Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3902-V, jueves 7 de noviembre de 2013
De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013, la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas, turno recibido en esta comisión el 13 de marzo.
Contenido de la proposición
La proposición consiste en los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Leticia López Landero inician al referirse a la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres para .el ejercicio de los derechos de éstas a votar y ser votadas en nuestro país, sin embargo refiere que actualmente muchas mujeres ocupan puestos y cargos públicos de alta responsabilidad, y muchas de ellas procuran la participación de las mujeres en el ámbito político, en igualdad de derechos y de oportunidades a efecto de que su participación contribuya en el diseño de políticas públicas a favor de las y los habitantes de nuestro país.
Destaca la participación de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, hasta el logro de obligaciones adquiridas por el estado mexicano de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), lo que se materializa en reformas, ajustes y modificaciones legislativas que permiten impulsar la participación de las mujeres mexicanas en cargos de administración y de representación.
En ese sentido, nos explica que la legislación electoral, tanto federal como en las entidades federativas del país, ha ido paulatinamente incorporando medidas de acciones afirmativas para promover el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.
Nos explica que la participación de las mujeres es creciente en estos aspectos, hasta el punto, por ejemplo, de que en la presente LXII legislatura se registró en la Cámara de Diputados un número histórico de 185 diputadas, es decir, 37 por ciento de los 500 escaños, y en Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento, es decir tomando en cuenta los 128 espacios en el Senado, 42 son senadoras y que, sin embargo considera necesario que la Cámara de Diputados emita el punto de acuerdo que propone ya que a pesar de lo anterior, muchas mujeres durante el ejercicio de su puesto o cargo público, incluso en el proceso previo a ocuparlo, son objeto de múltiples violencias y que lo anterior es inaceptable ya que menoscaba el ejercicio de sus derechos.
Refiere que voces diversas se han pronunciado sobre el acoso y violencia política que sufren muchas de nuestras compañeras en el ejercicio de sus derechos políticos a través de los medios de comunicación. Por otra parte, nos remite al contenido del los artículos 6 primer párrafo y 7 vigentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que versan sobre el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, sin embargo apropiadamente nos explica brevemente que lo que no es debido, es justificar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación invocando el derecho a la libertad de expresión.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Posteriormente expone el caso de un medio de comunicación de Veracruz del cual no refiere el nombre o razón social, sin embargo precisa que dicho medio difunde sus notas localmente de manera impresa ya través de la red de internet, que desde hace aproximadamente un año, se ha dado a la tarea de publicar notas, comentarios e incluso imágenes ridiculizando y ofendiendo a la diputada proponente Leticia López Landero.
La violencia psicológica que vive la diputada proponente desde hace aproximadamente año y medio ejercida a través de dicho medio de comunicación, en virtud del ejercicio de sus derechos políticos, la califica de política, lamentable, brutal, denigrante y sutil, toda vez que violencia cuando en dicho medio de comunicación, destacan a través de sus notas la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, ni sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas, generan también discriminación, lo cual contraviene el artículo 4o. y la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que establecen lo siguiente:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión ,0 restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
...
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.
En sus consideraciones menciona que lamentablemente es frecuente que en contra de las mujeres se emitan comentarios de carácter sexista, ofensivos o referencias y comparaciones destructivos sobre sus cuerpos y que estos comentarios que atentan contra la dignidad de las mujeres como seres humanas, también constituyen violencia y discriminación en su contra lo que no debe ser tolerado de ninguna manera.
Solicita que reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres, y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.
Contextualiza su experiencia en el marco de ser víctima de la violencia en su contra a través del medio de comunicación que alude, en virtud de su participación política y visibiliza que el objeto o fin de las agresiones que ha recibido desde hace un año y medio aproximadamente por parte de este medio de comunicación, son con el fin de discriminarla, lo que constituye un obstáculo en su participación política.
Por lo anterior, propone impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para lo cual es fundamental visibilizar que la violencia en su contra a través de los medios de comunicación, el rumor institucional o la prensa sensacionalista son obstáculos que deben eliminarse para trascender al plano de las garantías y la legalidad, propone que algunas medidas para lo anterior serían colocar el tema en la agenda política, construir alianzas, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores, acciones legislativas, entre otras como formular estadísticas y mediciones del problema, que afecta profundamente nuestro tránsito hacia un país verdaderamente democrático y que dichas medidas deben ir dirigidas no sólo a los medios de comunicación, sino a grupos, autoridades, personas físicas o morales, a efecto de que sus manifestaciones, expresiones, lenguaje y conductas sean de respeto, prudencia, y libres de violencia contra las mujeres.
Con base en las consideraciones expuestas propuso los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas dé campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Ahora bien, por cuanto hace al derecho a la no discriminación a nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 26 que “[...] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do pará) establece el derecho a una vida libre de violencia. En la Plataforma de Acción de Pekín se determinó específica mente la prohibición de la utilización de materiales informativos con contenido violento o degradante hacia la mujer en los medios de comunicación.1
En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda forma de discriminación, puesto que se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, ese texto constitucional determina que todas “las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobretodo a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.
La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define en el artículo 4 la discriminación como un acto de “distinción, exclusión o restricción que basada en el [...] sexo [...] o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
Dicho ordenamiento establece además, en el artículo 9, fracción XV, que se considera como una conducta discriminatoria prohibida la de “ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación”.
Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones de la diputada Leticia López Landero, respecto a las agresiones que ha recibido por parte de un medio de comunicación de Veracruz desde hace aproximadamente año y medio, sus derechos establecidos en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son violados, lo que constituye probablemente la comisión de delitos o faltas en su contra, mismos que la proponente puede ejercer ante las autoridades competentes en el momento que considere oportuno, sin embargo, su proposición trasciende la mera denuncia de la violencia cometida en su contra, visibilizando la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres, como una forma de discriminación, cuando constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.
Es importante resaltar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.
Segunda. La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece en el artículo 4 que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
La Comisión de Igualdad de Género considera que en este caso, evidentemente se conculca el derecho a vivir una vida libre de violencia de la diputada proponente en lo particular, pero la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres dedicadas al oficio político, candidatas, representantes populares, con la intención de fomentar estereotipos, repudio, odio y violencia en su contra, constituyen un obstáculo para su participación política que puede manifestarse en el impedimento, anulación o reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.
Tercera. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación alodio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por la proponente, las expresiones emitidas por el medio de comunicación aludido, constituyen incitación a la violencia en su contra, por lo que tolerar las mismas, fomenta que dicho medio de comunicación se siga expresando de este modo de la diputada Leticia López Landero o de cualquier otra mujer dedicada o no a la participación política.
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género:
‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada.
Es claro en este caso que la violencia contra la diputada Leticia López Landero, por parte del medio de comunicación que menciona, ha tenido o puede tener como resultado un daño o sufrimiento psicológico, toda vez que la califica como política, lamentable, brutal, denigrante y sutil .
Cuarta. Con fecha 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que con relación al contenido de la proposición que se dictamina establece:
Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por
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XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”,2 y precisa en el artículo 6, fracción I, que la violencia psicológica abarca tanto actos como omisiones que dañen la estabilidad sicológica tales como insultos, humillaciones y devaluación, entre otras.
De la Violencia en la Comunidad
Artículo 16. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de
I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.
Sección Primera. De la Federación
Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación
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XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
...
XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;
XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley; y
XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.
Quinta. En relación con lo que establece el artículo 41, fracción XVIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es necesario considerar que si bien el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pero también señala el límite a ese derecho: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esa misma sintonía, garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas.3 De igual forma, así lo determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos.4
Entonces, debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión en la prensa no entraña el derecho a causar un daño a las personas y menos aún violentarlas. Por tal motivo, quienes sufran de infundios u ofensas en un medio de comunicación, cuentan con los instrumentos legales pertinentes para presentar su inconformidad. Asimismo, las normas prevén el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas que puedan ser víctimas de comentarios discriminatorios en medios de comunicación. Derecho que no fue concedido a las ofendidas.5
De acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado Mexicano, particularmente, la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.
Si bien en la propuesta se omite identificar cuál es el medio de comunicación escritos que incurrieron en la práctica discriminatoria y de violencia se estima procedente la solicitud de la legisladora, porque personal de esta comisión se dio a la tarea de buscar la información relativa por internet, pero sobre todo en virtud de que sí se reconoce la conducta lesiva que el medio realizó en contra de la diputada Leticia López Landero, por lo que, en esos términos se estima que debe realizarse el pronunciamiento, es decir, rechazar la violencia y discriminación de que fue objeto la diputada y así propiciar que el medio de comunicación aludido continúe realizando esta práctica en contra de la misma o de cualquier otra mujer.
