Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3718-VIII, jueves 28 de febrero de 2013
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a implantar acciones para retirar los topes en carretera que sean innecesarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las carreteras son vías de comunicación concebidas especialmente para la circulación de vehículos de transporte; a través de ellas se acortan las distancias entre una localidad y otra. Por eso promueven actividades como el comercio y el turismo; en suma, desempeñan un papel fundamental para el desarrollo económico.
La infraestructura vial del país requiere modernizarse para que la economía se vuelva más productiva y alcance mayor grado de competitividad. El deterioro que presentan muchas carreteras afecta, en ocasiones seriamente, la circulación por ellas. Un hecho que atrae nuestra atención es la cantidad de topes colocados en algunas carreteras y que provocan contratiempos a quienes transitan por ellas.
Los topes no sólo hacen que las personas tengan que invertir más tiempo en trasladarse de un lugar a otro sino que, también, provocan mayor desgaste a los vehículos en frenos, llantas y suspensión.
El mayor gasto de combustible que un vehículo debe realizar por culpa de los topes ha provocado cuantiosas pérdidas económicas a los empresarios del sector transporte, que tienen que sustentar con dinero de sus bolsillos un sensible incremento de los gastos operativos. Transportistas de Chiapas que operan en la carretera San Cristóbal-Comitán estiman que a causa de los topes su consumo de combustible ha aumentado hasta 20 por ciento.1
Un ejemplo de la excesiva cantidad de topes que hay en las carreteras es el camino San Cristóbal-Palenque, que a lo largo de sus 191 kilómetros tiene más de 400;2 eso se traduce aproximadamente en ¡1 tope cada 500 metros!
Pero la problemática de los topes no sólo se reduce a pérdidas económicas sino que tiene, también, repercusiones ambientales: un mayor gasto de combustible contribuye a incrementar la contaminación atmosférica.
Así lo confirma un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigación en Óptica y del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un trayecto de la carretera Jojutla-Alpuyeca, en Morelos, cuyas conclusiones evidencian que los 3 mil automóviles que transitan diariamente por ahí desperdician, a causa de los 50 topes contabilizados en el tramo, unos 7 mil litros de gasolina, lo cual supone arrojar a la atmósfera 6 mil toneladas de dióxido de carbono cada año. La energía que ahí se desperdicia equivale, calculan los investigadores, a la energía necesaria para mantener encendidos 4 horas 1.5 millones focos ahorradores.3
En un contexto de inseguridad como el que hoy vivimos en México, los topes se han convertido en un riesgo para quienes circulan por las carreteras. Debido a que los topes obligan a los automovilistas a reducir la velocidad de sus vehículos hasta casi detenerse, éstos se convierten en presa fácil de la delincuencia, que aprovecha la oportunidad para despojarlos de sus pertenencias.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública admitió ante el Senado de la República en octubre de 2011 que la inseguridad en las autopistas y vías federales es un problema grave y creciente, al tiempo que señaló que algunos procuradores estatales ocultaban información y maquillaban cifras. Entre enero y agosto de 2011 se registraron mil 828 robos de vehículos públicos y particulares en carreteras de 13 entidades, de los cuales 86.8 por ciento fue violento.4
Desde nuestro punto de vista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la responsabilidad de brindar seguridad a los usuarios de la red carretera federal. Además –de acuerdo con los objetivos planteados por la propia dependencia en su página de Internet–, ésta debe abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.5
En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios y sustituir los indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios a detenerse.
Notas
1 Véase “Topes carreteros causan pérdidas por miles de pesos”, en www.diariodecomitán.com.mx, martes 6 de marzo de 2012.
http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=8572:topes-carreteros-causan-perdidas-po r-miles-de-pesos&catid=54:municipio&Itemid=70
2 Véase “Existen más de 400 topes en el camino San Cristóbal-Palenque”, en El Heraldo de Chiapas, 7 de mayo de 2011.
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2067900. htm
3 Véase “Topes urbanos, altos generadores de contaminación, concluyen especialistas”, en www.inves.com.mx
http://www.invdes.com.mx/medio-ambiente/2222—topes-urban os-altos-generadores-de-contaminacion-concluyen-especialistas
4 Véase “Asaltos carreteros pegan a la producción”, en Excélsior, 14 de octubre de 2011.
http://www.intermediamexico.com/lib/cntcubs.php?clave=21 83716
5 Véase “Objetivos estratégicos”, en www.sct.gob.mx
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-co nservacion-de-carreteras/conocenos/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba y Salvador Barajas del Toro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Víctor Serralde Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que lo requiere. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.
Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.
Con una cosecha estimada en 23 millones de toneladas durante 2012 y una superficie de siembra anual promedio de 7.2 millones de hectáreas, México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil.
No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año que concluyó fue de 9.5 millones de toneladas.
Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.
Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del TLC, México acordó con los Estados Unidos y Canadá, el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.
Estos acuerdos precisaron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y, por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual, empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.
Contrario a lo establecido, y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyectó en 9.5 millones, que equivale a 380 por ciento más de lo previsto.
Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.
Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, que finalizó en junio anterior, donde al primer semestre del año pasado se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.
Sucede entonces que existe sobre oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.
Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.
Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad, sin dejar de mencionar las afectaciones, que en el caso de Sinaloa y Sonora, han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado.
Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en 2012 sumó 163 millones de pesos.
Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.
En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.
Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.
Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que sea esta dependencia quien determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que esta dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. El próximo 7 de Julio se celebrarán comicios electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, sólo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
2. Estamos convencidos que se deben ejercer comicios transparentes, bajo un ambiente de cordialidad y total claridad; ya que con anterioridad, se han dado sucesos en los que las elecciones se han contaminado con la sospecha de la utilización de recursos públicos, con fines proselitistas.
3. Según algunos medios de comunicación, se acusa la posibilidad en la manipulación de ciertos programas, que deberían estar encaminados a beneficiar a la sociedad mexicana, sin embargo el criterio utilizado por el diario Reforma, en su edición del 10 de Febrero del 2012, radica en que se puede entender como sacar provecho de éstos programas en las próximas elecciones; todo ello, en el caso especifico del programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; dónde a su vez, se argumenta que no se están considerando a los municipios que en realidad tienen extrema pobreza; si no que por el contrario, se están contemplando municipios o ciudades que son las más buscadas por su número de habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo, con la finalidad de verse beneficiados algunos partidos políticos con votos en esta próxima contienda.
4. Cabe señalar, que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas, aplaudimos que se destinen recursos a las ciudades y principalmente a Baja California, sin embargo, se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el Gobierno Federal ha contemplado para la implementación de los mismos.
Sólo por enunciar las ciudades o municipios que habrán de beneficiarse, son Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos, dentro del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, siendo que algunas de estas no tienen un índice alto de pobreza, tal como lo establecen propias dependencias del gobierno federal y estudios que instituciones especializadas han arrojado, sobre el mismo tema.
5. Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta coalición, y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza. Baja California por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de gobernador, además de diputados locales y alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población, y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema; así lo destaca la nota del periódico Reforma.
6. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tijuana cuenta con 3.5 por ciento de población que vive en pobreza extrema; Cancún 3.2 por ciento; Torreón 2.9 por ciento; Puebla 6.0 por ciento; Aguascalientes, sólo cuenta con el 2.3. En tanto, en que existen municipios con un alto índice de marginación como lo es, San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 57.4 por ciento; Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento; Chichiquila, Batopilas, Chihuahua. 55.4 por ciento; Santa María Peñoles, Oaxaca; 47.4 por ciento de población en pobreza extrema, los cuales hasta el momento no están contemplados dentro del programa Cruzada Nacional contra el hambre.
7. Existe la preocupación, que se sigan ejerciendo estas prácticas en la aplicación o uso indebido de recursos públicos, en estas próximas elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos. Es por ello, que hacemos un llamado al gobierno federal, a que se abstenga de intervenir en las próximas elecciones y que los recursos financieros se utilicen adecuadamente y no se desvíen como se ha apreciado en ocasiones anteriores.
