Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3716-VII, martes 26 de febrero de 2013
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a implantar acciones para retirar los topes en carretera que sean innecesarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las carreteras son vías de comunicación concebidas especialmente para la circulación de vehículos de transporte; a través de ellas se acortan las distancias entre una localidad y otra. Por eso promueven actividades como el comercio y el turismo; en suma, desempeñan un papel fundamental para el desarrollo económico.
La infraestructura vial del país requiere modernizarse para que la economía se vuelva más productiva y alcance mayor grado de competitividad. El deterioro que presentan muchas carreteras afecta, en ocasiones seriamente, la circulación por ellas. Un hecho que atrae nuestra atención es la cantidad de topes colocados en algunas carreteras y que provocan contratiempos a quienes transitan por ellas.
Los topes no sólo hacen que las personas tengan que invertir más tiempo en trasladarse de un lugar a otro sino que, también, provocan mayor desgaste a los vehículos en frenos, llantas y suspensión.
El mayor gasto de combustible que un vehículo debe realizar por culpa de los topes ha provocado cuantiosas pérdidas económicas a los empresarios del sector transporte, que tienen que sustentar con dinero de sus bolsillos un sensible incremento de los gastos operativos. Transportistas de Chiapas que operan en la carretera San Cristóbal-Comitán estiman que a causa de los topes su consumo de combustible ha aumentado hasta 20 por ciento.1
Un ejemplo de la excesiva cantidad de topes que hay en las carreteras es el camino San Cristóbal-Palenque, que a lo largo de sus 191 kilómetros tiene más de 400;2 eso se traduce aproximadamente en ¡1 tope cada 500 metros!
Pero la problemática de los topes no sólo se reduce a pérdidas económicas sino que tiene, también, repercusiones ambientales: un mayor gasto de combustible contribuye a incrementar la contaminación atmosférica.
Así lo confirma un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigación en Óptica y del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un trayecto de la carretera Jojutla-Alpuyeca, en Morelos, cuyas conclusiones evidencian que los 3 mil automóviles que transitan diariamente por ahí desperdician, a causa de los 50 topes contabilizados en el tramo, unos 7 mil litros de gasolina, lo cual supone arrojar a la atmósfera 6 mil toneladas de dióxido de carbono cada año. La energía que ahí se desperdicia equivale, calculan los investigadores, a la energía necesaria para mantener encendidos 4 horas 1.5 millones focos ahorradores.3
En un contexto de inseguridad como el que hoy vivimos en México, los topes se han convertido en un riesgo para quienes circulan por las carreteras. Debido a que los topes obligan a los automovilistas a reducir la velocidad de sus vehículos hasta casi detenerse, éstos se convierten en presa fácil de la delincuencia, que aprovecha la oportunidad para despojarlos de sus pertenencias.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública admitió ante el Senado de la República en octubre de 2011 que la inseguridad en las autopistas y vías federales es un problema grave y creciente, al tiempo que señaló que algunos procuradores estatales ocultaban información y maquillaban cifras. Entre enero y agosto de 2011 se registraron mil 828 robos de vehículos públicos y particulares en carreteras de 13 entidades, de los cuales 86.8 por ciento fue violento.4
Desde nuestro punto de vista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la responsabilidad de brindar seguridad a los usuarios de la red carretera federal. Además –de acuerdo con los objetivos planteados por la propia dependencia en su página de Internet–, ésta debe abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.5
En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios y sustituir los indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios a detenerse.
Notas
1 Véase “Topes carreteros causan pérdidas por miles de pesos”, en www.diariodecomitán.com.mx, martes 6 de marzo de 2012.
http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=8572:topes-carreteros-causan-perdidas-po r-miles-de-pesos&catid=54:municipio&Itemid=70
2 Véase “Existen más de 400 topes en el camino San Cristóbal-Palenque”, en El Heraldo de Chiapas, 7 de mayo de 2011.
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2067900. htm
3 Véase “Topes urbanos, altos generadores de contaminación, concluyen especialistas”, en www.inves.com.mx
http://www.invdes.com.mx/medio-ambiente/2222—topes-urban os-altos-generadores-de-contaminacion-concluyen-especialistas
4 Véase “Asaltos carreteros pegan a la producción”, en Excélsior, 14 de octubre de 2011.
http://www.intermediamexico.com/lib/cntcubs.php?clave=21 83716
5 Véase “Objetivos estratégicos”, en www.sct.gob.mx
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-co nservacion-de-carreteras/conocenos/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba y Salvador Barajas del Toro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Víctor Serralde Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que lo requiere. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.
Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.
Con una cosecha estimada en 23 millones de toneladas durante 2012 y una superficie de siembra anual promedio de 7.2 millones de hectáreas, México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil.
No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año que concluyó fue de 9.5 millones de toneladas.
Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.
Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del TLC, México acordó con los Estados Unidos y Canadá, el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.
Estos acuerdos precisaron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y, por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual, empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.
Contrario a lo establecido, y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyectó en 9.5 millones, que equivale a 380 por ciento más de lo previsto.
Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.
Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, que finalizó en junio anterior, donde al primer semestre del año pasado se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.
Sucede entonces que existe sobre oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.
Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.
Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad, sin dejar de mencionar las afectaciones, que en el caso de Sinaloa y Sonora, han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado.
Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en 2012 sumó 163 millones de pesos.
Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.
En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.
Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.
Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que sea esta dependencia quien determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que esta dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. El próximo 7 de Julio se celebrarán comicios electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, sólo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
2. Estamos convencidos que se deben ejercer comicios transparentes, bajo un ambiente de cordialidad y total claridad; ya que con anterioridad, se han dado sucesos en los que las elecciones se han contaminado con la sospecha de la utilización de recursos públicos, con fines proselitistas.
3. Según algunos medios de comunicación, se acusa la posibilidad en la manipulación de ciertos programas, que deberían estar encaminados a beneficiar a la sociedad mexicana, sin embargo el criterio utilizado por el diario Reforma, en su edición del 10 de Febrero del 2012, radica en que se puede entender como sacar provecho de éstos programas en las próximas elecciones; todo ello, en el caso especifico del programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; dónde a su vez, se argumenta que no se están considerando a los municipios que en realidad tienen extrema pobreza; si no que por el contrario, se están contemplando municipios o ciudades que son las más buscadas por su número de habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo, con la finalidad de verse beneficiados algunos partidos políticos con votos en esta próxima contienda.
4. Cabe señalar, que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas, aplaudimos que se destinen recursos a las ciudades y principalmente al Estado de Baja California, sin embargo, se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el Gobierno Federal ha contemplado para la implementación de los mismos.
Sólo por enunciar las ciudades o municipios que habrán de beneficiarse, son Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos, dentro del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, siendo que algunas de estas no tienen un índice alto de pobreza, tal como lo establecen propias dependencias del Gobierno Federal y estudios que instituciones especializadas han arrojado, sobre el mismo tema.
5. Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta coalición, y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza. Baja California por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de Gobernador, además de diputados locales y alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población, y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema; así lo destaca la nota del periódico Reforma.
6. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tijuana cuenta con 3.5 por ciento de población que vive en pobreza extrema; Cancún 3.2%; Torreón 2.9%; Puebla 6.0%; Aguascalientes, sólo cuenta con el 2.3. En tanto, en que existen municipios con un alto índice de marginación como lo es, San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 57.4%; Zirándaro, Guerrero, 57.4%; Chichiquila, Batopilas, Chihuahua. 55.4%; Santa María Peñoles, Oaxaca; 47.4% de población en pobreza extrema, los cuales hasta el momento no están contemplados dentro del programa Cruzada Nacional contra el hambre.
7. Existe la preocupación, que se sigan ejerciendo estas prácticas en la aplicación o uso indebido de recursos públicos, en estas próximas elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos. Es por ello, que hacemos un llamado al gobierno federal, a que se abstenga de intervenir en las próximas elecciones y que los recursos financieros se utilicen adecuadamente y no se desvíen como se ha apreciado en ocasiones anteriores.
Esto nos puede dar un claro ejemplo, que el programa no está tomando en consideración a localidades entre los 400 municipios con alto nivel de pobreza y que en verdad carecen de recursos para sufragar sus necesidades primordiales como son la alimentación, mas sin embargo, se tiene la sospecha que este programa esta incluyendo a municipios en los cuales se llevaran a cabo este próximo mes de julio elecciones para diputados locales y alcaldes; tal es el caso de Baja California dónde se elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es menester de esta Representación Nacional, evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población para quienes fueron creados y encaminando estos esfuerzos hacia una elección en dónde se trata de beneficiar a algún o algunos partidos políticos y sus candidatos.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 26 del mes de febrero de 2013.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76 constitucional, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México se encuentra en un proceso de transición demográfica única en su historia. La población entre 12 y 29 años representa el 35 por ciento de los mexicanos.1 Los jóvenes son el sector poblacional que se encuentra en formación, se introduce al sector productivo, quienes mueven la economía, la cultura, la política. Determinamos los usos y las costumbres del México contemporáneo, tenemos demandas, pensamientos, necesidades, aspiraciones y deseos diversos.
Un estudio de la Organización Iberoamericana de la Juventud coloca a nuestro país en una etapa avanzada de la transición demográfica. México experimentó una tasa elevada de fecundidad hasta mediados de los años sesenta, que ha descendido en los últimos 40 años hasta llegar a un nivel cercano al promedio de reemplazo.2
El desarrollo de los jóvenes atraviesa todos los temas: seguridad, educación, desarrollo científico, protección del medio ambiente, trabajo, esparcimiento. Los estudios y las políticas públicas que se vienen realizando en el tema juvenil son relativamente recientes.
La Organización de las Naciones Unidas declaró el año de 1985 como el Año Internacional de la Juventud. Junto con ello, los organismos oficiales de juventud han celebrado conferencias intergubernamentales, reuniones de jefes de Estado, reuniones interparlamentarias, han desarrollado proyectos regionales, planes de acción y programas de trabajo nacionales y regionales.
En agosto de 1992, diversas naciones de habla hispana firmaron el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), órgano de discusión regional que, dentro de sus fines se encuentran impulsar los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para mejorar la calidad de vida de los jóvenes; promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucional e intersectorial a favor de políticas integrales hacia la juventud.3
La OIJ es una institución supranacional que integra a 22 países de América Latina y Europa, a fin de articular y promover derechos y políticas públicas enfocadas a la población entre los 15 y 24 años de edad.
Las políticas regionales en materia de juventud deben de tener su referente a nivel nacional. Para ello, el gobierno federal cuenta con el Instituto Mexicano de la Juventud, órgano descentralizado de la administración pública, y referente obligado para conocer los trabajos que se han realizado a favor de los jóvenes.
La creación del Imjuve se remite a enero de 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. Tiene por objeto, entre muchos otros, definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; fungir como representante del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. Asimismo, es el responsable de velar por el cumplimiento de los tratados y convenios que firma el Ejecutivo en materia de juventud.
La Organización Iberoamericana de la Juventud celebró en España en el año 2005, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. El resultado final, el Acta de Badajoz, establece tres objetivos primordiales: promover en los países la generación de políticas públicas de juventud; investigar las diferentes realidades juveniles y capacitar funcionarios y representantes juveniles; así como promover proyectos integración para jóvenes a nivel nacional y regional.
México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005, sin embargo, no ha sido ratificado por el Senado de la República debido a que, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado el expediente respectivo a la colegisladora, y el proceso se encuentra detenido desde ese momento.
El Acta de Badajoz es un importante tratado que reafirma el compromiso de los Estados para garantizar los derechos esenciales y propios de los jóvenes. El tratado ha sido firmado y ratificado por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, y se encuentra en proceso de ratificación en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.
La ratificación del tratado representa el compromiso del Estado mexicano con el sector poblacional más numeroso, con mayores demandas y necesidades, así como el sector más activo y propositivo.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1 XX Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 http://www.censo2010.org.mx/
2 Saad, Paulo et al, Juventud y bono demográfico en Iberoamérica , Organización Iberoamericana de la Juventud, Madrid 2009.
3 Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud, http://www.oij.org/es_ES/la-oij/acta-de-fundacion
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de Pemex a investigar y revisar el proceso de liquidación de los trabajadores dados de baja a finales de la década de 1980 e inicio de la de 1990 en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Humberto Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En días recientes he recibido a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Reynosa, Tamaulipas, quienes fueron liquidados en la década de 1980 y principios de la de 1990.
El grupo de trabajadores argumenta que fueron liquidados de manera anómala y arbitraria por la paraestatal. Todo ello amparándose en un convenio que suscribieron empresa y sindicato; dicho convenio fue el 4761/89 y una cláusula del contrato colectivo de trabajo número 23, la cual dice que se les pagaría en forma igual que los trabajadores de planta. Convenio que no fue cumplido, pues se les liquidó a manera de gratificación, haciendo caso omiso del convenio mencionado.
De ser ciertas las demandas de los ex trabajadores de Pemex, que fueron liquidados incumpliendo lo establecido en el entonces contracto colectivo de trabajo, estos hechos violentarían todas las disposiciones en relación a la defensa y garantía de los derechos laborales en nuestro país, y dejaría un precedente de total injusticia.
Al respecto, quisiera hacer mención de que las prerrogativas establecidas en dicho convenio 4761/89, celebrado entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana titular del contrato colectivo, vienen a constituir una incorporación de estos derechos a las normas laborales de la industria petrolera, mismos que, de conformidad la Ley Federal del Trabajo, pasan a ser irrenunciables, por lo que cualquier estipulación en contra no produce efectos legales ni impide el goce y ejercicio de aquellos derechos.
En dicho convenio se estableció en favor de los trabajadores transitorios el privilegio de ser jubilados o liquidados, los beneficios antes aludidos son de la misma índole que las cláusulas que integran el contrato colectivo de trabajo, consecuentemente, los obreros eventuales tendrán derecho a la liquidación o jubilación correspondiente, por tanto exigible a Pemex, el cumplimiento de dichas cláusula.
Con estos antecedentes, no podemos permitir que se violen los derechos de estos trabajadores, de no recibir la jubilación o liquidación correspondiente y justa. Por ello, hoy en esta tribuna alzamos la voz en defensa de estos trabajadores, a los cuales se les liquidó en términos de gratificación, y no en los términos del contrato colectivo de trabajo.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social y al director general de Petróleos Mexicanos a realizar en ejercicio de sus funciones una investigación y revisión sobre el proceso de liquidación de los trabajadores que fueron dados de baja a finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990 en Reynosa, Tamaulipas, que se encontraban ante el amparo del convenio 4761/89 y la cláusula número 23 del contrato colectivo de trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el nombramiento del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura del Congreso General, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea proposición con punto de acuerdo con la intención que esta Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, haga un atento exhorto al Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, mismo que no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que protege los derechos humanos de las migrantes y los migrantes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La política migratoria de México, como se lee claramente en la Ley de Migración, se sustenta en los siguientes principios: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, genero, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgara la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada (presunción de inocencia).
Asimismo, el Estado mexicano garantizara la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, transito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
De igual manera, la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.
En este orden, compartimos las preocupaciones de diferentes organizaciones defensoras de las migrantes y los migrantes que ven con alarma que una persona con carrera policial y de investigación este a cargo de un instituto que en principio busca el respeto de los derechos humanos de las migrantes y los migrantes, en virtud que el ciudadano Ardelio Vargas Fosada perteneció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como subdirector de seguridad en el periodo 1991 al 1994, como delegado del propio centro en los estados de Oaxaca y Chiapas de los años 94 al 2000 y como director de investigación del 2000 al 2005, entre otros cargos de seguridad, y su mentalidad sin dudas es considerar que toda aquella persona que no cumple la ley es delincuente y comete un delito, contrario a lo que sostiene la Ley de Migración.
No dudamos que haga bien su trabajo de policía y por esa razón se le debe reubicar a un espacio relacionado con su formación y no estar en un instituto que en principio como lo venimos diciendo protege los derechos humanos de las personas migrantes, no la prevención y represión de un delito. El Instituto contribuye a la seguridad pública y fronteriza, pero no suple a las autoridades competentes en este tema, ya que se pudiera llegar al caso de falta de coordinación entre instituciones que tienen diferentes encomiendas, por pensar que el Instituto es un órgano de combate a los delitos que se presenten en las fronteras del país, colocando en condiciones de fragilidad a las y los migrantes, pues se verían afectados en el derecho que tienen, de presumirlos inocentes respecto de un hecho delictivo.
