y revisar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, promoviendo, encauzando y garantizando la participación de los diversos grupos sociales, organizaciones e instituciones representativas.
Importancia turística
La actividad turística se ha renovado en el ámbito mundial, dando lugar a un nuevo tipo de turismo llamado “alternativo” que se contrapone al tradicional. En esta evolución de la industria turística se ubican el turismo rural, cultural, agroturismo y el enoturismo2 , siendo este último el que nos ocupa en esta disertación debido a la importancia que significa tanto económica como culturalmente, para el municipio de Ensenada.
El tema que nos atañe es delicado y puede ser dividido en dos vertientes:
1. Económica y turística. La región vitivinícola del noreste mexicano genera el 90 por ciento de la producción de vino en el territorio mexicano, situación que ha sido aprovechada por los productores de dicho sector para crear una ruta turística que incorpora aspectos culturales, sociales y ambientales. Ejemplo de esto es la organización de las fiestas de la vendimia, que se viene realizando desde 1991 ininterrumpidamente. Si bien en los últimos tres años ha generado ingresos relativamente bajos por concepto de pago de permisos para la organización de dicho evento (296 mil pesos en promedio), es un hecho que la celebración de la cosecha de la uva beneficia a la comunidad, pues la afluencia de turistas le significa ganancias a hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, artistas, meseros, promotores culturales, artesanos, chefs, guías de turismo, transportistas y jornaleros de Ensenada y de los valles de Guadalupe y San Antonio de las Minas, lo que se traduce en circulante que beneficia a la población en general.
La afectación del cambio de uso de suelo en el Valle de Guadalupe podría impactar negativamente en la producción vitivinícola de la región, causando un efecto dominó referente a la captación del turismo nacional e internacional, afectando los ingresos económicos que benefician a la población involucrada.
En este sentido, el artículo 103 de Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California considera como espacio susceptible de ser conservado a aquellos dedicados en forma habitual y adecuada a las actividades agropecuarias.
Impacto en el servicio de agua potable y otros servicios públicos básicos
El abasto de agua potable en la zona norte municipio de Ensenada cubre menos del 65 por ciento de las necesidades de sus habitantes, aunado a la gran demanda del vital líquido por parte de las casas vinícolas.
Con las modificaciones aprobadas por el ayuntamiento de Ensenada se permite la construcción de más viviendas por cada hectárea, lo que impactará en la distribución de agua potable, aumentando la posibilidad de enfrentar graves problemas de desabasto. Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del ayuntamiento de Ensenada desoyeron incluso lo expuesto por el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Alfredo Salazar Juárez, quien refiere que este organismo no estaría en condiciones de dar un dictamen de viabilidad para nuevos desarrollos3 .
Asimismo, la mencionada zona vitivinícola carece de áreas de esparcimiento cultural y deportivo, planteles educativos, servicio de alcantarillado y drenaje pluvial, alumbrado público y vialidades, que puedan soportar desarrollos habitacionales y complejos turísticos de gran magnitud que afecten el entorno sustentable y el crecimiento ordenado del Valle de Guadalupe.
Es por lo expuesto que, dadas las condiciones en las cuales se aprobó la modificación del reglamento que altera los usos de suelo del Valle de Guadalupe, en el municipio de Ensenada, Baja California, en detrimento de la actividad económica, social y de sustentabilidad, el Partido Verde preocupado por garantizar que las acciones que implanta el gobierno a favor de la ciudadanía, cumplen con las condiciones adecuadas para un desarrollo equilibrado, por lo cual de conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al cabildo del honorable XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que tomando en cuenta las afectaciones derivadas de la modificación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano de la zona norte de los valles vitivinícolas abroguen dicho mandato.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo de Baja California para que realice las acciones necesarias para aclarar el procedimiento aprobatorio por parte del ayuntamiento de Ensenada, y de ser necesario, aplique el artículo 80 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California, el cual permite la modificación o cancelación del plan o programa de ordenamiento urbano.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y las dependencias federales relacionadas con el ramo de la vivienda autorizadas a otorgar créditos y dictaminar técnicamente desarrollos habitacionales (Infonavit y Fovissste) para que en el ámbito de sus atribuciones que les permiten las leyes federales revisen a fondo el Proyecto Sectorial de Desarrollo Urbano –turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Baja California y tomando en cuenta las posibles afectaciones al Valle de Guadalupe analicen a fondo la propuesta.
Notas
1 http://www.inforural.com.mx/spip.php?article133614
2 El enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona.
3 Proyecto inmobiliario amenaza viñedos de Guadalupe http://www.jornada.unam.mx/2013/10/19/estados/027n1est
Documentos revisados
http://www.fronteraensenada.info/EdicionEnLinea/Notas/No ticias/09092013/751142-Poca-recaudacion-por-Fiestas-de-la-Vendimia.html
http://www.zetatijuana.com/html/Edicion1902/Reportajez_U n_respiro_para_el_turismo.html
http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pd f18/articulo8.pdf
http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/ensenada-se-s eca/
http://www.sinembargo.mx/11-11-2013/811626
http://www.transparenciabc.gob.mx/wps/wcm/resources/file /ebcd7d0690fcd4e/ley_desarrollo_urbano.pdf
Adriana Morales. Armando Reyes (PT) pide consulta en Ruta del Vino. Periódico El Mexicano, Ensenada, BC, 9 de noviembre de 2013, página 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Antonio Hurtado Gallegos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de las múltiples irregularidades que existían en el uso y operación de las Grúas del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal en 2006, puso en marcha un programa de modernización de estos vehículos que consistiría principalmente en equipar con una cámara de video las grúas que transitaban por toda la Ciudad de México, a fin de grabar todos los procesos de arrastre, eliminando los abusos cometidos por los operadores.
Con esta disposición se lograría inhibir los actos de corrupción entre los propietarios de los vehículos y los operadores de las grúas; además de que los primeros tendrían acceso directo a la grabación por internet. Sin embargo no se cumple.
Las sanciones más comunes para los conductores que violan el reglamento vial de la Ciudad de México es el traslado de sus vehículos a uno de los 37 depósitos vehiculares con los que cuenta la Secretaría de Transporte y Vialidad.
Algunas delegaciones como Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo se encuentran entre las principales demarcaciones donde día con día miles de vehículos particulares son arrastrados a los diferentes corralones de la ciudad.
Sin embargo, aún no nos ha sido posible identificar cuáles son los criterios utilizados por los policías de tránsito para remolcar o no a un automóvil.
La discrecionalidad con la que actúan miles de policías para colocar la araña, remitir al corralón o imponer una multa de transito se modifica constantemente, según la consideración del policía a cargo.
