Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3708-VII, jueves 14 de febrero de 2013
Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en Hidalgo, a cargo del diputado José Antonio Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, José Antonio García de Alba, Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco y José Alberto Rodríguez Calderón, integrantes de la coordinación Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El tema que me trae a esta tribuna es verdaderamente lamentable, y atiende a dar cuenta ante todas y todos ustedes de una realidad que nos compromete a las y los representantes populares a tomar cartas en el asunto para que desde este Poder Legislativo federal emprendamos las acciones necesarias para prevenir y sancionar el delito de feminicidio.
En México, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 7 de febrero de 2007, se define violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, formado por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
El 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal, en la que se destaca la tipificación del feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 60 años de prisión.
Desafortunadamente, Hidalgo ha reportado 19 asesinatos de mujeres de entre 20 y 35 años con agravante de género en los últimos meses.
Particularmente en Tula de Allende, siete mujeres (Angélica Selene Hernández Vega, Ana Maribel García, Laura Reyes Ramírez, Elda Ordaz García, Catalina Mendoza Pérez, Mónica Sánchez Lugo y Ana María Tecontero Contreras), han sido asesinadas bajo las mismas características, hoy puedo informar a ustedes que el día jueves 31 de enero del año en curso, fueron aprendidos los dos presuntos homicidas seriales, quienes según la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentran confesos.
Estos atroces acontecimientos en mi estado y de manera asentada en el municipio de Tula de Allende no deben quedar impunes; la privación de la vida es un hecho detestable , este fenómeno como observamos, alcanza dimensiones exacerbadas cuando se producen homicidios múltiples de mujeres.
El gobierno de Hidalgo ha instaurado acciones para prevenir este y otro tipo de delitos, sumamente dolorosos. Sin embargo, debemos fortalecer una mayor coordinación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno que se traduzca en mejor seguridad para los ciudadanos.
El gobernador Francisco Olvera Ruiz ha exhortado a los legisladores locales a que revisen el marco normativo de la entidad en la materia, endureciendo las sanciones así como estableciendo en el catálogo de delitos el feminicidio que aún no está tipificado en el Código Penal de la entidad, petición a la que en este momento me sumo, mucho más cuando desde el Poder Legislativo federal recientemente se ha impulsado la aprobación de las reformas constitucionales del artículo 1o. en materia de la obligación del Estado mexicano de salvaguardar los derechos humanos –en este caso de las mujeres–, y a la reciente reforma, de 2012, en materia de tipificación del delito de feminicidio.
A escala local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo considera un capítulo referente a la violencia feminicida, donde la define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos fundamentales, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
En materia de justicia, el gobierno del estado se ha comprometido a investigar y castigar a los responsables, y de asegurar a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.
Los familiares de las víctimas deben recibir por parte del Estado mexicano ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, y apoyándose en la reciente publicada Ley General de Víctimas, con el objetivo de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, información clara, precisa y accesible sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permitan el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la mencionada ley.
Los hechos ocurridos en Hidalgo no deben replicarse en Hidalgo ni en el país; debe ser el compromiso del Estado mexicano: ni una muerte más de mujeres.
Pero tampoco podemos permitir que la desgracia, el dolor y la impotencia se utilicen como bandera partidista.
Con pronunciamientos protagónicos no se resuelve este tipo de problemas sociales.
Me sumo al compromiso de las autoridades de Hidalgo a levantar la voz para hacer un llamado a las autoridades responsables para redoblar sus esfuerzos en la lucha de esta dolorosa realidad.
Y convoco a ustedes, señoras y señores legisladores, a seguir trabajando por el cumplimiento de las leyes y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como por la dignidad y seguridad de la población del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a mantener y fortalecer la operación de seguridad e investigación entre el gobierno federal y el de Hidalgo que retorne la tranquilidad y paz pública en el estado y, en particular, en Tula de Allende.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputados: José Antonio García de Alba (rúbrica), Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, José Alberto Rodríguez Calderón.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Genaro Carreño Muro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Petróleos Mexicanos es la empresa encargada de maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.
La importancia que tiene esta empresa para la economía nacional es por todos reconocida. Hoy en día, es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para los mexicanos.
En atención a ello, es necesario que continúen llevándose a cabo todas aquellas acciones mediante las cuales se puede garantizar su correcto funcionamiento en todos los ámbitos, administrativo, operativo, etcétera.