Con el nombramiento extendido se criminaliza a la indocumentada y el indocumentado y se contraviene la Ley de Migración en sus principios, creemos también –como lo sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde, quien fue designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de esas garantías de las personas migrantes–, que el comisionado del Instituto Nacional de Migración debe ser una persona que tenga experiencia en la defensa de los derechos humanos de las migrantes y los migrantes.
Abona tan bien a esta petición, lo dispuesto en la Ley de Migración de que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
Por todo lo expuesto, sometemos a la aprobación de esta representación popular la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso General, con absoluto respeto de la división de poderes, hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, mismo que no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos humanos de las migrantes y los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
Ernesto Núñez Aguilar, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, con arreglo a sus políticas propias en las materias relacionadas con el ambiente y el desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control, no causen daños al ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
De acuerdo a este sentido de corresponsabilidad internacional sobre el control de las actividades que son un riesgo potencial para la salud humana y el ambiente, las naciones se han dado a la tarea de signar entre ellas y de manera voluntaria convenios y programas de cooperación internacional.
En esta materia el día 22 de mayo de 2001, México suscribió con la comunidad internacional el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, mismo que fue ratificando por el Senado de la República el día 17 de octubre de 2002, adquiriendo con esto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional, el carácter de Ley Suprema de la Unión.
Es necesario incorporar las disposiciones de estos convenios a nuestros cuerpos normativos, con el fin de reforzarlos y garantizar su cabal cumplimiento otorgándoles el carácter coercitivo con que cuentan las leyes, mismo que faculta al Estado para hacerlas exigibles garantizando a las personas la protección y respeto a sus los bienes jurídicamente tutelados, que en este caso son el ambiente y la salud pública.
En nuestro país, los instrumentos de política ambiental se encuentran previstos principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de estos se encuentran los conocidos como “instrumentos de control”, los cuales procuran garantizar la efectiva aplicación de las políticas ambiéntales mediante la aplicación de una serie de disposiciones jurídicas reparadoras y sancionadoras.
Dentro del los trabajos realizados en la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, celebrada del 25 al 29 de abril del 2011, nuestro país aprobó la decisión SC-5/3 , por la que se enlistó al endosulfán de calidad técnica y sus isómeros conexos en el Anexo A del Convenio para su eliminación mundial con exenciones limitadas y específicas, para cumplir con el objetivo del Convenio que es proteger la salud y el medio ambiente.i
Esta decisión SC-5/3, estuvo basada en la recomendación del Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), en la cual se pudo demostrar por un cuerpo de expertos, que el endosulfán cumple con las características de toxicidad, persistencia, bioacumulación, y transporte a grandes distancias; asimismo, se realizaron los estudios de perfil de riesgo y evaluación de riesgo donde se consideran las distintas opciones para su restricción o eliminación a nivel internacional, incluyendo las alternativas químicas y no químicas, su eficacia, accesibilidad, costos e impactos socioeconómicos;ii
Sin embargo, en México el endosulfán está registrado para su uso agrícola principalmente en aproximadamente 20 cultivos con distintas marcas comerciales, aunque algunas empresas han retirado ya la venta de este producto a nivel nacional e internacional.
Hace algunos meses el Instituto Nacional de Ecología (INE), realizó un Diagnóstico de la situación del Endosulfán en México, y convocó a reuniones de discusión invitando a todos los sectores interesados del gobierno, la industria, academia y organismos no gubernamentales.
El INE recomendó que México apoyara la recomendación del Comité de Revisión de COPs, para enlistar al endosulfán en el Anexo A para su eliminación mundial.iii Así también, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, emitió en diciembre del 2010 la recomendación CCNDS/VI/10/17, donde se pide el apoyo a la recomendación del Comité de Revisión de COPs para la eliminación mundial del endosulfán y se gestione la cancelación de su registro en México.
Más de 100 organizaciones ambientalistas, redes de organizaciones, organizaciones de productores o comercializadores, y académicos de las principales universidades del país: Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad Autónoma Metropolitana entre otros, demandaron la cancelación del registro de endosulfán en México, en una carta enviada el 30 de marzo del 2011 a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Salud, Semarnat y Sagarpa.
El endosulfán está prohibido o se le ha puesto fecha límite a todos sus usos en más de 90 países; incluidos nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea; y en América Latina en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, Paraguay y Venezuela.
El continuar permitiendo el uso del endosulfán en México, pone al país en riesgo de convertirse en receptor creciente de este plaguicida contaminante al cerrarse su mercado en Europa, América del Norte y varios países de América del Sur, y le da a México una imagen negativa en los mercados de consumidores de productos mexicanos importados.
De igual forma, se ha demostrado que el endosulfán es altamente tóxico para peces, y se han detectado efectos ecotoxicológicos graves como genotóxicos y embriotóxicos en ostiones, y daños neurotóxicos en sapos.
En nuestro país, se han detectado residuos del endosulfán o sus metabolitos en diversos ecosistemas acuáticos en el Golfo de México, en Veracruz, Tabasco y Campeche; en Sinaloa, Baja California; en la zona costera sur del Pacífico, en Chiapas donde la distribución espacial de estos contaminantes implica un riesgo potencial debido a que se encontraron residuos en sitios donde se tienen actividades pesqueras.iv
Resulta preocupante que en México incluso, se ha encontrado endosulfán en agua purificada de tres marcas comerciales, lo que indica ya su infiltración en mantos acuíferos.v
Otro punto importante a destacar, es que el endosulfán es lipofílico y se acumula y biomagnifica en las cadenas alimenticias; a nivel internacional ha sido detectado en alimentos lácteos, carne, pollo, aceite vegetal, cacahuates, semillas, frutas, miel, arroz y diferentes hortalizas. Y derivado de esta situación, se han encontrado residuos de este peligroso químico y sus metabolitos, en sangre humana, el cordón umbilical, placenta, leche materna y tejido adiposo en diversos países.vi
Es una situación que debe ser atendida de manera inmediata, ya que se está poniendo en riesgo a población vulnerable que debe ser protegida de manera prioritaria, como son mujeres embarazas y niños.
Los daños que puede causar el endosulfán son alarmantes, ataca el sistema nervioso central, causando efectos neurotóxicos, y una intoxicación aguda a dosis elevadas puede resultar en hiperactividad, temblores musculares, ataxia, convulsiones e incluso la muerte.
Actualmente existe un abanico de alternativas viables para la sustitución del endosulfán en México, como lo demuestra su prohibición en países con cultivos y climas parecidos al nuestro; ente ellas, la experiencia de alternativas al control de plagas del café, donde antes era ampliamente usado. Estas alternativas incluyen no solo sustitutos de insecticidas y acaricidas químicos y no químicos que ya ofrecen otras empresas de control de plagas, sino también un creciente número de experiencias exitosas de manejo integrado de plagas, de manejo agroecológico de plagas y de agricultura orgánica.vii Debemos cumplir con su retiro del mercado y eliminación dentro del país.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud para que por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a corto plazo cancele los permisos de importación de endosulfán en México, y se inicie el procedimiento administrativo para la cancelación definitiva de las autorizaciones de uso otorgadas, antes de la Sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo a celebrarse del 28 de abril al 11 de mayo del 2013, con el fin de reportar los avances en la implementación de la decisión SC-5-4 , y lograr así una mejor protección a la salud de la población y el medio ambiente en nuestro país.
Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que desarrolle y aplique un programa para la difusión e implementación de alternativas al endosulfán que incluya opciones no químicas, considerando la decisión S-C 5/4: Programa de Trabajo sobre Endosulfán, con las recomendaciones e informes del Comité de Revisión de COPs y las experiencias de expertos y organizaciones de productores en manejo agroecológico de plagas, agricultura orgánica; así como la coordinación y participación de universidades, centros de investigación, empresas que ofrecen insumos no químico-sintéticos para el control de plagas, y grupos ciudadanos y ambientalistas, con el fin de que se establezcan apoyos para una mayor difusión y capacitación sobre estas alternativas a las organizaciones de productores en el país.
Notas
i http://chm.pops.int/Convention/ConferenceofthePartiesCOP/Meetings/COP5/ tabid/1267/mctl/ViewDetails/EventModID/870/EventID/109/xmid/4351/Defaul t.aspx
ii http://chm.pops.int/Convention/POPs%20Review%20Committee/Chemicals/tabi d/781/language/en-US/Default.aspx
iii http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/2011_diag_endosulfan_mex.pdf
iv Ver Jaime Rendón von Osten, y Fernando Bejarano G. “Residuos de Endosulfan en Ecosistemas Acuáticos de México”. Revista JAINA Vol, 21 número 2, agosto-diciembre de 2010, pp 41-46 Universidad Autónoma de Campeche. Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX), 2010 en http://etzna.uacam.mx/epomex/paginas/pdf/212.pdf
v Ibid .
vi Meriel Watts, Endosulfan Monograph. 2008 Pesticide Action Network Asia Pacific en
http://www.panap.net/en/p/post/pesticides-info-database/ 117
vii Ver los dos reportes de “El Endosulfán y sus Alternativas en América Latina”. RAPAM-RAP-AL-IPEN, 2007 -2010 www.rap-al.org y www.rapam.org y las presentaciones del Segundo Taller del Diagnóstico del Endosulfán en México del INE, 17 de diciembre de 2010 en http://www.ine.gob.mx/sqre-eventos .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a publicar el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, y suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios
El proponente Ricardo Mejía Berdeja integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y quienes suscriben, integrantes de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país la violencia feminicida está contemplada desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que estipula que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Asimismo, establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
Como bien sabemos, la declaratoria de alerta de violencia de género corresponde a la Secretaría de Gobernación, quien a su vez realiza la notificación al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión.
En dicho tenor, en el artículo 23 de la ley previamente señalada, indica que “la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.”
Sin embargo, debemos hacer notar que pese a que la alerta de género se encuentra en la legislación, faltan mecanismos reales para su puesta en marcha.
Tal y como lo hizo notar el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en las recomendaciones que hizo al Estado mexicano, en la 52 sesión de dicho comité en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en julio de 2012; en las cuales “instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del Mecanismo de Alerta de Género”.
A la par, “el comité recomendó, tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las víctimas.”
Es por ello que durante los meses de junio a octubre de 2012, organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como Católicas por el Derecho a Decidir, Litigio Estratégico e incidencia en Derechos Humanos de Morelos, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras; participaron en sesiones de trabajo en colaboración con integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y algunos institutos de las mujeres estatales como el de Sinaloa, Distrito Federal, Oaxaca, estado de México y Querétaro; con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para este trabajo la Conavim preparó una propuesta base de modificación en la que se precisan sus atribuciones y facultades y, paralelamente, se pretendió clarificar el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de género; con lo cual se daría un gran avance en la materia.
Por último, cabe destacar que en este momento la propuesta de reforma al reglamento ha sido presentada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación para su revisión, aprobación y publicación a través del oficio CNPEVM/0763/2012.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue elaborado por las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y entregado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio CNPEVM/0763/2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la Segob a sancionar y ejercer las acciones legales correspondientes contra los funcionarios encargados de la investigación y personas involucradas que resulten responsables en el caso de Florence Cassez, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf y suscrita por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI; 153, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
I. El derecho de acceso a la justicia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia se ha transformado; de ser un derecho de enunciación general y carente de efectividad, se traduce hoy en un derecho fundamental de primer orden, cuya regulación exige un detalle muy minucioso para garantizar de manera efectiva su ejercicio.
De tal suerte, de un concepto jurídico tan general como el previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que le ampare, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”,1 se llega, en instrumentos recientes, a un detalle y sofisticación que no imaginaron los redactores de aquella, la Declaración Universal.
Así, dentro de los instrumentos internacionales que empiezan a definir el derecho de acceso a la justicia, y con ello a ampliar su ámbito de protección y garantía, ubicamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuyo artículo 14 detalla el contenido de dicho derecho y que, en su parte medular, señala “todas las personas son iguales ante los Tribunales y las Cortes de Justicia, tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación”.2
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, regula el derecho de acceso a la justicia en sus artículos 7, 8, y 25.3 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias ha enfatizado la importancia del artículo 25, puntualizando que dicha disposición exige no sólo una adecuada regulación en la materia, sino además que se garantice un acceso efectivo y rápido a un recurso jurídico. En palabras del Juez de la Corte Internacional de Justicia Antônio Augusto Cançado Trindade, la obligación del artículo 25, “no se reduce a garantizar al acceso formal, stricto sensu , a la instancia judicial (tanto interna como internacional), sino comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional de acceso a la justicia dotado de contenido jurídico propio que significa lato sensu , el derecho a obtener justicia.”4
Sumado a lo anterior, deben considerarse en la determinación del contenido del derecho de acceso a la justicia el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a la abolición de la pena de muerte5 y los Protocolos Adicionales 12 y 13. También deben mencionarse las diversas Resoluciones de Naciones Unidas referentes al tema, entre las que ubicamos, entre otras, la referente a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura,6 las directrices sobre la Función de los Fiscales,7 los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados,8 el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,9 Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio),10 Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias,11 Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores,12 Reglas para la Protección de Menores Privados de la Libertad,13 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,14 Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos,15 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos16 y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.17
II. Sobre la violación de derechos humanos en el caso de Florence Cassez, según la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La sentencia que emitió la Suprema Corte en el Caso Florence Cassez evidencia la violación del derecho de acceso a la justicia de la procesada y de las víctimas del delito, por cuanto se observa:
• La falta de independencia de los policías que investigaron los hechos con relación a los implicados en el mismo.
• La ausencia de examen público e información para los familiares de las víctimas en cuanto a las investigaciones.
• Que el procedimiento de investigación no permitió obtener un veredicto, ni conclusiones que pudieran contribuir de manera efectiva a desembocar en procesos.
• La falta de divulgación de las declaraciones de los testigos antes de que comparecieran en la investigación que impidió a la procesada ejercer su derecho de acceso a la justicia, lo que dio como resultado que se concediera el amparo a Florence Cassez por violación de sus garantías individuales y derechos fundamentales.
• La falta de notificación inmediata al cónsul.
• La violación del derecho de presunción de inocencia de la procesada.
III. De la responsabilidad de las autoridades en el caso de Florence Cassez
Considerando lo anterior, cabe recordar que el artículo 1º de la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales mencionados, obligan a garantizar el derecho de acceso a la justicia a toda persona que se encuentre en territorio nacional. Dicho derecho en su conjunto abarca de conformidad con los tratados de derechos humanos celebrados por México:
1. Acceso a la jurisdicción.
2. Un juez competente, imparcial y predeterminado por ley.
3. Tutela judicial efectiva.
4. Un juicio justo.
5. Igualdad ante la ley y los tribunales de justicia.
6. No discriminación por motivos de raza, nacionalidad, condición social, sexo, ideología política o religión.
7. La presunción de inocencia.
8. Derecho a la defensa y asistencia letrada.
9. Comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin demora, y sin censura.
10. Disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para su defensa.
11. Ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos; conocer de los motivos de la detención y la autoridad que lo ordena
12. Ser juzgado dentro de un plazo razonable.
13. No ser obligado a declarar, ni a confesarse culpable.
14. Al habeas corpus o al amparo.
15. A un recurso efectivo ante tribuales superiores competentes, independientes e imparciales.
16. La indemnización por error judicial.
17. Prohibición y protección efectiva contra la tortura y otros tratos, o penas crueles, inhumanas o degradantes.
18. Derecho de notificación consular inmediato en el caso de privación de la libertad de los extranjeros.
Bajo ese contexto y para evitar que continúe la violación sistemática del derecho de acceso a la justicia en perjuicio de procesados, víctimas de los delitos y de la sociedad en general, debe fincarse responsabilidad por actos u omisiones, a los funcionarios y autoridades encargadas de la detención e investigación de los delitos en el caso de Florence Cassez. En supuesto de no hacerlo se seguirán fabricando culpables, violando los derechos de quienes sean procesados y de las víctimas. Asimismo, debe de investigarse y sancionarse a los demás sujetos que intervinieron en el caso, sin ser autoridades, y que pudieran tener responsabilidad en el evento para que de declararse lo anterior por los órganos competentes se finquen las responsabilidades que jurídicamente procedan.
Son muchos los casos que se pueden citar como ejemplo de la falta de garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia y en los que se han fabricado culpables o no se integraron debidamente las averiguaciones. Basta recordar los Casos de Campo Algodonero o Acteal.
El acceso a la justicia es un derecho que debe garantizarse de manera efectiva a toda persona, que no admite postergación alguna, por cuanto a través del mismo, se ejercitan los demás derechos fundamentales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió el significado de acceso a un recurso jurídico efectivo, en los siguientes términos:
...la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que este previsto en la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.