Esto nos puede dar un claro ejemplo, que el programa no está tomando en consideración a localidades entre los 400 municipios con alto nivel de pobreza y que en verdad carecen de recursos para sufragar sus necesidades primordiales como son la alimentación, mas sin embargo, se tiene la sospecha que este programa esta incluyendo a municipios en los cuales se llevaran a cabo este próximo mes de julio elecciones para diputados locales y alcaldes; tal es el caso de Baja California dónde se elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es menester de esta representación nacional, evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población para quienes fueron creados y encaminando estos esfuerzos hacia una elección en dónde se trata de beneficiar a algún o algunos partidos políticos y sus candidatos.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 26 del mes de febrero de 2013.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que el 12 de septiembre de 2013 se realice una sesión solemne de Congreso General por el bicentenario de los Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Manuel Añorve Baños, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición protocolaria, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El próximo 14 de septiembre, el constitucionalismo mexicano conmemorará el bicentenario del pronunciamiento más ilustre que realizó don José María Morelos y Pavón como líder insurgente, en el marco de la instalación del Congreso de Chilpancingo en 1813, cuando leyó los Sentimientos de la Nación.
En la obra Vida de Morelos de Alfonso Teja Zabre, se narra una extraordinaria anécdota de don Andrés Quintana Roo con el general Morelos, previo a la inauguración de los trabajos de este Congreso Constituyente, y que a continuación se transcribe por su valor histórico:
Era la víspera de la instalación del Congreso. La estancia en la que estábamos era reducida y con un solo asiento; en una mesilla de palo, blanca, ardía un velón de sebo que daba luz palpitante y cárdena.
Morelos me dijo:
—Siéntese usted, y óigame señor licenciado, porque de hablar tengo mañana, y temo decir un despropósito; yo soy ignorante y quiero decir lo que está en mi corazón; ponga cuidado, déjeme decirle, y cuando acabe, me corrige para que sólo diga cosas en razón.
Yo me senté. El señor Morelos se paseaba con su chaqueta blanca y su pañuelo en la cabeza; de repente se paró frente a mí y me dijo su discurso. Entonces, a su modo, incorrecto y sembrado de modismos y con faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos sus creencias sobre derechos del hombre, división de poderes, separación de la iglesia y el Estado, libertad de comercio y todos esos admirables conceptos que se reflejaron en la Constitución de Chilpancingo y que apenas entreveía la Europa misma a la luz que hicieron los relámpagos de la Revolución francesa.
—Soy siervo de la Nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías; quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo; que rompa todos los lazos que le sujetan, y acepte y considere a España como hermana y nunca más como dominadora de América.
Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos; que no hay privilegios ni abolengos, que no es racional, ni humano, ni debido, que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado; que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tenga una fe, una casa y una bandera, bajo la cual todos juremos morir, antes que verla oprimida, como lo está ahora y que cuando ya sea Libre, estemos listos para defenderla...
Yo le oía atónito, anegado en aquella elocuencia sencilla y grandiosa como vista de volcán; él seguía; yo me puse en pie...; estaba arrobado...
Concluyó magnífico y me dijo:
—Ahora, ¿qué dice usted?
—Digo Señor... que Dios bendiga a usted (echándome a sus brazos enternecido), que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho, que es admirable...” 1
Las emotivas palabras de don Andrés Quintana Roo respecto a este episodio —no en vano considerado uno de los “Poetas de la Independencia”— revela el profundo sentir humano de don José María Morelos y Pavón respecto a la lucha insurgente y el destino que debía tomar el movimiento armado.
La trascendencia histórica y jurídica de los Sentimientos de la Nación es única, porque en tan sólo 23 puntos el general Morelos y Pavón logró sentar las bases de lo que constituiría un año después el primer ordenamiento constitucional de nuestro país: la Constitución de Apatzingán, cuyo nombre formal es Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
De manera que si consideramos al movimiento constitucionalista mexicano como un proceso en constante transformación desde su surgimiento en Chilpancingo en 1813, tenemos que los Sentimientos de la Nación son el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De entre sus 23 puntos más progresistas, destacan el 1° que señala que la “América es libre independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía”; el 5° donde establece que “la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano”; el 6° que refiere la división tripartita de las funciones públicas; el 12° que a la letra indica “que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”; el 15° en el que se proscribe la esclavitud y la distinción de castas; el 17° relativo al derecho de propiedad y su respeto; el 18° que proscribe la tortura y el 23° que solemniza el 16 de septiembre como el “Día Aniversario en que se levantó la Voz de la Independencia, y nuestra Santa Libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación para reclamar sus derechos con Espada en mano para ser oída...”
La elocuencia del general Morelos y relevancia de sus planteamientos, merece ser recordada de manera solemne por esta Honorable Cámara, por lo que debidamente fundado, someto a la consideración de este Pleno la aprobación del siguiente
Acuerdo
Artículo Único. Se celebrará una sesión solemne de Congreso General el 12 de septiembre de 2013, con motivo del CC Aniversario de los Sentimientos de la Nación .
Transitorios
Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Cámara de Senadores, citará a Sesión Solemne de Congreso General.
Artículo Tercero. Se invita a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Unión, a que asistan a la Sesión Solemne de Congreso General.
Artículo Cuarto. El formato en que se desarrollará dicha Sesión Solemne será definido por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Nota
1 Alfonso Teja Zabre, Vida de Morelos , México, UNAM, 1917, p. 185.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, a 27 de febrero de 2013.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por el Conaculta y la Sectur el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, para que se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La gastronomía mexicana se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad es considerada como una de las más variadas y originales del mundo, esto gracias a la biodiversidad de su medio natural y a la creatividad de los pueblos que la han desarrollado.
La historia de la gastronomía mexicana se remonta aproximadamente a 10.000 años; a la época en que, se estima, fue domesticado el maíz para convertirse en el cultivo que posteriormente sería la base alimentaria de las culturas mesoamericanas.
Fue durante la época prehispánica donde aparece un mosaico de muchas culturas muy distintas entre sí que al encontrarse en un entorno natural con distintos recursos, idearon su propia manera de aprovecharlos para alimentarse.
Durante tres siglos la gastronomía fue influenciada fuertemente por España; fue a partir de la Independencia de México que la gastronomía mexicana fue consolidando las características que hoy la identifican.1
En la última década del siglo XX se ha desarrollado un movimiento gastronómico conocido como “alta cocina mexicana” que ha permitido que los chefs y sommeliers expresen su creatividad y destaquen a nivel internacional.
El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes, cumple funciones sociales y rituales, porque es un motivo que une a las familias.
La gastronomía mexicana ha tomado tal importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó un libro denominado “Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas”2 que destaca esta actividad en la cultura mexicana.
Surge, además, El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM) que es una organización de la sociedad civil. Éste propone, como fin esencial, la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen el tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, siendo un agente coadyuvante en la preservación del patrimonio gastronómico, así como en la protección de la soberanía alimentaria de México.3
No debemos dejar de lado las estadísticas que la industria restaurantera en México representa, por mencionar algunos datos y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 428 mil restaurantes a nivel nacional, entre torterías, loncherías, juguerías, taquerías, antojerías, cafeterías, restaurantes de comida rápida y los restaurantes de servicio completo.
En 2011, el crecimiento del sector fue de 3.7% con ventas aproximadas a los $182,992 millones de pesos. De igual manera, representa el 1.4% del PIB nacional y el 13% del PIB turístico; la industria restaurantera es el segundo mayor empleador y primero en autoempleo a nivel nacional.4
En este orden de ideas, el sector restaurantero genera una importante contribución a la economía nacional; con base a las cifras anteriormente señaladas es importante que se le dé el justo reconocimiento a quienes trabajan cotidianamente en esta industria, y se les reconozca por sus importantes aportaciones a la actividad productiva del país.
