Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en cuáles comprar litros completos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a iniciar un proceso de controversia constitucional para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del Estado de Puebla violatorias de los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 de la Carta Magna, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la SHCP y a la Segob a implantar un programa de empleo temporal turístico, agrícola y de pesca por la difícil situación en las entidades declaradas zonas de desastre, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a dar a conocer a la opinión pública el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión de mil 400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y del SAE que hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programático-presupuestal del Fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo a las víctimas de la guerra sucia, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a fin de que el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión para ingresar en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a hacer del conocimiento público el gasto efectuado para construir los centros de investigaciones federales números 2 y 3, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud, a los gobiernos estatales y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el informe especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos dependientes de los gobiernos federal y locales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para restaurar y conservar la zona arqueológica de Ixtépete, en Zapopan, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin, para dejar de engañar a la población, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a verificar en las tiendas de autoservicio el cobro real de los precios marcados en los mostradores, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para proteger la zona arqueológica de Acozac, en Ixtapaluca, México, a cargo del diputado César Reynaldo Navarro de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al director general de Pemex a hacer públicas las causas de la explosión en el pozo petrolero Terra 123, de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir la cartilla de control de la diabetes para llevar un registro oficial nacional de quienes la padecen, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la infraestructura educativa, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

---

---

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en cuáles comprar litros completos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país rico en hidrocarburos y minería así como en su población tan diversa pero capaz de coincidir en pro del avance de la nación, pero sin la capacidad de poder solventar sus necesidades energéticas por la falta de inversión en alta tecnología e infraestructura subsanarán la problemática que actualmente tiene la población; las reformas que se proponen ayudarán a terminar con esta falta de atención a este tema.

Entre las cosas que más han hecho mella en la economía de la población han sido los incrementos en los combustibles fósiles, lo cual de manera aleatoria, afecta a la transportación de los suministros, así como de la transportación de pasajeros, pero esto no es lo más grave, sino el hecho de que los mismos expendedores de gasolina, ya que aun cuando la Procuraduría Federal del Consumidor ha intensificado las revisiones a dichas estaciones de servicio, no se ha podido erradicar las malas prácticas.

A la fecha se han encontrado diversos eventos en los cuales se les ha encontrado deficiencias en despachar litros completos, aun cuando se establece por parte de la Secretaría de Economía ha impuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, la cual especifica las características a cubrir en lo que se refiere a los instrumentos de medición denominados Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

La supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas, quien establece las facultades en establecidas en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del reglamento interior de esta secretaría.

Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se dé cumplimiento a norma oficial mexicana en lo que corresponde a la medición y despacho de gasolina así como de otros combustibles líquidos, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. (Primera Sección) Diario Oficial. Martes 27 de septiembre de 2005.

Las revisiones se establecen de manera periódica y extraordinaria, de igual forma en este último tiempo se ha iniciado un ejercicio de revisiones más constantes y de manera aleatoria, en este sentido la estación de servicio que será objeto de revisión no se da a conocer a nadie de los inspectores que realizarán dicha visita hasta unos momentos antes de salir de la dependencia.

Con este ejercicio, la dependencia considera hacer más transparente y eficiente sus trabajos; sin embargo no ha sido posible erradicar la sustracción de combustibles a la hora de despachar dicho servicio; por tal razón, se insta para que las empresas proveedoras de los hardware y software apliquen un mayor control en los certificados de calidad con el fin eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos los parámetros especificados en la fabricación y con ello cumplir lo establecido en las Normas Oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro.

Ciertamente el medio que puede dar origen a la solución del problema por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, es la denuncia; en tal sentido también es la falta de ésta, la limitante. Por lo cual será necesario implementar una campaña publicitaria a fin de hacer conciencia en la población en general.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía boletine y evidencie, a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a iniciar un proceso de controversia constitucional para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del Estado de Puebla violatorias de los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 de la Carta Magna, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano

La suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como el artículo 79 Numeral 2, fracciones I, II, IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el Gobernador Lic. Rafael Moreno Valle Rosas, y a la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, para que el primero en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, solicite al Congreso del Estado la derogación que modifica la fracción IV del artículo 31, adiciona la fracción IX a éste artículo de la Ley de Agua en el Estado de Puebla; con el cual se establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.

Planteamiento del problema

En la exposición de motivos de esta nueva Ley del Agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible Art. 4; reconoce la propiedad originaria de la Nación de las aguas territoriales, menciona a la Ley de Aguas Nacionales en particular su Artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos, es una prioridad y Asunto de seguridad nacional; de igual forma hace referencia al hecho de que el servicio de agua potable como corresponsable en esta facultad, al señalar: "…es responsabilidad de los gobiernos de los estados (SIC), y de los municipios la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua en vehículos cisterna…".¹

En sentido estricto, esta postura es una franca invasión de competencias del Estado a las del Municipio, que en la Constitución Federal están claramente definidas, tal y como ya lo establece el Artículo 115 constitucional, correspondiéndole de manera exclusiva al Municipio la prestación de servicios públicos, como es el caso del agua potable y alcantarillado entre otros.

La exposición de motivos en comento señala que:

"… En particular, corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios, y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y sustentabilidad de los elementos naturales; la distribución equitativa de la riqueza pública; el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana."²

Esto es, de acuerdo al Gobernador de Puebla, los Diputados que integran las Legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar o adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos; como en la actualidad se pretende con la reforma y adiciones a la Ley del Agua en el Estado de Puebla, y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados, basura etc.; esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos.

A menos de un año de aprobada la Ley del Agua, el titular del Poder Ejecutivo estatal poblano, envió al Congreso del Estado una iniciativa solicitando apruebe diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión del Gobernador Moreno Valle, de privatizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y para ello solicito a los legisladores aprobar reformas a la fracción IV del artículo 31, adicionar una fracción IX a este mismo artículo.

Este decreto no tiene precedente en el Estado de Puebla, ni en ningún otro de los que componen la Federación, representa un ensayo que de ser instrumentado y aplicado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir por otros Gobiernos de corte conservador por no decir de derecha.

La propuesta de decreto en cuestión, fue recibida por los diputados poblanos de la LVIII Legislatura el día 3 de septiembre del presente año, el día 5 del mismo mes fue presentada ante el pleno de esa soberanía popular, que ordenó enviarlo para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente con el folio 13/I/0003, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, fue el día trece de Septiembre del dos mil trece, de ahí precisamente la importancia de señalar públicamente la pretensión del citado titular del Poder Ejecutivo, al implementar estas reformas y adiciones a la Ley de Agua del Estado de Puebla.

Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente:

"IV. Celebrar o suscribir los instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualesquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o instrumento correspondiente, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o del instrumento respectivo, los supuestos de reversión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejoras y accesorios, así como el mecanismo para la determinación de la indemnización correspondiente, con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables".⁴

Cabe mencionar que la reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los Cabildos Municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores.

Pero eso no es todo a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital liquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del Estado y los Ayuntamientos

Privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy en día lo tienen de manera accesible. Se traducirá en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por parte de las empresas concesionarias, deudas que deberá avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etc.

Es prudente manifestar que por nuestra parte, somos partidarios de racionalizar el uso adecuado del agua potable, compartimos la idea de que los ciudadanos debemos pagar las cantidades justas por la prestación del servicio, debemos establecer políticas públicas para lograr la sustentabilidad, que es un recurso considerado de seguridad nacional para el país, y precisamente por ello no puede ser una decisión unilateral como la propuesta del Gobernador, la que prevalezca para acordar sin mayor discusión la privatización de este servicio público.

Además de que en dicha iniciativa en el apartado de CONSIDERANDO, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo "con el objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la Estructura Tarifaria de los servicios públicos", y lo que es peor, con la categoría de "Derecho Fundamental" justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan: la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización).

Al respecto es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación numero 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

En todo caso debe ponerse a consideración a toda la ciudadanía, a través de consultas públicas, para que de manera consensuada y previó a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona.

En caso contrario, desde este momento señalamos al titular del Poder Ejecutivo representado por el Gobernador Lic. Rafael Moreno Valle Rosas, al Secretario General de Gobierno Luis Maldonado Venegas, al Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel, y a los integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política, que genere en el seno de la sociedad poblana la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Fundamento legal

Por las consideraciones antes expuestas, en mi calidad de Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 79 Numeral 2, fracciones I, II Y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que inicie un proceso de controversia constitucional para derogar la Ley de Agua del estado por cuanto viola el derecho a los artículos 4° y 115 Constitucionales.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder ejecutivo del Estado de Puebla Lic. Rafael Moreno Valle y a los Diputados locales, a presentar ante la Legislatura de dicha entidad federativa, iniciativa con proyecto de decreto que derogue la fracción lX del artículo 31, y para reformar la fracción IV del artículo 31, de la Ley del Agua Para el Estado de Puebla, y someterse a lo que establecen los artículos 4° y 115 constitucionales y los tratados internacionales respecto al derecho al agua

Tercero- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura del Estado de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad en contra de las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua Para el Estado de Puebla.

