Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba y Salvador Barajas del Toro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Víctor Serralde Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que lo requiere. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.

Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.

Con una cosecha estimada en 23 millones de toneladas durante 2012 y una superficie de siembra anual promedio de 7.2 millones de hectáreas, México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil.

No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año que concluyó fue de 9.5 millones de toneladas.

Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.

Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del TLC, México acordó con los Estados Unidos y Canadá, el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.

Estos acuerdos precisaron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y, por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual, empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.

Contrario a lo establecido, y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyectó en 9.5 millones, que equivale a 380 por ciento más de lo previsto.

Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.

Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, que finalizó en junio anterior, donde al primer semestre del año pasado se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.

Sucede entonces que existe sobre oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.

Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.

Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad, sin dejar de mencionar las afectaciones, que en el caso de Sinaloa y Sonora, han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado.

Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en 2012 sumó 163 millones de pesos.

Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.

En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.

Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.

Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que sea esta dependencia quien determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que esta dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.

Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. El próximo 7 de Julio se celebrarán comicios electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, sólo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

2. Estamos convencidos que se deben ejercer comicios transparentes, bajo un ambiente de cordialidad y total claridad; ya que con anterioridad, se han dado sucesos en los que las elecciones se han contaminado con la sospecha de la utilización de recursos públicos, con fines proselitistas.

3. Según algunos medios de comunicación, se acusa la posibilidad en la manipulación de ciertos programas, que deberían estar encaminados a beneficiar a la sociedad mexicana, sin embargo el criterio utilizado por el diario Reforma, en su edición del 10 de Febrero del 2012, radica en que se puede entender como sacar provecho de éstos programas en las próximas elecciones; todo ello, en el caso especifico del programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; dónde a su vez, se argumenta que no se están considerando a los municipios que en realidad tienen extrema pobreza; si no que por el contrario, se están contemplando municipios o ciudades que son las más buscadas por su número de habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo, con la finalidad de verse beneficiados algunos partidos políticos con votos en esta próxima contienda.

4. Cabe señalar, que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas, aplaudimos que se destinen recursos a las ciudades y principalmente a Baja California, sin embargo, se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el Gobierno Federal ha contemplado para la implementación de los mismos.

Sólo por enunciar las ciudades o municipios que habrán de beneficiarse, son Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos, dentro del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, siendo que algunas de estas no tienen un índice alto de pobreza, tal como lo establecen propias dependencias del gobierno federal y estudios que instituciones especializadas han arrojado, sobre el mismo tema.

5. Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta coalición, y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza. Baja California por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de gobernador, además de diputados locales y alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población, y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema; así lo destaca la nota del periódico Reforma.

6. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tijuana cuenta con 3.5 por ciento de población que vive en pobreza extrema; Cancún 3.2 por ciento; Torreón 2.9 por ciento; Puebla 6.0 por ciento; Aguascalientes, sólo cuenta con el 2.3. En tanto, en que existen municipios con un alto índice de marginación como lo es, San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 57.4 por ciento; Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento; Chichiquila, Batopilas, Chihuahua. 55.4 por ciento; Santa María Peñoles, Oaxaca; 47.4 por ciento de población en pobreza extrema, los cuales hasta el momento no están contemplados dentro del programa Cruzada Nacional contra el hambre.

7. Existe la preocupación, que se sigan ejerciendo estas prácticas en la aplicación o uso indebido de recursos públicos, en estas próximas elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos. Es por ello, que hacemos un llamado al gobierno federal, a que se abstenga de intervenir en las próximas elecciones y que los recursos financieros se utilicen adecuadamente y no se desvíen como se ha apreciado en ocasiones anteriores.

Esto nos puede dar un claro ejemplo, que el programa no está tomando en consideración a localidades entre los 400 municipios con alto nivel de pobreza y que en verdad carecen de recursos para sufragar sus necesidades primordiales como son la alimentación, mas sin embargo, se tiene la sospecha que este programa esta incluyendo a municipios en los cuales se llevaran a cabo este próximo mes de julio elecciones para diputados locales y alcaldes; tal es el caso de Baja California dónde se elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es menester de esta representación nacional, evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población para quienes fueron creados y encaminando estos esfuerzos hacia una elección en dónde se trata de beneficiar a algún o algunos partidos políticos y sus candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 26 del mes de febrero de 2013.

Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y al SAT a transparentar las investigaciones por realizar sobre las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex gobernador Andrés Granier Melo, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción que devasta a México, no se debe a situaciones aisladas, circunstanciales o al azar, sino que responden principalmente, a una corrupción institucionalizada que ha permeado al interior de nuestro país por parte de la élites que se mueven con base a intereses específicos particulares.

La imperante corrupción que ha desarrollado la arraigada oligarquía, es el cáncer más severo que consecuentemente, solo reflejan las vergonzosas condiciones con las cuales se somete a la población y se gobierna a este desafortunado país.

El caso del grave endeudamiento de los estados y municipios, es un tema que sigue sonando en los tabloides al grito de auxilio por el cínico saqueo que han sufrido las entidades en las recientes administraciones a causas de las moralidades decadentes y ambiciones distraídas. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Dónde están estos responsables, traidores del pueblo mexicano?

Ciertamente no se ha hecho lo suficiente, ni lo eficiente. Ya que unos andan estudiando becados en el extranjero y otros disfrutando de sus propiedades en Miami, propiedades que surgieron a costa del erario público.

A estas alturas, nuevamente nos encontramos con el caso específico del estado de Tabasco. Donde la administración del ex gobernador Granier, dejó una heredada crisis financiera y una sequía de recursos sin precedentes.

Es indignante como con el pasar del tiempo se destapan más y más escándalos con respecto a la gran fortuna del ex gobernador Andrés Granier Melo, sus familiares y allegados. Es totalmente reprobable que estas situaciones y circunstancias sigan impunes tras el obvio mal manejo de las arcas del estado. Es lamentable que no exista una reacción de justicia y es triste ver que en este país, se puedan salir con la suya acciones guiadas por la avaricia de personas indeseables.

En días recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha congelado las cuentas de Mariana Granier Calles, hija del ex mandatario tabasqueño, se habla de un aproximado de 3 mil millones de pesos. Es obvio que se trata de cuentas del ex gobernador quien se aseguró de proteger económicamente a sus familiares con abultadas cuentas bancarias las cuales están siendo difíciles de disimular.

El pasado sexenio fue de estancamiento, el progreso y desarrollo no se reflejaron por ningún lado más que en la fama del derroche irresponsable implementado para intereses personales. Medio millón de tabasqueños, aún se encuentran en pobreza alimentaria, sin mencionar el rezago en materia de educación.

Antes de la llegada de Granier al gobierno, Tabasco era de las entidades federales con menos deuda pública contraída según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que fue agravándose conforme avanzó el sexenio.

Es injustificable e irresponsable la deuda pública acumulada a lo largo del sexenio pasado que actualmente, se encuentra alrededor de unos 10 mil millones de pesos.

Sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Servicio de Administración Tributaria tienen la información detallada de las cuentas que podrían abanderar el proceso para que el responsable, pague por traicionar la confianza de los más de 2 millones de tabasqueños.

El actual gobierno de Arturo Núñez Jiménez, se ha comprometido a que él, o los responsables del inconsciente endeudamiento, rindan las cuentas correspondientes sometidos ante las estipulaciones de la ley, y ha tomado medidas para racionalizar los gastos ante la actual crisis que ha heredado su administración.

México está despertando ante las burlas y abusos de estas desafortunadas acciones de corrupción, tráfico de influencias y avaricias desmedidas con fines personales. En Movimiento Ciudadano, estamos casados de ver como el país se esta cayendo a pedazos y de ver como se legisla a favor de modelos permisibles y flexibles para que los de siempre sigan haciendo lo que se les plazca.

Con base en lo expuesto proponemos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria, y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria para que transparenten las investigaciones que se realicen en torno a las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Nelly del Carmen Vargas Pérez. (Rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF, a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y a la PGJDF que lleven a cabo las acciones conducentes a transparentar el uso de los recursos públicos en el proceso de terminación laboral en el IEDF, a cargo de la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada al honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 6, fracciones I, IV, VIII, X; 62, numeral 3; 76, fracción IV; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de este órgano colegiado, para su análisis, discusión y aprobación la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que lleven a cabo las acciones pertinentes conforme a sus respectivas competencias, a efecto de transparentar el uso de los recursos públicos en el proceso de terminación laboral por: retiro forzoso por conclusión del cargo, retiro voluntario de los mandos superiores con nivel jerárquico del 001 al 003; retiro voluntario de plaza de libre designación con antigüedad menor a los dos años, y fallecimiento del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), con cargo al denominado Patrimonio del Fideicomiso Público no Paraestatal, irrevocable e irreversible número 2188-7 conforme a los siguientes

Antecedentes

• Que el cinco de diciembre de dos mil siete, el Consejo General del IEDF, mediante Acuerdo identificado con la clave: ACU-034-07, aprobó la constitución de un fideicomiso, cuyo objeto es la adquisición de bienes muebles e inmuebles para incrementar el patrimonio institucional, al cual se aportarían los recursos que por ahorros se originen en el ejercicio de cada una de las partidas presupuestales o que por cualquier otro motivo se generaran y concentraran trimestralmente por la entonces Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, así como los productos financieros y otros ingresos no devengados antes del cierre del ejercicio presupuestal que corresponda, previa autorización del Consejo General del IEDF conforme a los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF Y 383 del Código Financiero del Distrito Federal, entonces vigente.