En el aspecto cultural, la cocina mexicana y los hábitos alimentarios se podrían definir como un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales, alimenticios o gastronómicos, ya que está involucrada en religiosidad, rituales y tradiciones de siglos atrás, incluso milenios, que continúan vigentes en pleno siglo XXI. Es un fenómeno cultural que se presenta de la mano con el ciclo de vida y por supuesto con el ciclo agrícola, de manera destacada en los momentos más relevantes como el nacimiento y la muerte, la siembra y la cosecha. La comida mexicana es una matriz de antiguos conocimientos enriquecidos en diferentes etapas de mestizaje que perviven en la actualidad, no sólo en los surcos y en las milpas, en las cocinas y en las mesas, sino también de alguna manera en templos y cementerios, en cunas, altares y tumbas, en rezos y costumbres del pueblo, sea indígena o no. Nuestra cocina es un conjunto cultural que deviene eje de usos y prácticas comunitarias y familiares.
La cocina mexicana es un factor de cohesión familiar y social entre todos los estratos de la población. Es uno de los más poderosos elementos de la identidad nacional; comer es un acto biológico; cocinar es un acto cultural. La cocina es cultura.5
En el aspecto turístico, el turismo de alimentos ha ganado cada vez más atención en los últimos años. Los viajeros son atraídos por productos locales y muchos destinos se han centrado en el desarrollo de los mismos y el marketing como consecuencia.
Las actividades del turismo gastronómico y enoturismo no se centran sólo en la asistencia a restaurantes donde se sirvan platos, abarcan también aspectos como la visita de mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de los lugareños, participación en fiestas locales, además de las ofertas culturales, de playa, de historia, de aventura, tan sólo por mencionar algunos. Como ejemplo podemos mencionar las 18 Rutas Gastronómicas de México existentes.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que muchos de los miles de millones turistas de todo el mundo están volviendo a destinos conocidos para disfrutar platillos y recetas probados con anterioridad, o viajar más lejos en busca de cocina nueva y especial; la gastronomía se ha convertido en una parte central de la experiencia de turismo.
Por otro lado, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, durante su Quinta Reunión Ordinaria que se llevó a cabo en la Ciudad de Nairobi, Kenia, del 15 al 19 de noviembre del 2010, inscribió a la Cocina Tradicional de México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.6 Reconocimiento que hasta ese entonces sólo la cocina francesa tenía.
La inquietud por dar reconocimiento a la cocina mexicana de todo el país fue el motivo para dar paso a las primeras acciones por parte de algunos periodistas, entre ellos Víctor Hugo Rodríguez y Alfonso Valdés, así como el fotógrafo Virro Borja, en 2005; quienes decidieron reunir en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, a algunos chefs para la primera foto en su género hasta ese momento: un recuerdo gráfico de un sector sumamente importante para la cultura de nuestro país. El resultado fue la apertura de un panorama de opciones para las personas dedicadas a la industria gastronómica.
La pronunciación de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio Intangible de la Humanidad, realizada por la UNESCO en noviembre del 2010, fue el marco ideal que fortaleció la noción dentro del sector de que esta iniciativa debía tener mayor difusión y promoción a lo largo y ancho del país, lo cual se ha reflejado al romper, año con año, el record establecido en el 2008, fecha de la primera fotografía a los Chefs de México.
El próximo sábado 16 de marzo de 2013; con motivo de rendir homenaje a los hombres y mujeres más destacados del ámbito gastronómico, en colaboración con instituciones, fundaciones y líderes del gremio, se busca establecer “El Día de la Gastronomía Mexicana”.
Dichos festejos contemplan tres eventos:
a) Una foto multitudinaria donde se convocará al mayor número de chefs, sommeliers, capitanes y demás personal de servicio en el majestuoso Ángel de la Independencia.
b) El segundo, una carrera de meseros que se llevará a cabo en el Paseo de la Reforma.
c) Una premiación a lo más selecto del campo gastronómico. (Como se ha venido realizando en los últimos años).
Además, la fotografía podría hacer que nuestro país obtenga el Guinness World Record por el mayor número de chefs y sommeliers reunidos.7
La propuesta de instituir el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana el segundo sábado de marzo responde a las cifras emitidas por la CANIRAC de ventas promedio en el 2011;8 de la misma forma, concretar las actividades entre los gobiernos y la sociedad, para establecerlo como parte de las festividades de nuestro país, que enriquezca el acervo cultural de la nación. Y que mejor ocasión para comenzar que hacerlo en un sitio tan emblemático de nuestro país como lo es el Ángel de la Independencia.
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, para que se establezca el segundo sábado de marzo como día nacional de la gastronomía mexicana.
Artículo Segundo. Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo en sus respectivos ámbitos de competencia en conjunto con el gremio gastronómico, se encargarán de la organización, difusión y coordinación de los festejos y las actividades a nivel nacional.
Notas
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
2 http://www.h-mexico.unam.mx/node/8600
3 http://www.ccgm.mx/ccgm.2/Quienes_Somos.html
4 http://canirac.org.mx/pdf/canirac-20110713-cifras-del-sector-restaurant ero.pdf
5 http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=gastronomia&table_id=4
6 Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
7 http://diadelagastronomiamexicana.com/index.html
8 Fuente Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y alimentos Condimentados.
Dado en el salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el nombramiento del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura del Congreso General, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, mismo que no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración que protege los derechos humanos de las y los migrantes al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política migratoria de México como se lee claramente en la Ley de Migración, se sustenta en los siguientes principios: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular pre configurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgara la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada (presunción de inocencia).
Asimismo, el Estado mexicano garantizará la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
De igual manera, la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.
En este orden, compartimos las preocupaciones de diferentes organizaciones defensoras de las y los migrantes que ven con alarma que una persona con carrera policial y de investigación este a cargo de un instituto que en principio busca el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes, en virtud que el C. Ardelio Vargas Fosada, perteneció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), como subdirector de seguridad en el periodo 1991 al 1994, como delegado del propio centro en los Estados de Chiapas y Oaxaca de los años 94 al 2000 y como director de investigación del 2000 al 2005, entre otros cargos de seguridad, y su mentalidad sin dudas es considerar que toda aquella persona que no cumple la ley es delincuente y comete un delito, contrario a lo que sostiene la Ley de Migración.
Estimamos que debiera ejercer un cargo relativo a su perfil policiaco y por esa razón se le debe reubicar a un espacio relacionado con su formación y no estar en un Instituto que en principio como lo venimos diciendo debe proteger por encima de todo los derechos humanos de las personas migrantes. El Instituto contribuye a la seguridad pública y fronteriza, pero no suple a las autoridades competentes en este tema, se debe evitar la confusión de las funciones del Instituto con autoridades de prevención y persecución de delitos, por pensar que el Instituto es un órgano de combate a los delitos que se presenten en las fronteras del País, colocando en condiciones de fragilidad a las y los migrantes, pues se verían afectados en el derecho de presunción de inocencia respecto de un hecho delictivo.
Con el nombramiento extendido se envía un mensaje que contraviene la Ley de Migración en sus principios, y creemos también, como lo sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde, quien fue designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de esas garantías de las personas migrantes, que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración debe ser una persona con reconocida experiencia en la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes.
Abona también a esta petición, lo dispuesto en la Ley de Migración que señala que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
En razón de lo anterior, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que revise el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado, como Comisionado del Instituto Nacional de Migración, mismo que no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SEP, la SE, la Segob y la PGR políticas de control y combate del contrabando y la piratería, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Por su naturaleza, la piratería es un fenómeno de acciones delictivas contra la propiedad intelectual o industrial que involucran la realización de ediciones sin permiso del autor o propietario.
