Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en Hidalgo, a cargo del diputado José Antonio Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, José Antonio García de Alba, Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco y José Alberto Rodríguez Calderón, integrantes de la coordinación Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El tema que me trae a esta tribuna es verdaderamente lamentable, y atiende a dar cuenta ante todas y todos ustedes de una realidad que nos compromete a las y los representantes populares a tomar cartas en el asunto para que desde este Poder Legislativo federal emprendamos las acciones necesarias para prevenir y sancionar el delito de feminicidio.

En México, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 7 de febrero de 2007, se define violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, formado por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal, en la que se destaca la tipificación del feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 60 años de prisión.

Desafortunadamente, Hidalgo ha reportado 19 asesinatos de mujeres de entre 20 y 35 años con agravante de género en los últimos meses.

Particularmente en Tula de Allende, siete mujeres (Angélica Selene Hernández Vega, Ana Maribel García, Laura Reyes Ramírez, Elda Ordaz García, Catalina Mendoza Pérez, Mónica Sánchez Lugo y Ana María Tecontero Contreras), han sido asesinadas bajo las mismas características, hoy puedo informar a ustedes que el día jueves 31 de enero del año en curso, fueron aprendidos los dos presuntos homicidas seriales, quienes según la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentran confesos.

Estos atroces acontecimientos en mi estado y de manera asentada en el municipio de Tula de Allende no deben quedar impunes; la privación de la vida es un hecho detestable , este fenómeno como observamos, alcanza dimensiones exacerbadas cuando se producen homicidios múltiples de mujeres.

El gobierno de Hidalgo ha instaurado acciones para prevenir este y otro tipo de delitos, sumamente dolorosos. Sin embargo, debemos fortalecer una mayor coordinación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno que se traduzca en mejor seguridad para los ciudadanos.

El gobernador Francisco Olvera Ruiz ha exhortado a los legisladores locales a que revisen el marco normativo de la entidad en la materia, endureciendo las sanciones así como estableciendo en el catálogo de delitos el feminicidio que aún no está tipificado en el Código Penal de la entidad, petición a la que en este momento me sumo, mucho más cuando desde el Poder Legislativo federal recientemente se ha impulsado la aprobación de las reformas constitucionales del artículo 1o. en materia de la obligación del Estado mexicano de salvaguardar los derechos humanos –en este caso de las mujeres–, y a la reciente reforma, de 2012, en materia de tipificación del delito de feminicidio.

A escala local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo considera un capítulo referente a la violencia feminicida, donde la define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos fundamentales, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En materia de justicia, el gobierno del estado se ha comprometido a investigar y castigar a los responsables, y de asegurar a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.

Los familiares de las víctimas deben recibir por parte del Estado mexicano ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, y apoyándose en la reciente publicada Ley General de Víctimas, con el objetivo de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, información clara, precisa y accesible sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permitan el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la mencionada ley.

Los hechos ocurridos en Hidalgo no deben replicarse en Hidalgo ni en el país; debe ser el compromiso del Estado mexicano: ni una muerte más de mujeres.

Pero tampoco podemos permitir que la desgracia, el dolor y la impotencia se utilicen como bandera partidista.

Con pronunciamientos protagónicos no se resuelve este tipo de problemas sociales.

Me sumo al compromiso de las autoridades de Hidalgo a levantar la voz para hacer un llamado a las autoridades responsables para redoblar sus esfuerzos en la lucha de esta dolorosa realidad.

Y convoco a ustedes, señoras y señores legisladores, a seguir trabajando por el cumplimiento de las leyes y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como por la dignidad y seguridad de la población del país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a mantener y fortalecer la operación de seguridad e investigación entre el gobierno federal y el de Hidalgo que retorne la tranquilidad y paz pública en el estado y, en particular, en Tula de Allende.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputados: José Antonio García de Alba (rúbrica), Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, José Alberto Rodríguez Calderón.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Genaro Carreño Muro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos es la empresa encargada de maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.

La importancia que tiene esta empresa para la economía nacional es por todos reconocida. Hoy en día, es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para los mexicanos.

En atención a ello, es necesario que continúen llevándose a cabo todas aquellas acciones mediante las cuales se puede garantizar su correcto funcionamiento en todos los ámbitos, administrativo, operativo, etcétera.

Los recientes acontecimientos en el edificio administrativo de Pemex alerta de la necesidad de continuar llevando a cabo acciones que permitan a la empresa desarrollar debidamente sus funciones. Es más, más que continuar, es necesario reforzar las medidas de seguridad en todas y cada una de sus instalaciones.

Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos, y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio.

Toda vez que el subdirector de servicios corporativos de Pemex , Carlos Murrieta, ha afirmado1 que “fue una explosión limpia” y que se realizará una investigación porque el ducto del gas natural localizado por la PGR no se encuentra en los planos de la paraestatal, demuestra que se trató de un caso fortuito que nada tiene que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones, sino que más bien, se trata de una situación que podría ocurrir en cualquier otro lugar. Así pues la falta de mantenimiento de las instalaciones hubiera acarreado una serie de incidentes de la misma naturaleza, lo cual no ocurrió antes.

Por tanto, es momento de que el Gobierno Federal comience a realizar acciones que permitan mantener la seguridad de la población mexicana, en el caso específico de los trabajadores de Pemex, así como de las instalaciones, de manera tal que su debido funcionamiento no se vea comprometido con tragedias de esta naturaleza.

Si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Pemex, no queremos imaginar que pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles, y cuando algunas de éstas se encuentran rodeadas de áreas urbanas.

Como representantes de la sociedad, debemos demandar la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto a su forma de operación. Por tanto, la presente propuesta tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes, se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen o elaboren nuevos protocolos de atención a emergencias, de sus programas de simulacros ante eventualidades mayores, capacite y actualice al personal que se encarga del área de protección civil en cada instalación, así como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías que han sido rodeadas por asentamientos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que Pemex pueda operar garantizando la seguridad de sus trabajadores y que pueda desarrollar sin contratiempos sus funciones, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, realice una revisión exhaustiva de la infraestructura de todas las instalaciones de Pemex ; a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras; a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas; a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil; a que elabore estudios que permitan reubicar las refinerías que se encuentren en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.

Nota

1 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id =60203:en-pemex-accidente-desafortunado-peritos&Itemid=189

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013

Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31 numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La democracia tiene como uno de sus principales pilares la división de poderes; por lo que el debilitamiento del Poder Legislativo, y la tentación de reducir a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de consigna, tarde que temprano pondrá en jaque a la democracia, que va de la mano del estado de derecho y la paz social.

Recordemos que en un condenable acto de fuerza, en que intervinieron efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, el sábado 10 de octubre de 2009, a las 22:45 horas aproximadamente, fueron tomadas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Acto seguido, en los primeros minutos del 11 del mismo mes y año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces titular del Ejecutivo federal, ordenando la liquidación inmediata de esta empresa alegando supuestas razones económicas y de eficiencia.

El saldo de este alevoso acto fueron: el despojo de su empleo a más de 44 mil trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de las pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y autonomía sindical, despojo, vía privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, de un patrimonio de toda la nación.

Los trabajadores decidieron, en uso de las vías legales, luchar por el respeto a sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, emitió sentencia a favor de los trabajadores, para el efecto de que la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, al declarar procedente la procedencia de la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito antes referida, que insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de sus salarios caídos; por el contrario ahora los trabajadores están frente a un injusto mandato que pretende obligarlos a su liquidación, y los lanza al mundo del desempleo y la desesperanza. Ya que una liquidación no puede sustituir a un empleo digno, como el que tenían, y desconoce su derecho a una jubilación o pensión, y otras prestaciones; además de la agresión recibida a su dignidad como seres humanos. Buscando paralelamente la muerte jurídica de su sindicato y contrato colectivo.

El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, para efectos de su reinstalación, fue plenamente acreditada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde el momento en que se mantuvo la materia de trabajo, operada ahora por la CFE, a la que le fueron transmitidos los bienes propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Para reafirmar esto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece, que la sustitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo, lo que debe interpretarse en relación con el artículo 290 de la Ley del Seguro Social, que señala, que surge la sustitución de patrón, cuando: “Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos...” Extremos que se cumplan plenamente en el caso del SME.

Sobre la causa de fuerza mayor, la Segunda Sala sostuvo, que el arbitrario decreto del Ejecutivo federal de 2009, constituye tal causa, en lugar de analizar si los motivos de fuerza mayor alegada por el entonces titular del Ejecutivo, básicamente de carácter económico, se constituían como tales y eran suficientes para dar sustento a la extinción de Luz y Fuerza. Este insostenible criterio de la Corte, abre la puerta para que el Ejecutivo en turno, extinga cualquier organismo descentralizado, con base en su capricho y su arbitrariedad.

Las razones humanitarias tampoco impidieron esta inadmisible resolución de la Corte; pues su resolución provoca que más de 16 mil trabajadores después de más de 3 años de lucha queden sin empleo, con las consecuentes afectaciones a sus familias; obligándoles la Corte a caminar hacia atrás, hacia la percepción de las depreciadas indemnizaciones forzadas de hace tres años.

Todo este proceso de fuerza en contra de los trabajadores, desconoce el principio de supremacía de la realidad, que preside el mundo del trabajo. Los derechos irrenunciables de los trabajadores y, la existencia de conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aún está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales, resolver con equidad este conflicto, en apego a lo ordenado por el artículo 1o. en relación con el artículo 123, ambos de nuestra Carta Magna. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras instancias internacionales, sigan exhibiendo el poco apego del gobierno mexicano al respeto de los derechos humanos. La violencia laboral de estado, debe ser siempre condenada.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar mediante diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una solución a este conflicto laboral, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de estos trabajadores y su reinserción a la vida laboral, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que recontrate a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.

Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en tanto se solucione este conflicto laboral, les continúe otorgando el instituto a estos trabajadores los servicios médicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a atender la recomendación 19/2012 de la CDHDF, sobre asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al, tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, tiene características geológicas, morfológicas y ambientales que juegan un papel importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, debido a que proporciona diversos servicios ambientales de gran relevancia, como la regulación del clima, captación e infiltración de agua al manto acuífero, recreación, investigación, educación, mejoramiento de la calidad del aire, y es el hábitat de especies de flora y fauna.

2. Que la zona referida constituye uno de los últimos reductos de ecosistemas lacustres inmersos en la mancha urbana, que por sus características e importancia en el equilibrio ecológico, debe ser preservada, conservada, restaurada y manejada con criterios que conlleven a su recuperación.

3. Que desde el 4 de diciembre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como “zona de monumentos históricos”, una superficie de 89.63 kilómetros cuadrados, en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, del Distrito Federal; se trata de un sitio de interés histórico, de avances técnicos, sociales y económicos, que además posee importantes recursos acuíferos que han suministrado agua a la Ciudad de México.

4. Que el 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a Xochimilco en la lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por su valor excepcional y Universal que debe ser protegido en beneficio de la humanidad; este reconocimiento incluye el sistema de chinampas que aún se conservan en las zonas de Xochimilco y Tláhuac, al sur de la Ciudad de México.

