Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, SE, SS y Profeco a efecto de que intervengan para asegurar que la empresa Bachoco y sus filiales cumplan las normas sanitarias que les son aplicables e impedir la comercialización de carne de pollo y huevo provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del numeral 1 y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Nos hemos enterado por los medios de comunicación y a través de reportes de las autoridades correspondientes, sobre la aparición de un brote de influenza aviar por el virus H7N3, uno de los más nocivos para el pollo, en 12 granjas de la empresa denominada Bachoco, en el estado de Guanajuato: nueve en Dolores Hidalgo, y las otras tres en San Felipe Torres Mochas, Juventino Rosas y San Luis de la Paz, respectivamente, que en su conjunto suman una población de un millón ocho mil aves, de los 19 millones que tiene ese estado.

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, confirmó que se trata de la “secuenciación del virus H7N3 de alta patogenicidad, similar al que se encontró en Jalisco y Aguascalientes”, es decir, un virus capaz de matar en cuestión de horas a las aves infectadas.

A decir de las autoridades el brote fue detectado rápidamente y reportado a la Organización Mundial de la Salud Animal a la que México pertenece, puesto que se tiene la obligación de informar la existencia de este tipo de epidemias, por su elevada capacidad de expandirse a gran velocidad.

A partir del día 17 de febrero las 12 granjas afectadas están en cuarentena y no pueden mover ni a sus animales ni los productos porque el riesgo de dispersión del virus existe, según lo confirmaron las autoridades.

Esto cobra especial importancia, pues la empresa en comento es una de las más importantes en el mercado nacional y no sabemos cuál es el porcentaje de huevo que vende en toda la república, ya que cuenta con 100 unidades avícolas a lo largo y ancho del país.

El problema tiene visos de gravedad inocultables, pues existen cerca de 200 millones de aves de pastura y anualmente más de mil 500 millones de pollos de engorda que se comercializan en toda la república.

Las autoridades de la Sagarpa están haciendo su parte, pero es necesario que dicha dependencia se coordine con la Secretaría de Economía y que intervenga directamente en la empresa Bachoco para asegurar que no se comercialicen productos que pudieran estar contaminados por ese virus, pues aunque se dice que no representa riesgos para la salud humana, existe la posibilidad de que se expanda rápidamente afectando a la población aviar nacional y sería importante conocer la opinión de las autoridades sanitarias al respecto.

Además, se tiene que investigar y llegar al fondo del caso para conocer el origen del virus y qué fue lo que posibilitó su propagación, pues en caso de haber negligencia, o peor aún, violación de reglas sanitarias, se debe castigar con severidad a la empresa responsable.

Lo anterior cobra relevancia pues ha trascendido que hubo movilización de “gallinaza”, que es excremento fresco de gallina el cual se utiliza como fertilizante, cuyo manejo indebido pudo ser la causa de la rápida expansión del brote.

La “gallinaza” es comercializada por diversas empresas en todo el país, pero debe ser sometida a un proceso térmico y cubierto, para que se esterilice y después se venda como composta, pero si no se cumple con los requisitos aplicables, puede ser la vía para la dispersión del virus. Eso se debe investigar y en su caso aplicarse las sanciones más severas que procedan, además de asegurar, sin lugar a dudas, que la poderosa empresa Bachoco ni sus filiales comercialicen productos bajo sospecha de riesgo, y aplique las más estrictas medidas preventivas que el caso amerita.

También debe asegurarse el sacrificio y disposición final de las aves contaminadas, para evitar cualquier posible comercialización de carne contaminada.

No puede seguir existiendo favoritismo de ningún tipo, ni excepciones o tratos especiales para empresas que incumplen sus obligaciones y se saltan leyes y reglamentos a sabiendas de que pueden disfrutar de impunidad y tratos preferenciales.

La Secretaría de Economía deberá asegurar que esta situación no se convierta en pretexto para que la carne de pollo y el huevo escaseen en el mercado y se preste al abuso en los precios de esos productos, por lo que deberá importar esos productos para abastecer el mercado, en tanto se mantiene el control estricto de las actividades de la empresa Bachoco, incluyendo la suspensión de sus actividades para evitar mayores riesgos a la actividad pecuaria nacional.

Es por lo expuesto que someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que además de las medidas preventivas en curso para la vacunación de aves en riesgo de contaminación por el virus H7N3 y la supervisión del sacrificio de las aves infectadas, profundice en la investigación de las causas que originaron el brote y su expansión, y en su caso establezca las sanciones que correspondan si es que se violaron normas sanitarias en el manejo de la llamada “gallinaza”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que se haga una revisión exhaustiva de todas las granjas de la empresa Bachoco y sus filiales y se determine la suspensión de sus actividades en tanto no exista un dictamen que certifique que sus aves están totalmente libres del virus, así como que se solicite un dictamen de la secretaría de Salud de que no existen riesgos para la salud humana.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, a efecto de que se garantice el abasto de huevo y carne de pollo, mediante la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado, en caso de que sea realmente necesario.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de febrero del 2013.

Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Genaro Carreño Muro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos es la empresa encargada de maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.

La importancia que tiene esta empresa para la economía nacional es por todos reconocida. Hoy en día, es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para los mexicanos.

En atención a ello, es necesario que continúen llevándose a cabo todas aquellas acciones mediante las cuales se puede garantizar su correcto funcionamiento en todos los ámbitos, administrativo, operativo, etcétera.

Los recientes acontecimientos en el edificio administrativo de Pemex alerta de la necesidad de continuar llevando a cabo acciones que permitan a la empresa desarrollar debidamente sus funciones. Es más, más que continuar, es necesario reforzar las medidas de seguridad en todas y cada una de sus instalaciones.

Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos, y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio.