Los recientes acontecimientos en el edificio administrativo de Pemex alerta de la necesidad de continuar llevando a cabo acciones que permitan a la empresa desarrollar debidamente sus funciones. Es más, más que continuar, es necesario reforzar las medidas de seguridad en todas y cada una de sus instalaciones.
Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos, y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio.
Toda vez que el subdirector de servicios corporativos de Pemex , Carlos Murrieta, ha afirmado1 que “fue una explosión limpia” y que se realizará una investigación porque el ducto del gas natural localizado por la PGR no se encuentra en los planos de la paraestatal, demuestra que se trató de un caso fortuito que nada tiene que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones, sino que más bien, se trata de una situación que podría ocurrir en cualquier otro lugar. Así pues la falta de mantenimiento de las instalaciones hubiera acarreado una serie de incidentes de la misma naturaleza, lo cual no ocurrió antes.
Por tanto, es momento de que el Gobierno Federal comience a realizar acciones que permitan mantener la seguridad de la población mexicana, en el caso específico de los trabajadores de Pemex, así como de las instalaciones, de manera tal que su debido funcionamiento no se vea comprometido con tragedias de esta naturaleza.
Si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Pemex, no queremos imaginar que pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles, y cuando algunas de éstas se encuentran rodeadas de áreas urbanas.
Como representantes de la sociedad, debemos demandar la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto a su forma de operación. Por tanto, la presente propuesta tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes, se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen o elaboren nuevos protocolos de atención a emergencias, de sus programas de simulacros ante eventualidades mayores, capacite y actualice al personal que se encarga del área de protección civil en cada instalación, así como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías que han sido rodeadas por asentamientos humanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que Pemex pueda operar garantizando la seguridad de sus trabajadores y que pueda desarrollar sin contratiempos sus funciones, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, realice una revisión exhaustiva de la infraestructura de todas las instalaciones de Pemex ; a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras; a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas; a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil; a que elabore estudios que permitan reubicar las refinerías que se encuentren en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.
Nota
1 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id =60203:en-pemex-accidente-desafortunado-peritos&Itemid=189
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31 numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La democracia tiene como uno de sus principales pilares la división de poderes; por lo que el debilitamiento del Poder Legislativo, y la tentación de reducir a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de consigna, tarde que temprano pondrá en jaque a la democracia, que va de la mano del estado de derecho y la paz social.
Recordemos que en un condenable acto de fuerza, en que intervinieron efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, el sábado 10 de octubre de 2009, a las 22:45 horas aproximadamente, fueron tomadas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Acto seguido, en los primeros minutos del 11 del mismo mes y año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces titular del Ejecutivo federal, ordenando la liquidación inmediata de esta empresa alegando supuestas razones económicas y de eficiencia.
El saldo de este alevoso acto fueron: el despojo de su empleo a más de 44 mil trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de las pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y autonomía sindical, despojo, vía privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, de un patrimonio de toda la nación.
Los trabajadores decidieron, en uso de las vías legales, luchar por el respeto a sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, emitió sentencia a favor de los trabajadores, para el efecto de que la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, al declarar procedente la procedencia de la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito antes referida, que insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de sus salarios caídos; por el contrario ahora los trabajadores están frente a un injusto mandato que pretende obligarlos a su liquidación, y los lanza al mundo del desempleo y la desesperanza. Ya que una liquidación no puede sustituir a un empleo digno, como el que tenían, y desconoce su derecho a una jubilación o pensión, y otras prestaciones; además de la agresión recibida a su dignidad como seres humanos. Buscando paralelamente la muerte jurídica de su sindicato y contrato colectivo.
El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, para efectos de su reinstalación, fue plenamente acreditada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde el momento en que se mantuvo la materia de trabajo, operada ahora por la CFE, a la que le fueron transmitidos los bienes propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Para reafirmar esto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece, que la sustitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo, lo que debe interpretarse en relación con el artículo 290 de la Ley del Seguro Social, que señala, que surge la sustitución de patrón, cuando: “Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos...” Extremos que se cumplan plenamente en el caso del SME.
Sobre la causa de fuerza mayor, la Segunda Sala sostuvo, que el arbitrario decreto del Ejecutivo federal de 2009, constituye tal causa, en lugar de analizar si los motivos de fuerza mayor alegada por el entonces titular del Ejecutivo, básicamente de carácter económico, se constituían como tales y eran suficientes para dar sustento a la extinción de Luz y Fuerza. Este insostenible criterio de la Corte, abre la puerta para que el Ejecutivo en turno, extinga cualquier organismo descentralizado, con base en su capricho y su arbitrariedad.
