Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3732-VII, miércoles 20 de marzo de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a implantar acciones tendentes a disuadir a los grupos de autodefensa civil, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del Estado de Derecho. Durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.
Actualmente existen alrededor de 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras. La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.
Sin duda detrás de la formación de grupos de autodefensa civil se encuentra, como problema principal, el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del Estado de Derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses.
Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico impulsado en el pasado sexenio se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas, y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social. Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad.
Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales basados en usos y costumbres. Estas acciones ponen en cuestión no sólo al sistema de justicia, sino también la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas. Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Si bien los gobiernos federal y estatales han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.
Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias que existen desde hace quince años. Estas policías están reguladas por las autoridades y, según declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que comentan excesos. En esa línea se ha planteado la idea de hacerlos coadyuvantes de la justicia (Entrevista 15 de febrero de 2013, Carmen Aristegui, MVS Radio). No se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en espacios sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
En tales condiciones es de gran importancia deliberar y tomar posición sobre los grupos de autodefensa civil. La premisa tendría que ser lograr que esos grupos desaparezcan, tal y como lo ha planteado el propio Secretario de Gobernación. A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado. Al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido. Es necesario que se intervenga con prontitud a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia.
Por tales razones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es urgente que el Secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.
En Nueva Alianza apoyamos las opiniones, expresiones y formas de pensamiento que surgen en el seno de la sociedad; igualmente recogemos con seriedad y responsabilidad las demandas y exigencias que la ciudadanía plantea. Asimismo nos solidarizamos con la inquietud y preocupación que este problema exhibe. Con lo que no estaremos de acuerdo jamás es en la ilegalidad, el quebrantamiento por la vía de los hechos de las instituciones y del Estado de Derecho. Dada la potencialidad del problema, convocamos a las autoridades a que redoblen esfuerzos y acciones que propicien a la sociedad las condiciones de seguridad pública, y con ello abatir la impunidad.
En virtud de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, a que redoblen esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2013
Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior a efecto de que sea turnado como de obvia y urgente resolución, la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.
Lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria azucarera en México ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a su gran fuerza económica y social en el sector agropecuario, constituyendo uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.
La producción de caña en el país, en los últimos años se ha incrementado en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.
El azúcar constituye un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.
La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce y la entrada en competencia con edulcorantes como el alta fructuosa.
Esta crisis provocada por la baja de los precios del dulce en todo el mundo, es debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avizorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.
A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que ello permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.
De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.
De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.
Por ello es necesario el fomento de esta empresa para el beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.
Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.
Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:
1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26, inciso A), dice:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
2. En el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su artículo 2, fracciones X y XVII, a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;
XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;
3. En el artículo 2 de su Reglamento Interior la Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo federal.
La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.
4. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su artículo 2, se señalan sus facultades para:
I. Ejecutar la política exterior de México;
II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;
III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e
IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.
5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria cañera y azucarera del país, por lo que se propone, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contemple los siguientes ejes:
1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.
2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (por ejemplo Brasil, que ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).
3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de Marzo de 2013.
Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, la información acerca de las desaparecidas y asesinadas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María de Lourdes Amaya Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, con el trámite de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace más de dos décadas, los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido una muestra del deterioro social de aquella ciudad fronteriza.
Desgraciadamente, Ciudad Juárez y sus feminicidios han sido los casos más representativos de la violencia de género en contra de las mujeres en nuestro país, llamando la atención de la comunidad internacional, no sólo por el número de las asesinadas sino por la brutalidad, la impunidad y la tolerancia social de los hechos.
Estadísticas, informes, datos, documentos, etcétera, van y vienen respecto al número de asesinatos y desapariciones en esta ciudad. Sin embargo, más allá de la frialdad de los números, el dolor de las familias que han tenido la desgracia de perder a sus madres, hijas, esposas, debe volvernos sensibles y corresponsables en la búsqueda de soluciones que den fin a los crímenes y violencia de género que, en pleno siglo XXI, siguen perviviendo en nuestras sociedades, producto de múltiples factores como la exclusión, la pobreza, las prácticas sociales anormales, la falta de educación integral y con valores, políticas públicas incompletas, impunidad y un deficiente sistema de impartición de justicia, entre algunos otros.
La demanda de justicia de quienes han tenido la desdicha de haber perdido a un ser querido a causa de la violencia, lo menos que exige de nosotros como legisladoras y legisladores, es el apoyo incondicional a su causa y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que den fin a la violencia de género en contra de las mujeres de cualquier parte del país.
En relación con lo anterior, el pasado 18 de febrero del presente año, la organización social, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, –conformada por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, y cuyos objetivos son la búsqueda de justicia a través de la denuncia, el apoyo a las familias afectadas y la educación en derechos humanos y derechos de las mujeres– se dirigieron a la Fiscalía General, zona norte, del estado de Chihuahua, a través de un oficio turnado al maestro Jorge Enrique González Nicolás, Fiscal Especial para la Investigación y Persecución del Delito, para solicitar información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.
De manera concreta, esta organización solicitó:
1. El número de reportes que se recibió durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.
2. ¿Cuántas de estas mujeres fueron localizadas?
3. ¿Cuántas aún están desaparecidas?
4. ¿En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba?
5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados.
6. ¿Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares?
7. ¿Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez?
8. ¿Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos?
9. ¿Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos?
10. ¿Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar?
Asimismo, la organización también solicitó copia de las aplicaciones del Protocolo Alba que se hayan llevado a cabo en dicha ciudad. Cabe destacar que dicho protocolo consiste en dar aviso a todas las corporaciones policiacas al mismo tiempo, para que actúen de manera coordinada.
Es evidente –y el caso que aquí expongo, así lo evidencia– que a pesar de que a lo largo de más de una década, México ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, para que el gobierno aplique todas las medidas necesarias para esclarecer los casos de desapariciones y asesinatos de mujeres, seguimos adoleciendo de un sistema de impartición de justicia rápida y expedita y, en su lugar, el binomio impunidad e ineptitud parece ser la constante.
Sin embargo, si a las autoridades competentes se les olvidan sus responsabilidades, nuestra obligación es recordárselas y exigirles su cumplimiento.
Así, por ejemplo, no debemos borrar de la memoria que la Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por su siglas en inglés– dice que los Estados deben alentar “la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella”.
Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH– insiste en señalar que “un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres”.
Al respecto, cabe destacar que ya en noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado a conocer la sentencia conocida como: “Caso González y otras (Campo Algodonero) versus México”, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, así como también, por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.
De acuerdo con esta sentencia –en especial en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21–, el Estado mexicano debía, entre otras cosas, crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres, con información actualizada y específica de cada uno de los casos.