5. Que en 1989 el entonces, Departamento del Distrito Federal hizo público el “Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco”, cuyo objetivo consistía en revertir la degradación ecológica propiciada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, incentivar la producción agrícola, contribuir a la ampliación de espacios verdes y de recreación para la zona. Donde una de las principales acciones fue la publicación del decreto con fecha 21 de noviembre de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se expropió por causa de utilidad pública una superficie de 780-56-61 hectáreas de tierras del ejido de Xochimilco y 257-57-60.40 hectáreas del ejido San Gregorio Atlapulco para destinarlas al rescate ecológico.

6. Que por decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 11 de mayo de 1992, se estableció como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declaró como área natural protegida (ANP), bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” una superficie de 2 mil 657-08-47 hectáreas, como zona que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales y en la cual se realizarán todas aquellas actividades compatibles con la vocación de área natural protegida.

7. Que el 2 de febrero de 2004, la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar inscribió la zona lacustre de Xochimilco en la lista de humedales de importancia internacional, con la denominación “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, por lo que deberá asegurase el mantenimiento de sus características ecológicas.

8. En la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de enero de 2006, se publico el decreto por el cual se creó el Programa de Manejo del Áreas Natural Protegida, y en el caso; Xochimilco, cuenta con un Programa de Manejo.

9. Que en el marco del 25 aniversario de la declaratoria que la UNESCO dio a Xochimilco de Patrimonio Mundial del Centro Histórico y Xochimilco, el 11 de diciembre del 2012 mediante un decreto el gobierno del Distrito Federal creó la “autoridad de la zona patrimonio mundial natural y cultural de la humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta como un órgano administrativo de apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno del Distrito Federal en la zona de chinampas, lacustre y de monumentos históricos existente en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México”, con el objetivo de consolidar, ampliar y hacer más eficiente las políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona.

10. Que no obstante el reconocimiento nacional e internacional que en enumeradas ocasiones se la ha otorgado a el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”, y los programas que en enumeradas ocasiones se han publicado; la zona tiene muestras de grande deterioros ambientales, producto de la tolerancia y descuido de las autoridades encargadas de su salvaguarda.

11. Que aún, cuando en diversos documentos, pronunciamientos, decretos y estudios se tiene conciencia de la importancia y del peligro en el que se encuentra la zona protegida de Xochimilco y de los diversos intentos que se han realizado para su preservación y cuidado, la gran mayoría se han quedado en el nivel de las buenas intenciones.

12. Que en el mes de agosto del presente año, el entonces director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, manifestó que “Xochimilco está a punto de morir este gran cuerpo de agua tiene menos de 5 años de vida y para su rescate se necesita un esfuerzo coordinado, los estudios hidrológicos que ha realizado Conagua, quedo totalmente demostrado la necesidad que tiene el valle de México de rescatar los cuerpos de agua”. Esto se debe principalmente al descuido y la contaminación. Los “enemigos” de esta área natural son las construcciones sobre la zona chinampera.

13. “A principios del siglo XX, Xochimilco tenía 20 mil hectáreas de chinampas, hoy tiene menos de mil hectáreas. En los canales se están perdiendo especies endémicas como el ajolote, y el nivel del agua está bajando; cuando antes había entre 4 y 6 metros de profundidad, hoy, en algunas zonas hay un metro y hasta 20 centímetros. De los 187 kilómetros de canales navegables de Xochimilco, el 90 por ciento está en grave deterioro.

14. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, emitió el 4 de diciembre una recomendación 19/2012 por “Violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”, en la que las autoridades responsables son: la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la Delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

• El llamado de atención de la CDHDF es por tolerar asentamientos humanos en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco.

• La recomendación en cita, solicita instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida y garantizar que no aumente su degradación.

• La CDHDF asegura que se afectaron los derechos a un medio ambiente sano, a la vivienda y a los beneficios de la cultura, por lo que recomienda instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida. Y garantizar que no aumente su degradación ambiental.

• Se trata de 41 hectáreas protegidas donde viven familias que deben ser reubicadas o bien otorgarles crédito para vivienda, pero la autoridad se comprometió hacerlo sin cumplir con ese acuerdo.

15. La preocupación sobre el estado que guarda la zona protegida de Xochimilco, ha sido externada en diversas ocasiones por los legisladores federales y locales, si no se implementa un programa para su rescate, el daño a la humanidad será irreversible.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte de manera respetuosa a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a la delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que acepte a la brevedad la recomendación 19/2012 emitida el 4 de diciembre del 2012 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por “Violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”.

Segundo. Solicitar a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta” conforme a sus atribuciones, elabore un proyecto integral cuya finalidad en primera instancia sea atender y realizar las acciones que establece la recomendación 19/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todo ello en coordinación con la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.

Tercero. Como parte de los trabajos para el saneamiento de la zona lacustre de Xochimilco se elabore un acuerdo de coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua trabajen de manera conjunta para su conservación y saneamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputada Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los miembros de su gabinete a cumplir el compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Es obligación de todos los servidores públicos del gobierno federal, presentar su declaración con oportunidad y sobre todo con veracidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción XV, y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El pasado 16 de enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete se comprometieron con la sociedad e hicieron pública su declaración patrimonial en un evento mediático en donde buscaron resaltar la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.

Sin embargo, en este acto solamente publicaron información sobre el tipo de bienes inmuebles de su propiedad, el concepto por el que lo adquirieron y su superficie, sin dar a conocer los datos más relevantes como su valor, su procedencia ni el lugar en el que se encuentran. Lo mismo hicieron con la publicación de la información sobre sus bienes muebles, ingresos, vehículos, obras de arte, inversiones, acciones en empresas, ahorros bancarios, etc., omitiendo también publicar los datos de los bienes que están a nombre de cónyuges o concubinas, y/o de sus dependientes económicos, siendo todo esto información que el propio sistema de declaraciones patrimoniales solicita.

Asimismo, en la declaración del presidente se observa que la mayoría de sus bienes han sido adquiridos mediante donaciones, muchas de ellas con fecha 8 de diciembre de años diversos, sin que éste hiciera públicos los datos sobre su valor, origen ni motivo.

Esta situación se repite en por lo menos cinco declaraciones de los miembros de su gabinete, lo que genera suspicacia y desconfianza, y motiva la pregunta que hoy se hacen los mexicanos de ¿por qué no publicaron sus declaraciones patrimoniales completas?

Es evidente que la publicación de las declaraciones patrimoniales del presidente Enrique Peña Nieto y de los miembros de su gabinete de ninguna manera implica un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como pretendieron anunciarlo a la población, por el contrario, nos encontramos ante una simulación mediática, con declaraciones patrimoniales mutiladas, y muy pobres con relación a lo que significa una declaración verdaderamente pública.

Una muestra de ello es que cualquier persona que entre al portal de Declaranet en “búsqueda de servidor público” puede corroborar, por un lado, que una declaración autorizada como pública contiene los apartados de: “datos generales, del encargo, curriculares, laborales, ingresos, bienes inmuebles, muebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, su cónyuge o concubina y/o dependientes económicos”, los cuales el servidor público debe indicar con detalle y veracidad, y por otro lado, puede observar que una declaración no autorizada como pública solamente contiene: “datos generales, del encargo, laborales y curriculares”.

En este sentido, el propio sistema Declaranet, en congruencia con lo establecido en el artículo 40, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, incluye un apartado en el que se realiza la pregunta específica de si se quieren o no publicar los datos patrimoniales, por lo que de ninguna manera el sistema da la opción de publicar parcialmente la información patrimonial, o se es pública o se es privada con todo lo que esto implica.

Por esta razón es que resulta lamentable que las autoridades máximas de nuestro país mediante un acto mediático de simulación se comprometan con la población mexicana a publicar sus bienes patrimoniales como un gran acto de transparencia, cuando en realidad lo que publicaron es una declaración a modo en la que ocultan información que es de interés de todos los mexicanos.

Ciudadanos diputados, es importante precisar que no se está cuestionando la legalidad, lo que lastima es la mentira, el engaño, la opacidad, las declaraciones patrimoniales o son públicas o no lo son, no hay transparencia a medias, no hay transparencia de conveniencia.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la urgente necesidad de que el Presidente de la República y los miembros de su gabinete cumplan cabalmente con el compromiso ante la sociedad de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al presidente de la República y a los miembros de su gabinete a cumplir cabalmente con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013

Diputados: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Rafael Acosta Croda, Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Marcos Aguilar Vega, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Humberto Alonso Morelli, Martha Berenice Álvarez Tovar, Ricardo Anaya Cortés, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra, Juan Jesús Aquino Calvo, Consuelo Argüelles Loya, Xavier Azuara Zúñiga, Omar Antonio Borboa Becerra, José Alfredo Botello Montes, Juan Bueno Torio, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Camarillo Ortega, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Genaro Carreño Muro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Sergio Augusto Chan Lugo, Alberto Coronado Quintanilla, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Isaías Cortés Berumen, Eufrosina Cruz Mendoza, Mario Alberto Dávila Delgado, Andrés de la Rosa Anaya, Arturo de la Rosa Escalante, Alberto Díaz Trujillo, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Enrique Alejandro Flores Flores, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Carlos Alberto García González, José Guadalupe García Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Raúl Gómez Ramírez, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo, Víctor Rafael González Manríquez, José González Morfín, José Ángel González Serna, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Teresa Jiménez Esquivel, Karina Labastida Sotelo, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Margarita Licea González, José Alejandro Llanas Alba, José Martín López Cisneros, Leticia López Landero, Raudel López López, Alejandra López Noriega, Julio César Lorenzini Rangel, Patricia Lugo Barriga, Rafael Alejandro Micalco Méndez, María Guadalupe Mondragón González, Tania Margarita Morgan Navarrete, Juan Carlos Muñoz Márquez, Heberto Neblina Vega, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Luis Oliveros Usabiaga, Marcelina Orta Coronado, María Isabel Ortiz Mantilla, Máximo Othón Zayas, J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz, Leslie Pantoja Hernández, Raúl Paz Alonzo, Flor de María Pedraza Aguilera, Francisco Pelayo Covarrubias, Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera, Esther Quintana Salinas, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Luis Miguel Ramírez Romero, José Enrique Reina Lizárraga, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Érick Marte Rivera Villanueva, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Fernando Rodríguez Doval, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leonor Romero Sevilla, Jorge Rosiñol Abreu, Verónica Sada Pérez, Margarita Saldaña Hernández, José Arturo Salinas Garza, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Mario Sánchez Ruiz, Víctor Serralde Martínez, Martha Leticia Sosa Govea, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Isabel Trejo Reyes, María Celia Urciel Castañeda, Juan Carlos Uribe Padilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Luis Alberto Villarreal García, Ricardo Villarreal García, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Alfredo Zamora García, María Beatriz Zavala Peniche, Damián Zepeda Vidales (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel; y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a impulsar uno para no utilizar ese material en la Cámara, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existe en la actualidad una polémica causada por el uso de poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, y sus efectos negativos en la salud de las personas y en su medio ambiente.

El poliestireno expandido (EPS), es un plástico rígido celular que se encuentra en un sin número de formas y aplicaciones para su utilización, el hielo seco, como también se le denomina al EPS, fue creado en el año de 1954.