Las razones humanitarias tampoco impidieron esta inadmisible resolución de la Corte; pues su resolución provoca que más de 16 mil trabajadores después de más de 3 años de lucha queden sin empleo, con las consecuentes afectaciones a sus familias; obligándoles la Corte a caminar hacia atrás, hacia la percepción de las depreciadas indemnizaciones forzadas de hace tres años.
Todo este proceso de fuerza en contra de los trabajadores, desconoce el principio de supremacía de la realidad, que preside el mundo del trabajo. Los derechos irrenunciables de los trabajadores y, la existencia de conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aún está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales, resolver con equidad este conflicto, en apego a lo ordenado por el artículo 1o. en relación con el artículo 123, ambos de nuestra Carta Magna. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras instancias internacionales, sigan exhibiendo el poco apego del gobierno mexicano al respeto de los derechos humanos. La violencia laboral de estado, debe ser siempre condenada.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar mediante diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una solución a este conflicto laboral, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de estos trabajadores y su reinserción a la vida laboral, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que recontrate a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.
Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en tanto se solucione este conflicto laboral, les continúe otorgando el instituto a estos trabajadores los servicios médicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a regularizar el aprovechamiento de agua mediante la autorización de concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en Chihuahua, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rocío E. Reza Gallegos, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta Poder Ejecutivo federal a regularizar el aprovechamiento de agua a través de la autorización de concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua, a fin de que se haga una adecuada administración del recurso hídrico y se garantice el acceso al mismo para la realización de diversas actividades de la población, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27, las aguas comprendidas en el territorio nacional, originariamente son propiedad de la Nación, la cual tiene el derecho de transmitirla a particulares, pudiendo obtener concesiones de explotación.
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, artículo 20, señala que "de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal..."
Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 14 Bis 5, fracción VII, establece como uno de los principios que sustentan la política hídrica nacional, que el Ejecutivo federal asegure que las concesiones y asignaciones de agua sean con base en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas que correspondan.
La citada ley, en el artículo 24, establece plazos para el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, además de disposiciones para la prórroga de las mismas, destacando que la falta de solicitud correspondiente, significará la renuncia al derecho de solicitar prórroga.
Al respecto es importante comentar que esta disposición fue establecida a partir la de reforma a la Ley de Aguas Nacionales en 2004, y que posterior a la misma, ha sido objeto de desconocimiento o confusión por parte de numerosos usuarios del recurso hídrico de distintas entidades de la república, que al perder su derecho a la prórroga, sufren igualmente de pérdidas en sus actividades productivas agrícolas, energéticas, acuícolas, entre otras.
El estado de Chihuahua no es la excepción y de igual forma se ha presentado esta problemática respecto al aprovechamiento del agua proveniente de pozos que demandan acciones urgentes por parte de las autoridades del agua y sobre todo del titular del Ejecutivo federal, al verse estas últimas limitadas para actuar dado que se tienen que ceñir a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.
Aunado a lo anterior, es importante regularizar esta situación si tomamos en cuenta, por un lado, que en la entidad se ha dado la extracción ilegal de los acuíferos que perjudican a la población al no hacerse un uso eficiente del recurso hídrico conforme lo mandata la ley. Dando lugar a conflictos sociales entre los habitantes de la entidad.
Y por otro lado, que al estar en una situación de irregularidad o de falta de certeza jurídica, se expone a productores a no poder acceder a diversos apoyos gubernamentales a través del cumplimiento de requisitos de programas presupuestarios tales como Procampo, tarifa eléctrica preferencial, y otros.
Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que mediante los instrumentos jurídicos pertinentes y las acciones necesarias para ello a través de la Conagua, se regularicen la concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua, otorgándoles nuevas concesiones y asignaciones a fin de que se haga un uso eficiente del recurso hídrico conforme a la ley en la materia y a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que dé una resolución a concesiones de pozos con títulos vencidos del estado de Chihuahua dentro de un plazo no mayor a noventa días hábiles una vez aprobada la presente proposición.
Palacio Legislativo.- México, Distrito Federal, a 14 de febrero de 2013.