Las principales consecuencias de la piratería en México son: la falta de garantía en los productos y servicios, mercancía robada, falta de higiene, inseguridad ciudadana, entre otras, lo cual se ha incrementado con la aparición de los medios tecnológicos, que han aportado herramientas para un manejo ilegal de mercancías en nuestro país.
Desde hace décadas, el problema de la piratería en nuestro país ha crecido, y en ello mucho tienen que ver los miles de desempleados que existen, ya que la gente no tiene otra opción que meterse de lleno al comercio informal.
En el 2012 el número de personas que se emplearon en la informalidad ascendió a 28.9 millones. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelaron que respecto a 2011, se sumaron 86 mil 339 personas a labores poco o nada productivas para la economía del país. Datos del Inegi detallaron que del total de esta población, 13.5 millones forman concretamente la ocupación en el sector informal.
Las autoridades han permitido de alguna manera operar al sector ilegal debido a que no se tienen políticas rigurosas al respecto y no tienen soluciones concretas para ofrecer a la sociedad de bajos ingresos y sin trabajo.
La piratería en México es un paraíso, a pesar de ser de conocimiento público que se trata de un delito, ni consumidores ni vendedores se esconden, operan a plena luz del día y sin preocupaciones.
Las estadísticas no dejarán mentir, el 88 por ciento de los consumidores en el país han adquirido algún producto ilegal, y la ganancia por piratería en México alcanza los 75 millones de dólares anuales.
Las pérdidas para la industria mexicana son millonarias, los consumidores mexicanos de discos piratas gastan poco más de 570 mil millones de pesos anuales, según la encuesta de hábitos de consumo de productos piratas y falsificados en México, los productos que más compra la gente son CD, DVD, series, acumulando el 94 por ciento de las compras de artículos piratas, siguiendo con un 14 por ciento la ropa, 13 por ciento calzado y 10 por ciento software.
En México se trafican miles de toneladas de mercancía robada o pirata, y el fracaso de la regulación y persecución de este delito, por parte del gobierno federal, ha permitido que el negocio sea redondo, fortaleciendo el crimen organizado cada día más.
Debemos crear un ambiente de legalidad, tomando en cuenta que la piratería debilita las industrias locales, las fuentes de empleo, impuestos y fomenta la delincuencia.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 de febrero de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a condenar en representación del gobierno mexicano la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a 24 presos civiles saharauis juzgados en un tribunal militar marroquí, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Sáhara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del mismo nombre. Es uno de los dieciséis territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El proceso de descolonización del Sáhara Occidental fue interrumpido en 1976, cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el territorio y lo dejó en manos del reino de Marruecos y Mauritania, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que dichos acuerdos no convirtieron a Marruecos y a Mauritania en potencias administradoras del territorio, por lo que éste sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo. Además, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que nunca han existido vínculos de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara Occidental.
2. En la actualidad, aunque más de la mitad del territorio sigue ocupado por Marruecos, no existe estado alguno que reconozca soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
En 1976 el representante del pueblo saharaui, el Frente de Liberación Nacional, conocido como Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, entre ellos México, que desde 1979 reconoce y sostiene relaciones diplomáticas con la República Saharaui.
A partir de 1982 la RASD es miembro permanente de la Unión Africana, organismo que tiene entre sus objetivos primordiales la búsqueda de diversas formas de integración continental, así como luchar contra el colonialismo en África.
3. Con el fin de resolver el estatus jurídico del territorio en disputa, la ONU creó en 1992, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sáhara Occidental (Minurso). Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo, “por obstrucciones directas del reino de Marruecos”, según declaró el antiguo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y exsecretario de Estado norteamericano, James Baker.
Desde el cese al fuego en 1991, Marruecos y el Frente Polisario llevan a cabo conversaciones directas, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo positivo hasta la fecha.
4. A partir del 9 de octubre de 2010 en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, comenzó a organizarse por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada, como lo son el derecho a la vivienda y al empleo.
Las demandas exigidas hasta ese entonces resaltaban el derecho a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, por la población saharaui. Dado que los beneficios son disfrutados por el reino de Marruecos.
En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento. En la operación y en los posteriores enfrentamientos en El Aaiún, murieron gendarmes marroquíes y civiles saharauis, entre los que se cuenta a un niño saharaui que murió en un control policial por el disparo de un gendarme marroquí.
5. En la madrugada del 17 de febrero pasado, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik; 24 activistas saharauis, entre los que destaca el intelectual saharaui Enaama Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat, en donde las condenas han resultado excesivamente severas: 9 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años, 3 a 20 años, 7 a 25 años de cárcel y 2 han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.
Luego que el Tribunal Militar marroquí emitió la condena, Amnistía Internacional en un comunicado manifestó que las autoridades marroquíes deberían recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a presos saharauis, y entonces investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han manifestado.
Se debe resaltar que pese a los insistentes llamamientos de organismos, colectivos y representantes populares alrededor del mundo, defensores de los derechos humanos, las autoridades marroquíes hicieron caso omiso y llevaron a cabo un juicio fuera de la legalidad internacional por varios motivos. Ejemplo de ello es que:
• Se juzgó a civiles como militares;
• Se juzgaron en la capital del reino de Marruecos, es decir en otro país;
• No se presentaron pruebas fehacientes que demostraran la culpabilidad de los saharauis juzgados.
6. En este orden de ideas, tenemos que la postura de México referente al respeto y protección universal de los derechos humanos es una bandera que ha enarbolado en todos los foros internacionales; por lo que resulta importante que ante los hechos antes descritos, nuestro país asuma una postura firme en la que se repudien este tipo de actos. Actos que están fuera del derecho internacional. Sin importar el país donde se estén cometiendo, sin temor a intervenir en los asuntos de carácter interno, ya que en la defensa a los derechos humanos nos corresponde a todas las naciones participar.
Por lo que hace a esta Cámara de Diputados, debemos manifestarnos de manera concreta y rechazar la violación flagrante al derecho a un debido proceso legal, al que todas las personas tenemos, ya que la forma en que se dio la detención y sujeción a proceso de los saharauis antes mencionados, es incuestionablemente, es una violación al más mínimo derecho humano. Por esa razón, durante el primer periodo de receso del Congreso de la Unión, presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, condenara el juicio militar que el reino de Marruecos planeaba realizar contra estos civiles saharauis. Punto al que a petición de senador Fidel Demédicis Hidalgo se le agregó un segundo acuerdo en el que se hacía un llamado a la ONU para que vigilara los derechos humanos de la población civil saharaui, en el territorio ocupado.
Al atento llamado que la Comisión Permanente tuvo a bien votar a favor, la cancillería mexicana no emitió respuesta. Lo cual resulta preocupante y cuestionable, ya que el caso de los civiles saharauis era evidentemente justo defender y apoyar; condenando el procedimiento. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) no lo consideró así: ¿por qué?, ¿qué interés se estará anteponiendo para que México no demuestre el ánimo que nos caracteriza en la defensa de los derechos humanos?, ¿Tendrán alguna razón “importante” para no demostrar voluntad política sobre el caso de los 24 presos políticos saharauis? Es de tomar en cuenta que no sólo debe haber un pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados, también debiese haber un llamado por parte del gobierno mexicano, a fin de que se manifieste en contra de ese tipo de hechos, con la intención en especial de no permitir que vuelvan a ocurrir, pero también con la finalidad de tratar de reencauzar lo que hasta ahora es un juicio injusto, ya que se está juzgado a civiles bajo una marco legal de carácter militar.
Por todo lo anteriormente expuesto, y buscando siempre contribuir a fortalecer la presencia de nuestro país en el escenario internacional, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta, en representación del gobierno mexicano, emita firme condena ante la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover actos cívicos y culturales en las escuelas en conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado Manuel Añorve Baños integrante del Grupo Parlamentario del PRI y Presidente de la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es un hecho probado que del éxito de las políticas públicas educativas depende el desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de los pueblos. Es por esa razón que por mandato del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal impartir de manera gratuita, laica y obligatoria educación de calidad.