Toda vez que el subdirector de servicios corporativos de Pemex , Carlos Murrieta, ha afirmado1 que “fue una explosión limpia” y que se realizará una investigación porque el ducto del gas natural localizado por la PGR no se encuentra en los planos de la paraestatal, demuestra que se trató de un caso fortuito que nada tiene que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones, sino que más bien, se trata de una situación que podría ocurrir en cualquier otro lugar. Así pues la falta de mantenimiento de las instalaciones hubiera acarreado una serie de incidentes de la misma naturaleza, lo cual no ocurrió antes.

Por tanto, es momento de que el Gobierno Federal comience a realizar acciones que permitan mantener la seguridad de la población mexicana, en el caso específico de los trabajadores de Pemex, así como de las instalaciones, de manera tal que su debido funcionamiento no se vea comprometido con tragedias de esta naturaleza.

Si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Pemex, no queremos imaginar que pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles, y cuando algunas de éstas se encuentran rodeadas de áreas urbanas.

Como representantes de la sociedad, debemos demandar la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto a su forma de operación. Por tanto, la presente propuesta tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes, se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen o elaboren nuevos protocolos de atención a emergencias, de sus programas de simulacros ante eventualidades mayores, capacite y actualice al personal que se encarga del área de protección civil en cada instalación, así como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías que han sido rodeadas por asentamientos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que Pemex pueda operar garantizando la seguridad de sus trabajadores y que pueda desarrollar sin contratiempos sus funciones, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, realice una revisión exhaustiva de la infraestructura de todas las instalaciones de Pemex ; a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras; a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas; a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil; a que elabore estudios que permitan reubicar las refinerías que se encuentren en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.

Nota

1 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id =60203:en-pemex-accidente-desafortunado-peritos&Itemid=189

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013

Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31 numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La democracia tiene como uno de sus principales pilares la división de poderes; por lo que el debilitamiento del Poder Legislativo, y la tentación de reducir a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de consigna, tarde que temprano pondrá en jaque a la democracia, que va de la mano del estado de derecho y la paz social.

Recordemos que en un condenable acto de fuerza, en que intervinieron efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, el sábado 10 de octubre de 2009, a las 22:45 horas aproximadamente, fueron tomadas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Acto seguido, en los primeros minutos del 11 del mismo mes y año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces titular del Ejecutivo federal, ordenando la liquidación inmediata de esta empresa alegando supuestas razones económicas y de eficiencia.

El saldo de este alevoso acto fueron: el despojo de su empleo a más de 44 mil trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de las pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y autonomía sindical, despojo, vía privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, de un patrimonio de toda la nación.

Los trabajadores decidieron, en uso de las vías legales, luchar por el respeto a sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, emitió sentencia a favor de los trabajadores, para el efecto de que la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, al declarar procedente la procedencia de la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito antes referida, que insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de sus salarios caídos; por el contrario ahora los trabajadores están frente a un injusto mandato que pretende obligarlos a su liquidación, y los lanza al mundo del desempleo y la desesperanza. Ya que una liquidación no puede sustituir a un empleo digno, como el que tenían, y desconoce su derecho a una jubilación o pensión, y otras prestaciones; además de la agresión recibida a su dignidad como seres humanos. Buscando paralelamente la muerte jurídica de su sindicato y contrato colectivo.

El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, para efectos de su reinstalación, fue plenamente acreditada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde el momento en que se mantuvo la materia de trabajo, operada ahora por la CFE, a la que le fueron transmitidos los bienes propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Para reafirmar esto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece, que la sustitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo, lo que debe interpretarse en relación con el artículo 290 de la Ley del Seguro Social, que señala, que surge la sustitución de patrón, cuando: “Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos...” Extremos que se cumplan plenamente en el caso del SME.

Sobre la causa de fuerza mayor, la Segunda Sala sostuvo, que el arbitrario decreto del Ejecutivo federal de 2009, constituye tal causa, en lugar de analizar si los motivos de fuerza mayor alegada por el entonces titular del Ejecutivo, básicamente de carácter económico, se constituían como tales y eran suficientes para dar sustento a la extinción de Luz y Fuerza. Este insostenible criterio de la Corte, abre la puerta para que el Ejecutivo en turno, extinga cualquier organismo descentralizado, con base en su capricho y su arbitrariedad.

Las razones humanitarias tampoco impidieron esta inadmisible resolución de la Corte; pues su resolución provoca que más de 16 mil trabajadores después de más de 3 años de lucha queden sin empleo, con las consecuentes afectaciones a sus familias; obligándoles la Corte a caminar hacia atrás, hacia la percepción de las depreciadas indemnizaciones forzadas de hace tres años.

Todo este proceso de fuerza en contra de los trabajadores, desconoce el principio de supremacía de la realidad, que preside el mundo del trabajo. Los derechos irrenunciables de los trabajadores y, la existencia de conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aún está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales, resolver con equidad este conflicto, en apego a lo ordenado por el artículo 1o. en relación con el artículo 123, ambos de nuestra Carta Magna. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras instancias internacionales, sigan exhibiendo el poco apego del gobierno mexicano al respeto de los derechos humanos. La violencia laboral de estado, debe ser siempre condenada.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar mediante diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una solución a este conflicto laboral, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de estos trabajadores y su reinserción a la vida laboral, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que recontrate a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.

Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en tanto se solucione este conflicto laboral, les continúe otorgando el instituto a estos trabajadores los servicios médicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.

Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a emprender acciones legislativas conducentes a armonizar su legislación y su normativa penal con lo señalado en la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal y en los ordenamientos internacionales sobre el tema, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Aurora Denisse Ugalde Alegría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta, respetuosamente, a los Congresos Estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de no discriminación y sus códigos penales estatales, de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal , así como en los ordenamientos internacionales sobre el tema, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, la discriminación hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un gran número de personas en nuestra sociedad. Es importante reconocer que, en materia de no discriminación, en México ha habido avances importantes respecto a la creación de una legislación que tutele el derecho de las personas a no ser discriminadas. Sin embargo, existen todavía un gran número de prácticas discriminatorias que evidencian que este tema es un desafío a largo plazo.