• Que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, el IEDF Y el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Institución Bancaria), celebraron el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, el cual quedó identificado con el número 2188-7 (Contrato).

• Que el veintidós de abril de dos mil ocho, el IEDF Y la Institución Bancaria celebraron el Primer Convenio Modificatorio al mencionado Contrato, mismo que tuvo por objeto reformar el inciso 2 de la Cláusula Segundo denominada “PATRIMONIO”, así como el inciso 3 de la Cláusula Quinta tocante a “FINES DEL FIDEICOMISO”.

• Que con fecha diez de noviembre de dos mil nueve, el IEDF Y la Institución Bancaria celebraron un Segundo Convenio Modificatorio al citado Contrato, con el propósito de renovar la totalidad de las cláusulas del mismo, para constituirse en un Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible.

• Que dentro del Segundo Convenio Modificatorio arriba citado y en específico la Cláusula Sexta denominada: “De los Órganos del Fideicomiso”, se establece que para el cumplimiento de sus fines, el fideicomiso contará con un comité técnico y con un enlace operativo.

• Que en términos de lo señalado en la Cláusula Séptima modificada por virtud del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato, en sesión de fecha nueve de febrero de dos mil diez se instaló el Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Comité Técnico), quedando integrado como sigue:

– Presidente: La persona que ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo del IEDF.

– Secretario: La persona que ocupe el cargo de Secretario Administrativo del IEDF.

– Vocales: Quien ocupe el cargo de Director de Materiales y Servicios Generales del IEDF; Quien ocupe el cargo de Director de Personal del IEDF, Y Quien ocupe el cargo de Director de Finanzas y Contabilidad del IEDF.

– Invitados Permanentes: Quien ocupe el cargo de Contralor General del IEDF; Quien ocupe el cargo de Titular de la Unidad Técnica de Asuntos jurídicos del IEDF; Un representante de la Oficina de la Presidencia del Consejo General del IEDF, Y Un representante de la Fiduciaria.

Normatividad vigente con base en el Acuerdo identificado con la clave ACU-0l-11, emitido por el Consejo General del IEDF en sesión pública extraordinaria celebrada el día catorce de enero de dos mil once.

• Que con fecha cuatro de marzo de dos mil diez, el IEDF Y la Institución Bancaria celebraron un Tercer Convenio Modificatorio al citado Contrato, cuyo objeto entre otros, fue reformar la Cláusula Quinta. “FINES DEL FIDEICOMISO”, para señalar en el primer párrafo de su numeral “1.1. Efectuar el pago de la contraprestación que pacte ‘EL IEDF’ por la adquisición de bienes inmuebles muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y arrendamientos, así como los relativos; a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimiento y adecuaciones necesarias. Dichos pagos se realizarán con cargo a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles... “. Asimismo, fue modificado el numeral 1.2., para quedar como sigue: “1.2. Efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales de ‘el IEDF’ previstos en el plan actuarial que en su oportunidad se formule, o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer frente ‘el IEDF’, con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral, en el entendido de que ‘la fiduciaria’ al respecto sólo emitirá los cheques nominativos que serán entregados en términos del numeral 1.6., sin que la misma se obligue a efectuar ningún tipo de retención, cálculo o entero de los impuestos que llegaran a causarse, lo anterior sin asumir responsabilidades de carácter patronal en términos de la legislación laboral aplicable”.

• El veintidós de marzo de dos mil once en el acuerdo JA022-2011 la Secretaría Administrativa emitió el Catálogo General de Cargos y Puestos del IEDF.

• El pasado seis de diciembre de dos mil doce en el acuerdo JA147-2012, las Secretarías Ejecutiva y Administrativa del IEDF remitieron a la Secretaría de la Junta Administrativa, el proyecto de Lineamientos para la terminación de la Relación Laboral por: retiro forzoso por conclusión del cargo, retiro voluntario de los mandos superiores con nivel jerárquico del 001 al 003; retiro voluntario de plaza de libre designación con antigüedad menor a los dos años, y fallecimiento, a fin de que fuera presentado para su análisis, y en su caso, aprobación del órgano colegiado.

En consecuencia, los cargos a que hacen referencia los Lineamientos según el Catálogo General de Cargos y Puestos del IEDF son:

• Los mismos Lineamientos en su numeral cuatro señala: “4. El Instituto mediante dictamen elaborado y suscrito por las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, establecerán los términos, condiciones y montos por medio de los cuales se dará cumplimiento a lo establecido en los supuestos a que se refieren las fracciones VI y VII del numeral 2 que antecede, cuyos conceptos serán los mismos a los establecidos en el procedimiento para la tramitación de la terminación de la relación laboral por convenio, existente.

• En el dictamen se cuantificará adicionalmente para los servidores públicos referidos en el último párrafo del artículo 29 del Código, una compensación única, equivalente a cuatro meses de salario bruto por cada año mencionado, de acuerdo a la suficiencia presupuestal correspondiente.

• Las cuantificaciones de las cantidades respectivas las realizará la Secretaría Administrativa por conducto de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, y se cubrirán, preferentemente, con cargo al patrimonio del fideicomiso institucional en su subcuenta para pasivos laborales.”

• De acuerdo con lo anterior, el IEDF cuenta entre su normativa interna con el “Procedimiento de Terminación Laboral por Convenio”(Procedimiento), así como con los “Lineamientos para la terminación de la relación laboral por: Retiro forzoso por conclusión del cargo; Retiro voluntario de los mandos superiores con nivel jerárquico del 001 al 003; Retiro voluntario de plaza de libre designación con antigüedad menor a los dos años; y Fallecimiento”(Lineamientos), normativa interna del IEDF de observancia general y obligatoria para los servidores públicos de estructura del mismo.

• Que el dictamen al que refiere el acuerdo CTF-2188-7/018/2012 del Comité Técnico del Fideicomiso, señala en su punto PRIMERO “los salientes Consejeros Electorales Gustavo Anzaldo Hernández, Fernando José Díaz Naranjo, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Carla Astrid Humphrey Jordán, Yolanda Columba León Manríquez, Néstor Vargas Solano y Beatriz Claudia Zavala Pérez, tienen derecho al pago de las prestaciones de: Finiquito, Prima de Antigüedad, Gratificación y Compensación única en razón de la conclusión forzosa de sus cargos”.

• El mismo dictamen señala en su considerando X(diez romano) “la secretaría Administrativa, por conducto de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, realizó un cálculo preliminar sobre las prestaciones a que tienen derecho los salientes Consejeros Electorales del IEDF, a efecto de verificar la suficiencia económica para que fueran cubiertas éstas, dependiendo del origen de los recursos que serían erogados para ello; en el que determinó que las prestaciones relativas al Finiquito serían cubiertas con cargo al Capítulo 1000 del Gasto Corriente del IEDF, mientras que las prestaciones relacionadas con los conceptos establecidos en el Procedimiento y en los Lineamientos se cubrirían con cargo al patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, particularmente de su Subcuenta de Reserva Laboral”.

• Las prestaciones arriba mencionadas son:

– Finiquito: Los sueldos, salarios, vacaciones no disfrutadas y demás prestaciones parciales devengadas por el trabajador hasta el momento de la separación.

– Prima de Antigüedad: Doce días de salario por cada año de servicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

– Gratificación. Tres meses de salario bruto y veinte días de salario bruto por año laborado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Código y,

– Compensación única. La que corresponde a cuatro meses de salario bruto por cada uno de los años previstos en el artículo 29, último párrafo, del Código, que refiere específicamente que durante los tres años posteriores a la conclusión del cargo de Consejero Electoral, quien lo haya ocupado no podrá ocupar cargos en los órganos de gobierno, en cuya elección hayan participado, ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular Federal o Local.

• Por estos últimos tres conceptos, los montos entregados por consejero son los siguientes:

• Es claro que el argumento que se utilizó para justificar estos fondos, es decir, la imposibilidad de obtener durante los tres años posteriores a la conclusión del cargo de consejero, cargos en los órganos de gobierno en cuya elección hayan participado, ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular Federal o Local es incorrecto, ya que los señalado por el mismo artículo 29 del Código no impide la participación de los consejeros salientes en algún cargo del Poder Judicial o en otros organismos autónomos. Muestra de ello es el caso de algunos consejeros salientes, que aspiraban a ocupar un cargo de Magistrados en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Considerandos

Primero. Que el marco normativo que regula la actividad de los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión establece la obligación de los representantes populares de representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

Segundo. Que los hechos descritos en la proposición que han conocido, no pueden quedar impunes, pues una de las principales deudas que como órganos públicos tenemos ante la ciudadanía es la de garantizarles sus condiciones de vida y que en caso de que alguien atente en contra de su persona, familia, bienes o de las instituciones que nos hemos dado, esta persona o personas serán castigadas sin importar su condición económica, clase social o preferencia política.