El Estado mexicano tenía un año para cumplir con los resolutivos señalados, pero tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se han obtenido avances.
Desgraciadamente, en la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. La información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, no sólo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permitan conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez.
El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.
La falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en aquella región del país, no sólo es prueba de la ineficiencia y la indiferencia de nuestras autoridades frente al dolor de quienes han perdido a una hija, sino que la ausencia de datos obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad, bajo el cobijo de la violencia institucional que, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país, publicada en el año 2007, alude a todos “los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce de los derechos humanos de las mujeres así como su pleno acceso a las políticas públicas orientadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra ellas”.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del Estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde 2008 a la fecha, que la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitó el pasado 18 de febrero del 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás, Fiscal Especial para la Investigación y Persecución del Delito.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la Sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, –Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México–, relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
Diputada María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones de prevención y atención de la rockettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguientes
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta imperativo atender los efectos surgidos de forma contingente, que en materia de salud, amenazan la vida de las personas o la calidad de la misma.
Como fenómenos que se presentan dentro del territorio nacional, y que amenazan la salud de las personas, es de relevancia hacer mención de los hechos ocurridos en las primeras semanas del mes de enero del presente año en el municipio de Mexicali, Baja California.
De acuerdo a lo establecido en algunos reportes de prensa escrita, la muerte de los menores Brayan Ramsés, ocurrido el día 4 de enero, y Esmeralda García López, el pasado día 24 del mismo mes, con tan solo 11 años de edad, se le atribuye al conjunto de bacterias denominados rickettsia. Esta enfermedad según se ha dado a conocer, es sumamente agresiva, y presenta diversa sintomatología, y realizar diagnóstico oportuno ha resultado sumamente complicado para las instituciones de salud en el estado.
La Secretaría de Salud federal en un estudio elaborado en el año 2009, señala que la rickettsia es considerada una enfermedad estacional, que se presenta con mayor frecuencia en los meses de abril a septiembre, y que tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días; la sintomatología que presenta, de acuerdo con un estudio elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede variar dependiendo del tipo de rickettsia del que se trate y pueden presentarse escaras, fiebre, cefalea, mialgia/artralgias y linfadenopatía.
La presencia de aparentemente dos casos relacionados a esta enfermedad en lo que va del año dentro del citado municipio, y que por la dificultad de su diagnóstico y tratamiento se ha convertido en un fenómeno preocupante en la región, hace necesario el desarrollo de acciones en materia preventiva y reactiva que ayuden a contrarrestar los fenómenos negativos que origina, y que además son de preocupación toda vez que esta enfermedad no suele presentarse con frecuencia en estos meses del año.
El caso de la rickettsia en Mexicali salió a la luz pública en el año 2009; los antecedentes de esta enfermedad se remontan al inicio de dicho periodo, en el cual se detectó dentro del municipio de Mexicali, Baja California, la presencia de la enfermedad provocada por el parásito intracelular Rickettsia rickettsii y prowasekii, transmitido por la garrapata Riphicefalus sanguineus (de acuerdo con lo establecido dentro del estudio realizado por la Secretaría de Salud federal en el 2009). En esa ocasión de acuerdo a la información que se retoma se estudiaron 1,453 casos sospechosos, 734 probables y 278 confirmados; y que derivaron en ese año en un total de 8 fallecimientos confirmados por la rickettsia, cuestión que además de ser lamentable, es preocupante, toda vez que un diagnóstico a tiempo hubiese generado resultados probablemente distintos.
Valdría la pena mencionar en referencia a estos datos, que el rango de edades en el que se presentó el mayor número de casos sospechosos, comprendió de 1 a 24 años de edad; asimismo se mostró que la distribución por sexo fue del 58 por ciento mujeres y 42 por ciento en hombres.
El ayuntamiento de Mexicali con apoyo del gobierno estatal, implementaron acciones contingentes para hacer frente a los contagios por rickettsia: se realizaron tareas de limpieza de predios, fumigación de casas y baldíos, que en ese tiempo representaron un total de 5 mil 514 toneladas de basura. Además de estas acciones de limpieza, se llevaron a cabo brigadas casa por casa, para la detección de casos que presentaran sintomatología atribuible a la rickettsia, las cuales fueron instrumentadas por brigadas federales, personal de empleo temporal y del propio ayuntamiento.
Retomando lo encontrado dentro de los documentos elaborados por la Secretaría de Salud Federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece que la dificultad de identificar los síntomas de la referida enfermedad, dificultan su tratamiento oportuno, lo que genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso lo pueden llevar a la muerte (en este estudio, se señala en 50 por ciento el índice de mortandad, sobre todo en los casos donde el tratamiento de la rickettsia fue después del sexto día).
Además de que la falta de acciones preventivas concretas y continuas para la atención de esta enfermedad, inciden en que se puedan seguir presentando casos de este tipo, en donde estará en riesgo la salud e incluso la vida de las personas.
Lo expuesto dentro de los párrafos anteriores, denota dos cuestiones importantes, por un lado se muestra la gravedad de la enfermedad, y por el otro, la dificultad que existe en hacer un diagnóstico preciso, que establezca con claridad la sintomatología de la misma, así como la morbilidad en cuanto a los casos directamente relacionados a la rickettsia, que desprenda acciones precisas para la prevención, control y tratamiento de la enfermedad y de los casos que se presenten dentro del municipio de Mexicali, así como en las demás regiones del país proclives a presentar esta enfermedad dentro de su población; y que de acuerdo a las observaciones de organismos internacionales como la OPS y la OMS, en referencia al padecimiento de la rickettsia, y a las variantes de este padecimiento que se puedan presentar en algunas regiones de nuestro país se deben de implementar acciones tendientes a:
1. Prevención, atención, tratamiento y control de la enfermedad.
2. Establecer métodos efectivos de diagnóstico y de vigilancia activa.
3. Difundir mediante los medios que se crean convenientes los métodos de prevención, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento.
4. Establecer protocolos para la identificación de población o zonas de riesgo de epidemias o casos relacionados a este padecimiento.