Notas

1 Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Ley del Agua para el Estado de Puebla. P. 8.
2 Ibidem.p.8.
3 Ibidem.p. 33
4 Rafael Moreno valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla. P.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 noviembre de 2013

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

---

---

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la SHCP y a la Segob a implantar un programa de empleo temporal turístico, agrícola y de pesca por la difícil situación en las entidades declaradas zonas de desastre, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 76 fracción IV, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2 fracción II, III, IV, V y VI, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Gobernación, para que implementen un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca ante la difícil situación en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastres, para que implemente un programa de restauración de los ecosistemas afectados, por los recientes fenómenos meteorológicos acontecidos en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los pasados 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno meteorológico inusual provocado por la depresión tropical Manuel y el huracán Ingrid, formados en los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas los estados de Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, fenómenos meteorológicos, uno proveniente del océano Pacífico y el otro del océano Atlántico; los cuales afectaron a más de dos terceras partes del territorio nacional, un equivalente total de veintiséis entidades federativas.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, señala que este fenómeno es ocasionado, directa o indirectamente, por la actividad humana, lo que provoca que se altere la composición de la atmósfera mundial y que se modifique la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

De igual forma el estudio Agua y Clima: elementos para la adaptación al cambio climático, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en México cerca de 22 millones de personas están expuestas en mayor medida a los fenómenos meteorológicos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, así como tornados; un alto porcentaje de esta población en riesgo vive en condiciones de pobreza. Cerca de 8 millones de personas están expuestas a los efectos adversos de huracanes, aproximadamente 6 millones a lluvias intensas y más de 8 millones pueden sufrir directamente daños por sequías. Cerca de 80 por ciento de esta población vive bajo condiciones de alta y muy alta marginación.

En este sentido, con base en los recientes fenómenos meteorológico, más de diecinueve estados y tres cientos ochenta y seis municipios fueron declarados zonas de desastre, entre los cuales destacan los estados de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Colima, Puebla Veracruz, Chiapas, Zacatecas, entre otros.

Hasta el momento las estadísticas son apabullantes, ya que la suma de víctimas asciende a 145 fallecidos, 248 mil 477 personas afectadas y 59 mil personas desalojadas, y actualmente se atiende a 52 mil 433 personas en 392 albergues en 19 estados. Además se reporta que han sido afectados 552 municipios de 26 estados del país y que se ha emitido declaratoria de desastre para 312 municipios.

De las 312 declaratorias de emergencia para municipios correspondientes a 26 entidades federativas, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Comité Nacional de Emergencia, se han reportado afectaciones de diversas magnitudes en 552 de sus municipios, encontrándose en los 26 estados los daños de mayor gravedad, afectando cientos de viviendas, caminos (carretas, autopistas, calles, puentes), e infraestructura general. De lo cual se tiene más de 53 mil viviendas afectadas, 33 carreteras averiadas; se han atendido a 31 mil 613 personas que resultaron afectadas por la tormenta tropical Manuel; que se han rescatado a 14 mil 217 personas que se encontraban en zonas de riesgo o incomunicadas, a consecuencia de las afectaciones generadas por la tormenta tropical, entre otros muchos datos que se pueden dar al respecto.

En síntesis, podemos afirmar extraoficialmente que el número de afectados cada día es mayor, y ya rebasa 1 millón de personas; y que las viviendas afectadas son por lo menos 50 mil.

Esto da como resultado la urgencia de que el gobierno promueva ahora el restablecimiento de la infraestructura en los diferentes rubros, la reactivación inmediata de la economía, de la cual el sector turístico es sin duda un detonante económico en esta zona del país, en virtud de que la mayoría de los destinos turísticos y su respectivo comercio fueron colapsados, por lo que es necesario incentivar esta actividad, en razón de que la mayoría de los habitantes de esta zona se han quedado sin nada, lo cual no les permite por el momento acceder a un el empleo que les permita solventar sus necesidades.

Hasta el momento no se han podido cuantificar con exactitud los daños y perjuicios que se ocasionaron contra la población, particularmente de origen indígena y negra, lo cierto es también que las pérdidas y afectaciones que se reportan son deslaves de cerros y montañas, ríos y barrancas desbordadas; caída de puentes; casas derribadas; hundimientos de suelo; encharcamientos de agua; caminos rurales y pavimentados destrozados; personas desaparecidas; heridos y enfermos desatendidos; pérdidas y afectación de cosechas, sembradíos; personas heridas, y desafortunadamente muchas pérdidas humanas.

Ahora bien, atendiendo la naturaleza jurídica de nuestro federalismo, en cuanto al trabajo coordinado que debe de existir entre los distintos órdenes de gobierno, y de las cuales existen diversas facultades como:

Facultades coincidentes : Aquellas que tanto la federación como las entidades federativas realizan, juntas o por separado, por disposición constitucional.

Facultades coexistentes : Cuando una parte de la misma facultad corresponde a la federación y la otra a las entidades federativas.

Facultades de auxilio : Las que se presentan cuando una autoridad ayuda o auxilia a la otra por disposición constitucional.

Y atendiendo a las atribuciones contempladas en los artículos 27, fracciones I y XII, 31 fracciones XIV y XVI, 32 fracciones I, incisos a), b) y c), V y X, 42, fracciones I, XIII, XVIII y XIX, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los cuales establecen que:

“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los secretarios de estado y demás funcionarios de la administración pública federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo federal ... (Sic)

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes ;... (Sic)

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XIV. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;

XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública federal;

Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:

a) Combate efectivo a la pobreza;

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y

c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional;

XIII. Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en esta materia efectúen las entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y promover la que efectúan los sectores social y privado;

XVIII. Promover y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios turísticos;

XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado;

*Las negritas son del proponente.

Y de acuerdo con los datos proporcionados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que del billón 735 mil 708 millones del PEF destinado para el primer semestre, el gobierno federal no ha ejercido 100 mil 309.6 millones. Mientras, para los ramos administrativos se consideraron 350 mil 113.3 millones, de los que se han gastado sólo 312 mil 99.7 millones.

Es que vengo a proponer de manera urgente que la Secretaría de Gobernación, que con base en lo dispuesto por el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, coordine y garantice el cumplimiento de un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastre, entre los cuales se encuentran los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato, Tumbiscatío, todos pertenecientes al estado de Michoacán de Ocampo , para se asignen recursos para la implementación de un programa de empleo temporal, que tenga como objetivo la reconstrucción o restitución de los bienes que fueron afectados por los recientes fenómenos meteorológicos , a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.

Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proyecte, calcule y autorice el o los programas de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, específicamente en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre, para beneficio de las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y que tienen como actividad primordial de subsistencia el turismo.

De la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para que dé atención a todas las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos antes mencionados y que tienen como actividad primordial el turismo, la actividad agrícola y de pesca.

De igual forma para que coordine, concrete y ejecute conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y demás autoridades estatales y municipales, los programas o el programa temporal en las materias antes expuestas que previamente haya sido aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ayudar a las personas afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos.

De la Secretaría de Turismo, para que formule, difunda y promueva el o los programas de empleo temporal que autorice la Secretaría Hacienda y Crédito Público en todos los municipios de las entidades del país que fueron declarados zonas de desastre.

En virtud de lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, que coordine y garantice el cumplimiento de un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastre.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proyecte, calcule y autorice el o los programas de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre, para beneficio de las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que dé atención a todas las personas que fueran afectadas por los fenómenos meteorológicos antes mencionados, y que tienen como actividad primordial el turismo, la agricultura y la pesca.

Cuarto. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Turismo para que formule, difunda y promueva, el o los programas de empleo temporal que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a dar a conocer a la opinión pública el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión de mil 400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I, II y II del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a informar a la opinión pública sobre el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión de mil 1400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con base en las siguientes

Consideraciones

Se constituye como un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994 se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual debía transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica a todo el Distrito Federal y algunos municipios del estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Lamentablemente, desde su creación el organismo nunca pudo ser autosuficiente en materia presupuestaria, ya que las transferencias que se hacían año con año, lejos de disminuir se fueron incrementando en los últimos años, de 2001 a 2008.

Esas transferencias se fueron incrementando paulatinamente en más de 200 por ciento y para ese ejercicio fiscal las transferencias alcanzarían 41 mil 945 millones de pesos.

De haber continuado sosteniendo ese organismo, al término de la administración del presidente Calderón las transferencias habrían alcanzado 300 mil millones de pesos. Lejos de mejorar la calidad del servicio, las transferencias se utilizaban para pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral.