De esta manera el Reglamento de Tránsito Metropolitano nunca es aplicado cabalmente por la autoridad competente. Miles de ciudadanos inconformes pasan horas tratando de comprobar que su sanción no ameritaba corralón, sin embargo, nunca son escuchados. La única manera de recuperar su vehículo es a través del pago de su multa, la cual oscila entre los 800 y mil pesos.
Sin embargo, estos no son los únicos abusos que se cometen durante los arrastre de los vehículos, se conocen casos de niños recién nacidos y de personas de la tercera edad que han sido trasladados a los depósitos dentro de los vehículos por la irresponsabilidad de los policías.
Pareciera que el arrastre de los vehículos de la Ciudad de México a los depósitos vehiculares se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el Gobierno del Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio.
Ejemplo de ello es que en el periodo de 2009 a 2012 se recaudaron más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito.
Sin embargo, aún no se tiene claro a donde van a parar esos ingresos, y cuál es el porcentaje que reciben las empresas concesionadas por prestar el servicio.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hace un enérgico exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que implemente exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito que permitan mejorar el servicio de grúas en la ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, a que en el marco de sus facultades implemente políticas de regularización a los policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública, que permita inhibir prácticas irregulares en la aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento de Transito Metropolitano.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que en un plazo no mayor a 30 días, implemente exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad en la aplicación del Reglamento de Transito Metropolitano.
Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en un plazo no mayor a 30 días haga pública la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de noviembre de 2013.
Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de prevención y fumigación del vector transmisor para erradicar del país la enfermedad de Chagas, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica provocada por el parásito tripanosoma cruzi , el cual es transmitido por la picadura de un insecto llamado triatoma barberi y por el triatoma dimidiata , mejor conocidas como chinches hociconas. El nombre de la enfermedad lo recibe del médico brasileño, Carlos Chagas, quien descubrió la enfermedad, su agente causal y su transmisor.
La enfermedad de Chagas afecta a la población más pobre, sobre todo en entidades del país como Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ya que las chinches que transmiten el parásito se encuentran en lugares insalubres, escondidas en techos de palma y muros de adobe y madera.
La transmisión se da principalmente en zonas rurales, donde existen precarias condiciones socioeconómicas, mientras el vector convive con los habitantes humanos.
Los síntomas más comunes son: fatiga, fiebre, vientre hinchado y miocardiopatias o inflamación del corazón. En los niños suele aparecer el signo de Romaña, una inflamación en los parpados de los ojos que es signo común del mal de Chagas. En la etapa avanzada de la enfermedad suelen presentarse alteraciones de colon, esófago, corazón y puede llegar a ocasionar muerte súbita en personas que aparentaban buena salud.
Los datos de la enfermedad a nivel mundial, continental y nacional son inciertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2007 se estimaban que 10 millones de personas estaban infectadas, además de causar 15 mil muertes al año en Latinoamérica.
En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró un millón 600 mil mexicanos infectados con este mal, con una incidencia anual de 44 mil casos nuevos. En 2011, tan sólo en Chiapas, se detectaron 62 casos de Chagas.
En los estudios que se realizan en el banco de sangre del Hospital General de la Ciudad de México se calcula que la prevalencia del Chagas es de 0.5 al 2.8 por ciento; motivo por el cual, a raíz de transfusiones de sangre, el Chagas se transmite a regiones que no son endémicas.
En marzo de 2012, el médico Jorge Martín, coordinador general de la iniciativa de Médicos Sin Fronteras en este país, hizo pública su preocupación por la falta de un programa específico de combate al Chagas en México, y por la ausencia de medicamentos para la enfermedad en el cuadro básico de salud.
La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, tiene por objetivo establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector.
En tal sentido, es urgente realizar campañas públicas de salud que tengan por objeto prevenir estas enfermedades en las zonas endémicas y que se garantice el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud donde exista mayor incidencia de la enfermedad.
El Estado mexicano debe redoblar esfuerzos contra esta enfermedad que afecta terriblemente a los más pobres, puesto que el factor endémico se da en zonas marginadas, con personas que viven en casas con pisos de tierra o expuestos a la intemperie.
Por lo general, la problemática se presenta de manera concatenada: en primer lugar, las personas desconocen que las chinches pueden transmitir parásitos mortales; adicionalmente, existe en estas zonas de alta marginación, la dificultad de atenderse en un centro de salud y que éste cuente con médicos capacitados para diagnosticar la enfermedad y por último, se presenta la problemática de conseguir los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad.
Por estas razones, el objetivo de este punto de acuerdo es promover la creación y realización de campañas de prevención de la enfermedad, fumigación de los insectos transmisores del parásito, detección temprana de la enfermedad y atención oportuna, con medicamentos suficientes para la ciudadanía. Todo con el objetivo de erradicar la enfermedad de Chagas de México.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera muy respetuosa a la Secretaría de Salud para que con el propósito de erradicar la enfermedad de Chagas del país, se realicen campañas de prevención, fumigación del vector transmisor, atención temprana de la enfermedad, y dotación de medicamentos en las zonas endémicas de propagación de dicha enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Dipurtado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE a atender la problemática de la comercialización de maíz y otros granos alimenticios y pecuarios, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
Noé Barrueta Barón, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, para que se atienda de manera inmediata la problemática de la comercialización de maíz y otros granos alimenticios y pecuarios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, en su informe anual del 2012 sobre políticas agrícolas que contempló 47 países, incluidos México, se señala que nuestro país pasó a ser importador agroalimentario (La Jornada, jueves 19 de septiembre del 2013, informe anual 2012 OCDE y http://www.jornada.unam.mx/2013/09/19/economia/030n1eco).
Dicho informe establece que los subsidios a la agricultura se incrementaron a nivel mundial; sin embargo, en México bajaron de 12.8 a 12.3 por ciento respecto a nuestros ingresos agrícolas y pasamos a ocupar el noveno lugar entre los países que menos apoyos otorgan a sus agricultores. En contraste, países como Noruega, Suiza, Japón y Corea canalizaron apoyos del 53 al 63 por ciento de sus ingresos agrícolas. Se menciona también que México redujo en más de la mitad los subsidios agrícolas al pasar del 28 % del periodo 1991-93 a tan sólo el 13 % del periodo 2010-12, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE que es del 19 por ciento. Esto sucedió a partir de las reformas que dieron entrada al Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En México se consumen 29.7 millones de toneladas de maíz en total, e importamos cerca de 9.3 millones para este 2013. Producimos 21 millones de toneladas de maíz principalmente blanco, de los cuales se destinan a consumo humanos cerca de 12.5 millones de toneladas, mismas que se suman a las importaciones de 9.3 millones de toneladas de maíz, principalmente amarillo, para cubrir la demanda de la industria aceitera y forrajera, entre otras. (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/10/30/, http://viaorganica.org/produccion-de-maiz-en-mexico-y-el-mundo-2/, http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle).