5. Diseñar e implementar protocolos de atención y contingencia con métodos apropiados de diagnóstico.
6. Establecer e implementar protocolos para el estudio de los agentes trasmisores de la rickettsia y de sus variantes.
7. Diseñar e implementar, los demás instrumentos que se consideran indicados para contrarrestar la presencia de este tipo de contingencias dentro del municipio de Mexicali, y en las demás entidades que sean proclives a este tipo de padecimientos.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal y del estado de Baja California a fin de poder establecer acciones pertinentes para poder lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención de la rickettsia y de sus variantes, para atender de forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio de Mexicali, y demás zonas vulnerables del territorio nacional, que puedan ser propensos a esta enfermedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo del 2013.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de Coahuila a cumplir el pago de la deuda a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hasta enero de este año, el gobierno de Coahuila tenía un adeudo por 160 millones de pesos con trece socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) por diversas obras que fueron realizadas y entregadas durante la administración que encabezó Humberto Moreira y que podría considerarse como “el origen de la crisis por la que atraviesan los constructores de Coahuila (debido) a la falta de pagos del Ejecutivo estatal, por obras realizadas desde (dicha) administración (y) que no han encontrado solución con el actual mandatario.”
Hace unos días, el presidente de la CMIC-Delegación Torreón, el empresario Tomás Galván dio a conocer que a pesar de que en febrero pasado, se otorgó un abono de la Secretaría de Finanzas del Estado por la cantidad de ocho millones de pesos; éste no logró bajar el monto de los 160 millones de pesos que se adeudan a socios, debido a que en febrero pasado se sumaron otras dos personas a quienes se les adeudaba aproximadamente ocho millones de pesos, por lo que el monto total a pagar no disminuyó, sino que se mantuvo.
“Cabe destacar que de 2006 a 2012, la deuda en Coahuila (hacia este sector) aumentó en 8, 571.8 por ciento” y a pesar de que “el empresario dijo que se está buscando establecer con la Secretaría de Finanzas del Estado un calendario de pagos del adeudo que podría ascender a unos 170 millones de pesos,” no se puede seguir permitiendo que la deuda que dejó Humberto Moreira siga afectando a las y los habitantes del estado; como en este caso ocurre con quienes forman parte de la industria constructora y que sí cumplieron con la parte correspondiente.
Si bien, este adeudo no ha provocado aún que exista un cierre como tal, sí ha generado que “desde hace dos años la industria (esté) preocupada por la inminente quiebra de empresas” así como por un desequilibrio en las operaciones y recursos con los que ellos cuentan; afectando la economía a nivel estatal, sobre todo en la generación de fuentes de empleo y derrama económica en otros sectores productivos; por ejemplo, tan sólo en Coahuila “la actividad cayó 30 por ciento en 2012 ante la falta de recursos para realizar obras”.
Hasta ahora, son trece los socios que están en la lista de espera para liquidar la deuda que tiene el estado, pero bien podría incrementar; provocando que la cifra siga subiendo a pesar de los pequeños abonos por parte de la Secretaría de Finanzas.
“A esto, se añade el factor de la inseguridad, el cual se ha convertido en el pan de cada día de los empresarios de la construcción, mismo que tampoco ayuda a captar mayor inversión por parte de la Iniciativa Privada.”
Asimismo, mencionó que “el Estado sólo tiene facturado un adeudo de 92 millones de pesos, por lo que continuarán conciliando con la Secretaría de Finanzas las cifras”; cuestión que por demás no nos debería de sorprender cuando sabemos que el estado de Coahuila no reportó, ante la Secretaría de Hacienda, 23, 643 millones de pesos de la deuda adquirida, tal y como lo señaló el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011” de la Auditoría Superior de Fiscalización.
Asimismo, es oportuno destacar que Javier Villarreal Hernández, quien fuera tesorero estatal del antes gobernador Humberto Moreira, le fue incautado 2 millones 275 mil 544 dólares por autoridades estadounidenses y a quien se le acusa de “falsificar documentos para conseguir créditos bancarios.”
Ahora Jesús Ochoa Galindo, actual titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila, se escuda en no tener evidencias, al decir “¿cómo reclamo algo de lo que no tengo evidencias? En el gobierno del estado no existe ninguna evidencia de que ese recurso haya salido de las arcas del gobierno del estado”.
Resulta incomprensible que no se tenga evidencia de ningún cheque, transferencia o cuenta alguna en los registros del estado; por eso la Procuraduría General de la República debe, con mayor prontitud, dar cauce a la investigación sobre este caso.
Hay que hacer notar que este tipo de casos ocurren por la nula transparencia y rendición de cuentas que se vive a lo largo y ancho del país, en los cuales el Estado constitucional se ve permeado por la corrupción y el compadrazgo.
Hasta cuándo permitiremos que los estados adquieran una deuda que se siga arrastrando por años y años como los casos de Tabasco, Jalisco o Chiapas; en donde al igual que Coahuila comparten la característica de contar con una deuda a constructores, y que en palabras de Marcos Gluyas Solórzano, vicepresidente ejecutivo de instituciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, esto ocurre a nivel nacional.
¿No nos correspondería a nosotros, como legisladores, prever y proveer las herramientas necesarias para que esto ya no se siga generando? ¿O vamos a formar parte del grupo de cómplices de los cacicazgos que por décadas han saqueado los estados y que ahora están dejando al país en ruinas?
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila a cumplir con el pago de la deuda a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a otorgar –de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable– a los productores de caña de azúcar recursos a fin de adquirir fertilizantes, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II y 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo de la industria de los fertilizantes en México está vinculado al desarrollo industrial del país, las primeras plantas que producen fertilizantes sintéticos se ubican en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.
En este periodo del desarrollo de la economía nacional se adoptó el modelo de sustitución de importaciones y se promovió la industrialización como motor del desarrollo del país.
En una primera etapa convivieron empresas paraestatales y empresas privadas para dar paso a la creación de una sola: Fertimex; para los años setenta se constituyó una boyante industria de los fertilizantes que abastecía al campo mexicano, éramos autosuficientes en los principales fertilizantes y se logró mejorar el rendimiento agrícola.
La política del desarrollo industrial aplicada en México en el modelo de sustitución de importaciones, nos llevó a tener plantas productoras de fertilizantes a escala mundial y con las mejores tecnologías en capacidad instalada, para este periodo contábamos con gas natural para producir amoniaco, principal insumo para la fabricación de fertilizantes.
Con la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico del país en los primeros años de la década de los ochenta, la industria estatal de los fertilizantes se privatiza y pasó a manos del capital privado, lo que llevó a que las nuevas condiciones del mercado mundial y la falta de políticas de estado provocó la disminución paulatina de la producción de fertilizantes y se incrementaron las importaciones.
Las empresas privadas de fertilizantes son importadoras y comercializadoras, la gran industria de fertilizantes de los años setenta desapareció y México se convirtió, en pocos años, en un país que depende totalmente de las importaciones en un área que debería ser estratégica.