El bajo desempeño del organismo se reflejaba en sus gastos, que sumaban 433 mil 290 millones de pesos, mientras que sus ingresos por ventas ascendían a 235 mil 738 millones de pesos, superando casi el doble los gastos que generaba.

Además, el organismo registraba un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones correspondían a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, repercutiendo gravemente en las finanzas públicas federales, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones y los intereses del sindicato y no estaban dirigidas a solucionar los problemas de los ciudadanos.

Nunca logró alcanzar autosuficiencia financiera y muy por debajo de su rendimiento de haber alcanzado los resultados equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro representaba un costo tan elevado que no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

Por ello, el 11 de octubre del 2009, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Con ello generó un ahorro significativo a la administración, que se destinó a programas sociales, en beneficio de los más necesitados.

La pasada administración destinó recursos por 15 881 340.0 miles de pesos para el pago de jubilaciones de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, con cargo al ramo 19, “Aportaciones de seguridad social”, del programa presupuestario J025, “Previsiones para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro”, para el ejercicio fiscal de 2011.

Al presente año, se tiene registrado que 70 por ciento de los ex trabajadores ya cobró la liquidación y únicamente 30 por ciento ha hecho caso omiso de cobrarla de acuerdo con lo que marca la ley.

Por ello solicitamos al secretario de Gobernación que explique a la ciudadanía por qué esta administración quiere pagar una pensión vitalicia superior a 15 mil pesos, monto muy diferente de lo que marca la ley, a un grupo de personas que en su momento se negó a recibirla y con base en manifestaciones en vía pública, violando el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les pretende otorgar esta cantidad. Por otro lado, las personas que cobraron en tiempo y forma su liquidación y jubilación fue por mucho inferior a lo que desea otorgar arbitraria y sin transparencia el secretario de Gobernación.

La enseñanza que nos deja el actuar de esta administración federal es estar por encima de la ley para hacer y conseguir lo que uno desea.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación a informar a la opinión pública sobre el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión de los ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación a explicar a la opinión pública por qué a ex trabajadores se les liquidó y pensionó conforme a la ley y a estos mil 400 ex trabajadores se pensionará con 15 mil pesos mensuales y no conforme a la ley.

Tercero. Se exhorta al secretario de Gobernación a explicar a la opinión pública el fundamento legal y jurídico para determinar esta cantidad como pensión vitalicia de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y del SAE que hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programático-presupuestal del Fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programática-presupuestal del fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub; al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 12 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en la que se estableció que los particulares podían, mediante concesión, operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria y prestar el servicio público de transporte ferroviario, y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) continuaría administrando y operando los ferrocarriles mexicanos, hasta en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgara concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

Segundo. El 19 de diciembre de 1997 se constituyó el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub en Nacional Financiera, SNC, con una aportación inicial de 13’529,750.0 miles de pesos, con el objeto de constituir un mecanismo mediante el cual se realizara la administración de los recursos para el pago de pensiones jubilatorias de los trabajadores de Ferronales.

Tercero. En abril de 1999 la actual Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (entonces Comisión Intersecretarial de Desincorporación), aprobó el esquema para la reestructuración del sistema ferroviario, relativo a la estrategia para el proceso de apertura a la inversión privada en vías cortas y a la segmentación regional del sistema.

Cuarto. En agosto de 1999, Ferronales había cumplido el propósito para el que fue creado, por lo que dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte férreo.

Quinto. El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extinguió el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abrogaba su ley orgánica.

Sexto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su carácter de dependencia coordinadora del sector, estableció las bases para la liquidación de Ferronales, designando el 29 de agosto de 2001 al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como órgano liquidador.

Séptimo. El 17 de agosto de 2010 la SCT notifico a Banobras que a partir del 31 de agosto de ese año quedaría sin efector el oficio que lo designaba como liquidador, y celebró convenio de transferencia con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien actualmente funge como liquidador de Ferronales.

Octavo. El 22 de septiembre de 2011, el SAE remitió para autorización de la SCT y, en su caso, envío a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), el proyecto de nota que contiene el Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML); por su parte, esa secretaría, en su calidad de coordinadora sectorial, envió a la CIGFD para ser sometida en sesión, la nota con el plan de liquidación, que contiene el diagnóstico, las acciones y las necesidades de recursos para reorientar y concluir el proceso de liquidación de FNML, así como una propuesta de bases para llevar a cabo la liquidación.

Consideraciones

A) La Auditoría Superior de la Federación ha realizado auditorías especiales al SAE respecto de las cuentas públicas 2010 y 2011, de las que han derivado dictámenes con opinión negativa y abstención de opinión respectivamente.

Conforme al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, el SAE:

• No contó con un plan de liquidación para Ferronales, en el que se identificaran los objetivos y las acciones, así como el tiempo de ejecución del proceso de liquidación.

• No sometió a autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cancelación, el monto de los créditos incobrables o incosteables pendientes de liquidar.

• Como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, no convocó a sesionar de manera ordinaria trimestralmente, como lo estipula el contrato del fideicomiso.

• No se aseguró de la confiabilidad de las valuaciones actuariales que se realizaron para el fideicomiso Ferronalesjub, a fin de determinar la suficiencia financiera que garantice el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferronales.

B) El fideicomiso Ferronalesjub no ha tenido la capacidad de cubrir los gastos correspondientes a los trabajadores jubilados; de conformidad con el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), segunda y tercera etapas, para el ejercicio 2012 la SCT asignó al SAE recursos presupuestales por 305.6 millones de pesos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se etiquetaron 2 mil 777.3 millones de pesos para el pago de pensiones de los jubilados de Ferronales.

No obstante, los apoyos que se han otorgado al Fideicomisojub han resultado insuficientes para la cobertura de los pasivos por jubilaciones aunados a los derivados por juicios laborales y gastos de operación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en su carácter titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aún no se ha podido liquidar.

Segundo. Se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que en su carácter de órgano liquidador, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aun no se ha podido liquidar, así como el listado del inventario valuado y las fechas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, del cual es miembro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las víctimas de la guerra sucia, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A la Cámara de Diputados asistieron un grupo de víctimas y familiares de las personas desaparecidas de la guerra sucia, quienes conforman el comité general representativo de víctimas de dicha guerra.

Durante las décadas pasadas, el estado de Guerrero fue la cuna de violentos movimientos sociales, todos estos causados por las inmensas diferencias sociales, la desigualdad y la marginación.

El estado se caracterizó por crear las condiciones para el surgimiento de grupos guerrilleros armados, en lugar de responder a las necesidades de la gente.

Grupos que fueron objeto de una de las más cruentas represiones que se han ejercido en el país y quitándoles lo más indispensable: Su dignidad.

El periodo conocido como la Guerra Sucia inicia en 1968 y concluye en 1980, año en el cual la mayor parte de los movimientos quedaron latentes, gracias a la eficiente represión oficial de la cual fueron objeto.

Si con la misma eficiencia el gobierno cumpliera su función, como desapareció a cuanta persona osó desafiarle, jamás se hubiera llegado a la muerte de tantos inocentes y al sufrimiento de los que menos tienen.

Durante la llamada Guerra Sucia, cientos de simpatizantes de izquierda detenidos por el ejército y la policía desaparecieron, según organismos civiles.

El presidente Vicente Fox, quien inició su mandato en diciembre de 2000, se comprometió a investigar y castigar a los responsables de los crímenes de la guerra sucia. Exguerrilleros, familiares de desaparecidos y expresos políticos, han denunciado que hasta la fecha no se le ha dado seguimiento y solución a estos crímenes de lesa humanidad.

Las víctimas de tales atrocidades solicitan les sean reparados los daños de manera digna de acuerdo con las resoluciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que retorne y realice las sesiones correspondientes del comité interdisciplinario para la reparación del daño de las victimas acreditadas y no acreditadas de la guerra sucia.

Segundo. Se solicita la conformación de una comisión especial de seguimiento para el caso de la guerra sucia.

Tercero. Se exhorta a Secretaría de Gobernación, mediante la Secretaría de Salud, a que se brinde la atención de calidad física y mental a las víctimas y familiares de la guerra sucia de manera urgente.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las gestiones necesarias para proporcionar vivienda y educación digna a las víctimas afectadas por la guerra sucia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras.

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a fin de que el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión para ingresar en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que México se constituyó como nación independiente, ha reconocido la labor de sus próceres y ha mantenido viva su memoria. El 19 de julio de 1823, el Congreso Nacional emitió un decreto que ordenaba reconocer a los precursores de la Independencia de México como beneméritos de la patria1 en grado heroico y reunir sus restos para rendirles un homenaje público.