Con base en las presentes consideraciones, así como en las referencias que cita la proponente en su escrito de las notas aparecidas en el medio de comunicación de Veracruz que la diputada proponente refiere que son distribuidas en forma impresa localmente, pero que son difundidas por internet, personal adscrito a la comisión dictaminadora se dio a la tarea de buscar dichas referencias vía Internet y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género pudieron constatar que el medio de comunicación aludido por la diputada es el Buen Tono de Veracruz y que en las notas que se refieren a la misma denotan desprecio hacia su persona, por el hecho de ser mujer, según puede apreciarse, y más cuando ninguna referencia a los hombres es por su aspecto físico.
Sexta. Esta comisión considera que es imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.
Los actos de violencia en los medios de comunicación de los cuales ha sido víctima la diputada Leticia López Landero evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. La Comisión de Igualdad de Género considera que no se debe pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de la legisladora, incitan alodio y a la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación públicos y privados, no debe ser tolerada, por lo que la Cámara de Diputados debe manifestarse en su contra.
Especialmente preocupa a esta comisión que las expresiones en los medios de comunicación que de carácter sexista o misógino, las referencias y comparaciones destructivas sobre sus cuerpos y con la intención de ridiculizar y ofender a las mujeres como todos aquellos comentarios que atenten contra su dignidad generen impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio contra las mujeres.
Como parte integrante del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, como se anota líneas atrás, tiene la responsabilidad constitucional en la esfera de su competencia, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Notas
1 Destaca “que los medios de información de masas y las organizaciones de publicidad deben establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información, incluso en la publicidad”.
2 Artículo 5, fracción IV.
3 Así lo determina el artículo 19 al señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto de los derechos o de la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
4 Artículo 13.
5 El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de rectificación o respuesta, a través del cual “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Por otra parte, en el ámbito nacional, la Ley sobre Delitos de Imprenta señala en el artículo 4 que se considerará maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Agrega en el artículo 27 que los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras a dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI
Honorable Asamblea:
Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado José Martín López Cisneros, a fin de exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
Primero. Con fecha 9 de abril de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI, así como definir el esquema financiero e iniciar las obras a la brevedad posible.
Segundo . El 10 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0830 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta comisión para efecto de su dictamen.
Tercero . Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.
Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El diputado José Martín López Cisneros, solicita se someta a la consideración de este órgano soberano la proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.
En el cuerpo de la proposición se señala que “El pasado 6 de diciembre de 2012, en su primera gira como presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto visitó nuestro estado, Nuevo León, cuyos ciudadanos le dieron una cálida bienvenida y más cuando se comprometió a impulsar y apoyar dos obras estratégicas para el desarrollo: la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.”, por lo sus palabras textuales fueron “aquí está el secretario de Comunicaciones, a quien instruyo para que a este proyecto (Línea 3 del Metro) se le imprima celeridad, al igual que el señor director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo que hace al proyecto de Monterrey VI.”
De igual manera refiere el diputado José Martín López Cisneros que “en esa gira de trabajo, el presidente Peña Nieto explicó que el proyecto Monterrey VI tendrá una inversión de casi 14 mil millones de pesos, se realizará en aproximadamente 3 años y consiste en un acueducto de 520 kilómetros de longitud, que pasará por los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, y llegará a Nuevo León, para garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en la entidad.” Al igual argumenta que la Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de 2013 del gobierno federal el cual incluye 2 mil 675 millones de pesos para iniciar las obras del citado proyecto.
También argumenta que “el pasado 4 de marzo, el director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, visitó Nuevo León y dio la noticia de que el esquema financiero que se implementará para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI aún no está definido, por lo que no tienen fecha para el arranque de esta obra trascendental para el estado.”
Con base en lo anterior, el diputado José Martín López Cisneros, propone:
Único: Se exhorta al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que atiendan la instrucción del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, definiendo el esquema financiero y arrancando las obras a la brevedad posible.
Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:
III. Consideraciones
Analizados que han sido los argumentos del diputado proponente, a fin de que se dé inicio cuanto antes a la construcción del proyecto Monterrey VI, para así lograr la seguridad de que todos los habitantes conurbados del estado cuenten con acceso al agua y de esta forma contribuir al desarrollo de la economía.
Lo anterior a razón de que el proyecto hidráulico denominado Monterrey VI, tienen como principal objetivo dar certidumbre al abastecimiento de agua y para sus exigencias futuras por los próximos 50 años; porque el acueducto conducirá el líquido desde el río Pánuco, ubicado en la región hidrológica 26, hasta la ciudad de Monterrey.
Que el proyecto Monterrey VI, dio lugar a un evento denominado Nuevo León: Desarrollo Innovador y Sustentable, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el 7 de diciembre de 2012 y encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el titular de la Conagua, donde informó que se destinarán casi 14 mil millones de pesos al proyecto Monterrey VI, del que iniciará la construcción del acueducto Tampaón–Cerro Prieto, de más 500 kilómetros de longitud, y que dará certidumbre durante los próximos años sobre el abasto de agua y el crecimiento de 16 municipios de Nuevo León. (Comisión Nacional del Agua. Comunicado de prensa número 453-12 Monterrey, Nuevo León, 7 de diciembre de 2012).
Asimismo, en dicho comunicado de prensa se señala que el proyecto dará sustentabilidad a la zona metropolitana de Monterrey y viabilidad al desarrollo industrial, comercial y de servicios, debido a que garantizará el agua suficiente para cubrir las demandas de los usuarios. Al mismo tiempo, contribuirá a aprovechar de manera responsable el agua de la cuenca del río Pánuco, que cuenta con suficiente disponibilidad.
Cabe destacar que es muy preocupante el abasto del agua en el estado de Nuevo León al ser una de las entidades más desarrolladas en el área económica, así como en su actividad empresarial e industrial y su creciente infraestructura, cualidades que lo han colocado para competir a nivel internacional. Por tanto siendo considerado este proyecto como el más ambicioso en la historia contemporánea del país, al igual que beneficiará a los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para que sigan impulsando su desarrollo.
Coincidimos con el diputado proponente para que el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, defina la cantidad de recursos que se proporcionará a la entidad para la realización del proyecto Monterrey VI, de igual forma es primordial contar con el apoyo federal, dado que el proyecto ya está autorizado y planteado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo faltando el apoyo necesario, para que obtenga su registro y forme parte del Fondo Nacional de Infraestructura.
Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que se le dé seguimiento a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010
Honorable Asamblea
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
I. Antecedentes
1. En sesión del pleno del martes 3 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión del Distrito Federal para .su estudio y dictamen correspondiente.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, el 25 de abril de 2013, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente.
II. Contenido de la proposición
Solicita que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.
III. Metodología
La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.
IV. Considerando que
1. A decir del diputado proponente, la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal, estuvo envuelta en escándalos por construcciones de obras y compras, cuyos pagos excedieron por mucho los costos estimados. En este sentido y refiriéndose a las alertas sísmicas, considera que se encuentra inconcluso un programa que implicó un gasto significativo como es el de las “alarmas sísmicas”.
Señala que noviembre del año 2010, la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitó la adquisición de cincuenta mil receptores especiales de la marca Sarmex por medio de adjudicación directa.
Al respecto, menciona el diputado Astudillo que la justificación de la compra, fue la implementación de medidas preventivas de apoyo ante un movimiento telúrico de magnitud mayor a los cinco grados Richter.
2. Los equipos deberían instalarse en las escuelas de educación básica, hospitales y oficinas del Gobierno del Distrito Federal, pero que a la fecha no todos los dispositivos han sido colocados en sus debidos lugares.
3. Refiere además que el contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 estableció el precio que debía ser pagado, el cual ascendía a $56’034,960.00 (Cincuenta y seis millones, treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).
Puntualiza que, el plazo para la entrega por parte de la empresa Mdreieck, SA de CV, inició el día de la firma del contrato, y debió finalizar el día 31 de marzo del año 2011.
4. Al respecto menciona que la página de Internet de Sarmex señala como uno de sus clientes al Distrito Federal; asimismo, de la información contenida en el vínculo http://codigomx.com/proyectos/sarmex/?page_id=250, se deduce que según la empresa, ya cumplieron con las obligaciones, toda vez que dan a conocer en su página que todas las instituciones en sus respectivas delegaciones, están cubiertas con la seguridad propuesta. Sin embargo, actualmente la mayoría de equipos no están instalados en todas las escuelas del Distrito Federal, poniendo en una situación de peligro a los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Agrega que, recientemente un medio de difusión realizó un muestreo en 50 escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal, en 6 delegaciones políticas, en el 20 por ciento de las escuelas, sus autoridades confirmaron no tener conocimientos de las alertas Sarmex, y en cinco casos, sí los tienen, pero no están instalados dichos receptores, en 35 escuelas solamente tienen un dispositivo instalado. De acuerdo al mismo medio informativo, actualmente existen 10 mil alertas de las cincuenta mil que no se sabe en dónde están.