Estima el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) que México tendrá un inventario final de maíz (reserva de grano) de aproximadamente 1.9 millones de toneladas al final del 2013 (http://ntrzacatecas.com/2012/11/21/pronostica-sagarpa). Estas existencias en almacén representan el 78 por ciento del consumo mensual nacional, por lo que se consumiría en tan sólo 24 días, de no haber una mayor producción nacional.
Esta fragilidad en el abasto del producto más importante en la alimentación de los mexicanos obliga al estado a diseñar políticas de seguridad alimentaria, evitar acciones especulativas, fortalecer la red de abasto social (Diconsa) incrementar la productividad interna de los productores de maíz y fortalecer los presupuestos orientados al sector agropecuario para promover la capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, infraestructura agrícola y comercial, así como acciones de planeación productiva de carácter nacional.
Hoy, a un año de que esta Legislatura aprobó un punto de acuerdo el 27 de septiembre del 2012 para que las autoridades competentes del Ejecutivo pusieran atención a los graves problemas de comercialización de la cosecha primavera verano 2012, observamos cómo caso crónico el mismo problema para la cosecha de maíz del 2013.
Se requiere impulsar políticas públicas que aseguren la colocación de la producción nacional de maíz en el mercado interno antes de autorizar importaciones de terceros países con los que México no tiene tratados de libre comercio como sucedió en el 2012.
Es necesario canalizar un mayor porcentaje de nuestros ingresos agrícolas al fortalecimiento de nuestro sector agroalimentario nacional y mantener dichas inversiones por arriba del promedio de los países de la OCDE son del 19 por ciento, a fin de hacerlo más competitivo, mejorando las condiciones de de competencia de nuestros productores, asegurando la producción de los alimentos básicos de la población y garantizando la seguridad alimentaria nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y al secretario de Economía a dar atención inmediata a la problemática de la comercialización de maíz blanco y otros granos alimenticios y pecuarios nacionales alimenticios y pecuarios nacionales.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y al secretario de Economía para que se suspenda el decreto del 2008 que permite la importación de maíz blanco y otros granos de países con los que no se tienen suscritos tratados de libre comercio o en su defecto que se apliquen aranceles a las importaciones de dichos países a fin de proteger el ingreso económico de los agricultores de este país y la planta productiva agrícola nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre del 2012.
Diputado Noé Barrueta Barón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Congreso y a la CDH de Guanajuato a realizar acciones para prevenir, detener y atender tanto la violencia contra las mujeres como los feminicidios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
Ante los graves acontecimientos de violencia en contra de las mujeres, que siguen siendo el pan de cada día en Guanajuato, han quedado de manifiesto en la opinión pública el hartazgo y el repudio social por la misoginia y el cotidiano desprecio institucional por la vida de las mujeres que ahí prevalece.
La actuación de las autoridades ante la denuncia de hechos por violación presentada por Ana Karen, ya no nos sorprende, es uno más de la creciente lista de casos que dan cuenta de la violencia feminicida en esa entidad, situación ante la que nos declaramos en alerta ciudadana, pues en Guanajuato las mujeres víctimas de violencia han sido despojadas de sus derechos y sólo reciben la rudeza de un indignante desamparo institucional.
Ana Karen, una joven de 17 años, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, fue víctima de privación ilegal de la libertad y de una violación multitudinaria el pasado 21 de octubre, y una vez más las autoridades actuaron erráticamente, no sólo violentando el derecho de Karen de acceso a la Justicia sino colocándola en una situación de extrema vulnerabilidad que pone en riesgo su vida, al desestimar su denuncia por violación multitudinaria, bajo el prejuicioso argumento de que no había opuesto resistencia.
Reprochamos la irresponsable actuación de la encargada de la Unidad de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González, quien al igual que sus colegas en casos anteriores, incumplió las obligaciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y no expidió ni ejecuto ninguna orden de protección, ni garantizó la integridad física de Karen, tampoco garantizó de manera expedita su acceso a la justicia plena; mucho menos aplicó un protocolo especializado con perspectiva de género, la funcionaria hizo justamente lo contrario, re victimizó, humillo y discriminó a Ana Karen.
Al parecer, el gobierno de Guanajuato no acaba de entender, que es su responsabilidad garantizar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres, que le corresponde tomar las medidas necesarias para eliminar la violencia y discriminación en contra de las mujeres y que es a él quien debe generar condiciones que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias.
Demandamos un alto a la violencia feminicida y a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, pues aquellas que por suerte logran sobrevivir, además de soportar la indignación de los terribles actos de violencia sexual en su contra, han tenido que enfrentarse a los prejuicios, los malos tratos, la insensibilidad y la discriminación de las autoridades.
Cristina Torres, Juana Meza, Jessica González y una larga lista de víctimas de feminicidio; Laura Patricia quien en tres ocasiones previas a su asesinato, había denunciado la violencia en su contra ante el Ministerio Púbico, y ahora el caso de Ana Karen, son muestra suficiente para denunciar que las mujeres de Guanajuato están en riesgo, porque ahí prevalece la discriminación y la violencia institucional, día a día la impunidad gana terreno y con ello la descomposición social que hace permisiva y normaliza la violencia contra las mujeres, mientras la autoridad sigue inerte.
La ceguera del gobierno y sus cifras maquilladas han generado consecuencia fatales para las mujeres, tal como lo demuestra la organización de la sociedad civil Las Libres, que ha documentado el incremento de la violencia feminicida, como lo reflejan sus registros, que señalan que en 2006 sumaban 33 y hoy en día al 17 de octubre de este año ya suman 60 feminicidios.
La irresponsabilidad de las autoridades ante estos hechos es insostenible, las graves omisiones en el tratamiento de los delitos de violencia sexual y los feminicidios; así como el incumplimiento de su obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, son elementos suficientes para prever que podríamos estar ante un caso similar al conocido como “Campo Algodonero”, cuya sentencia de 2009 condenó al Estado mexicano culpable por no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas y, en la que recomienda que se investigue a los funcionarios que han cometido irregularidades; que se estandaricen los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con violencia sexual y homicidio de mujeres con perspectiva de género y que se capacite permanentemente a los funcionarios en derechos humanos con perspectiva de género.