Tercero. Que dada la carencia de información acerca del avance de las investigaciones y el desarrollo de las mismas se hace necesaria la intervención de distintas autoridades para esclarecer el uso de los recursos públicos del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, su Subcuenta de Reserva Laboral y sobretodo la actuación del Comité Técnico del Fideicomiso y los Consejeros Electorales salientes a afecto de que se dote a esta representación popular de la información y elementos que la ciudadanía demanda conocer y en su caso se lleven a cabo las acciones jurídicas de carácter civil, administrativo y penal a que hubiere lugar con la finalidad de castigar el probable uso indebido de recursos públicos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, las acciones necesarias que permitan conocer al congreso de la unión, del manejo de los recursos públicos del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, en especial la subcuenta de reserva laboral y que en su caso presente las acciones legales que correspondan ante la confirmación del probable mal manejo de dichos recursos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias para esclarecer el manejo de los recursos del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, especialmente la subcuenta de reserva laboral.

Tercero. En caso de que se compruebe el mal uso de los recursos públicos se solicita a las procuraduría general de de justicia del distrito federal, inicie la averiguación previa correspondiente que permita iniciar el proceso penal que castigue el mal uso de dinero público y se sancione a los servidores públicos responsables.

Diputada Norma Ponce Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a la SCT, a la PGJDF y a las autoridades aeroportuarias a fortalecer en las aerolíneas las medidas de seguridad sobre el equipaje de los pasajeros en el AICM, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción i del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es la puerta de entrada comercial y turística a nuestro país, sin lugar a duda con un papel muy importante en el desarrollo de la economía en México y definitivamente una ventana hacia el mundo.

Con un movimiento operacional de 1’500,000 pasajeros nacionales y 800,000 pasajeros internacionales, así como un movimiento de 25,000 operaciones nacionales y 8,000 operaciones internacionales, cifras que corresponden tan solo a éste año 2012, se encuentra entre los más concurridos de Latinoamérica y es uno de los 30 aeropuertos con más actividad en el mundo con lo que respecta a pasajeros, operaciones y cargamento.

El aeropuerto internacional Benito Juárez, es el principal centro de conexión nacional e internacional de México, con vuelos diarios directos a más de 300 destinos en todo el mundo.

Es por eso que es de suma importancia cuidar y vigilar todas las normas, formas, procedimientos y medidas de seguridad que dentro de él se llevan a cabo.

El robo de artículos de equipaje que documentan los usuarios del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una lamentable constante.

Personal que se encarga de trasladar las maletas documentadas a la bodega del avión sustraen cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, joyas, artesanías, laptops, Xbox, lociones y hasta licores, entre otros muchos objetos personales.

Cuando una maleta es documentada, pasa por un proceso automatizado de revisión que incluye rayos X y detección de explosivos, lo cual es supervisado por cámaras de seguridad monitoreadas por personal de una empresa privada, contratada por el aeropuerto.

Sin embargo, los robos se cometen en cuestión de segundos y presumiblemente ocurren en el momento en que las maletas son bajadas de las bandas para subirlas a los vehículos que las trasladan al avión.

Según lo que establece la Ley de Aviación Civil en su Capitulo XII De la Responsabilidad por Daños, particularmente en su Sección Primera, de los Daños a Pasajeros, Equipaje y Carga, en sus artículos 61, 62, 64, 66, 67 y 69, los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte, será responsables del equipaje facturado desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino.

Esto nos habla que está perfectamente regulada la responsabilidad del aeropuerto por medio de los permisionarios y concesionarios con los pasajeros y su equipaje, lamentablemente en esta vía de transportación los pasajeros están solo de paso y no tienen tiempo de presentar las denuncias y los que lo hacen, que es un porcentaje mínimo, no le dan el seguimiento debido por la complejidad y costo que implica la jurisdicción respecto al lugar donde se comete el acto punible, aunado a ello, es prácticamente imposible presentar las facturas de los objetos sustraídos, ya que obviamente nadie trae consigo cuando sale de viaje, es por ello que el robo es descarado y se da con una frecuencia desmedida.

Lo único real es que los turistas extranjeros y los propios connacionales se llevan la peor impresión no solo del aeropuerto, sino de los que en él trabajan, de las autoridades del mismo que permiten los hechos narrados, del gobierno de la ciudad y sin lugar a dudas, de nuestro país.

La impunidad de estos actos contraviene y echa por tierra la misión que es la de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios del aeropuerto, la visión que garantiza la seguridad y calidad en sus servicios, pero principalmente los valores del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que resaltan la honestidad actuando con integridad y transparencia.

Como representante de la sociedad, como civil, como pasajero y también como víctima de este delito, es mi deber exigir se ponga fin a estas prácticas tan vergonzosas para nuestro país, a estos actos delictivos, mediante el fortalecimiento de las medidas de seguridad necesarias por parte de las autoridades competentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a las Autoridades Aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para transparentar e investigar los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco de 2010 a la fecha, así como el taponamiento del río Chapingo, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Claudia Elena Águila Torres y Jorge de la Vega Membrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En septiembre de 2010, camiones de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados incrementaron sus actividades en Texcoco, pero no para transportar arena, grava o tepetate sino residuos de la construcción y posteriormente lodos con alto grado de contaminantes, así como materia fecal, los cuales escurrían durante su tránsito por las calles del municipio.

Con estos materiales y los lodos se iniciaba el relleno de los socavones de las minas situadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan, afectando a estas comunidades, así como a las colonias Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE con el tránsito constante (las 24 horas) de los camiones por sus vialidades y los desastres que ocasionan a la carpeta asfáltica, además del olor desagradable que dejan a su paso.

Las minas se encuentran en la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la Sierra Nevada, área de recarga del acuífero de la región del valle de México. Y los socavones de las minas son importantes debido a que de manera natural tienen la función de ser pozos de absorción.

Sin embargo, se otorgaron permisos para el llenado de los socavones de las minas con materiales de construcción, pero esto no se cumplió, se llenaron con lodos residuales, presuntamente del canal de la Compañía sin tomar la precaución de poner una capa de impermeabilizante para proteger el suelo y evitar la filtración de lixiviados al acuífero de la zona.

Ante esta situación, los habitantes de San Luis Huexotla, Tequexquináhuac, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, San Mateo Huexotla, Cooperativo, Sector Popular, de Texcoco, han formado un frente para evitar que los camiones sigan depositando los lodos contaminantes en los socavones de las minas y, por consiguiente, evitar el daño al acuífero y a la salud de la población.

Expertos de la Universidad Autónoma Chapingo también han denunciado la contaminación por los lodos que se depositan en los socavones de las minas (en un principio con lodos que llevaron algunos lugareños al laboratorio de suelos de la Uach), se realizaron los primeros estudios, encontrándose en ellos metales pesados en concentraciones de 1.39 miligramos de plomo y 0.08 de cadmio por kilogramo de yodo; es decir, aproximadamente 70 gramos de plomo y 4 de cadmio por metro cuadrado.

Además de materia fecal, que contiene un porcentaje importante de nitrógeno, el cual se transformara en nitratos y nitritos, siendo este componente tóxico y de alto riesgo para la salud, los cuales llegaran al acuífero en forma de lixiviados por la permeabilidad del suelo.

Los promoventes realizamos un recorrido el pasado 12 de octubre por los socavones de las minas y constatamos el relleno de éstos con desechos de la construcción, además de llantas, tierra, lodos, pet y algunos otros materiales, que son acompañados de un olor desagradable, característico de las aguas residuales. Durante el recorrido, la doctora Irma Rodríguez, profesora investigadora del Departamento de Suelos de la Uach, tomó muestras de los lodos, con sus alumnos; los lodos estaban debajo de una pequeña capa de tierra no mayor de 10 o 15 centímetros, la cual no podía permanecer firme para pisar en ella. Quienes tomaron las muestras caminaban como en un pantano o sobre arenas movedizas, pues es la consistencia de los lodos. Además, en ciertos lugares se encharcan los lixiviados con el agua de lluvia.

Otra irregularidad encontrada fue el taponamiento de un río, llamados “de Chapingo”, al que colocaron tierra y cascajo para tener un puente que facilitara el depósito de los materiales.

Considerandos

1. Que para evitar cerrar la zona de recarga del acuífero, el más explotado del país, donde se sacan nueve litros y se recarga sólo uno, esto por la composición del suelo arenoso y en donde los habitantes disponen en menor cantidad el suministro del agua, es necesario realizar los estudios necesarios a fin de garantizar la sustentabilidad de los suelos, así como de incrementar los requisitos para el llenado de las minas, tal es el caso de contar con un estudio de impacto hidrológico.

2. Que para evitar la filtración de materiales dañinos a la salud es necesario cancelar todos los permisos otorgados para llenar los socavones de las minas de Texcoco, además de realizar estudios de impacto hidrológico, usando la tecnología y a los expertos necesarios a fin de conocer la magnitud del daño al acuífero y resarcir en lo posible el daño a la naturaleza y hacia los habitantes de la zona oriente del valle de México.

3. Que de encontrarse componentes dañinos en los materiales depositados en los socavones de las minas de Texcoco, será necesario desalojarlos e iniciar un proceso de rehabilitación, así como de investigar la falta de interés de las autoridades anteriores de la administración del ayuntamiento de Texcoco, gobierno del estado de México, Secretaría de Gobernación, Profepa, Conagua y Semarnat, ante un problema de esta magnitud.

4. Que ante la denuncia de que se han presentado múltiples casos de enfermedades respiratorias (fuera de lo normal, que antes no ocurrían) es de gran importancia realizar estudios de salud en la población, más aún en la infantil, a efecto de evitar males mayores en la comunidad.

