Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3731-VIII, martes 19 de marzo de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer un programa urgente de atención para el oriente de Michoacán de Ocampo y realizar gestiones a fin de ampliar el hospital regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados federales representantes del estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, el panorama epidemiológico a nivel nacional e internacional ha presentado cambios importantes, dejando atrás un grupo de enfermedades transmisibles agudas, para dar paso a la predominancia de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Las cuales tienen graves efectos en quienes las padecen, pues van mermando su salud en ocasiones de manera casi imperceptible, pero si no son atendidas de manera debida, pueden concluir fácilmente en la muerte del paciente.
Dentro de las diferentes enfermedades crónicas degenerativas, una de las más gravosas para los pacientes y sus familias, es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que puede tener su origen en la diabetes y la hipertensión arterial, así como en antiguas enfermedades de origen infeccioso o en problemas relacionados con la contaminación ambiental.
Al tratarse de una enfermedad que es silenciosa en sus inicios, es común que los pacientes no la perciban, hasta que el daño a los riñones sea irreversible, lo cual conlleva a que el tratamiento adecuado para la IRC sea a través de hemodiálisis o bien un trasplante de riñón, el cual, si bien es la mejor manera de tratar la enfermedad, es difícil de realizar por la falta de donadores y servicios médicos de salud que incluyan bases de datos de donadores a nivel nacional, lo cual deja a las personas que sufren de IRC una sola opción de tratamiento, la hemodiálisis.
El tratamiento a base de hemodiálisis, consiste en mínimo tres sesiones semanales, dado que las personas que no cumplen con éste número de sesiones, no tienen beneficio alguno para su salud al realizar una o dos sesiones semanales. Según estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM en el 2010, el costo estimado de atención de un paciente con IRC que requiere de tres sesiones semanales de hemodiálisis, es de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, lo cual conlleva a gastos mensuales por arriba de los $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional), sin considerar los gastos de alimentación y traslados a los centros de hemodiálisis que generalmente están en las capitales de los estados, mismos que tienen que realizarse para dos personas al menos, pues después de una sesión de hemodiálisis el paciente no puede abandonar la clínica por sus propios medios, por lo cual los costos de atender mediante hemodiálisis a un paciente de IRC son mayores a los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) cuando las personas no son derechohabientes de alguna institución de salud.
Si bien estamos conscientes que ésta es una problemática a nivel nacional, también somos testigos de primera mano de la gravedad que éste problema representa para los habitantes del oriente del estado de Michoacán. En el municipio de Ciudad Hidalgo, durante las últimas tres generaciones el nivel de casos de IRC ha crecido de manera desmesurada, al grado que hoy en día afecta a niños desde los 3 o 4 años edad, y en algunos casos aqueja a dos o tres integrantes de una misma familia.
En un esfuerzo coordinado de los ciudadanos de Ciudad Hidalgo, se creó la “Asociación de Enfermos del Riñón, AC,” buscando con esto ofrecer solución a los problemas que representa afrontar dicha enfermedad, tratando de apoyar a pacientes de escasos recursos materiales para hemodiálisis mediante gestiones y formando un censo de personas a las que dicha enfermedad aqueja; dentro de las actividades realizadas por la misma, en 2008 acudieron ante la UNAM para solicitar su apoyo en la elaboración de un diagnóstico de salud focalizado, mismo que fuera dirigido por el Dr. Malaquías López Cervantes, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y concluido en 2010.
De dicho estudio, podemos aseverar que en el año 2010, en la tenencia de San Pedro Jacuaro, se detectaron 134 personas que padecen Insuficiencia Renal Crónica, cifra que según el estudio, es 10 veces mayor a la que correspondería a dicha localidad conforme a las cifras ordinarias de afectación de la enfermedad.
A nivel estado, Michoacán de Ocampo registra un aumento de 15% anual en los casos de IRC, dado que actualmente se tienen contabilizados más de 5270 casos, mientras que a principios del 2012 se tenían detectadas a 4500 personas, cifra que según el Consejo Estatal de Trasplantes sigue siendo aproximada y podría aumentar en cualquier momento, dado que no se cuenta con una estadística exacta sobre el tema.
Gracias al análisis de los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Michoacán, hoy en día sabemos que ésta enfermedad afecta con mayor frecuencia a los habitantes de la región oriente de Michoacán, en la cual se cuenta con una incidencia de 3 a 1 contra el resto del estado. En tal sentido Ciudad Hidalgo, según la Asociación de Enfermos del Riñón A.C. tiene entre 800 y 1000 enfermos del riñón, situación que ha logrado identificar al Municipio como un foco rojo a nivel nacional, generando a la vez compromisos de las autoridades estatales y federales para la ampliación del Hospital de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad de Nefrología. Sin que a la fecha se hayan podido cumplir los mismos por cuestiones presupuestarias.
Es preocupante saber que en Ciudad Hidalgo, sólo la mitad de enfermos se atienden mediante algún tipo de servicio de salud que dé seguimiento a su enfermedad y les proporcione algún tipo de diálisis, mientras que la otra mitad se mantiene sin atención médica, o con remedios caseros, lo cual conlleva a su muerte en un corto plazo. Esto a consecuencia de que la mayoría de la población no cuente con el beneficio de seguridad social, por lo cual no son derechohabientes de alguna institución y quienes se inscriben voluntariamente al Seguro Popular, no tienen cobertura para la Insuficiencia Renal Crónica.
Como todos sabemos, las instituciones de salud reportan que la demanda de servicios de salud es superior a la cobertura que el estado puede brindar a la población, pero especialmente en algunos casos como el de la atención por Insuficiencia Renal, ésta situación es marcada de sobremanera. Los centros de Hemodiálisis generalmente se concentran en las capitales de los estados y no se cuenta con criterios adecuados para decidir quien recibe hemodiálisis o diálisis peritonial en los escasos centros existentes.
