Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3728-VI, jueves 14 de marzo de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer un programa urgente de atención para el oriente de Michoacán de Ocampo y realizar gestiones a fin de ampliar el hospital regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados federales representantes del estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, el panorama epidemiológico a nivel nacional e internacional ha presentado cambios importantes, dejando atrás un grupo de enfermedades transmisibles agudas, para dar paso a la predominancia de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Las cuales tienen graves efectos en quienes las padecen, pues van mermando su salud en ocasiones de manera casi imperceptible, pero si no son atendidas de manera debida, pueden concluir fácilmente en la muerte del paciente.
Dentro de las diferentes enfermedades crónicas degenerativas, una de las más gravosas para los pacientes y sus familias, es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que puede tener su origen en la diabetes y la hipertensión arterial, así como en antiguas enfermedades de origen infeccioso o en problemas relacionados con la contaminación ambiental.
Al tratarse de una enfermedad que es silenciosa en sus inicios, es común que los pacientes no la perciban, hasta que el daño a los riñones sea irreversible, lo cual conlleva a que el tratamiento adecuado para la IRC sea a través de hemodiálisis o bien un trasplante de riñón, el cual, si bien es la mejor manera de tratar la enfermedad, es difícil de realizar por la falta de donadores y servicios médicos de salud que incluyan bases de datos de donadores a nivel nacional, lo cual deja a las personas que sufren de IRC una sola opción de tratamiento, la hemodiálisis.
El tratamiento a base de hemodiálisis, consiste en mínimo tres sesiones semanales, dado que las personas que no cumplen con éste número de sesiones, no tienen beneficio alguno para su salud al realizar una o dos sesiones semanales. Según estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM en el 2010, el costo estimado de atención de un paciente con IRC que requiere de tres sesiones semanales de hemodiálisis, es de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, lo cual conlleva a gastos mensuales por arriba de los $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional), sin considerar los gastos de alimentación y traslados a los centros de hemodiálisis que generalmente están en las capitales de los estados, mismos que tienen que realizarse para dos personas al menos, pues después de una sesión de hemodiálisis el paciente no puede abandonar la clínica por sus propios medios, por lo cual los costos de atender mediante hemodiálisis a un paciente de IRC son mayores a los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) cuando las personas no son derechohabientes de alguna institución de salud.
Si bien estamos conscientes que ésta es una problemática a nivel nacional, también somos testigos de primera mano de la gravedad que éste problema representa para los habitantes del oriente del estado de Michoacán. En el municipio de Ciudad Hidalgo, durante las últimas tres generaciones el nivel de casos de IRC ha crecido de manera desmesurada, al grado que hoy en día afecta a niños desde los 3 o 4 años edad, y en algunos casos aqueja a dos o tres integrantes de una misma familia.
En un esfuerzo coordinado de los ciudadanos de Ciudad Hidalgo, se creó la “Asociación de Enfermos del Riñón, AC,” buscando con esto ofrecer solución a los problemas que representa afrontar dicha enfermedad, tratando de apoyar a pacientes de escasos recursos materiales para hemodiálisis mediante gestiones y formando un censo de personas a las que dicha enfermedad aqueja; dentro de las actividades realizadas por la misma, en 2008 acudieron ante la UNAM para solicitar su apoyo en la elaboración de un diagnóstico de salud focalizado, mismo que fuera dirigido por el Dr. Malaquías López Cervantes, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y concluido en 2010.
De dicho estudio, podemos aseverar que en el año 2010, en la tenencia de San Pedro Jacuaro, se detectaron 134 personas que padecen Insuficiencia Renal Crónica, cifra que según el estudio, es 10 veces mayor a la que correspondería a dicha localidad conforme a las cifras ordinarias de afectación de la enfermedad.
A nivel estado, Michoacán de Ocampo registra un aumento de 15% anual en los casos de IRC, dado que actualmente se tienen contabilizados más de 5270 casos, mientras que a principios del 2012 se tenían detectadas a 4500 personas, cifra que según el Consejo Estatal de Trasplantes sigue siendo aproximada y podría aumentar en cualquier momento, dado que no se cuenta con una estadística exacta sobre el tema.
Gracias al análisis de los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Michoacán, hoy en día sabemos que ésta enfermedad afecta con mayor frecuencia a los habitantes de la región oriente de Michoacán, en la cual se cuenta con una incidencia de 3 a 1 contra el resto del estado. En tal sentido Ciudad Hidalgo, según la Asociación de Enfermos del Riñón A.C. tiene entre 800 y 1000 enfermos del riñón, situación que ha logrado identificar al Municipio como un foco rojo a nivel nacional, generando a la vez compromisos de las autoridades estatales y federales para la ampliación del Hospital de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad de Nefrología. Sin que a la fecha se hayan podido cumplir los mismos por cuestiones presupuestarias.
Es preocupante saber que en Ciudad Hidalgo, sólo la mitad de enfermos se atienden mediante algún tipo de servicio de salud que dé seguimiento a su enfermedad y les proporcione algún tipo de diálisis, mientras que la otra mitad se mantiene sin atención médica, o con remedios caseros, lo cual conlleva a su muerte en un corto plazo. Esto a consecuencia de que la mayoría de la población no cuente con el beneficio de seguridad social, por lo cual no son derechohabientes de alguna institución y quienes se inscriben voluntariamente al Seguro Popular, no tienen cobertura para la Insuficiencia Renal Crónica.
Como todos sabemos, las instituciones de salud reportan que la demanda de servicios de salud es superior a la cobertura que el estado puede brindar a la población, pero especialmente en algunos casos como el de la atención por Insuficiencia Renal, ésta situación es marcada de sobremanera. Los centros de Hemodiálisis generalmente se concentran en las capitales de los estados y no se cuenta con criterios adecuados para decidir quien recibe hemodiálisis o diálisis peritonial en los escasos centros existentes.
Durante el 2012, se generó una gran expectativa en los habitantes de Ciudad Hidalgo, mediante las declaraciones realizadas ante la prensa por las autoridades federales estatales y municipales, en las cuales se indicaba que para el año 2013 se iniciaría la construcción del área de especialidad de Nefrología en el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, pues los tres niveles de gobierno están conscientes de la necesidad de atención médica para los enfermos del riñón en Ciudad Hidalgo y sus inmediaciones.
Lamentablemente, del análisis de los recursos y proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se advierte que no se asignaron recursos para dicha obra, mientras que las finanzas estatales hacen imposible que el recurso necesario sea aportado por el Gobierno del Estado. Por lo cual a menos que se tomen acciones inmediatas, la situación precaria de atención para los enfermos renales del oriente del estado será cada vez mayor, puesto que no aumenta la capacidad de atención, en tanto que sí aumenta anualmente la cantidad de enfermos de IRC y la demanda del servicio de hemodiálisis.
Ante la situación manifestada en el presente Punto de Acuerdo, año con año se ha generado una gran expectativa de los Habitantes del oriente del estado de Michoacán, así como de sus comunidades y los municipios aledaños, de recibir atención especializada para los enfermos de Insuficiencia Renal de sus comunidades. Hoy, en Ciudad Hidalgo y sus alrededores, la gente clama por atención médica para sus familiares y una respuesta real a la problemática que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas tres generaciones; hoy nos toca a nosotros como Diputados Federales ser la voz de los ciudadanos michoacanos y velar por brindar una respuesta a quienes sufren de las carencias que a sus familias ocasiona tener uno o hasta tres pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, asegurando que las autoridades en salud de nuestro país, tomen acciones definitivas que beneficien a quienes aqueja dicha enfermedad.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente proposición con Puntos de Acuerdo:
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del oriente del estado de Michoacán de Ocampo, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología.
Dado en el Palacio Legislativo, el 01 de marzo de 2013.
Diputados: Luis Olvera Correa, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Iñiguez, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia, Blanca María Villaseñor Gudiño, Ernesto Núñez Aguilar, Socorro de la Luz Quintana. León (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República y a los miembros del gabinete a cumplir el compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Es obligación de todos los servidores públicos del gobierno federal presentar su declaración con oportunidad y sobre todo con veracidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción XV, y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El pasado 16 de enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete se comprometieron con la sociedad e hicieron pública su declaración patrimonial en un evento mediático en donde buscaron resaltar la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.
Sin embargo, en este acto solamente publicaron información sobre el tipo de bienes inmuebles de su propiedad, el concepto por el que lo adquirieron y su superficie, sin dar a conocer los datos más relevantes como su valor, su procedencia ni el lugar en el que se encuentran. Lo mismo hicieron con la publicación de la información sobre sus bienes muebles, ingresos, vehículos, obras de arte, inversiones, acciones en empresas, ahorros bancarios, etc., omitiendo también publicar los datos de los bienes que están a nombre de cónyuges o concubinas, y/o de sus dependientes económicos, siendo todo esto información que el propio Sistema de Declaraciones Patrimoniales solicita.
Asimismo, en la declaración del presidente se observa que la mayoría de sus bienes han sido adquiridos mediante donaciones, muchas de ellas con fecha 8 de diciembre de años diversos, sin que éste hiciera públicos los datos sobre su valor, origen ni motivo.
Esta situación se repite en por lo menos cinco declaraciones de los miembros de su gabinete, lo que genera suspicacia y desconfianza, y motiva la pregunta que hoy se hacen los mexicanos de ¿por qué no publicaron sus declaraciones patrimoniales completas?