5. Que para ayudar a la recarga del acuífero es fundamental que los socavones se sigan conservando como tales, su formación funciona como pozos de absorción y esto contribuye junto a la ladera noroccidental de la Sierra Nevada, a recargar el acuífero de Texcoco y parte del oriente del valle de México.

6. Que para evitar que estos casos se sigan presentando es necesario legislar en la materia, para evitar que con un simple estudio de impacto ambiental se den los permisos, es fundamental adentrarse en la conformación del lugar, de las repercusiones hacia la comunidad, pero sobre todo de la vigilancia por la autoridad que otorga la autorización.

7. Que para una adecuada recarga del acuífero, así como del abastecimiento a la población del valle de México, es necesario crear un programa donde se tome en cuenta la instalación de planta de tratamiento, la rehabilitación de los ríos, se incentive la cosecha de agua de lluvia y se fomente una verdadera educación hídrica. Por lo que se refiere a los lodos residuales se deberá aplicar la norma correspondiente y, en su caso, tratarlos como residuos peligrosos de acuerdo con las normas y leyes establecidas en materia ambiental.

Derivado de lo anterior sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que tenga por objeto específico transparentar e investigar todos los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco de 2010 a la fecha, así como el taponamiento del río Chapingo con tierra y cascajo.

Dado en el Palacio Legislativo d San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputados: Claudia Elena Águila Torres. Jorge de la Vega Membrillo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los abusos cometidos por los franquiciatarios de las estaciones de servicio de Pemex, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es una práctica común de las estaciones de servicio, conocidas como gasolineras, exigir un pago a los usuarios y a sus acompañantes, por la utilización de las instalaciones sanitarias, así como de los consumibles propios a esa función, tales como el agua, el jabón, entre otros.

El poder adquisitivo del país en general y en particular de las zonas rurales y las ciudades, es limitado. Con un salario mínimo que es apenas suficiente para cubrir las necesidades básicas, el gasto extra, que puede representar el cobro del uso de sanitarios en estaciones de servicio, puede llegar a afectar de manera importante la economía familiar. Recordemos y tengamos claro, que la gran mayoría de las familias que usan el automóvil lo hacen más debido a necesidad que a comodidad. No podemos permitir que se ultraje a los consumidores de esta manera.

Los franquiciantes al llevar a cabo el cobro descrito, incurren por lo menos en dos violaciones a disposiciones reglamentarias, la primera, al manual de operación del franquiciatario, y la segunda, al Contrato de Franquicia para Estación de Servicio.

Tradicionalmente los manuales de operación del franquiciatario reconocen la obligación de las estaciones de servicio de contar con instalaciones sanitarias para sus clientes, en concreto, la última versión de este texto reconoce, en su numeral 3.11.2, la obligación de contar con instalaciones sanitarias con los siguientes adjetivos:

...con instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

Por su parte, en el Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, Petróleos Mexicanos Refinación establece en su numeral 6.1, como obligación del franquiciatario acatar las disposiciones de los manuales de operaciones.

En consecuencia, el cobro descrito es contrario a los convenios de voluntades fijados para el establecimiento de franquicias y es en este contexto que hacemos una reflexión basada en el “contrato” antes mencionado, en el apartado “Penas Convencionales”, en donde se determina textualmente que si un franquiciatario no cumple con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable, Petróleos Mexicanos Refinación podrá suspender la operación de la respectiva estación de servicio hasta por 15 días naturales.

Concluimos, después de la relación sistemática descrita, que la práctica del cobro por el uso de sanitarios es indebida de acuerdo a las disposiciones reguladoras de las franquicias respectivas.

La empresa Petróleos Mexicanos debe mostrar el cumplimiento cabal de la ley, y de toda disposición normativa para evitar abusos a los consumidores.

Los operadores no pueden lucrar de ese modo con la franquicia, pues el objeto de su servicio y, en consecuencia de sus ganancias, es la provisión de los diferentes tipos de combustibles y productos que distribuye, no el cobro por uso de sanitarios.

Petróleos Mexicanos debe llegar hasta las últimas consecuencias, de ser necesaria la rescisión del contrato con los franquiciatarios, para que sólo aquellos que estén dispuestos y cumplan con el convenio puedan seguir operando sus franquicias con los beneficios que ello implica.

Debemos llamar la atención, de que no somos los primeros en detectar éste tipo de arbitrariedades, pues en su momento, el diputado Jesús Ramírez Stabros solicitó a esta asamblea se tomaran cartas en el asunto, sin embargo hasta el momento las cosas siguen exactamente igual.

Es por todo lo anterior que nos permitimos someter a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de Petróleos Mexicanos para que en uso de sus facultades de dirección requiera al responsable de Petróleos Mexicanos Refinación, a fin de imponer las penas convencionales correspondientes a los franquiciatarios que no presten de modo gratuito el servicio de sus instalaciones sanitarias y en general, el incumplimiento a cualquier de las obligaciones de la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos a diseñar y aplicar un programa permanente de revisión de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco jurídico aplicable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a adecuar para las personas con discapacidad los planteles educativos, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo hay más de 650 millones de discapacitados con minusvalías que a menudo les impiden participar en la vida social.

En México al año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270 , lo que representa 5.1 por ciento de la población total .

Con frecuencia esas personas albergan pocas ilusiones de poder ir a la escuela, desempeñar un trabajo, poseer casa propia, crear una familia y educar a sus hijos, disfrutar de la vida social o ejercer el derecho al voto. La gran mayoría de ellas carece de acceso a las tiendas, las instalaciones públicas y los medios de transporte.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indica que en el mundo hay 150 millones de niños que viven con algún tipo de discapacidad. Alrededor de cuatro de cada cinco niños discapacitados viven en países en desarrollo.

Una iniciativa emblemática dirigida por la Unesco en el marco del programa Educación para Todos, se realizó con el fin de garantizar el derecho a la educación y el logro de los objetivos del Marco de Acción de Dakar, en lo referente a las personas que padecen discapacidad.

En ese sentido, el cometido de este punto de acuerdo es justamente el de contribuir al proceso en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.

Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas; recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 8 respectivamente, las cuales son normas supremas para las y los mexicanos.

Congruentemente con lo anterior, la accesibilidad y desplazamiento son necesarias para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, ya que todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacerlos efectivos.

La accesibilidad a los inmuebles, las formas y costos de transportación, la disposición de servicios y atención especializada, así como la posibilidad de contar con personal capacitado para la atención de las personas con diversos tipos de discapacidad, así como el desplazamiento, para poder hacerlos una realidad, son factores decisivos en la integración social de las personas con discapacidad, pero sobre todo para poder alcanzar su propio desarrollo al que tienen derecho, sin distinción.

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y México la suscribió el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre de 2007.

La convención establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.

En México, el 3 de marzo de 2011 se aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Esta ley establece las bases para armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y afirma la necesidad de propiciar el desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con respecto a la salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, acceso a la justicia, cultura, recreación, deporte y acceso a la información.

Dotar de mecanismos para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tiene el objetivo de cambiar la visión meramente asistencialista que se ha desarrollado en torno a este grupo de la sociedad, con el fin de equiparar las oportunidades que les permitan su plena integración a la educación y ejercer sus derechos plenamente, a efecto de lograr su desarrollo integral.

No sólo se debe aceptar la inclusión de los educandos a las aulas, se les deben dar los instrumentos de accesibilidad, para su desplazamiento dentro de los planteles, ya que en la actualidad pocos planteles se han adecuado para los niños con discapacidad, y los que están adaptados sólo les ponen una que otra rampa sin prever sus necesidades reales, algunas clases en la educación secundaria se dan en primeros pisos a los que no tienen acceso, por lo que están restringidos a que se les deje sin esas clases coartando su derecho a la educación.

Por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a adecuar de manera eficiente los planteles educativos para las personas con discapacidad, para que cuenten con las estructuras que les permitan acceder a la enseñanza impartida por el estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a eliminar la caseta de cobro 45, en Fortín de las Flores, entre Córdoba y Orizaba, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Juan Manuel Díez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento en sus atribuciones, se proceda a la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el municipio de Fortín de las Flores entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, con base en las siguientes:

Consideraciones

Durante largos 20 años los pobladores de la zona de Córdoba – Orizaba y sus alrededores hemos estado luchando, porque hace más de 40 años, a la altura del municipio de Fortín de las Flores, instalaron una caseta de cobro, la cual, durante este largo tiempo se ha convertido en un verdadero problema para el impulso y desarrollo competitivo de la región que cuenta con alrededor de 800 mil pobladores, es tiempo de lograr justicia para los ciudadanos.

Esta región representa uno de los sitios industriales de mayor dinamismo y desarrollo del estado de Veracruz y por consiguiente del país. A pesar de ello, las autoridades han permitido que crezca el taponamiento que ha dificultado el tránsito de personas y bienes, la oportuna integración como parte de una estrategia de carácter regional encaminada al desarrollo económico, social y cultural.

Es pertinente hacer un recuento de la lucha de los pobladores, en 1997 diferentes organizaciones de la sociedad y de los organismos productivos, se manifestaron por los causes legales a fin de que las autoridades de Hacienda y de Capufe, examinarán una solución que permitiera resolver la demanda social, relativa a la eliminación de la caseta de cobro referida ubicada a la altura del municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.