Durante el 2012, se generó una gran expectativa en los habitantes de Ciudad Hidalgo, mediante las declaraciones realizadas ante la prensa por las autoridades federales estatales y municipales, en las cuales se indicaba que para el año 2013 se iniciaría la construcción del área de especialidad de Nefrología en el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, pues los tres niveles de gobierno están conscientes de la necesidad de atención médica para los enfermos del riñón en Ciudad Hidalgo y sus inmediaciones.
Lamentablemente, del análisis de los recursos y proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se advierte que no se asignaron recursos para dicha obra, mientras que las finanzas estatales hacen imposible que el recurso necesario sea aportado por el Gobierno del Estado. Por lo cual a menos que se tomen acciones inmediatas, la situación precaria de atención para los enfermos renales del oriente del estado será cada vez mayor, puesto que no aumenta la capacidad de atención, en tanto que sí aumenta anualmente la cantidad de enfermos de IRC y la demanda del servicio de hemodiálisis.
Ante la situación manifestada en el presente Punto de Acuerdo, año con año se ha generado una gran expectativa de los Habitantes del oriente del estado de Michoacán, así como de sus comunidades y los municipios aledaños, de recibir atención especializada para los enfermos de Insuficiencia Renal de sus comunidades. Hoy, en Ciudad Hidalgo y sus alrededores, la gente clama por atención médica para sus familiares y una respuesta real a la problemática que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas tres generaciones; hoy nos toca a nosotros como Diputados Federales ser la voz de los ciudadanos michoacanos y velar por brindar una respuesta a quienes sufren de las carencias que a sus familias ocasiona tener uno o hasta tres pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, asegurando que las autoridades en salud de nuestro país, tomen acciones definitivas que beneficien a quienes aqueja dicha enfermedad.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del oriente del estado de Michoacán de Ocampo, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología.
Dado en el Palacio Legislativo, el 19 de marzo de 2013.
Diputados: Luis Olvera Correa, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Iñiguez, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia, Blanca María Villaseñor Gudiño, Ernesto Núñez Aguilar, Socorro de la Luz Quintana. León (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República y a los miembros del gabinete a cumplir el compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Es obligación de todos los servidores públicos del gobierno federal presentar su declaración con oportunidad y sobre todo con veracidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción XV, y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El pasado 16 de enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete se comprometieron con la sociedad e hicieron pública su declaración patrimonial en un evento mediático en donde buscaron resaltar la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.
Sin embargo, en este acto solamente publicaron información sobre el tipo de bienes inmuebles de su propiedad, el concepto por el que lo adquirieron y su superficie, sin dar a conocer los datos más relevantes como su valor, su procedencia ni el lugar en el que se encuentran. Lo mismo hicieron con la publicación de la información sobre sus bienes muebles, ingresos, vehículos, obras de arte, inversiones, acciones en empresas, ahorros bancarios, etc., omitiendo también publicar los datos de los bienes que están a nombre de cónyuges o concubinas, y/o de sus dependientes económicos, siendo todo esto información que el propio Sistema de Declaraciones Patrimoniales solicita.
Asimismo, en la declaración del presidente se observa que la mayoría de sus bienes han sido adquiridos mediante donaciones, muchas de ellas con fecha 8 de diciembre de años diversos, sin que éste hiciera públicos los datos sobre su valor, origen ni motivo.
Esta situación se repite en por lo menos cinco declaraciones de los miembros de su gabinete, lo que genera suspicacia y desconfianza, y motiva la pregunta que hoy se hacen los mexicanos de ¿por qué no publicaron sus declaraciones patrimoniales completas?
Es evidente que la publicación de las declaraciones patrimoniales del presidente Enrique Peña Nieto y de los miembros de su gabinete de ninguna manera implica un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como pretendieron anunciarlo a la población, por el contrario, nos encontramos ante una simulación mediática, con declaraciones patrimoniales mutiladas, y muy pobres con relación a lo que significa una declaración verdaderamente pública.
Una muestra de ello es que cualquier persona que entre al portal de Declaranet, en “búsqueda de servidor público” puede corroborar, por un lado, que una declaración autorizada como pública contiene los apartados de “datos generales, del encargo, curriculares, laborales, ingresos, bienes inmuebles, muebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, su cónyuge o concubina y/o dependientes económicos”, los cuales el servidor público debe indicar con detalle y veracidad, y por otro lado, puede observar que una declaración no autorizada como pública solamente contiene “datos generales, del encargo, laborales y curriculares”.
En este sentido, el propio sistema Declaranet, en congruencia con lo establecido en el artículo 40 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, incluye un apartado en el que se realiza la pregunta específica de si se quieren o no publicar los datos patrimoniales, por lo que de ninguna manera el sistema da la opción de publicar parcialmente la información patrimonial, o se es pública o se es privada con todo lo que esto implica.
Por esta razón es que resulta lamentable que las autoridades máximas de nuestro país mediante un acto mediático de simulación se comprometan con la población mexicana a publicar sus bienes patrimoniales como un gran acto de transparencia, cuando en realidad lo que publicaron es una declaración a modo en la que ocultan información que es de interés de todos los mexicanos.
Ciudadanos diputados, es importante precisar que no se está cuestionando la legalidad, lo que lastima es la mentira, el engaño, la opacidad, las declaraciones patrimoniales o son públicas o no lo son, no hay transparencia a medias, no hay transparencia de conveniencia.