Los restos de los héroes se exhumaron y trasladaron a la Ciudad de México en septiembre de ese mismo año, a fin de ser depositados en la Catedral de México. Cien años más tarde, en 1925, por disposición del presidente Plutarco Elías Calles, fueron trasladados a la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Reposan ahí los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano Jiménez, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Pedro Moreno, Víctor Rosales, Francisco Xavier Mina, Nicolás Bravo, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros.

El 25 de marzo de 1947, cuando se cumplieron 100 años del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, se descubrieron sus restos mortuorios. Para honrar la memoria de los jóvenes próceres que combatieron a los invasores estadounidenses, el presidente Miguel Alemán prometió construir el Monumento a los Defensores de la Patria, que se inauguró el 27 de septiembre de 1952.

Otro sepulcro importante se ubica en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México, en el que fue inhumado el cadáver del presidente Benito Juárez en 1872, año de su deceso.

El Monumento a la Revolución alberga a otro conjunto importante de próceres, aquéllos surgidos del movimiento revolucionario de 1910: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles.

Además de los mausoleos ya mencionados, desde 1872 existe un lugar especial para dar sepultura a los próceres de la República: la Rotonda de los Hombres Ilustres. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, por decreto presidencial, instruyó para que el recién creado panteón de Dolores albergara un espacio para la construcción de dicha Rotonda, colocando monumentos diseñados especialmente para cada uno de los mexicanos que ahí yacen, cuyos epitafios perpetúan su sentido nacionalista hasta nuestros días, y aluden a su participación política, militar, su lealtad a las instituciones, o su aportación hecha en las ciencias y en las artes.

Entre los personajes ilustres que ocupan las tumbas de la Rotonda se encuentran expresidentes como Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez y Manuel González; artistas y científicos como David Alfaro Siqueiros, Nabor Carrillo, Carlos Chávez, Mariano Azuela y Francisco González Bocanegra; filósofos e historiadores como Eligio Ancona, Antonio Caso y Francisco Javier Clavijero; políticos notables como Ponciano Arriaga, Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto Castillo y Vicente Lombardo Toledano, por nombrar algunos.

Para la inhumación de un cuerpo en la Rotonda de las Personas Ilustres es necesario cumplimentar diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores.

Dicho decreto tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para que el titular del Poder Ejecutivo federal, emita la declaratoria de hombre o mujer ilustre para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen.

Esta proposición tiene por objeto que la Cámara de Diputados, en su carácter de depositaría de la representación popular, solicite al titular del Poder Ejecutivo integre el expediente que sustente la candidatura de Adolfo C. Gurrión, conforme al artículo VII del decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores, para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, en razón de que se trata de un mexicano que ejerció la función de diputado federal; es decir es un correligionario nuestro que realizó aportes a la vida pública nacional.

Sus hechos biográficos más relevantes son:2

• Nació el 20 de octubre de 1879 en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, justo cuando comenzaba el gobierno que dirigiría los destinos de México por tres décadas. Tal vez porque no conoció a otro presidente que no fuera Porfirio Díaz, luchó desde su juventud por la democratización de la vida política nacional.

• Fue corresponsal en Oaxaca del periódico Regeneración , que dirigían los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, el cual se publicaba en San Luis Missouri.

• A principios de 1906, cuando contaba con 26 años de edad, publicó su propio periódico que tituló La Democracia. En su región natal fue perseguido por los jefes políticos de Juchitán y de Tehuantepec.

• Fue encarcelado por el contenido de sus textos. Sometido a prisión inhumana, sobrevivió ocho meses en una mazmorra conocida como Martinica en la capital del Estado.

• Ejerció como profesor en varios puntos del país, desde su tierra natal hasta el norte del territorio nacional.

• En 1910, Adolfo C. Gurrión se encontraba en Baja California, en calidad de secretario de la Inspección General de Educación, con residencia en La Paz.

• Ese mismo año se incorporó a la administración pública mexicana.

• El 2 de noviembre de 1911 inició en Juchitán una rebelión encabezada por el licenciado José F. Gómez, más conocido como Che Gómez, quien sería asesinado un mes después. Dicho movimiento exigían la supresión de la tutela de los gobiernos centrales sobre el Istmo, mediante su elevación a estado o territorio federal. El único personaje que pudo llegar a los rebeldes, intercediendo por éstos, fue el profesor Gurrión, quien en ese entonces contaba con 31 años, pero que ya gozaba de la estima y el respeto de los paisanos.

• En 1912 contendió por la diputación federal de su distrito natal. El voto de sus paisanos lo convirtió en diputado de la XXVI Legislatura de la Unión, entrando en funciones en septiembre de 1912, justo cuando cumplió 32 años de edad.

• Se opuso de manera tajante a la reelección del general Martín González y del licenciado Emilio Pimentel como gobernadores de Oaxaca.

• De manera especial se opuso al régimen de Victoriano Huerta, defendiendo con su lucha la integridad de la democracia y la libertad de su pueblo. Este hecho, junto a la búsqueda del ideal de la justicia para su población, le costaría la vida poco tiempo después.

• En enero de 1913 Gurrión estuvo en el Istmo procurando conciliar a verdes y rojos , bandos antagónicos en que se había dividido la familia juchiteca, así como casi todas las poblaciones istmeñas.

• Luego del asesinato de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez, en febrero de 1913, en los hechos conocidos como “la Decena Trágica”, Gurrión siguió concurriendo a la Cámara de Diputados, manteniendo una postura independiente frente al Gobierno de Victoriano Huerta, hasta que se hizo imposible su permanencia.

• En agosto del mismo año se marchó de la capital en busca de los revolucionarios que en el norte combatían al lado de Venustiano Carranza.

• El 17 de agosto, el joven diputado Adolfo C. Gurrión fue ejecutado en el pueblo de Chihuitán por una partida de soldados a las órdenes de Capitán Arturo Canseco. La ejecución tuvo lugar ante la tajante oposición de Gurrión contra el régimen huertista, pero la versión oficial fue que se le detuvo por dirigir el “motín de Tehuantepec”, cuando su verdadero interés era defender a los ciudadanos tehuantepecanos que estaban refugiados en Juchitán.

Las instituciones especializadas que podrán ser consultadas por el Consejo Consultivo que designe el Ejecutivo, serán los siguientes: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México , presidido por la doctora Patricia Galeana Herrera; Comité Autonomista Zapoteca “Che Gorio Melendre” (Comité Melendre) , presidido por el licenciado Gubidxa Guerrero Luis; y la Casa de la Cultura de Juchitán, Lidxi Guendabiaani , presidido por el contador público Vidal Ramírez Pineda.

Hace 100 años mataron a Francisco Ignacio Madero. Poco después ejecutaron cobardemente a un Diputado zapoteca que antepuso los ideales libertarios y autonomistas, a las comodidades de la vida política. A Madero y a los hombres idealistas asesinados en 1913, nuestro reconocimiento. Al profesor Adolfo C. Gurrión nuestro respeto y admiración.

Los méritos del profesor Adolfo C. Gurrión como docente, periodista y diputado, buscando el restablecimiento de los ideales democráticos y la procuración del orden público, además de su incansable lucha para proteger a los suyos a pesar de las contrariedades frente al gobierno de Victoriano Huerta, y su consecuente ejecución en la defensa de sus ideales son, sin lugar a dudas, motivos suficientes para considerarlo como parte de los hombres ilustres que entregaron su vida en la construcción de nuestra patria.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, se pronuncia porque el titular del Poder Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión, para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres.

Notas

1 Reseña histórica de la Segob, sobre la Rotonda de las Personas Ilustres.

2 “Adolfo C. Gurrión”, datos biográficos. Artículo publicado en Enfoque Diario por Gubidxa Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a hacer del conocimiento público el gasto efectuado para construir los centros de investigaciones federales números 2 y 3, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, José Luis Muñoz Soria, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público cuál fue el gasto para la construcción de los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados, en términos de los siguientes.

Antecedentes y consideraciones

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción VIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual se consideró trascendental.

A partir de esta reforma, el sistema de justicia penal en México migro del anterior modelo de tipo mixto predominantemente inquisitivo al modelo garantista de corte acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

2. El 30 de abril de 2013, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta al Senado de la Republica para los efectos constitucionales.

3. La palabra arraigo en sentido amplio, la cual proviene del latín “ad” y “radicare” que significa echar raíces; se define como una “medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte”.1

El arraigo en estricto sentido se define como: medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del ministerio público en razón de la investigación de un hecho delictivo.2

4. El arraigo es una medida cautelar de la cual el Ministerio Publico ha abusado, se priva de la libertad y prácticamente se encarcela a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito, evidenciando la nula capacidad de investigación que realiza el Ministerio Público al otorgarle plazos adicionales, lo cual genera detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, y amenazas, con la finalidad de obtener una confesión relacionada con presuntas actividades delictivas.