Es evidente que la publicación de las declaraciones patrimoniales del presidente Enrique Peña Nieto y de los miembros de su gabinete de ninguna manera implica un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como pretendieron anunciarlo a la población, por el contrario, nos encontramos ante una simulación mediática, con declaraciones patrimoniales mutiladas, y muy pobres con relación a lo que significa una declaración verdaderamente pública.
Una muestra de ello es que cualquier persona que entre al portal de Declaranet, en “búsqueda de servidor público” puede corroborar, por un lado, que una declaración autorizada como pública contiene los apartados de “datos generales, del encargo, curriculares, laborales, ingresos, bienes inmuebles, muebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, su cónyuge o concubina y/o dependientes económicos”, los cuales el servidor público debe indicar con detalle y veracidad, y por otro lado, puede observar que una declaración no autorizada como pública solamente contiene “datos generales, del encargo, laborales y curriculares”.
En este sentido, el propio sistema Declaranet, en congruencia con lo establecido en el artículo 40 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, incluye un apartado en el que se realiza la pregunta específica de si se quieren o no publicar los datos patrimoniales, por lo que de ninguna manera el sistema da la opción de publicar parcialmente la información patrimonial, o se es pública o se es privada con todo lo que esto implica.
Por esta razón es que resulta lamentable que las autoridades máximas de nuestro país mediante un acto mediático de simulación se comprometan con la población mexicana a publicar sus bienes patrimoniales como un gran acto de transparencia, cuando en realidad lo que publicaron es una declaración a modo en la que ocultan información que es de interés de todos los mexicanos.
Ciudadanos diputados, es importante precisar que no se está cuestionando la legalidad, lo que lastima es la mentira, el engaño, la opacidad, las declaraciones patrimoniales o son públicas o no lo son, no hay transparencia a medias, no hay transparencia de conveniencia.
En virtud de las razones antes expuestas y debido a la urgente necesidad de que el presidente de la República y los miembros de su gabinete cumplan cabalmente con el compromiso ante la sociedad de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. En representación del Grupo Parlamentario del PAN presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al presidente de la República y a los miembros de su gabinete a cumplir cabalmente con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a condenar en representación del gobierno mexicano la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis juzgados en un tribunal militar marroquí, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Sáhara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del mismo nombre. Es uno de los dieciséis territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El proceso de descolonización del Sáhara Occidental fue interrumpido en 1976, cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el territorio y lo dejó en manos del reino de Marruecos y Mauritania, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
No obstante, la ONU informó que dichos acuerdos no convirtieron a Marruecos y a Mauritania, en potencias administradoras del territorio, por lo que éste sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo. Además, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que nunca han existido vínculos de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara Occidental.
2. En la actualidad, aunque más de la mitad del territorio sigue ocupado por Marruecos, no existe Estado alguno que reconozca soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
En 1976 el representante del pueblo saharaui, el Frente de Liberación Nacional, conocido como Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, entre ellos México, que desde 1979 reconoce y sostine relaciones diplomáticas con la República Saharaui.
A partir de 1982 la RASD es miembro permanente de la Unión Africana, organismo que tiene entre sus objetivos primordiales la búsqueda de diversas formas de integración continental, así como el luchar contra el colonialismo en África.
3. Con el fin de resolver el estatus jurídico del territorio en disputa, la ONU creó en 1992, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sáhara Occidental (Minurso). Sin embargo, ésto no ha se ha llevado a cabo, “por obstrucciones directas del reino de Marruecos”, según declaró el antiguo enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y ex–secretario de Estado norteamericano, James Baker.
Desde el cese al fuego en 1991, Marruecos y el Frente Polisario llevan a cabo conversaciones directas, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo positivo hasta la fecha.
4. A partir del día 9 de octubre de 2010 en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capiatal del Sáhara Occidental ocupado comenzó a organizarse por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada, como lo son el derecho a la vivienda y al empleo.
Las demandas exigidas hasta ese entonces resaltaban el derecho a la expoliación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, por la población saharaui. Dado que los beneficios son disfrutados por el reino de Marruecos.
En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento. En la operación y en los posteriores enfrentamientos en El Aaiún, murieron gendarmes marroquíes y civiles saharauis, entre los que se cuenta a un niño saharaui que murió en un control policial por el disparo de un gendarme marroquí.
5. En la madrugada del 17 de febrero pasado, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik; 24 activistas saharauis, entre los que destaca el intelectual saharaui Enaama Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat, en donde las condenas han resultado excesivamente severas: 9 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años, 3 a 20 años, 7 a 25 años de cárcel y 2 han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.
Luego que el Tribunal Militar marroquí emitió la condena, Amnistía Internacional en un comunicado manifestó que las autoridades marroquíes deberían recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a presos saharauis, y entonces investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han manifestado.
Se debe resaltar, que pese a los insistentes llamamientos de organismos, colectivos y representantes populares alrededor del mundo, defensores de los derechos humanos, las autoridades marroquíes hicieron caso omiso y llevaron a cabo un juicio fuera de la legalidad internacional por varios motivos. Ejemplo de ello es que:
• Se juzgó a civiles como militares;
• Se juzgaron en la capital del reino de Marruecos, es decir en otro país;
• No se presentaron pruebas fehacientes que demostraran la culpabilidad de los saharauis juzgados.
6. En este orden de ideas, tenemos que la postura de México referente al respeto y protección universal de los derechos humanos es una bandera que ha enarbolado en todos los foros internacionales; por lo que resulta importante que ante los hechos antes descritos, nuestro país asuma una postura firme en la que se repudien este tipo de actos. Actos que están fuera del derecho internacional. Sin importar el país donde se estén cometiendo, sin temor a intervenir en los asuntos de carácter interno, ya que en la defensa a los derechos humanos nos corresponde a todas las naciones participar.
Por lo que hace a esta Cámara de Diputados, debemos manifestarnos de manera concreta y rechazar la violación flagrante al derecho a un debido proceso legal, al que todas las personas tenemos, ya que la forma en que se dio la detención y sujeción a proceso de los saharauis antes mencionados, es incuestionablemente, es una violación al más mínimo derecho humano. Por esa razón, durante el primer periodo de receso del Congreso de la Unión, presenté ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, condenara el juicio militar que el reino de Marruecos planeaba realizar contra estos civiles saharauis. Punto al que a petición de Senador Fidel Demédicis Hidalgo se le agregó un segundo acuerdo en el que se hacía un llamado a la ONU para que vigilara los derechos humanos de la población civil saharaui, en el territorio ocupado.
Al atento llamado que la Comisión Permanente tuvo a bien votar a favor, la cancillería mexicana no emitió respuesta. Lo cual resulta preocupante y cuestiobale, ya que el caso de los civiles saharauis era evidentemente justo defender y apoyar; condenando el procedimiento. Sin embargo, la SRE no lo consideró así: ¿por qué?, ¿qué interés se estará anteponiendo para que México, no demuestre el ánimo que nos caracteriza en la defensa de los derechos humanos?, ¿Tendrán alguna razón “importante” para no demostrar voluntad política sobre el caso de los 24 presos políticos saharauis?. Es de tomar en cuenta que no sólo debe haber un pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados, también debiese haber un llamado por parte del Gobierno Mexicano, a fin de que se manifieste en contra de ese tipo de hechos, con la intención en especial de no permitir que vuelvan a ocurrir, pero también con la finalidad de tratar de reencauzar lo que hasta ahora es un juicio injusto, ya que se está juzgado a civiles, bajo una marco legal de carácter militar.
Por todo lo anteriormente expuesto, y buscando siempre contribuir a fortalecer la presencia de nuestro país en el escenario internacional, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta, en representación del Gobierno Mexicano, emita firme condena ante la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF, a su secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a apoyar a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes de las diversas fracciones parlamentarias en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la madrugada del miércoles 27 de febrero de 2013, un sobrecalentamiento en el tendido eléctrico de la nave mayor del mercado de La Merced desató un incendio, debido a las conexiones irregulares, conocidas como diablitos, y arrasó con el 70 por ciento de dicho inmueble, según determinaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El incendio, que no dejo víctimas mortales ni lesionados, quemó; más de mil locales comerciales, distribuidos en el área de siete mil metros cuadrados en que se ubica este centro de abasto, en la delegación Venustiano Carranza.
Sin embargo, los conductores de las 20 unidades de bomberos que arribaron a la zona para la atención del siniestro, tuvieron problemas para el acceso, debido a los obstáculos que presentan los locales improvisados que rodean el centro de abasto.
En su momento, el jefe de gobierno, aseguró a los medios de comunicación, que su administración apoyaría a los locatarios afectados y que se buscarán medidas enérgicas de mitigación para evitar futuros incidentes.
En tanto, el secretario de gobierno del Distrito Federal, dijo que se impulsará el reordenamiento comercial en la vía pública que rodea el mercado.
Por su parte el jefe delegacional en Venustiano Carranza, ofreció negociar con la Aseguradora AXXA, contratada por el gobierno capitalino para asumir el costo de los daños en la estructura del mercado y la mercancía perdida por los comerciantes.
Sin embargo, a la fecha esto no se ha visto cristalizado o se ha dado una solución en concreto sobre la indemnización a los locatarios de la nave mayor del mercado de La Merced.