La utilización del unicel en el país se concentra principalmente en utensilios desechables (vasos, platos, empaques), protección de aparatos electrónicos y en la industria de la construcción. Sus atributos principales son: resistencia a la humedad, conservación del frío o el calor y su ligereza.

El unicel, es obtenido del petróleo a través de un proceso químico efectuado en tres etapas:

1. Preexpansión.

2. Manufactura intermedia y

3. Moldeo final.

El proceso de reciclaje del unicel en México se complejiza además porque no hay centros de acopio y va a dar a rellenos sanitarios donde los pepenadores prefieren recolectar PET o aluminio por ser más rentables.

Otro punto en el que se debe poner atención, son las causas en la salud por la exposición prolongada de al estireno, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), ambas por sus siglas en ingles, los efectos por la prolongada exposición tiende a provocar irritación en la piel, ojos, vías respiratorias altas y efectos gastrointestinales.

Un prolongado contacto afecta el sistema nervioso central mostrando síntomas de fatiga, depresión, dolor de cabeza y efectos menores en la función renal y en la sangre.

Asimismo, las dos Agencias citadas anteriormente, han catalogado al poliestireno expandido o, unicel, como posible carcinógeno.

Otro punto sensible a considerar, es el impacto ambiental que genera la nula concientización sobre las formas de manejo, pues es común que en cuerpos de agua el unicel sea confundido como alimento por la fauna que los habita, lo mismo ocurre con animales terrestres, teniendo desenlaces fatales para muchos de estos ya sea por ahogamiento, obstrucción o inanición.

Según lo explica Manuela S. Giusti, “el poliestireno no sólo utiliza sustancias cancerígenas en su producción, como el benceno, sino que requiere cloro-fluoro-carbonos (CFC), e hidro-cloro-fluor-carbonos (HCFC). Estas sustancias (utilizadas también en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, aerosoles, espumas plásticas, disolventes, y extinguidores,) son moléculas muy estables que pueden durar hasta 150 años en la atmósfera, una sola molécula de cloro puede destruir hasta 100,000 moléculas de Ozono. Los CFC, HCFC y HFC son gases que contribuyen enormemente con el recalentamiento planetario”.

Hoy en día, existen programas alrededor del mundo para contener el uso de poliestireno expandido, dado su impacto negativo para el medio ambiente. Por ejemplo, en Londres, se creó el programa “Salvar un vaso”, que recoge 10 millones de vasos de unicel post-consumo a la semana en escuelas y comercios para ser reciclados y crear productos nuevos.

En nuestro país, el reciclaje de unicel apenas comienza a darse y a muy baja escala.

Como experiencia podemos basarnos en el municipio de Tepoztlán, en el Estado de Morelos, que el 9 de junio del 2009, se propuso una campaña para reducir el uso de unicel dentro de su comunidad, esto lo realizó bajo el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente.

En los centros de trabajo es común el uso del unicel, un número considerable de empleados lo utilizan como empaque de alimentos, bebidas, etc.; lo que además de significar un impacto económico, su representación en la salud se vuelve mayúsculo.

Aunque es un material higiénico, calificado como un atenuante en la formación de gérmenes, tiene unes generador de un grave problema para el medio ambiente.

El número de producción es representativo, pues según Eco blog, “en México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16 por ciento son de plástico y 2 por ciento de unicel unas 160 000 toneladas de unicel más o menos”.

Estos números son acoplados al sin fin de utilidades que se le da a este material, como: edificación, vivienda, industria y envasado.

Es una lástima que el unicel no esté contemplado como residuo peligroso, lo que no permite sujetar su uso a un plan de manejo, tal y como lo establece la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos.

En este recinto, la honorable Cámara de Diputados distribuye vasos y elabora leyendas con letras de poliestireno expandido para los eventos que se realizan diariamente, contraviniendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el Artículo 17 Bis establece: “La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales”.

Asimismo el poliestireno o unicel, queda al margen, de la NOM-052-Semarnat-1993, Norma Oficial Mexicana encargada de establecer las características de los residuos peligrosos y enlistarlos, así como los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia impulse un programa para el manejo y reciclaje de Poliestireno Extendido, llamado comúnmente unicel.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que se impulse dentro de esta Cámara de Diputados un programa que garantice la no adquisición de vasos y demás productos de poliestireno expandido en la misma y, que se suspenda su adquisición en el futuro.

Tercero . Se exhorta a ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a evaluar su régimen normativo y, dar así cumplir con el Artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que expedirá un manual de sistema de manejo ambiental.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel a dar seguimiento a las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía prestado por Telcel, filial de América Móvil, este 26 de enero, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Rosa Elba Pérez Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados el servicio de telefonía que ofrece Radio Móvil Dipsa, SA de CV, mejor conocido como Telcel, falló por más de 24 horas, afectando a los usuarios de distintas delegaciones, entre ellas Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán en el Distrito Federal.

Mony Sacha de Swaan Alddati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicación (Cofetel), informó mediante su cuenta de twitter que el servicio de telefonía celular que estuvo suspendido por más de 24 horas en estas demarcaciones, y que había quedado resuelto la madrugada de ese mismo fin de semana.

El funcionario recomendó “no dejar de presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cofetel, porque éstas sirven para sustentar sanciones”, además señaló que “resignarse es lo peor -como usuario- que puede hacer uno”.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, nuestro mercado en esta materia está dominado por una sola compañía (Telcel) que tiene controlado 70 por ciento de la telefonía móvil, lo que nos coloca en un muy lamentable lugar 33 de 34 posibles en cuanto a competencia se refiere.

No es un secreto que las tarifas en México respecto a la prestación de servicios de telefonía móvil, se cuentan entre los más altos de la OCDE, y tampoco para nadie es nuevo que la única forma de evitar estos abusos hacía los usuarios es logrando que las fuerzas de la competencia estén debidamente balanceadas, situación que en muchos otros países ha funcionado, de tal manera que los precios bajaron considerablemente más rápido en relación con los precios de las telecomunicaciones en México.

Telcel es el principal operador de telefonía móvil del país con más de 68 millones de usuarios, y la que suscribe como una de ellas, exigimos un servicio de calidad, su desempeño como proveedor de un servicio es insatisfactorio.

Los malos resultados de la industria de telecomunicaciones en México son consecuencia de la inflexible conducta del operador incumbente de telefonía móvil con considerable poder de mercado, así como de un sistema jurídico disfuncional que promueve una industria ineficiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a fin de que dé un puntual seguimiento a las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía prestado por la compañía Telcel, filial de América Móvil, el pasado sábado 26 de enero del presente año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rubrica)

Con punto de acuerdo, sobre los procesos de asociación Pemex-Mexichem, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia de la administración pública del país hemos escuchado hasta el cansancio noticias sobre fraudes, corrupción y malos manejos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ahora se pretende una desincorporación, adelgazamiento, apertura, alianza estratégica, reclasificación, reestructuración, replanteamiento, y demás eufemismos con los que los promotores de la privatización, tratan de evadir esta palabra por la pesada carga que tiene. Es una estrategia semántica que no logra encubrir los fines evidentemente privatizadores que ya se asoman.

Hasta el momento se ha concebido como única vía para el fortalecimiento de la industria petrolera la venta de capital. Se busca hacer de Pemex un ente comercial que opere como una empresa con emisión de acciones o una industria abierta con mercado de productos finales abierto.

La posibilidad que se ha decidido ignorar es la de hacer de la paraestatal un organismo autónomo con saneamiento financiero, independencia presupuestal y un nuevo gobierno corporativo.

Se han utilizado como argumentos para reformar la estructura de Pemex la falta de capacidad de ejecución y la falta de recursos.

La falta de capacidad de ejecución se refiere a funcionarios incompetentes y corruptos; para solucionarlo se requiere una supervisión por parte del Legislativo más fuerte y más ágil.

En cuanto a recursos, Pemex obtuvo en el tercer trimestre del año anterior ventas totales por 31.8 millones de dólares; es decir, 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.

Hay tres vías por las que se puede privatizar Pemex. La primera consiste en privatizar directamente el capital, vendiendo acciones, la cual resulta la más difícil de llevar a cabo debido a los requerimientos constitucionales.

La segunda involucra la entrega a terceros de actividades; esta práctica está muy extendida, por ejemplo, en centrales de generación en la Comisión Federal de Electricidad y en contratos de Pemex en áreas como exploración y producción.

La tercera radica en asociaciones, donde la estrategia consiste en administrar de manera deficiente una planta o instalación industrial reduciendo su valor económico. Posteriormente se realiza una asociación con un tercero, por lo que ni siquiera se efectúa un pago para el gobierno; simplemente se traspasa el control accionario y la administración de un activo que era de propiedad mayoritaria estatal, haciendo que las ganancias sean para terceros y no para el Estado. Como ejemplo se puede observar lo sucedido en el complejo petroquímico Pajaritos con Mexichem.

En 2011 y 2012 se presentó tres veces en el Consejo de Administración de Pemex la propuesta de una alianza, la cual fue rechazada por consejeros del sindicato, utilizando argumentos legales sobre la violación del artículo 27 constitucional y a la Ley Reglamentaria de Petróleos Mexicanos.

Con el cambio de gobierno y antes que se realice la fusión de un solo Pemex integrado, el 16 de enero de 2013 se sometió a discusión dicha fusión por cuarta ocasión, aprobándose de inmediato.

Como valor patrimonial de Pajaritos se estableció la cantidad irrisoria de 250 millones de dólares. Con esta alianza, Mexichem obtiene 56 por ciento del complejo, mientras que Pemex se queda con 44. Claramente, esto se traduce en una obtención ilimitada de ganancias para la empresa particular.

En Movimiento Ciudadano no estamos contra la inversión de terceros en la paraestatal, estamos en contra de alianzas corruptas, en las que a precios ínfimos se otorgan negocios sumamente rentables.

Nuevamente queda demostrado que mientras Pemex maneje sus inversiones con corrupción y opacidad, se seguirá desmantelando poco a poco a la empresa, reduciendo su valor para venderla en precios ridículos.

Es necesario que se esclarezca el proceso de valuación de la planta y selección de socio que se siguió para otorgar a Mexichem el porcentaje de acciones con el que ahora cuenta. Asimismo, resulta menester la creación de reglas y criterios públicos en el proceso de la celebración de fusiones o alianzas, con el afán de evitar operaciones de este tipo en el futuro, lesivas para el patrimonio nacional.

Con base en lo expuesto proponemos

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a hacer públicos los criterios utilizados en el proceso de valuación de la planta y de selección del socio en que resultó acreedora de 56 por ciento de acciones del complejo petroquímico Pajaritos la empresa Mexichem.

Segundo. Se solicita a la paraestatal hacer públicos los procesos de asociación futuros, incluyendo las reglas para valuar los activos y seleccionar los socios, ya que se está cediendo el control accionario y operativo a terceros de parte del patrimonio de Pemex, en una acción clara de privatización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SEP a establecer una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de niños y de adolescentes en Internet; y tanto a los congresos locales como a la ALDF, a legislar en la materia, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas1 , México ocupa el lugar número 15 en el ranking mundial de países con mayor número de usuarios de Internet. En Latinoamérica sólo se ubica detrás de Brasil que posee más de 67 millones de usuarios.