Por ello recordamos a las autoridades de Guanajuato que también tiene obligación de cumplir los compromisos contraídas por el Estado mexicano al ratificar las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), pues resulta preocupante que los niveles de violencia, sobretodo la violencia institucional en contra de las mujeres indican que en Guanajuato hacen caso omiso de los instrumentos internacionales de derechos humanos y dicha omisión debe ser sancionada.
Consideramos también que las instituciones de derechos humanos deben investigar oficiosamente lo que está sucediendo, nos parece un abuso de autoridad que las y los funcionarios responsables de la investigación de los delitos, suplan la perspectiva de género y derechos humanos, por una serie de prejuicios y criterios discriminatorios, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres.
Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas y exigimos un alto a la violencia en contra de las mujeres y a la impunidad, tanto de los agresores como de las y los funcionarios responsables de ello. El gobierno de Guanajuato está en deuda con las mujeres, las niñas, las jóvenes, las madres, las abuelas, que están esperando salvar sus vidas.
Por todo lo anterior someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a detener la violencia institucional e instruir a los funcionarios responsables de la administración y procuración de justicia para que cumplan con las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y apliquen protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos, en los caos de violencia en contra las mujeres y en la investigación de los feminicidios.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a iniciar de oficio las investigaciones por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y feminicida.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado a reinstalar la mesa de trabajo interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil para definir acciones urgentes que pongan alto y prevengan a la violencia feminicida.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los abusos y las irregularidades en la prestación de servicios por los depósitos de vehículos en todo el país, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actos de corrupción, robo de autopartes, chantaje, extorsión, entre otros, son delitos que se esconden detrás de la operación de un número importante de depósitos de vehículos que se encentran a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Ante este panorama es que surge la imperiosa necesidad de regular las actividades que estos lugares vienen desempeñando debido a la gravedad de los abusos que el personal de los mismos comete en perjuicio de la ciudadanía.
Obligar a los concesionarios de estos lugares a respetar una tarifa, garantizar el cuidado de los vehículos, la devolución de los bienes inmuebles en el mismo estado en el que ingresaron a los mismos, y en su defecto responder por los posibles daños ocasionados a los automóviles, son apenas las condiciones mínimas que en la prestación de sus servicios deben avalar.
Lo cierto es que los daños, pérdida, destrucción o disposición indebida de los vehículos, así como la omisión de llevar un estricto control sobre la entrada y salida de los autos, es una conducta, por decir lo menos, tolerada por las autoridades a todos los niveles de gobierno.
En algunos casos se ha llegado incluso a hablar de que es una red de delincuentes los que operan este tipo de lugares en la que podrían estar involucrados personal de empresas aseguradoras, policías y servidores públicos.
Actualmente se ha puesto en el centro del debate el atropello del que están siendo objeto nuestros paisanos en el estado de Guerrero, pues a la fecha se han documentado un total de 61 quejas en la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Acapulco por cobros excesivos en los servicios de auxilio realizados durante la contingencia por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
Pues los corralones y los predios habilitados para el resguardo de vehículos de turistas y lugareños damnificados para la devolución de poco más de mil vehículos, están exigiendo un pago hasta por 22 mil 500 pesos por cada uno de estos.
Prácticamente en toda la geografía nacional se presentan abusos y quejas formuladas por los ciudadanos con motivo de la total impunidad con la que operan esos depósitos, y a la brutal indiferencia con la que las autoridades competentes en esta materia han tolerado que vulnere flagrantemente, total o parcialmente el patrimonio de los ciudadanos.
Se debe investigar y afrontar las responsabilidades que se deriven con motivo de la subrogación de este tipo de servicios a particulares por parte de la autoridad local y federal.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el marco de sus competencias investigue los abusos y arbitrariedad con la que operan los depósitos de vehículos en el territorio nacional.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrero para que en el marco de sus competencias investigue los abusos y arbitrariedad con la que operan los depósitos de vehículos en su demarcación.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que reglamente en relación con la prestación de servicios a cargo de los depósitos de vehículos en atención a la impunidad con la que actualmente operan estos lugares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se pague a los jubilados del IMSS el monto completo de su prima de antigüedad con base en los fondos de la “cuenta secreta”, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
¿Los integrantes del Congreso de la Unión y el pueblo de México, se podrían siquiera imaginar una cuenta secreta multimillonaria en el quebrado IMSS?
Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social han denunciado algo inconcebible, la existencia en el IMSS de una “cuenta secreta”, absolutamente ilegal y, que se ha manejado con total turbiedad. Estamos hablando de aproximadamente 400 mil millones de pesos que aplican a su antojo los directores generales del IMSS y presidentes de la república en turno.
Esto, mientras cada año, los funcionarios del Seguro Social, recorren los pasillos de la Cámara de Diputados, para pedir la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de unos 3 mil millones para sostener el funcionamiento del IMSS en niveles de sobrevivencia. Es decir, como lo hemos sostenido, la supuesta quiebra del IMSS, es sólo una simulación para abrir de par en par las puertas hacia la privatización, la corrupción desenfrenada y la violación general de los derechos de sus trabajadores en activo y de sus jubilados y pensionados.
Pero es aún más condenable esta situación, si tomamos en cuenta, que esta “cuenta secreta”, se ha formado a través de los años, con los montos que les han sido arrebatados a los trabajadores del IMSS al momento de jubilarse (más sus rendimientos), al reducir su prima de antigüedad de 50 a 12 días de salario por año de servicios.
Tomemos en cuenta, que en el marco de la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS que se remonta al año de 1970, se estableció una cláusula tercera transitoria, que les otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio, para los casos de jubilación, reajuste, indemnización, incapacidad, y muerte de los trabajadores de este Instituto.
Sin embargo, en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 bis, por virtud de la cual se reducía la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año, en franco desconocimiento de los derechos adquiridos de parte de los trabajadores.
En tal virtud, todos los trabajadores que se han jubilado a partir de esta fecha, sólo han recibido 12 días por año por pago de la prima de antigüedad, por lo que el IMSS les deben 38 días de prima de antigüedad por año, más los rendimientos. Todo esto representa cantidades millonarias con las que se formó la denominada “cuenta secreta”. De la cual según la denuncia de los jubilados y pensionados han tomado dinero a manos llenas, sin control y rendición de cuentas, los directores generales en turno del Instituto, los líderes venales, y el Presidente de la República.