5. Finalmente, señala que toda vez que este tema está involucrado directamente el orden público y uno de sus elementos, la tranquilidad pública, el legislador promovente considera pertinente que esta Cámara de Diputados incida en este asunto, por no se debe poner en riesgo a las personas, a los niños y en general, a cualquier persona, mucho menos si la intencionalidad de una política pública como la que se discute es la prevención.
6. Esta comisión dictaminadora, considera que si bien el objetivo de estos aparatos es la difusión de las señales del Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México y con ello permitir anticipar acciones de prevención ante la ocurrencia de un sismo fuerte, además de que este sistema apoya a los Comités de Protección Civil y ayuda a fomentar la cultura de la autoprotección y a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, coincide con el promovente en sus argumentos esgrimidos; toda vez que contribuye con las políticas preventivas en materia de sismos y a la trasparencia y rendición de cuentas que debe observar todo gobierno, sin hacer un juicio de valor previo.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven aprobar la proposición con punto de acuerdo en sus términos. Por lo que somete a la consideración del pleno el siguiente:
Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas en el Distrito Federal
Único . La Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, de manera atentas y respetuosa exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a instalar a la brevedad las alertas sísmicas restantes de las cincuenta mil previstas, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, cuya finalidad es alistar un evento telúrico instantes antes de que suceda.
Por la Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de abril de 2013, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de diferentes barrancas ubicadas en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme con lo siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:
Que en el poniente del Distrito Federal existen 33 barrancas urbanas localizadas dentro de 13 cuencas. Hasta la fecha estos territorios se han degradado por falta de políticas contundentes para su protección y recuperación.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández señala que el pasado 28 de noviembre de 2012 se publicaron en la Gaceta del Distrito Federal los decretos por los que se declaran como área de valor ambiental con categoría de barrancas las denominadas “Volta y Kotch”, “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón.
Además la legisladora expone que las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad. Por ese motivo, la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental, y la Secretaría del Medio Ambiente es la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para cada una de ellas y a partir de dichos diagnósticos formular un Programa de Manejo respectivamente para cada una.
Puntualiza que el Programa de Manejo establece las regulaciones, lineamientos y modalidades que se deberán tomar en cuenta para la realización de las acciones del manejo sustentable de los recursos naturales del área.
además de que cada programa de manejo parte de un diagnóstico que incluyen estudios geológico, hidrológico, botánico, zootécnico jurídico, y de movilidad social argumentando finalmente que en la medida en que se instauren las medidas de restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas de valor ambiental, se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable congruente.
La diputada promovente argumenta que el presente punto de acuerdo tiene el propósito de exhortar al gobierno del Distrito Federal para que destine los recursos necesarios para la elaboración y ejecución de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental recién decretadas para el ejercicio 2014.
III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos
Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación.
Segundo . La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen; entre los que están.
a) Que los decretos del área de valor ambiental tanto como los programas de manejo son de gran importancia; derivado de que el primero establece su polígono como una mancha verde dentro de un denso contexto urbano y el segundo es el instrumento que orientará la realización de obras actividades compatibles con la vocación natural de esta barranca.
b) El programa de manejo plantea una serie de estrategias y actividades en el corto, mediano y largo plazo y señala a las áreas responsables del cumplimiento de sus metas, entre las que se encuentran acciones de reforestación, restauración y desazolve.
Tercero . Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por considerar que contribuye al fortalecimiento de las políticas y programas dirigidos a mantener las condiciones ambientales y ecológicas adecuadas del Distrito Federal, fomentando la creación, rehabilitación, mantenimiento, conservación y protección de áreas verdes urbanas, sin menoscabo de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 5o. que a la letra dice: Las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve:
Único. Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente:
Dictamen por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la delegación Álvaro Obregón.
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de su Mesa Directiva, de manera respetuosa exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a destinar recursos etiquetados al Fondo Ambiental Público para la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental con la categoría de barrancas “Volta y Kotch” , “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón para el ejercicio de 2014.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.
De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional
Honorable Asamblea:
A la Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sanciones el capítulo de azúcares y jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentadas por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 26 de febrero de 2013; y el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el 2 de abril de 2013.
Los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego ingresamos en su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 67, 68, 85, 87, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se somete a consideración de la honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-7-458 a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, de la Secretaría de Economía y al Senado de la República para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de febrero de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.
Segundo. En sesión celebrada el 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-4-572, a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 2 de abril de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas comisiones son competentes para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el exordio del presente dictamen.
Segunda. La crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.
Tercera . Que el gobierno federal debe considerar alternativas para enfrentar el desplome en los precios del azúcar que ha orillado a productores e industria de la caña a la crisis.
Cuarta . Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de la Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Quinta. De la industria azucarera se originan cerca de 450 mil empleos directos y de manera indirecta 2 millones 200 mil, se estima que existen 165 mil productores. En 2012 la caña de azúcar se cultivó en 15 de las 33 entidades federativas donde en los últimos diez años se ha requerido una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas. Por ello, el sector azucarero es de gran impacto en las actividades productivas y el desarrollo social del país.
Sexta. Que en los cincuenta y siete ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener demasías en los inventarios mismos que se incrementarán al término de la zafra 2012 -2013, ya que se calcula que se tendrá una producción mayor a la de los últimos años estimando 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña. La sobreoferta en la producción de azúcar en lo que va del ciclo 2012-2013 ha provocado la diminución en los precios del insumo. La tonelada de azúcar estándar paso de 11 mil 888. 80 pesos en mayo de 2012 a 7 mil 907 pesos en la tercera semana de enero.
Séptima . Que el TLCAN ha sido factor del endurecimiento de la crisis azucarera, Estados Unidos consume 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante consume un 80 por ciento de sus necesidades. Se debe tener en consideración que el sector azucarero mexicano con excesiva producción se encuentra frente a un mercado estadounidense restringido.
Octava. Tras la firma del tratado, la industria azucarera mexicana ha concurrido por diversos periodos de crisis en parte por la importación de fructosa, edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos. En 1997 empresarios del sector azucarero recurrieron a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) para que se establecieran medidas necesarias buscando la protección de la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa como medida de salvaguardia en favor de la industria local. En consecuencia de estas cuotas compensatorias las importaciones de fructosa en 1999 sólo fueron de 247 mil toneladas en contraste a 1997, último año en que la fructosa entró en el país sin cuotas compensatorias, que se importaron 337 mil toneladas.
Novena. Ante el impacto que causaron estas medidas en los granjeros norteamericanos productores de fructosa, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. Fue cuando el gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas. El organismo internacional falló en favor de Estados Unidos, alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.
Décima. En julio de 2000 cuando las empresas del azúcar, se encontraban endeudadas y con sobreproducción, solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar, la Secretaria planteo esta solicitud al Departamento de Comercio de Estados Unidos y se dieron a conocer unas cartas paralelas en donde se modificaba la redacción y contenido del capítulo azucarero del Tratado de Libre Comercio. En ellas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia Estados Unidos, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano. Los industriales del azúcar se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.
Undécima. Ante esto al gobierno mexicano sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de Estados Unidos para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. Situación que se agravó ya que Estados Unidos también atravesaba por una crisis de sobreproducción que les impedía abrir sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas. En ese momento el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales desconoce la validez de las cartas paralelas argumentando que sólo aparecen rubricadas, mas no firmadas.
Duodécima. Tratando de controlar la crisis, el 3 de septiembre de 2001, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros –de 60 existentes en el país– ante la quiebra virtual en la que se encontraban. Pero esta acción no freno la entrada de edulcorantes.
Decimotercera. En los últimos años, de acuerdo a la organización Proazúcar, ingresaron en el mercado de edulcorantes de México, unas 2 millones de toneladas de fructosa, informan que en Estados Unidos el jarabe de maíz se vende en 10.30 pesos y en el mercado mexicano los industriales refresqueros acceden al producto con un costo de 8.41 pesos, lo que impacta en la industria refresquera que con esta oferta permiten mantener el precio de su producto final. Este mismo grupo consideran que la crisis azucarera podrá resolverse en la medida en que el Gobierno Federal establezca cuotas sancionadoras a la importación de fructosa. Otros grupos y organizaciones vinculados a la producción de azúcar coinciden en calificar como desleal la competencia de edulcorantes como la fructosa, que se importa con precios dumping.
Decimocuarta. Esta crisis ha ocasionado un ambiente confrontado, productores tomaron bodegas e ingenios azucareros el 21 de enero de este año, como protesta por la caída del precio de edulcorantes y el aumento en la importación de alta fructosa. Los cañeros piden que se ordene el mercado de tal manera que reciban precios justos por su trabajo realizado todo un año, y enfrentando el embate de las inclemencias climatológicas, los altos costos de los insumos y la carestía de combustibles y refacciones.