Diputada Rocío E. Reza Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la SEP –en el marco del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial– un diagnóstico y el costo de un proyecto de inversión para asegurar el acceso a agua potable en todas las escuelas del país, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF ha señalado que a más de 20 años de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño, aun no se cumplen muchos de los compromisos derivados de este instrumento internacional. En ese sentido, la UNICEF hace un llamado para que a través de 10 puntos por los niños, niñas y adolecentes en México se cumpla la agenda pendiente en materia de derechos de la infancia.
Una de estas diez medidas urgentes es garantizar el acceso de agua potable en todas las escuelas del país. Con esta medida estaremos evitando enfermedades estomacales pero también evitaremos la obesidad y las enfermedades conexas, que están afectando a la sociedad mexicana.
Segunda. En México 70 por ciento de la población adulta sufre de sobrepeso. Hoy en día nos encontramos en segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población con 30 por ciento superado solamente por Estados Unidos de América con 33.8 por ciento. Además contamos con el cuarto lugar en obesidad infantil superada por Grecia, Estados Unidos e Italia, según datos dados a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El sobrepeso y la obesidad en niños entre cinco y once años en México aumentaron un 40 por ciento entre 1999 y 2006. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en escolares de ambos sexos aumentó un tercio en ese lapso, el sexo masculino mostró los mayores aumentos en obesidad. En la ENSANUT 2012 los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en de 34.4 por ciento. Es ilustrativo observar el aumento del porcentaje de la obesidad en México desde 1999 al 2012.
Sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años
Obesidad en niños 1999 2006 2012 de 5 a 11 años
Prevalencia 18.6% 26.0% 34.4%
nacional
*Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Nutrición (1999) y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006 y 2012).
El crecimiento de la obesidad infantil en México es un problema social alarmante, que puede tener como consecuencia una población adulta en la misma situación y con más probabilidades de padecer a enfermedades como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.
Tercera. El IMSS en el estudio “Genética de la obesidad en infancia y la adolescencia” señala que una de las razones de la obesidad infantil en México, es que los niños y jóvenes no consumen fibra, toman poca agua y su alimentación se fundamenta en la ingesta de alimentos ricos en grasa y proteínas, así como refrescos y bebidas azucaradas en abundancia.
El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil, garantizando el acceso de agua potable en todas las escuelas del país; de esta manera no solo estaremos evitando la obesidad, también estaremos previniendo infecciones por la ingesta de agua no apta para beber.
Cuarto. Si bien es alarmante que no se garantice el acceso de agua potable en todas las escuelas del país, la inexistencia de un diagnóstico oportuno de la dimensión del problema vuelve imposible tomar las medidas necesarias.
En el ciclo escolar 2010-2011 la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) atendió a más de 35 millones de niñas y niños en poco más de 200 mil escuelas, tanto en la educación pública como privada. En el mismo ciclo escolar, la encuesta de contexto de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares arrojó que una de cada dos escuelas del país carece de agua o drenaje o luz eléctrica, en siete de cada 100 escuelas faltan todos esos servicios. Sólo 49 por ciento de los planteles cuenta con esos tres elementos de infraestructura mínima necesaria para que los niños y maestros realicen sus actividades docentes.
Sin embargo, la SEP reconoce la falta de información oportuna sobre las escuelas y las condiciones en las que operan y la importancia que tiene conocer la magnitud del problema para realizar acciones concretas. En ese sentido, es de gran trascendencia nacional la información que obtenga el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, cuyo objetivo es captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica. Conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica debe permitir la elaboración de programas para infraestructura escolar en beneficio de la sociedad.
Lo que se propone en este punto de acuerdo es exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, para que incluya en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial un conjunto de reactivos referente a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de agua potable en las escuelas básicas del país. Además de presentar el costo de un proyecto de inversión para dotar a todas las escuelas básicas del país de agua potable.