“Cuenta secreta”, que en la actualidad se ha integrado como una sección del Fondo de Pensiones del Instituto, para disimular su existencia, y permitir que continúe su derroche discrecional. Mientras que a los trabajadores se les sigue negando el pago completo de su prima de antigüedad, en franco desconocimiento de sus derechos humanos en materia laboral y de seguridad social.
La lucha por este justo pago, la ha sostenido la organización, denominada “Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI”, con integrantes en todo México, los cuales señalan que el IMSS a la fecha, pese a múltiples trámites prolongados a lo largo de los años no les ha dado solución a esta problemática.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que inicie las investigaciones que procedan sobre la llamada “cuenta secreta”, para el legal deslinde de responsabilidades, incluidas las de carácter penal; y con sus fondos se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la Cláusula 59 bis en el contrato colectivo de trabajo. Al efecto, a la brevedad constituya una mesa de diálogo con los trabajadores jubilados y pensionados que integran a la “Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI”.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan a practicar una auditoría sobre la llamada “cuenta secreta”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Lorena Méndez Denis, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad, el país es afectado por una pandemia, que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas: los feminicidios, el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujer.
Pese a que no hay cifras del todo confiables (pues hasta hace muy poco tiempo no se encontraba tipificado en ningún estado del país este delito), organismos independientes han señalado que desde 1985 hasta 2012, han sido asesinadas cerca de 36 mil 500 mujeres. De igual forma, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Inegi, más de 34 mil mujeres han sido víctimas de homicidios en los últimos 25 años.
Las asesinadas son predominantemente jóvenes de entre 20 y 40 años, que en su mayoría realizan trabajos con salarios bajos en empresas maquiladoras, como en Ciudad Juárez, o que trabajan en la economía informal, como en el estado de México.
Activistas, luchadores sociales y familiares de las víctimas acuñaron el término feminicidio para resaltar el carácter específico de estos crueles crímenes, pues designa los asesinatos de mujeres cometidos por hombres únicamente por razón de su sexo; convirtiéndose en expresiones de menosprecio u odio extremo hacia las mujeres.
Prueba de este odio se encuentra en la manera en que son cometidos estos crímenes, pues tratar al cuerpo femenino como un objeto, el cual es abusado sexualmente, torturado, destruido y tirado como deshecho, se convierte en la forma más baja de demostrar esta postura.
Un elemento sumamente preocupante en el desarrollo de este problema es la impunidad con que se comete esta clase de homicidios. Dicha impunidad se convierte en un aliciente para los criminales y ponen de manifiesto serios déficits institucionales, así como lo irregular de las investigaciones policiacas en México.
Según datos del Inmujeres, 85 por ciento de los casos denunciados de violencia contra las mujeres queda impune. En 69 por ciento de los asesinatos cometidos contra mujeres en el periodo 2006-2009, las autoridades desconocen el motivo de los crímenes, así como, en 51 por ciento de los casos, a sus autores.
Un caso paradigmático ocurrió cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juzgó al Estado mexicano en diciembre de 2009 por violaciones graves de los derechos humanos. La Corte declaró culpable al gobierno por no garantizar la “vida, integridad y libertad, así como por discriminar y dejar impunes los crímenes “de tres mujeres que fueron torturadas, violadas y asesinadas en 2001 y cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
Esta sentencia condena la negligencia de las autoridades locales; obliga al Estado a asumir su responsabilidad; a pedir perdón; a crear un protocolo para la investigación de estos casos; a indemnizar a los familiares; a retirar a los funcionarios que no actuaron conforme a sus obligaciones; abrir nuevas líneas de investigación; y a condenar a los responsables de los asesinatos.
De las 15 disposiciones por cumplir, oficialmente, sólo 1 está terminada.
En la mayor parte de la población se encuentra arraigada de manera profunda la idea de que estos crímenes de género corresponden en su mayor parte a asesinatos de mujeres por parte de su pareja. Sin embargo, esta concepción no es precisa, pues la evidencia estadística muestra que la mayoría de estas muertes violentas femeninas ocurren fuera del ambiente doméstico: menos del 30 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio tuvieron lugar en la vivienda.
Por ello resulta necesario trascender el enfoque de violencia familiar, pues las mujeres son asesinadas en su mayoría en otros contextos.
Frente a este trasfondo social y político, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas y los parientes de las víctimas pretenden hacer visible la violencia contra las mujeres, romper la cultura del silencio y el clima de tolerancia para exigir instrumentos legales que hagan posible una vida libre de violencia para las mujeres.
Resulta irónico y a la vez indignante que en la Constitución mexicana esté inscrita la prohibición de la discriminación específica de género, que el país haya firmado numerosos acuerdos internacionales frente a la violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo, tan sólo entre 2000 y 2006 México ha recibido 140 recomendaciones de organismos internacionales en relación a los derechos humanos de las mujeres; la mayoría de ellas se refiere a los déficits en el aparato de judicial y de impartición de justicia.
Pese a todo, los incansables esfuerzos de quienes luchan contra los crímenes de género han obtenido algunos resultados. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, menciona por primera vez el concepto violencia feminicida.
Dicha ley prevé, en caso de “alerta de violencia de género”, la implantación de medidas estatales específicas. Sin embargo, las solicitudes hechas desde 2008, para que se active el mecanismo de alerta de género en tres entidades (Oaxaca, Guanajuato y el estado de México) fueron rechazadas, una vez más el Estado mexicano no ha cumplido sus obligaciones.
La franja fronteriza en general, Ciudad Juárez en particular, y el estado de México son casos emblemáticos, pero no aislados. Desafortunadamente, se reproducen con velocidad en otras entidades de la república. Apenas en 2007, 20 por ciento de los municipios en México estaba libre de feminicidios; ahora, apenas 10 por ciento.
En Tabasco, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1985 y 2009 muestra grandes variaciones, con niveles inferiores al promedio nacional. Sin embargo, la tendencia es al alza, el estado ha pasado del lugar 28 al 16 en el país.
Hasta julio del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco tenía registrados 11 feminicidios en 2013, mientras que en todo 2012 se registraron 14 casos. En menos de una semana, del 22 al 26 de julio, tres mujeres fueron víctimas de este crimen. Las hermanas Diana Paola y María del Rosario, de 10 y 14 años, que fueron ultimadas en Cunduacán, así como Mercedes Pérez Córdova, de 27 años, en Cárdenas, casos que han suscitado la indignación de la sociedad tabasqueña.
Los diferentes órdenes de gobierno deben erradicar la impunidad y admitir su responsabilidad, desarrollar propuestas jurídicas contra los feminicidios, así como generar y poner a disposición la información sobre la desaparición de mujeres.