A efecto de apuntalar la urgencia de brindar de apoyo y emprender acciones de reordenamiento en la zona, es preciso subrayar la importancia del centro de abasto La Merced dada en función del volumen de las operaciones comerciales que a diario se realizan, su valor como referente comercial histórico y como expresión cultural.
No es la primera vez que el centro de abasto se ve afectado gravemente por una conflagración como la del pasado 27 de febrero; recordemos los hechos acaecidos en diciembre de 1988, cuando explotó un puesto de fuegos artificiales, causando la destrucción de dos terceras partes de la nave principal del mercado y la muerte de 61 personas.
Los problemas de tránsito que generan los puestos semifijos en los alrededores implican también riesgos de seguridad peatonal y vehicular de importancia.
En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a brindar el apoyo comprometido a los locatarios por el incendio en la nave mayor del mercado de La Merced.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades antes mencionadas a dar una amplia difusión ante la ciudadanía de los resultados de las acciones que en este sentido se tomen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputados: Laura Barrera Fortoul, Arnoldo Ochoa González, Fernando Rodríguez Doval, Antonio Cuéllar Esteffan, José Antonio Hurtado Gallegos, Javier López Zavala (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a revisar los expedientes de los catalogados como pendientes “Viables” y “No viables”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En 1942 se firmaron entre Estados Unidos de América y México los tratados de cooperación laboral, y se realizó la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas allá.
II. En aquella época, en los tratados internacionales se estableció una retención de 10 por ciento de los salarios para crear el fondo de ahorro campesino.
III. Para 2005 se publicó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964. Ese año se publicó la primera convocatoria de la entrega correspondiente de los apoyos sociales de fecha 11 de noviembre; se publicaron 39 mil 893 apoyos, de los cuales 39 mil 324 fueron pagados, y 569 quedaron pendientes. Se registró 98.57 por ciento de avance en cuanto al pago de los apoyos y quedó 1.43 por ciento pendiente en aquel entonces.
IV. En el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversas listas, desde el 15, 23 y 27 de diciembre de 2005; 24 de enero, 10 y 24 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio y 30 de octubre del año 2006; 27 de junio, 6 de julio y 27 de agosto del año 2007; 16 de julio, 27 y 28 de agosto, 7 y 8 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 2, 3, 29 y 30 de diciembre del año 2008; 23 y 24 de abril, 25 y 26 de junio, 3 de julio, y 9 y 10 de noviembre del año 2009; 11 y 12 de enero, 19 y 20 de abril, 1 y 2 de junio, y 15 y 20 de septiembre del año 2010; 15 y 16 de marzo, 29 de abril, 2, 16 y 17 de mayo y 15 y 16 de agosto de 2011; 2 de marzo y 7 de septiembre de 2012; sumando hasta ahora un total de 46 listas publicadas para hacer de conocimiento a las personas que les corresponde el apoyo; y que de manera ejemplar, entre el 24 y 28 de noviembre de 2008, se emitió una convocatoria donde fueron publicados 149 mil 20 apoyos, de los cuales se registró su correspondiente pago para 41 mil 237 apoyos, que representa 27.67 por ciento, aunado al pago de los apoyos pendientes de 34 mil pesos, quedando pendientes 89 mil 150 apoyos, representando 59.82 por ciento y los pendientes de pago de apoyos de 38 mil pesos, un total de 18 mil 633 apoyos, que representan 12.50 por ciento de los apoyos que fueron publicados para esas fechas.
V. El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3o. de la ley en la materia, se integra por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Gobernación y, en calidad de invitados permanentes participa el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y miembros del Poder Legislativo federal, concretamente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hasta la LXI Legislatura; empero, y no obstante ello, está pendiente el nombramiento del diputado que fungirá como miembro en calidad de invitado permanente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Aunado a lo anterior, existen pendientes de recursos del fideicomiso para entregar a los beneficiarios y liquidar la deuda en justicia a los mexicanos que en aquella época participaron en el programa, lo que hace imperativo dar continuidad a los trabajos realizados para remunerarlos, sin lo cual, al mantenerse en calidad de pendientes, afecta directamente a los miles de ex braceros, migrantes y sus familiares que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1964.
VI. Los recursos entregados de 2005 a 2011 ascendieron a 3 mil 238 millones 360 mil pesos, donde el total de beneficiarios que recibieron el apoyo social de los 38 mil pesos de 2005 a 2011 fueron para 85 mil 119 personas.
VII. El presupuesto destinado para el fideicomiso del ejercicio fiscal de 2012 ascendió a 3 mil 816 millones 200 mil pesos, considerando 109 mil 659 beneficiarios para ese año, integrado por titulares, esposas, concubinas, hijos o herederos de ex braceros; se estimaba que el total de recurso que se habría de entregar en 2012, ascendería a 7 mil 054 millones 560 mil pesos con corte de un total de beneficiados de 193 mil 572 personas.
VIII. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 no fue considerada asignación alguna de recursos para el fideicomiso en comento. por ende, de las últimas listas de beneficiarios publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y, habiendo aún recurso por entregar, es como se hace necesario realizar una exhaustiva revisión de los expedientes y las categorías “Viable” y “No viable” en las que se encuentran los beneficiarios y de aquellos que aún están en espera de recibir el apoyo, con la finalidad de establecer una estrategia de actualización de los registros para determinar, en una primera instancia, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine los recursos necesarios de los subejercicios del Primer Semestre del Gobierno Federal en este año, o se presente la solicitud correspondiente para la asignación de recurso del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo Ejercicio Fiscal de 2014; en segundo término, la factibilidad para que quienes estuviesen catalogados como “No viables”, obtengan la oportunidad de acceso al beneficio al aplicar las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos más recientes, según sean los casos, y avanzar en los pagos pendientes; aunado a propiciar las condiciones para emitir nuevas convocatorias, actualizar el marco normativo, aplicación de criterios de simplificación administrativa con trámites más claros, públicos y accesibles para la población objetivo, combate a la corrupción, la implementación de una estrategia federal que permita a las personas que solicitan y cumplan con los requisitos para acceder a su apoyo se haga de manera expedita; implantar la mejora en los contenidos de las campañas masivas de información que se hagan de manera periódica y permanente, acorde con lo que establece el artículo 8o. de la ley en la materia, como refuerzo del combate de la corrupción.
IX. En la Gaceta Parlamentaria número 3632-O de la Cámara de Diputados, con fecha jueves 25 de octubre de 2012, se publicó la solicitud del suscrito diputado para que se creara de la comisión especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la LXII Legislatura, con la finalidad de ser encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia; así como continuar con los trabajos que realizaron las comisiones especiales en anteriores legislaturas; además, se exhortó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que integrara y presentase al pleno de esta soberanía, la propuesta de integración plural correspondiente de diputadas y diputados que habrían de integrar la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos. Lo anterior también con estricto arreglo y acorde con todos los términos que establece la propia Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el reglamento correspondiente y en consecuencia, habiendo una estructura orgánica que implica órdenes y niveles de gobierno, es como se hace manifiesta la necesidad de resolver de manera urgente por esta soberanía, garantizar la continuidad en la implantación del fideicomiso en comento aunado al nombramiento del miembro del comité técnico emanado de la Cámara de Diputados y la creación e integración de la comisión especial del fideicomiso en comento para la LXII Legislatura, acorde a lo establecido en la Ley de la materia, para que esta soberanía, esté en condiciones de dar seguimiento y continuar recibiendo los informes periódicos trimestrales sobre el avance y la gestión que permita conocer la situación financiera del fideicomiso y determinar la cantidad a presupuestar para los ejercicios fiscales subsecuentes.
Por lo expuesto se someten a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para que en uso de sus respectivas atribuciones se realice una exhaustiva revisión de todos expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “Viables y No viables” y se les permita acceder al otorgamiento de su correspondiente beneficio con estricto arreglo a las recientes reglas de operación y en el marco de la ley respectiva.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reconsidere seriamente la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, así como su integración plural correspondiente de diputadas y diputados que habrán de constituirla, para ser la encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, continuar con los trabajos que realizaron las comisiones especiales en las anteriores legislaturas, actualizar el marco normativo, determinar estrategias y gestionar las asignaciones de los recursos correspondientes a los ejercicios fiscales subsecuentes en la LXII Legislatura.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que nombre y dé a conocer al representante del Poder Legislativo que funja como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en concordancia con lo establecido en el artículo 3o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las elevadas tarifas de electricidad en el país, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
Recocemos la creciente problemática social que representan las altas tarifas por el suministro de la energía eléctrica en distintas partes del país, y lo difícil que resulta el pago de la luz en diversas comunidades indígenas, marginadas y rurales de México.
Escuchamos a las diversas voces que desde hace tiempo se vienen externando y aglutinando para exigir un nuevo esquema tarifario, una tarifa justa, una reforma integral a la Comisión Federal de Electricidad para su fortalecimiento y el reconocimiento del derecho a la energía como un derecho constitucional.
Las y los integrantes de esta Cámara de Diputados estaremos trabajando para atender las demandas de los diversos movimientos sociales que se han venido manifestando públicamente en relación con la problemática de las altas tarifas de energía eléctrica, atenderemos la necesidad de diseñar un nuevo esquema tarifario y estaremos atentos para evitar que las familias más pobres de nuestro país se enfrenten a cargos penales por no tener dinero para pagar los altos cobros de la energía eléctrica.