En virtud de las razones antes expuestas y debido a la urgente necesidad de que el presidente de la República y los miembros de su gabinete cumplan cabalmente con el compromiso ante la sociedad de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. En representación del Grupo Parlamentario del PAN presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al presidente de la República y a los miembros de su gabinete a cumplir cabalmente con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a condenar en representación del gobierno mexicano la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis juzgados en un tribunal militar marroquí, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Sáhara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del mismo nombre. Es uno de los dieciséis territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El proceso de descolonización del Sáhara Occidental fue interrumpido en 1976, cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el territorio y lo dejó en manos del reino de Marruecos y Mauritania, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
No obstante, la ONU informó que dichos acuerdos no convirtieron a Marruecos y a Mauritania, en potencias administradoras del territorio, por lo que éste sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo. Además, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que nunca han existido vínculos de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara Occidental.
2. En la actualidad, aunque más de la mitad del territorio sigue ocupado por Marruecos, no existe Estado alguno que reconozca soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
En 1976 el representante del pueblo saharaui, el Frente de Liberación Nacional, conocido como Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, entre ellos México, que desde 1979 reconoce y sostine relaciones diplomáticas con la República Saharaui.
A partir de 1982 la RASD es miembro permanente de la Unión Africana, organismo que tiene entre sus objetivos primordiales la búsqueda de diversas formas de integración continental, así como el luchar contra el colonialismo en África.
3. Con el fin de resolver el estatus jurídico del territorio en disputa, la ONU creó en 1992, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sáhara Occidental (Minurso). Sin embargo, ésto no ha se ha llevado a cabo, “por obstrucciones directas del reino de Marruecos”, según declaró el antiguo enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y ex–secretario de Estado norteamericano, James Baker.
Desde el cese al fuego en 1991, Marruecos y el Frente Polisario llevan a cabo conversaciones directas, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo positivo hasta la fecha.
4. A partir del día 9 de octubre de 2010 en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capiatal del Sáhara Occidental ocupado comenzó a organizarse por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada, como lo son el derecho a la vivienda y al empleo.
Las demandas exigidas hasta ese entonces resaltaban el derecho a la expoliación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, por la población saharaui. Dado que los beneficios son disfrutados por el reino de Marruecos.
En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento. En la operación y en los posteriores enfrentamientos en El Aaiún, murieron gendarmes marroquíes y civiles saharauis, entre los que se cuenta a un niño saharaui que murió en un control policial por el disparo de un gendarme marroquí.
5. En la madrugada del 17 de febrero pasado, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik; 24 activistas saharauis, entre los que destaca el intelectual saharaui Enaama Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat, en donde las condenas han resultado excesivamente severas: 9 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años, 3 a 20 años, 7 a 25 años de cárcel y 2 han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.
Luego que el Tribunal Militar marroquí emitió la condena, Amnistía Internacional en un comunicado manifestó que las autoridades marroquíes deberían recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a presos saharauis, y entonces investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han manifestado.
Se debe resaltar, que pese a los insistentes llamamientos de organismos, colectivos y representantes populares alrededor del mundo, defensores de los derechos humanos, las autoridades marroquíes hicieron caso omiso y llevaron a cabo un juicio fuera de la legalidad internacional por varios motivos. Ejemplo de ello es que:
• Se juzgó a civiles como militares;
• Se juzgaron en la capital del reino de Marruecos, es decir en otro país;
• No se presentaron pruebas fehacientes que demostraran la culpabilidad de los saharauis juzgados.
6. En este orden de ideas, tenemos que la postura de México referente al respeto y protección universal de los derechos humanos es una bandera que ha enarbolado en todos los foros internacionales; por lo que resulta importante que ante los hechos antes descritos, nuestro país asuma una postura firme en la que se repudien este tipo de actos. Actos que están fuera del derecho internacional. Sin importar el país donde se estén cometiendo, sin temor a intervenir en los asuntos de carácter interno, ya que en la defensa a los derechos humanos nos corresponde a todas las naciones participar.
Por lo que hace a esta Cámara de Diputados, debemos manifestarnos de manera concreta y rechazar la violación flagrante al derecho a un debido proceso legal, al que todas las personas tenemos, ya que la forma en que se dio la detención y sujeción a proceso de los saharauis antes mencionados, es incuestionablemente, es una violación al más mínimo derecho humano. Por esa razón, durante el primer periodo de receso del Congreso de la Unión, presenté ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, condenara el juicio militar que el reino de Marruecos planeaba realizar contra estos civiles saharauis. Punto al que a petición de Senador Fidel Demédicis Hidalgo se le agregó un segundo acuerdo en el que se hacía un llamado a la ONU para que vigilara los derechos humanos de la población civil saharaui, en el territorio ocupado.
Al atento llamado que la Comisión Permanente tuvo a bien votar a favor, la cancillería mexicana no emitió respuesta. Lo cual resulta preocupante y cuestiobale, ya que el caso de los civiles saharauis era evidentemente justo defender y apoyar; condenando el procedimiento. Sin embargo, la SRE no lo consideró así: ¿por qué?, ¿qué interés se estará anteponiendo para que México, no demuestre el ánimo que nos caracteriza en la defensa de los derechos humanos?, ¿Tendrán alguna razón “importante” para no demostrar voluntad política sobre el caso de los 24 presos políticos saharauis?. Es de tomar en cuenta que no sólo debe haber un pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados, también debiese haber un llamado por parte del Gobierno Mexicano, a fin de que se manifieste en contra de ese tipo de hechos, con la intención en especial de no permitir que vuelvan a ocurrir, pero también con la finalidad de tratar de reencauzar lo que hasta ahora es un juicio injusto, ya que se está juzgado a civiles, bajo una marco legal de carácter militar.