Por lo expuesto presento a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a declarar por la Secretaría de Gobernación la alerta de violencia de género en Tabasco y tomar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputada Lorena Méndez Denis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se adopten acciones para que no se repitan hechos como la muerte del jornalero agrícola José Sánchez Carrasco, quien falleció sin ser atendido por los médicos del hospital de Guaymas, Sonora, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Los artículos 1o., 4o. y 123 constitucionales reprueban con dureza el crimen que se aborda en el presente.
El valor de la vida humana en nuestro país, ha sido reducido a tal nivel, sobre toda la vida de los más pobres, que suceden casos inauditos, como el de un humilde indígena y jornalero agrícola de nombre José Sánchez Carrasco, a quien en un acto criminal e inhumano le fue negada la atención médica, sólo por ser pobre. Por no estar afiliado a algún sistema de salud ni tener dinero para pagar su atención médica. Llegó pidiendo ayuda por una lesión en la espalda y deshidratación severa. Era originario de Guachochi, pero criado en Casas Grandes, Chihuahua, y tenía apenas 38 años de edad.
De manera que personas, que se dicen trabajadores sociales y médicos, lo dejaron agonizando por 5 días debajo de un árbol, sin ofrecerle atención alguna, quizás a algún animal le hubieran dado más atención. Es evidente que estamos no sólo ante un acto que agrede los más básicos valores sociales, sino ante un acto delictivo, que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
Es evidente, que siendo José Sánchez, jornalero agrícola, tenía derecho a estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que estamos frente a un claro incumplimiento patronal, y a una omisión gravísima de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por otra parte, hecho tan detestable, no sólo debe llevar a cuestionar el Sistema Nacional de Salud, sino la formación ética de los médicos, enfermeras y trabajadores sociales en el país.
Cuyos profesionales tienen en sus manos la vida de los mexicanos. Y para muchos de los cuales, el juramento de Hipócrates es algo sin valor.
Pero además, no es la primera vez que suceden hechos tan graves para los cuales ya no existen palabras adecuadas en el diccionario, apenas el 3 de octubre pasado, igualmente se negó la atención médica a la indígena mazateca Irma Lozano Aurelio en una clínica de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, por lo que tuvo que dar a luz en el pasto. Lo que igualmente, es un caso más, pues a muchas mujeres se les ha negado a lo largo del país la debida atención médica encontrándose en trabajo de parto.
A este extremo, nos ha llevado, el nuevo sistema de salud, que desconoce a la salud como derecho humano, y es reducido a simple mercancía, que se compra y vende en el mercado al mejor postor. Por lo que es sólo el principio de los que nos espera, si se llega a concretizar, la privatización de la salud, en el marco de la reforma integral que Peña Nieto proyecta presentar en enero del próximo año, que tendrá como eje el desmantelamiento de la salud pública, para entregarla a las aseguradoras y a la medicina privada (medicina negocio, de lucro).
Esto hechos, llenan de vergüenza al país ante la comunidad internacional, y contribuye a deteriorar aún más la imagen de México, hace unos años tan respetado, imitado y querido. Estos son hechos que no pueden y no deben repetirse.
Un Estado que no preserva por lo menos la vida, valor supremo del ser humano, no merece recibir ese nombre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y a todos los integrantes del sistema nacional de salud para que con urgencia y, de manera coordinada, adopten las acciones necesarias y eficientes, para que no se repitan hechos tan dolorosos e indignantes como la muerte del jornalero agrícola José Sánchez Carrasco, que murió tras cinco días de agonía sin que los médicos le dieran atención en el Hospital de Guaymas, Sonora; pero igualmente para que en el marco de sus atribuciones adopten las medidas legales que procedan para que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables, incluida la responsabilidad penal.
Segundo. En respeto a su autonomía, se exhorta a todas las universidades públicas y privadas del país, que impartan las carreras de medicina y trabajo social, para que fortalezcan una educación ética y en apego a los derechos humanos entre sus educandos.
Tercero. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el marco de sus respectivas atribuciones, tutelen el derecho de todos los jornaleros agrícolas del país a ser afiliados a la seguridad social y, en el caso del jornalero José Sánchez Carrasco velen por que a sus familiares les sean respetados sus derechos a recibir las pensiones, prestaciones, indemnizaciones y demás que procedan en derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de noviembre de 2013
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero a investigar los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado para castigar a los responsables, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Del 5 de agosto al 11 de noviembre del año en curso, suman en Guerrero 8 asesinatos perpetrados en contra de dirigentes y activistas campesinos.
El último episodio de la serie de homicidios acontecidos en dicho estado “dos líderes campesinos de la comunidad de El Paraíso fueron asesinados la tarde del sábado en el centro de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero”.1
Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, quienes encabezaban una protesta de cafetaleros, se suman a los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, de su pareja, Ana Lilia Gatica Rómulo; de Eva Alarcón, Marcial Bautista, Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enrique.
Cabe destacar que Olivares Enríquez había solicitado protección a las autoridades tras haber recibido amenazas de muerte, sin haber recibido respuesta alguna; asimismo es importante señalar que el dirigente provenía de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), misma organización que dirigía Rocío Mesino, líder asesinada hace un par de semanas.
De tal forma que “la dirigente de la OCCS, Norma Mesino, hermana de Rocío, asesinada el 19 de octubre, denunció que en Guerrero pareciera que se trata de una consigna acabar con todos los dirigentes sociales ‘pues uno a uno van cayendo de manera cobarde, definitivamente ya no hay seguridad para quienes defendemos los derechos humanos y encabezamos las demandas sociales’, dijo”.2
Desafortunadamente este panorama no es exclusivo del estado de Guerrero, en diversas regiones del país existe una sistemática violación a los derechos humanos, en contra de quienes forman parte de los movimientos sociales.
Ante ello, el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, AC (ACUDDEH) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documentó en el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras de derechos humanos en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.
De tal número, 90 afectaron directamente a las personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades; por estado, en el periodo de mayo a noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero casi concentraron el 50 por ciento de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.
“Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales se deslinden en forma inequívoca de esta nueva suerte de guerra sucia –cuyos referentes ineludibles son las cruentas campañas represivas organizadas en la entidad por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, así como las masacres de campesinos perpetradas durante el sexenio de Ernesto Zedillo– y empeñen su voluntad política en desactivarla y en identificar, capturar y presentar ante los tribunales a los presuntos asesinos materiales e intelectuales.”3
Conscientes que la función primordial del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y a sabiendas que las personas que dedican su vida a defender que los derechos se cumplan a cabalidad y que se respete lo establecido en el marco normativo, sufren una violencia sistemática por parte de grupos criminales, resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres órdenes de gobierno tomen cartas en el asunto e implementen los mecanismos que garanticen su integridad física y la de sus familiares; aunado a que gocen de un ambiente libre de represión y criminalización por sus actividades a favor de la población; es por lo antes expuesto que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación sobre los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado de Guerrero en miras de emitir recomendaciones sobre la situación de violencia e inseguridad.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a investigar, de manera pronta, los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos, a fin de castigar a los responsables.