Hemos atendido a las diversas expresiones que pugnan por interceder ante las autoridades federales para evitar que se persiga y castigue penalmente a las personas que no pueden cubrir los costos de la energía eléctrica; por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía se apruebe el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Unir esfuerzos y trabajos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo federal para buscar en lo inmediato rutas y alternativas de solución a las demandas basadas en un nuevo esquema tarifario para el cobro de la energía eléctrica.
Segundo . Reducir, evitar y procurar que los usuarios y usuarias que no estén en condiciones de pagar la luz no sean criminalizados ni perseguidos penalmente.
Tercero. Evitar los cortes de energía eléctrica a los usuarios y usuarias cuyos recibos de cobro son desproporcionados e injustificados, usuarios que además están exigiendo a las autoridades responsables la fijación de un nuevo esquema tarifario acorde con sus ingresos y su capacidad de pago.
Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de marzo del año 2013.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Homero Ricardo Niño fe Rivera Vela.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, a la CNDH, a las Comisiones de Derechos Humanos locales y a la Ssa a establecer campañas permanentes de detección, prevención y eliminación de todo tipo de maltrato y, en su caso, de orientación para tratar el bullying y el mobbing, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El numeral 2 del artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño, menciona la obligación de los Estados parte de asumir todas las medidas para proteger a los niños contra cualquier forma de discriminación o castigo por causas originadas por su condición, sus actividades u opiniones o las creencias de sus padres, tutores o familiares.
Asimismo, en el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda forma de discriminación y en especial fustiga en su redacción aquellas motivadas por el origen étnico o nacional de las personas, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En este mismo sentido, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3 se aprecia que la protección de sus derechos, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno, ello implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. En este mismo tenor, expresa la ley, los principios rectores para su protección, como: el interés superior de la infancia, la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia, el de la igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales, el de tener una vida libre de violencia.
Como apreciamos, nuestro orden jurídico regula y sanciona la imagen referida en la sociedad como bullying, la cual es una actitud violenta de menoscabo de una persona y por ese solo hecho es deleznable.
El término bullying proviene del inglés “bully” , significa “agresor” y se refiere al maltrato generado entre alumnos usualmente en el ámbito escolar, se relaciona estrechamente con la intimidación, aislamiento, amenazas, insulto, o agresión física en contra de una o varias víctimas.
Para que pueda hablarse de acoso escolar deben cumplirse los siguientes supuestos: que la víctima se sienta intimidada y excluida, que perciba al agresor como más fuerte, que las agresiones sean físicas, emocionales, sexuales, económicas, o de mero vandalismo, que vayan en aumento y frecuentemente sean en un ámbito privado sin la presencia de adultos.
Las diferentes formas de acoso, pueden ir desde las más sutiles como bromas pesadas, apodos denigrantes, amenazas, tirar, romper, robar cosas, hasta golpes o el aislamiento total del grupo. Otras veces alguno abusa de su fuerza o de su simpatía haciéndose el gracioso pero atacando con burlas o con falsos rumores para desacreditar a la víctima y en éste se va creando la expectativa de poder ser blanco de nuevos ataques.
En este contexto, hemos sido enterados, a través de diversos medios gráficos y televisivos, del deceso de un menor, las causas y aunque existen versiones encontradas es, al bullying, esto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, en sus primeras indagatorias.
Un menor de siete años, en el centro escolar fue agredido de un modo insolente, pues algunas versiones señalan la introducción de su rostro en varias ocasiones a un retrete, acto denigratorio pero deshonra más al ejecutor que al receptor de dicho evento.
En este sentido, en la bancada del Partido Verde, estamos consciente de la igualdad de géneros y de la dignidad de todo ser humano, así mismo, creemos que las actitudes deben ejecutarse solamente si están investidas de razón. En este sentido, la imposición de conductas a través de la fuerza, sin mediación de argumentos es un agravio radical, no solamente hacia las personas pasivas de la acción sino en contra de todo el género humano.
Por lo anterior, y derivado del entorno que hoy se lamenta, creemos tan necesario como oportuno exigir a todas las autoridades educativas del país, a las Comisiones de Derechos Humanos, tanto a la Nacional, como la local y en general, a todas las autoridades administrativas llevar a cabo programas permanentes para evitar el bullying, el mobbying y, en general, contra toda actitud hostil proferida.
Creemos indispensable, aprender a diagnosticar a víctimas y agresores por su perfil psicológico pero también por las secuelas cuando el patrón de conductas se va consolidando.
Derivado de lo anterior, encontramos que la “víctima” con frecuencia se muestra insegura, con baja autoestima que es causa y consecuencia del acoso, con altos niveles de ansiedad, sumida, introvertida, tímida, con dificultades para relacionarse y con mucha frecuencia solitaria e inmadura para su edad.
Tengamos en cuenta que las consecuencias producidas por este fenómeno son devastadoras, nuestra sociedad no debe de permitirlo.
De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, a las Comisiones de Derechos humanos, la nacional y las locales así como a la Secretaría de Salud a establecer campañas permanentes de detección, prevención eliminación de todo tipo de maltrato y en su caso, orientación para el tratamiento del bullying y mobbying.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta ASF a auditar el gasto correspondiente a diversas construcciones en el IPN, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La dispendiosa canalización de recursos en la construcción de seis edificios y el gasto por remodelación en el edificio administrativo del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) ha ocasionado una restricción del ejercicio presupuestario en los gastos corrientes y para los proyectos de investigación de los educandos de nivel posgrado.
Como nunca había sucedido en el Cinvestav-IPN, se ha priorizado el aumento de espacios para la creciente administración del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados y se ha marginado el crecimiento de espacios para la investigación y formación de los educandos del nivel posgrado, a pesar del magnífico desempeño y logros científicos de la mayoría de sus egresados que mucho han aportado al país.
Los miembros de la comunidad del Cinvestav-IPN se encuentran consternados por la actual política de dispendio en la aplicación de los recursos federales para la creación de obras suntuosas y poco útiles para las funciones propias de un centro de investigaciones de categoría mundial; la preocupación es la de crear otro elefante blanco que después ocupará sus recursos en la manutención del gasto corriente en lugar de ocuparse para la investigación que es el fin del centro en comento.
Por lo anteriormente expuesto Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pone a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar el gasto ejercido para la construcción de seis edificios en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav-IPN) plantel Zacatenco, que fueron entregados por las constructoras en 2012.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación auditar el gasto por la remodelación del antiguo edificio administrativo del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, así como la construcción de diversos espacios interiores en la unidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar una campaña masiva de comunicación sobre el uso del condón femenino y distribuirlo gratuitamente entre la población, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a desarrollar una campaña masiva del uso del condón femenino y a su distribución gratuita, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El condón fue ideado para el uso del hombre y para proteger a las parejas en el acto sexual del contagio de una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo, aunque esta forma de protección no ha sido lo suficientemente promovida por las autoridades sanitarias, como método preventivo y lejos de atavismos y tabúes.
En este sentido, un preservativo de uso femenino era impensable, solamente estaba bien visto en un matrimonio usar pastillas anticonceptivas, aunque grupos religiosos se opusieran a cualquier tipo de control natal, ya que la protección estaba completamente en la obligación del hombre.
Al paso de los años se crea el primer condón femenino dándoles a las mujeres la opción de cuidarse y disfrutar una relación sexual sin esperar a que el hombre tome la decisión de usar un preservativo; su fabricación tiene un costo elevado por el tipo de material utilizado limitando a las mujeres a acceder o adquirir el condón femenino.
Este preservativo puede usarse con 6 u 8 horas de antelación a la relación sexual, lo cual lo hace más práctico, además tiene la misma función del preservativo masculino de protección, cuidado de la pareja y así evitar enfermedades de transmisión sexual (VIH, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH) o embarazos no deseados.
Cabe mencionar que las enfermedades de transmisión sexual atacan por igual a hombres y mujeres, aunque en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres, en especial si están embarazadas, es por ello que debemos de reeducarnos en materia de salud sexual y reproductiva.
Con relación a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calculado una incidencia de 340 millones de casos anuales de infecciones de transmisión sexual curables, en México, se estima que la mayor tasa de incidencia en infecciones es por el virus del papiloma humano, con casi 24 casos por cada 100 mil habitantes, donde 30 por ciento de los mexicanos ha padecido alguna infección de transmisión sexual (ITS) con edades de entre 18 y 30 años.
Sólo por mencionar algunas de estas enfermedades con un mayor número de infectados son la candidiasis, tricomoniasis, la vulvovaginitis, sífilis, gonorrea y clamidia, de acuerdo con cifras de los últimos estudios proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Datos y cifras mundiales
• Anualmente se producen 448 millones de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis).
• Algunas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas.
• En embarazadas con sífilis temprana no tratada 25 por ciento de los embarazos acaban en muerte fetal y 14 por ciento en muerte neonatal.
• Las ITS son la principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo en la mujer.
Así, es como observamos que el condón femenino pretende evitar que las ITS (infecciones que se propagan de persona a persona a través de contactos sexuales), ya que existen más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes transmisibles por vía sexual. Algunos, en particular el VIH, sífilis, se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto, así como por transfusiones de productos sanguíneos y trasplantes de tejidos.