En consecuencia y, por todo lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación a sancionar y ejercer las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios responsables de la investigación, integración de las averiguaciones y detención de los procesados, así como todas aquellas personas que resulten responsables en el Caso Florence Cassez, y hace votos para que los órganos del Estado realicen las investigaciones de los delitos en total respeto del derecho del acceso a la justicia de los procesados y de las víctimas del delito
Notas
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado 18 de diciembre de 1980, adhesión de México 23 de marzo de 1981, entrada en vigor internacional 23 de marzo de 1976, entrada en vigor para México 23 de junio de 1981, publicación DOF 22 de junio 1981.
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, adoptada en San José Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, adhesión de México 24 de marzo de 1981, entrada en vigor internacional 18 de julio de 1978, entrada en vigor México 24 de marzo de 1981, publicación DOF 7 de mayo de 1981.
4 Cançado Trindade, Antônio Augusto, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esencia y Trascendencia, México, Ed. Porrúa, 2006, p.755.
5 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Destinado a abolir la pena de muerte, ONU, Nueva York, 15 de diciembre de 1989, aprobado por el Senado el 24 de abril de 2007, adhesión de México 26 de septiembre de 2007, entrada en vigor internacional 11 de julio 1991, entrada en vigor para México 26 de diciembre de 2007, publicación DOF 26 de octubre de 2007.
6Adoptados por el Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de Agosto al 6 de Septiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General en sus Resoluciones 40/32 de 29 de Noviembre de 1985 y 40/46 de 13 de diciembre de 1985.
7Aprobadas por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de Agosto al 7 de Septiembre de 1990.
8Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
9Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979.
10 Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990.
11 Consejo Económico Social Resolución 1989/65 de 24 de Mayo de 1989.
12 Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.
13 Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.
14 Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 43/173, de 9 de Diciembre de 1988.
15 Adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico Social en sus Resoluciones 663 (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
16 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su Resolución 45/111 de 14 de Diciembre de 1990.
17 Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero 2013.
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel (rúbrica en contra del caso Cassez), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF que construyan una base de datos de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América y promuevan su protección, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
Flor de Rosa Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que tiene por objeto1 prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como regular los aspectos civiles y penales del mismo y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual.
Dicho instrumento internacional fue ratificado con fecha 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y menores a una de sus vertientes más perniciosas, que vulnera sin piedad la dignidad humana al someter a sus víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre domestica, mendicidad infantil o de extracción de órganos –entre otros.
Ante este oscuro panorama, el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas2 sitúa actualmente a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.
Datos de la Procuraduría General de la República revelan que en 18 entidades del país se concentra 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las más afectadas.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que la violencia intrafamiliar se presenta en 1 de cada 3 hogares mexicanos, lo que propicia que alrededor de 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar, haciéndolos presa fácil de la explotación sexual.
Un escalofriante reporte3 de la Organización Internacional del Trabajo señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente mujeres, niñas y niños.
Ello nos da una idea del tamaño del reto y de las complicidades a escalas local y global que estamos enfrentando.
Los avances tenidos en la materia no corresponden a la magnitud del problema. Faltan políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y a adolescentes.
La Guía técnica para el personal que labora en los albergues de tránsito para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, del DIF, orienta sobre el procedimiento a seguir respecto a la recepción y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sin compañía, sin embargo, la atención al procedimiento establecido está sujeto al nivel de capacitación del personal en turno.
En 2011, las autoridades estadounidenses entregaron a México 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes, de diversas nacionalidades, que viajaban solos y que fueron interceptados en la frontera con Estados Unidos. De los menores devueltos, 11 mil 520 eran mexicanos.
Cuando los menores son retenidos por las autoridades estadounidenses, el proceso de repatriación entre los oficiales de Estados Unidos y de México, se reduce a la frialdad de un trámite burocrático que no atiende el interés superior de la infancia, lo que evidencia el desinterés o la carencia de políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación de su persona.
En contraste, la ley estadounidense William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act tiene como objetivo brindar una mayor protección a los niños migrantes –incluidos mexicanos sin compañía– principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales negociados por el Departamento de Estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores –en términos de lo señalado en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas.
En el mismo sentido, la fracción XI del artículo en mención señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de destinar los ingresos recibidos a cubrir los gastos del programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares, y la campaña de seguridad al migrante, entre otros, que son nulos una vez que se entregan al Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre los objetivos estratégicos y líneas de acción del INM están el de colaborar en el combate a la trata y tráfico de personas; garantizar el respeto a los derechos de los migrantes; fortalecer y ampliar los grupos de protección a migrantes y establecer mecanismos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos de éste Instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.
Los objetivos del DIF Nacional incluyen promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social y el de d ifundir y promover el respeto a los derechos de la infancia en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Pese a ello, México aún requiere políticas y leyes que salvaguarden los derechos de los menores y de los adolescentes migrantes sin compañía.
El país demanda la implantación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias encargadas de recibir a los menores repatriados a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normatividad de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del INM, del DIF o de albergues de asociaciones privadas.
La aplicación de las políticas públicas que promueven el bienestar y la protección de los menores –como las de asistencia social– no pueden variar de una entidad a otra o de un municipio a otro y, mucho menos, estar sujetas al criterio de los servidores públicos responsables de los programas sociales. De ahí la exigencia de que en México, la función pública pase de ser un ejercicio favorecido por los criterios personales, a un ejercicio sustentado en las obligaciones y responsabilidades públicas.
Es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin la compañía de un adulto, desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los menores que han intentado hacerlo.
La base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, así como el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de ambos países; lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los lugares en donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y toda la información que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlo.
Ello requiere una coordinación técnica y operativa que evite la duplicidad de procedimientos, en especial el de las múltiples y desgastantes entrevistas al menor, así como la implementación de medidas de seguridad y de respeto de la privacidad del menor.
Pero también demanda el compromiso, la responsabilidad y la altura de miras los integrantes de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión obligados a poner en manos de las instituciones mexicanas todos los instrumentos a su alcance –nacionales e internacionales– para hacer frente al flagelo del tráfico de menores.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Notas
1 La convención establece en el artículo 1 que tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por sus titulares.
2 CNDH, Ceidas, Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, México, Distrito Federal, 2009, http://www.observatoriotrata.org/estadisticas
3 El papel de la OIT frente a la trata de personas, Cumbre Iberoamericana sobre Trata de Derechos Humanos, Santiago de Chile, 2011.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Tamaulipas a responder la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6; fracción II, del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otros bienes la vivienda. Asimismo, el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturas, indica que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo entre otros, una vivienda adecuada.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en los resultados del censo de vivienda y población de 2010, en México se tiene registro de 35.6 millones de viviendas, cifra que creció en los últimos diez años, más que en cualquier otra década desde 1950, pues se incrementó en 6.7 millones dicha cifra.
Asimismo, en el país existen casi 5 millones de viviendas deshabitadas. Es importante mencionar que de acuerdo con los resultados del censo citado, Tamaulipas obtuvo el segundo lugar en el porcentaje de viviendas deshabitadas por entidad federativa, con un 18.1 por ciento.
Las zonas urbanas presentan una constante demanda de vivienda nueva, sin embargo, en algunas entidades federativas, las familias en estado de pobreza presentan muy bajas posibilidades de acceder a una vivienda. Es necesario reiterar que el acceso a una vivienda digna es una condición necesaria para que las personas y sus familias se desarrollen plenamente, pues se trata de un elemento indispensable para la supervivencia y para lograr una vida segura, con independencia y libertad.
Es necesario que los gobiernos locales y el federal generen las condiciones necesarias de interlocución de las necesidades de los sectores más pobres y el tema de la demanda de vivienda no constituye una excepción. Debemos lograr que quienes carecen de condiciones de mayor vulnerabilidad puedan participar activamente en las decisiones relativas al establecimiento de los criterios para acceder a una vivienda digna.
Es necesario señalar que el artículo 6o. de la Ley de Vivienda establece que la política nacional de vivienda debe promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Es en este contexto nacional que en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas, doscientas familias han sido orilladas por la extrema urgencia y principalmente sus condiciones de pobreza, a tomar la posesión de algunas casas deshabitadas, de dicho fraccionamiento. Acto seguido han solicitado el apoyo del gobernador para les sean otorgadas facilidades para la adquisición de las mismas, sin embargo no han recibido respuesta.
Es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:
• Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda;
• Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;
• Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales y,
• Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia.
Por supuesto que no se trata de legitimar la invasión de predios, sino de llamar la atención del gobierno del estado de Tamaulipas y del Ejecutivo Federal a fin de que se generen las acciones necesarias para dar solución a la legítima demanda de vivienda de las doscientas familias que tomaron posesión de diversas casas deshabitadas del fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas, otorgándoles facilidades para que adquieran una vivienda digna.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Tamaulipas y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que en el ámbito de sus facultades y competencias, den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las 200 familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas, o en su caso, instrumenten las acciones administrativas y de política pública necesarias para dotar a dichas familias de los mecanismos y facilidades para la adquisición de una vivienda digna.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el sindicato, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que con fecha 14 de febrero de 2013, el diario de circulación nacional Reforma publica en primera plana un artículo en el que se describen los hechos que a continuación se enuncian:
Manifiesta el diario aludido que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó, mediante el acuerdo CA-083/2011, de fecha 26 de julio del 2011, un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Se precisa en el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex, celebrada el 26 de julio de 2011, en el punto 5, relativo al fortalecimiento a la estrategia de vivienda Pemex-STPRM, que la información se clasificó como reservada durante 10 años.
Además, se señala que el dinero se entregó mediante el convenio administrativo sindical 10614, sin que fuera antes registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues Pemex entregó los recursos el 8 de diciembre de 2011, mediante una transferencia electrónica, y fue hasta el 11 de enero de 2012 que las partes registraron el convenio.
Resalta entonces el hecho de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hizo público un día después, el 12 de enero de 2012, su apoyo al entonces precandidato presidencial único priista, Enrique Peña Nieto.
No se debe olvidar que en el 2002 el Instituto Federal Electoral impuso una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pues concluyó que el STPRM desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y el convenio sindical número 10614 signado entre la paraestatal y el sindicato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a casos de abuso sexual contra extranjeras y connacionales por policías en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, México, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
Desafortunadamente los abusos sexuales contra mujeres en México representan una realidad alarmante, al año se denuncian más de 14 mil violaciones, y se considera que el 80 por ciento de los casos siguen impunes, sin considerar las cifras de casos que no son denunciados.
En cuanto a mujeres extranjeras, también se han registrado varios casos que no han tenido la atención de la opinión pública, como lo fue el caso de las víctimas españolas en Acapulco, pero que incluso tienen connotaciones más preocupantes, pues los abusos de otros estados son cometidos por agentes de la policía, quienes se supondría están para prevenir los delitos y garantizar la seguridad pública.
Tales son los casos de violaciones ocurridas contra mujeres de origen extranjero y connacionales en días recientes, cometidos por miembros de la policía municipal en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, estado de México. Mismos que a continuación se detallan.
El pasado 3 de diciembre, Juan Raymundo Ruiz Corral, agente de la Policía Municipal de Cajeme, fue señalado directamente por una mujer venezolana que aseguró ser víctima de violación.
Los hechos se dieron luego de que en un domicilio del fraccionamiento Montecarlo, la víctima reportaba por teléfono, que era agredida por su pareja sentimental. La llamada de auxilio fue atendida por el agente Ruiz Corral, quien al llegar a la casa, dialogó con la pareja y después de un tiempo, se retiró resguardando en la patrulla a la femenina, quien así lo solicitó por temor a represalias de su pareja. Por versiones de la denunciante se supo que el agente luego de buscar un lugar donde estacionarse, abusó sexualmente de ella.
La afectada manifestó que luego de verse libre, realizó una llamada y denunció los hechos ala Policía estatal Investigadora, quienes atendieron el asunto y pusieron bajo arresto a Juan Raymundo Ruiz Corral.
Extraoficialmente se supo que para “desafanar” del problema al Policía violador, su padre gratificó y arreglo a la ofendida así como al agente del Ministerio Publico entregando la cantidad de 35 mil pesos y un boleto de avión con destino a Guadalajara, Jalisco a la ofendida, a cambio de que se retractara de los hechos en contra del agente violador.
Por otra parte, en días recientes, se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un comandante y dos agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, en Quintana Roo; en contra de una mujer de nacionalidad italiana.
El incidente ocurrió el pasado 12 de febrero a las 4:00 horas, cuando la agraviada iba en compañía de un amigo, también residente de origen italiano, quienes estaban en un callejón ubicado entre la discoteca Cocomaya y Blue Parrot; ahí la policía los interceptó y para no ser detenidos por la falta administrativa, los agentes pidieron a la pareja la cantidad de tres mil pesos; como ellos no tenían dinero, los policías sometieron al hombre y violaron a la italiana.
Los agentes que fueron detenidos son Mardonio Guzmán Gómez de 26 años y José Manuel Enríquez Hernández, de 24, quienes fueron puestos a disposición del juez, por los delitos de violación y abuso de autoridad derivado de la averiguación previa 435/2013.
Sin embargo, ellos aseguran “no haber participado en los hechos y acusaron directamente al (comandante) Ramón Balainas Xicoténcatl, quien se encuentra prófugo.”
Por lo pronto, el alcalde de este municipio, Filiberto Martínez Martínez, se ha mantenido al margen de la situación y no ha brindado declaración alguna sobre el caso, lo cual ha provocado mayor preocupación en este asunto.
Finalmente, apenas el 23 de febrero pasado se dio a conocer que tres policías de Chimalhuacán, estado de México fueron acusados de violar a una menor de edad y de asesinar a su novio.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero cuando los policías de la municipio de Chimalhuacán, estado de México, identificados como Pedro Luis Becerrill, Andrés Alan Hernández, y Francisco Gutiérrez encontraron a la pareja en el interior de una camioneta, en la colonia Tlaixco. Los uniformados advirtieron a los novios que los detendrían por “faltas a la moral”. Sin embargo, uno de los oficiales llevó a la joven a un parque cercano y abusó sexualmente de ella; luego dejaron ir a los dos menores.
Al llegar a casa, la afectada contó lo sucedido a su madre, quien pidió ayuda a la Policía Municipal. Posteriormente llegaron al domicilio tres oficiales a bordo de la patrulla 554. La adolescente reconoció a uno de sus agresores, quien conducía la unidad. La familia de la menor tocó las puertas de sus vecinos para que los ayudaran a detener a los uniformados. El novio de la joven intentó bajar al conductor de la patrulla pero éste le disparó dos veces en el pecho y más tarde murió en el lugar. Armados con piedras y palos, los vecinos salieron de sus casas e intentaron detener a los municipales, que huyeron a bordo de la patrulla.
La Procuraduría de Justicia del Estado de México abrió la carpeta de investigación 241970550033713 en contra de los tres oficiales por los delitos de lesiones, violación y homicidio. Por su parte, el alcalde de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, ofreció apoyo a la procuraduría mexiquense para dar con el paradero de los agresores.
Estos representan casos graves de abuso sexual, en el que se encuentra involucrada la corrupción y el abuso de autoridad, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública, lo que pone en entredicho la seguridad de habitantes y visitantes de esos lugares.
En casos como estos, resalta que los agentes abusaron de su papel como autoridades de seguridad pública y valiéndose de ello cometieron las violaciones, lo que habla de una cultura machista en relación con la violencia de género, a la par de demostrar la falta de preparación de los encargados de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En razón de ello, debe atenderse de manera efectiva, e implementar medidas de prevención, atención y sanción de delitos sexuales y violencia de género, y controles de confianza más efectivos para evitar que se sigan cometiendo estos abusos, por parte de las autoridades que deben brindar seguridad a la ciudadanía.
En consecuencia, consideramos importante que se amplié el objetivo de estudio del grupo plural de trabajo, que el pleno de la honorable Cámara de Diputados acordó integrar el pasado 7 de febrero, para conocer sobre las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra seis ciudadanas españolas, en Acapulco, el 4 de febrero de este año, pues consideramos que los casos aquí expuestos, contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, por agentes de la policía de los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chimalhuacán en el estado de México, ameritan igualmente un seguimiento puntual por parte de esta representación.
Por lo expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chilmahuacán en el estado de México, por miembros de la policía municipal.
Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y estado de México a la pronta impartición de justicia y a la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados acuerda ampliar los trabajos del grupo plural que se aprobó el pasado 7 de febrero para conocer sobre las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra ciudadanas españolas, integrado por diputadas y diputados de las Comisiones de Equidad y Género, y Derechos Humanos, con el fin de que conozca también sobre las acciones realizadas por los gobiernos de Sonora, Quintana Roo, y estado de México en los casos de abuso sexual por agentes de la policía de los municipios de Cajeme, Solidaridad y Chimalhuacán, respectivamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa de prevención y detección temprana del cáncer de próstata, a cargo de la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Erika Yolanda Funes Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cáncer de próstata es la primera causa de muerte entre la población masculina. Se estima que a nivel mundial mueren más de 7 millones de hombres al año. La Organización Mundial de la Salud prevé que la cifra de nuevos casos de este tipo de cáncer alcance los 10 millones anuales en el 2015, una cifra alarmante que aún se puede moderar si se actúa a tiempo, con responsabilidad y cooperación.
México debe ser ejemplo a nivel mundial contra esta enfermedad.
En nuestro país, la tasa de mortalidad observada por este cáncer, aumentó de 7.7 a 11 muertes por cada 100 mil hombres entre el periodo comprendido de 2005 a 2011.
Según cifras oficiales, este mal cobra 6 mil muertes al año, mismas que colocan al cáncer de próstata como la primera causa de muerte entre los mexicanos. Principalmente amenaza a quienes se encuentran entre la segunda y tercera etapa sus vidas.
Tan sólo en el periodo de un año, en nuestro país se diagnosticaron 9 mil 650 casos. La posibilidad de desarrollar cáncer de próstata se incrementa después de los 65 años, razón por la cual es recomendable que desde los 40 años se practiquen exámenes médicos para detectar tumores malignos de manera temprana e incrementar las posibilidades de curación.
Se estima que la población de hombres mayores de 60 años en nuestro país es de cuatro millones. A la mitad de este grupo poblacional hay que agregar, además de su condición etaria que implica ya un factor de vulnerabilidad, el hecho de carecer de seguridad social sí se considera que los pacientes con cáncer gastan el 30 por ciento de su salario en medicamentos, se puede dimensionar que el acaecimiento de una enfermedad como el cáncer, implica una situación catastrófica en una edad en la que muchas veces se sufren ya condiciones de precariedad.
Desde la responsabilidad que como legisladoras y legisladores nos compete en la procuración de condiciones que favorezcan la salud de la población, es oportuno señalar que las acciones para la prevención de este tipo de cáncer pueden favorecer un México más sano.
Es sabido que un diagnóstico a tiempo favorece el uso de tratamientos efectivos, incrementa las posibilidades de una curación completa y, en última instancia, potencia las oportunidades de que miles de hombres gocen de una vida plena.
Por desgracia en nuestro país la falta de información propicia el diagnóstico tardío, en etapas avanzadas, lo cual complica notoriamente las posibilidades de curación y afecta sensiblemente la economía del paciente.
Ciertamente, los métodos tradicionales de diagnóstico para este tipo de cáncer no gozan de popularidad y generan resistencias culturales que desincentivan la detección temprana. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia médica, hoy se dispone del método de antígeno prostático específico, cuya medición es realizada a través de un análisis de sangre siendo esta la prueba más sensible para detectar precozmente el cáncer de próstata.
El aprovechamiento de este avance médico en la prevención y detección oportuna de este cáncer tiene un enorme potencial en nuestro país.
Necesitamos promover una mayor conciencia del significado de este grave problema de salud y difundir masivamente entre la población las nuevas técnicas de diagnóstico para beneficiar a millones de hombres y familias.
Por lo anterior, es imperativo que desarrollar un programa amplio para impulsar una adecuada prevención y una oportuna detección del cáncer de próstata.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito el apoyo de esta soberanía para impulsar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata. Incluyendo dentro del protocolo de prevención y detención los siguientes estudios:
Marcadores tumorales.
Antígeno prostático específico.
Fosfatasa ácida prostática.
Ecografía transrectal.
Diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y del Fonaes a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Economía y al titular del Fondo Nacional de apoyo a Empresa en Solidaridad Fonaes, promuevan es establezcan dentro de sus reglas de operación la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social sin actitudes discriminatorias por Genero, Discapacidad, etc. bajo las siguientes:
Antecedentes
El 23 de mayo del 2012 el Ejecutivo Federal expide la ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que fue publicado en su medio oficial.
Dicho ordenamiento pretende establecer mecanismos de organización y expansión del sector social de la economía y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social. Lo que inhibe la participación de los individuos y grupos organizados ya que se obliga a constituirse bajo alguna figura jurídica asociativa.
Debemos señalar en relación con las personas con discapacidad, sus proyectos que presentan las propias personas con discapacidad son, en su gran mayoría, iniciativas individuales o de grupos sociales en los que integran algún familiar. Esto es derivado por la inaccesibilidad de las zonas urbanas y fuertemente en zonas rurales de nuestro país, sin dejar de lado la falta de intérpretes de lengua de señas mexicana.
Como fortaleza y estimulo a las personas con discapacidad y en la búsqueda de las aptitudes y capacidades de los individuos, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) impulsa la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, a través del apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios elaborados por personas físicas, grupos sociales o empresas sociales ; Además de fomentar el desarrollo de capacidades empresariales y el fomento a la banca social.
En el 2003 se formalizó la estrategia “Emprendedores con discapacidad” (ECODIS) cuyo objetivo fue lograr que todos los instrumentos de apoyo institucionales fueran accesibles para este sector de la población.
En el 2008 se crea el instrumento de apoyo exclusivo para las personas con discapacidad, esto significó pasar de estrategia a instrumento y actividad programática, es decir, una política pública con recursos propios. Dicho instrumento es el apoyo que se otorga en efectivo a personas con discapacidad en lo individual u organizadas en grupos o empresas sociales, integradas al menos en un 50% por personas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual pueden ser beneficiarias indirectas a través de sus padres y tutores, de igual manera se apoya a los padres y/o tutores con hijos menores que tengan alguna discapacidad.
En resumen en la presente administración más de 1,800 empresas en donde los titulares son personas con discapacidad o bien de manera individual son rectores de su propio negocio, con ello incluyéndolos a la vida social y productiva del país y que hoy son personas empoderadas y en ocasiones el sostén económico de sus familias.
Otro de los grandes temas y sectores de la sociedad que atiende con gran interés son las mujeres, ya sea en situación de vulnerabilidad social o bien como una fuente y búsqueda de su propia productividad encaminada a una actividad económica y empresarial, destacando la creatividad y sus potencialidades.
Es así como Fonaes, del 2007 al 2012, ha apoyado proyectos productivos transformando a mujeres empresarias a más de 13,660 empresas sociales con una ocupación de 102,179 y 45,482 de mujeres emprendedoras de que hoy fortalecen su economía familiar, bajo un esquema para obtención de su apoyo económico individual o en grupo social ya que en ocasiones estos grupos son conformados por los propios familiares, sin que esto represente una constitución legal lo que sería oneroso para la familia y para su propio proyecto.
Sabedores de la que la Ley de Economía Social y Solidaria crea el Instituto Nacional de la Economía Social quien sustituirá las funciones del actual Fonaes, mismo que abrevamos ya sus avances en relación a la promoción de empoderamiento empresarial de las personas con discapacidad y que hoy se observan amenazadas en su participación abierta e individual.
Observando que la ley fue publicada el 23 de mayo del presente y que su segundo transitorio establece que el Instituto quede instalado en los 180 días posteriores de su entrada en vigor y que una vez vigente, dicho Instituto será quien establezca a las reglas de operación del programa para empresas sociales.
Con todas las acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Economía Social, ya en sus propias responsabilidades y bajo el entendido que el próximo día 1 de diciembre enfrentaremos ante un cambio de poderes y autoridades en nuevas responsabilidades hace necesario un mecanismo de seguimiento a dichos programas.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, o en su caso, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2012.
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar y publicar por la Sagarpa el reglamento relativo al capítulo XVII, “De la seguridad y soberanía alimentaria”, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.
En este sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es reglamentaria de lo anterior. En el Capítulo XVII, De la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, en su artículo 178, dicha ley establece, “El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional”.
Se ha establecido de manera constante que la soberanía alimentaria es “El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables, apropiadas, de producción, abasto y consumo de alimentos para responder efectivamente y con autonomía, al derecho de la población al acceso de alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma, todo esto basado fundamentalmente en la producción nacional diversificada de los campesinos, indígenas y pescadores.”
La soberanía alimentaria, pues, implica tres derechos mutuamente implicados:
1) El derecho de la población a acceder a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma.
2) El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables y apropiadas de producción, abasto y consumo para responder al derecho de la población al acceso de alimentos. Y,
3) Finalmente, el derecho de los actores de los modos de producción autóctonos, es decir, los de los campesinos, los indígenas, los pescadores, que pueden llamarse también, las agriculturas familiares, a ser respetados como actores o productores principales de esta soberanía alimentaria.
No obstante que los mexicanos tenemos de manera general estos derechos establecidos en la Constitución a partir de las reformas más recientes del artículo 4o. y el 27, en los hechos tenemos 52 millones de pobres; mas de 10 millones de personas que padecen hambre; un campo abandonado; y somos importadores de cerca del 50 por ciento de los productos agroalimentarios que el país necesita.
Sin lugar a dudas, tenemos que actuar con mucha responsabilidad en temas de índole alimentario y trascendentales para el desarrollo de la población más desprotegida; se debe privilegiar la obligación de que el Estado establezca de manera real, las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, y en especial la Seguridad y Soberanía Alimentaria a los grupos sociales menos favorecidos.
En este sentido, corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elaborar y publicar el reglamento que regulé el Capítulo XVII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que trata justamente de la seguridad y soberania alimentaria y que siendo uno de los derechos fundamentales de los mexicanos establecidos en la Carta Magna y en la ley, inexplicablemente sigue sin reglamentarse.
Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que elabore y publique el reglamento relativo al Capítulo XVII de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Solicitándose sea turnado el presente punto de acuerdo, a Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputados: Pedro Porras Pérez (PRD), José Valentín Maldonado Salgado (PRD), Edilberto Algredo Jaramillo (PRD), Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), José Humberto Vega Vázquez (PT), Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), Roberto López González (PRD), Teresita Borges Pasos (PRD), Israel Moreno Rivera (PRD), José Antonio León Mendívil (PRD), Eva Diego Cruz (PRD), Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), Miguel Alonso Raya (PRD), Sebastián de la Rosa Peláez (PRD), Rodrigo González Barrios (PRD), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), Fernando Cuéllar Reyes (PRD), Guadalupe Flores Salazar (PRD), José Antonio Rojo García del Alba (PRI), Benjamín Castillo Valdez (PRI), Abraham Montes Alvarado (PRI), José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), Salvador Arellano Balderas (PRI), (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno a restaurar y proteger el Kiosco Morisco, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, quien suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, el siguiente punto de acuerdo en relación para exhortar a las autoridades culturales del país y a las autoridades estatales, municipales y particulares encargadas de la salvaguarda de los bienes de dominio público declarados patrimonio cultural, monumentos y zonas arqueológicas, a restaurar y proteger el Kiosco Morisco, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
En la ciudad de México existe una miríada de monumentos, los cuales mediante el INAH se les considera patrimonio artístico. Uno de éstos lo podemos encontrar en el Kiosco Morisco, el cual se localiza en el centro de la Alameda de Santa María La Ribera, en el cruce de la calle Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón. Un lugar con mucha historia, digna por cierto de ser contada.
Lamentablemente, el paso del tiempo, la falta de una cultura de respeto a nuestra historia y nuestros monumentos, y el abandono del que han sido objeto por parte de las autoridades, han traído consigo la preocupación de muchos ciudadanos interesados en rescatar este monumento e infundir la relevancia cultural e histórica que éste tiene.
Los vecinos del lugar, principalmente los de mayor edad, quieren concientizar de esto último a las nuevas y futuras generaciones.
Empero, tenemos que estar conscientes que no solo los colonos son los encargados de la conservación de este monumento histórico, sino que corresponde a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
Debe perseguirse un trabajo conjunto en aras de revalorar este espacio cultural, que es de todos, para de esta manera dar a conocer la importancia que tiene el kiosco morisco como patrimonio no sólo de la colonia Santa María la Ribera, sino de la nación entera.
La historia de este kiosco data de finales del siglo XIX; fue diseñado por el Ing. José Ramón Ibarrola para conformar el Pabellón de México en la Exposición Universal de 1884 - 1885 y de la Feria de San Luis Missouri en 1902.
La estructura de este kiosco (conformada por varios arcos y columnas mudéjares) está realizada completamente en hierro, material de construcción en boga en aquella época y que se piensa fue fundido en Pittsburgh, Pensilvania, en hornos propiedad del magnate norteamericano Andrew Carnegie debido a la relación de amistad que tenía con el diseñador del kiosco.
Después de la presentación, la estructura fue traída de nuevo a México a principios del siglo XX, siendo instalada en el costado sur de la Alameda Central, en frente del ex - convento de Corpus Christi.
Durante el tiempo que permaneció en ese lugar, el Kiosco Morisco fue sede de los sorteos de la Lotería Nacional. También fue sede durante las fiestas del centenario de la independencia de México, empero, a propósito de esto último, el presidente Porfirio Díaz mandó a construir un monumento en el sitio precisamente ocupado por el Kiosco; el Hemiciclo a Juárez.
Por tal razón y en respuesta a una petición por parte de los colonos del otrora nuevo fraccionamiento Santa María La Ribera, el kiosco fue trasladado a su ubicación actual, donde constituye un centro importante de reunión de la comunidad y representa un motivo de orgullo para muchos miembros de la colonia.
El Kiosco Morisco destaca de entre muchos monumentos por ser una construcción única en su tipo en la ciudad. En el kiosco se realizan varias actividades que van desde conciertos de orquestas , bandas populares hasta reuniones vecinales o bailes de salón, que dan a este lugar, una gran vitalidad, misma que se ha conservado desde hace ya más de 100 años.
Desgraciadamente, con el tiempo se ha perdido el interés y se ha descuidado en demasía dicho monumento, el cual no obstante que ha sido objeto de restauraciones y mantenimiento, sigue siendo víctima de un acelerado deterioro, a merced del vandalismo y del uso irresponsable de bicicletas, patinetas y otros instrumentos deportivos, lúdicos o de esparcimiento.
Todo monumento de la ciudad de México, está lleno de innumerables anécdotas que contribuyen a la formación de una historia popular, lo que a su vez propicia la estrechez de los lazos con el pasado y fortalece nuestro sentido de identidad y nacionalismo.
Sin embargo, vemos con tristeza como en la actualidad a muchas personas les interesa poco lo que suceda con nuestros monumentos históricos.
Existe pues la necesidad imperiosa de conservar en óptimas condiciones los monumentos como el Kiosco Morisco. Situación que no ha sido tomada en cuenta por las autoridades, pues las obras de restauración del kiosco han sido insuficientes; la escases de vegetación, la falta de limpieza y la ausencia de bancas así lo demuestran.
El Kiosco representa las memorias perdidas de la ciudad de México y uno de los rincones más importantes de nuestra ciudad fundidos en un contexto de resplandor histórico.
Estamos frente a una gran estructura con una historia rica en cultura y en tradiciones, como dan cuenta todos aquellos visitantes inusuales o mercaderes que se desarrollan a orillas de tan majestuosa obra.
La riqueza cultural en México es tan vasta y tan diversa que como habitantes deberíamos de empaparnos de ella a cada momento, reforzando nuestro sentido de identidad y nuestro imaginario nacional.
Lamentablemente, en un contexto de globalización, las abrumadoras culturas e ideologías extranjeras –muchas de ellas consideradas como chatarra-, han conducido a la pérdida de identidad y al soslayo de nuestros íconos nacionales e históricos. Consecuencia de ello, es el desconocimiento generalizado de espacios o lugares emblemáticos de nuestra propia ciudad.
El descuido y la falta de mantenimiento, han provocado severos daños al monumento, habrá que incluir también a la rapiña, el robo de algunas piezas y el mal estado de otras. Todo, sin que las autoridades encargadas de velar por su cuidado hagan algo significativo.
Debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el cual refiere que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
En este sentido, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Asimismo, dicho cuerpo normativo establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de dicha Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno para que en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, se avoquen a restaurar y proteger el Kiosco Morisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa de vacunación contra el VPH, a cargo de la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada federal, Érika Yolanda Funes Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud del gobierno federal establezca la vacuna contra el virus del papiloma humano en las niñas como obligatoria en la cartilla de vacunación a partir de la siguiente
Exposición de Motivos
La introducción de la vacuna profiláctica contra el virus del papiloma humano (VPH) es de gran beneficio en el ámbito internacional, pero sobre todo para el futuro de las mujeres en México. Si tomamos en consideración que el cáncer cérvicouterino ha sido dentro de los últimos años una enfermedad, que después del cáncer de mama, cobra más vidas en las mujeres, entonces concluimos que es la segunda causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial.