Ante el persistente reclamo de los habitantes de la región, en mayo de 2002, se celebró una reunión entre Senadores y Diputados Federales del estado de Veracruz integrantes de la LVIII Legislatura, con el entonces director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Manuel Zubiría y Maqueo así como con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la sociedad civil de Córdoba y Orizaba con la finalidad de conocer exponer la problemática que representa la caseta de cobro 045 el Fortín.

El mencionado director general de Capufe, señaló que tanto la dependencia a su cargo como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconocían la solicitud, pero no podían proceder a la eliminación de la caseta toda vez que con ello el gobierno federal estaría perdiendo importantes recursos fiscales, ante tal situación se planteo, una solución que consistía en trasladar a partir de un estudio técnico y financiero, el costo de la caseta 045 el Fortín, a las casetas ubicadas en Esperanza y Cuitláhuac, la cual no fue objetada por las autoridades.

En ese mismo mes de mayo de 2002, concretamente el día 27, el entonces subdirector de Supervisión de Capufe, Francisco Velazco Durand, sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Orizaba con los alcaldes de ambos municipios, y con la representación de las organizaciones sociales y empresariales, en dicha reunión se comprometió a la desaparición de la caseta 045 del Fortín, subrayando que Capufe no tenía objeción técnica alguna.

A través del oficio con numero de folio DO/0498/2002 suscrito por el Lic. Carlos Roca Gómez, Director de Operación de Capufe, le informa al licenciado Nicolás Kubli Albertini, director general Adjunto de Apoyo en Energía e Infraestructura de la SHCP, que han encontrado viable la posibilidad de suprimir la caseta de cobro número 045 “Fortín”, requiriendo la autorización complementaria de incrementos en las casetas de cobro número 27 “Esperanza” y número 116 “Cuitláhuac”.

Con base en estos antecedentes el Senador Fidel Herrera Beltrán, junto con otros legisladores presentó el 5 de junio de 2002, a la Comisión Permanente Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar la eliminación de la caseta de cobro 045, ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, a dicha propuesta, la comisión correspondiente emitió dictamen positivo, el 12 de junio de 2002, en donde señaló: “Se exhorta a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que realicen los trámites necesarios para la autorización de los incrementos de las plazas de cobro número 27 ‘Esperanza’ y número 116 ‘Cuitláhuac’, y se lleve a cabo, a la brevedad, la eliminación de la plaza de cobro número 045 ‘Fortín’, cumpliendo con los compromisos adquiridos por las partes ante el Senado de la República”.

El pasado septiembre de 2012, el diputado Juan Bueno Torio, presentó proposición con punto de acuerdo, solicitando de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y a Banobras para que, con fundamento en sus atribuciones legales procedan a la eliminación de la plaza de cobro 045, ubicada a la altura del municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, en el Estado de Veracruz, a la cual nos sumamos y respaldamos enviando oficios correspondientes a las autoridades encargadas del tema.

Sin embargo, dicha proposición no fue dictaminada durante el periodo ordinario de sesiones que comprendió de Septiembre a Diciembre de 2012, motivo por el cual, se le aplicó el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el trámite legislativo que procedió fue desecharlo ante la falta de dictamen.

En su propuesta el diputado Juan Bueno, señaló con claridad que “la autopista Orizaba-Córdoba que inició operaciones el 29 de diciembre de 1969, forma parte de la ruta Veracruz-México en el estado de Veracruz, tiene una longitud de 18 kilómetros y comunica con los municipios de Amatlán, Atoyac, Atzacan, Ciudad Mendoza, Cuitláhuac, Córdoba, Fortín, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtazoquitlán, La perla, Mariano Escobedo, Naranjal, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, tiene un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 37 mil vehículos y representa uno de los asentamientos industriales de gran actividad para el desarrollo económico del estado.

Asimismo, la cuota de la caseta de referencia es de 24 pesos para las motocicletas, automóviles y camionetas, de 60 pesos para autobuses, y de 60, 100 a 135 pesos para camiones pesados (dependiendo del los ejes que posean), y del tramo carretero que va de Orizaba-Fortín el costo es de 10 pesos para motocicletas, automóviles y camionetas, de 32 para autobuses, y de 31, 61 y 90 para camiones pesados (dependiendo los ejes que posean) lo cual representa una cifra considerable si se toma en cuenta que el tiempo que se invierte en cruzar la caseta es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella a veces en más de cuatro ocasiones al día.

Eliminar la caseta será fundamental porque tendría un efecto directo sobre el ingreso de los usuarios de la carretera, mejorará las condiciones y volumen de los flujos comerciales, industriales, de pasajeros de estudiantes y de profesionistas que todos los días transitan por esa vía, además de garantizar la seguridad para quienes viajan por esta región.

Es de suma trascendencia quitar un tapón para más de 37,000 vehículos que a veces permanecen hasta media hora para lograr cruzar la caseta, es absurdo que se subsidie la gasolina y esta se derroche debido a estar estacionado, haciendo fila, con el motor encendido.

Ante tal situación, volvemos a retomar el tema, a fin de que en este actual periodo de sesiones, la propuesta obtenga dictamen positivo, y con ello, como legisladores y con base en todo lo que se ha estudiado y analizado sobre el tema, se dé pronta solución a los pobladores, ya que es técnicamente viable, financieramente recomendable y saludable para el desarrollo de la región y del Estado, el que pueda ser eliminada la caseta de cobro referida, y el gobierno federal proceda a trasladar su cobro en las que ya operan.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente extiende un exhorto a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento en sus atribuciones, se proceda a la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el municipio de Fortín de las Flores entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.

México, DF, a 26 de Febrero de 2013.

Diputado Juan Manuel Díez Francos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a realizar gestiones para que el IMPI inicie el procedimiento conducente a emitir la declaratoria de protección como denominación de origen del limón colimense, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o. fracción XVIII, 6o. numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a efecto de que realice las gestiones necesarias para que, de forma oficiosa, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen al limón colimense cultivado en todo el territorio del estado de Colima, con base en los siguientes

Antecedentes

1. La denominación de origen designa un producto originario de una región específica, cuya calidad y características se deben únicamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

2. Algunas de las principales denominaciones de origen de nuestro país son:

– Ámbar de Chiapas: el municipio de Simojovel produce 90% del total del ámbar que se extrae de Chiapas (y tiene 25 millones de años) aunque todo el Estado se encuentra protegido;

– Bacanora: Tradicional bebida etílica de Sonora, se obtiene de la fermentación de ciertas tunas de un área protegida del Estado que abarca varios municipios;

– Café de Chiapas: Se cultiva en suelos volcánicos, apto por su humedad y temperatura, se encuentra protegido en varios municipios;

– Café Veracruz: Sus profundos suelos volcánicos, su alta humedad todo el año y sus inviernos nublados le dan su intenso sabor y cuerpo. Su zona de protección incluye todo el Estado;

– Charanda: Se obtiene al destilar la caña de azúcar o sus derivados como el piloncillo o la melaza. La zona protegida comprende 16 municipios de la parte central del estado de Michoacán;

– Chile habanero de la península de Yucatán: se considera uno de los chiles más picantes del mundo y se cultiva en los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán;

– Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas: Su pulpa de consistencia firme, sabor dulce y baja acidez lo caracterizan. La zona comprende varios municipios del Estado;

– Mezcal: Se elabora con agave y su región geográfica abarca los Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas;

– Olinalá: Artesanías como baúles y cajas de madera que provienen del árbol de lináloe tienen su denominación de origen. La región geográfica comprende el municipio de Olinalá, Guerrero;

– Sotol: Se obtiene de las plantas conocidas como sotol o sereque, que se cultiva en Durango, Chihuahua y Coahuila;

– Talavera: Producto artesanal de la zona de Talavera, región que comprende Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali. La materia prima que se utiliza en su elaboración es arcilla extraída de las minas de la región;

– Tequila: El nombre debe usarse sólo para nombrar a las bebidas hechas de agave Tequilana Weber. Se establece como territorio de origen el estado de Jalisco y algunas tierras de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas; y

– Vainilla de Papantla: Ampara el fruto maduro de la orquídea Vanilla planifolia Andrews , y mezcla de subespecies. El territorio protegido abarca 39 municipios de Veracruz y Puebla.

3. Las denominaciones de origen, además de constituirse en mecanismos de desarrollo económico para los países, ciudades y pueblos, tienen las siguientes ventajas:

– Fomentan la organización de los productores de un lugar;

– Facilita el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales;

– Mejora la promoción y calidad de la oferta del producto;

– Implementa estándares de calidad mínimos del producto en beneficio del consumidor; y

– Establece un marco de protección para el producto.

De esa forma, la implementación de denominaciones de origen para proteger los productos mexicanos benefician la economía nacional, el comercio internacional, las finanzas públicas y, principalmente, a los consumidores, que somos todas las personas.

4. En México se producen tres especies de cítricos considerados como limones por el carácter ácido de su jugo. El limón mexicano o colimense (Citrus aurantifolia ), el limón persa (Citrus latifolia Tanaka)1 y el limón verdadero o limón italiano (Citrus limon Burm).

En el estado de Colima se cultiva comercialmente el limón colimense desde la década de 1940; actualmente es el principal productor de esta especie y es conocido como la Capital Mundial de este cítrico, ya que aporta cerca del 50 por ciento de la producción nacional.