Para entender cómo ha sido la incorporación del tema de la discriminación en el marco legal mexicano, es importante explicar, de manera general, la evolución en el ámbito internacional de dicho tema.

Como un antecedente, encontramos que, desde el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se señala que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”1

Lo anterior daría pie a que comenzaran una serie de discusiones sobre el tema que, paulatinamente, se incorporarían a distintas instancias internacionales. Un ejemplo de esto, sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), signado por México, donde, desde su artículo primero, los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la propia Convención “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Es importante mencionar la necesidad de una adecuada armonización con los instrumentos internacionales en la materia, de los que nuestro país forma parte. Entre estos, podemos citar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Convenio Internacional del Trabajo número 111 (relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación), la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como antecedentes de la visibilización y planteamiento de la necesaria incorporación del tema en las políticas públicas y legislativas mexicanas podemos decir que, en el año 2000, numerosos movimientos sociales impulsaron la necesidad de desarrollar un ambiente de discusión sobre lo que implicaba la discriminación.

Posteriormente, en el año 2001 se logró la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregándose una cláusula antidiscriminatoria con la que, por primera vez en la historia constitucional, aparece la prohibición explícita de las prácticas discriminatorias. Citamos el párrafo aludido:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En ese mismo año, se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, que se integró con representantes de los principales partidos políticos, del poder legislativo, así como con servidoras y servidores públicos, y con representantes de organizaciones de la sociedad civil. La Comisión, después de un año de trabajo, hizo aportaciones importantes en la lucha contra la discriminación en México. Entre sus resultados, encontramos el anteproyecto que daría lugar a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en el año 2003.

El objeto de esta Ley Federal es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

La Ley prescribe una serie de protecciones aplicables a grupos sociales específicos, como las personas con discapacidad o las personas de comunidades indígenas. Esta protección especial en la norma atiende a que son estos los grupos sociales que han sido susceptibles de mayor discriminación, sin dejar fuera de la protección de ésta Ley a otros grupos sociales. Estas acciones afirmativas de protección a grupos particulares de la sociedad están orientadas a normar prácticas y actitudes tanto en el terreno público como en el privado.

Ahora bien, la lucha contra la discriminación es una batalla que debe seguir reforzándose desde el ámbito legislativo, lo cual implica el perfeccionamiento de normas específicas en materia de no discriminación, así como la derogación y/o reforma de aquella legislación que contiene disposiciones discriminatorias o que propicia este tipo de situaciones.

Un logro legislativo de singular transcendencia es el referido a la tipificación de la discriminación como delito, reforma aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2012, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Esta incorporación del delito de discriminación representa un importante avance en la lucha contra este problema, pues deja de ser un postulado sin sanción, para ser un asunto de obligado cumplimiento. Se trata de una reforma novedosa que debe de invitar a todos los congresos estatales a homologarla en su legislación penal, a fin de construir un marco jurídico igualitario en el tema, sin importar a qué estado de la República pertenezcamos. A continuación incluimos un cuadro donde se precisa qué entidades federativas cuentan con una cláusula constitucional antidiscriminatoria, con Ley estatal antidiscriminatoria y si han tipificado el delito de discriminación.

En total, a nivel estatal, existen 15 cláusulas antidiscriminatorias en las Constituciones locales. Por otro lado, hay 21 Leyes antidiscriminatorias estatales.

Sobre los Códigos Penales estatales:

– Se tipifica la discriminación en 15 códigos penales.

– 1 Código Penal establece la discriminación como agravante del delito de injurias.

– 1 Código Penal establece como parte del delito de odio, elementos semejantes al delito de discriminación.

– 1 Código Penal establece la discriminación como calificativa del delito de homicidio y lesiones.

– 1 Código Penal establece la discriminación como calificativa del delito de homicidio contra la mujer.

– 1 Ley en materia de pueblos y comunidades indígenas, tipifica la discriminación cultural, y

– 1 Código Penal considera la discriminación como elemento del delito de tortura.

Se hace imprescindible que las leyes estatales se armonicen igualmente con la legislación internacional y federal en este tema, a fin de que se cuente en el territorio nacional con un marco jurídico homólogo que proteja, de manera igualitaria, a las personas que sufren este delito.

Por lo anterior, y con la finalidad de lograr marcos legislativos armónicos que coadyuven en la aplicación de todo el peso de la ley a quien discrimine y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, en el marco del respeto, a los Congresos estatales de las entidades federativas del país, a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de no discriminación y su normatividad penal, a lo señalado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal, así como en los ordenamientos internacionales sobre el tema.

Nota

1 En: http://www.un.org/es/documents/udhr/

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2013.

Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ de Coahuila a solicitar al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América que les entregue los más de 2 millones de dólares detectados en una cuenta bancaria de Javier Villarreal –ex jefe del SAT en dicha entidad– en las islas Bermudas, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en una cuenta bancaria de las Islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos por lavado de dinero.

Al desempeñarse en el SAT de Coahuila, sin contar con la debida autorización del Congreso local y, falsificando documentos solicitó diversos créditos, contribuyendo con eso al endeudamiento del estado por más de 35 mil millones de pesos. No está por demás decir que esa deuda la están pagando los coahuilenses sin haber tenido ningún beneficio, pues los servicios, obras públicas e infraestructura nunca recibieron parte de esos recursos.