Por todo lo anteriormente expuesto, y buscando siempre contribuir a fortalecer la presencia de nuestro país en el escenario internacional, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta, en representación del Gobierno Mexicano, emita firme condena ante la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a efecto de que los puestos públicos de dirección que atienden temas referentes a la juventud sean ocupados por menores de 29 años de edad al día de la designación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los Gobiernos Estatales y Municipales a que los puestos de dirección de todos los espacios gubernamentales destinados a la atención de los temas referentes a la juventud sean ocupados por personas menores a 29 años de edad al día de su designación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, afortunadamente y aunque de manera paulatina; se han dado importantes avances en materia de acceso a puestos de participación y toma de decisiones para los jóvenes.
Sin embargo, es preciso reconocer que no solo existen desigualdades sino también diferencias en el disfrute de estos logros para todos los jóvenes del país por igual.
En algunos estados, desafortunadamente, se puede apreciar que no se ha avanzado de manera equivalente o al mismo ritmo en comparación con los logros obtenidos por otras entidades, en esta materia. Esto en parte, es derivado de problemas culturales y sociales que aunados a rezagos en materia de educación y el acceso a ella, marginación y condiciones de pobreza y pobreza extrema; agravan el problema.
Esta condición exige, que tanto la sociedad en su conjunto como las autoridades de todos los niveles de gobierno del país; asuman una misma posición, la de privilegiar y apoyar a la juventud.
La población joven en México se enfrenta a graves riesgos y enormes retos; no basta con que hoy en día representen un porcentaje importante de la población que requiere mejores condiciones y oportunidades de vida, educación y empleo; sino también se enfrenta al sombrío panorama que priva en el país y que establece una marcada tendencia hacia el envejecimiento de su población.
Hoy en día en nuestro país la población joven; que se define por parte de las autoridades y organismos en la materia como la comprendida el rango de edad de entre 12 y 29 años; desafortunadamente es punto de incidencia medular y representativa de diversos y variados factores demográficos y sociales.
Representativa y de incidencia, porque no sólo constituye poco más de 30 millones del total de la población en México, sino porque además en este sector vulnerable de la población la mayoría de los más graves y lastimosos problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto, recaen en ellos.
Según datos estadísticos para nuestro país, cerca del 40 por ciento del total de este rubro poblacional en estos días, vive en situación de pobreza, alta marginación y elevada exclusión social; además 25 por ciento de la población joven de entre 20 y 25 años son jefes o jefas de hogares y cerca del 15 por ciento de los partos en el país se da en adolescentes mujeres de entre 15 y 18 años de edad o bien, cerca del 35 por ciento de estos acontecimientos a nivel nacional registrados y llevados a cabo en clínicas u hospitales se da en mujeres de entre 15 y 20 años, cabe señalar que en este dato estadístico no están contemplados los nacimientos que se dan en los hogares de zonas rurales o de difícil acceso.
En general, podemos afirmar sin duda alguna y de manera categórica que la población adolescente y joven del país es el punto de incidencia de las peores y más desfavorables condiciones que inhiben un desarrollo futuro incluyente y sostenido para el individuo y su entorno social.
Desempleo, marginación, pocas opciones educativas, nula orientación en el cuidado de su salud, integridad, desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos, limitada participación política, escasos espacios de expresión y alta vulnerabilidad a condiciones de riesgo; son situaciones a las que se enfrentan y de las que parece no hay o existe una salida viable e integral.
Paradójicamente, la juventud en México representa en esta década una mayoría demográfica pasajera y eventual, pero conforman una minoría permanente y sistemática respecto al alcance y disfrute de las oportunidades reales de desarrollo que implican condiciones favorables de acceso pleno a educación, empleo, vivienda y seguridad social; tan solo por mencionar algunas de las más representativas y elementales que deberían disfrutar de manera permanente.
Aunado a ello, la sociedad los señala mediante adjetivos excluyentes y ofensivos; en algunos casos se refieren a ellos como individuos improductivos, sin futuro, carentes de aspiraciones, que no estudian, ni trabajan. Haciendo de lado o ignorando de manera intencional o no intencional, el hecho de que la generación adulta de la actualidad es la constructora de las condiciones presentes que han encajonado y dejado sin opción alguna de salida a los adolescentes y jóvenes de este país, en esa desventajosa posición.
Como sociedad en su conjunto requerimos atender esta grave situación, no solo se deben atender sus necesidades básicas también requerimos proveerles de los elementos para su desarrollo y generar las soluciones a su problemática que enfrentan.
Se necesita además y a la par de ello, ofrecerles los espacios adecuados de organización, expresión y representatividad con la dirección, entrega total de la responsabilidad y conducción plena.
No olvidemos y subestimemos que es en la etapa de juventud cuando el individuo debe asumir y definir lo que desea hacer sobre la conducción de su vida; no solo necesitan aprender en ese proceso, sino también asumir la conducción de esté.
Los gobiernos tanto a nivel estatal y municipal, requieren actuar y aportar soluciones a los jóvenes con medidas que no simulen su acceso a espacios de expresión, formación, participación social activa y de toma de decisiones en los ámbitos de su libre y legítimo interés y conveniencia.
No se trata de asumir para los jóvenes, un trato preferencial o referenciado que le otorgue oídos a sus demandas sin entregarle los espacios para el alcance de las mismas. Debemos en todo momento como sociedad, privilegiar siempre el reconocimiento a sus capacidades probadas y además el derecho de asistir y construir desde ya, el futuro que desean para sí mismos.
La juventud hoy en día, no la tiene fácil y el futuro se vislumbra sombrío.
Las generaciones pasadas y actuales, no hemos tenido la capacidad de ofrecerles una mejor prospectiva para su desarrollo pleno como jóvenes del ahora, ni como los adultos del mañana.
Asumamos esa deuda con ellos, e involucrémoslos de mejor manera en la conducción y construcción de esta nación y su destino deseado.