En México y el mundo entero, antes la educación entrañaba el privilegio de unos cuantos, hoy es un derecho humano que promueve no sólo el conocimiento en todas sus formas de expresión, sino valores fundamentales como el respeto, la igualdad y la libertad entre los individuos.
Por ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia del gobierno federal que tiene como principal propósito asegurar que todos los mexicanos, sin distingo alguno, tengan acceso a los servicios educativos en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Es cierto que en México a lo largo de las últimas nueve décadas, el sistema educativo se ha fortalecido y ampliando paulatinamente. Cifras oficiales demuestran que la escolaridad promedio a nivel nacional ha venido manifestando una tendencia positiva; sin embargo, indicadores de distintas organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalan que en términos cualitativos aún falta mucho por hacer para alcanzar un nivel de excelencia.
Un caso preocupante es el desconocimiento de la historia Patria por parte de los mexicanos. En el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución, estudios de diversas instituciones demostraron este lamentable hecho. Por ejemplo, la encuestadora Consulta Mitofsky dio a conocer que sólo 3 de cada 10 mexicanos sabe el nombre del primer presidente de México y que 2 de cada 10 mencionaron un nombre totalmente distinto al de Guadalupe Victoria. Todavía más alarmante es el hecho que incluso entre los universitarios encuestados, sólo el 44% supo la respuesta correcta.
Lamentablemente cuando a los mexicanos se les preguntó ¿quién es el principal héroe de la Independencia? Las respuestas 3, 4 y 5 fueron Benito Juárez, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Sin perder de vista que solamente 1 de cada 6 mexicanos conoce el año en que se consumó finalmente el movimiento independentista.
Por su parte, Parametría en el mismo 2010, realizó una encuesta en la que destacó que los mexicanos celebrábamos lo desconocido: 57% de los entrevistados no supo o mencionó un país diferente del cual nos independizamos. 20% de ellos piensa que México se independizó de Estados Unidos.
Con estos datos, es evidente que tenemos frente a nosotros un serio problema educativo, más si tomamos en cuenta que en prácticamente todos los niveles escolares se imparte la materia de historia.
En este 2013, México celebra el bicentenario de la instalación de su primer Congreso Constituyente, el de Anáhuac, mismo que dio al pueblo mexicano un ordenamiento constitucional, independiente de la Corona española.
En este Congreso participaron hombres de la talla de José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, José Manuel de Herrera, José María Cos y Carlos María Bustamante, por mencionar sólo a algunos diputados constituyentes. Y sus trabajos desembocaron en la expendición de la Constitución de Apatzingán que, aunque no tuvo vigencia formal, es el primer documento constitucional de nuestra vida nacional.
Para quienes integramos la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, este año es fundamental para que todos los estudiantes del país conozcan y sepan de la labor realizada por quienes hoy son nuestros héroes nacionales, pero sobre todo reconozcan la importancia de sus contribuciones en la actualidad.
En este sentido, la fracción XXI del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la SEP le corresponde “organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural”. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a que promueva actos cívicos y culturales en las escuelas de todo el país en conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, a 27 de febrero de 2013.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta lo mismo a la SCT que al gobierno estatal y al ayuntamiento de Colima a fundamentar las atribuciones que conforme a derecho sustentarían la decisión de cambiar de sitio una obra originalmente licitada y adjudicada en el cruce del Tercer Anillo Periférico con la avenida Venustiano Carranza, a cargo de Patricia Lugo Barriga y suscrita por Martha Leticia Sosa Govea, diputadas del Grupo Parlamentario del PAN
Las suscritas, Patricia Lugo Barriga y Martha Leticia Sosa Govea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno de Colima y al ayuntamiento de Colima a fundamentar en el ámbito de sus competencias las atribuciones que conforme a derecho sustentarían la decisión de cambiar de sitio una obra originalmente licitada y adjudicada en el cruce del Tercer Anillo Periférico con la avenida Venustiano Carranza, como se encuentra consignado en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2012, y construirla sin un nuevo proceso de licitación en el cruce de la avenida Constitución con Tercer Anillo Periférico.
Consideraciones
En los últimos años, gracias al gobierno federal, Colima ha sido privilegiada con grandes obras de infraestructura que han beneficiado a los colimenses. La inversión del gobierno de Felipe Calderón en Colima ha sido histórica.
En este contexto, y con el único fin de seguir favoreciendo a los colimenses con estas obras, a partir del año 2011 se han emprendido unas de las obras más importantes, con una inversión federal de 305 millones de pesos, se anunció la construcción de 4 puentes en el Tercer Anillo del periférico de Colima, con la finalidad de trasformar esta avenida en una vía rápida.
Dos de estos puentes se terminaron y se pusieron en uso en el 2012. Uno de ellos, el del Complejo Administrativo, se construyó en bloques de tierra armada, tipo puente carretero. Otro más, el de la Figura Obscena contaba con un proyecto similar al construido en el Complejo Administrativo, y se pudo cambiar gracias a la intervención de los diputados locales y federales del PAN y de los ciudadanos, modificando el proyecto original para que se construyera una estructura más estética que no afectara el entorno urbano y la vocación comercial e habitacional de esta área de la ciudad de Colima, además de tratarse de la entrada norte de la capital estatal.
El tercer puente o lo que sería la construcción del tercer puente, el de la Ex Hacienda del Carmen, gracias a la oposición de la alcaldesa de Villa de Álvarez, se modificó por un paso deprimido.
Durante este proceso de remodelación, el tercer Anillo Periférico ha estado plagado de deficiencias debido a una mala planeación, la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno; no obstante, el mayor inconveniente surge con el cuarto y último puente programado que sería construido en el cruce del Tercer Anillo con la avenida Venustiano Carranza. Este puente se licitó para este sitio, pero, el gobierno estatal por medio de la Secretaria de Desarrollo Urbano cambió este puente al crucero de Constitución con el Tercer Anillo. De hecho este puente se sigue llamando Venustiano Carranza, aunque se construya en otro sitio.
Queda en entredicho la legalidad de este cambio, cuando esta obra ya ha sido licitada y adjudicada para construirse en un lugar, y sin embargo sin un nuevo proceso de licitación y de adjudicación se está construyendo en otro sitio.
Por lo expuesto y fundado se someten a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno de Colima y al ayuntamiento de Colima a fundamentar en el ámbito de sus competencias las atribuciones que conforme a derecho sustentan la decisión de cambiar de sitio una obra que originalmente ha sido licitada y adjudicada para otro lugar, y específicamente en el cruce del Tercer Anillo Periférico con la avenida Venustiano Carranza, como se encuentra consignado en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2012.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Colima a trasparentar toda la operación de licitación y adjudicación de esta obra, especificando con claridad cuál o cuáles han sido las empresas que se adjudicaron las obra y los montos correspondientes; que se presente a la opinión pública el proyecto de este puente y de las obras complementarias; que se presenten a la opinión pública los permisos relativos a este obra del ayuntamiento de Colima, en respeto de la autonomía municipal plasmada en el mismo artículo 115 constitucional, toda vez que la ciudad cuenta con un plan de desarrollo urbano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputadas: Patricia Lugo Barriga, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior al efecto de que sea turnado como de obvia y urgente resolución, la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Relaciones Exteriores; y de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país. Lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El azúcar es un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.
La industria azucarera mexicana ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario, constituye uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.
La producción de caña en el país, se ha incrementado en los últimos años en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.
La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por la entrada en competencia con edulcorantes como la alta fructuosa y los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce.
A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a Estados Unidos, sin que esto permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.
La crisis provocada por la baja los precios del dulce en todo el mundo, debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avisorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.
De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.
De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.
Es por ello necesario el fomento de dicha empresa para beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.
La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.
Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que
1. Nuestra Constitución Política, en el artículo 26, inciso A), dice
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
2. En el reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el artículo 2, fracciones X, XVII, a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;
XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;
3. En el artículo 2 del reglamento interior, la Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo federal.
La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo federal.