El 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal es detenido por la Fiscalía General del estado de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo acusado de simulación de actos jurídicos, sin embargo es liberado al día siguiente. Dicha liberación generó la indignación de la ciudadanía al considerar que solamente se estaba jugando con el procedimiento penal, se buscaba sólo simular que se cumplía la ley, para protegerlo, pero con el verdadero propósito de que no incrimine a sus entonces jefes ni explique a donde fueron a parar esos recursos.

Villarreal es detenido, en febrero de 2012, hace un año, en la Ciudad de Tyler, Texas a 150 kilómetros de Dallas, donde fue acusado junto con su esposa de lavado de dinero al encontrárseles 67 mil dólares en efectivo en su automóvil.

La nación entera tuvo conocimiento del endeudamiento público del gobierno de Coahuila; como todos sabemos, se trata de un caso muy grave, no sólo por las maniobras fraudulentas en que se incurrió para contraer esa deuda, sino por el monto de la misma al hipotecar el futuro de los coahuilenses, sin que hasta el día de hoy se conozca en que se ha gastado el dinero.

Como se ha dicho, esta persona tiene un procedimiento en Estados Unidos, por lo que en sus investigaciones el Departamento de Justicia y el Servicios de Impuestos Internos informaron la semana pasada que se detecto en las Islas Bermudas una cuenta por 2 millones 275 mil 544 dólares a nombre de esta persona.

Si las autoridades realizan una investigación a profundidad, encontrarán diversos cabos que los pueden llevar a encontrar y recuperar parte del dinero desviado por esta persona. Pero al mismo tiempo, se hace necesario que dichos recursos que vayan apareciendo se reintegren a las arcas estatales de Coahuila.

Por lo expuesto, se proponen a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila.

Segundo. De igual manera, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justica del Estado de Coahuila, a que una vez que dichos recursos retornen a México, y toda vez que se trata de recursos de origen público, los mismos sean destinados a cubrir la enorme deuda estatal que actualmente están pagando los ciudadanos de Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de febrero de 2013.

Diputado José Guillermo Anaya llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En repetidas ocasiones hemos señalado en esta Cámara la necesidad de que Pemex transparente la información sobre los accidentes, cada vez más constantes, ocurridos tanto en las instalaciones y como en los ductos de la paraestatal.

Ante los acontecimientos ocurridos el pasado 31 de enero en las instalaciones administrativas de Pemex es necesario tomar ejemplo e insistir en medidas urgentes; y solicitando que la paraestatal especifique las acciones tomadas para prevenir y controlar el robo de combustibles ya que estas ponen en peligro la vida de los vecinos a estas instalaciones.

Si en las oficinas de Pemex, donde no hay instalaciones industriales se informa de acumulación de gas y se vivió una tragedia por una explosión, con mayor razón debe atenderse el reclamo de la sociedad en Salina Cruz y el Istmo de Tehuantepec pues existen instalaciones industriales y el riesgo constante de un accidente o falla que afecte a la población.

Segunda. Petróleos Mexicanos cuenta con 14 mil 150 kilómetros de ductos a lo largo de la República Mexicana, en los últimos años se ha incrementado el robo de combustibles a través de tomas clandestinas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos que viven en las zonas por donde pasan estos ductos. Solo en el 2012 Pemex detecto más de mil tomas clandestinas en sus ductos, una cifra sin precedente, que representa al menos 30 por ciento más que las localizadas en el 2011. De acuerdo con cifras de la paraestatal, entre 2005 y 2012 la cantidad de tomas clandestinas localizadas y controladas aumentó 635 por ciento al pasar de 136 a las mil actuales. Los productos más robados son la gasolina y el diesel, pese a los esfuerzos que se realizan para frenar las tomas clandestinas en los ductos.

En 2006 se perdieron 4 millones 825.4 barriles de producto, en 2011 este monto se redujo a 1.5 millones de barriles y tan sólo en el primer semestre del 2012 la perdida ascendió a 1.8 millones de barriles.

Miguel Tame Domínguez, director general de Pemex Refinación, informó que tan sólo en el 2011 las tomas clandestinas ocasionaron una pérdida por más de cinco mil millones de pesos.

En 2012, Veracruz es la entidad más vulnerada por la comisión en este delito y es donde hay mayor cantidad de tomas clandestinas en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por el Estado. Le siguen Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.

El director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos, Carlos Murrieta Cummings, afirmó que a través de tomas clandestinas se roba el .7 por ciento de combustibles de la paraestatal. Aunque parezca un porcentaje menor, representa pérdidas importantes y, significa un grave riesgo para la población.

Tercera. En el 2012, se detectaron más de 21 tomas clandestinas en los ductos de Pemex en el Istmo de Tehuantepec. Las primeras 16 se presentaron antes del 31 de mayo y de esa fecha hasta el 6 de octubre se localizaron 5 tomas más en Salina Cruz, Santa María Petapa y San Juan Guichicovi, todos en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz; es importante señalar estos hechos y pedir acciones urgentes por el riesgo que representa.

Los municipios de Oaxaca en los que se han detectado las tomas clandestinas son Asunción Ixtaltepec, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, El Espinal, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Juchitán.

En lo que va del 2013 se han detectado al menos 4 tomas clandestinas en los ductos del istmo de Tehuantepec. Esta constante se traduce en pérdidas para la paraestatal, refleja el descuido en el que se encuentran los ductos, pero además pone en riesgo la vida de las personas que comparten vecindad con estos. Razón por la cual es urgente pedir cuentas de las acciones tomadas hasta el momento, y de ser necesario tomar medidas para la rehabilitación de los ductos que disminuyan el riesgo de un accidente de grandes magnitudes.

Estas actividades ilícitas, que hacen los ordeñadores de combustibles, ponen en riesgo a la población de los municipios por donde pasan estos ductos de Petróleos Mexicanos ya que una mala maniobra puede ocasionar una desgracia de grandes dimensiones como la ocurrida el 18 de septiembre pasado en Reynosa Tamaulipas donde 30 trabajadores perdieron la vida y otros 46 resultaron lesionados en la explosión de un ducto del Centro de Medición de Gas de Pemex.