Con la educación sexual y el uso no solamente del condón masculino sino propagar el uso y adquisición del condón femenino se logrará evitar que incrementen las ITS ya en algunos casos los métodos tradicionales para diagnosticarlas es mediante pruebas de laboratorio, que son demasiado caras y si el resultado es negativo resulta un gasto innecesario.
Para evitar las ITS no solamente basta con abstenerse de tener relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) o tenerlas únicamente en el ámbito de una pareja a largo plazo, no infectada y mutuamente monógama, ya que por absurdo que parezca, este hecho es casi imposible que suceda, por ello se debe ampliar la información y uso siempre que se utilicen sistemática y correctamente, los preservativos masculinos de látex y los condones femeninos.
Se considera que las infecciones de transmisión sexual no tratadas en la juventud mexicana tienen repercusiones muy importantes en la salud reproductiva, materna y neonatal siendo la principal causa de infertilidad en la mujer. Por ejemplo, debemos decir que entre 10 y 40 por ciento de las mujeres con infecciones clamidiales no tratadas acaban presentando Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) sintomática; se dañan las trompas de falopio por la infección dejando de 30 a 40 por ciento de los casos de infertilidad femenina.
Lo anterior incrementa las probabilidades de tener embarazos ectópicos (tubáricos) que son entre 6 y 10 veces mayor en las mujeres que han sufrido Enfermedad Inflamatoria Pélvica que en las que no la han sufrido, y de 40 a 50 por ciento de los embarazos ectópicos pueden atribuirse a episodios anteriores de EIP, sin dejar de atender que una infección por algún tipo de virus de papiloma humanos puede llevar a la aparición de cánceres genitales, en particular del cuello uterino en la mujer.
La presencia de ITS no tratadas tanto las que causan úlceras como las que no, puede llegar a multiplicar por 10 el riesgo de adquisición y transmisión del VIH. Por consiguiente, el tratamiento precoz de las ITS es importante para reducir el riesgo de infección por el VIH. El control en uso y adquisición de los condones femeninos es importante para la prevención de la infección por VIH, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo, entre otros riesgos. Algunas ITS presentan signos y síntomas similares o coincidentes. Algunos de ellos son de fácil reconocimiento, constituyendo lo que se denomina un síndrome, que señala la presencia de uno o varios patógenos. Por ejemplo, en el hombre, el flujo uretral puede ser causado por la gonorrea aislada, la clamidiasis aislada, o ambas conjuntamente.
Por ello el condón femenino, a pesar de su desarrollo y evolución, sigue siendo más costoso y más difícil de conseguir por parte de quienes así desean utilizarlo. Incluso las instituciones que obsequian el condón masculino no distribuyen masivamente la opción femenina lo cual nos obliga a la concientización de la protección de la mujer en la decisión de usar preservativo aún cuando la pareja no desee hacerlo, la mujer puede usarlo con anticipación de por lo menos 8 horas previas al contacto sexual.
Este preservativo femenino representa la evolución en la forma de vida de una mujer ya que no solamente deja de usar pastillas anticonceptivas sino que evita adquirir una ITS; especialistas en la materia consideran que impulsar la producción, uso y distribución gratuita del condón femenino obligaría a los fabricantes a bajar el costo del producto y con ello engrandecer la producción como el uso del condón masculino.
Al mismo tiempo lograremos que las Secretarías de Salud, tanto a nivel federal como estatales y locales, intervengan en la promoción del uso del condón femenino, y distribuyan gratuitamente el producto, dándole a las parejas una nueva opción de protección considerando que algunas personas son alérgicas al látex, con el uso del condón femenino, que es de poliuretano, tienen una opción más.
Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a que difunda a través de una campaña masiva de comunicación el uso del condón femenino y asimismo, a que distribuya masiva y gratuitamente este tipo de preservativo a la población para promover su uso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Segob y la Sedena acciones coordinadas con las autoridades estatales para impulsar y fortalecer las campañas de desarme o despistolización, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, propone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que “el Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y los ayuntamientos, realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo. Por razones de interés público, sólo se autorizará la publicidad de las armas deportivas para fines cinegéticos y de tiro, en los términos del Reglamento de esta ley.
Como medio para atender y prevenir el uso ilegal e indebido de armas se han implementado acciones públicas que pretenden prevenir; el uso indebido de las armas claro ejemplo de esto son las diferentes “campañas de despistolización” o “canje de armas”. Las cuales surgen como una especie de respuesta a los altos índices de violencia y al uso indiscriminado de armas de fuego, estas campañas consisten en el canje de armas por computadoras, dinero en efectivo, despensas, etc., la realización de las mismas se llevan a cabo en las diferentes delegaciones o municipios, con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), éstos últimos son quienes se encargan de evaluar las armas presentadas en el canje para así determinar el artículo o cantidad en efectivo a otorgar. Es importante señalar que previo a estos canjes se informa que no se realizará ningún tipo de investigación a las personas que cambien sus armas, ya que se considera que de no conservarse el anonimato se inhibiría por completo el resultado de estas campañas. Una vez recolectadas, las armas son responsabilidad de la Sedena para ser destruidas sin importar el origen de las mismas ya que no serán investigadas.
Hay quienes se han pronunciado en contra de estas Campañas por considerarlas anticonstitucionales e incluso violatorias de Derechos Humanos. Si bien es cierto el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier persona tiene derecho a poseer en su casa o portar un arma para su seguridad y legítima defensa, con estas campañas no se busca socavar el derecho constitucional de los Mexicanos, si no tomar acciones para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, estas campañas tienen objetivos claros como el de reducir los índices delictivos relacionados con el uso de armas de fuego, eliminar el riesgo de accidentes fatales en los hogares y fomentar la cultura de la legalidad.
Estas campañas no representan ningún tipo de “soborno”, son totalmente voluntarias y anónimas, sin importar si las armas entregadas funcionan o no. Se estima que por cada 300 armas de fuego que existen en México, 299 se portan sin permiso y de esas, 270 son para uso delictivo. Con datos tan alarmantes resulta imperioso continuar impulsando estas campañas.
Es necesaria la cooperación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y los Gobiernos de las Entidades Federativas para impulsar y en su caso, fortalecer la implantación de las campañas de despistolización de manera tal que estas se den en todos los municipios y delegaciones del país.
Es un hecho que el uso y la libre portación de armas exacerban la violencia, planteando una amenaza para la seguridad, por lo que resulta imprescindible la lucha por parte de todos los sectores en contra de la proliferación y el uso indebido de armas.
Los diputados de Nueva Alianza, consideramos que la lucha contra la proliferación y el uso indebido de armas es un componente indispensable de las estrategias nacionales para la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la salud y seguridad pública.
En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional realicen acciones coordinadas con las autoridades de las entidades federativas a fin de impulsar y fortalecer las campañas de desarme o despistolización.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de marzo de 2013.
Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La insuficiencia en los controles de las actividades de los establecimientos que realizan operaciones de garantía para el otorgamiento de préstamos o créditos, aunada al agravamiento de los problemas de seguridad, ha generado lagunas normativas que favorecen incentivos para el delito. Las “facilidades” que otorga la insuficiencia de dichos controles es un factor determinante para la prevalencia del delito y para la existencia de una suerte de un mercado negro de mercancías robadas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2012, la incidencia más alta de delitos se registra en la modalidad “robo o asalto en calle o transporte público”, con 29 por ciento de los delitos captados en la encuesta, seguido por el de extorsión, con 19 por ciento. Robo a casa habitación ocupa el sexto lugar, con un equivalente a 8 por ciento.
Aunque no se cuente con cifras que den cabal cuenta de la magnitud del problema, es de todos conocido que la procedencia de artículos que llegan a las casas de empeño y compraventa de metales preciosos es en ocasiones dudosa o ilícita, lo cual favorece una forma de tráfico mercantil de artículos robados, que van desde teléfonos celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos en general y muebles hasta relojes, alhajas y metales preciosos.
No perdemos de vista la importancia que tiene esta actividad como una forma de financiamiento, sobre todo para las personas que están fuera del sistema bancario. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de las personas que acuden a una casa de empeño, 80 por ciento corresponde a amas de casa y el restante 20 por ciento a comerciantes, estudiantes, desempleados y jubilados y pensionados.
Según cifras de Prendamex y de la Asociación Nacional de Casas de Empeño, del 13 por ciento de la población que acude al empeño como fuente de financiamiento, 29 por ciento lo hace para cubrir gastos médicos y de salud, 24 para pagar colegiaturas, 24 para cubrir gastos imprevistos o personales y 22 para saldar deudas en tarjetas bancarias.
Ahora bien, tenemos presente que con la expedición de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“ley contra el lavado de dinero”), aprobada el pasado 30 de abril y que entrará en vigor el 30 de octubre de 2013, las operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, actividades que realizan las casas de empeño, serán consideradas “vulnerables” y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo 17, fracción IV:
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos de las entidades financieras.
Serán objeto de aviso ante la secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
Conforme al monto vigente del salario mínimo (64.76 pesos), la obligatoriedad de presentar aviso será efectiva sólo cuando la operación ascienda a un monto de 103 mil 939.80 pesos; queda al margen de este control un amplísimo espectro de operaciones que potencialmente involucran la comisión de delitos contra el patrimonio.