La Sagarpa reconoció que en México se produce aproximadamente 45 por ciento de los fertilizantes que se emplean en el campo agrícola, por lo que la demanda debe ser cubierta por las importaciones, la compra de fertilizantes en el mercado mundial aumentan los altos costos de los insumos utilizados en su elaboración, sobre todo el alto precio que se registra en el gas natural y sus derivados frena la elaboración de fertilizantes.
En este mismo sentido la dependencia del gobierno federal subrayó que en México se tiene una capacidad instalada para generar 5.8 millones de toneladas métricas al año de fertilizantes, sin embrago sólo se elaboran aproximadamente 2 millones de toneladas métricas, por lo cual se recurre a la importación.
Pemex Petroquímica sólo produce amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz, (600 mil toneladas al año), mientras que las plantas de Salamanca y Camargo están inactivas ante la falta de la demanda del producto por parte de industriales, en consecuencia aumentaron las importaciones de urea de países como Rusia y Ucrania.
Ante la falta de producción de fertilizantes el campo mexicano y en especial el campo cañero se ven afectados caña año en la producción, esto ha provocado que los rendimientos no aumenten y produzcamos caña de azúcar cara y que no es competitiva en el mercado mundial.
La actual crisis por la que atraviesa el campo cañero y toda la cadena productiva de la agroindustria azucarera, se presenta por el desplome del precio del azúcar para la zafra 2012-2013, es preciso señalar que la caída del precio se debe a que producirnos caña de azúcar cara.
En los 57 ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener grandes inventarios, esto se complicará porque en la zafra 2012-2013 la producción de azúcar se incrementará, toda vez que tendremos la zafra más alta de los últimos años, con una producción que se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña de azúcar.
Esto incrementará los inventarios de azúcar en los 57 ingenios del país, pero la explicación de los altos precios en la producción de la caña de azúcar tiene su origen en los 40 años de crisis estructural que vive la agroindustria azucarera y 30 años son bajo el esquema de la economía neoliberal, en donde la industria de los fertilizantes se privatizó y los resultados están a la vista, un campo cañero en crisis y que nos ha llevado a tener cupos de importación de azúcar y a importar los fertilizantes.
Por tal motivo, ante la falta de rendimientos y el alto costo por tonelada de la caña de azúcar, es importante que la Sagarpa destine recursos que se aprobaron en el Programa Especial Concurrente para que los productores de caña de azúcar adquieran aproximadamente 700 kilogramos de fertilizantes por hectárea para mejorar la producción.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable se otorguen recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senasica y a la Sagarpa a implantar cercos sanitarios para controlar el daño que la roya puede provocar en los cultivos de café en el país, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcía Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional, de hecho genera divisas sólo por debajo del petróleo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.
El volumen de producción del café en nuestro país oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año, ocupando así el quinto lugar en exportación después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.
No obstante lo anterior, México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos per cápita, posiblemente esto se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo; la insuficiencia de la cultura de café y; los tabús con respecto a la salud.
En nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 12 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco, en total se cuenta con una superficie de 689 hectáreas.
Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero se encuentra atravesando una problemática, la roya, un hongo que ataca las hojas ocasionando su caída prematuramente, a este padecimiento acompañan ataques por insectos, mala fertilización y, condiciones de crecimiento deficientes, todo lo precedente afecta negativamente la producción de este grano.
Por ello, es válida la preocupación de muchos productores dedicados a la cafeticultura en nuestro país, porque no han recibido la orientación adecuada para implementar medidas de prevención, así como los apoyos suficientes para evitar la destrucción de las plantaciones.
En consecuencia, la roya debe ser tratada de forma importante debido a las afectaciones en el decremento de la producción, lo cual se suma la caída del precio en el mercado, provocándole así al productor un deterioro drástico en su economía familiar.
Además, la falta de recursos, impide a los productores tomar las medidas preventivas necesarias.
El cambio climático, responsable del origen de condiciones meteorológicas especiales propiciatorias de la difusión de la plaga, pues gracias a este se genera una combinación de altas temperaturas y lluvias.
Si es cierto, el daño ya está hecho pero debemos trabajar en conjunto y alinear las acciones adecuadas para exterminar este hongo de la cadena productiva hacia un café de alta calidad que compita en los mercados mundiales.
En este orden de ideas y utilizando esta alta tribuna legislativa, consideramos conveniente hacer un llamado a la Senasica, Sagarpa y a todas aquellas instituciones involucradas en la materia, para que elaboren un plan para las regiones cafetaleras con mecanismos agronómicos de prevención, los cuales, deberán encaminarse a un buen control fitosanitario debido a que sus acciones no han tenido la contundencia y oportunidad que se requiere, por lo que no responde a esta situación que va en aumento, poniendo en riesgo la producción y la economía de todas aquellas personas dedicadas a este sector, sólo por mencionar que por sus características de este cultivo emplea para sus labores de limpia, cosecha y beneficiado del grano tanto a mujeres, hombres y niños que conforman toda la familia.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a implementar de modo urgente, cercos sanitarios, para que de forma preventiva controlen el daño que pueda provocar la roya en los cultivos del café en el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SRE a acatar con responsabilidad en representación del Estado mexicano el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En mayo próximo se cumplirán siete años, de una de las represiones contra ciudadanas y ciudadanos mexicanos, más atroces por parte del Estado, ocurrida en San Salvador Atenco, estado de México; en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instituciones internacionales, dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos y el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.
“El 3 de mayo del 2006, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco impidieron a vendedores de flores instalarse afuera del mercado municipal. Las comerciantes pidieron apoyo de los pobladores de Atenco, reconocidos por su lucha en contra del proyecto gubernamental de quedarse con sus tierras para construir un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.”
“El 4 de mayo (de ese mismo año) se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2 mil 515 elementos) para ocupar la población de Atenco, donde de acuerdo con la CNDH se violaron derechos humanos de 209 personas y se lesionó y torturó a otras 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres.”
“Luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se litiga desde 2008.”
En la primera de las audiencias públicas, realizada en Washington, sede del organismo de la Organización de los Estados Americanos, la representación del Estado mexicano encabezada por Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”.
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, relator de la CIDH para México; los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas y decenas de personas que acudieron a la audiencia, entre ellas las víctimas; Limón aseguró que la administración de Peña Nieto cuenta con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
Asimismo, señaló que “esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La posibilidad de dar “solución amistosa” a lo ocurrido en Atenco, fue también respaldada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Gómez Robledo, “quien informó que de 2006 a 2009, 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Y pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con la estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
Nos parece una ofensa para las víctimas, que el Estado mexicano ofrezca una “solución amistosa” a un acto de represión y abusos sexuales que se vivieron en Atenco, después de casi 7 años que se les ha negado el acceso a la justicia y reparación del daño, por lo que han tenido que recurrir a instancias internacionales como la CIDH.