Una de nuestras labores es cuidar la vida y seguridad de los mexicanos, así como el cuidado al medio ambiente; reducir riesgos de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en oleoductos (que transportan petróleo), y poliductos (que transportan combustibles pesados) es una necesidad el día de hoy.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del GDF a generar medidas de infraestructura y garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso a él, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno, y a las Secretarías de Transporte y Vialidad, de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Seguridad Pública del Distrito Federal a generar medidas de infraestructura y garantizar el cabal cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como generar medidas que mejoren la calidad del transporte público y el acceso a él.

Consideraciones

En la resolución número 64/255, de marzo de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el periodo 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

El documento presentado por la ONU destaca que cada año cerca de 1.3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –más de 3000 defunciones diarias en el mundo– y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito.

De acuerdo con este planteamiento de alcance global, de no adoptarse medidas inmediatas y eficaces las tasas de defunción por accidentes vehiculares en México podrían en el corto plazo, superar las tasas ascendentes de mortalidad de enfermedades como la diabetes o cáncer.

En el contexto de la Ciudad de México, es importante destacar que los accidentes viales ocurridos recientemente, son muestra fehaciente de que el problema de seguridad y cultura vial continúa en ascenso. Día con día, millones de personas enfrentamos los desafíos que implica desplazarse de un lugar a otro dentro de esta gran urbe.

Las estadísticas destacan que un gran número de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México están relacionados con distintos factores como el de prioridad al peatón, respeto de las señales de tránsito, condiciones físicas del terrero o de la unidad automotor. Sin embargo, la constante sigue siendo la falta de una cultura vial que impere en operadores de transporte público, vehículos particulares, peatones y usuarios de transporte no motorizado como los ciclistas. De acuerdo con informes publicados por el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, 80 por ciento de los atropellamientos de personas se da por errores o distracciones del conductor.

De igual manera, las personas que habitamos en la zona metropolitana del valle de México nos enfrentamos cotidianamente a diversas situaciones derivadas de un problema mayor de movilidad, ya que de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2007 elaborada por la Secretaría de Transporte y Vialidad cada día hábil se efectúan alrededor de 22 millones de viajes en la zona metropolitana del valle de México, de los cuales 58.4 por ciento (12 millones 760 mil) es al Distrito Federal.

Por lo que corresponde particularmente al transporte en bicicleta, estudios de la organización no gubernamental Ctsembarq México destacan que en 2011 se realizaron 2 millones 53 mil 244 viajes en el Distrito Federal en ese medio de transporte. Lo anterior guarda especial relación con estadísticas publicadas por la Secretaría de Salud federal en el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012: tan sólo en un año (2009 a 2010), el número de accidentes que involucraron a usuarios de bicicletas en la capital pasó de 521 a 706.

En 2010, el número de personas fallecidas por atropellamiento fue de 775 en el Distrito Federal, de acuerdo con el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012. Actualmente, en el Distrito Federal, 2 de cada 5 accidentes con personas atropelladas ocurren en ejes viales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que sólo en 2011 se registraron 16 mil 466 accidentes viales en la Ciudad de México. De éstos, mil 30 casos fueron por atropellamiento. En este sentido es importante considerar la necesidad de infraestructura que permita a los usuarios que se desplazan en la ciudad contar con una señalización adecuada que permita informar y proteger la integridad de las personas que transitan en los diferentes ejes e intersecciones de la ciudad.

Es necesario hacer un llamado a las Secretarías de Transporte y Vialidad, y de Seguridad Pública para que se aplique con estricto arreglo a derecho el Reglamento de Tránsito Metropolitano, de igual forma realicen acciones destinadas a garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas, que conduzcan a la creación de políticas y programas que deriven en mejorar la utilización de las vías y de los diferentes medios de transporte cuyo principio sea el salvaguardar la vida al usuario, fomentando una cultura de educación vial, cortesía urbana y prevención de accidentes.

Aunado a las estadísticas aquí presentadas y con base en el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012, de la Secretaría de Salud federal, el problema de seguridad y movilidad se ha agudizado en los últimos años debido al crecimiento exponencial del parque vehicular correspondiente a unidades de transporte público, principalmente microbuses y taxis que circulan en el Distrito Federal.

Con base en estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en 2011 se tuvo conocimiento de 172 percances en donde estuvieron involucradas unidades de transporte público. El problema se agudizó en 2012 y el número de accidentes se incrementó a 384.

La falta de infraestructura exclusiva para usuarios de transporte no motorizado es una de las causas de estos accidentes. Hoy se ven obligados a utilizar carriles destinados al transporte público incrementando el riesgo de accidente o atropellamiento. Por ello se requiere la intervención de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Medio Ambiente para que dentro sus facultades generen políticas de planeación urbana y la aplicación de programas de educación vial con un enfoque sustentable.

De acuerdo con información de la organización civil Desarrollo y Movilidad México, la falta de infraestructura peatonal origina la mayoría de los percances viales, lo cual se suma a deficiencias en el transporte público. Dicha organización sostiene que el primer lugar en vulnerabilidad vial lo ocupa el peatón, seguido de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Actualmente, el problema de la movilidad requiere primordial atención; resulta impostergable generar y consolidar programas integrales de gobierno que coadyuven, sin menoscabo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, a establecer las bases para asegurar una cordial convivencia en las diversas vialidades del Distrito Federal, garantizando la seguridad de las personas en el uso del espacio público ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

Por todo lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente, y de Desarrollo Urbano y Vivienda a crear medidas de infraestructura que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como a generar políticas de planeación urbana y aplicar programas de educación vial con enfoque sustentable.