A pesar de que ya hay una elevada penetración en el nivel socioeconómico más alto, este estudio mostró también el mayor crecimiento, de 53 por ciento pasó a 59 por ciento, el nivel medio de 35 por ciento pasó a 40 por ciento, el nivel bajo alto de 21 por ciento pasó a 23 por ciento y el nivel bajo de 20 por ciento a 21 por ciento.

Del total de usuarios de Internet, los hombres aportan el 58 por ciento equivalente a 17.6 millones de usuarios, en tanto que las mujeres aportan el 42 por ciento con 12.9 millones de usuarias.

La penetración por género nos indica una mayor penetración de uso de Internet entre los hombres (40 por ciento), su crecimiento de 2009 a 2010 fue de 12 por ciento, en tanto que el de las mujeres fue de 9 por ciento y su penetración llegó a 27 por ciento.

La penetración de los usuarios de Internet va disminuyendo conforme aumenta la edad, de este modo el grupo más joven (12 a 18 años) alcanza una penetración en 2010 de 53 por ciento, en tanto que el grupo de 54 a 70 años sólo alcanza a 10 por ciento de su población.

Son los hombres quienes dedican más tiempo de conexión a través de sus celulares, 6 por ciento contra 5.1 por ciento y las mujeres quienes usan más tiempo de conexión desde cibercafés, 5.9 contra el 7.2 por ciento respectivamente.

Comienza a percibirse que el uso de Internet ha disminuido un poco el contacto físico. Entre las personas, 24 por ciento sostiene que pasa menos tiempo con su familia desde que usa Internet, aunque 61 por ciento de las personas manifiesta pasar el mismo tiempo.

En la Encuesta Básica de Seguridad y Privacidad Web elaborada por la Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet2 en escuelas privadas concluyeron que:

1. A la pregunta: ¿guardas secretos o escondes de tus padres y profesores las cosas que haces en Internet? 4.9 de los alumnos entrevistados respondió que frecuentemente.

2. ¿Evitarías reportar un incidente en Internet a tus padres, por miedo a que te prohíban usarlo? 31.4 contestó que “a veces” y 26.7 que sí.

3. En el rubro de si se llegase a poner en problemas con alguien en Internet, ¿a quién acudiría? 63 por ciento respondió que a sus padres o al profesor, y 9.6 por ciento que a la Polícia Cibernética.

4. Al cuestionamiento de si compartirían con sus papás sus contraseñas de email o de redes sociales, la mitad de los entrevistados respondieron que NO.

5. Tres de cada diez de los entrevistados se han encontrado con alguien que conocieron en Internet. Al menos 13.4 por ciento de los entrevistados señalaron que al menos una vez se enamoraron de alguien en Internet.

6. Cuatro de cada diez compartieron con su novio o amigos sus contraseñas de email o de redes sociales, aunque dos tercios consideran entre peligroso y muy peligroso compartir la información privada; y que el 47 por ciento opina que en un “perfil privado” sus fotos, dirección y otros datos personales no están seguros.

La Asociación Internacional de Criminología, en conjunto con la empresa Symantec, realizó una encuesta a 5 mil niños de entre ocho y trece años3 . El estudio, titulado Encuesta de la percepción de riesgos en Internet que tienen los niños ”, arrojó los siguientes resultados:

• La mayoría de los niños utilizan frecuentemente salas de chat, grupos de noticias y otros servicios interactivos para comunicarse en línea con extraños.

• 47 por ciento de los adultos supervisan ocasionalmente a los menores que están en Internet.

• 27 por ciento de los niños no son supervisados.

• 34 por ciento de los niños nunca reciben consejos de los padres sobre lo que deben y no deben hacer cuando navegan en Internet.

La actual situación de Internet permite que un niño pueda acceder a páginas con cualquier tipo de temática. Como dato a destacar, 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en Internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas en Internet sobre temas que no tuvieron relación con la búsqueda principal que se estaba realizando.

Las y los niños mexicanos utilizan medios digitales al menos durante 14 horas a la semana4 , según una encuesta del portal MeQuedoUno.com. de mayo de 2012. De acuerdo con un sondeo de TNS Research International, efectuado para MeQuedoUno.com, los infantes usan la mensajería instantánea durante tres horas por semana, mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales sería de dos horas, además de una hora para consultar su correo electrónico.

Los menores acceden a Internet para buscar información durante dos horas a la semana y otras dos horas las pasan viendo videos en el portal YouTube, de acuerdo con los 262 padres de familia que participaron en el sondeo. Asimismo, la encuesta reveló que los menores gastan dos horas de tiempo aire a la semana en llamadas por celular y un periodo de tiempo igual entreteniéndose con alguna consola de videojuegos.

En cuanto al tema de la seguridad en los espacios digitales, seis de cada diez padres de familia afirmó que sus hijos sólo navegan en Internet supervisados por un adulto, y uno de cada diez dijo que el uso de la red estaba restringido a ciertas páginas para sus hijos.

Según el artículo Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes, Estrategias de seguridad 5 publicado en el Acta Pediátrica de México Volumen 29, número 5, septiembre-octubre de 2008, en el Reino Unido, 70 por ciento de los menores acceden a Internet desde su casa, y de ellos, 52 por ciento destina al menos cinco horas cada semana “a navegar”. Sin embargo, 80 por ciento de los padres no sabe qué hacer para que sus hijos lo utilicen de forma segura. Lo más grave es que la mayoría desconoce los riesgos o peligros que pueden existir en la red . En este estudio, más de la mitad de los niños y jóvenes han tenido contacto con pornografía en línea al menos una vez a la semana.

En España, 30 por ciento de los niños de cinco años usa Internet; 60 por ciento de los de 8 a 13 años y 75 por ciento de los adolescentes. Uno de cada tres menores usa la conexión a Internet para buscar información, 66 por ciento la utiliza para su entretenimiento, 36 por ciento se conecta para chatear , 17 por ciento para jugar y 13 por ciento para buscar música. Únicamente 14 por ciento de los padres de familia pone reglas para su uso. Seis de cada diez usuarios varones de 10 a 17 años señaló no haber tenido acceso a páginas de pornografía, racismo o violencia. En las mujeres la cifra fue 86.7 por ciento. Los autores de este estudio afirman que 14.5 por ciento de los adolescentes ha tenido una cita y 8.38 por ciento varias. En 90 por ciento de las citas los jóvenes acudieron acompañados, 10 por ciento fueron solos.

Otro hecho importante es que 30 por ciento de los menores de edad informa su número de teléfono y el 16 por ciento la dirección de su domicilio.

En México la Asociación Mexicana de Internet realizó un estudio con objeto de conocer algunas características en el uso de Internet y el perfil de los usuarios. Se halló que existen aproximadamente 30.5 millones de internautas , de los cuales 19.9 millones son mayores de 13 años, 35 por ciento de ellos entre 12 y 19 años.

48 por ciento de los usuarios se conecta desde su hogar; 35 por ciento en lugares públicos y el resto en otros sitios como su lugar de trabajo, en la escuela, etcétera. El promedio de tiempo en que usa Internet por día es de 1 a 2 horas.

Los aspectos que favorecen el empleo de esta herramienta y sus peligros para los menores, señala el artículo Riesgos del uso de Internet por niños y adolescentes, estrategias de seguridad son:

• La facilidad que tienen niños y jóvenes para su acceso.

• La escasa vigilancia de los padres en esta actividad, situación que se incrementa cuando los hijos crecen.

• La comunicación es anónima. La invisibilidad virtual que crea el anonimato en la web elimina la inhibición de la conducta lo que puede originar irracionalidad de las acciones y falta de responsabilidad.

De acuerdo con publicaciones especializadas en el tema de seguridad para navegar en Internet6 , aseguran que en la página web los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes cuando navegan libremente por Internet, son el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol, etcétera. Los juegos de dinero les pueden crear adicción. Otro riesgo es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia. Aumentando el riesgo de ser víctimas de pederastía o de trata.

En los blogs el riesgo es que en él se escriben datos sobre la vida personal de cada usuario y de esta manera los niños y los adolescentes pueden construir sus propios diarios electrónicos gratis.

En los chat o charla , el riesgo para el usuario infantil y juvenil se incrementa debido a que al estar conversando fácilmente, olvidan que se trata de un lugar público; no necesariamente se conoce la verdadera identidad de los participantes y la mayoría de chats no están supervisados, es decir, no hay vigilancia ni control.

La mensajería instantánea es el servicio más usado por niños y adolescentes. Este medio permite activar la cámara web; la cual no es recomendable su uso, ya que uno de los riesgos más importantes es que cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la cámara conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores en línea.

Mediante el correo electrónico pueden recibir mensajes comerciales no deseados o el inconveniente de que algún desconocido intente establecer una relación inadecuada o que el menor sea amenazado o acosado por esta vía.

Ante tal bombardeo de información y entretenimiento, los adolescentes pueden tener cambios de conducta relacionadas al uso problemático o compulsivo de la Internet, la suspensión del deporte, juegos, salir con amigos o su pareja, actividades en familia; aparecen entonces problemas de concentración, bajo rendimiento escolar o aislamiento. Los infantes y adolescentes invierten cada vez más tiempo navegando en Internet y presenta cambios de conducta cuando no le es posible su acceso. En algunos casos puede haber ansiedad y depresión.

Los jóvenes más vulnerables son los que tienen conflictos familiares, baja autoestima, antecedente de maltrato infantil o violencia familiar, depresión y búsqueda de atención o afecto en otras personas. En estos casos los padres deben vigilar estrechamente la forma en que sus hijos usan la Internet y solicitar ayuda profesional, señalan en el Acta Pediátrica.

Razones por las cuales, la División Científica de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública7 informó que mediante el monitoreo permanente de la red pública de Internet, en 2011 se formalizaron 15 denuncias ante el Ministerio Público relativas a delitos cometidos contra menores de edad, logrando, en febrero de 2011, la primera sentencia federal por el delito de pornografía de menores de 18 años.

Por otra parte, y en materia jurídica, la Convención sobre los Derechos del Niño8 obliga al Estado mexicano a establecer medidas para garantizarles un desarrollo armonioso y digno, en un marco de privacidad a su vida personal:

Artículo 16.

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17.

Los estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los estados parte:

Artículo 27

1. Los estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

A nivel nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes9 , en su artículo 3 demanda una protección en los ámbitos físico, mental, emocional y social:

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Esta misma ley consagra el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones que le permitan un desarrollo y crecimiento armónico:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

Finalmente, como es hoy vigente la nueva organización de la administración pública federal, la seguridad pública es atribución de la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Educación Pública continúa con sus mismas atribuciones en materia de educación cívica, es que se propone exhortar a estas dependencias a implementar medidas que garanticen la integridad de las niñas, niños y adolescentes al navegar en Internet por cualquier medio electrónico.