Decimoquinta. Considerando los elementos anteriores es importante mencionar que el pasado 20 de marzo del año en curso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita crear e implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, lo cual no demerita o desvanece los objetivos planteados por los diputados promoventes en sus respectivos puntos de acuerdo, más aún estas comisiones dictaminadoras consideran que se refuerza la exigencia de este poder legislativo de atender de manera prioritaria la problemática de la industria de caña de azúcar considerada una de las más importantes Industrias del motor de nuestra economía.
Decimosexta. Que estas comisiones dictaminadoras al analizar de manera separada y en su conjunto las propuestas de punto de acuerdo de los diputados promoventes coinciden en la necesidad de elaborar un solo dictamen legislativo que contemple ambas propuestas ya que los resolutivos de ambas proposiciones tocan la misma materia y resolutivos complementarios.
Decimoséptima. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras tenemos a bien emitir los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y sumado al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 20 de marzo de 2013 sobre este mismo tema, implante de ser necesario.
Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Economía a que determine si existen elementos económicos y legales que avalen la implantación de medidas de restricción a la importación de alta fructosa.
Tercero. Que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles certidumbre y las condiciones para que incrementen su capacidad para generar empleo y se impulse su propio crecimiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 14 de marzo de 2013.
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
1. Incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados; y
2. Tipificar y, en su caso, adecuar en sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González.
El diputado Javier Filiberto Guevara González sostiene entre sus principales consideraciones que:
Aunque no se cuenta con cifras que den cabal cuenta de la magnitud del problema, es de todos conocido que la procedencia de artículos que llegan a las casas de empeño y compraventa de metales preciosos es en ocasiones dudosa o ilícita, lo cual favorece una forma de tráfico mercantil de artículos robados, que van desde teléfonos celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos en general y muebles hasta relojes, alhajas y metales preciosos.
Segunda. Los diputados de la Comisión de Economía están conscientes de la función social y económica que las casas de empeño han desempeñado durante la historia de nuestro país, ya que surgen de la necesidad de proveer recursos a sectores de la población que por diversas razones no son sujetos de créditos bancarios y que utilizan estos servicios para satisfacer necesidades básicas o urgentes, por lo que es fundamental evitar que su actividad sea utilizada para encubrir hechos delictivos.
Tercera. Sin duda alguna, con la expedición de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 30 de abril del 2012 y que entrará en vigor el 30 de octubre de 2013 y las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor el 18 de diciembre de 2012 y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013, se ha contribuido a la regulación de las actividades que realizan las Casas de Empeño. Por un lado salvaguardando los derechos y necesidades del Consumidor y por otro protegiendo al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Cuarta. Por lo que se refiere al exhorto propuesto por el diputado proponente, para que los congresos de las entidades federativas tipifiquen y, en su caso, adecuen a sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación”, se considera que por no encontrarse tipificada esa figura a nivel federal, no se cuenta con un referente al cual sujetarse. Además, esta Comisión de Economía, se encuentra rebasada en sus facultades, para conocer, legislar o atender cuestiones de carácter penal.
Quinta. Por lo antes expuesto
La Comisión de Economía acuerda
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con proyecto de punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, presentada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril de 2013.
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente, basándose en los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 11 de abril de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:
Objeto y contenido
El relativo punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y al Senado, a revisar de inmediato al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo VII referente al campo.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, presenta algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suceso que acompañado a la falta de apoyos y programas gubernamentales al campo, provocaron un mayor deterioro. Esto lo podemos observar en un estudio presentado por SAGARPA en 2007, el cual determinaba que 6 de cada 100 campesinos eran productivos, capaces para competir. Desde entonces México pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, principalmente estadounidenses.
El descuido del campo por parte de las autoridades gubernamentales ha dejado en desventaja al campo mexicano, ya que uno de los factores esenciales es el apoyo mediante subsidios. Para el caso de Estados Unidos los subsidios son aproximadamente 20 veces más altos que el de nuestro país, situación que vulnera a nuestros productores ante los productores extranjeros y, que además ven en México un mercado atractivo para colocar sus productos.
El Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de todos aquellos acuerdos ganados ante la larga lucha de los mexicanos, un caso en particular es el artículo 27 de la Constitución.
La entrada del TLCAN se tradujo en el abandono de las parcelas pertenecientes a los campesinos mexicanos, tal hecho acentuó su emigración hacia Estados Unidos en busca de trabajo, debido a que no todos ellos pudieron ser captados en las distintas ciudades de nuestro país. De igual forma, la constante y creciente carestía de los campesinos a causa de la escasa oportunidad de emplearse, surge una nueva válvula de escape, el crimen organizado, el cual hoy en día absorbe rincones inimaginables del campo mexicano y por lo tanto a nuestros campesinos.
El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente el 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e implementación de educación para los campesinos. Se sigue presentando una reducción considerable del apoyo al campo, un ejemplo claro es el Programa Especial Concurrente reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.
El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
Segunda. La apertura comercial puede abonar al crecimiento de un país, dependiendo cómo y en qué grado se hace dicha apertura. Para el caso de México no se contemplaron las deficiencias que aún se tenían en comparación con el resto de países integrantes de los tratados comerciales, principalmente el TLCAN. Entre las características más significativas encontramos el bajo desarrollo e innovación tecnológica, acompañado por la baja productividad, elementos esenciales para competir y a su vez beneficiarse del libre mercado.
Tercera. En el caso de Estados Unidos, ser un país desarrollado le proporciona una mayor ventaja frente a socios comerciales que no lo son. Una de sus ventajas principales es su capacidad financiera e institucional para proteger aquellos sectores considerados estratégicos, por ejemplo el sector agrícola. Esta protección la lleva a cabo mediante algunos mecanismos:
• Subsidios.
• Financiamiento a una tasa de interés preferencial.
• Apoyo al desarrollo e infraestructura necesaria para el campo.
• Propicia las condiciones necesarias para intervenir en el mercado.
Cuarta. Para el caso de México, por su permanente restricción presupuestaria, mantener un esquema de apoyo y protección a este mismo tipo de sectores, ha sido históricamente complejo y con resultados insuficientes. En los hechos, los subsidios y apoyos al campo no han crecido en la misma velocidad que las necesidades y demandas. Por otra parte, la ejecución de los mismos no han surtido los efectos deseados en materia de productividad y competitividad.
Quinta. Existen millones de personas en México que dependen económicamente de actividades agrícolas caracterizadas por la baja productividad y bajos ingresos. Lo anterior, se explica por múltiples factores entre los que se destacan una vocación agrícola poco competitiva, falta de acceso a tecnología, financiamiento asequible, esquema de subsidios efectivos e intermediarismo.
Sexta. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito por los presidentes de las principales fuerzas políticas nacionales y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubican los Compromisos 64, 65 y 66, que en conjunto buscan transformar el campo en una actividad más productiva. Dichos compromisos se refieren a:
a. Reactivar el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. Así como impulsar medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.
b. Incrementar la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, reorientar los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores. Impulsar el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.
c. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)
Séptima. Por lo expuesto:
La Comisión de Economía
Acuerda
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, para que además de su contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los treinta días del mes de abril de de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suscribir acuerdos con los gobiernos estatales y los municipales, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos cometidos contra ellos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se dictamina, fue presentada el jueves 3 de abril del 2013 al pleno de esta representación nacional, por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3740-V, del miércoles 3 de abril del 2013, asignándosele el número de expediente 1685.
La Mesa Directiva acordó, el 3 de abril del 2013, turnar la iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.
Se trata de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suscribir acuerdos con las entidades federativas y las organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y los delitos cometidos contra ellos.
En la parte expositiva de las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de Punto de Acuerdo, el Diputado Proponente hace una descripción del fenómeno migratorio, señalando su alcance mundial y su permanencia, aporta datos para dar una explicación panorámica de la situación y problemática migratoria en el mundo.
Señala que La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, para satisfacer necesidades básicas, que le permitan mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar. Anota que entre sus principales causas se encuentran el ámbito laboral, situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales; aunado a ello, la globalización y los avances tecnológicos han alentado paulatinamente el deseo de las personas a trasladarse.
Hace hincapié en que nuestro país, por sus características geográficas, históricas, económicas, políticas y culturales ha sido y es espacio de origen y destino de corrientes migratorias; señala, que México es un “...país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que... faciliten y protejan la cooperación internacional, y... convoquen a los países... para crear el entramado legal e institucional necesario.”; destaca la evolución de la política migratoria mexicana en los últimos 20 años; la relación en la materia de México con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo énfasis en la problemática que enfrentan los migrantes por circunstancias diversas como género, idioma, factores idiosincráticos, entre otros.