De las 500 mil toneladas de limón que se producen anualmente en Colima, se exporta por arriba del 15% al extranjero a diferentes partes del mundo y en diferentes presentaciones de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional. Colima es el Estado con mayor productividad de limón en el país, con un promedio de 23 toneladas por hectárea, además de ser la mayor actividad generadora de empleos en la Entidad.2

Por las características del clima y el suelo colimenses, el limón mexicano adquiere características que lo hacen único como su especial grado de acidez, su más alta durabilidad de vida en anaquel y su color verde brillante. De igual forma, los específicos métodos empleados en su producción por los agricultores del estado de Colima le confieren un prestigio internacional, que ha derivado en que sus limones se encuentren en prácticamente todos los mercados nacionales y también se exporten a los Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Japón.3

Considerandos

Primero. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente el Estado mexicano tiene la obligación de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la República.

Aunado a lo anterior, el artículo 25 Constitucional prevé que la ley debe alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, así como proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional.

Segundo. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de origen y su Registro Internacional se aprobó en 19584 y fue revisado en Estocolmo, Suecia, en 1967; está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que mantiene el Registro Internacional de denominaciones de origen y publica el boletín titulado Las denominaciones de origen.

En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa se define una denominación de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. Cabe señalar tres elementos esenciales de las denominaciones de origen:

– La denominación de origen debe consistir en la región de un país, región o localidad y tiene por efecto identificar una entidad geográfica en el país de origen;

– La denominación de origen debe servir para designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión tiene por efecto que, además de identificar un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser reconocida como la designación de un producto originario de ese lugar, o requisito de notoriedad; y

– La calidad o las características del producto al que hace referencia la denominación de origen deben deberse exclusiva o esencialmente al entorno geográfico del lugar del que es originario el producto. La referencia al entorno geográfico consiste en la vinculación cualitativa entre el producto y el lugar del que es originario, tanto por los factores naturales (principalmente suelo y el clima) como por los factores humanos relacionados (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o prácticos utilizados de forma especial o artesanal en el lugar del que es originario el producto).

Tercero. Conforme al artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

La protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que, al efecto, emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; a partir de su expedición, el uso ilegal de la denominación de origen será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

De esa forma la declaratoria de protección de una denominación de origen tiene por objeto proteger legalmente ciertos bienes, naturales o artificiales, que se producen en una zona específica, contra productores que se quisieran aprovechar del reconocimiento que tienen estos productos.

Este tipo de signos distintivos son especiales porque, a diferencia de una marca, la cual tiene como finalidad distinguir productos o servicios entre genéricos, las denominaciones de origen, otorgan protección a los genéricos mismos.

Cuarto. Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Economía, tiene encomendada la función de normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

Igualmente, debe regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; así como establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes.

Atento al artículo 158 de la Ley de Propiedad Industrial, la declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Quinto. Algunos de los elementos que toma en cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para analizar la viabilidad de otorgar una denominación de origen son:

– Señalamiento de la denominación de origen;

– Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envase;

– Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; y

– Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.

En virtud de lo anterior y considerando que, el caso del limón colimense, reúne los requisitos referidos, resulta conveniente que, conforme al mandato constitucional y legal relativo a la rectoría de la Economía Nacional, esa Dependencia inicie de oficio las gestiones para que el citado producto colimense obtenga declaratoria de protección como denominación de origen.

Por las consideraciones expuestas, propongo al Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a efecto de que realice las gestiones necesarias para que, de forma oficiosa, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen al limón colimense cultivado en todo el territorio del estado de Colima.

Notas

1 Ambas botánicamente pertenecen al grupo de las limas ácidas.

2 Ver www.decisioncolima.com.

3 Ver http://2006-2012.http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents /Nota.pdf.

4 Mismo año en que México suscribió el Tratado.

Dado en el Palacio Legislativo, a los siete días del mes de marzo de dos mil trece.

Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a entregar a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2012 una separata en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y practicar una auditoría de desempeño en materia de protección civil, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y suscrita por integrantes de la Comisión de Protección Civil

El diputado federal Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Partido Movimiento Ciudadano, así como los diputados federales integrantes de la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión que abajo suscriben, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de su Autonomía Técnica y de Gestión a que, a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2012, entregue una separata dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y realice una Auditoría de Desempeño en materia de protección civil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley General de Protección Civil, la cual fortalece las capacidades de los tres órdenes de gobierno, consolida una Política Pública eficiente para prevenir accidentes, desastres y contingencias y brinda atención oportuna, eficaz, integral y sensible a las necesidades de la población ante las emergencias que se presenten, estableciendo como eje rector de la protección civil un enfoque preventivo, incorporando a la gestión integral de riesgos como una directriz de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

II. Esta nueva Ley prevé la creación del Comité Nacional de Emergencias presidido por el Secretario de Gobernación y conformado por los titulares o por un representante de las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como por el representante que al efecto designe el o los Gobernadores de los Estados afectados o el jefe del Gobierno del Distrito Federal1 que de acuerdo a su especialización, asumen la responsabilidad de asesorar, apoyar, así como aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y recursos humanos-materiales al sistema nacional, ello, como un mecanismo de coordinación para dar respuesta inmediata a situaciones de desastre, instaurando nuevos mecanismos de financiamiento para la atención de contingencias propias de inminentes riesgos o desastres susceptibles de afectar a la humanidad en su conjunto, o a vastos sectores poblacionales.

III. El gasto ejercido en el rubro de Protección Civil, específicamente en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) pasó de 4 mil 841 millones de pesos en 2000 a 41 mil 816 millones en 2011, situación que está asociada a la presencia de fenómenos naturales en distintos momentos y regiones del país.

IV. Datos al primer semestre de 2012, revelan los mayores requerimientos de recursos para Veracruz, Tabasco y Nuevo León, aunado a que los recursos del Fonden se destinaron fundamentalmente a la recuperación de infraestructura pública, específicamente carretera, hidráulica y urbana.

V. En el caso de los recursos destinados al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, estos también han evolucionado de manera creciente, concentrándose en mayor medida en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y en la Coordinación General de Protección Civil, áreas que representan en 2012 el 66.6% del presupuesto total del Sistema.

VI. Generalmente, la Auditoría Superior de la Federación mantiene en revisión permanente las funciones de Protección Civil, encontrándose dentro de las auditorias practicadas diversas irregularidades, tales como: levantamiento extemporáneo de actas de entrega-recepción en obras; pagos en exceso y diferencias en la aplicación de los precios unitarios extraordinarios; inadecuado control de las bitácoras de obra; incorrecta aplicación de sanciones por atraso en la terminación de obras; gastos no amparados con contrato o pedido, así como la inaplicabilidad en penas convencionales por el retraso en la entrega de materiales.

VII. Otro tipo de irregularidades detectadas fueron los retrasos en la reconstrucción de viviendas; entrega de bienes que no respondieron a necesidades urgentes o de emergencia; no se localizaron cuatro empresas a quienes se les adjudicaron pedidos; los recursos por concepto de anticipos no fueron ejercidos de manera inmediata; falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública falta de adecuación a los términos previstos en la base de licitación de la póliza para garantizar los vicios ocultos.

VIII. La Auditoría Superior de la Federación, determinó que las acciones y políticas de protección civil implementadas por la Coordinación General de Protección Civil para prever y prevenir riesgos por fenómenos naturales fueron insuficientes para mitigar los efectos negativos de los siniestros geológicos, así como hidrometeorológicos acontecidos durante 2005-2009, aunado que no se logró generar información de inteligencia para constituir eficazmente al Municipio como la primera instancia de actuación especializada frente a una emergencia.

IX. Tampoco se dispuso de redes de monitoreo y detección en materia de inestabilidad de suelos (arrastre lento o reptación, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento) ni de tsunamis; ni se integró el Sistema Vulcanológico Nacional para monitorear los 18 volcanes activos que se encuentran en el país y no se reintegraron recursos por obras canceladas. Así, frente a la diversidad de irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación emitió acciones de tipo preventivo y correctivo, destacando las recomendaciones.

X. Con base en el más reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el estado que guardan las acciones emitidas a los entes fiscalizados, se observa que al 30 de septiembre de 2012, todas las observaciones-acciones promovidas a entes que fueron auditados en materia de protección civil, ya fueron atendidas, sin embargo, es necesario contar con información precisa respecto a los resultados obtenidos de las revisiones a las funciones de Protección Civil que permitan identificar claramente las principales irregularidades observadas en materia de ejercicio y aplicación de los recursos en la materia, a partir de la revisión de la Cuenta Pública del presente ejercicio.

Finalmente, como resultado de la excelente coordinación interparlamentaria entre la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Protección Civil y derivado de la información brindada por la primera en la materia, la cual fue analizada y estudiada en reunión de trabajo de la Comisión de Protección Civil, se considera necesaria la inclusión de una Separata en el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que explique detalladamente los resultados obtenidos de las diversas auditorías y revisiones realizadas al rubro de Protección Civil.

También, surge la necesidad de realizar una Auditoría de Desempeño, con el objeto de contar con información veraz, oportuna, eficaz y eficiente sobre el Sistema Nacional de Protección Civil y el ejercicio de los recursos asignados para éste.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación en el marco de su autonomía técnica y de gestión, para que realice una auditoría de desempeño que permita evaluar de manera integral las funciones realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de determinar su oportunidad, eficacia y eficiencia.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación en el marco de su autonomía técnica y de gestión a entregar una Separata dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en la que se expongan los principales resultados de sus revisiones a las funciones del Sistema Nacional de Protección Civil e identifique con precisión las principales situaciones que afectan el buen desempeño de las instituciones en el cumplimiento de esas funciones.