No queremos más jóvenes que el día de mañana crezcan vencidos y no convencidos de su destino, y sobre todo con la posibilidad de lograr lo deseable y no conformarse con la obtención de lo posible.
Por ello, se requiere que existan este tipo de espacios desde el ámbito institucional y que además sean ellos los responsables de su conducción, su dirección general, el desarrollo de sus trabajos y principalmente la planeación de sus objetivos y alcances; para que sean ellos mismos en el presente y en un futuro de corto, mediano y largo plazo, los que disfruten el éxito de su labor.
Reconozcamos que como sociedad y gobierno a los jóvenes de hoy les hemos fallado, con nuestros errores los convertimos en un sector altamente vulnerable y blanco fácil de la delincuencia porque con notoria simplicidad los integran o jalan a sus filas y de los delincuentes porque en cualquier esquina y a cualquier hora les arrebatan y despojan de sus pertenencias.
No basta con preguntarnos ¿qué México queremos para nuestros hijos?, sin cuestionarnos también y a la par de ello ¿qué hijos queremos para nuestro México?. Y la respuesta a estas dos preguntas, concierne al nivel de oportunidades que seamos capaces de construir y ofrecerle a las nuevas generaciones.
Construyamos por igual desde el ámbito estatal y municipal, un México de oportunidades para todos que reconozca que también está integrado con una juventud que es fuerte.
No les sigamos fallando y permitiéndonos seguir heredando un país que los excluya sistemáticamente no solo de las oportunidades de desarrollo y crecimiento; sino también del goce, alcance y disfrute de los espacios desde donde ellos pueden aportar con los bríos de su juventud las ideas y los esfuerzos para construirse mejores condiciones de vida futura para ellos y sus familias, que en respeto y tolerancia a sus decisiones elijan formar o establecer.
Necesitamos permitirles introducirse en el quehacer nacional, pues de ellos será el día de mañana la responsabilidad de llevar a este país al lugar de privilegio al que nosotros, no lo pudimos conducir.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a que los puestos de dirección de todos los espacios gubernamentales destinados a la atención de los temas referentes a la juventud sean ocupados por personas menores a 29 años de edad, al día de su designación.
Dado en el salón de sesiones del palacio legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud
Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción I del artículo 6; el artículo 79, numeral 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado de la República a que aprueben a la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en nuestro país, existen 36.2 millones de jóvenes con diferentes necesidades y demandas propias de este sector generacional, mismas que se expresan en la Encuesta Nacional de la Juventud 2010. Es vital que las demandas y necesidades de los jóvenes sean atendidas por el Congreso de la Unión y para lograrlo se requiere dotar a la Cámara de Diputados de la capacidad de legislar en materia de juventud y de igual forma, se debe elevar a rango constitucional el derecho de la juventud mexicana a un desarrollo integral, de tal suerte que sea posible la elaboración de una ley en la materia que establezca los lineamientos para lograrlo.
El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura coincidió mayoritariamente, en la necesidad que tiene la Cámara de Diputados de legislar en materia de Juventud y aprobó las reformas y adiciones constitucionales al artículo 4 en su último párrafo y a la fracción XXIX-J del artículo 73. La minuta referida fue enviada al Senado de la República el 6 de marzo de 2012 durante la LXI Legislatura y fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de ésta Cámara donde actualmente se encuentra en estudio.
Como antecedente, en Cámara de Diputados durante ésta LXII Legislatura, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó con fecha 4 de octubre de 2012, un punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto de la minuta ya referida.
Por lo anterior, los diputados integrantes presentan el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado de la República a que aprueben a la mayor brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 19 de marzo de 2013.
Diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), secretarios; Zuleyma Huidobro González (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Dulce María Muñíz Martínez (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra.
Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Arturo Escobar y Vega, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A pocas semanas de que dé inicio en el país la temporada de pesca del pepino de mar nos parece conveniente hacer un exhorto para que éste se aproveche responsablemente.
Las holoturias, conocidas comúnmente como “pepinos de mar”, son animales marinos que pertenecen a la familia de los equinodermos y cuya pesca en México comenzó a finales de la década de 1980. Aunque estos animales son inofensivos y se enfrentan a relativamente pocos depredadores, hay uno de ellos, el hombre, que puede acabar con su existencia.1
Pese a que en México el pepino de mar es escasamente aprovechado, éste es un ingrediente esencial en la preparación de diferentes platillos de la gastronomía de algunos países de Asia, se le reconocen también propiedades medicinales para tratar dolores y malestares musculares, estomacales y respiratorios e incluso recientemente se ha descubierto que algunas especies poseen una molécula que puede ser utilizada para combatir tumores cancerígenos de hígado, mama y pulmón. Asimismo, las culturas orientales mantienen la creencia de que su consumo produce efectos afrodisiacos, aunque de esto último no exista evidencia científica.2
Por todo lo anterior, el mercado asiático, principalmente el chino, demanda anualmente grandes cantidades de este equinodermo y aunque su exportación representa un negocio importante por su alta cotización (pues ya procesado el pepino de mar alcanza un costo de hasta 220 dólares por kilogramo) su sobreexplotación puede generar problemas de equilibrio en los ecosistemas de que se extrae.