Este ofrecimiento pone en evidencia que se busca evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, en la cual está directamente involucrado quien es actualmente el titular del Ejecutivo federal, en ese tiempo gobernador del estado de México.
Además, la actitud asumida por Lía Limón, en representación del Estado mexicano ante la CIDH, demuestra en los hechos que lejos del discurso, el actual gobierno no contempla dentro de sus prioridades, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, pues se niega a hacer justicia a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, como lo fueron las personas agredidas en Atenco por parte de la policía del estado de México.
Ante este ofrecimiento del Estado, once mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 se negaron a aceptar la “solución amistosa” propuesta por el gobierno de Peña Nieto, por lo que de acuerdo al reglamento de la CIDH se tendrá que proceder a un litigio y una eventual sentencia contra el Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas y reparar los daños.
Sobre la negativa por parte de las once mujeres, Bárbara Italia Méndez, en nombre de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Linares y Gabriela Cuevas; leyó: “No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”.
Asimismo, quienes sostienen el caso identificado con el número 12 mil 486 pidieron en una carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No nos busquen para buscar una reparación de daño, advirtió Bárbara Italia Méndez al señalar que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional que las representaban”.
No olvidemos que fue el mismo Enrique Peña Nieto, quien durante el evento en la Universidad Iberoamericana en mayo de 2012, en plena campaña presidencial “admitió su responsabilidad de haber ordenado la operación policiaca en Atenco”.
No entendemos por qué la respuesta por parte de las once mujeres, sorprendió al Ejecutivo Federal e incluso a representantes del Estado mexicano, “entre ellos el actual procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras, encargado de la dependencia que lleva el caso en el país, quien aseguró que de los dos mil policías, entre federales y estatales que participaron en el operativo, fueron sujetos de investigación 29, pero sólo dos de ellos fueron procesados penalmente.”
Nos sumamos a lo expresado por parte de las víctimas: “(el gobierno mexicano) tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas” y como sabemos, no lo hizo; “sus palabras han sido las mismas y han incumplido y mentido en declaraciones desde que ocurrieron los hechos.”
Por ello, ahora el Estado mexicano debe responder con responsabilidad ante la CIDH y acatar las resoluciones que de este litigio deriven, pues ello tendrá necesariamente un efecto positivo en la justicia para las mujeres en nuestro país.
Las principales denuncias que ha hecho el Centro Prodh sobre el caso de las mujeres abusadas sexualmente en el operativo de Atenco siguen vigentes: al Estado mexicano ha favorecido la impunidad en el caso de policías que torturaron sexualmente a mujeres detenidas en Atenco, y las instancias creadas para investigar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes. Por lo que el Estado mexicano debe tomar medidas para que se resuelvan de fondo y no sólo ofrecer una solución amistosa.
Porque casos como los de Atenco no pueden repetirse, y porque una forma de reparación de daño y de ofrecer justicia es detener y castigar a los responsables de este tipo de hechos; presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a fin de que en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a establecer canales de interlocución con los representantes populares y las dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Josefina Salinas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, tales como seguridad, igualdad social y respeto a los derechos fundamentales.
En el caso del Poder Ejecutivo, tanto federal, como en las entidades federativas, resulta indispensable una actitud receptiva ante la expresión de las necesidades de la ciudadanía, es innegable la imperiosa necesidad de la disposición a la coadyuvancia con el resto de los poderes con que se comparte esta responsabilidad a efecto de que el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida resulte de forma efectiva, equilibrado y justo para el total de sus gobernados y no sectario y clientelar.
Es el caso que en el Estado de México en particular, esta apertura no se ejerce por parte del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, además de permanecer cerrado a este principio, también incumple con lo que mandata la propia Constitución del estado que gobierna, que en su artículo 77, en que se enuncian las facultades y obligaciones del Gobernador del estado, fracción XXVI.
Artículo 77 . Son facultades y obligaciones del gobernador del estado:
I al XXV...
XXVI. Prestar apoyo a los poderes Legislativo y Judicial y a los ayuntamientos, cuando le sea solicitado, para el ejercicio de sus funciones...
Lo anterior al prestar oídos sordos ante las reiteradas solicitudes de audiencia que con el propósito de establecer una comunicación directa y fluida con él como Titular del Poder Ejecutivo estatal, los representantes populares y los dirigentes estatales han suscrito
El motivo central de la búsqueda de esta interlocución, es plantearle los temas que a continuación se exponen:
1. La problemática de los ayuntamientos postulados por el Partido de la Revolución Democrática, así como superar el trato desigual a los regidores y síndicos de representación proporcional del PRD.
2. Se establezcan compromisos en forma corresponsable para impulsar en la entidad soluciones de fondo que permitan superar los rezagos en materia de:
a) La violencia y la inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas en el territorio mexiquense.
b) Medidas a través de políticas públicas para reducir la desigualdad social, con metas en plazos verificables. Atención con acciones productivas a favor de los campesinos e indígenas.
c) Ataque frontal a la corrupción con mecanismos eficaces: Avanzar en la transparencia.
d) Acabar con la impunidad, respeto a los derechos humanos.
e) Cambios políticos institucionales, que permitan ajustar y actualizar la representación política, fortalecimiento de los Órganos Autónomos del Estado, Impulso de cambios democráticos institucionales, mediante una reforma política local (participación ciudadana, reforma electoral y municipal).
3. Solución a las demandas sociales presentadas al Gobierno del Estado.
Reiterando nuestro interés de buscar mediante el diálogo y en los canales institucionales, la solución a las dificultades económicas, sociales y políticas existentes en el territorio mexiquense, a lo cual no hemos obtenido respuesta alguna, encontrándonos con la omisión y desinterés de un gobierno que presenta rasgos de inflexibilidad, insensibilidad e inmadurez para el oficio político que las necesidades de la entidad requieren.
En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México Eruviel Ávila Villegas, a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y preste disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.
Diputada Josefina Salinas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar a escala nacional el programa Por Tu Familia, Desarme Voluntario, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejia Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años el índice de violencia en nuestro país ha ido incrementando de manera alarmante, y todo se debe al mal diseño de la estrategia de seguridad en contra del crimen organizado.
De acuerdo con el Índice de Paz Global (IGP), nuestro país ha ido escalando considerablemente en sus niveles de violencia; en 2007 México ocupó el lugar número 79, y en 2010 se ubicó en el lugar 107 de una lista que incluye a 158 países.