De esta manera demostraremos en los hechos el compromiso con la niñez, y estaremos cumpliendo con las responsabilidades adquiridas por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con un suministro constante y seguro de agua potable, se puede reducir la grave epidemia de sobrepeso y obesidad que hay en las escuelas del país, y alentar un menor consumo de bebidas azucaradas.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la SEP, y aprovechando la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial presente un diagnóstico y el costo de un proyecto de inversión para asegurar el acceso de agua potable en todas las escuelas básicas del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a aplicar programas de educación sexual a menores en las escuelas del país, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79, numeral 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado domingo 27 de enero del presente año, ingresó al Hospital de Occidente, localizado en Guadalajara Jalisco, Dafne, una niña cuya edad oficial es de 9 años, aunque existe presunción de que tal vez tenga entre 12 y 14 años efectivos. La menor se encontraba embarazada, y sorprendentemente la madre de esta niña, aseguro que ella no se había percatado de la situación sino hasta los siete meses de la gestación. Dafne aseguro que ella y su novio de 17 años, habían tenido relaciones sexuales, sin embargo actualmente se manejan 2 hipótesis respectos a la paternidad de la recién nacida, una es que fue su novio, y la otra que abuso de ella el padrastro con el que vivía.
En cualquiera de los dos casos, el responsable podrá enfrentar cargos por diversos delitos como violación, corrupción de menores o abuso sexual.
Diversas autoridades tanto estatales como municipales, han tratado de contactar a la familia para brindarles asistencia médica y psicológica, sin embargo, estos decidieron moverse de residencia al sentirse perseguidos.
Pero este caso no es atípico, en la misma calle donde vive Dafne, una vecina de aproximadamente 20 años, ya es madre de 3 menores, y otra de 15 tiene un bebé de meses.
Según información proporcionada, en 2011 en Jalisco, 465 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y a nivel nacional en ese mismo año, más de 182 mil adolescentes de entre 15 y 17 años tuvieron un hijo, de las cuales 11500 tenían entre 10 y 14 años de edad.
En lo particular, este caso necesita resolverse y las autoridades competentes deben brindar todo el apoyo que la menor pueda requerir, sin embargo, en lo general debemos evitar que esto vuelva a suceder.
Es claro que en México tenemos un alarmante rezago en el tema de educación sexual, un estudio realizado en julio de 2011 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la honorable Cámara de Diputados, señalo que el 15% de la población de entre 12 y 17 años de edad, afirmó tener una vida sexual activa, y de los cuales el 84% la inició a los 15 años o antes.
El grave problema radica, el despertar temprano en la actividad sexual, sino que el 50% afirmo no utilizar ningún tipo de anticonceptivos, el 25% no cuenta con medios para evitar enfermedades venéreas, el 30% tiene o tuvo una Enfermedad de Transmisión Sexual, el 30% se embarazo o embarazo a su pareja, y el 5% ha tenido algún aborto voluntario.
Estos datos resultan preocupantes, además debemos también considerar que entre el 2000 y el 2011 la tasa de natalidad con madres adolescentes (hasta los 20 años), se ha incrementado más del 2%, pasando de 17.1 a 19.2, lo cual demuestra que no ha habido avance alguno en la prevención de embarazos no deseados entre adolescentes.
El embarazo adolescente puede traer complicaciones a la futura madre debido a la falta de madurez física, las cuales pueden incluir: hipertensión inducida por el embarazo, parto prematuro, anemia grave, toxemia, entre otras.1
De las 400 mil menores de 18 años que se embarazan cada año, 14 mil se ve en la necesidad de abandonar la escuela. Esto puede llegar a repercutir de manera definitiva en el aspecto económico de la adolescente. Recordemos también que según estudios realizados, el 67% de las hijas que nacieron con una madre adolescente, también tendrá hijos durante su adolescencia.
Preocupados por una situación tan delicada, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde creemos firmemente, que únicamente por medio de una clara, precisa e informada educación sexual, podremos romper este ciclo.
El embarazo a temprana edad no es ni siquiera la peor de las consecuencias que puede traer el iniciar una vida sexual desinformada, ya que una gran cantidad de enfermedades como la clamidia, sífilis, gonorrea, VPH, VIH entre otras muchas, solo pueden ser transmitidas por vía sexual, y de entre ellas el VPH y el VIH pueden tener consecuencias tan graves como la muerte.
En el análisis del caso de Dafne, es prudente señalar no sólo la parte que concierne a la menor que se convirtió en madre siendo aún una niña, sino también lo que podrá suceder con la recién nacida. Es por eso que la educación sexual debe abarcar también los delitos sexuales, ya que sólo conociendo los niños la ley y en qué consisten, podrán identificar con certeza si están siendo víctimas de un delito sexual, y así alertar a tiempo a sus padres y evitar conductas lascivas que les cambiaran la vida por siempre.