El pepino de mar cumple una importante función ecológica de renovación y limpieza de los sedimentos del fondo del mar, dado que estos organismos se alimentan de ellos y luego del proceso digestivo los regresan limpios al suelo marino. Esta característica convierte al pepino de mar y sus excrementos, según un estudio de la Universidad de Sidney, Australia publicado en 2012, en eficaces defensores de la vida de los arrecifes coralinos puesto que reducen el impacto que en el desarrollo de los corales tiene la acidificación de los océanos provocada por los seres humanos.3
Por esto, si bien la pesquería del pepino de mar es una de las más rentables y valuadas en el mundo, no podemos dejar de señalar que ésta es también una de las que produce efectos más negativos en términos ecológicos, pues si no se lleva a cabo con responsabilidad, en poco tiempo puede derivar en la extinción de la especie, presente en la Tierra desde hace más de 400 millones de años.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura las reservas de pepino de mar en todo el mundo están siendo sometidas a una intensa presión pesquera, por lo cual esta especie enfrenta una situación cada día más difícil.4
En el país, la pesquería del pepino de mar representa una fuente importante de ingresos para muchas familias de pescadores de la península de Yucatán no obstante que la temporada de pesca dure solamente entre 35 y 40 días. Los pescadores ponen en riesgo su vida para extraer pepino de las profundidades del mar con escasa capacitación y equipo de buceo insuficiente porque con ello pueden obtener ingresos cercanos a 3 mil pesos diarios.5
Hay presiones de los comercializadores del producto para que la extracción de pepino de mar deje de ser considerada pesca de fomento y se explote de manera comercial, lo que, hipotéticamente, aumentaría la cantidad que podría extraerse cada año. En el pasado 2012 se extrajeron 860 toneladas que, por cierto, resultaron insuficientes para satisfacer la gran demanda que tiene el producto. Que una especie se explote comercialmente o no, lo determina la cantidad de biomasa de la misma existente por cada kilómetro cuadrado y según la opinión de algunos expertos la cantidad de biomasa existente en los mares tanto del estado de Yucatán como de Campeche no permitiría que se aumente de modo significativo la cantidad que se permite extraer. Pese a ello, según lo reportó la prensa, fueron sólo trámites administrativos los que retrasaron para este año el cambio de modalidad en la pesca de pepino de mar.
Debemos señalar que aun cuando la industria del cultivo de pepino de mar está creciendo, a nivel mundial la actividad extractiva sigue siendo preponderante, en gran medida debido a que la acuacultura implica un costo, el cual reduciría los rendimientos de la explotación del pepino. En México, tal parece que nadie está dispuesto a absorber el costo que generaría poner en marcha una red de granjas dedicadas al cultivo de pepino de mar, lo que se vislumbra como una solución adecuada para ayudar a resolver el problema de la sobreexplotación.
No está demás recalcar que esta problemática recientemente llevó a Australia a cancelar los permisos para pescar pepino de mar, del mismo modo que el gobierno mexicano debió declarar en 1991 al Isostichopus fuscus (una de las más de mil 400 especies conocidas de pepino de mar y que en el país se encuentra en el golfo de California) como especie protegida, pues la sobreexplotación de que fue objeto la puso en peligro de extinción.
Ahora bien, en la práctica, más allá del hecho de que se permita o no la captura de pepino de mar o que su pesca sea considerada comercial o de fomento, el peor enemigo de la supervivencia de estos organismos es la pesca ilegal y el contrabando que ésta genera porque al extraerse fuera de temporada se inhibe la reproducción de sus poblaciones.
Se estima que en México cada año se extraen ilegalmente entre 4 mil y 5 mil toneladas de pepino mar, lo cual quintuplica la cantidad legalmente permitida y pone en grave riesgo a la especie. Se debe señalar que para que el contrabando funcione es necesario no sólo un grupo de pescadores que extraigan el producto y luego lo entreguen a los contrabandistas sino también una red de complicidades y corrupción que haga posible que el producto llegue a su destino final y ésta incluye tanto a las autoridades portuarias como a las autoridades aduanales.
En virtud de lo anterior se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que el otorgamiento de las autorizaciones para pesca del fomento del pepino de mar de las especies Isostichopu badionotus (pepino café), Isostichopus multfidus (pepino blanco) y Holothuria floridaba (pepino negro) se sujete a estudios demográficos de las especies, distribución, abundancia y variación de la temporalidad del periodo reproductivo, así como que determine con exactitud la relación toneladas de biomasa por kilómetro cuadrado y que justifique, de ser posible, un eventual aumento en la cantidad de pepino de mar que puede extraerse cada año
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a no permitir la apertura al aprovechamiento comercial del pepino de mar; así como, a emprender esfuerzos por introducir y desarrollar en el país el cultivo de pepino de mar a fin de que en el futuro su explotación se realice de manera sustentable.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Marina, así como al procurador federal de Protección al Ambiente, a intensificar las acciones de inspección y vigilancia durante el periodo de veda del pepino de mar para evitar la pesca ilegal de éste.
Notas
1 Véase “El dilema del pepino de mar en México”, en La Jornada, 31 de marzo de 2003,
http://www.jornada.unam.mx/2003/03/31/eco-g.html
2 Ibídem.
3 Véase “Excrementos de pepino de mar contra el cambio climático”, en www.faunatura.com, http://www.faunatura.com/excrementos-pepino-mar-contra-cambio-climatico .html
4 Véase “El pepino de mar en dificultades”, en FAO Media Centre, http://www.fao.org/news/story/es/item/11267/icode/
5 Véase “La pesca ilegal acabó prácticamente con el pepino de mar”, en El Tiempo, 28 de octubre de 2012, http://eltiempoyucatan.com/index.php/merida/merida/2477-la-pesca-ilegal -acabo-practicamente-con-el-pepino-de-mar
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se insta a Petróleos Mexicanos a afecto de que se acate o sancione el incumplimiento del manual de operación de la franquicia Pemex por las estaciones de servicio respecto al uso gratuito de los sanitarios por clientes y acompañantes, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Rosa Elia Romero Guzmán, diputada federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que insta a Pemex Franquicias (Petróleos Mexicanos) a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2. del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente el uso de carburantes se ha convertido en algo fundamental para el hombre ya que la necesidad de trasladarse para cumplir con las actividades diarias nos lleva a cubrir trayectos que en la mayoría de las ocasiones son considerablemente largos, por lo cual el uso de automóviles ya sea particulares o colectivos se vuelve indispensable, esto nos lleva al consumo de dichos combustibles, por ello y ante la necesidad de facilitar el acceso a este producto, Petróleos Mexicanos ha generado franquicias que brinden el servicio al público general.