En 2012, México ocupó el lugar 135 entre los países más violentos del mundo, lo que nos ubica a tan sólo 12 lugares de países como Siria que mantienen conflictos armados.
El descenso de 57 posiciones en el Índice de Paz Global se atribuye en gran medida a la guerra en contra del crimen organizado durante la administración anterior.
Además de la ola de violencia, muerte, sangre y miedo, nos encontramos ante un flujo desmesurado de armas de fuego provenientes de distintos países como Rusia, China, Israel y Alemania, pero principalmente de nuestro vecino del norte Estados Unidos.
La guerra que desencadenó el Ejecutivo federal, no sólo trajo beneficios para las empresas dedicadas a la manufactura de fusiles y pistolas, sino también al mercado negro de armas en nuestro país.
México ha ascendido a la séptima posición del ranking mundial, como una de las naciones con el mayor número de armas en manos de civiles, esto a pesar de que las restricciones legales para uso y portación son consideradas de las más severas.
De acuerdo con cifras de la ONU, en nuestro país existen alrededor de 15 millones de armas en manos de civiles, la mayor parte de estas son distribuidas en el mercado negro debido a la casi nula participación del gobierno federal para disminuir el flujo de armas.
El tráfico ilegal de armas es uno de los temas de mayor preocupación, ya que más del 80 por ciento de las que son decomisadas a los cárteles de la droga provienen de Estados Unidos.
De acuerdo con cifras del congresista estadounidense Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en nuestro país han muerto un poco más de 200 mexicanos a causa de las armas involucradas de manera directa al operativo Rápido y Furioso ejecutado por el gobierno de Estados Unidos.
La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, adoptada en 1997, ha sido ratificada por la mayoría de países del continente, excepto por Estados Unidos, Canadá, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, lo que complica que nuestro país pueda combatir de manera seria el trasiego ilegal de armas.
Según datos de la Sedena, en 2012 se lograron decomisar más de 140 mil armas, de las cuales el 65 por ciento eran rifles de asalto o armas largas, 14 millones de municiones, de las cuales el 60 por ciento provienen de Centroamérica y 11 mil granadas de fragmentación.
Esto quiere decir que el crimen organizado ha invertido aproximadamente 145 millones de dólares para combatir a las células rivales y al gobierno federal; con ello refleja la tendencia y evolución de las bandas criminales por el uso de armamento pesado.
Si bien el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de nuestro país, tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, es responsabilidad absoluta del Ejecutivo federal llevar el registro y control de cada una de las armas en territorio nacional, tal y como lo estipula el artículo 4 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que a la letra dice:
Articulo 4. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de Gobernación, y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que ésta ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las armas en el país, para cuyo efecto se llevará un registro federal de armas.
Es de suma importancia que se atienda esta problemática de manera urgente, para evitar que nuestro país continúe siendo el traspatio fronterizo de la Unión Americana y la ruta por excelencia de los traficantes de armas de fuego.
Ante esta difícil condición el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió acciones para mitigar el número de armas en manos de civiles, mediante el programa denominado Por tu Familia, Desarme Voluntario, para que la ciudadanía participe en el canje de armas de fuego a cambio de ayudas económicas o en especio a lo largo de las 16 delegaciones de la capital.
Este programa tiene la intención de generar una conciencia cívica sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y reducir el número de éstas en poder de los ciudadanos.
Los resultados desde la implementación brincan a simple vista, ya que con dicho programa se han recuperado dos mil 492 armas, de las cuales mil 764 son armas cortas, 533 armas largas, 195 granadas y 12 mil 732 cartuchos de diferentes calibres en tan sólo dos delegaciones.
Si este programa se implantara a nivel nacional los resultados hablarían por si solos, no por la cantidad de armamento que se llegue a generar en los centros de acopio, sino también por el impacto de concientización entre los mexicanos.
Por esta razón los diputados de Movimiento Ciudadano nos unimos al reclamo de la sociedad mexicana para que se cuente con un país más seguro a través del fortalecimiento de los mecanismos y controles de seguridad, mediante la implantación del programa Por tu Familia, Desarme Voluntario en todos los estados de la República Mexicana.
Por lo expuesto y fundamentado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo la implementación del programa Por tu Familia, Desarme Voluntario a nivel nacional con la intención de disminuir el número de armas en manos de civiles.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejia Berdeja. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el TLCAN en el capítulo VII, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María del Socorro Ceseñas Chapa, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La agricultura mexicana ha sido devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto principalmente debido a que entre los años de 1994 y el 2008, los gobiernos de este país, no le dieron la importancia al campo mexicano para prepararlo a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En un estudio presentado en 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a un año de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinaba que sólo seis de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos –que podrían hacer frente– a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender de las importaciones estadounidenses.
2. Pareciera que el exterminio del campo mexicano ha sido planeado por administraciones insensibles convencidas de que es mejor comprar los productos del campo a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos los agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.
3. Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el artículo 27 de la Constitución.
4. El Tratado de Libre Comercio, en su capítulo agrícola, se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a diferentes ciudades del territorio mexicano o a los Estados Unidos en busca de trabajo. Debido a que no todas y todos los campesinos que abandonaron el campo pudieron ser absorbidos como trabajadores en las ciudades de nuestro país, el ir a los Estados Unidos se convirtió –y sigue siendo– una válvula de escape para las presiones sociales que el Tratado de Libre Comercio produjo; esto sin contar, los innumerables municipios, en los cuales la única alternativa ante al abandono del campo es unirse a alguno de los grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.
5. De acuerdo a datos presentados por esta Cámara de Diputados, la caída del financiamiento del gobierno a la agricultura ha sido aproximadamente del 90 por ciento, que aunado a una sistemática cancelación de los programas de educación y asistencia técnica para las y los agricultores, ha dejado a nuestro campo en una situación de abandono. La reducción agresiva de los presupuestos dirigidos al campo continúa, y un claro ejemplo es el Programa Especial Concurrente (PEC) reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
6. El Congreso Agrario Permanente (CAP) reveló su preocupación ya que mil millones de pesos para proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente (PEC) 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
7. Por lo antes expresado, exhorto de manera urgente a una extensa revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agrícola, ya que en éste, se basa la crisis rural actual; es decir, lo que puede ser llamado la liquidación de una clase campesina que una vez formó la mayoría de la población en México.
Punto de Acuerdo
Único. Se somete al pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la población en situación de calle, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Rodrigo Chávez Contreras, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
“Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, a si como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”
Estas palabras constituyen parte del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron escritas en 1948 y suscritas por nuestro país ese mismo año, y sin embargo desde esa fecha hasta la época actual dichas palabras son letra muerta para gran parte de de nuestra población que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, dicha situación se agudiza aún más cuando hablamos de la población que vive en situación de calle, los llamados sin techo o población callejera.