Consideraciones jurídicas, de seguridad pública, de paz pública, por un lado, y por el otro la privacidad de las y los infantes, y su desarrollo físico como mental, material, espiritual, moral y social, bastan para que sea considerada la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, a establecer una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos, producto de navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet por cualquier medio electrónico.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosa de la soberanía y materias exclusivas de los congresos locales de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les exhorta a legislar en materia de seguridad en los espacios digitales, con el objeto de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

Notas

1. http://consulta.mx/web/index.php/estudios/otros-estudios/291-habitos-y- percepciones-de-los-mexicanos-sobre-internet

2. http://asi-mexico.org/sitio/archivos/Reporte_ASI_Conductas_deRiesgo_Oct 2012.pdf

3. http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/proteccion-para-menores-cuando -navegan-en-internet/

4. http://percepcion.com.mx/noticia/19140/utilizan-los-ni-os-medios-digita les-14-horas-a-la-semana

5. García PCA. Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad. Acta Pediatr Mex

6. Acta Pediátrica de México Volumen 29, Núm. 5, septiembre-octubre, 2008

7. Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública.

8. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

9. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del ISSSTE a dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la ley del instituto, sobre el estudio de viabilidad futura de éste, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita María Sanjuana Cerda Franco, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), en vigor desde el 1 de abril de 2007, fue realizada con la finalidad de fortalecer a dicha institución social del Estado mexicano, como patrimonio de los trabajadores y como garante de sus derechos a la salud y a la seguridad social. Dicha reforma atendió a la inminente necesidad de realizar una reestructuración integral, a efecto de corregir la precaria situación financiera en la cual se encontraba, toda vez que presentaba un pasivo de pensiones que en su momento representaba poco más de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

La falta de recursos del instituto no era suficiente para atender las necesidades de 2.8 millones de asegurados y pensionados, que junto con sus familiares ascendía a poco más de 10 millones de personas, que requerían servicios médicos. Eso sin contar a los 32 mil niños en servicio de guardería y el problema de rezago de los pagos en créditos personales y de vivienda.

A decir del propio ISSSTE, fue conservado el régimen público y solidario para el otorgamiento de los servicios de salud, pensiones, vivienda, préstamos personales, estancias infantiles y demás prestaciones. Se transitó a un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, en el que la pensión de cada trabajador es igual a sus aportaciones más los intereses generados durante su vida laboral, también se previó un esquema de ahorro solidario, permitiendo además la libre portabilidad de las cuentas, al facilitar la migración de los recursos entre el sector público y privado. También se creó un órgano desconcentrado del propio ISSSTE, denominado Pensionissste, encargado de administrar las cuentas individuales.

Segunda. La serie de cambios referidos, deben reportar una importante disminución en el índice deficitario del ISSSTE, para ello, dicho instituto tiene la obligación de presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, entre otros, la situación financiera de los seguros y las reservas de los mismos a corto, mediano y largo plazos, en cumplimiento de la fracción XIX del artículo 214 de la Ley del ISSSTE, asimismo, el artículo 14 señala que el instituto recopilará y clasificará la información sobre los derechohabientes, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar.

Dicha disposición también refiere que con base en los resultados de los cálculos actuariales que se realicen, deberán proponerse al Ejecutivo federal las modificaciones que fueran procedentes.

Tercera. En apoyo a las disposiciones referidas, fue incluida en la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, a través del contenido del artículo cuadragésimo sexto transitorio, una disposición que establece que adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la ley, para garantizar que beneficie a los trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del instituto, este ordenamiento será revisado por la junta directiva cada cuatro años.

El ISSSTE, presentó el Informe Financiero y Actuarial 2011 (IFA 2011), el 23 de junio del mismo año, pretendiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo sexto transitorio, respecto de la obligación de informar sobre el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

A lo largo de dicho documento se señala que el informe corresponde con el cuarto Informe Financiero y Actuarial, a partir de la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE, que fue dictaminado por el auditor externo que es PriceWaterhouseCoopers, SC; utilizando como fuentes de información: a) la situación actuarial y financiera de los seguros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al 31 de diciembre de 2010, para un escenario base, desarrollada por la Dirección de Finanzas del Instituto, con la asesoría de Hewitt Associates, SC; b) información generada por la Dirección de Administración, la Dirección Médica, la Dirección de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto, la Dirección Jurídica, la Secretaría General y la Dirección de Finanzas; c) los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2010, dictaminados por la firma PriceWaterhouseCoopers, SC; y d) con información de las instituciones como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Cuarta. Sin embargo, es el caso que dicho informe es omiso en señalar cuál es la situación que prevalece respecto la viabilidad futura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dejando de cumplir de manera cabal con la disposición del artículo cuadragésimo sexto transitorio.

En todo el documento se omite establecer de manera expresa un apartado relativo a la viabilidad futura de dicho instituto, al parecer dicha viabilidad debe inferirse del resto de los rubros que se informan como son, por mencionar algunos, el entorno institucional, demográfico y epidemiológico, resultados del programa Prevenissste, Cobertura, Financiamiento, Beneficios y Riesgos Cubiertos, cuotas y aportaciones, Sistema integral de créditos, Situación financiera y actuarial de los seguros y sus reservas como son el seguro de salud, el de invalidez y vida, el de riesgos de trabajo y el de servicios sociales y culturales, por cierto, que en este rubro no se refleja la gravedad de uno de los mayores problemas que tiene el instituto, que es el que presenta el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITYF) y Turissste, que operan en números rojos, con un déficit del orden de 11.0 por ciento de sus propios ingresos.

En efecto, el informe referido no realiza, ni establece de manera puntual la viabilidad futura del instituto, incluso en la parte relativa a las conclusiones y recomendaciones, cierra señalando que:

1) Al 31 de diciembre de 2010, tenía constituidas reservas por 45 mil 175 millones de pesos. El incremento estimado a las reservas para el ejercicio 2011 asciende a 7 mil 677 millones de pesos;

2) Que el informe ha enfocado el análisis de posibles riesgos institucionales en el problema de salud y financiero derivado de la alta prevalencia del Síndrome Metabólico y Diabetes Mellitus tipo II, presentando una propuesta para enfocar los esfuerzos del instituto en la prevención de esta enfermedad a través de las acciones de Prevenissste y algunas otras encaminadas a la detección temprana de la enfermedad y a los hábitos de salud de los derechohabientes;

3) Que en cuanto a los pasivos laborales contingentes se ha observado un incremento en el número de demandas laborales por parte de trabajadores del ISSSTE, que son separados de sus funciones, las cuales tiene un doble impacto financiero para el instituto. Uno directo tomado de las indemnizaciones que debe pagar y uno directo representado por el elevado número de litigios que requieren la atención de los recursos humanos de la Dirección Jurídica del instituto; y

4) Que en lo referente a la inversión en activo fijo y equipo de las instalaciones médicas, cuya infraestructura se ha visto incrementada y mejorada, en especial a partir de la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE, mediante la implementación del programa de fortalecimiento para el periodo 2007-2009, para el año 2010 el fortalecimiento de dicha infraestructura médica ha continuado aún sin los recursos extraordinarios del programa referido.

Finalmente, con base en el análisis de la información y resultados de las proyecciones presentadas en el informe, se recomienda:

• Continuar y reforzar las acciones de Prevenissste. Ampliar el análisis estadístico de estas acciones para verificar su éxito en cuanto al objetivo de prevención de la salud, o bien adaptar dichas acciones para el logro de los mismos.

• Ampliar acciones de Prevenissste, sustentadas en análisis costo-efectivos que permitan focalizar adecuadamente los esfuerzos de la prevención.

• Continuar incentivando la participación de los asegurados en el programa Prevenissste dentro del mismo instituto y en las dependencias para difundir la importancia de tener hábitos de vida saludables hará que el programa Prevenissste se fortalezca.

• Implementar un sistema de estadísticas para la determinación de tablas de mortalidad específicas para los trabajadores y pensionados del ISSSTE que sean utilizadas en la determinación de rentas vitalicias.

Toda vez que resulta evidente la omisión en que incurre la junta directiva del ISSSTE, al dejar de establecer de manera expresa y puntual, cuál es la viabilidad futura del instituto y en los avances en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados en la ley por la autoridad competente, en contravención de lo dispuesto por el artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es que se acude, ante esta tribuna para exhortar se dé cabal cumplimiento al citado ordenamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del ISSSTE, relativo al cumplimiento de los objetivos expresados en dicho ordenamiento y sobre el estudio de viabilidad futura del instituto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Sonora a dar marcha atrás al incremento de impuestos y derechos estatales que se pretende cobrar en 2013, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares y Faustino Félix Chávez; diputados federales integrantes de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representando al estado de Sonora, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal, licenciado Guillermo Padrés Elías, y al honorable Congreso de Sonora, a dar marcha atrás al incremento de impuestos y derechos estatales que se pretenden cobrar en dicha entidad durante el año 2013; con base en las siguientes

Consideraciones

Como todos ustedes lo saben los impuestos son tributos que se pagan a las Administraciones Públicas y al Estado para soportar los diversos gastos en que estos incurren. El pago de estos es obligatorio y exigido a personas físicas y morales. Cada año en esta Honorable Cámara de Diputados tenemos la obligación de decidir el origen de los ingresos que tendrán la federación, los estados y los municipios; así como la distribución de dichos recursos en el presupuesto de egresos.

A su vez, en el ámbito local, los Congresos Estatales deciden el origen sus ingresos, incluyendo el cobro de los impuestos que harán a sus ciudadanos.

El gobierno del estado de Sonora, dentro del documento denominado “Criterios Generales de Ingreso - Gasto para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013”, establece en la página 30 lo siguiente:

“...

Para lograr estas metas de ingresos, se propone aplicar para el ejercicio fiscal 2013, un conjunto de medidas establecidas bajo los principios y políticas de ingresos, que den certidumbre a su logro:

• Implementar los siguientes nuevos impuestos; la Contribución al Fortalecimiento Municipal, el Impuesto Sobre la Extracción de Pétreos, el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y el Impuesto para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa (anexos 1 y 2).

• Modificar el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora ajustando su tasa al 15%.

• Establecer penalizaciones por pago extemporáneo del Impuesto Especial para el Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal.

• Implementar un nuevo servicio a la revalidación y canje de licencias para la venta de bebidas aplicando nuevos giros previstos en la Ley.

• En materia vehicular se propone la actualización a las tarifas por los servicios de expedición de placas, revalidación o renovación de licencias para conducir de acuerdo a la inflación esperada.

• Para aumentar la base de contribuyentes se efectuarán acciones de actualización del padrón del Régimen de Pequeños Contribuyentes a través del Programa de Peinado de calles permanente.

• En cuanto a contribuyentes del régimen de intermedio del Impuesto Sobre la Renta, se fomentará su cumplimiento con el fisco estatal, al intensificar las acciones relativas a detección de contribuyentes que haya omitido sus obligaciones de registro y pago del 5% al Gobierno del Estado.

Retomando

La Ley de Ingresos del Estado de Sonora se aprobó, por parte del Congreso del Estado, con vicios en su procedimiento, pues los propios legisladores manifiestan que no existió un dictamen de la Comisión de Hacienda para ser votado en el Pleno.