Resulta increíble que en pleno siglo XXI, y con la obligación de prevenir cualquier tipo de delito o asunto de salud pública, la Subdirección Municipal de Comercio de Mazatlán, haya decomisado 10 mil condones que estaban destinados a una campaña de reparto para prevenir el contagio del VIH/sida durante el carnaval, este hecho fue denunciado por organizaciones no lucrativas que tramitaron un permiso desde el 2012 y nunca les fue entregado, sin embargo contaban con un amparo.
Las autoridades municipales manifestaron, “que era un atentado contra la moral pública”, olvidándose por completo de su obligación legal de velar por la salud e integridad de todos sus gobernados.
No podemos y no debemos permitir que la moral este por encima de un asunto de salud pública, tenemos el deber de fomentar los valores entre los ciudadanos, pero también de tomar las medidas necesarias para remediar un tema tan delicado como la poca información que se hace llegar sobre sexualidad a nuestro niños y adolescentes, fomentemos la educación sexual en todos los niveles, la cual ayudará a prevenir muchos embarazos no deseados o peor aún enfermedades de transmisión sexual.
De conformidad con lo expuesto nos permitimos poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de los tres órdenes de Gobierno, para que de manera inmediata se revisen, actualicen, amplíen y mejoren las secciones concernientes al estudio de la sexualidad en los cursos de educación básica.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Pública y al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera conjunta apliquen un programa permanente de educación sexual en escuelas rurales de todos los niveles, a fin de que los todos los niños y adolescentes del país estén debidamente informados.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se incluya dentro del plan de estudios de la sexualidad en las escuelas primarias, un apartado en donde se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.
Nota
1 www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes febrero de 2013.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, del kilómetro 30+000 al 52+300, en Calipan y Coxcatlán, Puebla, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Las obras de infraestructura en materia carretera, son un elemento esencial para generar desarrollo económico, establecer una red de comunicaciones más eficiente, benefician a las comunidades por donde se realiza.
El gasto en este rubro, se constituye en un elemento detonador de la economía nacional y regional.
En los años recientes las entidades federativas han buscado fortalecer la política en este rubro, ya sea con recursos propios o en una combinación donde el Gobierno Federal apoya con una parte de los recursos e incluso se hace cargo del 100 por ciento de la obra.
En ese sentido, la Cámara de Diputados se ha convertido en una instancia muy relevante para la negociación y gestión de los proyectos carreteros que pretenden llevar a cabo las Entidades Federativas.
Año con año, llegan a esta soberanía un número muy importante de propuestas relativas a la reconstrucción, ampliación, modernización de caminos rurales, carreteras alimentadoras y autopistas con el propósito de que sean apoyadas con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, no todos los proyectos que se presentan logran ser incluidos en el gasto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que dificulta, atrasa y en ocasiones posterga de manera indefinida la atención a las vialidades de comunidades que carecen de recursos propios suficientes para ejecutar la obra de manera directa.
En otros casos, se realizan los compromisos de ejecución por parte de los gobiernos estatales y a final de cuentas no hacen efectivo dicho ofrecimiento.
En el caso materia de esta Proposición, estamos ante una situación donde el proyecto de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, la cual tiene más de 25 años sin tener ningún tipo de trabajo de mantenimiento y conservación.
La obra fue licitada mediante el sistema Compranet, con el número de licitación SA-OP-LPE-2011-040.
El inicio de los trabajos estaba programa para el 14 de julio de 2011, pero el gobierno del estado de Puebla, notificó que dicha obra ya no se llevaría a cabo, señalando que “debido a la gran demanda de obras en la entidad y a la falta de recursos, por el momento no se tiene contemplada la continuación de la ampliación y modernización de la carretera”.
Esta decisión violó el anexo “A” de las bases de licitación y el inciso D), numeral 4, del acta de resultados de evaluación económica y fallo de la licitación con fecha 23 de junio de 2011.
En el anexo “A” se establecía con toda claridad que los fondos para la realización de la obra serían proporcionados por el gobierno estatal.
Asimismo, la Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal de 2011, señala que sólo podrán llevarse a cabo programas y obras cuando haya suficiencia presupuestaria.
Llama la atención que se haya llevado a cabo el proceso de licitación y se haya designado un ganador de la misma, a sabiendas de que el gobierno del estado de Puebla no contaba con los recursos necesarios para financiar la obra.