En México, el cáncer cérvicouterino es la primera causa de muerte entre las mujer en edad productiva. Estudios realizados por la Secretaria de Salud indican que la tasa estandarizada de mortalidad es de 17 muertes por cada 100 mil mujeres entre los 25 años, y con 4 mil 270 defunciones en lo que fue el año 2005. Esto es un reflejo de la vulnerabilidad con el que las mujeres enfrentan este padecimiento. También existen desigualdades entre las mujeres mexicanas que se reflejan en el carente y limitado acceso a la atención médica y tratamientos oportunos; especialmente entre las mujeres que viven en aéreas rúales o marginadas, y que no cuentan ni con la infraestructura o cultura para recibir programas preventivos.
Actualmente, la vacuna contra el virus del papiloma humano es inaccesible debido a su elevado costo y a los tabúes que existen en nuestra sociedad por la desigualdad de género. Además, al ser una enfermedad propia que afecta al género femenino, lamentablemente existen aún comunidades que le dan preferencia a la atención de los hombres en detrimento de las mujeres. Una realidad que contrasta con la modernidad que se busca en México.
La vacuna del VPH se encuentra a la venta, pero se ha documentado que en ningún país de Latinoamérica existe un esquema de vacunación universal como sí lo hay para otros virus o enfermedades que afectan a ambos géneros. Es por ello que debemos reconvertir los apoyos hacia las mujeres y priorizar su bienestar pues no sólo es una exigencia humana y moral, sino porque las mujeres son la base medular de cualquier sociedad. Empezar a combatir el cáncer cervical implementando acciones inmediatas debe ser una obligación y no una alternativa dentro de la agenda de salud que el gobierno mexicano debe atender.
La Organización Mundial de la Salud realizó recientemente en México un análisis de costo-efectividad, en el cual determinó que las estrategias de prevención secundaria son más costosas para las mujeres adultas con mediadas como las del papanicolaou, y la captura de híbridos. Para ello, ésta vacuna que proponemos debe ser efectiva a favor del bolsillo de las mujeres y sus familias, por lo que se costo debe ser de 181 pesos por dosis aproximadamente.
La Secretaría de Salud federal explicó que ha hecho diversos estudios, que arrojaron resultados positivos sobre la efectividad de la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. Mencionó sólo dos ejemplos: es más efectiva cuando se aplica en mujeres que no han iniciado su vida sexual, por lo que se propone emplearse en niñas con rangos de edad entre los 9 y 13 años. Por otro lado, la toma de la misma, es más sencilla que practicarse el papanicolaou, ya que la vacuna no requiere de un equipo o personal especializado para su aplicación.
Se recomienda aplicar un esquema de vacunación de 3 dosis, para obtener la inmunidad adecuada, las dosis se dividen de la siguiente manera: la primera al momento cero, la segunda al mes o dos meses y la tercera a los seis meses de la primera dosis, dirigida a niñas entre los 11 y 12 años. Este programa se plantea como una política de salud largo plazo, pudiéndose combinar con programas de educación sexual para evitar riesgos de contraer este virus, así como una correcta información del significado del cáncer cervical en las mujeres.
En nuestro país existen programas pilotos en algunas zonas marginadas y escuelas públicas, con implementación de acuerdo a los grupos de edad y a niveles de prevención primario o secundario.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de esta soberanía para impulsar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano como parte de la cartilla de vacunación.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cérvico uterino.
Diputada Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del PAN
José Luis Oliveros Usabiaga, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme al artículo 79, numeral 2, fracción III, que le concede el carácter de urgente resolución por la que se exhorta al Ejecutivo federal a designar a la brevedad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.
Consideraciones
En el año de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el primer Año Internacional de la Juventud. Como seguimiento a esta declaración, entre el mes de agosto de 2010 y el mismo mes de 2011 se decretó el segundo Año Internacional sobre el tema. Para el año 2010 la población joven en México representó casi el 32 por ciento de la población total, es decir, un tercio del país, nos referimos a 36.2 millones de jóvenes. En un contexto internacional sólo existen 34 países cuya población supera al número de jóvenes en nuestro país.
La instancia encargada de atender a los jóvenes en nuestro país es el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), que se constituye como organismo público descentralizado desde 1999. El Imjuve tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El Instituto Mexicano de la Juventud es el encargado de definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los 36.2 millones de jóvenes al desarrollo del país; de igual forma, el instituto propone al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias. Es decir, es el encargado de impulsar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes mexicanos.
El Imjuve funge como representante del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.
El tema de la juventud debe ser incluido en todas las agendas, por citar algunos datos que ocupan nuestra atención y esfuerzos, en nuestro país, la economía genera anualmente 300,000.00 empleos formales y sólo los jóvenes, requerirían 1,200,000.00 lo cual los obliga a pertenecer al sector informal, arrojando con esto, que 8 de cada 10 jóvenes en México obtienen ingresos de éste sector, lo cual desemboca en que la tercera parte de la población penitenciaria sean personas menores de 29 años por delitos de robo que en su generalidad no superan los $6,000.00 según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ-2010).
Así mismo, la misma encuesta (ENJ-2010), señala los siguientes datos: el 26.7 por ciento de los jóvenes no tiene acceso a ningún tipo de servicio médico; 38 por ciento de los jóvenes abandona la escuela por falta de dinero o porque tenía que trabajar; la mayoría de los jóvenes no cuenta con estudios medio superiores o superiores, es decir, solo el 14.5 por ciento de la población total; y sólo 1 de cada 10 jóvenes dice participar en una organización civil.
Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 el 35.4 por ciento de los jóvenes considera que su principal problema es la falta de oportunidades de empleo y experiencia; así mismo, señala que 7 de cada 10 jóvenes de 10 a 29 años de edad nunca han tenido un trabajado. Adicionalmente, la misma encuesta señala que más de la mitad de la población joven considera que no se respetan los derechos de los jóvenes.
Es importante resaltar, que el tema de Juventud no ha sido incluido en ninguno de los puntos del acuerdo entre partidos políticos llamado “Pacto por México”. Por lo anterior, se prevé que el titular del instituto sea el encargado de impulsar la inclusión de este tema en los trabajos del Ejecutivo federal.
A partir del lunes 11 de febrero del presente año, el Instituto Mexicano de la Juventud no tiene director general que encamine los esfuerzos de la institución. Lo anterior frente a la renuncia del director general del Instituto Mexicano de la Juventud con efectos a partir del día 11 de febrero de 2013, que se había desempeñado en el cargo desde el 16 de febrero del año 2011, y frente a la falta de designación de un nuevo titular por parte del Ejecutivo Federal que lleva ya en funciones más de 70 días. El Instituto Mexicano de la Juventud y todos los jóvenes de nuestro país requieren que el Ejecutivo Federal nombre a la brevedad a quien habrá de encabezar los trabajos y actividades destinadas a elevar la calidad de vida de los jóvenes mexicanos.
Punto de acuerdo
De urgente resolución
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que designe a la brevedad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, el 26 de febrero de 2013.
Diputado José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en Guanajuato, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado Carlos de Jesús Alejandro , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados, un grupo de 13 mujeres indígenas que buscan mantener a sus familias trabajando en la venta de sus artesanías, fueron severamente discriminadas por el presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez , quien de la forma más retrógrada impidió que por imagen urbana estas mujeres indígenas provenientes de la sierra de Guerrero pudieran caminar en el primer cuadro de la capital del estado, Patrimonio de la Humanidad. El argumento que dio fue que no sólo venden en la vía pública sin permiso, sino que también porque “afean la vista al turismo”.
Es una verdadera pena lo que ocurre con las y los indígenas en Guanajuato y en todo México, no es la primera vez que se hacen este tipo de actos discriminatorios y vejatorios, que menoscaban la dignidad humana de las personas, pues éstas autoridades violan toda disposición de los derechos humanos y garantías individuales, como el de libre tránsito, consagradas en nuestra Constitución General de la República.
Una mujer que vende y hace artesanías de chaquira declaró: “ya no quieren que pasemos por el centro ni caminando, que si queremos ir al otro lado que sea dando la vuelta...Yo veo que nos está discriminando mucho el presidente municipal, que damos mala imagen, y no es correcto que nos estén discriminando.”1
La información que ha circulado en periódicos de tiraje nacional y en redes sociales es que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente 3112/A-2013, y está haciendo la investigación correspondiente de las 13 mujeres indígenas nahuas que han denunciado estas restricciones afrentosas y vejatorias.
Ya basta que a las y los indígenas se les dé un trato discriminatorio y violatorio a sus derechos humanos fundamentales. Debemos poner un alto al trato de segregación que se les da a los indígenas, particularmente a las mujeres en las ciudades que tienen el honor de ser Patrimonio de la Humanidad. No permitamos que se les dé ese trato de menesterosos a las personas que tienen un modo honesto de vivir y que buscan día a día el sustento de sus familias de forma honrosa.
Por tanto, nos parece oportuno que esta Soberanía exhorte, con oportunidad, al presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, y al gobierno de Guanajuato para que respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas y evitar estos tratos denigrantes y crueles, con apego a los principios y garantías previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
Estos actos de autoridad del presidente municipal de Guanajuato, son intolerables porque pueden configurarse en hechos de discriminación, violencia y racismo.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un “trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por alguna de sus características físicas o su forma de vida. “ Se trata –cierto– de una distinción, exclusión o restricción de los derechos de las personas, en este caso de mujeres indígenas nahuas de la sierra de Guerrero.
La discriminación en efecto, tiene consecuencias negativas en la vida de las personas y por supuesto tienen que ver con la pérdida de derechos, y la desigualdad para acceder a ellos, que orilla al aislamiento, y a vivir en violencia incluso.
La conducta del presidente municipal de Guanajuato, demuestra distinción, exclusión y restricción, al señalar que las mujeres indígenas “afean la ciudad y la vista al turismo”. Es lamentable porque en lo único que somos iguales es que somos diferentes los mexicanos, tanto en cultura como en identidad particular y comunitaria.
De acuerdo con el ex relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. E/CN.4/2003/90/Add.2, del 10 de febrero de 2003, párrafos 16 a 20. Señala cuatro tipos de discriminación, entre estos, la discriminación interpersonal e institucional, que se manifiestan en actitudes de rechazo y exclusión hacia indígenas por parte la población no indígena, y en situaciones desfavorables en mecanismos de exclusión, usados históricamente para marginarlos y negarles la posibilidad para vivir en condiciones de equidad con l resto de la población.
Al parecer al gobierno municipal de Guanajuato no le es suficiente que contra los pueblos indígenas se haya practicado en grado sumo la discriminación y racismo, pues alrededor de 15.7 millones de personas que integran los pueblos y comunidades indígenas de México están sometidas a esquemas sistemáticos, estructurales e históricos de discriminación.
En cuestión de derechos y acceso a oportunidades hay una gran desigualdad, ocasionada por prejuicios y concepciones sobre el origen étnico y los rasgos culturales.
De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2005, 43% de los entrevistados manifestó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus características raciales”. En tanto, 30% indicó que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como tales.
Las opiniones no han cambiado mucho en los últimos años, ya que los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 apuntan que aún existen serios rezagos respecto de los derechos y oportunidades que tiene la población indígena para acceder a una situación más igualitaria. Los datos de esta última encuesta señalan que 37% de la población de habla indígena afirmó que no se respetan sus derechos, mientras que 24% sostuvo que esa situación es causada por su acento al hablar y por su forma de vestir. En esta “manifestación indiscutible de discriminación” también intervienen las características físicas, forma de hablar, vestir y comportamientos culturales. Esos factores son asociados en una relación arbitraria y ficticia con limitaciones sociales y pobreza, es decir, que se responsabiliza a las poblaciones indígenas de provocar la desigualdad.
Tener un enfoque de esta naturaleza no sólo trae consecuencias negativas para los y las indígenas, sino que al adjudicar causalidad a esas características se pierde el foco de responsabilidad que tiene el resto de la sociedad, el Estado y las instituciones, lo que hace más difícil revertir el problema. Además, que lejos de ser sólo percepciones, hay violación de derechos de los indígenas que se ven materializados en la falta de oportunidades para acceder a derechos fundamentales como educación, salud y empleo, en detrimento de su libertad y dignidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Presidencia Municipal de Guanajuato para que deje de hostigar y discriminar a las mujeres indígenas, y se le insta a respetar los derechos humanos y garantías de las personas de origen indígena, particularmente respetar el derecho a la no discriminación, el derecho a la diferencia cultural y de identidad, a la igualdad, a la libertad de trabajo y el libre tránsito; consagrados en nuestra Constitución federal en los artículos 1o., 2o., 4o., 5o. y artículo 11, constitucional. Asimismo se le demanda cumplir con los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria, como la COCEDAW 2006, en la que se hacen recomendaciones para eliminar la discriminación hacia las mujeres indígenas.
Segundo. Esta soberanía exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de del estado de Guanajuato para que cumpla con sus facultades y obligaciones como autoridad estatal respetando la Constitución federal y procurando la conservación de la tranquilidad, seguridad y el cumplimiento pleno de los derechos humanos e indígenas en el estado de Guanajuato.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Congreso local de Guanajuato para que en uso de sus facultades cite a comparecer al titular de la Presidencia Municipal de Guanajuato para que explique y responda a la soberanía popular de la entidad, de por qué su actitud de violentar los derechos humanos de las mujeres indígenas, y se tomen las medidas pertinentes para que esta conducta reprobable e inconstitucional no se vuelva a repetir.
Cuarto. Se le exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que atraiga la investigación de los hechos antes referidos un caso paradigmático que contribuya a eliminar en el país la discriminación en contra de la población indígena, de los que inicialmente abrió la investigación la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato.
Nota
1 Fuente: Expediente Noticias.
Palacio de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputados: Víctor Reymundo Nájera Medina, María de Lurdes Amaya Reyes, Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a la SCT, a la PGJDF y a las autoridades aeroportuarias a fortalecer las medidas de seguridad en las aerolíneas respecto a la pérdida de objetos materiales sustraídos del equipaje de los pasajeros en el AICM, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción i del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la puerta de entrada comercial y turística a nuestro país, sin lugar a duda con un papel muy importante en el desarrollo de la economía en México y definitivamente una ventana hacia el mundo.
Con un movimiento operacional de un millón 500 mil pasajeros nacionales y 800 mil pasajeros internacionales, así como un movimiento de 25 mil operaciones nacionales y 8 mil operaciones internacionales, cifras que corresponden tan sólo al año 2012, se encuentra entre los más concurridos de Latinoamérica y es uno de los 30 aeropuertos con más actividad en el mundo con lo que respecta a pasajeros, operaciones y cargamento.
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, es el principal centro de conexión nacional e internacional de México, con vuelos diarios directos a más de 300 destinos en todo el mundo.
Es por eso que es de suma importancia cuidar y vigilar todas las normas, formas, procedimientos y medidas de seguridad que dentro de él se llevan a cabo.
El robo de artículos de equipaje que documentan los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una lamentable constante.
Personal que se encarga de trasladar las maletas documentadas a la bodega del avión sustraen cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, joyas, artesanías, laptops, Xbox, lociones y hasta licores, entre otros muchos objetos personales.
Cuando una maleta es documentada, pasa por un proceso automatizado de revisión que incluye rayos X y detección de explosivos, lo cual es supervisado por cámaras de seguridad monitoreadas por personal de una empresa privada, contratada por el aeropuerto.
Sin embargo, los robos se cometen en cuestión de segundos y presumiblemente ocurren en el momento en que las maletas son bajadas de las bandas para subirlas a los vehículos que las trasladan al avión.
Según lo que establece la Ley de Aviación Civil en su Capítulo XII De la Responsabilidad por Daños, particularmente en su Sección Primera, de los Daños a Pasajeros, Equipaje y Carga, en sus artículos 61, 62, 64, 66, 67 y 69, los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte, será responsables del equipaje facturado desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino.
Esto nos habla que está perfectamente regulada la responsabilidad del aeropuerto por medio de los permisionarios y concesionarios con los pasajeros y su equipaje, lamentablemente en esta vía de transportación los pasajeros están sólo de paso y no tienen tiempo de presentar las denuncias y los que lo hacen, que es un porcentaje mínimo, no le dan el seguimiento debido por la complejidad y costo que implica la jurisdicción respecto al lugar donde se comete el acto punible, aunado a ello, es prácticamente imposible presentar las facturas de los objetos sustraídos, ya que obviamente nadie las trae consigo cuando sale de viaje, es por ello que el robo es descarado y se da con una frecuencia desmedida.