Segundo. Por el que se exhorta a la Secretaría de Transporte y Vialidad a establecer medidas que mejoren la calidad del transporte público y el acceso a él; y a fortalecer los requisitos legales y de capacitación para operar cualquier unidad de transporte público en el Distrito Federal.

Tercero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a garantizar con estricto arreglo a derecho el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

Cuarto. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a generar un programa integral de movilidad para el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a implantar una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la SE, a expedir una NOM que regule ésta, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Julio César Flemate Ramírez, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña respecto de la disposición final de focos ahorradores; asimismo, se solicita a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de los focos ahorradores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o., párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan lo siguiente:

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud ... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de su bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho . El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ...”

Lo anterior cobra importancia, en virtud de que el estado debe velar en todo momento para que este derecho consagrado en la ley fundamental, se garantice a todas las personas. En ocasiones, la salud se ve mermada por falta de aplicación de normas y políticas públicas que prevengan la contaminación. Estas medidas de prevención son el eje rector de la gestión integral de residuos.

Nuestro orden jurídico nacional, particularmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece en el segundo párrafo del artículo 1o., que:

“...sus disposiciones de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación...”

En el sexenio pasado, se llevó a cabo una campaña que tenía el propósito de sustituir los focos incandescentes por los conocidos como ahorradores , esta campaña se denominó Luz Sustentable, destaca que con esta acción se benefició a millones de familias quienes observan en su recibo una disminución considerable. Un beneficio más de esta política fue la reducción de toneladas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el uso de estas bombillas representa un riesgo al medio ambiente y la salud, debido al contenido de mercurio.

No dejamos de reconocer las ventajas que derivan del uso de este tipo de bombillas ahorradoras, sin embargo, tampoco debe pasar desapercibido que no existe en nuestro país un reglamento que norme su disposición final, ni que advierta a los consumidores las precauciones que deben tomar en caso de rompimiento de las mismas.

La Secretaría de Economía, en el año 2008, publicó una Norma Oficial Mexicana NOM-017.ENER/SCFI-2008 , alusiva a las características de los focos ahorradores, no obstante, en ésta se omite señalar el contenido de mercurio y no se advierte que los fabricantes tengan la obligación de informar en los empaques a los consumidores respecto de qué hacer cuando estos focos se rompen o se funden.

De acuerdo al portal electrónico Salud Magazine , el mercurio es un potente contaminante capaz de ser inhalado y absorbido a través de la piel y las mucosas del ser humano, con serios efectos a dosis elevadas y prolongada exposición sobre los fetos en desarrollo, el ADN y cromosomas, cerebro, corazón, riñones, pulmones y el sistema inmunológico en las personas de todas las edades.

Asimismo, recomienda lo siguiente:

1. En caso de que se rompa una lámpara fluorescente, abre las ventanas y salga del cuarto evite el acceso por lo menos 15 minutos.

2. Cubre tu cara con una mascarilla y retira con la ayuda de unos guantes de plástico y un cartón tieso todos los fragmentos derramados.

3. Coloca los restos de la lámpara con todo y toalla dentro de dos bolsas plásticas, guárdalo en una caja y ponle una indicación de que se trata de mercurio.

Lo anterior, en razón de los daños a la salud que puede provocar el contacto con el mercurio, padecimientos como: jaquecas, desorientación, diarrea, aumento de la tensión arterial, vómitos, nauseas, desequilibrios y problemas en la piel.

En otras latitudes, este tipo de focos son considerados residuos peligrosos por contener mercurio, que como ya se mencionó es una sustancia altamente toxica, si bien es cierto que el contenido de mercurio en cada bombilla es relativamente menor (de 2 a 5 miligramos), al igual que sucede con las baterías, deben tener un tratamiento especial y ser almacenados cuidadosamente con el propósito de evitar el deterioro ambiental y la salud de la población.

Cuando estos focos son desechados, se depositan en rellenos sanitarios comunes, provocando altos índices de contaminación.

En ese sentido, se propone exhortar al gobierno federal para que se implemente una campaña que tenga como propósito sensibilizar a los usuarios respecto de las medidas que deben tomar tanto para la disposición final, cuando las bombillas terminen su vida útil, como las acciones que se deben implementar en caso de rompimiento, para evitar así riesgos a la salud de las personas y a contaminación al medio ambiente.

Resulta necesario de que en la NOM (norma oficial mexicana) se incluya la obligación de los fabricantes, de poner en el empaque de los focos ahorradores las advertencias a que haya lugar en caso de que uno de estos artículos se rompa y lo que se debe hacer cuando terminen su vida útil, esto con el propósito de evitar los riesgos a la salud que se mencionaron en párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña nacional respecto de la disposición final de focos ahorradores, que sensibilice a la población respecto a los riesgos que pueden generar al medio ambiente y a la salud.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de focos ahorradores, así como que se establezca la obligación a los fabricantes de señalar en los empaques las medidas que los consumidores deben tomar en caso de la fractura de los focos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SRE a hacer pública la información de las negociaciones con el gobierno estadounidense sobre niños expatriados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que solicita a las Secretarías de Gobernación, y Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a niños expatriados, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno norteamericano envía, en calidad de repatriados, a más de cuarenta mil niños cada año. Muchos de ellos, infantes centroamericanos que han emprendido el tránsito migrante hacia Estados Unidos de América, buscando una mejor calidad de vida.

No obstante lo alarmante del problema, no existen políticas públicas eficaces que enfrenten el problema y las instituciones que los atienden no cuentan con los recursos económicos indispensables para garantizar su reintegración a su núcleo familiar.