Notas
1 Asesinan en Atoyac, Guerrero, a otros dos dirigentes campesinos: http://www.proceso.com.mx/?p=358161
2 Ídem.
3 La Jornada, editorial. homicidios En Guerrero: ¿Nueva Guerra Sucia? Lunes 18 de noviembre de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a hacer del conocimiento público las causas de la tragedia ocurrida en la fábrica de dulces Blueberry, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Socorro Ceseñas Chapa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31, numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La tutela de la seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, es la primera obligación de los patrones, pero sobre todo del Estado y, concretamente de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Esto se traduce en el debido respeto a los derechos humanos a la vida y a la salud.
Es indignante que una vez más, tengamos que ser testigos de otra tragedia que nubla al mundo del trabajo. Antes fue en el Grupo Modelo, en Pemex, Coppel, y en las mineras. Ahora le tocó a los trabajadores de la empresa de dulces Blueberrry, localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el 24 de octubre pasado explotó una caldera. Al momento de escribir el presente, las consecuencias de este siniestro son terribles: cinco muertos, 50 personas heridas, 11 en estado grave y un número indeterminado de desaparecidos. Esta empresa fue hace poco adquirida por la firma estadunidense Sunrise. Laboran mil 300 trabajadores, 300 de los cuales laboraban en la unidad 8 en que tuvo lugar el accidente.
En el marco de la reciente reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 30 de noviembre de 2012, se dijo que iba a permitir, entre otras cosas, tutelar de mejor manera la seguridad e higiene en los centros de trabajo. Esto, como el supuesto crecimiento de los empleos formales, la mejora del salario y condiciones de trabajo, el aumento de la competitividad como país, han resultado una soberana mentira, una burla al pueblo de México.
Insistimos, en que todas estas tragedias que todos estos dolorosos y condenables hechos, devienen ya no de una casualidad persistente, sino de la desregulación del Estado Mexicano en materia de seguridad e higiene, que tiene su primer antecedente en la NOM-19 sobre la materia publicada el 22 de octubre de 1997, y que entre otras medidas, suprimía la obligación patronal de inscribir ante la Secretaría del Trabajo a las Comisiones de Seguridad e Higiene, abriendo de par en par el incumplimiento de los patrones, poniendo en riesgo permanente la vida y salud de los trabajadores. A esto sumemos el poco número de inspectores, su baja capacitación, la insuficiencia de recursos materiales para que cumplan con su tarea, la ineficiencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Basta ver que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la cuenta pública 2011, emitió dictamen negativo sobre las acciones realizadas por la Secretaría del Trabajo en materia de inspección y verificación sobre seguridad en las minas subterráneas de carbón, pese a las terribles tragedias que se han dado en estas minas. Como si esto fuera poco, la Reforma Laboral reciente, suprime la facultad de la Secretaría del Trabajo para clausurar las empresas que no adopten las medidas necesarias que les sean indicadas por esta Dependencia para la prevención de los riesgos de trabajo.
En el marco actual en que se discute el Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad y el deber para destinarlos recursos presupuestales necesarios para que exista el número de inspectores necesarios conforme a los parámetros definidos por la OIT, además de darles la debida capacitación y dotarlos de los elementos necesarios, debe igualmente haber una mejor coordinación en la materia con los gobiernos locales y, se debe proceder a la ratificación de varios Convenios de la OIT que tienen disposiciones que harían avanzar la tutela a favor de la prevención de los riesgos de trabajo.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que haga del conocimiento público las causas de la tragedia ocurrida en la fábrica de dulces Blueberry sita en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en general sobre la seguridad e higiene que prevalece en los centros de trabajo del país, a efecto de que indique las medidas que se van a adoptar con urgencia para tutelar con profundidad la vida y salud de las y los trabajadores en respeto a los derechos humanos a la vida y salud.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que investigue a profundidad las causas de la explosión de una caldera en la empresa de dulces Blueberry, Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de deslindar responsabilidades y tomar las medidas correctivas en sus atribuciones en materias de inspeccionar en el trabajo y seguridad e higiene.
Tercero. Asimismo se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en forma coordinada, den todo el apoyo necesario a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida, y a los heridos, para el puntual y oportuno respeto de sus derechos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la juez 18 civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a valorar de modo adecuado las pruebas en el juicio y emitir una resolución imparcial sobre el caso Presunto culpable, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 17 de julio se presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a fin de dar seguimiento al caso sobre el documental Presunto culpable en el juzgado civil número 17 del Distrito Federal, con el objetivo de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, de brindar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley1 , en referencia a las acusaciones por daño moral en contra de Roberto Hernández y Layda Negrete, productores del documental Presunto culpable (2011), las cuales ascienden a tres mil millones de pesos como indemnización a Víctor Reyes Bravo, testigo del juicio en contra de Antonio Zúñiga, a José Manuel Ortega Saavedra, comandante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y a la familia del fallecido Israel Reyes, quien demandó a los productores por exhibir el cadáver.
Ante estos hechos, desde el pasado martes 5, se han realizado las audiencias en el juzgado 18 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), en la primera de ellas se determinó que en dos meses y medio se emitirá la sentencia correspondiente; motivo por el cual Roberto Hernández ha hecho declaraciones en relación con la falta de objetividad por parte de las autoridades así como la existencia “(de) una persecución en su contra por parte del Poder Judicial del Distrito Federal y del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, por mostrar las fallas del sistema”.2
En dicho tenor y previendo que dichas demandas son una posible “venganza” por haber evidenciado los vicios del sistema judicial en México; Hernández “adelantó que al haber un fallo en su contra enviaría una queja ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que evidenciaría de manera internacional los problemas que enfrenta el Poder Judicial de la ciudad”.3
Cabe señalar que la juez María del Rosario Mancera Pérez, quien con anterioridad había llevado el caso, desistió de emitir una sentencia por lo delicado del mismo, por lo que ahora es la juez 18 civil, Norma Alejandra Muñoz Salgado, la encargada del proceso.