Lo único real es que los turistas extranjeros y los propios connacionales se llevan la peor impresión no sólo del aeropuerto, sino de los que en él trabajan, de las autoridades del mismo que permiten los hechos narrados, del gobierno de la ciudad y sin lugar a dudas, de nuestro país.
La impunidad de estos actos contraviene y echa por tierra la misión que es la de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios del aeropuerto, la visión que garantiza la seguridad y calidad en sus servicios, pero principalmente los valores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que resaltan la honestidad actuando con integridad y transparencia.
Como representante de la sociedad, como civil, como pasajero y también como víctima de este delito, es mi deber exigir se ponga fin a estas prácticas tan vergonzosas para nuestro país, a estos actos delictivos, mediante el fortalecimiento de las medidas de seguridad necesarias por parte de las autoridades competentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a las autoridades aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes.
Consideraciones
El día 7 de noviembre del año 2005, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que expedía la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, dándose turno para su dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería, durante la LIX Legislatura fue votada y aprobada por el pleno de esta cámara de diputados, con 328 votos a favor el día 30 de marzo de 2006.
El día martes 4 de abril del 2006, se recibió en la Cámara de Senadores, la minuta que expide la Ley anteriormente enunciada, dándole tramite y enviada a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería, Estudios Legislativos Segunda y a la de Desarrollo Rural.
La justificación de dicho proyecto de Ley radica en la necesidad de una política con visión intersecretarial, en la cual converjan la agricultura, el sistema de salud, el desarrollo social y los asuntos económicos.
Sin embargo, el dictamen permanece intacto dentro de la colegisladora, a pesar de existir puntos de acuerdo que promueven a su dictaminación.
De nada ha servido hacer del conocimiento que existe una política del campo inconsistente, incongruente, urgida de una visión de corto, mediano y largo plazo, que contemple el garantizar la alimentación y nutrición como un derecho humano irrenunciable.
En la ley enunciada anteriormente se establece como obligación del Estado garantizar la participación de los sectores público, social y privado, dentro del objetivo común de nación.
También establece el incremento de la participación de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios en el mercado productivo del país, con lo cual se prevé un equilibrio económico y social.
Al interior de la Cámara de Senadores, se impulsa una nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dejando en el olvido la minuta con proyecto de decreto materia del presente punto de acuerdo.
Es inadmisible que por cuestiones de insensibilidad política sigan existiendo casos en los cuales siguen perdiendo la vida miles de personas a causa de la desnutrición en nuestro país.
Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), 9 mil personas pierden la vida por no tener acceso a una alimentación mínima necesaria; sumando en diez años cerca de 86 mil personas finadas, lo más triste es que de esa cantidad, el 80 por ciento pertenecen a grupos indígenas, los más pobres y vulnerables.
Basta con hacer memoria y recordar los hechos inéditos en los cuales un grupo de rarámuris decidieron quitarse la vida debido a la falta de alimento.
La minuta que contiene el proyecto de ley, garantiza la alimentación y adecuada nutrición de manera sustentable.
Mediante la aprobación del decreto de ley, podremos terminar con las operaciones de grandes corporaciones que han acaparado el mercado, promoviendo las importaciones de alimentos, imponiendo sus intereses por encima del beneficio nacional.
El campo requiere una política diferente, de aprobarse la minuta en el senado, tendríamos la oportunidad de contar con una política con visión de Estado, orientada a corregir y salvaguardar la soberanía alimentaria y nacional.
En los últimos años hemos visto un incremento gradual en el presupuesto otorgado al campo, sin rendir frutos, por el contrario, la producción cae, así como el empleo y el ingreso, esto es resultado de la falta de una política sensible capaz de trabajar por un campo progresivo y rentable.
Es notoria la concentración y ampliación de la mancha urbana, la migración del campo a la ciudad, propiciando el abandono de la agricultura, siendo esta una actividad sustancial para la existencia de la Nación.
El estancamiento del campo se refleja en una menor producción, en consecuencia la obstrucción de la economía.
El momento de riesgo que vive nuestro campo obedece a la ausencia de atención y el abandono del Estado.
La ley propone una estrategia multianual en favor del sector agroalimentario y el respeto a la comunidad indígena.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de una manera respetuosa al Senado de la República para que inste a las Comisiones de esa colegisladora a, dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a realizar una visita a la empresa Sepsa, en el puerto de Veracruz, a fin de verificar los medios de control y de salubridad que implanta ésta con el material peligroso denominado “coque”, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión Rafael Acosta Croda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Federal de Protección del Ambiente, Profepa, a que realicen una visita a la empresa Sepsa ubicada en la Administración Portuaria Integral, API, del heroico Puerto de Veracruz a fin de verificar los medios de control y de salubridad que la misma implementa con el material peligroso denominado coque, que actualmente contamina el cielo veracruzano.
Consideraciones
Dentro de una sociedad económicamente productiva, impulsada por la necesidad de crecimiento y de progreso, resulta muy loable ajustarse a los esquemas que establecen las leyes de la oferta y la demanda. Si para un emprendedor existe un posible cliente que le compraría un producto determinado es muy lógico que se esmere en llevarle esa mercancía. Pero también, en una sociedad civilizada, los valores y el sentido común son indispensables para su subsistencia; no se puede concebir que bajo la manipulación de la interpretación Legal precisamente se viole la propia ley.
Durante las postrimerías de la década pasada la empresa denominada Sepsa, (Servicios Especiales Portuarios, SA de CV, una empresa al parecer legalmente constituida, manejó cerca de 800 mil toneladas de coque, material extremadamente peligroso por sus altos niveles tóxicos y venenosos, en la Administración Portuaria Integral, del Puerto de Veracruz. Afortunadamente para todos quienes conformamos la Sociedad veracruzana su actual director Juan Ignacio Fernández Carbajal, dándose cuenta de dicha peligrosidad, implementó sus dedicados oficios para disminuir el manejo del coque por la empresa de referencia, reduciéndolo hasta las 400 mil toneladas durante el año próximo pasado.
El coque es un combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire. El proceso de destilación implica que el carbón se limpia de alquitrán, gases y agua. Este combustible o residuo se compone en 90 a 95 por ciento de carbono. Nitrógeno, oxígeno, azufre e hidrógeno. Es poroso y de color negro a gris metálico. El coque se utiliza en grandes cantidades en altos hornos para la elaboración de hierro aprovechando su reacción química.
La problemática ambiental acerca del uso del coque se da principalmente por la presencia de altos contenidos de azufre en él, así como también de otros elementos como carbón y níquel, y otros metales pesados que ocasionan graves problemas tanto a la salud de la población, como al medio ambiente. Diversos grupos vinculados al área de la salud, han sostenido que las emisiones de coque o su derivado petcoke al ser utilizado como combustible, podrían ocasionar serios daños, incluso algunos han sostenido que estas emisiones resultarían cancerígenas. Por otra parte, la utilización del petcoke provocaría serios daños a la vegetación y cultivos agrícolas, así como también a la flora y fauna de las zonas cercanas.
El uso de coque como combustible no está regulado por las autoridades ambientales mexicanas a pesar de que científicamente se ha demostrado que la combustión masiva de ese residuo del petróleo, cuando registra altos contenidos de metales pesados, como el vanadio, produce gases que si se aspiran regularmente provocan graves daños en seres humanos y en animales. Con base en investigaciones propias y externas, Emilio Rojas del Castillo, director del Departamento de Genética y Toxicología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el vanadio, por sí solo, cuando es inhalado repetidamente en lugares cerrados, ocasiona rinitis, faringitis y bronconeumonía. Y este último padecimiento, si no es bien manejado, puede llevar a la muerte.
En el estado de Veracruz ya se han presentado algunos casos, particularmente de habitantes de la zona norte del municipio, de cuadros con serias enfermedades ocasionadas por este material. De no tomar urgentes medidas de supervisión y control permanente en los niveles de contaminación derivados por el manejo de este veneno en los humanos, las autoridades municipales correspondientes, así como las federales respectivas, serán las principales responsables de las consecuencias, traducidas en vidas o por lo menos en la calidad de vida de esta zona porteña.
Los cambios repentinos en el clima de esta entidad a orillas del Golfo de México no es un misterio para nadie, en consecuencia se deben instrumentar verdaderos Protocolos de Seguridad que protejan a la población en todo momento. La fuerza del viento que sopla a la entrada de lo que los veracruzanos conocemos como “un norte”, es devastadora, y los alcances a los que puede llevar este tóxico, que la empresa Sepsa maneja incluso al aire libre, es trascendental. En mi Estado esta situación se encuentra incluso documentada mediante fotografías que ex trabajadores han llevado a la opinión pública acompañada por testimonios que señalan incluso el que el traslado de este material que lleva a cabo la Empresa por las Autopistas interestatales, se lleva a cabo sin por lo menos cubrir con una lona los trailers receptivos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente a que realicen una visita a la empresa Sepsa ubicada en la Administración Portuaria Integral del heroico Puerto de Veracruz a fin de verificar los medios de control y de salubridad que la misma implementa con el material peligroso denominado coque , que actualmente contamina el cielo veracruzano.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Protección Civil y a la Comisión de Salud de esta soberanía a revisar y en su caso actualizar los protocolos de seguridad que existen en relación al manejo de materiales peligrosos que son manejados por empresas particulares en las zonas correspondientes de Importación y exportación de mercancías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Rafael Acosta Croda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar –por la SHCP y la SE– con mayores productos de financiamiento a las pequeñas y las medianas empresas para promover la reactivación del crédito bancario al sector privado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tenemos en la actualidad una economía con un entorno macroeconómico estable, pero una economía interna endeble, lo anterior está sustentado en el crédito que se otorga en este país.
Es común tener acceso a los medios e identificar que el crédito va al alza, lo cual podría ser síntoma de algarabía, pero la realidad es otra, el otorgamiento de créditos crece en el crédito al consumo – las tarjetas de crédito – dejando en rezago los créditos para el financiamiento a empresas, para comercialización, equipamiento y un largo etcétera.
Siendo que las Pymes son generadoras de 8 de cada 10 empleos en nuestro país, es un deber impostergable buscar mecanismos que las doten de apoyos y recursos para su establecimiento, consolidación y crecimiento.
El apoyo del gobierno y de la banca privada en el desarrollo de las empresas juega un papel trascendental para su impulso en el mercado, siendo la base de una adecuada estrategia competitiva.
El financiamiento efectivo y seguro, da confianza y genera certezas al empresario Pyme, la falta de éste puede ser el principal obstáculo para su desaparición.
La teoría económica define el crédito con un positivo nivel de ingreso de un país, lo que generaría en plazos medianos la reducción de la pobreza mediante una adecuada aplicación en la distribución del ingreso, previendo en un plazo mayor, un adecuado nivel de ahorro.
En la actualidad el Banco Mundial, ha expresado que; “ante la falta de sistemas financieros incluyentes... las empresas pequeñas dependen de sus propios ahorros e ingresos para invertir... emprender negocios y, en general, aprovechar oportunidades de progreso”.
Sumado a ello encontramos que el sector Pyme, con regularidad se enfrenta con graves problemas como falta de capital de crédito, leyes laborales restrictivas, exceso de regulación, a todos los niveles, lo que facilita la corrupción.
Estas razones son las que obligan a buscar herramientas que permitan una integración de las actividades industrial, comercial y financiera para apoyar el crecimiento y desarrollo de los micro, pequeños y medianos empresarios.
Un abanico de oportunidades lo encontramos en los préstamos comerciales, éstos deben aprovecharse para que las empresas amplíen sus operaciones y aumenten la producción.
Los préstamos permiten a las empresas hacerse de recursos monetarios inmediatos lo que les ofrece la oportunidad de crecimiento y potencialmente ganar más beneficios.
Desafortunadamente en nuestro país más de la mitad de las empresas no cuentan con crédito bancario.
Lo anterior se desprende del análisis de la encuesta del Banco de México, la Evolución del Financiamiento a las empresas, esto referente al año 2012.
La encuesta señala que las empresas que contaban con créditos de la banca, era de 46.9 por ciento, cifra por debajo a la del año inmediato anterior que era de 47.6 por ciento.
Otro punto de importancia lo identificamos en la diferencia de empresas con menos de 100 y más de 100 empleados, de las primeras el 35.6 por ciento contaba con crédito bancario y las segundas que cuentan con más de 100 empleados, el 53.6 por ciento obtuvo acceso a algún tipo de crédito.
En el 2008, de acuerdo con la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio del Banco de México, las empresas recibieron crédito en gran parte de sus proveedores con un 60.7 por ciento.
Para el año 2012, los proveedores siguen siendo los principales otorgadores de crédito para las empresas, incluso se incrementó el monto con el que capitalizaron al sector empresarial, pues el crédito fue de 83.2 por ciento, más de 20 por ciento de incremento en 4 años.
Los resultados del estudio del 2012, elaborado por el Banco de México, refiere que 1.5 por ciento de las empresas que solicitó crédito, lo rechazo por considerarlo muy caro.
La importancia de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la economía mexicana es incuestionable, generadoras de un gran número de empleos y con un porcentaje amplio de aportación al Producto Interno Bruto (PIB), por ello es necesario implementar herramientas que promuevan un mayor acceso al financiamiento que se refleje en una mayor producción y operaciones, obteniendo como resultado un amplio desarrollo y estabilidad del mercado nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Con pleno respeto a la división de poderes, se hace un atento exhorto al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, se apoye a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con mayores productos de financiación, con la finalidad de promover la reactivación del crédito bancario al sector privado.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar por la Sener, la SHCP, la SE y la Sedesol tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo doméstico, comercial y agrícola en Campeche, Chiapas, Quinta Roo, Tabasco y Yucatán, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal por el estado de Tabasco, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán se encuentran algunas de las más importantes presas hidroeléctricas que alimentan de energía eléctrica a un tercio de los habitantes de nuestro país, permitiéndole a la Comisión Federal de Electricidad contar con enormes recursos provenientes por el cobro del servicio eléctrico.
La enorme producción de electricidad generada desde esta región debería verse reflejada a la par en beneficios considerables a la población de estos estados, sobre todo el poder contar con tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población. Siendo la realidad muy diferente ya que prevalecen los altos cobros en el consumo de energía, siendo esto un lastre que viene a sumarse a los grandes rezagos y carencias sociales que limitan las alternativas de desarrollo de la población en estas entidades.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario el que sean implementados mecanismos que sustituyan el rango actual tarifario de los diversos sectores porque solo de esa manera se le puede hacer frente con equidad y justicia a las condiciones de rezago y marginación que prevalecen en muchos sectores de la población en esas entidades.
Es por ello, compañeros diputados y diputadas, que este punto de acuerdo solicita que los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, les sean otorgadas las mismas condiciones, mecanismos y compensaciones como con las que cuentan algunos de los estados del norte; lo cual contribuirá al fortalecimiento de las finanzas de la población, la generación de circulante y activación del mercado interno al apoyar con esta medida el bolsillo de los habitantes de los estados del sur del país.
Acción Nacional solicita al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con este compromiso y no quede en una mera promesa de campaña.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2 fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, a girar instrucciones a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Desarrollo Social, a fin de que sean autorizadas tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo domestico, comercial y agrícola a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2013.
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por las instancias correspondientes y en el marco de sus respectivas facultades cupos menores para la importación de azúcar, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior al efecto de que sea turnado como de obvia y urgente resolución, la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país.
Lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El azúcar es un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.
La industria azucarera mexicana ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario, constituye uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.
La producción de caña en el país, se ha incrementado en los últimos años en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.
La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por la entrada en competencia con edulcorantes como la alta fructuosa y los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce.
A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que esto permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.
La crisis provocada por la baja los precios del dulce en todo el mundo, debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avizorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.
De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.
De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.
Es por ello necesario el fomento de dicha empresa para beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.
La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.
Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:
1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26, inciso A) dice:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
2. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su artículo 2, fracción X, XVII, a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;
XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;
3. En su artículo 2 de su Reglamento Interior la Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo Federal.
La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.
4. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su artículo 2 señala sus facultades para:
I. Ejecutar la política exterior de México;
II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;
III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e
IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.
5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria azucarera y cañera del país, por lo que se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, que contemple los siguientes ejes:
1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.
2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (Brasil por ejemplo, ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).
3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.
Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Angélica Rocío Melchor Vásquez, diputada por Oaxaca a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pesca y acuacultura en México son actividades productivas de gran importancia económica; en varias zonas representan las principales opciones para el crecimiento económico y detonantes de la economía regional, a la vez que proporciona alimentos de calidad nutricional para una parte importante de la población. En el sector agroalimentario, el pesquero es el único que año con año presenta una balanza comercial positiva; representa una fuente importante de divisas para el país.1
De igual forma, son actividades de alto contenido social, más de 300 mil mexicanos encuentran empleo directo en ellas. Además, si consideramos los empleos indirectos y las familias de estos empleados, se estima que alrededor de 12 millones de mexicanos están directa o indirectamente ligados a las actividades del sector pesquero.2
Pese a lo anterior, la administración pública federal y, en algunos casos, las estatales les han concedido poca importancia, relegándolas a segundo término y descuidando las obligaciones que el Poder Ejecutivo tiene hacia ellas.
En la administración pública federal tenemos como órgano encargado de este importante sector, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), instancia que viene arrastrando varios rezagos heredados de las pasadas administraciones, lo cual entre otras cosas genera incertidumbre en los productores y problemas para el correcto manejo de las pesquerías.
Uno de los rezagos que es de urgente atención es el relativo a la falta de un reglamento acorde con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).
Si recordamos, la actual LGPAS fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007. Señala el artículo primero transitorio que la entrada en vigor se daría a los 90 días siguientes al de su publicación. De igual manera, el artículo séptimo transitorio manda al presidente de la República a expedir el reglamento de la misma ley dentro de los seis meses siguientes de su entrada en vigor.
De lo anterior se desprende que la LGPAS entró en vigor a finales de octubre de 2007 y su reglamento debería haber sido expedido a más tardar para abril de 2008.
Pese a lo anterior, a más de cuatro años de vencido el plazo para tener el reglamento de LGPAS, dicha ley carece de él, ocupándose en su lugar el reglamento de la Ley de Pesca de 1992, norma jurídica actualmente derogada. Esta situación no carece de importancia, si recordamos la Ley de Pesca de 1992 contaba tan sólo con 30 artículos y si bien por medio de ella se pudo administrar por algunos años el sector pesquero, con el tiempo la realidad la fue rebasando.
Abundando en lo anterior, el 27 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos (CPEUM), dicha fracción confiere al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
Entonces, por una parte la ley de 1992 ya quedaba corta para las necesidades del sector pesquero y, por otra, la adición de la CPEUM hacía necesaria la creación de una nueva ley de pesca de carácter general y no federal, como lo era la de 1992. De tal forma, la Comisión de Pesca de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se dio a la tarea de elaborar lo que hoy es la ley vigente para este importante sector, es decir, la LGPAS.
La LGPAS busca el sano equilibrio entre los que piensan que el cuidado del ambiente puede darse sólo por medio de un conservacionismo que impida cualquier intervención humana y los que, en el otro extremo, todavía creen que los recursos pesqueros por ser renovables son inagotables, es decir, la LGPAS busca propiciar el marco jurídico para la nada fácil tarea de crear un modelo productivo que tenga como principio “pescar preservando y preservar pescando”.
Para lograr lo anterior, la ley en comento instituye una serie de instrumentos que no se encontraban en la Ley de Pesca de 1992, como son
• El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, cuya finalidad es fomentar las actividades que dan origen a su nombre, de forma integral, desde la captura o cosecha hasta el consumo.
• El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, pensado por el Legislativo como instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento encaminados a la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología.
• La LGPAS incorpora un título específico en materia de acuacultura, en el cual se incluyen entre otros los siguientes instrumentos: la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes de ordenamiento acuícola. Asimismo, se prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para la introducir de especies no nativos en aguas continentales, este último tema ante la amenaza que representan las especies invasoras es de vital importancia.
• Se crea el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, donde participarán las autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno y los productores.
• La LGPAS contiene sanciones más severas para los que infrinjan las normas jurídicas que rigen la actividad. Se posibilita la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para la vigilancia, se transparentan los procesos interinstitucionales y, en el caso de las embarcaciones mayores, el capitán o patrón es sancionado por las violaciones que cometa contra los preceptos de la propia ley.
• La LGPAS manda que las decisiones de las autoridades relativas a la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas sean tomadas con base a la investigación científica, motivo por cual la Carta Nacional Pesquera pasa a ser vinculante en la toma de decisiones de la autoridad y se crea la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, coordinada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.
• Por medio del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se empodera a los productores, investigadores y académicos, al propiciar su participación en la toma de decisiones que afectan las actividades normadas en la propia ley.
• Por ser una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, confiriendo facultades a estados y municipios en temas de importancia, como los referentes a la inspección y vigilancia, el diseño y aplicación de las políticas públicas en la materia normada en la ley, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal.
Todos estos instrumentos y otros más, que por razones de espacio no mencionamos en el presente documento, no están considerados en el reglamento de la ley de 1992, motivando varias situaciones que son negativas tanto para los productores como para la preservación de los recursos pesqueros e incluso para la misma autoridad.
Este vacío normativo se traduce en la aplicación parcial, incompleta o nula de preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener en claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.
Lo mismo podríamos mencionar en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros: por no tenerse el multicitado reglamento, no se tiene en claro cómo en la práctica se implantarán las medidas para cumplir este importante objetivo. Por ejemplo, la ley maneja la posibilidad de la creación de las zonas de refugio, de los programas de ordenamiento pesquero y de planes de manejo, entre otras medidas que ante la falta de un nuevo reglamento no están siendo instauradas con la precisión que merecen.
Las pesqueras y la acuícolas como actividades primarias dependen del correcto manejo de los recursos naturales sobre los que se basan; el deterioro de estos recursos también deteriora el nivel de vida de los pescadores.
De igual forma, las nuevas disposiciones para la inspección y vigilancia en la materia requieren su correcta reglamentación, como marcan los más elementales principios de la teoría del derecho. Por señalar un ejemplo, la ley en comento incorpora la posibilidad del empleo de nuevas tecnologías para estas funciones, situación no considerada en el viejo reglamento.
Por ello, hasta hoy la aplicación de la LGPAS ha sido parcial sin que se realicen a fondo las tareas que la misma mandata, lo que repercute de forma negativa en la competitividad, en el nivel de vida de los productores y en el manejo sustentable de las pesquerías.
En otro orden de ideas, si bien tenemos claro que por sus atribuciones la Conapesca es el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento que motiva el presente punto de acuerdo, también es de tenerse en cuenta que es el titular del Poder Ejecutivo federal, en los términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el obligado a publicarlo.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a emitir de inmediato, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89, fracción I, constitucional y sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el reglamento de ésta.
Notas
1 Para 2011, la balanza comercial de los productos pesqueros y acuícolas reportó un saldo positivo de 370 millones de dólares. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011. Sagarpa-Conapesca, México.
2 Arreguín-Sánchez, Francisco (2006). “Pesquerías de México”, en Guzmán Amaya, Patricia; y Fuentes Castellanos, Dilio Fernán (coordinadores). “Pesca, acuacultura e investigación en México”, Cámara de Diputados, Comisión de Pesca LIX Legislatura, CEDRSSA, primera edición, México.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2013.
Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los apoyos institucionales y la entrega de recursos financieros a Guerrero para solucionar la crisis de seguridad generada por la delincuencia organizada, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, María del Rosario Merlín García, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
En los últimos meses, la inseguridad se ha recrudecido en Guerrero, por dejar que las instituciones que imparten justicia no cumplan sus responsabilidades, que radican en la debida aplicación de la ley y, por ende, la seguridad a los ciudadanos.
Como ejemplo de esta profunda crisis de seguridad, debemos señalar que es a la llegada de extorsionadores a imponer mediante la fuerza y exigir dinero a ganaderos, maestros, dueños de puestos de mercado y cafetaleros con la amenaza de que si no se cumplía los iban a matar. Ésta es la primera vez que incursiona el crimen organizado en las tierras de la policía comunitaria. Asimismo, la amenaza de la delincuencia organizada continuó cuando hombres fueron detenidos con dos camionetas en las cuales llevaban más de 600 kilogramos de marihuana.
La delincuencia organizada ha intentado quedarse en estas comunidades mediante el trasiego, la siembra y la venta de drogas, además de imponer su “ley” por medio de la muerte, el terror y la amenaza permanente. Poe esas razones, la policía comunitaria ha hecho un sinnúmero de detenciones ajustadas a la Constitución. Sólo ellos han hecho que la justicia, la seguridad y la tranquilidad vayan cobijando a los pobladores de estas comunidades.
La policía comunitaria es una forma de organización de los pueblos que hace realidad sus derechos colectivos y enseñan a la sociedad que hay formas de justicia más justa, sin corrupción ni iniquidad. Por ello, su lucha y su ejemplo son legítimos. Nada ni nadie podrán socavar estos legítimos intereses; nada ni nadie podrá intervenir desde fuera queriendo imponer sus reglas e intereses partidistas.
Los pueblos en su derecho de autodefenderse son responsables de su organización y de su libre autodeterminación. La vida de estos pueblos guerrerenses está en manos de ellos, no de funcionarios ni mucho menos de políticos que históricamente han discriminado a nuestros hermanos indígenas.
Las acusaciones de los poderes fácticos y representantes del Estado mexicano de que la policía comunitaria es ilegal y tiene un perfil delictivo son totalmente falsas. El gobierno federal debe por responsabilidad resolver los problemas añejos que estas comunidades sufren desde hace décadas.
Por ello es necesario dar a conocer que la policía comunitaria nació en 1995 en Guerrero. Se fundó en Santa Cruz El Rincón, Malinaltepec, encontrándose integrada por grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades, decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. En su formación participaron también algunas organizaciones sociales más representativas de la zona, como Luz de la Montaña, Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y el Comité de Autoridades Indígenas pertenecientes a San Luís Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte, cuya asamblea integra el primer nivel de este sistema de justicia.
En el segundo nivel está la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. En el tercero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, compuesta por seis coordinadores comisarios –los jueces que ordenan investigaciones y dictan sentencias–. Hay 612 policías comunitarios, en su mayoría indígenas tlapanecos, mixtecos y nahuas, aunque también hay mestizos.
La asamblea general tiene legitimidad social en la asamblea de cada localidad. Es la autoridad máxima en resolución y mando. A ésta asisten los comisarios municipales de las localidades adscritas, los miembros de la Coordinadora de Autoridades, los comandantes locales y los policías comunitarios, así como las organizaciones sociales de la zona y los maestros. Dado que las asambleas son públicas, cualquier persona puede ingresar con derecho a voz, pero no a voto.
El universo de atención de la policía comunitaria es de 30 mil 815 personas, de acuerdo con su última actualización. La mayoría de esta población pertenece a los pueblos tlapanecos y mixtecos, aunque también hay nahuas, y mestizos. Según los datos de la policía comunitaria, actualmente se forma por 42 comunidades.
En junio de 2000 se constituyó legalmente la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, AC.
Sus objetivos son éstos: 1. Promover la creación de un nuevo sistema de seguridad comunitaria, en el que la propia ciudadanía vele por la autodefensa de sus derechos y protección de su patrimonio; y 2. Fomentar procesos de participación de las comunidades de la región a fin de desarrollar actividades encaminadas a generar mejores condiciones de vida de la población en sus ámbitos económico, social y cultural.
Desde esta tribuna del pueblo llamo a respetar la propuesta de la policía comunitaria porque, como dicen ellos, ¡sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo! ¡El respeto de nuestros derechos será justicia!
En razón de lo anterior se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a fortalecer los apoyos institucionales y la entrega de recursos financieros a Guerrero para solucionar la crisis de seguridad generada por la delincuencia organizada que se vive en la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.
Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sagarpa y de la SE, así como al Senado de la República, a cancelar los cupos de importación de azúcar, y revisar y sancionar el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca, Enrique Martínez y Martínez; al secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villareal y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de Azúcares y Jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El 22 de noviembre de 1993 el Senado de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) , según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre del mismo año y que entró en vigor el 1 de enero de 1994.
El problema de actual crisis por la que atraviesa agroindustria azucarera tiene su origen en el Apartado de Azúcares y Jarabes del capítulo VII Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCAN, en virtud de que los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno de Carlos Salinas Gortari , modificaron de manera unilateral y sin consultar al Senado de la República Mexicana el capítulo original de Azúcares y Jarabes del TLCAN.
Con esta modificación unilateral se introdujo el concepto de jarabe de maíz rico en fructosa y se limitó los topes de exportación del azúcar mexicana en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, y a esto se le conoce como Cartas Paralelas.
El 3 de noviembre de 1993 fueron firmadas las Cartas Paralelas entre el secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y el representante comercial de Estados Unidos de América, estas Cartas Paralelas tiene como objetivo modificar o dejar sin efecto diversas disposiciones contenidas en el TLCAN que entró en vigor el primero de enero de 1994, lo cual contraviene lo previsto por el derecho internacional.
Cabe destacar que toda vez que las Cartas Paralelas no fueron sometidas a la soberanía del Senado de República Mexicana para su debida aprobación, las Cartas Paralelas no forman parte del TLCAN.
La Cámara de Senadores resolvió en la sesión del jueves 6 de septiembre de 2001, dejar sin efectos las Cartas Paralelas del TLCAN, signadas en 1993, toda vez que no fueron ratificadas por esta soberanía.
Estados Unidos de Norteamérica consume alrededor de 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante sólo produce edulcorante para cubrir 80 por ciento de sus necesidades, por este motivo tiene déficit de azúcar, un país deficitario en un producto no puede participar en tratados comerciales internacionales. EEUU muestra un déficit anual de aproximadamente 2 millones de toneladas de azúcar.
El azúcar que se produce en los Estados Unidos de Norteamérica se realiza en 12 refinerías y 34 ingenios y procesan la caña en los estados productores que son: Florida (51 por ciento), Louisiana (38 por ciento), Hawai (8 por ciento), y Texas el resto, la producción de edulcorantes derivados del maíz se realiza en 17 refinerías.
No obstante el déficit que cada año tiene Estado Unidos de Norteamérica en la producción de azúcar se incluyó el capítulo de Azúcares y Jarabes en el TLCAN, y se impusieron la Cartas Paralelas, el objetivo favorecer a los productores de jarabe de maíz rico en fructosa.
No podemos permitir que el gobierno de Enrique Peña Nieto autorice mediante la Secretaría de Economía cupos o cupos menores de importación de azúcar, en virtud de que nuestro principal socio comercial en materia de azúcar siempre ha incumplido el TLCAN. Estados Unidos de Norteamérica impuso su condición de país fuerte con políticas proteccionistas que han afectado a la agroindustria azucarera del país.
En el anexo 703.2 del capítulo de Azúcar y Jarabes del TLCAN, Estados Unidos de Norteamérica no cumplió el punto 13 del artículo 708, que establece el carácter superavitario de México en la producción de azúcar de caña, para cumplir con las cuotas de exportación a partir de 1994 año que entró en vigor el TLCAN.
En esta misma perspectiva Estados Unidos de Norteamérica, no cumplió el punto 15 de la misma norma que establece la cantidad de azúcares y jarabes libres de impuestos que no excederán las siguientes cantidades: a) por cada uno de los primeros seis años comerciales 25 mil toneladas métricas valor crudo, b) para el séptimo año comercial 150 mil toneladas métricas de valor crudo y c) para cada uno de los años comerciales del octavo al decimocuarto 110 por ciento del límite máximo correspondiente al año anterior.
En otras palabras, en los primeros seis años de 1994 a 1999, México debió exportar a los Estados Unidos de Norteamérica la cantidad de 150 mil toneladas de azúcar y para el 2000 otras 150 mil toneladas, para el 2001, 165 mil toneladas, para el 2002, 181 mil 500 toneladas, para el 2003, 199 mil 650 toneladas, para el 2004 219 mil 615 toneladas, para el 2005, 241 mil 577 toneladas, para el 2006, 265 mil 734 toneladas y para el 2007, 292 mil 308 toneladas, sumando en los 14 años la cantidad de 1 millón 865 mil 384 toneladas de azúcar mexicana.
En los 14 años de existencia de las Cartas Paralelas, tiempo de gracia que se estableció para que en el año 2008 se eliminaran las barreras arancelarias y entraran los alimentos libremente al mercado común del TLCAN, la agroindustria azucarera fue severamente afectada y los gobiernos federales nunca aplicaron por presupuesto anual las medidas de salvaguarda para protegerla y hacerla más competitiva en el mercado mundial.
La actual crisis por la que atraviesa el campo cañero y toda la cadena productiva de la agroindustria de azucarera, se presenta por el desplome del precio de la azúcar para la zafra 2012-2013, es preciso señalar que la caída del precio del azúcar se da hasta en 47 por ciento al pasar de 700 pesos a 370 pesos el costo por bulto de azúcar.