El arraigo va en contra de la presunción de inocencia, mejor conocido como “principio pro persona”, lo cual conlleva un retroceso al viejo sistema, toda vez que el principio de inocencia configura la libertad del sujeto.

En tal sentido, priva la libertad de las personas de forma ilegal, sin tener un control adecuado de la legalidad de la detención, lo cual viola flagrantemente el derecho a la libertad personal consagrada en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

5. Los sexenios anteriores hicieron claro abuso del arraigo, olvidaron hacer investigaciones exhaustivas que llevaran a la resolución puntual de la búsqueda de verdaderos culpables.

6. Todo ello aún y cuando conforme a las cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se destaca que entre enero de 2008 y mayo de 2010 solamente el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, lo cual nos demuestra la baja eficiencia de dicha medida.

Asimismo, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en un encuentro con legisladores afirmó que “el arraigo es una figura de la que se abusó. Estos nos habla de que 3 mil 800 personas estuvieron detenidas 40 u 80 días sin ningún progreso en su situación. Pero eso no es lo más grave: del arraigo surgió un efecto perverso por que la PGR se confió y hubo casos en los que nadie hizo nada”; también, en un comunicado de prensa aseveró que “en los últimos 4 años del gobierno de Felipe Calderón se arraigo cerca de 4000 personas, de los cuales solo 200 fueron consignadas”.

Continuando con las cifras que en días anteriores se han dado a conocer, se observa con gran preocupación, ya que el costo por día de mantener a una persona sujeta a investigación en esta modalidad, asciende aproximadamente a 170 pesos diarios, cantidad que obviamente resulta un gasto inútil después del bajo número de consignaciones.

7. En la tendencia de creer que la figura del arraigo era lo correcto, en el 2009 la Procuraduría General de la Republica solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presupuesto para la compra del inmueble que ocupaba en ese entonces el “Hotel Gran Sol”, con la finalidad de construir un Centro de Investigaciones Federales (CIF número 2); finalmente se construyó entre los años 2010 y 2012 el Centros de Investigaciones Federales (CIF número 2).

Asimismo, se construyó entre los años 2011 y 2012 el Centro de Investigaciones Federales (CIF número 3), ubicado entre los limites de Cuernavaca y Jiutepec.

Entre los dos centro de investigaciones federales pueden albergarse alrededor de 600 y 960 personas respectivamente, y que supuestamente cuentan con tecnología de punta, de los cuales se calcula que el monto erogado fue de 700 millones de pesos y parte de esos recursos presuntamente fueron aportados mediante la controvertida Iniciativa Mérida. Hay que recordar que la Iniciativa Mérida ha sido considerada como un medio de transgresión de nuestra soberanía.

La Iniciativa Mérida fue considerada por el gobierno calderonista como una cooperación bilateral contra el crimen organizado trasnacional; al respecto debemos recordar que el Senado estadounidense pretendió imponer una serie de condiciones las cuales eran violatorias de nuestra soberanía.

Los principales objetivos de la Iniciativa Mérida estriban en lo siguiente:

• Mejorar en los programas de las agencias de seguridad.

• Proporcionar equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homologas, tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre México y EE.UU.

• Tecnología para aumentar la capacidad de México para recolectar inteligencia para propósitos de orden público.

• Producir un hemisferio más seguro y protegido, donde las organizaciones criminales ya no amenazarán a los gobiernos ni a la seguridad regional.

• Impedir la entrada y la propagación de drogas ilícitas y amenazas transnacionales en toda la región y hacia estados Unidos.

De lo anterior, no se desprende que la controvertida Iniciativa Mérida, previera la disposición de recursos económicos para la construcción de dos Centros de Investigaciones Federales para realizar detenciones arbitrarias (arraigar) sin tener elementos que justifiques dicha detención, y posteriormente darse a la tarea de investigar.

8. Ahora que dichos Centros de Investigaciones Federales están concluidos, no han sido ocupados, de los aspectos planteados resultan varias interrogantes y las más importantes son: ¿Cuál fue el costo real de estos centros? ¿Cuál es la procedencia del presupuesto otorgado para la construcción de estos centros?

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de internet, cual fue el gasto erogado entre 2009 y 2012 para la construcción de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3), así como la procedencia de los recursos económicos utilizados.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de internet, cuáles fueron los criterios para utilizar recursos económicos, producto de la iniciativa Mérida y en que apartado de la misma se encuentra previsto la utilización de su presupuesto para la construcción de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3).

Tercero . Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de Internet, el procedimiento de licitación para la contratación de la o las empresas que realizaron la construcción, instalación y equipamiento de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3).

Notas

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario jurídico mexicano, 10a. edición, Porrúa, México, 1997.

2 Díaz León Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y términos usuales en el derecho penal, 3a. edición, Porrúa, México, 1997.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a cinco de noviembre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud, a los gobiernos estatales y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el informe especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos dependientes de los gobiernos federal y locales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana1 , en el cual “hace patente su preocupación por quienes presentan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en diversas unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica en el país.”

En el mencionado informe, la CNDH hace una recopilación de la normatividad vigente en lo relativo a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica (Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994) y presenta una serie de casos con base en las “visitas de supervisión a 41 hospitales que brindan atención intrahospitalaria, ubicados en el Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas”2 , realizadas entre 2011 y 2012.

Cabe señalar que la CNDH precisa que de los 41 hospitales psiquiátricos, tres son administrados por la Secretaría de Salud federal (Ss) y uno coordinado por tal dependencia; tres están bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las 34 unidades restantes dependen de las Secretarías de Salud estatales. “El Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, no cuentan con hospitales psiquiátricos que brinden atención intrahospitalaria”.3

Respecto al número de personas que se encuentran en los 41 hospitales, “la capacidad instalada asciende a 4 mil 9 camas censables. Del total, 777 se encuentran en hospitales que dependen del gobierno federal, cuya población al momento de las visitas asciende a 669 pacientes internados, de los cuales 371 son hombres y 252 mujeres, así como 46 menores, 22 de ellos mujeres y 24 hombres; mientras que en los establecimientos bajo la competencia de los gobiernos estatales existen 3 mil 232 camas, con una población de 2 mil 474 pacientes, entre los cuales se encuentran mil 278 hombres y mil 187 mujeres, así como 9 menores, 4 de ellos hombres y 5 mujeres.”4

Es así que la CNDH, realizó una verificación con base en la Guía de supervisión a hospitales psiquiátricos, la cual permite contar con información detallada sobre las condiciones de hospitalización, la normatividad que los rige así como los elementos necesarios que permitan garantizar los derechos humanos de las personas al interior de los hospitales.

Después de haber visitado los 41 hospitales psiquiátricos, la CNDH “advierte la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de las personas con padecimientos mentales internos en los hospitales psiquiátricos del país”5, en relación con la legalidad y situación jurídica, protección de la salud, integridad personal y trato digno; los cuales brindan un piso mínimo para que las personas puedan recibir una atención acorde a lo establecido en el marco normativo a nivel nacional, respetando lo estipulado en los diversos tratados internacionales en la materia.

En dicho tenor, la CNDH consideró una serie de propuestas dirigidas a la secretaria de Salud federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal, las cuales están encaminadas en:

Primera. Promover las acciones pertinentes para que en el Distrito Federal, así como en los estados de Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, operen unidades hospitalarias médicos-psiquiátricas, así como centros de atención especializada para personas con discapacidad psicosocial.

Segunda. Tomar las medidas correspondientes para evitar cualquier clase de abuso en agravio de las personas internas en los hospitales psiquiátricos, asimismo, sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.

Tercera. Implementar políticas públicas de apoyo a los hospitales, para promover el desarrollo de programas en la comunidad, que faciliten a las personas con padecimientos crónicos que se encuentran en condiciones de abandono, su reincorporación a la vida en sociedad, productiva, laboral y social, mediante su atención en centros comunitarios de salud mental, casas de medio camino y los demás servicios extra hospitalarios existentes.

Cuarta. Es conveniente que periódicamente se evalúen las necesidades de cada hospital para que, en su caso, se gestione la asignación de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los pacientes hospitalizados, relacionadas con la estancia, alimentación, vestido y calzado.

Quinta. Garantizar el acceso de los usuarios a los medios de comunicación disponibles, como el servicio telefónico, publicaciones escritas, la radio y la televisión, salvo cuando esto sea contrario a los objetivos del tratamiento médico y de rehabilitación psicosocial.