El resultado final de lo aquí narrado, es que hay una serie de municipios del estado de Puebla que han sido afectados al no llevar a cabo las obras de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, en particular el tramo del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300, en las localidades de Calipan y Coxcatlán.
Hemos recibido diversas comunicaciones de los municipios afectados, donde se acercan a esta Cámara de Diputados, con la súplica de que puedan llevarse a cabo las acciones necesarias para que su demanda sea atendida.
Es por ello, que estamos apelando a la sensibilidad de las fuerzas políticas aquí representadas, para que podamos realizar un exhorto al gobierno del estado de Puebla para que pueda reiniciar los trabajos de reconstrucción de la carretera aquí señalada.
Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla a que lleve a cabo las medidas necesarias, para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, en particular el tramo del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300, en las localidades de Calipan y Coxcatlán.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que pueda establecer un convenio del gobierno del estado de Puebla a fin de que a través de ahorros, economías y subejercicios en el ramo 09 Comunicaciones y Transportes, puedan ser reasignados al proyecto reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce a las Fuerzas Armadas Permanentes Nacionales la lealtad al pueblo mexicano, rinde un homenaje a los soldados caídos y hace votos por el pronto e íntegro restablecimiento de la seguridad pública, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a esta LXII Legislatura, Rafael Acosta Croda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIV, y 74, fracción IV, de la Constitución General de la República; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tiempo, los 200 años de historia independiente de nuestro país, nos ha demostrado que la democracia es el sistema político que conduce al progreso y a la consolidación de un Estado de derecho conformado por instituciones que hacen posible la vida en sociedad. De entre las Instituciones democráticas de nuestro país han destacado enfáticamente el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México.
El día 19 de febrero del año de 1913 Venustiano Carranza convocó a la formación de un Ejército para defender la legalidad de nuestro País. Así nació un Ejército surgido del pueblo para el pueblo, y cuya misión suprema era restaurar el régimen constitucional quebrantado por el usurpador Victoriano Huerta, el Chacal.
Hoy como ayer las Fuerzas Armadas Mexicanas se encuentran siempre al servicio de los más altos valores de la patria. La lealtad del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México a nuestra Constitución a nuestras instituciones democráticas y a las causas más nobles de la sociedad ha sido y será una pieza fundamental para que México consolide su vida en Democracia.
Siguiendo el mandato popular cumplen con las siguientes funciones: defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; auxiliar a la ciudadanía en caso de desastres naturales mediante la aplicación del Plan DNIII-E; Garantizar la Seguridad Interior; y prestar ayuda a los gobiernos estatales y municipales para el mantenimiento del orden; tan sólo por mencionar algunas de las misiones que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México cumplen con eficiencia, eficacia y patriotismo.
Por todo ello y más, estas instituciones tienen el mayor índice de aprobación por parte del pueblo de México en cuanto a su actuar, tan sólo debajo de la Iglesia y las universidades según diversas encuestas nacionales sobre índices de confianza que aplican desde hace varios años a nivel nacional el Inegi y muchos otros organismos privados. De manera indiscutible y evidente, se han convertido en apoyo sustancial de los gobiernos estatales, un ejemplo de ello es la reciente manifestación por parte del gobernador del estado de México Eruviel Ávila Camacho en la que expresa la necesidad de que el Ejército Mexicano continúe en auxilio de ese gobierno coadyuvando en la preservación del orden público de aquélla entidad federativa. Lo misma situación se actualiza en mi estado, el estado de Veracruz, en donde la importante labor de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional han hecho que los índices de violencia disminuyan sustancialmente y, por lo menos, se esté controlando este fenómeno.
En este sentido es necesario que, como representantes populares, estemos conscientes del sentir popular y en su nombre, en nombre de las personas a quienes representamos demos un reconocimiento a la importante labor de estas instituciones armadas nacionales. No olvidemos el verdadero cumplimiento que realizan de las misiones que la ley les señala y nosotros, compañeros legisladores, cumplamos con lo que nos ordena la Constitución General de la República y sostengamos la continuación de esos satisfactores por parte de la Sedena y la Semar mediante la aprobación de un Presupuesto justo en los Ramos 07 y 13 respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce a las Fuerzas Armadas permanentes nacionales a saber, Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, su lealtad al Pueblo Mexicano, rinde un homenaje a los soldados caídos y hace votos por el pronto e íntegro restablecimiento de la seguridad pública a cargo de las policías del fuero civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Rafael Acosta Croda (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a renovar la NOM-012-SCT-2-2008 a fin de reducir el peso y las dimensiones máximas de los vehículos de autotransporte para circular por las vías generales de comunicación, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado federal a la LXII Legislatura, Rafael Acosta Croda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XIV, y 74, fracción IV, de la Constitución General de la República; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesA lo largo de la historia el transporte ha sido una imperiosa dinámica en la vida de las Sociedades. El transporte de personas o de mercancías debe ser regulado de tal forma que haga factible su realización en un marco de protección tanto a las personas, (directa e indirectamente involucradas) a los bienes (propios y ajenos), y a los caminos (que para tal fin y otros más se construyen).