Enfatiza, y esta comisión coincide plenamente en ello, la insuficiencia de los esfuerzos de las políticas y programas oficiales y del activismo de las organizaciones civiles “...en la promoción... (para) fomentar... el desarrollo de entornos óptimos que permitan...a los migrantes desempeñarse como personas productivas en los países donde se establecen, pues su estancia en muchas de las veces les expone a condiciones inhumanas y trato como si fueran delincuentes, cuando no lo son”.
La iniciativa hace un recuento estadístico de los principales aspectos que tienen que ver con el fenómeno migratorio para sustentar la importancia de que la autoridad correspondiente cree bases de datos de políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.
Afirma que actualmente las mujeres migrantes son quienes más cambian su residencia; sobre todo dentro del país, mientras que quienes emigran del país representan alrededor del 49 por ciento con respecto a los migrantes hombres; que normalmente lo hacen a Estados Unidos, concentrándose en mayor cantidad en los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. Del total de mexicanos que se van, sólo regresa alrededor del 14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e Hidalgo.
Sostiene que se han documentado innumerables ataques a la integridad y a la vida de migrantes y sus familias inclusive por autoridades fronterizas, pues al parecer la condición de ser migrante, subsume a las personas a no pertenecer a país alguno, como si la identidad de las personas se supeditara solamente a la residencia; y no obstante a ello, quienes regresan de visita a sus comunidades de origen, encuentran tanto en el camino de ida, como de vuelta, los mismos riesgos.
En ese contexto, proponen un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
Texto propuesto
Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, el Instituto Nacional de Migración y Organizaciones Civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.
Consideraciones
Esta comisión comparte las preocupaciones expuestas, pero considera que existen otros aspectos importantes que también es necesario documentar, recabar, procesar e integrar, con el fin de que las instancias respectivas cuenten con los instrumentos idóneos para cumplir lo que la Constitución General de la República y las Leyes respectivas ordenan.
Por ello, el texto presentado por el diputado proponente, debe ser objeto de algunas modificaciones:
Las madres centroamericanas que a finales de octubre del 2012 realizaron una marcha por nuestro país, bajo el lema Liberando la Esperanza, en busca de sus familiares desaparecidos plantearon a la presidenta de la Comisión, Diputada Amalia García Medina, la importancia de realizar a quienes cruzan nuestro país toma de algunas muestras personales que permitan a quienes los buscan dar con sus paraderos. Sensibles a esta petición, se incorporó en el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión. Acordes con dicho Programa, se plantea que además de las políticas y programas que se implementan a favor de las y los migrantes, y los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, resulta impostergable que se integren bases de datos con muestras de ADN de las y los migrantes que se encuentran en estaciones migratorias, albergues u hospitales, haciendo énfasis en que dichas muestras se tomarán siempre y cuando el o la migrante otorguen de manera explícita su anuencia. También resulta importante que las autoridades correspondientes tomen muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser inhumados en fosas comunes.
La proposición que se dictamina plantea que la Secretaría de Gobernación cumpla este exhorto a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Migratorios considera que dicha secretaría es la responsable del cumplimiento de este acuerdo, por lo que su titular habrá de resolver la mejor manera de cumplirlo; además de que gran parte de la información que se considera debe formar parte de los bancos de datos que se acuerdan, trascienden al mencionado Instituto, por lo que la Secretaría tendrá que interactuar con otras secretarías e instancias de la administración pública federal (Procuraduría General de la República, secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, por mencionar algunas), con autoridades estatales y municipales, e incluso con organizaciones de la sociedad civil que tienen dentro de sus preocupaciones y actividad cotidiana el tema migratorio.
Por ello, consideramos que la proposición es de aprobarse pero con modificaciones que amplían y profundizan su preocupación, y con una redacción que permita su cabal interpretación.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las diversas instancias de las administraciones federal, estatales y municipales, y suscribiendo acuerdos con organizaciones civiles en lo que corresponda, cree bases de datos que integren:
1. Políticas y programas vigentes en todos los órdenes de gobierno a favor de personas migrantes;
2. Los principales problemas que enfrentan las y los migrantes y los delitos que se cometen contra ellos;
3. Muestras de ADN de migrantes y fotografía –previa su anuencia explícita– que cruzan por nuestro territorio y que se encuentren en estaciones migratorias, hospitales y albergues, y
4. Muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser sepultados en fosa común.
Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a rendir un informe e implantar programas y acciones preventivos y correctivos o de remediación en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional
Honorable Asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de septiembre de 2013, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicitan que se rinda un informe sobre la situación que guardan la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, en El Naranjo, San Luis Potosí, y se tomen las medidas necesarias para evitar la tala ilegal de sus zonas forestales.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere el legislador proponente que San Luis Potosí se caracteriza por contar con una riqueza biológica importante a escala nacional, que lo distingue como uno de los estados donde el ecoturismo encuentra las mejores condiciones para su práctica; la entidad no ha sido ajena a los efectos negativos de la práctica clandestina, cada vez más frecuente, de tala ilegal generadora de una grave y continua deforestación de las zonas boscosas de la entidad, ricas en fauna y flora, y con clima estable.
Según el diputado proponente, se estima que en el país se pierden 60 mil hectáreas forestales al año, deforestación que deriva principalmente de la tala clandestina, y que el territorio potosino no es ajeno a estos procesos de degradación, los cuales se han convertido en un negocio ilícito generador de grandes beneficios económicos para quienes lo realizan. Dichas actividades irregulares se realizan principalmente en municipios como Xilitla, Tamasopo, Alaquines y El Naranjo, situados en el área natural protegida de la Sierra de Álvarez, afectando el ambiente y la economía de las actividades ecoturísticas.
Específicamente, el proponente se refiere a San Luis Potosí y a los daños ocasionados a los ecosistemas de dicha entidad, así como a las denuncias que desde 2002 se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, particularmente sobre los ilícitos cometidos en El Naranjo y otras comunidades, como Minas Viejas; sin embargo, a la fecha, las demandas de intervención de la autoridad competente para que frene tales actividades ilegales no han sido atendidas por institución alguna, lo que favorece el predominio de la impunidad y el acrecentamiento, desde luego, de la deforestación y el consiguiente desequilibrio ecológico en el estado.
III. Consideraciones
México ocupa un lugar preponderante en el concierto de las naciones, al ser considerado un país mega diverso, debido a la gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora y fauna, entre otros, y en particular, porque de acuerdo con las cifras correspondientes a 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México contaba con una extensión de 64.8 millones de hectáreas de bosques.
Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos válido el problema planteado en la proposición que nos ocupa y coincidimos con el proponente en exhortar a las autoridades Federales competentes, para que atiendan las denuncias presentadas por los habitantes de diversas comunidades de San Luis Potosí, con relación a la impunidad con que se están deforestando los bosques de la entidad, de manera por demás ilegal, convirtiéndose en un negocio clandestino que deriva en el enriquecimiento de quienes desarrollan estas actividades delincuenciales, en detrimento del equilibrio ecológico, y de la posibilidad de desarrollo económico y social de los habitantes de las comunidades afectadas.
Asimismo, consideramos pertinente observar las estimaciones que arrojan estudios recientes que demuestran que la deforestación en México en un rango aproximado de afectación de 650 mil hectáreas de bosques al año, por lo cual consideramos que el manejo de los recursos forestales maderables, no maderables y de servicios ambientales, deberá ser aprovechado por los vecinos de las comunidades, en el ejercicio de una actividad respetuosa de la ley, y a favor de la protección del equilibrio ecológico de las aéreas naturales protegidas, en aras de alcanzar el desarrollo forestal sustentable a que aspiramos.
Reconocemos como legítimo el interés del diputado proponente, al plantear se ejerciten las acciones necesarias para impedir el daño irreversible que se causa a los bosques mediante la deforestación clandestina y, la consecuente degradación de los suelos, y los daños ambientales derivados.
No obstante, estimamos necesario modificar los términos de la proposición planteada por el proponente, en el sentido de que el informe que se solicita rindan la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sea dirigido a la Cámara de Diputados y no al ente abstracto “opinión pública”.