Estos ciudadanos mexicanos que hacen de las calles su vivienda subsisten en condiciones paupérrimas, de extrema pobreza, alta vulnerabilidad y exclusión social; sin acceso a los derechos más elementales que les permitan una vida menos precaria, esta población representa el sector más desprotegido y olvidado de nuestro país, donde el ejercicio de sus derechos humanos como mexicanos están prácticamente anulados.
En el marco del Derecho Internacional existen tratados, declaraciones, convenciones y convenios firmados por los estados de la ONU, y por supuesto signados por México, que proclaman el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que la población de calle sea protegida por un régimen de Derecho.
A pesar de la evidente existencia de esta grave problemática social en todo el país, esta no ha sido una temática suficientemente conocida y estudiada y, por ello no existe una “visibilidad real y oficial” de este sector social vulnerable, ya que no se cuenta con datos y estadísticas fidedignas en cuanto al número de personas que habitan en las calles, a pesar de los esfuerzos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el pasado censo, ya que su conteo de esta población se oriento básicamente al registro de personas que utilizan los servicios de albergues públicos y privados.
Es necesario resaltar que la intención de contar con datos estadísticos, claros, veraces y actualizados resulta una prioridad para diseñar estrategias de atención y políticas públicas enfocadas a dar respuesta a las necesidades de este sector que lamentablemente aqueja no sólo a hombres y mujeres en edad adulta, sino a la población considerada aún más indefensa o desamparada como son las niñas, niños, adolescentes y adultos y adultas mayores, que viven en situación de calle o abandono social y que todos los días vemos en los cruceros, camellones y rincones de nuestras ciudades ante la omisión y nula sensibilidad de la gran parte de las autoridades, que se niegan a visibilizar y a actuar.
Este estudio e investigación estadística permitirá contar con la suficiente información que deberá de ser traducida en estrategias, acciones y programas sociales para prevenir la expulsión de más personas además de restituir los derechos fundamentales, mejorar y dignificar la vida de una cantidad de personas que merecen superar la extrema precariedad en la que viven.
Es importante señalar que aunque existen esfuerzos locales para cuantificar la población en situación de calle, no contamos a nivel nacional con datos que nos sirvan para dar claridad a las cifras, a pesar del esfuerzo del INEGI, algunos ejemplos estatales son:
• En un censo efectuado durante 1995, organizado por la UNICEF y la oficina local de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se contabilizaron 13,373 niñas y niños menores de 18 años en y de la calle.
• En la Ciudad de México se realiza cada año un conteo de personas en situación de calle, un ejemplo de ello fue el realizado en el 2010, que permitió a la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal ubicar a 3,282 personas en abandono social, pero al mismo tiempo proporcionó información importante como son algunos factores que motivan la vida en la calle, tales como: el consumo de drogas, el conocimiento o desconocimiento de sus derechos humanos, los niveles de discriminación, entre otros; que permitieron reimpulsar programas como “la campaña, Frio Invierno Calor Humano” y mejorar la atención en los albergues. En el 2011 el ceso reportó 4014 personas en calle.
• Asimismo el Ayuntamiento de Puebla y el Sistema Municipal del DIF, a partir del programa “Demos Esperanza No Monedas”, señalaron, que a partir del censo realizado en el año 2011, se identificaron a 875 personas en la ciudad de puebla que viven en situación de calle.
Otra cuestión a considerar en el censo es la definición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, que distingue dos grupos de infantes en abandono social:
Niños y niñas en la calle: son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en vía pública, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a casa por las noches.
Niños y niñas de la calle: infantes que pasan el día y noche fuera de casa y están funcionalmente sin soporte familiar. Este grupo se diferencia del anterior porque han roto los vínculos familiares y han hecho de la vía pública su hogar.
Ya que las pocas estadísticas que se tienen hablan del incremento del número de niñas y niños que habitan en la calle, solos o en compañía de ambos o algunos de sus progenitores.
En este contexto la Directora Nacional de Casa Alianza México, Sofía Almazán Argumento que “son más de 100 mil niños y niñas en situación de abandono los que hay en México”.1
Resulta fundamental tomar en cuenta la existencia de organizaciones de la sociedad civil y académicos en la disposición de conjuntar y aportar esfuerzos para elaborar estrategias y alternativas de atención, participando activamente en la colaboración e implementación de políticas públicas que garanticen los derechos iguales e inalienables, considerando que estos son y serán protegidos por los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y vertidos en nuestra norma suprema.
Consideramos además la necesidad de focalizar zonas y metodologías adecuadas para el gran reto que implica la prevención y atención del problema, teniendo como primer paso la evidencia y visibilización de este sector social, mediante el censo que nos arroje datos estadísticos para detectar, cuantificar, tipificar y ubicar a la población en abandono social o callejera.
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la Secretaria de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a impulsar la realización del “Primer Censo Nacional de Población en Situación de Calle, Abandono Social o Callejera”, desarrollando la metodología más adecuada para detectar, cuantificar, tipificar, ubicar y dar estudio al tema, con la finalidad de que el mismo permita la elaboración, planeación e implementación de programas y políticas públicas para atención, prevención y seguimiento de acciones encaminadas a proteger, dignificar y restituir los derechos de la población que vive en situación de calle, abandono social o llamada población callejera.
Nota
1 Notimex, “Panorama desolador para bebés en situación de calle”, en Publimetro, publicado el 01 de enero de 2010. El documento puede consultarse en: http//www.publimetro.com.mx/noticias/panorama-desolador-para-bebes-en-s itucion-de-calle/njaa!c6lsh9NZljjfCfAg
Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al ataque y la difamación de que fue objeto la comunidad judía mexicana e internacional, víctima del holocausto, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en el que exigen se condene el ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía mexicana e internacional víctimas del Holocausto al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un sin número de comentarios circulan en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, en su mayoría descalificando las declaraciones que el pasado 22 de enero del presente año, durante una conferencia organizada por el programa de Maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y el Colectivo Palestina y ha llevado a cabo en las instalaciones del plantel Del Valle de esta Universidad, realizó la arquitecta Raquel Rodríguez, una de las conferenciantes en dicho evento.
La celebración del foro en contra del estado de Israel y a favor de Palestina, tenía por objeto dar inicio a diversas acciones que buscan el rompimiento de las relaciones entre México e Israel.