Con las reformas de Ley Federal de Protección al Consumidor aprobadas por esta soberanía el 18 de diciembre de 2012 y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013 se perfeccionó el marco normativo que regula las casas de empeño, principalmente en la parte tendente a proteger a los clientes ante posibles abusos, clarificándose qué tipo de establecimientos quedan englobados en esta categoría y dando facultades a la Profeco para llevar un registro público de las casas de empeño, que incluya los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.
Aunque se han dado pasos importantes para regular actividades “vulnerables” como las que realizan las casas de empeño y para evitar los abusos de este tipo de establecimientos, es necesario atender la vertiente expuesta en el presente punto de acuerdo y abarcar la gama de operaciones que quedan fuera de esta regulación y que se pueden vincular con los delitos que lesionan directamente el patrimonio directamente de la población, como es el robo o asalto en calle o transporte público o el robo a casa habitación.
Se entiende que siendo el robo un delito de amplio impacto social que se persigue en el orden común, es preciso ser respetuosos de los órdenes de gobierno, y contribuir a la resolución de este problema desde las facultades que competen a este cuerpo legislativo federal.
Conocemos que estados como Baja California Sur, Colima, Coahuila, Distrito Federal y Michoacán, por mencionar algunos, han incorporado en sus códigos penales figuras típicas correspondientes a la comercialización de objetos robados, dentro de los que se incluyen actos en que se reciben o transfieren bienes obtenidos como producto de la realización de un hecho ilícito, sea con conocimiento de tal circunstancia o culposamente, al no cerciorarse de la procedencia de los mismos, tipos que comúnmente corresponden al delito de “encubrimiento por receptación”.
El robo y la compraventa de artículos robados son delitos que tienen que ser castigados en todos sus componentes. Por tanto, resulta preciso atender con puntualidad el reclamo social para formular acciones que coadyuven en su abatimiento, rompiendo los círculos viciosos que lo fomentan.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno reconocimiento de la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a lo siguiente:
1. Incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados; y
2. Tipificar y, en su caso, adecuar en sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a reforzar la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior en el recinto fiscal, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
En lo concerniente a las operaciones de importación que efectúan los pasajeros internacionales, dentro del marco y según lo establecido en el artículo 50 de la Ley Aduanera, ordena que, una vez efectuado el pago de las contribuciones del particular, tiene en consecuencia, la opción de solicitar el reconocimiento aduanero de las mercancías o bien, activar el mecanismo de selección automatizado (también conocido comúnmente como “semáforo aduanal”) que determinará, según el mecanismo de manera aleatoria, si le corresponde o no le sea efectuado un reconocimiento de mercancías.
En términos de la fracción IX del artículo 144 de la Ley Aduanera, faculta a autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para inspeccionar y vigilar permanentemente en forma exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales.
Si dentro del recinto fiscal existe la posibilidad del reconocimiento aduanero y es activado el mecanismo de selección automatizada que determine el “desaduanamiento libre”, entonces la autoridad aduanera no estará facultada para practicar reconocimiento alguno y menos aún con apoyo en alguna orden de verificación de mercancía de comercio exterior en transporte, pues en consecuencia, transitar es ir de un lugar a otro, mientras que transportar es llevar cosa o cosas de un lugar a otro, como en el caso de una aduana a otra, como se establece en el artículo 124 de la propia Ley Aduanera.
La determinación de desaduanamiento libre constituye una resolución favorable a los particulares conferida en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, y por tanto, no puede revocar motu proprio la autoridad, y en obviedad no puede girarse una orden de verificación física en las propias instalaciones de la autoridad aduanera atendiendo al hecho sustancial de que es el particular quien somete a la autoridad sus mercancías para su posible verificación, previa declaración y pago de contribuciones que de ellas ya se hizo, y en consecuencia, cualquier orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte resulta ilegal, así también por la circunstancia de que la mercancía no se encuentra en transporte, sino dentro de un recinto fiscal.
El artículo 43 de la Ley Aduanera establece que el reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto de las mercancías importadas o exportadas; y no obstante, sólo el reconocimiento aduanero, es susceptible de practicarse por los agentes o inspectores de aduanas sin orden previa de autoridad competente; sin embargo, ante la activación del mecanismo de selección automatizado y arrojando como resultado el “desaduanamiento libre”, queda entonces la autoridad impedida para practicar reconocimiento alguno y en consecuencia también es contradictorio.
Se hace necesario reforzar de manera periódica y permanente la estricta aplicación de los procedimientos debido a que se presentan a malas interpretaciones, aunado a la falta de conocimiento de pasajeros de viajes internacionales que arriban a los diferentes puntos de internación en aeropuertos, puerto marítimos y puntos fronterizos, y concurre que el mayor porcentaje de ellos son connacionales que retornan a nuestro país en calidad de deportados o retornos voluntarios.
Se ha generado jurisprudencia en materia de lo contencioso administrativo al respecto, en que se determina precisamente la falta de justificación para que las autoridades realicen revisiones ante el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección automatizada.
En concordancia con lo que determina la normatividad, es imperativo reforzar de manera periódica y permanente la aplicación de los procedimientos bajo un criterio preventivo debido principalmente a la época de invierno de cada año, en la que muchos connacionales ingresan o regresan a territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus funciones, refuerce de manera periódica y permanente la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de recinto fiscal, y se aplique estrictamente conforme a la normatividad el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección automatizada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a establecer canales de interlocución con los representantes populares y las dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Josefina Salinas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I y 79, numeral 1 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, tales como seguridad, igualdad social y respeto a los derechos fundamentales.
En el caso del poder ejecutivo, tanto federal, como en las entidades federativas, resulta indispensable una actitud receptiva ante la expresión de las necesidades de la ciudadanía, es innegable la imperiosa necesidad de la disposición a la coadyuvancia con el resto de los poderes con que se comparte esta responsabilidad a efecto de que el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida resulte de forma efectiva, equilibrado y justo para el total de sus gobernados y no sectario y clientelar.
Es el caso que en el estado de México en particular, esta apertura no se ejerce por parte del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, además de permanecer cerrado a este principio, también incumple con lo que mandata la propia Constitución del estado que gobierna, que en su artículo 77, en que se enuncian las facultades y obligaciones del Gobernador del estado, fracción XXVI.
Artículo 77 . Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:
I. al XXV. ...
XXVI. Prestar apoyo a los poderes Legislativo y Judicial y a los ayuntamientos, cuando le sea solicitado, para el ejercicio de sus funciones...
Lo anterior al prestar oídos sordos ante las reiteradas solicitudes de audiencia que con el propósito de establecer una comunicación directa y fluida con él como Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los representantes populares y los dirigentes estatales han suscrito
El motivo central de la búsqueda de esta interlocución, es plantearle los temas que a continuación se exponen:
1. La problemática de los Ayuntamientos postulados por el Partido de la Revolución Democrática, así como superar el trato desigual a los regidores y síndicos de representación proporcional del PRD.
2. Se establezcan compromisos en forma corresponsable para impulsar en la entidad soluciones de fondo que permitan superar los rezagos en materia de:
a) La violencia y la inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas en el territorio mexiquense.
b) Medidas a través de políticas públicas para reducir la desigualdad social, con metas en plazos verificables. Atención con acciones productivas a favor de los campesinos e indígenas.
c) Ataque frontal a la corrupción con mecanismos eficaces: Avanzar en la transparencia.
d) Acabar con la impunidad, respeto a los derechos humanos.
e) Cambios políticos institucionales, que permitan ajustar y actualizar la representación política, fortalecimiento de los Órganos Autónomos del Estado, Impulso de cambios democráticos institucionales, mediante una reforma política local (participación ciudadana, reforma electoral y municipal).
3. Solución a las demandas sociales presentadas al Gobierno del Estado.
Reiterando nuestro interés de buscar mediante el diálogo y en los canales institucionales, la solución a las dificultades económicas, sociales y políticas existentes en el territorio mexiquense, a lo cual no hemos obtenido respuesta alguna, encontrándonos con la omisión y desinterés de un gobierno que presenta rasgos de inflexibilidad, insensibilidad e inmadurez para el oficio político que las necesidades de la entidad requieren.
En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y preste disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2013.
Diputada Josefina Salinas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar por la Sener, la SHCP, la SE y la Sedesol tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para consumos doméstico, comercial y agrícola en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado por el estado de Tabasco, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, pone a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán se encuentran algunas de las más importantes presas hidroeléctricas que alimentan de energía eléctrica a un tercio de los habitantes de nuestro país, permitiéndole a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contar con enormes recursos provenientes del cobro por servicio eléctrico.
La enorme producción de electricidad generada desde esta región debería verse reflejada en beneficios considerables a la población de estos estados, sobre todo el poder contar con tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población. Siendo la realidad muy diferente ya que prevalecen los altos cobros en el consumo de energía, siendo esto un lastre que viene a sumarse a los grandes rezagos y carencias sociales que limitan las alternativas de desarrollo de la población en estas entidades.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario implementar mecanismos que sustituyan el rango actual tarifario de los diversos sectores porque sólo de esa manera se le puede hacer frente con equidad y justicia a las condiciones de rezago y marginación que prevalecen en muchos sectores de la población en esas entidades.