Los aumentos a los impuestos presentados por el Ejecutivo Estatal de Sonora afecta no solamente al campo, a la micro, pequeña y mediana empresa, a la educación superior, a la ciencia y la tecnología y a la inversión pública en infraestructura, actividades sustantivas para las expectativas de bienestar y desarrollo social; sino también de manera directa a las familias Sonorenses. En algunos casos, se registraron incrementos por más del 2,000% en tan sólo un año, lo cual agrava afecta severamente los bolsillos de las familias sonorenses.

Que en un escenario como el que está viviendo la sociedad mexicana de recuperación económica, estabilidad financiera y tratando de evitar una crisis de mayor dimensión; no se considera conveniente que el Ejecutivo Estatal aumente los impuestos a las familias y empresas sonorenses.

Inclusive, la creación del impuesto llamado Comun (Contribución al Fortalecimiento Municipal), contraviene el sentido de esfuerzos anteriores y de los esfuerzos que la propia Cámara de Diputados Federal realizó para eliminar el cobro de la tenencia de vehículos; mismo que fue reducir la carga impositiva a los consumidores y eficientar la función administrativa tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales.

Un impuesto de esta naturaleza, inevitablemente terminaría propiciando una caída del poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, del nivel de vida de las familias sonorenses. Lo anterior afectaría de manera particular a las familias que tienen menores ingresos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, los que suscribimos Diputados Sonorenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se pronuncie en contra de la creación de nuevos impuestos en el estado de Sonora como lo es la Contribución al Fortalecimiento Municipal (Comun) , y se exhorte al Ejecutivo Estatal, para que proponga la derogación del artículo 212 de la Ley de Hacienda para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte al Honorable Congreso del Estado de Sonora a que promueva una Reforma a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, en atención a los vicios que se suscitaron en el procedimiento de aprobación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días de febrero del año dos mil trece.

Diputados: Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Faustino Félix Chávez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a informar a la opinión pública sobre las tres alzas de las gasolinas ocurridas en la presente administración, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En lo que va de la presente administración se han dado tres aumentos al precio de las gasolinas. El primero fue el 8 de diciembre de 2012 de 8 centavos, el segundo el 5 de enero de 11 centavos y el tercero apenas el pasado 9 de febrero también de 11 centavos que representan 22% más de lo que lo venía aumentando la administración pasada, por lo que calificamos al PRI de incongruente al permitir que se den estos aumentos en el precio de las gasolinas, cuando en el sexenio pasado demandaban constantemente su desaparición, bajo el argumento de que se arriesgaba el futuro del país, y hoy son quienes ni se inmutan por estos tres aumentos que se han dado.

Como lo mencione en la sesión de la Comisión Permanente del 16 de enero, en Acción Nacional no vamos a incurrir en prácticas irresponsables y no vamos a vulnerar de ninguna manera las finanzas públicas con posiciones demagógicas, pero si solicitamos al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el que detengan cuanto antes este deslizamiento en los precios de los combustibles, hasta que no se exponga de manera clara y precisa la política que seguirá este gobierno en relación a los precios de las gasolinas, para que la población tenga pleno conocimiento sobre qué política se instrumentará.

Si en el 2012 se reportó que el subsidio a las gasolinas tuvo un costo 206 mil millones de pesos en perjuicio de las finanzas públicas y por ello es que es indispensable ir eliminando gradualmente el subsidio y mes a mes es que se autorizan estos aumentos, considero de justicia elemental que el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, explique de manera detallada a la opinión pública, de los tres gasolinazos que van en la presente administración que representan aproximadamente $50 mil millones de pesos que se han dejado de gastar por concepto de subsidio, hacia que rubros serán destinados esos recursos, ya sea a programas sociales, impulso a proyectos productivos, servicios de salud, etc., eso es lo que queremos conocer, hacia donde se están canalizando esos recursos que ya no son para subsidiar las gasolinas.

Les solicito a mis compañeros legisladores de todas las fracciones que actúen con responsabilidad, sensibilidad y se sumen aprobando este punto de acuerdo a favor; para que el secretario de Hacienda como ya lo mencione, le dé una amplia explicación al pueblo de México sobre cuál será el destino de los recursos que se están dejando de aplicar al subsidio a las gasolinas.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2 fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, para que explique de manera detallada a la opinión pública, sobre los tres aumentos al precio de las gasolinas que se han dado en la presente administración, ¿cuál es el monto que se ha dejado de invertir por concepto de dicho subsidio y hacia que rubros serán destinados esos recursos que ya no subsidiaron el precio de las gasolinas?

Palacio Legislativo, a 12 de febrero de 2013.

Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento del acuerdo signado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre el origen de la explosión sucedida en Pemex el 31 de enero de 2013, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31, numeral 2, y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Poco antes de las cuatro de la tarde del día 31 de enero de 2013, tuvo lugar una fuerte explosión en el edificio B 2 del centro administrativo de Petróleos Mexicanos. Cuyo saldo, hasta este momento, es de 37 muertos y más de 100 heridos.

En primer lugar, ratificamos nuestras más profundas condolencias a los familiares de las y los trabajadores y demás personas que perdieron la vida. Y solicitamos que, de manera ágil, se les otorguen las prestaciones económicas y demás a que tienen derecho, incluidos a los deudos de quienes no eran trabajadores de Pemex, destacadamente de la menor de edad que dolorosamente perdió la vida en estos hechos; para evitarles mayores sufrimientos.

Para los heridos que aún se encuentran hospitalizados, algunos de ellos de gravedad, se les brinde la mejor atención, que permita preservar su vida y salud. A los que ya fueron dados de alta se les continúe otorgando el apoyo necesarios, hasta su total rehabilitación.

Hechos de tal gravedad, requieren, por respeto a las víctimas y sus familias, al derecho humano a la verdad, y la significación económica e histórica de Pemex; que se investiguen en forma profunda y absolutamente objetiva, de manera que la determinación de las causas, nos lleve a la prevención de hechos tan dolorosos. Y en su caso, se sancione a los responsables.

El pasado 5 de febrero, el Senado de la República aprobó en el seno de su pleno un punto de acuerdo que en su quinto resolutivo a la letra dice:

“Quinto: El Senado de la República acuerda mandatar a los senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que se involucren en los trabajos de seguimiento a las actividades que desarrollan las autoridades correspondientes y los órganos de Petróleos Mexicanos para conocer las causas que originaron el siniestro”.

También el pasado 5 de febrero, diversos funcionarios de la administración pública federal encabezados por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, invitaron a conformar un grupo de legisladores para que conocieran y se integraran a los trabajos en el caso en comento.

El pasado 6 de febrero de los corrientes la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional firmó un acuerdo por todos sus integrantes en donde se argumenta en los considerandos entre otras cosas que:

“...Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado que realiza funciones de importancia estratégica para el país...”

“...que la gravedad de estos acontecimientos, por la lamentable pérdida de vidas humanas y la afectación a la infraestructura de Petróleos Mexicanos resulta determinante que el mismo sea considerado como un riesgo que puede afectar la seguridad nacional”.

Por tal motivo, en el precitado documento de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se acordó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios ahí representados, entre otras cosas:

1) Citar a comparecer ante dicha comisión bicamaral a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Energía, de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, el lunes 11 de febrero de 2013, en la sede del senado de la República en la hora que se acordará posteriormente con la finalidad de dar seguimiento a las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Pemex el pasado 31 de enero.

2) Comunicar dicho acuerdo a las presidencias de las Mesas Directivas de ambas Cámaras y

3) Solicitar el apoyo del presidente de la mesa directiva del Senado de la República para realizar las citaciones señaladas en el acuerdo.

Sin embargo, la fecha se cumplió y no llegó ni la información previa que también se solicitaba en el acuerdo, ni mucho menos se cumplió con la comparecencia.

Este es un hecho insoslayable del cual no se puede abstraer el Poder Legislativo, por ello la Cámara de Diputados, más allá de crear un grupo especial debe aprovechar sus comisiones instituidas e instruir a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a dar seguimiento a tal acuerdo.

Por ello exigimos que se respete el trámite del acuerdo signado por esta Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y se reponga la fecha de la comparecencia, en donde también acuda la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Ratificamos, nuestras más profundas condolencias a los familiares de las trabajadoras y trabajadores, y demás personas, que perdieron la vida a consecuencia de la explosión sucedida en el edificio B 2 del centro administrativo de Petróleos Mexicanos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República a dar los trámites correspondientes para la citación de los funcionarios referidos en el acuerdo de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, del pasado 6 de febrero. En donde se reponga la fecha de la comparecencia en los términos del multicitado acuerdo, en un lapso no mayor a 5 días naturales.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a instruir a los integrantes que pertenezcan a esta Cámara y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a dar continuidad al acuerdo precitado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2013.

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de fortalecimiento de la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos estudios han detectado que empresas asentadas en nuestro país, ya sea de capitales nacionales o extranjeros, buscan profesionistas extranjeros para ocupar puestos directivos, toda vez que las instituciones de formación profesional mexicanas no logran formar los perfiles necesarios para ocupar dichas posiciones. La percepción generalizada es que no hay candidatos con las capacidades necesarias, por ejemplo: de acuerdo con Michael Page, empresa mundialmente líder en reclutamiento especializado de ejecutivos de gerencia media y de alta dirección: “México es un país donde hay una falta de talento, las universidades todavía no producen suficientes candidatos para trabajar en la empresa que llamamos AAA, que es una empresa mexicana en Bolsa o exportando productos en otros países o empresas internacionales donde hay un nivel alto de competencia”.

A mayor precisión, es menester señalar que la expedición de documentos FM3, que incluyen actividades lucrativas o de trabajo, 33 mil 853 en 2008 a 41 mil 52 en 2011, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración.

Por otro lado, es oportuno mencionar que México ocupa el lugar 53 entre 140 países en competitividad, de acuerdo al Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial.

En razón de lo anterior, la presente legislativa no puede ni debe hacer caso omiso de la realidad existente y de la problemática que de ahí se deriva, por lo que es necesario que en esta nueva economía cada vez más global, el capital humano incremente su importancia en las estrategias de fomento de competitividad y su determinante, la innovación, encontrando un óptimo referente en la ley y en la aplicación de las políticas gubernamentales.

Peter Drucker, señala con acierto que “el conocimiento es la nueva base de la competitividad en la sociedad poscapitalista”. Por ello, desde el Poder Legislativo debemos dimensionar que el gran cambio está marcado por la transición del paradigma de la sociedad industrial al paradigma de la sociedad del conocimiento, por lo que la nueva era del trabajo implica la aplicación del conocimiento como la nueva fuente de creación de valor y riqueza.

La generación de valor agregado, vía conocimiento, es la innovación y la mejora de los productos y servicios de las empresas que provienen de la inteligencia y la creatividad de las personas, de ahí que es menester impulsar la estrategia pública que permita vincular a las instituciones de educación superior con las necesidades del mercado laboral, así como la instrumentación de programas de capacitación permanente en las diferentes esferas directivas y para los diferentes escalafones laborales.

El entorno económico actual se caracteriza por un acusado ritmo de progreso técnico, cuyos aspectos como la innovación, las nuevas tecnologías junto a la capacitación del recurso humano, se constituyen en factores determinantes para la competitividad y el crecimiento económico, de ahí que ponga a consideración de esta soberanía la presente proposición:

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura se constituya la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación para su debida vinculación con el aparato productivo y otorgar impulso a la competitividad.