Es por ello que llamó poderosamente nuestra atención cuando el señor Jorge Carlos Ramírez Marín, nombrado recientemente como secretario de la Reforma Agraria, realizó declaraciones periodísticas respecto a que una semana antes de la toma de posesión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el propio Ramírez Marín y el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistieron a una reunión con el embajador de Estados Unidos de América en México, el señor Anthony Wayne.

En esta reunión, según el señor Ramírez Marín, se discutió el problema de los indocumentados repatriados, la necesidad de que estas repatriaciones no se detuvieran por el cambio de gobierno y, específicamente, la situación de los niños expatriados.

Es por lo anterior que resulta de fundamental importancia para nosotros, conocer los acuerdos a que se llegó con la embajada norteamericana para la atención de estos casos, con el objeto de establecer una política corresponsable que incida en la reinserción familiar de las personas deportadas y, específicamente, de aquellos menores quienes, dejando atrás su patria y su familia, buscan mejores condiciones que les permitan elevar su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a los niños expatriados.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de los menores mexicanos y centroamericanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la SRE y a los gobiernos estatales a fortalecer la atención educativa de niños y de adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Educación Pública para fortalecer la atención educativa a las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas, con experiencia educativa en el extranjero, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El importante flujo migratorio entre México y Estados Unidos –que representa alrededor del 10% de la población mexicana, es decir, 12 millones de personas– se ha invertido en los últimos años debido a la recesión económica y la intensificación del ambiente anti-inmigrante en nuestro país vecino. Entre 2005 y 2010, México recibió a más de 1.4 millones de mexicanos quienes estaban viviendo y trabajando en los EU, de los cuales 25% eran menores de edad. Este patrón se intensificó en los últimos dos años, por lo que se calcula que hay más mexicanos de regreso en nuestro país que de ida a los Estados Unidos.1

La atención de esta población representa un reto para el gobierno de nuestro país, dado que el gasto social debe incrementarse de manera importante, para atender fundamentalmente las necesidades que su condición de “transnacionales” impone, sin que el gobierno mexicano haya podido implementar políticas de Estado en la materia. Esta ausencia política es particularmente grave en lo relacionado con los niños y jóvenes de familias mexicanas que regresan o vienen por primera vez a México. Aunque las necesidades de estos jóvenes son muy amplias, incluyendo atención médica, psicológica y social, un paso que resulta de urgencia y que tiene un impacto inmediato, es el asegurar su acceso e incorporación al sistema educativo de nuestra Nación, en condiciones que garanticen su bienestar y desarrollo integral.

Los alumnos transnacionales o binacionales forman una población heterogénea que va en constante aumento. Actualmente se estima que hay 650 mil alumnos que tienen experiencia escolar en el extranjero, inscritos en el sistema educativo de México en el nivel de educación básica, y de éstos, casi la mitad son nacidos en Estados Unidos.2 No hay estudios sobre este tipo de alumnos en el nivel medio superior, pero se supone que representa una población considerable.3

Una vez en México, los niños y adolescentes transnacionales y sus familias viven una serie de problemas para ingresar, permanecer y concluir su educación, poniendo en riesgo su continuidad educativa. Existen resistencias para ser incorporados en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional ya que, en muchos casos, no pueden presentar algún documento de identidad o escolar y solicitan ser incorporados en cualquier momento del ciclo escolar.

Cuando los alumnos transnacionales no pueden presentar documentos que permitan comprobar su nivel educativo, las autoridades les aplican exámenes diagnósticos que evalúan conocimientos basados en los contenidos del sistema educativo mexicano, ajenos a los conocimientos adquiridos en el país en que estudiaron. Algunos maestros los consideran como alumnos con problemas de aprendizaje por el sólo hecho de no manejar con soltura la lectura y la escritura en español y con frecuencia no les son reconocidos y revalidados los estudios que realizan en otro país, hecho que muchas veces resulta en la obligación a repetir un año escolar. En un estudio en Zacatecas, casi un tercio de los alumnos transnacionales reportaron que tuvieron que repetir un grado.4

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo e informe de los resultados de sus acciones.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Educación Pública para instaurar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a menores migrantes e implementar medidas binacionales que garanticen su éxito educativo en ambos lados de la frontera.

Notas

1 Passel, J. (2012). Net Migration from México Falls to Zero - and Perhaps Less. Washington, DC: Pew Hispanic Center, 8.

2 Zuñiga Víctor. Migrantes internacionales en las escuelas mexicanas: Desafíos actuales y futuros de política educativa. Artículo en borrador.

3 Ibídem.

4 Hamann, E. T. (2010). “Transnational Students’ Perspectives on Schooling in the United States and México: The Salience of School Experience and Country of Birth”. Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, University of Nebraska , 19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN

El muro de honor de la Cámara de Diputados es prolijo en el reconocimiento a los hombres y mujeres que han engrandecido a la patria. Aquí se rinde honor a los héroes niños de Chapultepec, a los Constituyentes del 17, a Morelos e Hidalgo, a mujeres de estatura moral y pensamiento libre como la Corregidora, Leona Vicario y Carmen Serdán. Pero quiero llamar la atención sobre tres nombres que aparecen en letras de oro no sólo en estos muros, sino en el pensamiento y en la sangre del pueblo mexicano.

Me refiero al Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García; a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y a Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco; tres de nuestros padres indígenas cuya memoria es honrada en este recinto, para celebrar una efeméride que debe tocar el corazón de los mexicanos: el Día Internacional de la Lengua Materna.

Aprobado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 21 de febrero de 2000 se inició en el mundo la conmemoración de las miles de lenguas maternas que han sido el germen y la cuna de todas las civilizaciones en la historia de la humanidad. Los seres humanos no tendríamos la cualidad de vivir en sociedad, organizarnos políticamente, crear instituciones, arte, ciencia y tecnología, si careciéramos del instrumento con el que rendimos homenaje a la madre tierra y al padre sol: la lengua es nuestra voz y es la memoria viva de nuestro paso por la faz de la tierra.