Es por ello, compañeros diputados y diputadas, que este punto de acuerdo solicita que a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán les sean otorgadas las mismas condiciones, mecanismos y compensaciones como con las que cuentan algunos de los estados del norte; lo cual contribuirá al fortalecimiento de las finanzas de la población, la generación de circulante y activación del mercado interno al apoyar con esta medida el bolsillo de los habitantes de los estados del sur del país.
Acción Nacional, le solicita al presidente Enrique Peña Nieto, que cumpla con este compromiso y no quede en una mera promesa de campaña.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal en el ámbito de sus atribuciones para que gire instrucciones a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Desarrollo Social, a fin de que sean autorizadas tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo domestico, comercial y agrícola, a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior a efecto de que sea turnado como de obvia y urgente resolución, la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.
Lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria azucarera en México ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a su gran fuerza económica y social en el sector agropecuario, constituyendo uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.
La producción de caña en el país, en los últimos años se ha incrementado en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.
El azúcar constituye un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.
La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce y la entrada en competencia con edulcorantes como el alta fructuosa.
Esta crisis provocada por la baja de los precios del dulce en todo el mundo, es debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avisorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.
A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que ello permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.
De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.
De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.
Por ello es necesario el fomento de esta empresa para el beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.
Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.
Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:
1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26, inciso A), dice:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
2. En el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su artículo 2, fracciones X y XVII, a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;
XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;
3. En el artículo 2 de su Reglamento Interior la Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo federal.
La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.
4. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su artículo 2, se señalan sus facultades para:
I. Ejecutar la política exterior de México;
II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;
III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e
IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.
5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria cañera y azucarera del país, por lo que se propone, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contemple los siguientes ejes:
1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.
2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (por ejemplo Brasil, que ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).
3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de Marzo de 2013.
Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Senasica a declarar de baja prevalencia la zona centro de Sinaloa, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Gerardo Peña Avilés en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo donde se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y al director en jefe del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a declarar la zona centro del estado de Sinaloa zona de baja prevalencia, al tenor de los siguientes
Considerandos
La zona centro de Sinaloa comprende los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán y Elota, está reconocida como área libre de moscas de la fruta (Acuerdo publicado en el DOF el 24 de agosto del 2005) por las autoridades mexicanas, durante los meses de enero y febrero del presente año se han presentado 36 brotes y 62 detecciones de esta plaga, tanto en áreas marginales y áreas comerciales. Se está haciendo una serie de actividades por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en forma coordinada con la Sagarpa y el gobierno del estado para eliminar estos problemas de la plaga.
El norte de Sinaloa que comprende los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa es una zona libre de moscas de la fruta, reconocimiento internacional de Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda, es decir exporta mango y cítricos a estos destinos sin tratamiento fitosanitario (hidrotérmico).
De acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV), artículo 5, la zona de baja prevalencia es aquella “área geográfica que presenta infestaciones de especies de plagas no detectables que, con base en el análisis de riesgo correspondiente, no causan impacto económico”
Los productores del norte de Sinaloa han solicitado a Sagarpa realizar las acciones necesarias para evitar que su zona pudiera infectarse por esta plaga, ellos tienen establecidas 4 mil 500 hectáreas de mango de las cuales se exportan a diferentes destinos sin tratamiento hidrotérmico 38 mil toneladas, con valor aproximado de 35 millones de dólares.
Se ha solicitado que toda la fruta que se moviliza del centro de Sinaloa con destino a las áreas libres (región norte del país) reciba fumigación, considerando que es una zona con problemas de esta plaga, para poder fumigar dicha fruta la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria debe degradar de categoría de zona libre a zona de baja prevalencia (zona con problemas de plaga).
El artículo 7, fracción XXII, de la LFSV confiere a la Sagarpa la atribución de declarar zonas de baja prevalencia. La LFSV, en su artículo 37, establece que con base en el resultado de los muestreos en áreas geográficas específicas y la certeza comprobada de la no presencia o baja prevalencia de una plaga, Sagarpa podrá declarar zonas libres o de baja prevalencia de plagas que afecten a los vegetales.
Se fundamenta la solicitud en lo Establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en las normas oficiales mexicanas NOM-023-FITO-1995 por la que se establece la campaña nacional contra moscas de la fruta y en la NOM-075-FITO-1997 por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta.
La importancia de la delimitación de zonas de acuerdo a los riesgos sanitarios, influye en la movilización, importación y exportación de mercancías. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995 las especies de moscas de la fruta del género Anastrepha es la principal plaga de frutales en México, la cual restringe su producción y comercialización.
La tendencia de producir frutos de alta calidad y ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales, hace imperativo medidas fitosanitarios que deriven en el reconocimiento de zonas libres de la plaga y zonas de baja prevalencia.
El sector frutícola del norte de Sinaloa (productores de mango, naranja y toronja) están ampliando actualmente la superficie de estos cultivos, de no degradarse la categoría fitosanitaria la zona centro a la brevedad y llevarse a cabo la erradicación de los brotes y detecciones que están activos actualmente ven seriamente amenazadas sus inversiones, debido a que la cosecha de mango inicia en el mes de junio, no les daría tiempo de construir en sus empaques equipos para el tratamiento hidrotermico, aparte el valor de su producción de estos frutos seria mucho menor.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; al director en jefe del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a declarar la zona centro del estado de Sinaloa zona de baja prevalencia.
Palacio legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Gerardo Peña Avilés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a reinstalar a todos los empleados de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Javier Orihuela García, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, por lo que la autoridad, no puede ni debe cuestionar el derecho básico en cualquier Estado democrático de derecho, reconocido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos Fundamentales en el trabajo y su seguimiento, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y las diversas jurisprudencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que el respeto de la libertad sindical y el reconocimiento de los mismos es una exigencia primordial ineludible para la Organización Internacional de Trabajo de la que forma Parte México y cuyos convenios tienen, a partir de la reforma del Artículo Primero Constitucional de junio de 2011, igualdad jurídica con la Carta Magna.
En ejercicio de esas prerrogativas, diversos trabajadores técnicos y profesionistas, denominados de confianza, dentro de Petróleos Mexicanos decidieron conjuntar esfuerzos y agruparse formalmente para hacer valer sus derechos e intereses comunes, incluyendo la protección de abusos patronales que ponen en riesgo sus vidas, mediante la creación de un sindicato denominado Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que tiene una materia de trabajo diferente a la del Sindicato de trabajadores manuales (STPRM).
En esa virtud, el 21 de diciembre de 2009 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social notificó de manera formal el registro número 5878 al sindicato de la UNTyPP y, como consecuencia, quedaron reconocidos los derechos y obligaciones de los miembros de la Unión ante las autoridades laborales de nuestra Nación.
Sin embargo, a pesar de que el sindicato adquirió de manera formal personalidad y vida jurídica, las autoridades y dirigentes de la empresa nacional Petróleos Mexicanos han llevado a cabo distintos actos que limitan de manera grave la libertad sindical y por lo tanto violan el artículo 1o. constitucional.
Según lo manifiestan los propios trabajadores del sindicato, las autoridades de Pemex han incurrido en actos de presión que van desde el no reconocimiento de sus derechos sindicales hasta las amenazas, el chantaje, la expulsión de manera violenta de sus centros de trabajo para evitar su afiliación e incluso el intento de disolver la agrupación que legítima y legalmente se ha constituido.
Si a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se les niega de facto su representatividad, si no se le respetan las garantías necesarios para el fomento y defensa de los derechos de sus afiliados, la promoción del bienestar común, entonces el registro y la toma de nota otorgados legalmente quedan desvirtuados ante la voluntad impositiva de la autoridad administrativa, quebrantando los principios sociales fundamentales de autonomía sindical y libre asociación para defensa laboral por lo tanto el estado de derecho nacional e internacional.
Ante esos hechos, el 25 de febrero de 2010 se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al director general de Petróleos Mexicanos a cesar todo hostigamiento en contra de los integrantes de la UNTyPP y proceder a la reinstalación inmediata de todos aquellos que fueron despedidos, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación Política, la que resolvió emitir la comunicación el 1 de marzo de 2010, misma que se hizo del conocimiento del doctor Juan José Suárez Coppel, en ese tiempo director general de Pemex, el siguiente 9 de marzo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reiteró sobre el asunto el 22 de junio de 2011 también mediante punto de acuerdo.
Las deplorables acciones de las autoridades de la paraestatal petrolera ya han trascendido al ámbito internacional. En marzo de 2011 se presentó ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo el informe 359 del Comité de Libertad Sindical, en el que se detalla con precisión el trato arbitrario e injusto dado por Pemex a los integrantes de la UNTyPP, evidenciando que el despido de los técnicos y profesionistas realizado por Petróleos Mexicanos es un acto de represión por haber constituido su sindicato. En dicho documento, el Comité de Libertad Sindical emitió una recomendación al gobierno mexicano para la solución al conflicto Pemex-UNTyPP. Dicho comité reiteró la recomendación en junio de 2012.
Al citado punto de acuerdo emitido por la legislatura anterior sobre este tema, la administración de Pemex contestó dolosamente, al decir que los empleados fueron separados por recortes en función de compromisos de austeridad presupuestal, negando que fue un acto represión, desconociendo el resultado de la investigación que sobre el caso hizo propia OIT y pretendiendo engañar al honorable Congreso de la Unión, señala la UNTyPP.