4. En el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el artículo 2, señala sus facultades para
I. Ejecutar la política exterior de México;
II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;
III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano; y
IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.
5. Por último, en el artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria azucarera y cañera del país, por lo que se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Relaciones Exteriores; y de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país que contemple los siguientes ejes:
1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.
2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (Brasil por ejemplo, ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).
3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto laboral en Sandak, SA de CV, en Tlaxcala, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La empresa Calzado Sandak, SA de CV, de la trasnacional Bata, se ubica en Tlaxcala y empezó sus operaciones en julio de 1958; en 1974 el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak firmó un contrato colectivo de trabajo con la misma; desde entonces, se estableció una relación de entendimiento y cooperación para el desarrollo de una empresa productiva.
Sin embargo, desde diciembre del dos mil diez, los directivos de la empresa decidieron llevar a cabo un supuesto reajuste de personal y el desmantelamiento de las dos terceras partes de la maquinaria instalada sin dar aviso alguno al Sindicato y a los trabajadores, esto significaba dejar en el desempleo a más de 450 personas. Después de muchas negociaciones entre empresa y sindicato, se logró reabrir la planta y recuperar 263 empleos. Como acuerdo para mantener la fuente de trabajo, los trabajadores se comprometieron a elevar su producción, meta que fue lograda y reconocida por la empresa.
A pesar de lo anterior, el diez de julio del dos mil once llegó a la planta personal y equipo de transporte para desmantelar la maquinaria con la intención de cerrar las áreas de producción que quedaban, nuevamente actuando al margen de la ley. Los trabajadores defendieron su fuente de empleo y evitaron el saqueo.
Derivado de lo anterior y a pesar de las trabas impuestas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala al no reconocer a la mesa directiva del sindicato –resultado de la negativa de otorgar la toma de nota–, lograron la obtención de los requisitos legales y estalló la huelga el 29 de agosto de 2011.
Un año después se notificó al sindicato la supuesta inexistencia de la huelga y por tanto se les emplazaba para que en 24 horas se reabriera la empresa; por tal motivo, desde el 10 de agosto de 2012 las trabajadoras y los trabajadores están presentes en la planta a disposición de la empresa para reanudar labores atendiendo la resolución emitida.
A la fecha, con la anuencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que actuó de manera parcial omitiendo la defensa y el otorgamiento de condiciones para el retorno a las actividades laborales y el respaldo de las autoridades del estado que eluden atender el conflicto con miras a su solución, la empresa se niega a cumplir la ley y reabrir la planta.
Por otro lado, para sustituir la producción que se realizaba en la planta, la empresa trasladó procesos a maquilas y trabajo a domicilio; un modelo de trabajo que se ejerce por la empresa en ausencia de condiciones de seguridad, salubridad y de violación de los derechos laborales, ya que a los trabajadores que despiden o liquidan les ofrecen máquinas de coser o materiales para que sigan produciendo en un modelo inferior al de la subcontratación que tenemos actualmente en México.
De forma arbitraria, los patrones de la empresa dieron de baja en el IMSS a las trabajadoras y los trabajadores y algunos presentan complicaciones de salud por el manejo de químicos en los procesos productivos. Incluso se registró el caso fatal de la trabajadora María Luisa Hernández Moreno, quien falleció víctima de una trombosis sin atención oportuna; hay trabajadoras y trabajadores con padecimientos extremos y que se encontraban bajo tratamiento e incluso programados para intervenciones quirúrgicas, nos preocupa su salud por lo alarmante de la situación.
En una revisión del expediente, resulta notable la parcialidad de las autoridades al tomar en cuenta los dichos y los documentales públicos del patrón para terminar la relación de trabajo, por ello ponemos acento en este conflicto para que esta soberanía en el ejercicio de sus facultades exhorte a las autoridades involucradas a restablecer la justicia y garantizar la equidad y transparencia en el proceso.
El caso de Sandak se circunscribe dentro de una política que desde hace más de treinta años ha sido caracterizada por el estado de desmantelamiento de la planta productiva nacional, la agresión sistemática a la pequeña y mediana empresa, el ataque al sindicalismo libre y la protección de los oligopolios en detrimento de las economías locales.
Con base en lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, ciudadano Mariano González Zarur, a instruir a las autoridades bajo su cargo con la finalidad de que en una labor de mediación generen las condiciones de diálogo para que se llegue a una solución definitiva al conflicto en la empresa Calzado Sandak, SA de CV.
Segundo. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar las medidas que garanticen el retorno de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak a su lugar de trabajo, el restablecimiento de sus derechos laborales y de seguridad social, así como el otorgamiento de la toma de nota de la mesa directiva de este sindicato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE a realizar por la Junta General Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores una redistribución en Veracruz, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que a través de la Junta General Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice una redistritación en el estado de Veracruz, con base en las siguientes
Consideraciones
Es sabido que corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE) llevar a cabo, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las actividades fundamentales para garantizar el principio de igualdad del voto y la integridad del proceso electoral, para tal efecto debe desarrollar acciones encaminadas a la revisión y ajuste periódico de la división del territorio nacional para fines electorales e integrar y actualizar de manera permanente el registro de los ciudadanos con derecho al voto.
La legislación electoral señala que el factor poblacional constituye el principal referente tanto para determinar la distribución de los 300 distritos uninominales entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, por consiguiente, la movilidad de la población obliga a realizar una revisión y ajuste periódico de la división del territorio con fines electorales para que todos los diputados representen a un porcentaje análogo de la población y se garantice el principio de la igualdad del voto, asimismo, debería aplicarse el criterio como vías de comunicación, accidentes geográficos, integridad territorial, a fin de lograr alcanzar que los distritos tengan una forma geométrica lo más cercana posible a un polígono regular y compacto.
Además, es oportuno señalar que cada año se presentan los siguientes factores, miles o millones de mexicanos alcanzan la mayoría de edad; otros cambian de domicilio, aunado a ello, también se presentan miles de defunciones (ciudadanos que contaban con credencial de elector), es claro que estos factores también inciden de manera significativa en la construcción y actualización de los instrumentos electorales.
El estado de Veracruz cuenta con una extensión territorial de 71 mil 820 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales, se observa una gran diversidad y contrastes en términos topográficos y climatológicos, y tiene una población de poco más de 7 millones 643 mil 194 habitantes, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, en este rubro se presentan patrones de distribución donde se caracterizan por altas concentraciones en zonas urbanas y una gran dispersión en zonas rurales y de difícil acceso.
La redistritación electoral es una tarea esencial dentro del sistema político, porque su tarea fundamental es lograr una adecuada representación ciudadana ante el Congreso de la Unión, convirtiéndose en uno de los retos pendientes en el marco de la reforma del estado, en razón de que cada vez que se efectúa una redistritación se presentan problemas, debido a que en las metodologías utilizadas hasta la fecha no se ha podido sistematizar la manera en que se incorpora el conocimiento local, regional y rural de las zonas distritales, dejando de lado la integridad de comunidades y el tiempo de traslado entre ellas, lo anterior deriva por criterios, procedimientos y métodos que son resultado de un trabajo que se ha centralizado.
Asimismo, es común observar que no existe concordancia entre los distritos locales y los federales, ya que los procesos para conformarlos se encuentran bajo la responsabilidad de instancias diversas; los primeros están a cargo de los institutos electorales estatales; los segundos, a cargo del Instituto Federal Electoral. El escenario que se observa es que distritos federales no comparten fronteras con los locales.
Apoyar la integración territorial y la identidad ciudadana facilitaría ciertas tareas operativas; además de incorporar de una mejor manera su conocimiento con respecto a los territorios que habitan cotidianamente y a los grupos sociales que los conforman, a fin de lograr el principal objetivo de obtener una adecuada representación ciudadana.