La problemática que se plantea de ocurrencia en San Luis Potosí, no es privativa de dicha entidad, pues se presenta en la gran mayoría de las entidades federativas, si acaso, en diversas proporciones; de tal manera, el informe que se requiera al Ejecutivo federal, deberá ser sobre las acciones preventivas, correctivas o de remediación implementada para la atención de las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional, y no sólo en una entidad federativa.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a rendir por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe a esta soberanía respecto a los programas y las acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implantar las medidas y acciones necesarias para disuadir e impedir de manera contundente la tala clandestina en las áreas boscosas del país.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente, en el Distrito Federal
Honorable asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de agosto de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto de la obra pública Autopista Urbana Oriente (AUO), que tendrá en los ámbitos económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México; a la Secretaría del Medio Ambiente, que realice una evaluación exhaustiva de la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la AUO; a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que intervenga para conocer e investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la AUO; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigue sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de autorización de la AUO; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que haga del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de la AUO, y para que haga del conocimiento de la UNESCO que la AUO proyecta un impacto en zona reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por declaratoria de esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas; y finalmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para cuidar los humedales y manglares en torno a la AUO.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere el legislador proponente que a finales del mes de julio diversos investigadores y académicos de la UNAM y de la UAM se presentaron ante el Partido Verde Ecologista de México con el objeto de denunciar una serie de irregularidades en torno a las autorizaciones para construir la AUO.
Entre las organizaciones que presentaron esta denuncia se encuentran El Poder del Consumidor, AC; Alternativas y Capacidades, AC; Bicitekas; Xochimilco Vivo; Cuemanco Sustentable; Asociación Independiente del Embarcadero de Nativitas; Asociación de Refresqueros dentro del Canal Turístico; Cooperativa Xochiquetzalli del Embarcadero San Cristóbal; Asociación de Artesanos dentro del Canal de Xochimilco; Asociación de Vendedores de Plata; Asociación Remeros Nahuatlacas; y la Asociación de Floristas de Xochimilco.
En todos los argumentos presentados por los anteriormente señalados, se afirma que, de llevarse a cabo dicha obra, el costo ambiental y social para el Distrito Federal sería sumamente alto; implicaría la pérdida de áreas verdes; de lugares de esparcimiento y recreación; de sitios para la práctica de deportes al aire libre, y de centros culturales; además, se actualizarían diversas violaciones a ordenamientos legales locales y federales en materia de áreas naturales protegidas, de patrimonio urbanístico y arquitectónico, de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico.
Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México han expresado que la construcción de la autopista mencionada no traerá consigo un número mayor de personas para poblar la zona chinampera de Xochimilco; que la vialidad no atravesará humedales y que el proyecto se ha perfeccionado para reducir el impacto ambiental, lo cual redituará diversos beneficios a la sociedad del Distrito Federal.
De acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes en la materia y los vecinos organizados de Xochimilco e Iztapalapa, se presume la violación del derecho humano a un medio ambiente sano; así como del derecho a la información, pues el proyecto hasta ahora es prácticamente desconocido para toda la población de la zona que va a ser afectada por las obras relacionadas con la construcción de la AUO.
Otro tema sobre el cual las organizaciones y los vecinos han manifestado su preocupación es el relativo a las declaratorias como sitio de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar) con el cual cuenta el sistema lacustre de los ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco de acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, así como de patrimonio cultural de la humanidad, emitido por la UNESCO con lo que ambas declaratorias estarían en riesgo.
Finalmente, señalan vecinos y asociaciones del lugar, que la Manifestación de Impacto Ambiental está incompleta, pues ésta sólo hace referencia a una parte de la obra a construir; presenta medidas de compensación inadecuada e insuficiente y no contempla los efectos negativos sobre la actividad económica de Xochimilco.
En este contexto, los interesados han considerado prudente hacer este tema del conocimiento del Congreso de la Unión, sin limitar al Partido Verde Ecologista de México para realizar lo correspondiente a escala local.
En este sentido, conforme lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estimaron pertinente la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que le corresponde promover y asegurar la coordinación de acciones en el exterior para intervenir en lo relativo a toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los cuales el país sea parte. Tal es el caso de la Convención Ramsar y las declaratorias de la UNESCO, ya que la construcción de la AUO repercutirá en la zona de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.
En el mismo orden de ideas piden la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, que de acuerdo con el reglamento interior de la dependencia, es autoridad designada en la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional para procurar los humedales y manglares, como es el caso de Xochimilco.
III. Consideraciones
Para los integrantes de la comisión, el tema de la conectividad del sistema urbano de México por la red carretera nacional, debe partir de la premisa metodológica que establece la actual jerarquía de ciudades configurada, en buena medida, por la influencia de tres modelos de desarrollo claramente definidos: primario exportador, urbano industrial y de apertura comercial o globalización. Cada uno, en función del desarrollo tecnológico experimentado, construye el sistema de transporte más adecuado, pero que en muchos casos ha estado ausente el componente ambiental que garantiza los servicios ambientales.
Consideramos que si bien es importante que el Distrito Federal siga construyendo infraestructura, queremos señalar que la accesibilidad y la conectividad entre otras 347 localidades urbanas de 15 mil o más habitantes, incluyendo las zonas metropolitanas, ciudades que agrupan 544 municipios que también deberían ser atendidos para determinar la intensidad de la interrelación entre ellos y sus territorios, según los flujos que se realizarían en las carreteras pavimentadas.
Por supuesto, deseamos atender y dar voz a la reacción espontánea de la población de Xochimilco, expresada a través de algunas organizaciones. La solidaridad en sí misma no garantiza el desarrollo de una participación que conduzca a la construcción de una conciencia del riesgo en corresponsabilidad con las autoridades locales, por ello nos interesa desde la Cámara federal la gestión del riesgo y la mitigación de una potencial afectación al medio ambiente a través de la construcción de una AUO.
En ese orden de ideas, queremos precisar que la ciudad constituye la máxima artificialidad lograda por el hombre, pero no significa que la apropiación que se realiza se haga sin tomar en consideración la riqueza y el potencial biótico y abiótico del ecosistema del que se apropia para servirle de soporte, más aún cuando se pretende hacer extensivo el concepto de sustentabilidad a lo urbano, a la ciudad. Si bien la ciudad no puede ser sustentable por su artificialidad, dependencia e imposibilidad de ser autosuficiente, como lo hemos argumentado, al menos la producción de su base material podría estar normada por el menor impacto posible al medio ambiente y a los ecosistemas que se apropia. Lamentablemente, éste no ha sido el caso de la ciudad de México a lo largo de su historia. La irracionalidad ambiental con la que ha crecido ha sido más dramática y acelerada en las últimas décadas. Se han urbanizado zonas que eran de alta productividad agrícola, como Xochimilco, o de alta variedad biótica y considerada como reservas ecológicas, como la zona que nos ocupa, por lo que consideramos válidas las demandas de transparencia y precisión de la huella ecológica que dejaría la edificación de la AUO.
Para la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la Ciudad de México testimonia la alteración, si no la destrucción, de uno de los ecosistemas de más alta variedad biótica, al haberse trasformado radicalmente las condiciones lacustres de origen y haberse pasado de una cuenca endorreica a una exorreica.
Pero más grave aún, al haberse desecado los lagos que constituían su entorno para construir ahí la ciudad. Resulta paradójico que este proceso haya implicado transitar de un problema de exceso de agua, por las inundaciones que periódicamente ocurrían, a uno de déficit, al verse obligada actualmente a importar de otros ecosistemas alrededor de 30 por ciento del agua que requiere para satisfacer sus necesidades. Si los desastres son socialmente construidos, la ciudad de México lo ejemplifica bien. Basta este argumento para hacer todo lo necesario para prevenir el daño y garantizar la preservación de áreas verdes, de lugares de esparcimiento y recreación, de sitios para la práctica de deportes al aire libre, como los humedales de Xochimilco.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las Secretarías del Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto que la obra pública Autopista Urbana Oriente tendrá en los ámbitos, económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal que evalúe la manifestación de impacto ambiental para construir la Autopista Urbana Oriente y, en caso de que las conclusiones del documento se contrapongan con las leyes, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; o bien, la obra o actividad afecte a la población en su salud o a una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; o bien, exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o bien, si la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garantizan la integridad del ambiente y de las personas, se niegue la autorización para la realización de la obra.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal su inmediata intervención, en uso de sus facultades, para investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la Autopista Urbana Oriente y que, en su caso, proceda a solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, en los términos indicados en la normatividad en la materia.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que investigue presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de la autorización de la construcción de la Autopista Urbana Oriente.
Quinto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente en el Distrito Federal, en atención del eventual daño ecológico en la zona.
Sexto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, la construcción de la Autopista Urbana Oriente donde se proyecta un impacto en la zona que tiene la declaratoria de la propia organización como patrimonio cultural de la humanidad.