Dice la empresa atender el mandato de las autoridades jurisdiccionales y laborales de reconocer a la UNTyPP como representante de los trabajadores que han decidido afiliarse al misma. Sin embargo, informa la UNTyPP, no es así, la empresa niega toda operatividad a la UNTyPP, lo cual es evidente en las secciones sindicales registradas ante la STPS, además que ha contestado con negativas todas las gestiones de carácter laboral de la Unión, como se puede documentar. El entorpecimiento deliberado al funcionamiento de un sindicato es una violación al principio de Libertad Sindical.
Asimismo, asevera la empresa que ha ofrecido reinstalar a los trabajadores en medida de las posibilidades y conforme a sus necesidades, lo cual no es verdad, manifiesta la UNTyPP, pues a pesar de las gestiones que el secretario del Trabajo de la STPS llevó a cabo, debido a la recomendación realizada por la OIT al gobierno mexicano, con la participación de la UNTyPP y Pemex, entre otros actores, Pemex no cumplió con los compromisos adquiridos ante la STPS de reinstalar a los 25 despedidos, dedicándose a administrar el conflicto mediante reuniones sin resultados.
Igualmente, a las afirmaciones de la empresa respecto a que dan facilidades a los representantes sindicales para atender actividades derivadas de su representación, es simplemente una falta a la verdad, como se puede demostrar con la ausencia de respuesta o negativa franca, a solicitudes escritas de comisiones administrativas para diversos funcionarios del interior de la República con el fin único de acudir a reuniones convocadas con la empresa.
Toda vez que la anterior administración de Petróleos Mexicanos no respondió favorablemente al punto de acuerdo de la LXI Legislatura, ni al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ni a la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y dado que ha sido designado el maestro Emilio Lozoya Austin como director de Petróleos Mexicanos, confiamos en que esta nueva administración si respete el derecho a la libertad sindical, a los convenios internacionales y a la Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al ciudadano Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, a llevar a cabo la reinstalación inmediata de todos aquellos trabajadores que en violación de sus derechos humanos laborales fueron despedidos o jubilados por haber formado su organización sindical.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al ciudadano Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, a establecer un proceso de negociación, garantizando el carácter resolutivo de todas las reuniones, que permita a las partes acordar los términos de relaciones laborales entre la administración de Petróleos Mexicanos y el Comité Ejecutivo Nacional de la UNTyPP.
Tercero. Considerando el carácter especializado de los técnicos y profesionistas y las características de su materia de trabajo, absolutamente distinta a la del STPRM, el otro sindicato de la empresa, que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al ciudadano Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, al establecimiento negociaciones para la revisión de un contrato colectivo de trabajo, el cual permita establecer las condiciones de un trato justo e igualitario a los técnicos y profesionistas de la UNTyPP.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de marzo de 2013.
Diputados: Javier Orihuela García (rúbrica), Mario Cuevas Mena, Verónica Sada Pérez, Aleida Alavés Ruíz, Verónica Juárez Piña, Fernando Belaunzarán Méndez, Guadalupe Flores Salazar, Víctor R. Nájera Medina, Uriel Flores Aguayo, Julisa Mejía Guardado, Alejandro Carbajal González, Gloria Bautista Cuevas, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lorenia Iveth Valles San Pedro, María del Socorro Ceseñas Chapa, Ricardo Mejía Berdeja, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Pedro Porras Pérez, José Valentín Maldonado Salgado, Fernando Cuéllar Reyes, Roberto López González, Rodrigo González Barrios, Rosendo Serrano Toledo, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Edilberto Algredo Jaramillo, Agustín Barrios Gómez, Hugo Jarquín, Héctor Hugo Robles Gordillo, Antonio Sansores Sastre, Antonio Sagun, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Roberto López Rosado, Guillermo Sánchez Torres, Andrés Eloy Martínez Rojas, Gerardo Villanueva Albarrán, José Francisco Coronato Rodríguez, Gisela Raquel Mota Ocampo, Carlos Reyes Gamiz, Marcos Rosendo Medina Filigrana.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII, relativo al campo, del TLCAN, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María del Socorro Ceseñas Chapa, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La agricultura mexicana ha sido devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto principalmente debido a que entre los años de 1994 y el 2008, los gobiernos de este país, no le dieron la importancia al campo mexicano para prepararlo a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En un estudio presentado en 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a un año de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinaba que sólo seis de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos –que podrían hacer frente– a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender de las importaciones estadounidenses.
2. Pareciera que el exterminio del campo mexicano ha sido planeado por administraciones insensibles convencidas de que es mejor comprar los productos del campo a otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos las y los agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.
3. Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el artículo 27 de la Constitución.
4. El Tratado de Libre Comercio, en su capítulo agrícola, se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a diferentes ciudades del territorio mexicano o a los Estados Unidos en busca de trabajo. Debido a que no todas y todos los campesinos que abandonaron el campo pudieron ser absorbidos como trabajadores en las ciudades de nuestro país, el ir a Estados Unidos se convirtió –y sigue siendo– una válvula de escape para las presiones sociales que el Tratado de Libre Comercio produjo; esto sin contar, los innumerables municipios, en los cuales la única alternativa ante al abandono del campo es unirse a alguno de los grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.
5. De acuerdo a datos presentados por esta Cámara de diputados, la caída del financiamiento del gobierno a la agricultura ha sido aproximadamente del 90 por ciento, que aunado a una sistemática cancelación de los programas de educación y asistencia técnica para las y los agricultores, ha dejado a nuestro campo en una situación de abandono. La reducción agresiva de los presupuestos dirigidos al campo continúa, y un claro ejemplo es el Programa Especial Concurrente (PEC) reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
6. El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos para proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente (PEC) 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
7. Por lo antes expresado, exhorto de manera urgente a una extensa revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agrícola, ya que en éste, se basa la crisis rural actual; es decir, lo que puede ser llamado la liquidación de una clase campesina que una vez formó la mayoría de la población en México.
Punto de Acuerdo
Único. Se somete al pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas, y a favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Por cientos de años, las represas han sido aliadas del hombre cumpliendo con funciones especificas como el control de inundaciones, el suministro de agua tanto de consumo como para riego, habilitando espacios para navegación, e incluso para la generación de energía hidroeléctrica. No obstante en los últimos años, hemos descubierto los efectos dañinos que producen al ambiente, a las comunidades aledañas e incluso a la salud.
Hoy, la tecnología nos permite buscar nuevos mecanismos que nos acerquen a remplazar estas macro obras, dando así solución al problema que tenemos para el uso y la administración de recursos hidráulicos.
Según la Conagua, en México existen más de 4 mil 462 presas y bordos, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas.
La construcción de una presa normalmente le brinda a la población de las ciudades, algún beneficio inmediato, por ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica o el suministro de agua potable, pero ocasiona un daño terrible a la gente que vive en la zona en donde se construye.
La doctora Mónica Olvera Molina, investigadora de la UNAM, expuso que hasta 2012 durante los cuarenta años anteriores, aproximadamente ciento ochenta y cinco mil personas fueron desplazadas forzosamente debido a la construcción de represas en México, lo que separa comunidades, quita empleos y vulnera la identidad que tiene la gente con su tierra. También llegan a ocasionar alteraciones al turismo debido a que las presas hidroeléctricas son inseguras para el uso recreativo.
Además, los daños ambientales que ocasiona una mega construcción como ésta son muy graves. Las propiedades del agua retenida por la represa cambian, la materia orgánica comienza a descomponerse y consume todo el oxigeno existente en el agua, el cual necesitan los peces para vivir, creando un ambiente optimo para la proliferación de algas convirtiéndose el cuerpo de agua incluso toxico para algunas especies.
Las represas hidroeléctricas manipulan el flujo del río y las cantidades que atraviesan la cortina en función de la cantidad de energía que se necesita, por lo que puede llegar a pasar una cantidad de tiempo considerable sin que haya un flujo suficiente como para mantener el río corriendo, provocando esto el desecamiento de diferentes tramos.
Estas estructuras, las cuales significan una gran inversión, en ocasiones tienen una corta vida útil, ya que si se trata de un río arenoso, los sedimentos se acumulan en la presa y la hacen perder su función.
En virtud de lo antes expuesto invitamos a los funcionarios públicos encargados de la planeación, licitación y administración de presas y bordas, a que revisen y hagan cumplir cabalmente los programas existentes para hacer el desplazamiento forzoso de las personas, lo menos complicado posible, así como para que se les brinden mejores oportunidades de vida en el lugar en donde son reubicados.
En el Partido Verde, trabajaremos para implementar métodos sustentables de vida, y para ello queremos que exista una planeación integral nacional a fin de conseguir la viabilidad de la explotación del vital líquido para la generación de energía, así como, una evaluación y un giro para transitar a otro tipo de fuentes de energía renovables; de igual manera creemos firmemente que debemos buscar otros métodos para la obtención de agua, implementar sistemas de captaciones de aguas pluviales efectivos, ubicándolos a lo largo y ancho de las ciudades.
A pesar de que México destaca por su gran biodiversidad, la construcción de presas reduce esta riqueza irrecuperable, no a la construcción de más represas, si al libre tránsito de ríos y agua, si a la vida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)