Otro factor que afecta directamente a la caída al precio del azúcar tanto en el mercado interno como externo es el desplazamiento en el consumo del azúcar por la importación de 30 por ciento de alta fructosa para el consumo industrial , y sobre todo que se ha detenido la exportación de azúcar mexicana en el mercado mundial por su alto costo.
También los altos costos de producción se presenta por la producción de la urea como fertilizante, no obstante de que somos país petrolero y no producimos los abonos para el campo cañero, también la problemática de los altos costos se agudiza porque a los abastecedores de caña de azúcar se les roba en el peso y la sacarosa, se les aplican castigos por impurezas, cargos arbitrarios, descuentos por caminos vecinales y pago de seguros que realiza el productor de caña a los cortadores.
La caída en las exportaciones de azúcar mexicana tiene una explicación de fondo, el exceso de oferta de azúcar a nivel mundial se originó principalmente por la extraordinaria producción que logró Brasil en el año 2012, logrando la mayor producción de los últimos 32 años, esto se traducirá en mayores niveles de inventarios y por tanto una mayor oferta a nivel mundial.
En los 57 ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener grandes inventarios, esto se complicará porque en la zafra 2012-2013 la producción de azúcar se incrementará, toda vez que tendremos la zafra más alta de los últimos años, con una producción que se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña de azúcar.
Esto incrementará los inventarios de azúcar en los 57 ingenios del país, pero la explicación de los altos precios en la producción de azúcar mexicana tiene su origen en los 40 años de crisis estructural que vive la agroindustria azucarera y 30 años son bajo el esquema de la economía neoliberal.
En las crisis cíclicas de la agroindustria azucarera, el gobierno federal siempre ha rescatado de manera sistemática a los industriales azucareros y olvidándose de los productores de caña de azúcar que son los más afectados en la cadena productiva.
Otro factor de desigualdad para los productores de caña de azúcar en México, es la forma como el gobierno de los Estado Unidos de Norteamérica protege a sus productores, ante cualquier afectación climática o de variación en los precios internacionales, nuestro principal socio comercial aplica políticas públicas proteccionistas y de rescate, a los productores mexicanos los dejan en el desamparo.
Las políticas neoliberales sobre la producción agrícola del país se basan en que es mejor importar los alimentos del mercado global que producirlos en el mercado nacional, en el caso de la azúcar mexicana las cosas no han sido distintas, no obstante que México es autosuficiente en la producción de azúcar.
En los 12 últimos años de gobiernos panistas no se aplicaron políticas económicas para hacer productiva y competitiva la azúcar mexicana, no obstante que al gobierno de Felipe Calderón le toco la liberación total del mercado de los alimentos en 2008, cuando entró en vigor el Capítulo VII Agropecuario del TLCAN.
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no lograron la competitividad del campo cañero, lo primero que tuvieron que hacer es tener mayores rendimientos en la producción de la caña para reducir el precio del azúcar, tanto en el mercado interno como externo y hacer más competitiva la azúcar mexicana en el mercado mundial.
Estos gobiernos optaron en los últimos 12 años por la política de los cupos de importación de azúcar realizados por la Secretaría de Economía, y también por tolerar el contrabando de azúcar provenientes de Centroamérica y el Caribe.
La política de los cupos de importación de azúcar obstaculizó la competitividad de la agroindustria azucarera y a doce años de aplicar esta política de corte neoliberal los resultados están a la vista, la azúcar mexicana está en las bodegas de los 57 ingenios del país.
Le demandamos al gobierno de Enrique Peña Nieto terminar con las políticas de cupos de importación de azúcar y con el contrabando de Centroamérica y el Caribe, que se aplique las medidas de salvaguarda con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013, para apoyar a los productores e industriales de la caña de azúcar y evitar el desplome del precio del azúcar en el mercado nacional.
En este mismo sentido demandamos al Senado de la República para que se revise y sancione el Capítulo de Azúcares y Jarabes del TLCAN, toda vez que nuestro principal socio comercial ha incumplido desde 1994 las bases del Tratado Comercial en materia de azúcar.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta al gobierno federal para terminar con las políticas de cupos de importación de azúcar y con el contrabando de Centroamérica y el Caribe.
Segundo. Se solicita a los secretarios de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para apliquen las medidas de salvaguarda con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013, para apoyar a los productores e industriales de la caña de azúcar y evitar el desplome del precio del azúcar en el mercado nacional.
Tercero. Exhortamos al Senado de la República para que se revise y sancione el capítulo de Azúcares y Jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, toda vez que existen los fundamentos constitucionales para la revisión, y también porque nuestro principal socio comercial ha incumplido desde 1994 las bases del tratado comercial en materia de azúcar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.
Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a permitir el desarrollo de elecciones limpias y libres el 7 de julio de 2013, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno de Veracruz a desarrollar elecciones limpias y libres para el próximo 7 de julio de 2013.
Antecedentes
El pasado 9 de noviembre de 2012 arrancó formalmente el proceso electoral en Veracruz, con un código electoral que es prácticamente una contrarreforma electoral y con una cláusula de gobernabilidad que elevó de 8 al 16 por ciento la sobrerrepresentación.
Posteriormente, en el relevo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano eligieron a dos consejeros que están vinculados al PRI, donde clausuraron la pluralidad política y por ende el carácter ciudadano; inclusive el propio Instituto contrató nuevamente a la empresa Monitoreo y Medios, que fue sancionada en el anterior proceso electoral de 2010 por el mismo Instituto. Además, las quejas que se han interpuesto en contra de los aspirantes del PRI a puestos de elección popular han sido desechadas. Todo lo anterior lo convierte en una secretaría de elecciones del gobierno del estado y no en el “arbitrio” que debió ser.
Por otra parte, la injerencia del gobierno del estado llegó hasta el PRD, empezando con un proceso de desestabilización interna, primero con una doble dirigencia, posteriormente con la duplicidad del consejo político estatal y en este hecho político nos encontramos.
Ahora el Tribunal Electoral Estatal acaba de fallar en contra de la coalición “Gran Alianza para Ti”, que conformó el PAN y el PRD, argumentando que no se cumplió con los estatutos del PRD, por lo tanto decidió disolver la referida coalición. La hermenéutica jurídica es más una “chicana jurídica”, ya que su limitada interpretación se basó en el supuesto incumplimiento del artículo 307 de los estatutos del PRD; empero fue omiso al artículo 312 del mismo ordenamiento jurídico, con lo cual no puede el tribunal estatal fallar de esa forma.
Finalmente, si utilizo el Índice de Democracia Electoral (IDE) que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2004, en su ya famoso “Informe a la Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, donde establece cuatro indicadores:
a) Derecho al voto;
b) Elecciones limpias;
c) Elecciones libres;
d) Cargos públicos electos.
Puede afirmar que sólo se cumple el primero por el momento, ya que las elecciones no son limpias por la actuación del Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal Electoral Estatal; inclusive tampoco son elecciones libres, porque “la alternativa traducida en coalición es constreñida por restricciones legales”, ello de acuerdo con el fallo del multicitado Tribunal Electoral estatal.
Considerando
1. Considerando lo anterior, el gobierno de Veracruz con sus acciones institucionales, que van desde manipular al Congreso local, al órgano electoral y al tribunal electoral es un regreso a los años setenta en la forma de hacer política.
2. Lo que significa que el actual gobierno local está negando a la propia democracia, ya que le está anula a las veracruzanas y veracruzanos que no tengamos unas elecciones limpias y libres.
3. El gobierno de Veracruz está poniendo en riesgo no sólo a las elecciones locales, sino que está creando un clima de ingobernabilidad local.
4. El gobierno de Veracruz está impulsando su violencia institucionalizada hacia entidades de interés público como son los partidos políticos, lo cual podría tener repercusiones de cerrazón política nunca antes vistas en la entidad federativa; lo que significa el retroceso autoritario que tanto están negando en el plano nacional.
5. El gobierno de Veracruz se está desarrollando un ente amorfo como lo es el feuderalismo.
6. Que con todas las anteriores iniciativas autoritarias, el gobierno de Veracruz está abriendo la posibilidad de que se rompa el Pacto por México.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 65, numeral 4, 67, fracción III, y 68, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Veracruz a permitir elecciones limpias y libres el próximo 7 de julio de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Distrito Federal, a 26 de febrero de 2013.
Diputados: José Antonio León Mendívil, Uriel Flores Aguayo, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y prestar disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Josefina Salinas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, tales como seguridad, igualdad social y respeto a los derechos fundamentales.
En el caso del Poder Ejecutivo, tanto federal, como en las entidades federativas, resulta indispensable una actitud receptiva ante la expresión de las necesidades de la ciudadanía, es innegable la imperiosa necesidad de la disposición a la colaboración con el resto de los Poderes con que se comparte esta responsabilidad a efecto de que el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida resulte de forma efectiva, equilibrado y justo para el total de sus gobernados y no sectario y clientelar.
Es el caso que en el estado de México en particular, esta apertura no se ejerce por parte del gobernador Eruviel Ávila Villegas, además de permanecer cerrado a este principio, también incumple con lo que mandata la propia Constitución del estado que gobierna, que en su artículo 77, en que se enuncian las facultades y obligaciones del gobernador del estado, fracción XXVI.
Artículo 77. Son facultades y obligaciones del gobernador del estado:
I. a XXV. ...
XXVI. Prestar apoyo a los poderes Legislativo y Judicial y a los ayuntamientos, cuando le sea solicitado, para el ejercicio de sus funciones...
Lo anterior al prestar oídos sordos ante las reiteradas solicitudes de audiencia que con el propósito de establecer una comunicación directa y fluida con él como Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los representantes populares y los dirigentes estatales han suscrito
El motivo central de la búsqueda de esta interlocución, es plantearle los temas que a continuación se exponen:
1. La problemática de los Ayuntamientos postulados por el Partido de la Revolución Democrática, así como superar el trato desigual a los regidores y síndicos de representación proporcional del PRD.
2. Se establezcan compromisos en forma corresponsable para impulsar en la entidad soluciones de fondo que permitan superar los rezagos en materia de:
a) La violencia y la inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas en el territorio mexiquense.
b) Medidas a través de políticas públicas para reducir la desigualdad social, con metas en plazos verificables. Atención con acciones productivas a favor de los campesinos e indígenas.
c) Ataque frontal a la corrupción con mecanismos eficaces: Avanzar en la transparencia.
d) Acabar con la impunidad, respeto a los derechos humanos.
e) Cambios políticos institucionales, que permitan ajustar y actualizar la representación política, fortalecimiento de los órganos autónomos del Estado, impulso de cambios democráticos institucionales, mediante una reforma política local (participación ciudadana, reforma electoral y municipal).
3. Solución a las demandas sociales presentadas al gobierno del estado.
Reiterando nuestro interés de buscar mediante el diálogo y en los canales institucionales, la solución a las dificultades económicas, sociales y políticas existentes en el territorio mexiquense, a lo cual no hemos obtenido respuesta alguna, encontrándonos con la omisión y desinterés de un gobierno que presenta rasgos de inflexibilidad, insensibilidad e inmadurez para el oficio político que las necesidades de la entidad requieren.
En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y preste disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Diputada Josefina Salinas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar prioritarias en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo las actividades del sector social de la economía para impulsar el crecimiento económico del país, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal, Alliet Mariana Bautista Bravo, en nombre de las diputadas y los diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta a esta Soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 se establece:
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática , y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Adicionalmente a esta disposición constitucional, el artículo 73, fracción XXIX-D, señala, como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes en materia de planeación nacional:
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
La ley secundaria de estos preceptos Constitucionales establecen los principios en los que se deberá de basar la planeación nacional; y se establece con puntualidad, en la Ley de Planeación:
Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello, estará basada en los siguientes principios:
I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;
III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales , y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;
V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional ;
VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo ; en un marco de estabilidad económica y social;
[...]
La Ley de Planeación señala que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales; y que el Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. El Poder Legislativo-señala la norma secundaria- formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
De manera particular, la Ley de Planeación atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género; a cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido; a elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales.
Asimismo, y en congruencia con la planeación democrática expresada por nuestra Carta Magna, la participación de la sociedad ocupa un lugar preponderante en la planeación nacional:
Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales , con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo, señala la Ley de Planeación.
Prosigue la ley secundaria, el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Destaca, de la lectura de la Ley de Planeación, que una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal.
Pero, ¿por qué dar prioridad a las actividades del sector social como palancas desarrollo en el Plan maestro del sexenio? Resultados de la aplicación de políticas públicas Estatales en las economías de algunos países lo sustentan:
i) Datos del 2012, aseguran que a nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan 100 millones de empleos, un 20 por ciento más que las firmas multinacionales. En este mismo años, las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes.
ii) En 2010 en Canadá 4 de cada 10 personas es socia de al menos una cooperativa, mientras que en la provincia de Quebec la cifra se eleva al 70 por ciento;
iii) En Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90 por ciento de la leche, el 34 por ciento de la miel y el 30 por ciento del trigo. El 60 por ciento de su producción se exporta a más de 40 países, de acuerdo con datos económicos del 2011 de ese país sudamericano. Durante 2010, información económica de El Salvador, reportaron que los activos de las cooperativas financieras de El Salvador superan los mil 300 millones de dólares, lo que representa un 9.3 por ciento del total del sistema financiero nacional;
iv) En Bolivia, existían en 2008 más de 1.600 cooperativas que generan más de 32 mil empleos directos y más de 128.000 empleos indirectos. Para el año 2009, en Brasil, las cooperativas eran responsables de un 37.2% del PIB agrícola y el 5.4% del PIB global;
v) Durante 2010, las cooperativas agropecuarias estadounidenses tuvieron una participación del 28% en el procesamiento y la comercialización de la producción agrícola. En este mismo año, las cooperativas eléctricas rurales atendían a más de 42 millones de usuarios residentes en 47 estados, lo que representa el 42 por ciento de las líneas eléctricas del país;
vi) Otro dato de un país sudamericano: En el 2010, las cooperativas de ahorro y crédito de Paraguay poseían activos por más de 2.100 millones de dólares, lo que representa casi un 17% del total del sistema financiero nacional. Datos de 2011 arrojan que 8.600 cooperativas en Colombia reunían a 5.5 millones de asociados lo que equivale a decir que 1 de cada 8 colombianos era cooperativista.
vii) En el periodo 2010-2011 las cooperativas agropecuarias argentinas eran responsables de más del 20% del total nacional de las exportaciones de trigo. En Brasil, durante 2011 las 6 mil 600 cooperativas vinculadas a la Organización de las Cooperativas Brasileñas reunía a más de 10 millones de cooperativistas y daban empleo directo a casi 300 mil personas;
viii) El año antepasado las cooperativas de ahorro y crédito de Costa Rica eran propietarias de un 8.5% de los activos del sistema financiero nacional. En República Dominicana, ese mismo año, las cooperativas reunían a más de 1 millón de asociados y daban empleo directo a más de 40.000 personas;
ix) En 2010, las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador poseían activos por casi 2 mil 500 millones de dólares, lo que representaba una participación del 9.12 por ciento en el total del sistema financiero nacional. Datos del 2011 sostiene que en Brasil las cooperativas de salud prestaban servicios médicos y odontológicos a 17,7 millones de personas, casi un 10 por ciento de la población del país;
x) En el 2008, en Argentina existían unas 13 mil cooperativas registradas que reunían a casi 9 millones 400 mil de socios y daban empleo directo a más de 265 mil personas. En Paraguay, el capital social de la mayor cooperativa de ahorro y crédito superaba en el 2011al de 11 bancos comerciales.
xi) Finalmente, en Kenia, en 2008, las cooperativas eran responsables del 45 por ciento del PIB y del 31 por ciento del ahorro y el crédito nacionales. Tenían 70 por ciento del mercado del café, 76 por ciento del de productos lácteos y 95 por ciento del de algodón.
Además de las anteriores referencias económicas, diversos organismos internacionales han recomendado a los Estados Nación la aplicación de las políticas públicas basadas en el sector de la economía social:
José Graziano da Silva, Director General de la FAO, señaló: “Las cooperativas tendrán cada vez mayor importancia dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo”
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, expresó: “Las cooperativas son un recordatorio para la comunidad internacional de que es posible perseguir, a la vez, la viabilidad económica y la responsabilidad social”
Juan Somavía, Director General de la OIT, recomendó: “...las cooperativas son agentes de cambio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas”
Dame Pauline Green, Presidenta de ACI, concluyó: “Las cooperativas son empresas que tienen al compromiso social como un componente central de su ADN
Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben, someten a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo considere prioritarias las actividades del sector social de la economía para impulsar el crecimiento económico del país.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).