Séptimo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas su inmediata intervención ante las autoridades correspondientes del gobierno del Distrito Federal para proteger el ambiente en torno del proyecto de la construcción de la Autopista Urbana Oriente que se realizará en una zona de humedales protegida por la convención.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica en abstención), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica en contra), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica en contra), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Semarnat y al Inegi a diseñar campañas de información y establecer centros de acopio para residuos electrónicos derivados del “apagón analógico”
Honorable Asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el pasado día veintiséis de septiembre de 2013, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a diseñar campañas de difusión e información respecto al apagón analógico y al establecimiento de zonas de acopio para aparatos obsoletos.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere la legisladora proponente que durante el sexenio anterior, el gobierno federal entendía que el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones; era un derecho universal y decidió garantizarlo con el objetivo de posibilitarlo en todo el país.
El contenido de la proposición se refiere a instrumentar campañas de difusión, información y reciclado luego de la implementación de la televisión digital abierta (TDA), cuya fecha programada para el llamado “apagón analógico”1 comenzó el 28 de mayo de 2013 y concluirá el 31 de diciembre del año 2015.
Además señala que la NOM 192 hace hincapié que a partir del presente año, México debe dejar de producir televisores analógicos tanto para que sean comercializados o para sean importados.
Refiere la diputada que esta situación, presenta una problemática, en razón que el año pasado se comercializaron más de un millón de televisores análogos y la cantidad aumenta notoriamente si se realiza la sumatoria total de este tipo de aparatos con los que cuentan millones de familias por lo que urge a tomar medidas al respecto, sobre todo cuando la población decida sustituirlos por nuevos y estos sean desechados como residuos electrónicos.
Considera que la mayoría de la población que cuenta con un televisor análogo, es de bajos recursos Y comprar nuevos les resultaría complicado, dado el costo, sin embargo con un decodificador cualquier televisor puede ser reutilizado para ver la imagen digital. En este orden de ideas, recuerda que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció un plan de apagones escalonados por ciudades, los estados del norte serian los primeros en realizar el “apagón analógico”.
Finalmente menciona que hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento, por parte del gobierno federal para establecer una política pública sobre el destino de los televisores analógicos que se han desechado y que están por desecharse, destacando que en la ciudad de Tijuana, más de 60 mil aparatos terminarían contaminando en el relleno sanitario municipal.
III. Consideraciones
Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión señalamos que el tema del llamado “apagón analógico” es un tema que ha recibido atención de esta honorable asamblea, cuando el pasado 9 de enero de 2013 se reunieron diputados con los Comisionados de la entonces y ahora extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) quienes explicaron los avances y retos del “apagón analógico” previsto para el 31 de diciembre de 2015.
Durante la reunión que sostuvieron los ex comisionados de la entonces Cofetel con las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, mencionaron que para el presente año, se necesitarían 2 mil 119 millones de pesos para apagar las ciudades mencionadas, por lo que consideramos indispensable que deben ser considerados en ese presupuesto, los costos asociados, a la campaña de comunicación respecto al apagón analógico y al establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.
Para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el denominado apagón analógico, si bien busca la transición de la televisión análoga a la televisión digital en todo el país, y tendrá beneficios en la transmisión simultánea de programación en la televisión, audio alternativo, televisión interactiva o móvil, entre otros, también debe tomar en cuenta que los aparatos obsoletos que terminarían como residuos electrónicos. Que necesitan un manejo especial.
La fecha del 31 de diciembre de 2015 para el “apagón analógico” total surgió de la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia un decreto emitido por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y objetado por este Congreso cuando se esperaba “apagar” la ciudad de Tijuana; para finales de año serán Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, beneficiando a 8.5 millones de habitantes para este año, es decir 2 millones de hogares con televisión, con la problemática señalada sobre estos televisores una vez desechados.
Hasta antes de conocer las últimas tasas de sustitución, el costo estimado de este proyecto ascendía a 17 mil millones de pesos (Cofetel, 2012), tan sólo entre 2010 y 2012 la tasa de sustitución de televisores análogos a digitales presentó un índice del 70.5 por ciento, es decir, las medidas que se han tomado aceleraron la sustitución de televisores. Actualmente el 94.7 de los hogares en todo el país cuentan con televisión, sin embargo la penetración de tipo digital es del 21.3 por ciento, mientras que en 2010 la tasa de penetración era del 13 por ciento (Cofetel 2012).
Las y los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos nuevamente con la diputada proponente que con esta nueva disposición, muchos aparatos ya no podrán funcionar, lo que generará un desecho masivo de los mismos, con las consecuentes repercusiones de contaminación al medio ambiente.
Queremos además señalar las opiniones del doctor Saúl Hernández Islas, profesor académico de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quien refiere a que la producción de aparatos electrónicos, si bien constituye uno de los sectores de mayor crecimiento en la mayoría de los países industrializados, también representa un foco de contaminación imparable. “La innovación tecnológica y la globalización del mercado contribuyen directamente en la generación de residuos electrónicos o tecnológicos, situación que en la actualidad genera cientos de toneladas anuales. Dicha situación demanda un manejo adecuado y responsable, debido a los graves impactos al ambiente y a la salud humana que potencialmente pueden provocar”.
Asimismo en opinión de la doctora Susana Cruz Aguilar, responsable del Programa de Manejo de Residuos Electrónicos de la Universidad Iberoamericana, AC, ha señalado que “entre los componentes de los dispositivos electrónicos existen sustancias y materiales tóxicos, como es el caso del plomo, mercurio, cadmio, bifenilos policlorados (BPCs) y éteres bifenílicos polibromados (PBDEs), entre otros; así como materiales que al incinerarse en condiciones inadecuadas son precursores de la formación de otras sustancias tóxicas como las dioxinas y furanos.
En razón de lo anterior hacemos propuesta de esta Comisión Dictaminadora, el establecimiento de una política pública en los tres niveles de gobierno sobre el destino de los televisores analógicos que se han desechado y que están por desecharse que incluyan alianzas con las empresas fabricantes y las empresas autorizadas para tratar este tipo de residuos.
Esta comisión asume la preocupación sobre los residuos electrónicos dispuestos inadecuada mente en la calle, en tiraderos a cielo abierto, cauces de ríos, barrancas o terrenos baldíos, ya que sus componentes altamente tóxicos podrían ser liberados y convertirse en potencial fuente de contaminación.
Asimismo queremos precisar que si bien el exhorto refiere a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones; sabemos que el pasado 11 de septiembre de 2013 se instaló el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes luego de haber sido ratificados por el Senado de la República, tomaron posesión de sus cargos que en términos generales correspondían a la Cofetel ahora IFT. Adicionalmente solicitaremos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que sea el encargado de aplicar las encuestas en los hogares de nuestro país para conocer cuál ha sido el avance de la transición de aparatos análogos a digitales.
También solicitaremos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, informe del requerimiento para incrementar la infraestructura local, en especial en zonas rurales, para el establecimiento de zonas de acopio para aparatos obsoletos.
Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sea considerado en el Presupuesto del llamado “apagón analógico”, los costos asociados, al establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.
Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosamente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que diseñe campañas de información y difusión respecto del “apagón analógico” y establezca en colaboración con los gobiernos de los estados y con los municipios programas de prevención y gestión integral de residuos electrónicos, derivados del llamado “Apagón analógico”.
Tercero. La Cámara de Diputados, respetuosamente solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aplicar las encuestas en los hogares para conocer cuál ha sido el avance de la transición de aparatos análogos a digitales y a recomendar cual sería el mejor lugar para el establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.
Nota
1 El “apagón analógico” es la interrupción de las emisiones analógicas para dar paso a la televisión digital terrestre (TDT).
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2013.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales.
La misma fue turnada con el número de expediente 2424, a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
Los promoventes inician su planteamiento haciendo alusión a los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belém do Pará, que se refieren a la discriminación y a la violencia contra las mujeres y establecen mandatos expresos para su erradicación.
Los legisladores también se refieren a la legislación interna en materia de violencia contra las mujeres, entre la que destaca precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Señalan que debe resaltarse la importancia de contar con la LGAMVLV y con las respectivas legislaciones locales a fin de establecer términos y criterios comunes, los cuales son fundamentales para la interpretación y posible jurisprudencia en la materia.
Por otro lado, los legisladores se refieren a los términos de acoso y hostigamiento sexual, contemplados en el artículo 13 de la referida Ley. Además destacan que en el numeral 14 se mandata que las Entidades Federativas y el Distrito Federal consideren el establecimiento de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales, y fortalezcan el marco jurídico penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, además de diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para las víctimas y los agresores.
En el artículo 15 de la misma Ley, se establecen diversos mandatos para los tres órdenes de gobierno, de cara a la erradicación del hostigamiento y del acoso sexual.
Adicionalmente, en la proposición en comento se refiere que el hostigamiento sexual se encuentra tipificado como delito en el Código Penal Federal, desde 1991; y se abunda en señalar las entidades federativas que los contemplan o no en sus leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
De lo anterior subrayan la necesidad de una armonización legislativa local con la LGAMVLV, así como con las legislaciones civiles y procedimentales.