La necesidad de redistritar se sustenta en que la dinámica social hace que las regiones cambien, debido al crecimiento demográfico y la movilidad de población, la reconfiguración del territorio debido a la presencia de accidentes geográficos. De manera tal que, para mantener la representatividad de los lugares y reducir los problemas de falta de atención a los problemas de los diversos grupos sociales, es conveniente realizar una redistritación que permitan actualizar la geografía electoral, con base en las características topológicas, topográficas, socioculturales y políticas de un espacio concreto.
Situación que permanentemente se presenta en el estado de Veracruz, donde en ocasiones se deben hacer traslados de más de 5 horas de la cabecera municipal a un municipio o comunidad que integra el distrito, pasando por montañas, y accidentes geográficos, ocasionando que las visitas para atender las demandas de los ciudadanos sean poco frecuentes, además los pobladores por este contexto desconocen a sus representantes ante el Congreso de la Unión. Paradójicamente existen municipios aledaños donde su traslado representa al menos entre 30 y 60 minutos llegar al municipio desde la cabecera municipal, pero estos municipios no están integrados en el distrito, es decir, están en otro distrito que desde su cabecera hasta ese municipio se hacen alrededor de 5 horas, y si estuvieran integrados a la cabecera municipal más cercana en tiempo de traslado cumplirían con el requisito poblacional que establece la ley en la materia.
Por tal motivo, los criterios que debe observar en esta nueva redistritación el Consejo General del IFE, para conseguir una mayor eficiencia en la organización de las actividades electorales y de representación política por parte de los representantes populares electos por los ciudadanos, son considerar en lo mayor posible los tiempos de traslado, que haya contigüidad entre los municipios a representar, lograr una integridad de comunidades, tomar en cuenta los rasgos topográficos y vías de comunicación; y el respeto a las fronteras municipales.
Facilitar un desarrollo armónico en la redistritación se alcanzará cuando las fronteras de cada distrito se acerquen lo más posible a formas geométricas regulares y compactas, favoreciendo con ello evitar y prevenir la manipulación partidista en la conformación de los distritos minimizando conflictos.
En este rubro, es oportuno señalar que legislaciones locales de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, estado de México, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, y Zacatecas, han recogido los criterios de integridad de comunidades, unidad geográfica y vías de comunicación, así mismo, plantean el respeto por las fronteras municipales. Utilizan para tal efecto, términos como aspectos, factores o características geográficas, económicas, sociales y culturales, regiones o unidades geográficas o integración geográfica de regiones socioeconómicas con características similares.
El adecuado conocimiento del territorio resulta un insumo necesario para la redistritación, para ello, el Instituto Federal Electoral debe llevar a cabo acciones donde se involucren funcionarios locales, a fin de resolver el problema que pudiese presentarse a los criterios de integridad de comunidades y tiempos de traslado. No olvidemos el principio básico, una adecuada representación ciudadana es pilar central en la legitimación e implica el reconocimiento de las características territoriales a nivel local y de las relaciones sociales, particularmente aquellas vinculadas a la identidad y la correlación de fuerzas políticas.
Por último, el llegar a acuerdos entre las diversas regiones beneficia ampliamente en aspectos como costos destinados a los procesos electorales, la identidad de los ciudadanos con el territorio que conforma su distrito electoral, la reducción del abstencionismo y una mayor posibilidad de cooperación entre las autoridades de ambos niveles. La dependencia del centro ha sido determinante por siglos, por lo que es tiempo, aprovechando la apertura democrática, la pluralidad, la sensibilidad democrática de todos los actores políticos, de construir un sistema electoral más cercano a la ciudadanía, con municipios integrados con sus representantes, sin obstáculos geográficos, topográficos, culturales, de vías de comunicación, ni cualquier otro que obstaculice la integración comunitaria.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente extiende un exhorto al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que con fundamento en los artículos 118 y 128, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a través de la Junta General Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice una nueva redistritación en el estado de Veracruz.
Segundo: Durante el desarrollo de la nueva redistritación en el estado de Veracruz, la Junta General Ejecutiva deberá establecer los procedimientos para definir los criterios que se utilizarán en la formulación del proyecto de redistritación, organizando para tal efecto, mesas de estudio y análisis sobre población, los criterios deberán versar sobre marco geográfico, identidad cultural, integridad municipal, vías de comunicación, optimización de los tiempos de traslado, procurar delimitar los distritos a fin de que se obtenga la mayor compacidad, y la continuidad geográfica entre los distritos tomando en consideración los límites político-administrativos y los accidentes geográficos, en estas mesas, deberá convocar a especialistas locales del sector público, privado y académico, así como representantes de los partidos políticos nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputado Juan Manuel Diez Francos
Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena las disposiciones de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de los habitantes, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Trinidad Morales Vargas, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Recientes acontecimientos han causado polémica en Ciudad Acuña, Coahuila, en torno de la prohibición del uso de minifaldas por mujeres y por homosexuales. El director de Seguridad Pública de Ciudad Acuña propuso dicha regla, en virtud de lo establecido en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno donde, de acuerdo con su criterio, usar ese tipo de ropa es considerado “una falta de respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”.
Esta disposición autoritaria se fundamenta en el Bando de Policía y Buen Gobierno de 2005, que establece en el título segundo, “Seguridad pública”, capítulo IV, “Moralidad pública”, que son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público; proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos; asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”; esto, en el artículo 42.
El Reglamento de Justicia Municipal de Ciudad Acuña, en el artículo segundo, establece sanciones a los infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno, reglamentos, circulares y otros ordenamientos de observancia general como amonestar a los infractores en asuntos civiles, obligando en su caso a la reparación del daño; y en turnar los casos que correspondan al Ministerio Público. La comisión de una o varias de estas faltas podría ser sancionada con multa de 1 a 20 días de salario mínimo vigente en esta zona económica o con arresto de hasta 36 horas.
Sin embargo, los funcionarios han impuesto la prohibición no sólo a las mujeres sino a travestis y a homosexuales, argumentando la defensa del respeto de la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres. Como era de esperarse, la medida ha desatado una serie de protestas. Según se indicó, dicha prohibición obedeció a una petición hecha por personal del centro histórico y la Cámara Nacional de Comercio de Acuña contra quienes salen de los bares y centros nocturnos acompañadas de sus parejas y portando la diminuta prenda.
Además, el director de Seguridad Pública, Javier Aguayo y Camargo, general brigadier en retiro, nombrado en el cargo el 21 de septiembre de 2012, invitó a la ciudadanía a denunciar a quienes porten estas prendas y de esa manera salvaguardar la integridad de la comunidad, pues ello significa “una falta contra las reglas de urbanidad y la moral”, calificando de “grave” el uso de la vestimenta corta. Su prohibición, argumenta, evita “presenciar un espectáculo bochornoso”.
Las personas que visten de forma “provocativa”, hombres o mujeres, afirmó el general –quien ocupó el mismo puesto en San Luis Potosí y en la ciudad de Chihuahua–, son delincuentes en potencia, pues pueden utilizar su apariencia “para cometer algún acto ilícito”. Indicó que quienes sean denunciados por “enseñar de más” serán detenidos y multados. Parte de la medida, añadió, fue por la mala impresión que causan a la sociedad las mujeres dedicadas a la prostitución.
La intolerancia, el racismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia son actitudes que se fundamentan en el odio, el prejuicio, la ignorancia y el miedo. Pasiva o activamente, la homofobia (o cualquier otra manifestación de discriminación) lesiona los derechos humanos, crea fracturas en la comunidad, fomenta la desigualdad y la violencia, amenazando el desarrollo humano.
El principio de igualdad exige a los Estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación hasta de la propia vida.