Sexta. Notificar debidamente y con la formalidad que esto requiere a los Ministerios Públicos que corresponda en los casos que se autorice el ingreso involuntario, como lo ordena el artículo 4.4.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

Séptima. Adoptar las medidas correspondientes para que los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados estén debidamente integrados, particularmente con las constancias relativas al consentimiento informado en los casos de ingreso involuntario, el tipo de ingreso, la indicación del psiquiatra o las valoraciones del internista y el anestesiólogo en el caso de terapia electroconvulsiva.

Octava. Para garantizar el derecho de los pacientes a decidir libremente si se somete a un tratamiento médico, es necesario que exista previamente un consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente, o a quien sea responsable de él, la información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que pueda comprender, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; las demás modalidades posibles de tratamiento, así como los dolores o incomodidades posibles, los riesgos y secuelas del mismo; es importante que exista constancia escrita y que tal información se proporcione cuantas veces sea necesario.

Novena. Dotar a los hospitales psiquiátricos de personal médico y de seguridad, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para la realización de actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, que incluyen la terapia familiar y campañas de prevención de enfermedades dirigidas a los usuarios hospitalizados.

Décima. El personal médico, paramédico, de trabajo social y en general aquel personal que esté en contacto directo con los pacientes y que labora en los hospitales psiquiátricos, debe recibir periódicamente cursos de capacitación sobre derechos humanos, así como de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Décima Primera. A efecto de evitar abusos en los hospitales psiquiátricos, deben existir criterios específicos para ubicar en diferentes áreas o secciones a los pacientes de acuerdo a sus características.

Décima Segunda. Realizar acciones para que en los hospitales psiquiátricos que así lo requieran, se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad física, y se les proporcionen sillas de ruedas, bastones o cualquier otra clase de apoyo.

Décima Tercera. Garantizar el servicio de atención psiquiátrica a los pacientes con padecimientos o discapacidad mental que viven con VIH/sida.

Décima Cuarta. Elaborar y expedir las disposiciones administrativas pertinentes para regular las actividades de los hospitales psiquiátricos relacionadas con los usuarios hospitalizados desde el ingreso, así como durante su estancia y egreso, lo que también contribuirá a la prevención de actos que puedan constituir tortura o maltrato.

Décimo Quinta. Se remitan a este organismo nacional las constancias que sean solicitadas, así como aquéllas que acrediten el cumplimiento de las propuestas vertidas en el presente informe especial. Considerando que los derechos humanos son inherentes a las personas, con absoluta independencia de la situación legal y estado de salud en el que se encuentren y por ende su pleno ejercicio debe estar garantizado por el Estado mexicano y sus instituciones, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Salud federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el Informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana.

Notas

1 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana. http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales /informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para restaurar y conservar la zona arqueológica de Ixtépete, en Zapopan, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta trascendental fomentar en la ciudadanía una cultura de respeto y protección a nuestros monumentos y zonas arqueológicas con el propósito de que los anteriores continúen siendo una fuente importante de cultura, aprendizaje, turismo y conservación de los espacios, que histórica y jurídicamente son de todos los mexicanos.

Actualmente México cuenta con alrededor de 187 zonas arqueológicas las cuales son estudiadas y protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como parte de sus atribuciones, lo cual se establece en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el cual afirma en su primer párrafo que “es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”. Es por lo anterior que resulta fundamental el dar seguimiento a todas aquellas zonas que por diversas circunstancias se encuentran en algún grado de deterioro o maltrato, esto por diversas cuestiones naturales o humanas.

Es importante destacar que cualquier zona arqueológica, artística e histórica así como zonas de monumentos son de gran importancia para el país, por lo que resulta trascendental que todos los niveles de gobierno del estado participen en la conservación y protección de dichas zonas, lo anterior basados en el artículo 7 primer párrafo de la ley anteriormente mencionada, el cual afirma que “las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Por otra parte, dichos trabajos de restauración y conservación podrán lograrse de forma conjunta, ya que como se ratifica en el mismo artículo 7 párrafo tercero de la multicitada ley, el cual establece que “el Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades mencionadas (estados, territorios y municipios), así como de particulares, para los fines que señale este artículo”.

Es así que nos encontramos con la zona arqueológica de Ixtépete, situada en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, la cual es considerada una de las más importantes del occidente del país, misma que fuera descubierta en 1938. Dicha zona surge como un proyecto de parque ecológico urbano, y entre sus características encontramos que cuenta con al menos 7 edificios, supuestos entre cada uno con lapsos de 52 años, siendo que los indígenas tenían establecido para medir su tiempo; así también tienen características de los grupos aztecas emigrados de Aztlán guardando semejanza con la pirámide del Sol de Teotihuacán1 .

Desgraciadamente, y a pesar de tener una gran importancia en nuestra historia y en la cultura de nuestro país, se encuentra exponencialmente deteriorada y descuidada.

Es así que por el grado de importancia que tiene la zona arqueológica de Ixtépete en el sector histórico y cultural, y tras lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Histórica, para que dentro del ámbito de sus competencias realice medidas de restauración y conservación de la zona arqueológica de Ixtépete, situada en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

Nota

1. http://vive.guadalajara.gob.mx/que-visitar/el-ixtepete-o-iztepete 4 de Octubre de 2013 14:24 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin, para dejar de engañar a la población, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En Estados Unidos de América se conoce como Viernes Negro al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas y reales rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes, el Viernes Negro no es oficialmente un día festivo, pero muchos empleadores ven este día como un día feriado así como el Día de Acción de Gracias, dándoles el día libre a sus empleados, para incrementar el número total de potenciales compradores.

El Buen Fin es el fin de semana en México que tiene como objetivo el incentivar la economía fomentando el consumo mediante la aplicación de promociones y descuentos en los precios de diversos productos. Eso, es lo que le han hecho creer a la población en general, desde que en noviembre del 2011 se llevó a cabo por primera vez.

Está inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, y surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, en asociación con el gobierno federal y organizaciones del sector privado. El evento es organizado por la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos e Iniciativa México, en coordinación con el gobierno federal.

En su primera edición, participaron 220 000 empresas a nivel nacional, las cuales decían aplicar rebajas en los precios de numerosos artículos de entre un 10 y 80 por ciento. En total, se vendieron 106 mil millones de pesos en ese periodo. De acuerdo a la ANTAD, los productos más vendidos ese año fueron de las líneas de electrónica, de vídeos, de telefonía móvil y de muebles; la preferencia de la clientela se hizo más notable hacia las tiendas departamentales, que superaron en ventas a las tiendas especializadas durante la realización de El Buen Fin.Para la edición de 2012, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) anunció su incorporación al programa, lo cual significó la participación de entre 6 mil y 7 mil empresas adicionales. Como estrategia para incrementar el consumo, esta organización decidió pagar una parte del aguinaldo a sus miembros. Además, los gobiernos estatales participantes confirmaron que las empresas pagarían prestaciones por adelantado a sus trabajadores, entre las cuales se incluyen el aguinaldo, las primas vacacionales y las gratificaciones de fin de año, para promover el consumo.

De acuerdo al gobierno federal, este año El Buen Fin será el próximo 15, 16, 17 y 18 de noviembre. Se espera que en esta edición se supere entre un 10 y 12 por ciento las ventas de la edición 2012.

254 cámaras y 660 mil empresas esperan esta edición de El Buen Fin. Gobiernos estatales, municipales y empresas en general realizarán nuevamente el adelanto de una parte de los aguinaldos para el día 15 de noviembre,1 a fin de que las personas puedan consumir los productos “en oferta”.

Sin embargo, hasta ahora la población que tiene acceso a estar más informado está consciente de que no hay ninguna rebaja, ni descuentos; y que lo único que ocurre es que existe un mayor incremento del uso de las tarjetas de crédito. En el 2012 las compras con tarjetas aumentaron 50 por ciento durante los cuatro días en que se llevó a cabo, en comparación con 2011, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).2 Las compras con tarjetas de débito en el mismo lapso pasaron de 7 mil 53 millones a 10 mil 118 millones de pesos, lo que significó un aumento de 43 por ciento. Y en el caso de las tarjetas de crédito, la facturación avanzó de 10 mil 615 millones a 16 mil 469 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 55 por ciento. De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, 75 por ciento de las supuestas ofertas no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses,3 y que el 15 por ciento restante de las ofertas son descuentos de entre 5 y 12 por ciento sobre el valor de los productos. En realidad lo que hacen las empresas es inflar el costo de los productos por lo menos con algunas semanas de antelación, para que los consumidores lo paguen a meses sin intereses durante un año o año y medio y/o lo paguen a ese costo inflado, con ofertas completamente disfrazadas.

Lamentablemente en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor no ayuda de mucho. Ya que únicamente se encarga de recibir quejas de los consumidores y no realiza verificaciones con las cuales pueda determinar el antes y después de los precios.