A su vez, Petróleos Mexicanos ha creado el manual de operación de la franquicia Pemex, documento en el cual se describen procedimientos, funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las estaciones de servicio.
Debido al uso indispensable de combustibles existe una gran afluencia diariamente en las más de 8 mil estaciones de servicio, comúnmente conocidas como gasolineras, que existen en la República Mexicana, y dado que el transcurso durante el que el conductor llega a dicho establecimiento en ocasiones suele ser largo, un porcentaje considerable de esos clientes utilizan el servicio sanitario, mismo que en la mayoría de las gasolineras no cubre con lo establecido en el Manual de Operaciones, principalmente por su estado insalubre y porque en un alto porcentaje de estos establecimientos, el acceso a los sanitarios está condicionado a un pago de entre uno y tres Pesos.
Dicha acción propiciada por el franquiciatario constituye una clara violación al apartado 3.11.2 del manual de operación de la franquicia Pemex que dice a la letra:
El consumidor que visita la estación de servicio va con una idea en mente: recibir el mejor servicio, y una parte muy importante del servicio al cliente en la Franquicia Pemex es contar con servicios sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas.
Es por esto, que los servicios sanitarios reflejaran el interés del franquiciatario por el cliente con instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.
El uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que insta a Pemex Franquicias (Petróleos Mexicanos) a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2. del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país.
Único. Instar a Pemex Franquicias a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2. del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país, el cual indica en el párrafo tercero que el uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo a clientes y acompañantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a diecinueve de marzo de dos mil trece.
Diputada Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sener, de la SE y de la CFE a realizar un estudio de las condiciones climáticas en Campeche y determinar la clasificación pertinente, justa y correcta de las tarifas eléctricas, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Energía; y, de Economía; así como, al titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que dentro de sus respectivas facultades y atribuciones, realicen un estudio de las condiciones climatológicas en el estado de Campeche para determinar la clasificación pertinente, justa y correcta de las tarifas eléctricas aplicables, en términos de la legislación aplicable, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cambio climático es uno de los principales temas de la agenta ambiental que ocupa ahora, no sólo a la comunidad científica, sino a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología, así como a la población en general en esta época de globalización.
Sabemos que este cambio climatológico viene impactando de diversas maneras. Se trata de cambios en ocasiones radicales y extremos, con fenómenos meteorológicos inusitados. Condiciones atmosféricas que transitan del frio al calor extremo. Graves sequías y en contrapartida, severas inundaciones, afectando todo esto la vida cotidiana y el trabajo de la población en general.
México no es ajeno a la presencia de estos fenómenos del cambio climático. En especial nos afecta la elevación de la temperatura, sobre todo y con mucha intensidad, en el norte, las costas, el sur y sureste de nuestro país.
En el estado de Campeche, los hogares, los centros de trabajo, las instituciones de educación e incluso la industria local, necesitan contar con instrumentos que ayuden a contrarrestar las condiciones climáticas.
En primavera y verano el uso de ventiladores y en el mejor de los casos, el uso de equipos de aire acondicionado es ya indispensable para disminuir en lo posible el calor muchas veces agobiante por las altas temperaturas que impone el cambio climático.
En las escuelas de nivel básico, medio y superior, la problemática merece toda nuestra atención, porque afecta a las niñas y los niños, nuestros hijos, los adolescentes y los jóvenes que son el futuro de nuestro país.
En el estado de Campeche, predomina el clima cálido subhúmedo, que se presenta en el 92 por ciento del territorio. El 7.75 por ciento presenta clima cálido húmedo localizado en la parte este del Estado y en la parte norte, un pequeño porcentaje del 0.05 por ciento es de clima semiseco.
La temperatura anual promedio, con el cielo parcialmente nublado, es ya de más de 30 grados Celsius, en tanto que tiempo atrás, la temperatura media anual era de 26 a 27 grados. Ahora, hay que decirlo, se registran temperaturas promedio, mucho mayores a los 30 grados Celsius la mayor parte del año, llegando a alcanzar por momentos, hasta 40 grados a la sombra. En verano, la media mínima rebasa los 31 grados Celsius.
Las proyecciones oficiales y de diversas instituciones especializadas prevén que la temperatura media anual aumentará en Campeche, entre 0.6 y 1.2 grados Celsius al año 2020; de 1 a 2 grados Celsius al año 2050; y, de 2 a 4 grados Celsius en el año 2080. No es un asunto menor.
En estos tiempos y lugares, todos nos vemos obligados a mitigar en lo posible el calor, mediante el uso de instrumentos que consumen energía eléctrica.
Las instituciones, las familias, los trabajadores del campo y la ciudad, todos en general se ven obligados a redireccionar mayores cantidades de recursos económicos de su presupuesto para destinar una mayor parte al pago del suministro de la electricidad.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 12 y su fracción VI, establecen:
Artículo 12. La Junta de Gobierno deberá:
VI. Acordar las propuestas de ajuste a las tarifas, que deberán formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo.
Enseguida, el artículo 30 dispone lo siguiente:
Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Luego en su artículo 31 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.
Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”
Y el artículo 32 a la letra dice:
Artículo 32. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.
En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional.
Por otra parte, el artículo 33 precisa:
Artículo 33. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo.
Finalmente, el Acuerdo que autoriza modificar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2012, aplicable a localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados Celsius, considera un consumo básico de hasta 175 kilovatios por hora.