Por otro lado, es necesario mencionar que considerando que las audiencias serían a puerta cerrada porque así se previó en el juzgado, la defensa de Hernández y Negrete, acreditó como parte de la defensa a periodistas entre ellos Denise Maerker, Carmen Aristegui y Genaro Lozano para que pudieran presenciarlo desde el interior, bajo la condición de no usar cámaras de video ni grabadoras.
Aunado a ello, se debe mencionar que “el Sexto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región de Morelia fue quien revocó el amparo en revisión 103/2012, dejando sin materia la revisión por la cual se censuraba la distribución de Presunto culpable ”4 , hecho que contribuye al proceso a favor de Negrete y Hernández.
Por último, el pasado lunes, Roberto Hernández denunció en redes sociales, que alrededor de las 13:00 horas recibió -vía telefónica- otra amenaza de muerte, la cual se suma a diversas acciones intimidatorias de las que ha sido víctima.
Es así que nos volvemos a pronunciar a favor de que el ejercicio de la libertad de expresión sea protegido y garantizado por el Estado mexicano y éste no se coarte y/o amedrente con procesos judiciales en contra de quienes, bajo el amparo de este derecho, exhiben ciertas anomalías o irregularidades del propio sistema; por lo antes expuesto presentamos a la asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la juez 18 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Norma Alejandra Muñoz Salgado, para que haga una valoración adecuada de las pruebas en el juicio y emita una resolución imparcial sobre el caso Presunto culpable .
Notas
1. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4236 2
2. En 2 meses y medio se dictará sentencia por caso Presunto Culpable
http://www.animalpolitico.com/2013/11/piden-pago-de-3-mm dp-creadores-de-presunto-culpable-por-dano-moral/#ixzz2jtucQiFB
3. Productor de Presunto culpable ve venganza en demanda. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/productor-de-presunto-culpable-ve-venganza-en-demanda-963247.html
4. Gana uno de los procesos penales Presunto culpable. http://www.animalpolitico.com/2013/11/gana-uno-de-los-procesos-pena les-presunto-culpable/#ixzz2kSP8jr4K
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a hacer pública la información relativa a la filtración de datos del padrón electoral, a través de una página web, con objeto de fincar responsabilidades, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado seis de noviembre, a través de diversos medios de comunicación, tanto impresos como visuales informaron que había un sitio en la web donde se puede consultar datos exclusivos del padrón electoral tales como: dirección, CURP, edad y teléfono de cualquier ciudadano inscrito en el padrón con solo proporcionar su nombre y/o apellidos; esto a pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece claramente los motivos por los cuales se debe de dar a conocer esa información.
A través del sitio web se podía consultar sobre información de ciudadanos de diversos países como México, Argentina, Chile y Paraguay; en lo concerniente al caso de México, al hacer una comparación de varios datos la información proporcionada correspondía al Padrón del Instituto Federal Electoral siempre y cuando no se hubiera reportado cambio de domicilio alguno.
Con la finalidad de que los Mexicanos puedan resguardar sus datos personales se creó la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares cuyo objetivo principal como lo menciona el capítulo II De los Principios de Protección de Datos Personales en artículo 6º que a la letra dice: “Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley en mención”. Cuestiones que a todas luces y aunado a otras leyes como lo son, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral de Procedimientos Electorales y Código Penal Federal, fueron violentadas flagrantemente al darse a conocer sin restricción alguna los datos de todos los empadronados, es por ello que solicitamos se dé cumplimiento a través de la autoridad competente para deslindar responsabilidades y castigar a las personas o persona que hayan incurrido en algún ilícito siendo quebrantadas todas las leyes anteriormente mencionadas y vulnerando la integridad de los ciudadanos al no tener una vigilancia y resguardo correcto de la base de datos del Padrón Electoral.
A pesar de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 171 numeral tercero que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y este Código, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este Código en materia Electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. Siendo estos los supuestos para poder tener acceso a los datos que hoy en día se ventilan en la página web por cualquier persona que tenga acceso a internet.
Aún más alarmante cuando no es la primera ocasión que conocemos una noticia de esta índole ya que el día 19 de abril de 2010, en el diario el universal se publicó la noticia de la venta de base de datos que contenía información personal de millones de mexicanos vendiéndose en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.
El diario El Universal comprobó que en tres memorias externas, cada una con capacidad de 160 gigabytes, el comprador recibía el padrón electoral de todo el país.
Lo más grave de esta publicación fue que está base de datos había sido adquirida por grupos del crimen organizado o como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que sus corporaciones no cuentan con esa disponibilidad de datos. En entrevista con este diario un agente advirtió del riesgo de esta información “Los delincuentes saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón (electoral), obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos y extorsionarlos.
Para Movimiento Ciudadano, es sumamente alarmante y preocupante que el Instituto Federal Electoral desde ese entonces no haya establecido algún protocolo de seguridad y ni siquiera tomado las previsiones suficientes, los candados, las medidas o los medios para proteger y resguardar los datos que se encuentran en posesión del Registro Federal de Electores y de los empleados que tienen acceso a estos datos para que no se repitiera la historia nuevamente, es indignante saber que quién o quienes tienen la tutela de proteger nuestros datos se encuentre gente irresponsable y sin escrúpulos para poder vender y adquirir información que seguramente será para lucrar con dicha información. Es sumamente delicado y preocupante que no se salvaguarden los datos de todas y todos los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o., párrafo II.
Movimiento Ciudadano hace un llamado enérgico al Instituto Federal Electoral, para que investigue y dé información oportuna, certera y veraz de lo ocurrido con la base de datos.
Exigimos una explicación por parte del licenciado René Miranda, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral con el fin de que esclarezca el porqué de la filtración de esos datos cuando él asegura que las medidas de seguridad del Instituto Federal Electoral son suficientes para el resguardo de los datos personales en posesión del Instituto Federal Electoral.
Aunado lo anterior y siendo aún más delicado cuando no es la primera ocasión que suceden casos de esta naturaleza con los datos del padrón electoral.
Dado que no exageramos al decir que la seguridad y privacidad de todos los ciudadanos inscritos en este padrón están en un inminente riesgo y a merced de la delincuencia, exigimos conocer el avance de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y que esto no se quede en la congeladora o en letra muerta sin saber el fondo puntual y real de esta filtración sobre todo siendo elemental el conocer y saber quién o quiénes fueron los responsables.
Es por lo antes expuesto que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral haga pública la información respecto a la filtración de datos del padrón electoral a través de una página web, con el objetivo de fincar responsabilidades a quien resulte responsable.
Dado en el Cámara de Diputados, a 20 de noviembre de 2013.
(rúbrica)