En este sentido lamentablemente mucho han dejado que desear los resultados que arroja la legislación en esa materia. Aún y cuando su finalidad debe estar orientada a las características mencionadas, constantemente tenemos noticias de accidentes mortales ocasionados a consecuencia de la violación a la normatividad vigente; pero lo que es peor es que seguimos teniendo esas mismas noticias no obstante se acate las normatividad vigente. Y esto es así debido a que se debe de revisar, renovar y reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.
La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 especifica tales condiciones, sin embargo después de sus más de 4 años de vigencia ha demostrado su ineficacia, o por lo menos, ha dejado mucho que desear y cientos de familias mexicanas irremediablemente afectadas. Incesantemente son difundidos los accidentes que ocurren en la carretera México-Toluca, como por ejemplo el ocurrido en octubre pasado en el que un Tráiler, aparentemente por quedarse sin frenos, se impacto contra 8 automovilistas en la zona de Santa Fe en donde las ambulancias no se daban abasto para atender a tantas personas lesionadas, sin mencionar el caos vial originado por el cierre total de dicha arteria vehicular; o por el similar ahí acontecido apenas a finales de diciembre en donde al parecer por la misma causa un tráiler cargado con toneladas de arena se volcó generando un trauma vial inaudito.
Pero la realidad es que estos accidentes se dan en toda la república sin cesar y día con día. En mi estado Veracruz no hay una sola semana en que no se presente accidentes de vehículos pesados excesivamente, en el tramo de la autopista México-Veracruz conocido como Las Cumbres de Maltrata. O qué tal con los que se presentan en La Rumorosa de Baja California; o los de las Cañadas de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, o Tepic-Mazatlán, o más cerca aún, que tal los que ocurren constantemente en la México-Puebla.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud México ocupa el séptimo lugar Mundial en muertes asociadas a accidentes automovilísticos, y el promedio diario de fallecidos en territorio Nacional es de 55, lo que equivale a 20 mil cada año por esta situación.
Y es que no es necesariamente que un tráiler se quede sin frenos, es la imposibilidad de frenar para un vehículo de más de 22 metros de largo con doble semirremolque en la mayoría de los casos, con una carga de más de 32 toneladas de peso, desplazándose sobre una pendiente con 90 grados de inclinación, a más de 80 kilómetros por hora, más las incidencias propias de la carretera, como oscuridad, asfalto húmedo, derrumbes, falta de señales, malas condiciones del camino originado por accidentes acontecidos con anterioridad, etcétera.
Compañeros legisladores, no podemos quedarnos ya más sin hacer nada o sólo simulando hacer algo. Es menester reducir el peso y dimensiones máximas de los tractocamiones que transitan en las carreteras nacionales. Es impostergable reactivar el sistema ferroviario mexicano pero no sólo en una parte de la república tal y como lo anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su toma de protesta, lo cual es loable y debemos apoyar con base en nuestra facultad como diputados federales de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación año con año; esta reactivación debe darse aunque gradualmente en todo el territorio nacional.
Bien podríamos como representantes populares empezar a revisar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la república la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-2-2008 a efecto de lograr finalmente una disminución sustancial en el número de accidentes fatales que ocurren en las diversas carreteras de nuestro país, así como también ir tratando el tema de la reactivación del sistema ferroviario mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la república a renovar la NOM-012-SCT-2-2008 a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circularlos vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.
Segundo. Se exhorta a la misma dependencia del Ejecutivo federal a programar tantas reuniones sean necesarias con las Comisiones de Transportes y de Infraestructura de esta soberanía a efecto de que los diputados federales contribuyan al esfuerzo que implica la finalidad del numeral anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado Rafael Acosta Croda (rubrica)