Por todas estas razones es urgente que se revise la dinámica de El Buen Fin, ya que supuestamente tiene la finalidad de incentivar el comercio del país, al proporcionar “beneficios” a los consumidores. Sin embargo éste programa lo que en realidad representa es una campaña masiva publicitaria para incrementar las ganancias de las grandes empresas a costa del endeudamiento de los trabajadores. Y en ningún caso reactiva la economía, ya que no está generando empleos y únicamente representa ganancias para las empresas participantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que con brevedad presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin para dejar de engañar a la población en general.

Notas

1 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9760- boletin107-13

2 http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/11/21/compras-con-tarjeta-cre cen-por-buen-fin

3 http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/economia/025n1eco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado Israel Moreno Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a verificar en las tiendas de autoservicio el cobro real de los precios marcados en los mostradores, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las tiendas de autoservicio tal y como las conocemos hoy, hace algunos años no existían, se tenía que recorrer diversos establecimientos para poder obtener lo que hoy en día se puede obtener en una sola tienda de autoservicio, productos tales como carnes, verduras, productos de limpieza, etcétera.

Las tiendas departamentales han pasado sin duda alguna por una enorme transformación tanto en nuestro país como en gran parte mundo.

Todos los consumidores hemos gozado de una variedad y surtido extenso de bienes, servicios y en consecuencia de marcas para escoger determinado producto, siendo por un lado una situación benéfica, por ampliar las posibilidades de elección permitiendo adquirir el que más se convenga a nuestras necesidades.

Sin embargo estas tiendas departamentales han aprovechado en múltiples ocasiones de la necesidad de la gente, porque determinado producto aparece con un precio de exhibición y una vez que el consumidor llega a la caja, le cobran un precio diferente al marcado originalmente, por supuesto un precio mayor al exhibido originalmente.

Sin duda esto es algo grave, porque a ciencia cierta no se sabe cuánto y a cuántos productos se les altera el precio final, a simple vista no existe una afectación tan grave para los consumidores, sin embargo, al observar que son reiteradas y constantes las omisiones por parte de las tiendas departamentales en rectificar los precios al momento de cobrarlos, las ganancias para dichas tiendas son enormes aunque estos sean solamente de centavos a centavos.

El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano hace un enérgico llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que revise y exhorte a las tiendas de autoservicio para que los precios de los productos en las tiendas de autoservicio sean exactos; que las mismas acaten y respeten el capítulo III en su artículo 32, y que no exista engaño por parte de dichas tiendas y estos sean certeros y exactos; con mayor razón cuando está por comenzar una temporada de mayores compras como lo es la época decembrina, sin embargo con el encarecimiento de diversos productos tales como la gasolina, el aumento de la luz, el gas LP, etcétera, y los precios disfrazados de las tiendas de autoservicio, a los mexicanos les alcanza cada vez menos para cubrir sus necesidades básicas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que aplique las sanciones correspondientes a aquellas tiendas departamentales que no estén cumpliendo con el precio inicial exhibido y el final al momento del pago de determinado producto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para proteger la zona arqueológica de Acozac, en Ixtapaluca, México, a cargo del diputado César Reynaldo Navarro de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Reynaldo Navarro de Alba, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se declara como zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Acozac o Ixtapaluca Viejo, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Ixtapaluca, estado de México.

De acuerdo a estudios realizados a las cerámicas encontradas en el lugar se establece que la zona arqueológica de Acozac estuvo poblada en tres periodos diversos, siendo estos; Azteca I, comprendido entre los años 900 a 1200 D.C., bajo el dominio de la cultura Chichimeca; Azteca II, entre los años 1200 a 1430, bajo el dominio del imperio de Texcoco, el cual coincide con el reinado de Techotlallatzin; y Azteca III, entre los años 1430 a 1521, siendo las estructuras de este periodo las que se encuentran visibles en la actualidad.

Esta zona arqueológica adquiere su actual nombre debido a que hasta el año de 1973 el lugar era conocido como Ixtapaluca Viejo, siendo esta fecha en que los terrenos del Rancho Acozac se lotifican, permitiendo así la construcción de un fraccionamiento y un campo de golf, quedando de esta forma la zona arqueológica con una extensión territorial de 28 hectáreas, motivo por el cual se decide conservar el nombre de Acozac.

Dentro los monumentos arqueológicos que podemos observar en Acozac encontramos altares, plataformas y terrazas. Allí se conservan restos de estuco con decoraciones en color rojo, asimismo se encuentran monumentos principales como El Palacio de Planta Trapezoidal; el Basamento de Planta Circular, dedicado al culto de Quetzalcóatl en su advocación de Ehécatl (Dios del viento) y un Juego de Pelota con cancha abierta.

A pesar de que en la actualidad este pequeño grupo de estructuras son las únicas que se pueden visitar, se han detectado en la zona más de 100 estructuras adicionales, las cueles se consideran que pudieron ser zonas destinadas al culto o a la habitación.

El paso del tiempo combinado, con el olvido y el descuido al que se ha condenado a la zona arqueológica, han generado que con cada día transcurrido se presente un mayor deterioro de la zona.

El vandalismo es otro elemento que ha influido en el deterioro en que se encuentra dicha zona, esto debido a la escasa vigilancia existente, observándose la presencia de grafitis en los monumentos arqueológicos, lo que genera un daño grave a los mismos.

Asimismo, la falta de cercas que delimiten el acceso a ciertas áreas de la zona ha generado que las personas paseen sin ninguna clase de precaución por lo monumentos, generando que estos se vayan deteriorando, sin que algún tipo de autoridad lo impida.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca mecanismos para la protección, conservación, estudio y recuperación de los monumentos arqueológicos que se encuentran en la zona arqueológica de Acozac.

La protección y conservación de las zonas arqueológicas representan el resguardo a la identidad y cultura de un país, ya que éstas son testimonio de los acontecimientos del pasado, de las culturas y de las tradiciones que representan a un país, además de que esta clase de vestigios arqueológicos son obras de arte que han sobrevivido al paso del tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca mecanismos para la protección, conservación, estudio y recuperación de los monumentos arqueológicos que se encuentran en la zona arqueológica de Acozac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 7 de noviembre de 2013.

Diputado César Reynaldo Navarro de Alba

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al director general de Pemex a hacer públicas las causas de la explosión en el pozo petrolero Terra 123, de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79 numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Consideraciones

1. En Tabasco, los tabasqueños sufrimos una vez más de los accidentes e incidentes petroleros. La explosión en el pozo Terra 123, situado en el municipio de Nacajuca arde desde el 29 de octubre.

2. La contaminación y daños a la salud son latentes para la comunidad de la Chontalpa, nuevamente los tabasqueños reclaman a Petróleos Mexicanos (Pemex) la falta de condiciones preventivas y de seguridad elemental para evitar este tipo de accidentes.

3. Sin embargo, el responsable en esta ocasión no es directamente sólo Pemex, sino principalmente Halliburton, la empresa trasnacional que desde hace años ha entrado por la puerta de atrás a nuestro país, donde ha generado una industria paralela a la empresa nacional.

4. A Halliburton se le ha entregado más de un centenar de contratos en Pemex Exploración y Perforación, en las zonas del litoral de Tabasco, en la sonda de Campeche y en el aceite terciario de Chicontepec, y de esto no se ha reflejado un gran logro o aumento en la producción petrolera, al contrario. Hoy esta trasnacional es la encargada de perforar y explotar, pero tal como lo ha hecho en otros países tanto africanos como de medio oriente sólo explota y recoge cuantiosas ganancias y no suma al entorno en bienestar social.

5. En otras ocasiones Pemex ha salido a cumplir con los sectores sociales, a dar la cara, a resarcir el daño hasta donde sea posible. A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a convivir con la paraestatal que genera riqueza para todo México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que informe, a través del director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, las causas de la explosión del pozo petrolero Terra 123, situado en el municipio de Nacajuca, Tabasco; y que arde desde el martes 29 de octubre a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputada Claudia Elizabeth Bojorquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir la cartilla de control de la diabetes para llevar un registro oficial nacional de quienes la padecen, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza de forma eficaz para regular los niveles de glucosa en la sangre.

Actualmente existen dos formas básicas de esta enfermedad, la de tipo 1, asociada a las personas que producen muy poca o nada de insulina y la de tipo 2, la cual es mucho más frecuente que la anterior, ya que representa el 90% de los casos a nivel mundial y se caracteriza porque los enfermos no pueden utilizar la insulina de forma efectiva.

Un tercer tipo de diabetes es la mellitus gestional (DMG), que se desarrolla en algunos casos de embarazo y que generalmente desaparece después de esta etapa.

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año fallecen 3.4 millones de personas en el mundo por complicaciones de la diabetes, de las cuales el 80% de estas muertes ocurren en países de ingresos económicos bajos y medios.