Nota

1 Artículo 33 de la Ley General de Protección Civil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo del 2013.

Los abajo firmantes integrantes de la Comisión de Protección Civil.

Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alva (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Lorena Méndez Denis, Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero, María del Carmen Martínez Ordaz (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Antonio Sansores Sastre.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar –en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo– políticas sobre cambio climático, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Capítulo GLOBE México, María Isabel Ortiz Mantilla, Leslie Pantoja Hernández, Ramón A. Sampayo Ortiz, todos ellos del Partido Acción Nacional; Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; María Concepción Navarrete Vital y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional; Lourdes López Moreno y Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; y Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluya de manera transversal políticas públicas sobre cambio climático, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 14 de enero de 2013, la Organización Global de Legisladores por un medio ambiente balanceado (GLOBE, por sus siglas en inglés) dio a conocer el tercer Estudio de legislación climática. Los resultados de dicho estudio muestran que 32 de las 33 principales economías han progresado o ya presentan avances climáticos significativos en su legislación nacional relacionada con la energía.

México no es ni debe ser la excepción, si bien se han emprendido avances que marcan el inicio de una trayectoria que dará cabal cumplimiento a los compromisos de México ante la comunidad internacional, es necesario concebir tanto legislación nacional como acciones internas suficientes para satisfacer de iure y de facto la implementación de políticas en tecnologías renovables así como aquellas encaminadas a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

El pasado 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, cuyo principal objetivo fue la de regular las emisiones para lograr estabilización de concentraciones en la atmósfera. Esta ley representa el inicio de un cúmulo de compromisos por parte del Estado Mexicano entre los que se destaca una estrategia nacional conjunta, teniendo como meta reducir para el año 2020, el 30 por ciento de las emisiones con respecto a aquellas emitidas en el año 2000 y lograr que la reducción sea del 50 por ciento para el 2050.

Aunado a lo anterior, para la implementación de esta ley, más allá de las reformas necesarias a las leyes en las que este ordenamiento jurídico genera un impacto directo, se quiere que los tres órdenes de Gobierno: tanto federal, estatal y municipal trabajen conjuntamente para lograr los compromisos. A su vez, resulta necesario incluir e incentivar al sector social y privado a la participación directa en las políticas y mecanismos de tecnología renovable.

Bajo este tenor es que la estrategia nacional constituye el instrumento rector de la política nacional para enfrentar los efectos del cambio climático; pues se prevé que emigremos hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, así como la revisión de cada diez años en materia mitigación y cada seis en materia de adaptación.

A su vez, el Programa Especial de Cambio Climático deberá contener la planeación sexenal en cuanto a metas de adaptación y mitigación. Sin embargo, para tener una estrategia nacional y una Ley General de Cambio Climático, es necesario que todas las políticas tanto de energía como económicas, comiencen a concebirse como políticas de Estado transversales.

No dejemos a un lado que no será sino a finales del año 2013, que la federación en coordinación con los estados y gobiernos municipales, deberán integrar y publicar el atlas nacional y local de riesgos; cuestión que, deberá identificar los asentamientos humanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Lo anterior, deberá ir en conjunción con la creación de un Registro Nacional de Emisiones así como el sistema de información sobre cambio climático.

Sin un Plan Nacional de Desarrollo incluyente que apunte y marque las directrices esenciales en aras de dar cumplimiento a los compromisos en esta materia, es imposible comenzar a concebir mecanismos de implementación establecidos en la Ley General de Cambio Climático, entre los que destacan: los planes de desarrollo urbano que los municipios deberán coordinar con los ámbitos estatales y federales, el reglamento de dicha ley, políticas para evitar la deforestación, manejo de residuos, generación de energía limpia, transferencia de energía, la homologación de nuestro sistema jurídico, así como implementación de reglamentos.

Concebir una estrategia nacional incluyente de metas obligatorias y aspiracionales, no sólo implica una armonización del sistema jurídico, se requiere además, de la obligatoriedad a nivel nacional en coadyuvancia con los niveles estatales y locales. Aún cuando esta estrategia deberá de publicarse dentro del primer semestre del 2013, deberán gestarse, desde el Plan Nacional de Desarrollo, políticas que empujen y apunten a la implementación de todos los compromisos adquiridos por nuestro país.

Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector del gobierno federal, no olvidemos que representa el punto más relevante del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Lo anterior, resulta fundamental para las directrices que deberá seguir la administración pública federal en este sexenio, cumpliendo así, con la planeación que requiere la agenda de cambio climático y desarrollo sustentable.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal a que, integre de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas que permitan cumplir con los compromisos obligatorios y aspiracionales establecidos por la Ley General de Cambio Climático y por los acuerdos internacionales aprobados por México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputados: María Isabel Ortiz Mantilla, Fernando Bribiesca Sahagún, Judit Guerrero López, Lourdes Moreno López, María Concepción Navarrete Vital, Yesenia Nolasco Ramírez, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Loretta Ortiz Ahlf, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Rosa Elba Pérez Hernández, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los connacionales condenados a muerte en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pena de muerte es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado. Este castigo cruel, inhumano y degradante, que se impone en nombre de la justicia, viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“La pena capital es ineludiblemente cruel e incompatible con la dignidad humana, donde quiera y cuando quiera que se aplique”, ha manifestado Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos, de Amnistía Internacional.1

En el mismo sentido, pero siglos antes, el ilustre jurista italiano Cesare Beccaria, en el capítulo 28 de su obra De los delitos y de las penas (1764), como resultado de su disertación sobre la pena de muerte menciona:

No es, pues, la pena de muerte derecho, cuando tengo demostrado que no puede serlo, es sólo una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser. Pero si demostrase que la pena de muerte no es útil ni es necesaria, habré vencido la causa en favor de la humanidad.

Dentro de las demarcaciones político-administrativas en las que se ha tenido a bien dividir el orbe, el estado de Texas es el territorio donde más ejecuciones se llevan a cabo actualmente. Pues según amnistía internacional, Texas ha ejecutado a más del doble de presos que cualquier otro estado de la Unión Americana, en menos de tres décadas y media.

Tan solo el actual gobernador de Texas, Rick Perry, ha aprobado más de 250 ejecuciones, argumentando que “al igual que los demás texanos, soy partidario de la pena capital porque afirma el alto valor que concedemos a la vida inocente”.

Esta actitud sobre la pena de muerte hace que el indulto sea cada vez más esporádico, y las recomendaciones de clemencia realizadas por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado han sido cada vez más escasas.

No obstante, el último párrafo del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace mención que:

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.2

En la mayor parte de los países se ha eliminado la pena capital gracias a la progresividad de los derechos humanos, que considera a la pena de muerte como una violación a los mismos, resultando una contradicción a la naturaleza de la función del Estado.

Nuestro connacional, Édgar Tamayo Arias, sentenciado en Estados Unidos a pena de muerte, ha hecho la petición correspondiente sin tener mayor éxito, y por otro lado, el país vecino fue señalado por vulnerar los derechos del debido proceso del mexicano, específicamente los contemplados en la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, firmado el 24 de abril de 1963, y que en su artículo 63, inciso b) menciona que:

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.3

El Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, es él convenio más importante en materia de relaciones consulares, tanto por la cantidad de países que lo suscribieron y ratificaron como por su carácter de normas de ius cogens.

De ello se sigue, que cuando no se respeta dicho tratado por lo que ve al aviso del que se hace mención en el inciso b) del artículo 63, la ausencia de comunicación entre el prisionero y su nación y por supuesto con su familia, lacera gravemente los derechos fundamentales del interno.

La incomunicación provoca que el acusado o sentenciado no tenga una defensa efectiva, pues no es lo mismo defender a un nacional que a un extranjero, ya que son muchas las dificultades que enfrentan los extranjeros que son sometidos a un juicio penal en un país del que no son nacionales.

Existen múltiples trabas que se les puedan llegar a presentar, como la barrera del idioma. La discriminación de que son objeto, por parte tanto de las autoridades judiciales y penitenciarias, como de los propios internos de los centros de readaptación.

En el caso de nuestro connacional –condenado a muerte en Texas– quedó de manifiesto que fueron violados sus derechos establecidos en los tratados internacionales mencionados con antelación. Por ello, la propia Corte Internacional de Justicia se pronunció al respecto e hizo pública esta situación en el 2004 y posteriormente en el 2009.

La corte declaró que Estados Unidos había violado los derechos consulares de nuestro connacional, y al hacer nugatorios estos derechos, el Estado en comento está vulnerando el marco internacional de los derechos humanos cobijados por la ONU. Por lo que estamos hablando de un crimen internacional4 .

Empero, el caso de Édgar Tamayo Arias y de 50 mexicanos más que esperan durante años la sentencia en el llamado “corredor de la muerte” hace pensar que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido completamente objeto del soslayo por parte de Estados Unidos.

A lo anterior habrá que agregar la duda razonable que existe sobre su verdadera responsabilidad en el delito que le adjudicó; varias fuentes confirman que en el momento de los hechos, Édgar estaba esposado con las manos hacia atrás y que era imposible que pudiera disparar al policía que lo arrestó, para luego impactarse y dañar la patrulla.