Cierto es que la crítica, la discusión y el debate son parte del desarrollo intelectual y pensamiento crítico que toda institución educativa debe promover. Así también, propiciar el escenario para contrastar opiniones amplio, tolerante, y sobre todo imparcial.
Sin duda, en esta ocasión, por ser un tema tan complejo, resultaba por demás necesario la intervención de panelistas de ambas comunidades, a fin de que fueran expuestos ambos puntos de vista, pero lamentablemente no fue así.
Empero, lo más desafortunado en dicho evento fueron las declaraciones que la arquitecta Raquel Rodríguez realizó en relación al Holocausto y directamente en contra de la población judía, fundados en posturas en tono xenófobo, antisemita.
El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado alemán, del que se ha documentado la muerte de aproximadamente seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus aliados.
Si bien es cierto que las principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos, a quienes consideraban el mayor peligro para Alemania, desde los primeros años del régimen nazi, se persiguió a distintos grupos sociales dando muerte a un considerable número de personas como los romaníes (gitanos), discapacitados, y algunos pueblos esclavos (polacos y rusos, entre otros), y a otros individuos cuyos comportamientos no se ajustaban a las normas sociales prescritas, como los homosexuales. Miles de oponentes políticos (incluidos comunistas, socialistas y sindicalistas), así también disidentes religiosos (como los Testigos de Jehová), muchas de estas personas murieron como resultado de la encarcelación y el maltrato.
Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa, y eliminaron totalmente a cientos de comunidades judías de los territorios ocupados de Europa oriental.
El Holocausto como hecho histórico ha sido considerado como la máxima expresión de fanatismo, intolerancia, acoso y violencia contra un grupo o comunidad basado en el origen étnico o en las creencias religiosas perpetrados a través de actos terribles de inhumanidad.
Hoy por hoy, y probablemente más que nunca se presenta ante nosotros un amplio abanico de posibilidades a través de las que podemos difundir nuestros pensamientos.
En estricto sentido la manifestación de las ideas como parte de todo proceso de comunicación y como elemento fundamental en toda sociedad y organización social, nos obliga en todo momento a ejercer nuestro derecho fundamental de expresarnos libremente con el más alto grado de responsabilidad, en el entendido de que la única limitante en el ejercicio de este derecho es el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y libertades de todos los que compartimos dichas prerrogativas.
Los hechos acontecidos en días pasados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mismos que por medio del presente punto de acuerdo condenamos pues es intolerante que en una institución educativa como lo es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se apoyen iniciativas que atentan contra la convivencia pacífica entre las naciones y fomente la consumación de actos discriminatorios, que inciten al odio y a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones
La señora Rodríguez extralimitó el ejercicio de su derecho a la manifestación de ideas, pues considerar ciertos o no los hechos del Holocausto no dan cabida a posturas racistas, discriminatorias, y de odio religioso, como los llevados a cabo en contra de la comunidad judía.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que se solicita a esta soberanía sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se condene el ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía mexicana e internacional, contra las minorías, que fueron víctimas del Holocausto y que al negarlo sean agraviados por este.
Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a las autoridades competentes, que en el marco de lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se pronuncien respecto a los probables actos discriminatorios antisemitas.
Tercero. Que se solicite una explicación al gobierno del Distrito Federal y a la ciudadana María Esther Orozco, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ofrezcan una disculpa pública y de manera satisfactoria, ante los representantes de las comunidades que fueron agraviadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
(rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas, y a favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Por cientos de años, las represas han sido aliadas del hombre cumpliendo con funciones especificas como el control de inundaciones, el suministro de agua tanto de consumo como para riego, habilitando espacios para navegación, e incluso para la generación de energía hidroeléctrica. No obstante en los últimos años, hemos descubierto los efectos dañinos que producen al ambiente, a las comunidades aledañas e incluso a la salud.
Hoy, la tecnología nos permite buscar nuevos mecanismos que nos acerquen a remplazar estas macro obras, dando así solución al problema que tenemos para el uso y la administración de recursos hidráulicos.
Según la Conagua, en México existen más de 4 mil 462 presas y bordos, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas.
La construcción de una presa normalmente le brinda a la población de las ciudades, algún beneficio inmediato, por ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica o el suministro de agua potable, pero ocasiona un daño terrible a la gente que vive en la zona en donde se construye.
La doctora Mónica Olvera Molina, investigadora de la UNAM, expuso que hasta 2012 durante los cuarenta años anteriores, aproximadamente ciento ochenta y cinco mil personas fueron desplazadas forzosamente debido a la construcción de represas en México, lo que separa comunidades, quita empleos y vulnera la identidad que tiene la gente con su tierra. También llegan a ocasionar alteraciones al turismo debido a que las presas hidroeléctricas son inseguras para el uso recreativo.
Además, los daños ambientales que ocasiona una mega construcción como ésta son muy graves. Las propiedades del agua retenida por la represa cambian, la materia orgánica comienza a descomponerse y consume todo el oxigeno existente en el agua, el cual necesitan los peces para vivir, creando un ambiente optimo para la proliferación de algas convirtiéndose el cuerpo de agua incluso toxico para algunas especies.
Las represas hidroeléctricas manipulan el flujo del río y las cantidades que atraviesan la cortina en función de la cantidad de energía que se necesita, por lo que puede llegar a pasar una cantidad de tiempo considerable sin que haya un flujo suficiente como para mantener el río corriendo, provocando esto el desecamiento de diferentes tramos.
Estas estructuras, las cuales significan una gran inversión, en ocasiones tienen una corta vida útil, ya que si se trata de un río arenoso, los sedimentos se acumulan en la presa y la hacen perder su función.
En virtud de lo antes expuesto invitamos a los funcionarios públicos encargados de la planeación, licitación y administración de presas y bordas, a que revisen y hagan cumplir cabalmente los programas existentes para hacer el desplazamiento forzoso de las personas, lo menos complicado posible, así como para que se les brinden mejores oportunidades de vida en el lugar en donde son reubicados.
En el Partido Verde, trabajaremos para implementar métodos sustentables de vida, y para ello queremos que exista una planeación integral nacional a fin de conseguir la viabilidad de la explotación del vital líquido para la generación de energía, así como, una evaluación y un giro para transitar a otro tipo de fuentes de energía renovables; de igual manera creemos firmemente que debemos buscar otros métodos para la obtención de agua, implementar sistemas de captaciones de aguas pluviales efectivos, ubicándolos a lo largo y ancho de las ciudades.
A pesar de que México destaca por su gran biodiversidad, la construcción de presas reduce esta riqueza irrecuperable, no a la construcción de más represas, si al libre tránsito de ríos y agua, si a la vida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)