Como mujer indígena soy hablante de una lengua materna de la cual me siento profundamente orgullosa: mi lengua materna es el zapoteco de la sierra oaxaqueña, una lengua que ha sobrevivido en la cumbre de la montaña y con la cual hemos forjado una identidad que nos ha permitido preservar ritos ancestrales, vestidos, comida, formas de trabajo y organización política, fiestas, cantos y tradiciones. Desafortunadamente, hoy en día más de tres mil lenguas maternas están en riesgo de desaparecer en el mundo y solamente en nuestro país casi dos decenas se están extinguiendo.

Inspirados en el ejemplo del Benemérito, que supo preservar su lengua materna y cultivarse en el idioma español; los pueblos indígenas hemos sido, somos y queremos ser, parte de la sociedad contemporánea, sin perder nunca nuestra principal riqueza: la lengua y la cultura.

Nos inspiran también los pueblos y comunidades indígenas alrededor del mundo que han logrado sobrevivir a través de los siglos, conservando su lengua e identidad universal contra todo y contra todos, y hoy encarnan el patrimonio vivo de la humanidad.

Nos inspiran sobre todo los 62 pueblos indígenas que habitan cada rincón del territorio nacional; sus prácticas y sus teorías; la sabiduría de sus ciencias y la alta moral de sus normas; su irrenunciable amor por la tierra y su compromiso irrenunciable con la nación.

Hoy 21 de febrero, al conmemorar esta naciente efeméride, hago votos porque sea el diálogo y no la reyerta, que sea la voz y la palabra, el hilo conductor de nuestros debates y acuerdos como pueblo mexicano. Nunca más la violencia, siempre la palabra.

Recordemos que en la lengua está la principal riqueza de nuestra cultura, y que aquel que conoce su cultura aprende a amarla y comprender que en ella se encuentra el respeto al otro, al diferente, al opuesto. En la voz y en la palabra se haya el secreto para convivir en armonía. Hagámoslo por nuestra cultura y por México.

(En zapoteco: la lengua materna es la casa del alma y del corazón. En ella viven nuestros ancestros y vivirán también nuestros hijos. En esa casa milenaria vivirá mi palabra y la de mis semejantes; con libertad, con valor, con amor, con la verdad, por la paz y por México).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica)

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Teniendo como marco la celebración del Día Mundial de la Justicia Social que se conmemora el 20 de febrero, es relevante recordar los orígenes y motivos que antecedieron los diversos trabajos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en 1995 realizada en Copenhague. En dicha cumbre se plasmaron los acuerdos y compromisos de los estados participantes para realizar las acciones necesarias para erradicar la pobreza, lograr la meta del pleno empleo y fomentar la integración social.

Estos compromisos constituyeron un marco básico para la promoción del desarrollo social a nivel nacional e internacional y, con ello, se reconoció inicialmente el trabajo decente para todos los seres humanos, en particular para mujeres y jóvenes, como propuesta fundamental para la reducción de la pobreza como parte del esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Históricamente, el concepto de justicia social aparece relacionado con el conflicto que en el siglo XIX se llamó la cuestión social , que no fue otra cosa que la manifestación creciente del malestar y el reclamo de los trabajadores, el cual fue creciendo en importancia en todo el mundo a partir de la instalación del capitalismo.

En aquella época, ya la constante lucha contra la distribución desigual de bienes, la solicitud o preocupación por el bien común tenía consecuencias importantes, causando verdaderos problemas en la sociedad. Ejemplos de ello fueron la falta de vivienda, el desempleo con un carácter progresista (acumulativo), agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, dejando de lado aquella doctrina social de antaño basada en el desarrollo, la solidaridad, la dignidad humana e identidad de cada comunidad; las voces de cientos de individuos se alzaron y se logró la proclama de la idea de que la justicia social equivale a la paz y a la conciencia de los individuos en sociedad, y como consecuencia integra un sistema social justo, dando cabida al balance en las desigualdades sociales y protección a los menos favorecidos.

Hoy una vez más, la importancia de la justicia social retoma fuerza y pone de manifiesto el exhorto al equilibrio reflexivo de los principios de justicia. Justicia que deber ser entendida como equidad y suma del principio de igualdad de oportunidades, pues su consideración por separado de estos conceptos, ha limitado el desarrollo de acciones concretas y consecuentes marcadas en las legislaciones que evitan propiciar erradicar la discriminación, la omisión a la libertad y las Encíclicas Sociales , que se traducen “ en la distribución de los frutos del desarrollo y la dignidad humana ”.

Actualmente, la justicia social debe implicar la participación de todos, principalmente del compromiso del estado como eje rector de las políticas sociales, que permitan compensar las diferencias que surgen en el mercado en todos sus aspectos y en otros mecanismos propios de la sociedad. Por ello, las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos, lo que se traduce en otras palabras, el que no deberían existir unos pocos multimillonarios o ricos y una gran masa de pobres a su lado.

En 2007, La demanda se dejó escuchar y la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social y fundamentan esta decisión al citar: “la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” , que constituye “el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana; donde las actividades que se desarrollen con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, deben orientarse a “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad y equidad entre los sexos, el acceso al bienestar social y a una justicia social para todos”.

Además, se reconoce que el Desarrollo Social y la Justicia Social:

• Son indispensables para la consecución y mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas;

• No pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan las libertades fundamentales de los seres humanos; y

• Para sostenerse, es necesario un crecimiento económico y sostenido.

Hoy una vez más, es imperante reconocer la necesidad de seguir consolidando estrategias que impulsen el desarrollo y la justicia sociales para erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente en cada una de nuestros espacios, impulsar la igualdad y equidad entre los sexos, y propiciar un acceso pronto hacia el bienestar social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)