Esto da la posibilidad de utilizar esencialmente aparatos de bajo consumo y focos ahorradores de energía pero no los necesarios para mitigar los efectos de las altas temperaturas, como son los ventiladores, ya no digamos el aire acondicionado, lo que impacta por las altas tarifas existentes.
Tenemos que reconocer que en la actualidad, la población en general dedica un porcentaje considerable de su ingreso al pago del consumo de la energía eléctrica y más durante la primavera y el verano en todo el estado de Campeche.
Adicionalmente, las cifras y estadísticas del Inegi, nos permiten aseverar que las familias que perciben menos ingresos, son las que destinan un mayor porcentaje al pago del consumo de la electricidad.
El primer estrato paga en promedio por el consumo de electricidad cuando menos, el 4.7 por ciento de su ingreso, en tanto que los estratos IX y X destinan solo el 2 y 1.5 por ciento, respectivamente; pero hay que considerar además que el consumo y el pago es mayor en aquellas entidades que registran mayores temperaturas casi todo el año.
Por todo ello, me permito solicitar a esta soberanía su voto aprobatorio a esta proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como al de la Comisión Federal de Electricidad para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones, realicen un estudio de las condiciones climatológicas en el estado de Campeche para determinar la clasificación pertinente, justa y correcta de las tarifas eléctricas en términos de la legislación aplicable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Energía; y de Economía; así como al de la Comisión Federal de Electricidad para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones, realicen un estudio de las condiciones climatológicas en el estado de Campeche para determinar la clasificación pertinente, justa y correcta de las tarifas eléctricas en términos de la legislación aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.
Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 9 de mayo como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Flor de María Pedraza Aguilera, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia.
Consideraciones
En México la cultura en el cuidado perinatal referente al embarazo, el parto y el puerperio no ha tenido la suficiente relevancia como para afirmar que los casos de mortalidad materna son cuestiones del pasado histórico, desafortunadamente la atención médica en este rubro carece de integralidad y constancia, pues las madres tienen la idea de asistir a un médico solo cuando se presentar malestares o complicaciones que resultan obvias a la salud, pero las visitas, estudios y otras acciones de carácter preventivo y rutinario suelen ser irrelevantes en un gran porcentaje de las mujeres embarazadas de nuestro país, situación que empeora en regiones o comunidades rurales y/o marginadas.
En 1948 la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”1 y de la misma manera establece que la salud de la mujer es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. En el específico tema de maternidad, según cifras de la misma organización, cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto, pero aunado a estas cifras, por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, aproximadamente 10 millones cada año. La salud maternoinfantil fue el tema central del Día Mundial de la Salud en el año 2005 y a casi 8 años de tal evento no hemos logrado asegurado las condiciones optimas para que las mujeres mexicanas tengan certidumbre sobre su seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio.
El estudio Numeralia 2011 sobre Mortalidad Materna presentado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México indica que el 82.3 por ciento de las fallecidas eran mujeres que se dedicaban a actividades del hogar, el 82.5 por ciento eran mujeres casadas o que vivían en unión libre, el 38.5 por ciento no tenían escolaridad o solo habían cursado parcial o totalmente la primaria, 20 por ciento no tenían seguridad social ni protección a la salud, 48.1 por ciento contaban con Seguro Popular y 15.5 por ciento murieron en su casa o sobre la vía pública. Los estados de México, Guerrero y Chiapas son las Entidades Federativas con mayores índices de mortalidad materna. Las casi 1,000 muertes ocurridas en México durante 2011 pudieron prevenirse a través del fortalecimiento de Programas Gubernamentales promovidos en la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres , dependencias estatales, Asociaciones Civiles y organizaciones del sector privado que en su conjunto pueden establecer las bases de una campaña nacional enfocada en erradicar o disminuir en la medida de lo posible la mortalidad materna o las enfermedades derivadas de un incorrecto manejo de la salud durante el embarazo, parto y puerperio.
De la misma manera los decesos perinatales de fetos y recién nacidos representan una problemática mundial que aqueja principalmente a países en vías de desarrollo en los cuales se suscitan el 98 por ciento de las muertes fetales y neonatales en cualquiera de sus fases. El caso mexicano arrojó un total de entre 7 y 8 fallecimientos perinatales por cada 1,000 nacimientos exitosos del año 2008 hasta el 2011, el doble de las bajas que se presentan en países como Estados Unidos y Reino Unido.
No se puede negar que acciones y programas relevantes como “Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción” han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, pero debemos reflexionar sobre la eficiencia de las acciones emprendidas y las implicaciones de quedar en conformidad con los avances obtenidos a sabiendas de que se puede hacer mucho más por la salud materna en México. No pasemos por alto que continuamos suscritos a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2015, año que coincide con el término de esta Legislatura, deberemos entregar cuentas sobre el actuar del gobierno en su conjunto para la solución de los problemas en materia de salud, y por supuesto de salud materna.
Siguen siendo claros y constantes los casos de mujeres que pierden la vida en condiciones francamente deplorables a causa de complicaciones durante todo el periodo gestacional, la Montaña de Guerrero, la Sierra Negra de Puebla, las zonas indígenas de Oaxaca y Chiapas solo son ejemplos de un problema que se presenta a lo largo y ancho de nuestro país.
A pesar de que los trabajos deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no solo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia. Así han puesto el ejemplo fechas tan relevantes como el día nacional de la lucha contra el cáncer, el día mundial de la lucha contra el sida, entre otros de gran importancia. Un día parece poco en el calendario de la vida, pero representa un gran avance en las acciones que desde esta Cámara podemos emprender para garantizar la vida digna de madres e hijos.
Por lo expuesto, me permito presentar a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia.
Nota
1 http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.
Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)