Tercero. La comisión especial, será un espacio de análisis, discusión e interlocución que permita desarrollar instrumentos legislativos que coadyuven al impulso del desarrollo y la competitividad en México, a través del fortalecimiento de la educación superior y la capacitación en todos los niveles, en el contexto de los retos que plantean la sociedad del conocimiento y el desarrollo humano. Y tendrá como prioridades legislar para:

a) Garantizar la incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y estándares cada vez más exigentes en todas las instituciones y programas de educación superior.

b) Fortalecer políticas públicas para la capacitación.

c) Replantear, en el marco de la reforma hacendaria un régimen fiscal adecuado para los profesionales de la capacitación y las empresas que tengan como prioridad formar a su capital humano.

d) Abrir y vincular las nuevas tecnologías y la reducción de la brecha digital a la competitividad.

e) Vincular la oferta educativa y la demanda laboral.

f) Impulsar el desarrollo y adquisición de actitudes, aptitudes y habilidades, así como diferentes herramientas en los profesionistas nacionales, a efectos de dar respuesta a las necesidades organizacionales de esta nueva era.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Cuarto. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Quinto. La comisión, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los once días de febrero de dos mil trece.

Diputada Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Coahuila y de Durango a aplicar en el denominado “Operativo Laguna. Coahuila-Durango” las acciones y medidas que tuvieron resultados favorables en el programa Todos Somos Juárez, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

Ante la ola de inseguridad que afectaba a nuestro país, el gobierno federal creó lo que se denomino “Estrategia todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad”, que consistió en un programa de acción integral del gobierno federal con la participación del gobierno del estado de Chihuahua, el gobierno municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense.

Dicho programa, a decir de quienes participaron en él, no tiene precedentes en el diseño e implementación de políticas públicas.

La Estrategia Todos somos Juárez tiene tres características fundamentales: participación ciudadana, integralidad de las políticas públicas y corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno.

Consistió en 160 acciones concretas que se realizaron en la ciudad, buscando que la mayoría de esas acciones mostrarán resultados concretos en menos de 100 días.

La participación ciudadana consistió en que el gobierno federal reconoce que los juarenses son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y por lo tanto organizó mesas de trabajo con diversos representantes ciudadanos para conocer sus opiniones y desarrollar propuestas concretas para atender la problemática. En esas mesas de trabajo se tuvo una amplia participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, jóvenes y muchos otros ciudadanos interesados en contribuir en la búsqueda de soluciones. Por lo que establecieron compromisos concretos y se definieron a los representantes ciudadanos, quienes a través de consejos ciudadanos, dieran seguimiento y vigilancia continua al avance de los compromisos.

Integralidad de las políticas públicas. El problema en requería de soluciones integrales. Pues si bien es cierto que la falta de seguridad era el problema que más aquejaba a la vida diaria de los juarenses, también existían otros problemas económicos y sociales que alimentan la inseguridad y amenazan la calidad de vida de la ciudad. Por ello, la estrategia utilizada no sólo contemplo acciones en el tema de seguridad pública, sino que también incluyo compromisos concretos en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social.

Corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno. La estrategia implicó una efectiva coordinación de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, las dependencias y secretarías del gobierno federal trabajaron con sus contrapartes estatales y municipales para asegurar que las acciones y compromisos acordados fueran integrales, de alto impacto y atendieran de fondo la problemática de la ciudad. El éxito de esa estrategia fue la inversión en desarrollo humano.

Problemas de inseguridad similares se viven en diversos puntos geográficos de nuestro país, en la denominada zona de La Laguna, que abarca los estados de Coahuila y Durango, existe una problemática que no se ha querido o podido atender a tiempo y por lo tanto ahora los habitantes de dicha zona ven con temor el incremento de la inseguridad y la violencia.

Los habitantes de la región, padecemos desde 2008, todos los días los efectos negativos de la ola de violencia que ahí se viven. Niños, jóvenes y adultos, han padecido la alteración en su forma de vivir ante el temor constante por los hechos de violencia que se han venido recrudeciendo, fundamentalmente en los tres municipios más grandes que son Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, pertenecientes a los estados de Coahuila y Durango. Se trata de una zona muy compacta, donde estos tres municipios pertenecientes a dos estados tienen una enorme importancia económica, tienen un desarrollo de infraestructura, de servicios, que se ha venido alterando en los último tiempos.

Si bien es cierto que ya desde hace más de un año se creó el denominado “Operativo Laguna. Coahuila-Durango”, bajo un esquema de coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de debilitar a los grupos criminales que operan en la región. Dicho operativo no ha tenido los resultados esperados por la población.

En las calles, hay más fuerzas federales y estatales, más elementos del Ejército y la Marina pero esto no ha sido suficiente para detener la ola de violencia en la región. Pues el fenómeno no puede atacarse solamente con elementos policíacos y de manera aislada, sino que se requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, de manera coordinada y decidida. Con la participación decidida de la sociedad.

Por más que las autoridades estatales de Coahuila insistan que el Programa está dando resultados la realidad que encuentra el ciudadano en las calles es distinta. Sigue existiendo el temor a caminar tranquilamente, a que en cualquier momento se puede ser víctima de un acto delictivo o cruzarse en un acto de inseguridad. Las ejecuciones han aumentado y la zozobra existe en cada parte de la Laguna, por lo que este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a quienes intervienen en este “Operativo Laguna. Coahuila-Durango” a que repliquen las medidas y estrategias que se implementaron el Programa de Todos somos Juárez para que se consigan resultados en un corto tiempo.

La importancia de La Laguna y su desarrollo la ha llevado a ser considerada como una zona metropolitana, denominada así, zona metropolitana de La Laguna a la cual se la ha destinado para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el Anexo 19, la cantidad de 422 billones 749 mil 444 millones de pesos.

Lo que los habitantes de La Laguna requieren es que los recursos del Fondo Metropolitano se utilicen en resolver el problema más importante que es el de la inseguridad en todas sus vertientes, en lugar de obras de relumbrón o superfluas, que se inviertan en acciones que eleven la calidad de vida de los laguneros, que se fomente el empleo, que se invierta en los jóvenes, en becas y oportunidades para los habitantes; más empleo temporal, micro créditos, el doble de becas para alumnos de secundaria, preparatoria y universidad, en acciones de cultura, deporte, capacitación y créditos accesibles a artes u oficios, recuperación de espacios públicos todas estas acciones deberán forzosamente ir acompañadas de la participaciones de la sociedad civil, cámaras y organismos empresariales, académicos, amas de casa, empleados, universitarios, que son quienes padecen el problema y están dispuestos a participar en aras de un mejor ambiente para desarrollar sus actividades.

Es necesario que los tres órdenes de gobierno intervengan para atender de inmediato este problema. Pero que intervengan destinando recursos económicos e implementando acciones conjuntas que den resultados en un máximo de cien días.

Por eso proponemos, por un lado, replicar las estrategias implementadas en Ciudad Juárez, fundamentalmente los conceptos de:

La participación ciudadana

Integralidad de las políticas públicas.

Corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno.

Por otro lado, se busca exhortar a las autoridades estatales de Coahuila y Durango a utilizar los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, en lo correspondiente a la zona de La Laguna, para atacar el problema de inseguridad.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los Ejecutivos de Coahuila y de Durango a que en el programa denominado “Operativo Laguna. Coahuila-Durango” se apliquen las acciones y medidas implementadas que tuvieron resultados favorables en el Programa “Todos somos Juárez”, basadas en acciones de participación ciudadana, integralidad de las políticas públicas y corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas establezcan a la brevedad un acuerdo para que de los recursos destinados a la zona metropolitana de La Laguna, previstos en el Presupuesto de Egresos para 2013, se utilicen, en lo que corresponda, para combatir la inseguridad que prevalece en la zona de La Laguna.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el martes 11 de febrero de 2013.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a analizar, discutir y, en su caso, aprobar modificaciones de su legislación civil a fin de elevar a 18 años la edad mínima de los contrayentes para casarse, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 11 de octubre con el tema “Terminar con el Matrimonio Infantil”, con el que se consideró que los estados deben tomar medidas urgentes para lograr la erradicación del matrimonio en la infancia.

El matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, y sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. Debido a que el matrimonio crea vínculos, establece una serie de obligaciones, derechos y mandatos respecto a los roles de género, en las mujeres se traduce en relaciones de poder desiguales.

Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los amigos, la interrupción de su educación, la reducción de oportunidades. El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro su salud física y mental, como los embarazos prematuros.

Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas, y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad.1

En México, la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.2

Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas, pues deben asumir otras responsabilidades como el cuidado y manutención del hogar y los hijos.

La ONU ha señalado que el matrimonio infantil es una forma de esclavitud que no tiene ninguna justificación y debería ser penalizado como un crimen. En la actualidad únicamente 113 países, de los 193 Estados Miembros de la ONU, prohíben el matrimonio infantil.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Esta situación va en contra de la Convención sobre los Derechos de los Niños aprobada por la ONU, por lo cual resulta urgente una reforma en los estados para impedir uniones de ese tipo.

El índice más elevado en matrimonios, divorcios y viudez infantil se encuentra en el Estado de México, pues más de 48 mil niños y adolescentes que residen en esta entidad declararon que están casados o viven actualmente en unión libre.

Cabe mencionar que de acuerdo a un estudio sobre los adolescentes mexicanos, realizado por el INEGI, más de 240 mil menores de 18 años se han enfrentado por lo menos a una disolución de su matrimonio como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de responsabilidades.

Es importante destacar que el Comité de los Derechos del Niño perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, exhortó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse, pero a la fecha algunos estados de la república no han acatado este señalamiento, a pesar de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, son de observancia obligatoria.

Reconocemos que algunos estados han legislado sobre el tema, como es el Distrito Federal que en su artículo 148 del Código Civil, establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de catorce años. En otros más como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas la edad establecida para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos futuros cónyuges.

Ahora bien, con los cambios que se están dando en la sociedad es imposible ignorar lo evidente, pues la sociedad exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otras naciones y se retome a las entidades federativas con mayor avance de nuestro país, y por ello el legislador permanente no puede pasar por alto estos cambios en beneficio del pueblo de México.

Es inaceptable que a pesar de los avances referidos en los estados antes mencionados, aun conservemos en otras entidades federativas tales como: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que la edad vigente para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 16 años, por lo que en este sentido, afirmamos que es necesario que los estados de la Federación, analicen, discutan y en su caso aprueben modificaciones a su legislación civil para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio, logrando con ello reducir los riesgos de violencia hacia las niñas, el embarazo adolescente dando mayor atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños, su acceso a la educación y al pleno goce de sus de derechos y acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de la Federación, para que analicen, discutan y en su caso aprueben modificaciones a su legislación civil para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio.

Notas

1 Unicef, Tema 2012: Terminar con el matrimonio infantil, Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, octubre de 2012.

2 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro enero de 2013

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal y al delegacional en Benito Juárez a prohibir la construcción de complejos habitacionales en la calle Miami, en dicha demarcación, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita que se turne a la Comisión del Distrito Federal de esta honorable Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 16 de febrero de 2004 entró en vigor el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el cual se regula la implementación de las manifestaciones de construcción de una obra o instalación, en su título cuarto.