Es decir que una de cada 20 muertes se atribuye a la diabetes; 8, 700 diarias y 600 cada minuto.

La propia OMS ha catalogado a la Diabetes como una pandemia, ya que actualmente en el mundo, 346 millones de personas la padecen; de continuar con esta tendencia, se prevé que la diabetes se convierta para el 2030, en la séptima causa de muerte a nivel mundial.

Nuestro país no es la excepción, ya que de acuerdo a datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en México la prevalencia del padecimiento es del 15.5%, muestra de ello es que existen alrededor de 10 millones 603 mil enfermos diagnosticados entre los 20 y 79 años de edad, y cerca de 3 millones 452 mil personas que no han sido diagnosticadas; al año se registran 70 mil decesos a causa de la diabetes.

A escala mundial ocupamos el séptimo sitio en diabetes mellitus tipo 2 y quienes la padecen destinan alrededor de dos y hasta cinco veces su ingreso neto a la atención de esta enfermedad, lo que sin lugar a dudas representa un serio golpe a la economía popular de los enfermos.

Según el Consejo Mexicano de Medicina Interna, la obesidad es un factor que favorece el desarrollo de la diabetes en nuestro país, y en gran medida se debe a la predisposición genética, lo cual no resulta para menos, si consideramos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos ubica como el país más obeso con el 32.8% de la población adulta, por encima de países como Estados Unidos.

Entre otros factores que contribuyen a la proliferación de la diabetes en nuestro país, se encuentra el sedentarismo y los malos hábitos de alimentación; no por nada somos considerados los principales consumidores de refresco y comida chatarra.

Desafortunadamente los avances por parte del Gobierno Federal por atender este problema de salud pública han sido nulos, muestra de ello es que en pleno siglo XXI, no se cuente con una unidad de investigación, enseñanza y atención médica de excelencia que atienda de manera integral la diabetes en nuestro país.

Con las proyecciones de crecimiento de la enfermedad, nos encontraríamos con instituciones rebasadas, como el IMSS, ISSSTE y SSA, en el caso de que el paciente cuente con seguridad social y de no ser así, tendrán que recurrir a instituciones particulares para ser tratados, lo cual representaría acrecentar la brecha de desigualdad.

Según datos de la Federación Mexicana de Diabetes, 30 de cada 100 pacientes abandonaron su tratamiento por cuestiones monetarias o falta de disciplina. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de diabetes en México, 52 provienen del bolsillo del paciente, 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 11 de la Secretaría de Salud y 7 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública de México, en el 2010 la diabetes le costó al país 778 millones 427,475 dólares, donde el 92% de ese dinero se destina a tratar a pacientes no controlados y sólo el 8% para pacientes controlados, siendo nuestro país donde es más cara la enfermedad, pues al año, un paciente cuesta al sistema de salud 708 dólares en promedio.

Lo que significa que el gasto de la enfermedad en México es más alto que en muchas de las naciones de América, pues de cada 100 dólares que se invierten en salud, 15 se destinan al tratamiento de esta enfermedad, mientras que naciones como Estados Unidos sólo destina 14.

En 2012, el costo de la diabetes superó los 105 mil millones de pesos (siete mil 784 millones de dólares) entre costos directos e indirectos, es decir, desde el tratamiento hasta el precio de las complicaciones relacionadas con la enfermedad, así como la mortalidad temprana.

A los diputados de Movimiento Ciudadano nos preocupa que el problema de la diabetes no se atienda de manera integral, ya que ni el propio Seguro Popular, contempla en su catálogo Universal de Servicios de Salud la atención de este padecimiento.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud doctora. Mercedes Juan López, para que emita la cartilla de control de la diabetes, con el propósito de llevar a cabo un registro oficial de personas que padezcan dicha enfermedad a nivel nacional, así como los avances de los pacientes de acuerdo al esquema de salud bajo el cual se encuentren.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de noviembre del 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la infraestructura educativa, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mucho antes de que se consumara la compra de la silla presidencial, el entonces candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, daba muestras de su incapacidad de mediación y de respuesta ante un sector de la población como lo son los jóvenes.

Una simple visita de campaña a la Universidad Iberoamericana sirvió de preámbulo para detonar el descontento y la indignación del electorado joven.

Desde la represión brutal por parte de los gobiernos priistas de Gustavo Días Ordaz en 1968, y de Luis Echeverría Álvarez en 1971, nuestro país no había presenciado tal ebullición juvenil en las calles ante tal descontento social.

El reclamo de los jóvenes es totalmente justificado, derivado de que Felipe Calderón nos heredó calles cubiertas de sangre, una ola de violencia incontenible, falta de oportunidades, espacios insuficientes en las escuelas, desempleo, un tejido social deteriorado y polarizado con su absurda guerra en contra del narcotráfico.

Para ganar puntos el candidato de la otrora Coalición Compromiso por México, y para desligarse de la fuerte presión que ejercían los jóvenes, prometió aumentar en 45 por ciento la cobertura de educación superior, con la intención de ofrecer 1.5 millones de nuevos lugares, así como la creación de universidades para la educación a distancia.

A tan sólo meses de amarrar la Presidencia de la República, en lo que respecta en materia educativa, sólo ha dado muestras de poderío ante la cúpula sindical desobediente, y de la privatización de la enseñanza a través de la reforma educativa gestada desde el novelesco Pacto Por México, mientras que casi 130 mil jóvenes son rechazados por parte de diversas instituciones educativas entre las que destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El gobierno federal no ha sido capaz de ofrecer las mínimas condiciones de infraestructura educativa, ejemplo de ello es que no ha podido generar los medios para que se desarrollen nuestros jóvenes.

De los 97 mil 645 alumnos que solicitaron su ingreso al IPN, sólo se aceptaron 22 mil, cerca de 23 por ciento de los aspirantes, y en el caso de la máxima casa de estudios se aceptaron a 7 mil 923 estudiantes de 61 mil 800 aspirantes, es decir tan sólo 12 por ciento.

En términos generales, cerca de 30 mil estudiantes tuvieron la fortuna de ser aceptados; sin embargo dicha cifra no resulta tan alentadora en un país, donde casi 25 por ciento de personas de entre 15 y 29 años, ni estudian ni trabajan, y ocupa el tercer lugar entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tan sólo por debajo de naciones como Turquía e Israel.

De acuerdo al informe Panorama educativo 2012 de la OCDE, arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato, con 47 por ciento, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento.

Si comparamos a México con otros países bien evaluados en materia de educación, podemos encontrar que en aquellos se gasta un aproximado de 14 mil dólares por alumno, mientras que en México no se gastan ni 3 mil dólares por estudiante.

Parte de este problema se debe a que en México se destinan 9 de cada 10 pesos de los recursos públicos del presupuesto para el pago de nóminas del sindicato.

Para que el gobierno federal pueda fortalecer la educación superior, tiene que convertirla en un eje de desarrollo nacional en el que se tome en cuenta la ampliación de la cobertura, fomentar la equidad mediante un programa nacional de becas amplio y suficiente, no sólo para que ingresen sino para que puedan concluir exitosamente sus estudios profesionales.

Así como abatir la deserción, mejorar la calidad de la educación, revisar la pertinencia de los programas educativos, impulsar la educación tecnológica y vincularla más al entorno regional que nos permitan modernizar la oferta educativa.

La nueva política de educación media y superior que plantean los diputados de Movimiento Ciudadano, no sólo se centra en apoyar y mejorar a las actuales universidades e instituciones públicas existentes para que funcionen al máximo de su capacidad, sino también en la apertura de nuevas universidades y la difusión de tecnologías para la educación en línea, elementos fundamentales para la ampliación de la matrícula.

El abandono de la educación no sólo es un tema de las cúpulas sindicales, también se debe al desinterés y poca voluntad política de gobernantes que protagonizan un episodio más de esta novela de pobreza y miseria en la que los ciudadanos son los protagonistas.

Es tiempo de que el gobierno de Peña Nieto salde las deudas pendientes que se tienen con los jóvenes, démosles oportunidades de que se transformen en empleos y no razones para que se enrolen en las filas del crimen organizado como lo han hecho las administraciones del PRI-AN.

Los jóvenes son el futuro de nuestra nación, aún estamos a tiempo de transformar conciencias y hacer de este país un lugar donde prevalezcan los principios y valores patrios.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo la construcción de nuevas instituciones educativas, para solventar la creciente demanda de la matrícula escolar a nivel medio superior y superior, con el fin de frenar la creciente crisis sistémica por la que atraviesa nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que establezca un programa emergente de atención a los estudiantes que se quedaron sin un sitio en las universidades públicas del país, para que continúen capacitándose y formándose en el ámbito educativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.