No es novedad que muchos de los connacionales sentenciados a muerte en el país vecino del norte, fueron objeto de tortura, maltratos o penas crueles o degradantes, por lo que su confesión fue arrancada por la fuerza; las pruebas que los incriminaban fueron fabricadas; los testigos fueron mendaces o forzados a declarar, y no tuvieron la oportunidad de ser asesorados o asistidos por un abogado capacitado de su plena confianza.

Al mero estilo de la procuración de justicia en México, se fabrican culpables para acallar a la opinión pública y justificar su trabajo, máxime cuando se trata de hechos violentos, que encierran uno de los casos más indignantes en la sociedad texana, como lo es el asesinato de un policía.

Tenemos que detener esta ola de injusticia, salvajismo y desprecio por los derechos fundamentales de nuestros connacionales. Ya son muchos los casos, en los que mexicanos que no fueron asistidos por su consulado, que fueron sentenciados mediante procedimientos poco contundentes, y que no contaron con la debida asesoría legal, fueron destruidos y borrados del mundo natural, sin haber contado con la intervención eficaz del Estado mexicano.

El 7 de julio de 2011 fue ejecutado mediante inyección letal el mexicano Humberto Leal. Condenado a la pena de muerte en la ciudad de San Antonio, Texas. Al momento de su muerte tenía 38 años de edad, pasó 17 años en el corredor de la muerte.

De acuerdo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México versus Estados Unidos), esta ejecución no debió realizarse pues el proceso legal no fue revisado a la luz de las violaciones de los derechos consulares del mexicano.

En 2004, la Corte Internacional de La Haya ordenó la revisión de los casos de los 51 mexicanos sentenciados a muerte, “porque en todos se afectó su derecho a que recibieran la asistencia consular de su gobierno, lo que perjudicó sus garantías para una adecuada defensa”.

Los derechos consulares, como el derecho al aviso y a la protección consular fueron considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Opinión Consultiva OC16/99, indispensables para el respeto y cumplimiento del derecho al debido proceso, con mayor razón en el caso de extranjeros acusados de la comisión de un delito que puede ser sancionado con la pena capital.5

A la fecha, suman 10 los mexicanos que a través de la historia han recibido la pena capital o muerte legal en el vecino país, empero, en los centros penitenciarios de Estados Unidos, otros 50 compatriotas aguardan su ejecución.

El primer mexicano ejecutado fue Agapito Rueda, quien fue electrocutado en la silla eléctrica en El Paso, en 1926, y el último fue Humberto Leal García, al que ya nos hemos referido en los párrafos anteriores.

Pero esto no es todo, activistas y promotores del respeto y la defensa de los derechos humanos, temen que en breve se desate una oleada de ejecuciones de mexicanos en EU, en donde los estados de Texas, Virginia y Oklahoma concentran la mitad de las mil 200 ejecuciones registradas desde 1977, fecha en que se reactivó la pena de muerte.

Lamentablemente, la posición adoptada por Estados Unidos refleja cerrazón, doble moral e inobservancia de los derechos humanos, lo que ha frenado los intentos por impedir este tipo de ejecuciones y ha estampado un sello de frustración e impotencia en los sentenciados y sus familias.

Édgar Tamayo, en entrevista desde el pabellón de la muerte de la unidad carcelaria Polunsky, en Livingston (2008), denunció que en Texas no existe justicia para pobres, hispanos ni afroamericanos. “Nuestra pobreza y nuestro color de piel nos hacen culpables”6 .

Cabe hacer mención, que se han agotado todas las instancias jurisdiccionales a nivel de Estados Unidos de América, con la salvedad del de la clemencia, la cual permitiría en su caso salvaguardar la vida de nuestro connacional.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que por conducto la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, se apruebe la designación de una comitiva de diputados del seno de la Comisión de Derechos Humanos, para que acompañe a personal de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que en conjunto con el cónsul general de México en Estados Unidos, soliciten vehementemente al Congreso y al gobernador de Texas la gracia de la clemencia a favor del ciudadano Edgar Tamayo Árias, para salvaguardar el derecho a la vida de nuestro connacional.

Segundo. Que por conducto de esta soberanía, se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por todos los medios a su alcance y en colaboración con organismos nacionales e internacionales de protección al migrante y a los derechos humanos, consiga hacer valer el derecho de debido proceso de Edgar Tamayo Árias.

Tercero. Que por conducto de los órganos internos de esta soberanía, se incluya el tema de nuestros connacionales condenados a muerte en Estados Unidos, en la agenda de las delegaciones, grupos o comités que celebrarán reuniones interparlamentarias con nuestros homólogos estadounidenses.

Notas

1 Visto en http://www.amnesty.org/es/news/texas-ejecucion-250-mandato-rick-perry-2 012-10-31 el 30/01/13

2 Visto en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_03_esp.pdf el 30/01/13

3 Visto en: http://www.judicatura.com/Legislacion/1737.pdf el día 30/01/13

4 Visto en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pd f el 30/01/13

5 Visto en: http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showp age&pid=379 el 30/01/13

6 Visto en: http://www.laopinion.com/No-se-escapa-de-pena-capital#.UQncGR3uAfF el 30/01/13

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2013.

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y al Banobras a eliminar por la Dirección General de Capufe la plaza de cobro 164, del puente Carmen El Zacatal, en el kilómetro 165 de la carretera federal 180, en Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la República de la LXIl Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

De la sonda de Campeche, que está situada frente al municipio de Carmen, se extrae 80 por ciento del petróleo que exporta México, y es el paso obligado para conectar el norte de la república, desde Tamaulipas hasta el sur de Quintana Roo.

En todas las entidades de la República, el Estado mexicano garantiza el libre tránsito y procura el establecimiento de vías libres de peaje a efecto de dar opción a los ciudadanos de cada rincón del país, sin embargo, para los habitantes de la Isla del Carmen, no existe esta posibilidad, ya que entrar o salir de la Isla, tiene un costo obligatorio.

El puente El Zacatal inició operaciones el 24 de noviembre de 1994, con el fin de unir a la península de Atasta con la isla del Carmen, tiene una longitud de 3 mil 861 metros y un ancho de 9 metros, es el más largo de Latinoamérica y uno de los más transitados del país, conecta con la carretera federal 180, la cual, a lo largo de la costa del Golfo de México comunica la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con la población de Puerto Juárez, Quintana Roo, y sustituyó a la Panga o Ferri “Zacatal” que previo el pago de una cuota, transportaba a los viajeros de Carmen a Atasta, tiene un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 5,092 vehículos; de los cuales un 26 por ciento corresponde a vehículos de carga pesada de más de 7 ejes, lo cual deja de manifiesto que es un paso obligado de unidades de este tipo que se dirigen al resto de la península.

La cuota de la caseta de referencia es de 70 pesos para automóviles y camionetas, de 140 pesos para autobuses, de 225 a camiones y hasta 295 pesos para camiones pesados (según los ejes que posean), cobrando el eje excedente en 70 pesos.

Ésa es una cifra considerable si se toma en cuenta que el tiempo que se invierte en cruzar la caseta es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella a veces en más de cuatro ocasiones al día.

La economía de los residentes de Ciudad del Carmen, ha sido gravemente afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la Isla Tris con el resto de la península, como su única vía de acceso.

Los habitantes de Atasta y los de Carmen han mantenido desde tiempo atrás su postura de eliminar este peaje, el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio que afecta de gran manera la competitividad de la región.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2011, Carmen contaba con 39 mil 4 automóviles registrados en circulación, cabe hacer mención que a partir del primero de julio de 2001, entró en operación el programa de Residentes, el cual es un instrumento que permite la aplicación de factores de descuento sobre las cuotas establecidas en la política de cobro, a los usuarios que cumplen con la normatividad de residentes y contempla a los vehículos automotores que pertenezcan a la categoría uno, esto quiere decir que están incluidos los automóviles, pick up, panel o motocicletas, pagando únicamente 50 por ciento de peaje.

Este programa tiene más de 11 años de operación y es poco funcional para los habitantes de Ciudad del Carmen, que al 25 de febrero del presente año están registrados únicamente 490 vehículos entre particulares y taxis, lo cual representa menos del dos por ciento del total de vehículos registrados en circulación.

Por tales razones, presento a su consideración este punto de acuerdo, en el cual se propone hacer un exhorto a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Banobras, para que atiendan esta demanda ciudadana de los municipios afectados, eliminando la caseta de cobro situada a la altura de Ciudad del Carmen, Campeche, a fin de permitir el libre tránsito y flujo comercial a través de las vías terrestres de comunicación.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cita en el artículo 30: “la secretaría podrá otorgar concesiones, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”, y Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, es el único acceso que tiene de norte a sur y es la única ciudad en la República Mexicana que paga su entrada y su salida ya sea por aire, tierra y mar.

Seguro estoy de que la pronta atención de esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los campechanos y todos los mexicanos que se trasladan por esta importante vía de comunicación que conecta al norte del país con la península de Yucatán, al tener un efecto directo sobre su ingreso disponible, mejorar las condiciones y volumen de los flujos comerciales.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a eliminar, por la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la plaza de cobro número 164, del puente Carmen El Zacatal, en el kilómetro 165 de la carretera federal 180, en Campeche.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2013.

Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)