No debemos olvidar que la existencia de actitudes discriminatorias establece obligaciones para los Estados, como la tarea de erradicarlas del ámbito público y privado. Si bien en México hay instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos y contra la discriminación, plasmados en la Constitución Política y diversas leyes secundarias, la realidad nos dice que éstas no siempre son aplicadas en todos los estados y sus municipios, como hoy ocurre en Coahuila, y que hay brechas importantes para el reconocimiento de estos derechos.
El racismo, la discriminación, la homofobia y la xenofobia constituyen un fenómeno social, cultural y político, no un instinto natural de los seres humanos. Por ello deben ser combatidos enérgicamente, máxime si son alentados por autoridades públicas.
En tal virtud, y por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes; y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Sagarpa a fin de que emita la cuota y tarifa energética de estímulo de la productividad y competitividad del sistema-producto manzana en términos de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Kamel Athié Flores, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
La fruticultura es una de las actividades de mayor valor en el producto nacional agropecuario, destacando la producción de manzana de varias regiones de Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla y otros estados.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla un desarrollo rural integral y sostenible, de interés público, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, con medidas de apoyos para eliminar las asimetrías con respecto a otros países.
En términos similares, la Ley de Energía para el Campo ordena acciones de impulso a la productividad y competitividad con el mismo objetivo anterior, y que los precios y tarifas de estímulo que se otorguen a los productores impulsen la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.
Hechos
Los manzaneros del estado de Chihuahua, sufren año con año los fenómenos climáticos de extrema sequía y de heladas tardías que afectan su producción y elevan sus costos.
En la cosecha se desploman los precios y en todo el año se sufre la competencia de la manzana importada, de menor calidad y con precios subsidiados de origen, constituyendo una asimetría de mercado desleal para los manzaneros.
Para competir y mantener su actividad económica y atendiendo las políticas de fomento nacionales para modernizar y eficientar la producción agrícola, los productores de manzana han tenido que realizar importantes inversiones en equipamiento e infraestructura.
Para aprovechar el agua escasa y superar la sequía, han instalado sistemas de riego de aspersión y de goteo; para evitar el daño por heladas tardías y fenómenos climáticos, equipan los huertos con calentadores, polinización artificial; mallas contra granizo; y, algo muy importante, motivo de esta iniciativa, han construido y están operando costosas instalaciones de selección y refrigeración de la manzana antes de la primera venta, para poder competir en el mercado abierto con calidad, oportunidad y precio.
La selección y refrigeración no es ya una actividad complementaria y separada de la producción manzanera: es parte de la producción primaria; sin la selección y conservación del producto antes de la primera enajenación, el productor no es competitivo, la venta de cosecha no cubre los costos, orillando al deterioro de los huertos y a la cancelación de esta actividad agrícola de importancia económica y social.
Argumentos
Es una paradoja y una injusticia, que los productores de manzana que más avanzan en la modernización, soporten costos más elevados, que los ponen al borde de la quiebra exclusivamente por uno de los factores de costo: la energía eléctrica de los frigoríficos de los productores, que representa el 90 por ciento del costo de refrigeración.
Cabe hacer notar que la situación se agrava año con año. Del 2000 al 2011, los precios de la manzana subieron 43 por ciento, mientras que la tarifa eléctrica de los frigoríficos, ha subido 174 por ciento.
El esfuerzo de los productores de manzana ha sido congruente con este propósito de hacer competitiva la agricultura mexicana, siendo parte importante de ello la selección y conservación de la producción agrícola, hasta la primera enajenación, que forma parte de la actividad agrícola, como lo reconoce, por similitud, la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 3o. que define como “uso agrícola: la utilización de agua nacional destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, y su preparación para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial”, que es el caso de los productores de manzana que poseen su propio frigorífico.
Por lo antes expuesto, los productores manzaneros deberían pagar la energía eléctrica consumida en sus propios frigoríficos, conforme a lo dispuesto por la Ley de Energía para el Campo, con la tarifa agrícola 9CU, que es actualmente de 50 centavos por kilowatt-hora.
Sin embargo, la CFE aplica la tarifa eléctrica industrial a los frigoríficos que son propiedad de los productores, sin que estos realicen la transformación de la manzana, tarifa que es hoy de $1.50 por kilowatt-hora, 300 por ciento más alta que la tarifa agrícola 9CU. No se respeta la tarifa de estímulo que mandata la Ley de Energía para el Campo.
La tarifa industrial descapitaliza a los productores que han integrado su cadena productiva con la conservación hasta antes de la primera venta, desestimula que más productores construyan y operen sus instalaciones de conservación de la cosecha y es uno de los factores que arruinan a las zonas de menor desarrollo relativo y ponen en riesgo a las de mayor desarrollo y modernización.
La revisión de esta tarifa es atribución de la Sagarpa conforme a la Ley de Energía para el Campo que dispone que “las cuotas energéticas serán establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, tomando en cuenta las características diferenciadas en los sistemas de producción y las diferencias regionales del país.”
Las condiciones climáticas, agrícolas y comerciales de los productores de manzana de Chihuahua, en donde se produce más del 70 por ciento de la manzana del país, hacen necesaria una cuota y una tarifa de energía eléctrica, que permitan mantener y ampliar el equipamiento de los productores para la conservación y el empaque de las cosechas hasta la primera venta.
Por lo tanto, debe cobrarse a los manzaneros con frigorífico la tarifa de estímulo que establece la Ley de Energía para el Campo, es decir, la tarifa 9CU que este año es de 50 centavos por kilowatt-hora consumido, y no la industrial de $1.50 por kilowatt-hora, para lo cual basta con que se emita esta disposición acatando el mandato expreso del artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo ya citado.
Conscientes del esfuerzo que todos los mexicanos debemos hacer para modernizar el campo, los productores que representan la mayor producción manzanera del país, han propuesto a través de sus representantes en el Sistema Producto Manzana, que la Sagarpa emita la cuota y tarifa de estímulo para la operación de frigoríficos de los productores, dentro del rango de las tarifas de estímulo agrícola, a la que podría denominarse tarifa para conservación y empaque de manzana.
Bastaría con que la Sagarpa emitiera la disposición que la Ley de Energía para el Campo en su artículo 8 le ordena emitir, en los siguientes términos:
Tarifa 9CE 2013. Tarifa para la conservación y empaque sin transformación del producto manzana con cargo único.
Aplicación. Esta tarifa de estímulo se aplicará para la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos de refrigeración y empaque de manzana propiedad de los productores, antes de la primera enajenación y sin llegar a la transformación del producto.
Cuotas aplicables. Durante todo este año, se aplicará uno punto cinco veces el cargo por cuota aplicable a la tarifa 9CU.
El esfuerzo de esta tarifa representaría para la CFE no es de ninguna manera excesiva en comparación con lo que representa la tarifa de bombeo agrícola. Por ejemplo, en Chihuahua, el costo de la tarifa de estímulo para conservación y empaque de manzana equivaldría menos del uno por ciento del subsidio de la tarifa agrícola, dado que el número de agricultores con tarifa de bombeo agrícola y otras cuotas de estímulo suma cientos de miles, mientras que son solamente 115 organizaciones locales de productores las que tienen frigorífico propio.
Adicionalmente, conforme a la Ley de Energía para el Campo, se establecerían acuerdos con los productores para que continúen eficientando sus instalaciones a fin de disminuir el consumo de energía y, con ello, el costo de refrigeración.
Por lo antes expuesto, considerando que esta tarifa se enmarca en disposiciones de interés público y es de interés directo de los productores de manzana y en general los agricultores del país, propongo el siguiente acuerdo con exhorto:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que cumpla la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo, estableciendo una cuota y tarifa de energía eléctrica para la conservación y empaque de manzana, de cargo único de uno punto cinco veces el cargo por cuota aplicable a la tarifa 9CU para actividades agrícolas, aplicable a la energía eléctrica consumida en los equipos de refrigeración y empaque de manzana propiedad de los productores, hasta antes de la primera enajenación y sin llegar a la transformación de la manzana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.
Diputado Kamel Athié Flores (rúbrica)