Con base en las consideraciones expuestas propusieron el siguiente punto de acuerdo:
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia con las leyes en materia en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.
Consideraciones
Al respecto esta comisión dictaminadora considera lo siguiente:
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo primero el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es Parte, entre ellos, el derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Además prohíbe toda discriminación motivada por el género, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Adicionalmente en el artículo 4o. constitucional, se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.
Segundo . En el ámbito internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece en su artículo 2° que los Estados Partes deben derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra las mujeres. El Comité de vigilancia para la aplicación de la CEDAW (Cocedaw) ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral, pues se informó que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido el abuso y el hostigamiento sexual.
En ese contexto, se recomendó en el año 2012 al Estado mexicano, tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece en su artículo 7° que los Estados Partes deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.
La LGAMVLV contempla en sus transitorios que: “En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local...”, es decir, no solamente son necesarias reformas en materia civil y penal, sino en toda la legislación secundaria federal y local, a fin de crear un sistema de leyes acorde con la LGAMVLV. En el asunto que nos ocupa, debe modificarse la legislación penal de las entidades federativas, a fin de incluir el acoso y el hostigamiento sexual.
Tercero. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recomendó en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México , “eliminar los obstáculos de procedimiento que dificultan la sanción por abuso y acoso sexual en el trabajo y propiciar la creación, en las empresas, de comités de equidad que sean coadyuvantes en denuncias de este tipo de delitos”.
Cuarto. Asimismo, en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se recomendó “promulgar y aplicar leyes para luchar contra el acoso sexual y otras formas de hostigamiento en todos los lugares de trabajo”.
Esta comisión considera que el exhorto materia del presente dictamen, coadyuva al trabajo de armonización legislativa, que abona en asegurar los derechos humanos de las mujeres y, además, da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al suscribir los tratados en la materia. Por lo anterior, se considera procedente que los marcos jurídicos locales incorporen el acoso y el hostigamiento sexual de conformidad con la LGAMVLV.
Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en materia en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Infraestructura, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Guerrero a concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y rehabilitar el puente situado entre los kilómetros 5+640 y 5+820
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Infraestructura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Guerrero para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y se rehabilite el puente que se encuentra entre el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820, suscrita por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
En términos previstos por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXI, y 3; y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción VI, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura presenta a esta honorable asamblea el siguiente
Dictamen
I. Antecedentes
1. En la sesión del día 3 de octubre del 2013, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrro, para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y se rehabilite el puente que se encuentra entre el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar el día 03 de octubre de 2013, mediante oficio número D.G.P.L.62-II-1-1195, correspondiente al expediente 2768, la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Infraestructura para su estudio y dictamen.
Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó el análisis del contenido de la citada proposición, con el objeto de plantear sus observaciones y comentarios a la misma, integrando el presente dictamen.
II. Contenido de la proposición
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano manifiesta que la inversión en infraestructura carretera en México ha disminuido considerablemente en las últimas décadas debido a que el recurso se ha distribuido de manera desigual en las entidades federativas;
Señala que el Foro Económico Mundial, en su último índice 2012-2013 ubicó a nuestra nación en el lugar 68, de 144 países en materia de infraestructura; en particular en carreteras México ocupa el lugar 50.
Asimismo comenta que el costo de accidentes en carreteras alcanza los 5 mil millones de dólares anuales en México. La base de datos de estadísticas de transporte de América del Norte reporta que en el 2012 hubo 11 mil 584 muertes asociadas al transporte carretero, y que los datos de la Organización Mundial de la Salud coloca a México en el séptimo lugar mundial en víctimas de accidentes automovilísticos.
En este contexto, refiere el caso de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta la cual se encuentra en construcción desde el 2007, y que al estar ubicada en una zona urbana, y dado que no está concluida pone en peligro a los transportistas que pasan por esa vía. Indicando además que existe un puente con hundimiento que aumenta la probabilidad de accidentes automovilísticos.
Expresa, que los habitantes de Coyuca de Benítez exigen la conclusión de los trabajos debido a que están teniendo rezagos y no pueden desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad.
Concluye, que para terminar la obra se necesitan 200 millones de pesos y además de 30 millones de pesos para el pago de derecho de vía.
III. Consideraciones de la comisión
Primera. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150 numeral 1 fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano fue distribuida a los integrantes de la Comisión para su conocimiento y comentarios a fin de que en el proceso de análisis se pudiera contar con elementos para determinar el sentido del dictamen.
Segunda. Que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se tienen contemplados en el Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras la cantidad de 140.3 millones de pesos para la continuación de la carretera Mozimba-Pie de la cuesta.
Tercera. Que en el estudio costo beneficio registrado con número 06096320021 en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se tiene considerada la rehabilitación del puente ubicado en el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820.
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. En virtud de que está contemplada una partida presupuestal de 140.3 millones de pesos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para la continuación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, no se considera procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrero para que realice los trámites necesarios a fin de concluir la construcción de esa carretera.
Segundo. Dado que la rehabilitación del puente referido no se contempla en el proyecto original de la construcción de la carretera mencionada, esta comisión considera que a la luz de los argumentos presentados por el diputado promovente es procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrero, para que realice los trámites necesarios para tal efecto.
Así lo acordó el pleno de la Comisión de Infraestructura de la honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil trece.
La Comisión de Infraestructura
Diputados: Alberto Curi Naime (rúbrica), presidente; Nabor Ochoa López (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Liliana Castillo Terreros, Raymundo King de la Rosa, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Patricia Peña Recio, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Mario Francisco Guillén Guillén, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Antonio García Conejo (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica).
De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría General de Justicia del Estado que realice las investigaciones del caso
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se condena el homicidio del diputado integrante del Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría General de justicia del Estado, para que realice las investigaciones de dicho caso.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, con arreglo a los apartados siguientes
Antecedentes
1. En la sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al jueves 12 de septiembre de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se condena el homicidio del Diputado integrante del Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán, y se demanda la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que realice las investigaciones de dicho caso, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
2. En la fecha indicada con antelación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se turnará a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
3. En la sesión plenaria de Comisión de Justicia, celebrada el martes 29 de octubre de dos mil trece se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes, el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Consideraciones
Primera. El punto de acuerdo en estudio, se motiva en los hechos suscitados el día 10 de septiembre del año en curso, en la colonia Agustín Melgar, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en donde un sujeto desconocido acabó con la vida del diputado al Congreso de Oaxaca por el distrito XII con cabecera en Putla Villa de Guerrero, y presidente municipal electo en San Andrés Cabecera Nueva, Everardo Hugo Hernández Guzmán, al dispararle de manera directa, al parecer con una pistola automática.
La propuesta señala que este caso no puede quedar impune, y que como representantes populares del estado de Oaxaca condenan enérgicamente este crimen. Demandando que la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, investigue de inmediato este homicidio hasta sus últimas consecuencias y que presente los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Segunda. Derivado de lo anterior proponen que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condene el homicidio del Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demande a la Procuraduría General de Justicia del estado a realizar las investigaciones del caso.
Por ello se somete a la consideración el primer punto del punto de acuerdo.
Primer punto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado a realizar las investigaciones de dicho caso.
La Comisión de Justicia coincide con los proponentes en que este caso no puede quedar impune. Por ello resulta pertinente que desde el Congreso de la Unión se repudien y condenen los actos que atenten contra la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.
Tercera. Respecto de la propuesta en estudio, si bien esta Comisión concuerda en que el Congreso exhorte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca de inmediato se aboque a las investigaciones de este homicidio hasta sus últimas consecuencias y que se presente a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Sin embargo, se considera que dicha solicitud tiene y debe tener como principal motivación el apoyo irrestricto al Estado de Derecho, considerando también, que los hechos han venido siendo reprobados por diversos medios a nivel nacional, sin perder de vista que la Procuraduría de Justicia es una dependencia del Ejecutivo Estatal. Por ello se sugiere exhortar respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Procuraduría General de Justicia proceda a la investigación para esclarecer el homicidio del Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca; Everardo Hugo Hernández Guzmán; proponiéndose que la reacción de un segundo punto petitorio sea de la siguiente manera:
Segundo punto. Se exhorta al Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca para que por conducto de la Procuraduría General de justicia del Estado de inmediato proceda a la investigación para esclarecer el homicidio del diputado al Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán.
Por lo expuesto esta Comisión de Justicia somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, condena firmemente el homicidio perpetrado en contra del diputado al Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán, y exhorta al Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, para que por conducto de la Procuraduría General de Justicia del estado de inmediato proceda a realizar las investigaciones hasta su esclarecimiento.
Dado en el Cámara de Diputados, a 29 octubre de 2013.
La Comisión de Justicia
Diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Cordova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón (rúbrica).