2. Con fecha 6 de mayo de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en Benito Juárez.

3. El 15 de diciembre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso de inicio del proceso de revisión, modificación y actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes, versión 2010 con el propósito de adecuar los instrumentos de planeación a la dinámica urbana del territorio en estas colonias en particular.

Considerandos

Primero. Que La estructura poblacional en el área de estudio presenta una composición por grupos de edad similar a la que se observa en la delegación Benito Juárez. La composición de la población ha ido cambiando en los últimos 20 años, ya que ha sufrido un proceso de envejecimiento. Dentro de este patrón el grupo de población infantil (de 0 a 15 años) ha ido descendiendo porcentualmente, la población entre 15 a 64 años se ha expandido en términos absolutos y porcentuales y la población madura ha crecido en cantidad y porcentaje. Este proceso de envejecimiento se ha presentado en toda la ciudad de México, sobresaliendo las delegaciones centrales, en donde destaca la delegación Benito Juárez.

El crecimiento urbano alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el proceso de transformación económica, política y social que se presenta actualmente en la Delegación Benito Juárez, las Colonias de San José Insurgentes y Nápoles se caracterizan funcionalmente como subcentros de oficinas privadas, comercio y vivienda plurifamiliar de nivel socioeconómico alto y medio: constituyéndose en el caso de San José Insurgentes por el núcleo de oficinas corporativas y en la Colonia Nápoles, localizada en el polígono de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Noche Buena”, por el edificio Corporativo y Centro Comercial World Trade Center, los cuales se encuentran en proceso de consolidación. Otra área con funciones de subcentro es Xola, que concentra las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Segundo. Que una de las principales problemáticas del Desarrollo Urbano en la Delegación Benito Juárez, es la desmedida construcción de complejos habitacionales, provocando la falla y falta de los servicio públicos en donde se han ubicado este tipo de construcciones.

La implementación del procedimiento de las manifestaciones para construir, ampliar, reparar o modificar vivienda han permitido el excesivo crecimiento de los mismos, esto toda vez que para comenzar a demoler o construir sólo se requiere que el interesado presente en el formato correspondiente y ante la autoridad competente la declaración, bajo protesta de decir verdad. Proceso en el que la autoridad Delegacional solo interviene como sujeto de recepción y registro de los documentos anexos, momento en el cual el interesado puede comenzar a construir. Esto de conformidad con el artículo 48, último párrafo del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

Dicho ordenamiento antes referido indica que la autoridad competente, en este caso la Delegación Benito Juárez, hasta el momento en que esta misma realice su registro, podrá revisar los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Tercero. Que es atendible la demanda ciudadana que me manifestaron los vecinos durante los recorridos realizados durante el mes de enero del año en curso a lo largo del distrito que represento, en el cual me solicitaron gestionar la cancelación en primera instancia de la demolición de dos viviendas signadas con los números 70 y 72 en la calle cerrada Miami en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, ya que existe la preocupación de los vecinos por las afectaciones causadas por el paso de vehículos de carga, ya que solo existe una calle angosta para la entrada y salida de sus carros, así como la afectación estructural por la demolición de las viviendas de referencia.

La segunda petición manifestada es que se cancele también cualquier tipo de autorización para la construcción de complejos habitacionales en dicha calle, esto por el temor fundado de los que en ella habitan, así como en las colindantes a saber; que al cuadruplicar el número de habitantes en la zona en consecuencia comenzaran a fallar y escasear los servicios públicos, así como el detrimento del equipamiento urbano de la calle.

Todo lo anterior, ya que es del conocimiento de los peticionarios y del suscrito que en los predios de referencia, se pretende edificar una construcción de 28 departamentos, situación que sin lugar a dudas alienta justificadamente las preocupaciones citadas con anterioridad.

Cuarto. Que debe ser considerado por las autoridades responsables como los son el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Delegado en Benito Juárez, la cancelación de la demolición y construcción antes mencionadas, atendiendo los siguientes aspectos; que la infraestructura urbana en la demarcación se encuentra a su máxima capacidad y en consecuencia al fomentar más vivienda se pone en riesgo la distribución y eficiencia de los servicios públicos; lo que provocaría un efecto contrario al buen desarrollo socioeconómico y de gobierno, así como a largo plazo se pondría en riesgo la inversión de todos los que actualmente viven en la zona y los que en un futuro pretendan hacerlo.

Por lo a anteriormente fundado y motivado someto a consideración el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno, al ciudadano doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que no se le otorgue el registro ninguna manifestación de construcción que se solicite para la edificación de complejos habitacionales en la calle Miami en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez, así como en el caso de que ya se haya otorgado alguna se deje sin efecto la misma.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe delegacional en Benito Juárez, al ciudadano Jorge Romero Herrera, para que se revoquen las licencias de demolición para los predios 70 y 72 de la calle Miami, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a realizar un estudio pormenorizado de los usos de suelo de los predios 70 y 72 de la calle Miami, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, con el fin de que se determine la viabilidad del proyecto de vivienda que se pretende construir.

Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que someta a consideración del pleno la formación de un comité verde, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política someta al pleno de la Cámara de Diputados la conformación de un Comité Verde que establezca los principios y objetivos para que la Cámara de Diputados instrumente un programa para una Agenda Verde derivados de los compromisos asumidos en Cop16 y el desarrollo sustentable, y que dé seguimiento a sus avances a cargo del diputado Javier Orihuela García del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diputados de diferentes fracciones parlamentarias que suscriben este punto de acuerdo.

El diputado proponente, Javier Orihuela García, y los diputados que suscriben, integrantes LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor siguiente

Fundamento

El artículo 205 inciso primero del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que la Cámara puede constituir comités y comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

El artículo 206 establece que los comités son órganos auxiliares de las actividades internas de la Cámara.

Exposición de Motivos

Señala un clásico de nuestra vida política “compromiso que no se ve reflejado en la nomina o en el presupuesto es pura demagogia” y sin duda, en el compromiso de lograr mejores condiciones medioambientales, principalmente en la racionalización del consumo del agua, transición energética y manejo para la disposición de los residuos sólidos en la Cámara de Diputados estamos siendo omisos en este sentido.

Los compromisos que nuestro país firma en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas en su 16a. edición (COP16), y en el Anexo II del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se establecen como lineamientos para compartir e intercambiar conocimientos y avances en materia del cambio climático, así como en el debate de las mejores políticas y estrategias de sustentabilidad para aplicarlas en el corto tiempo para el diseño de políticas públicas en materia ambiental, y proponer estrategias en materia de cambio climático, además de mantener bien informada a la comunidad.

Si consideramos que en la Cámara de Diputados laboran 500 diputados y por lo menos un asesor y entre dos o tres acompañantes permanentes, además de aproximadamente 2 mil trabajadores de base de Cámara, más los trabajadores de servicios generales subcontratados, por lo menos cinco trabajadores operativos y asesores en las comisiones ordinarias, que para esta legislatura son 56 y 29 comisiones especiales autorizadas en el Reglamento de la Cámara de Diputados, con una estructura operativa de por lo menos cinco integrantes, más un volumen de visitantes entre mil a 3 mil personas diarias, lo que nos arroja un volumen de cerca de 8 mil personas en promedio por día, que asisten a nuestro recinto legislativo.

Sin embargo, la Cámara de Diputados no cuenta con un programa y mecanismo interno que permita instrumentar y dar seguimiento a políticas en materia de mitigación y adaptación frente a los efectos devastadores del cambio climático y que se aboque a la tarea de poner en la ruta de la atención de la Agenda Verde derivada de los acuerdos que en materia de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático ha firmado el gobierno de la república como representante del Estado mexicano, en la racionalización del consumo de agua, transición energética y en particular en la gestión de los residuos sólidos mandatada por la Ley de Residuos sólidos del Distrito Federal estableciendo tres líneas de acción del Comité Verde.

1. Dar seguimiento sustentable y tratamiento a las aguas residuales que se generan en esta Cámara de Diputados.

2. Establecer un sistema fotovoltaico bidireccional que permita sustituir parte de la energía eléctrica que se usa por energía solar en el recinto legislativo.

3. Establecer un sistema de tratamiento, separación y reducción de residuos sólidos que aquí se generan.

Por lo tanto se requiere que la Cámara de Diputados cuente con un órgano competente en la materia, por lo que se somete como punto de acuerdo al pleno de la Cámara la conformación de un Comité Verde bajo los siguientes:

Resolutivos

1. Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pueden constituir comités y comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales, que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

2. Que con fundamento en el artículo 206, numeral 1, los comités son órganos auxiliares de las actividades internas de la Cámara de Diputados, además de los señalados en la ley habrá uno por cada centro de estudios. Tendrán las siguientes tareas:

I. Definir políticas y programas generales para el desahogo de las actividades a su cargo,

II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad encomendada, y vigilen su aplicación, y

III. Supervisar a las áreas involucradas.

3. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1, de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas en materia de mitigación y adaptación de medidas frente al cambio climático, habrá un Comité Verde.

El acuerdo de su creación será propuesto al pleno por la Junta de Coordinación Política y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones.

4. Que la Junta de Coordinación Política, en el desarrollo de las tareas en el ámbito de su competencia, establezca el criterio de cuidar que los trabajos de la Cámara de Diputados se ajusten a parámetros estrictos de mitigación y adaptación de las acciones orientadas a la contención de los efectos del cambio climático que tienen lugar en este órgano legislativo en favor de una mayor eficacia en el desempeño sustentable de la Cámara en su conjunto, y la debida rendición de cuentas.

5. A las reuniones del Comité Verde concurrirá el secretario general de la Cámara, con voz pero sin voto, acompañado del secretario de Servicios Administrativos y Financieros y, en su caso, de los funcionarios que requieran los temas por tratar.

6. El Comité de Verde será integrado por un presidente y un representante de cada una de los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura y durará hasta el término de la legislatura.

7. El presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del comité, que serán ordinarias para el seguimiento de asuntos programados y extraordinarios cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas, el citatorio a reuniones extraordinarias será también por escrito y en ambos casos se deberá contar con el acuse de recibo correspondiente a las reuniones extraordinarias se convocará con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. Los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente.

En caso de que el presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas deberán realizarse mediante la convocatoria de por lo menos tres miembros del comité.

El quórum requerido será el de la presencia de un número de representantes de los grupos parlamentarios que en conjunto representen 251 votos o más.

8. Para apoyar sus tareas, el comité contará con un secretario técnico, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente, llevará el registro de los acuerdos que se adopten, les dará el seguimiento y realizará las demás acciones que el Comité Verde le instruya.

9. El Comité Verde tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual uno de los diputados, representando a su grupo parlamentario, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo.

10. El comité actuará de acuerdo con un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. En el primer año de la legislatura, el plazo será de 60 días. El comité informará a la junta directiva de manera mensual sobre el avance en el cumplimiento del programa.

11. El comité determinará su propia organización y funcionamiento y los recursos que requiera para cumplir su responsabilidad.

Asimismo, el Comité Verde, para cumplir las facultades que le sean asignadas, podrá organizarse en los subcomités o crear los grupos de trabajo que estime conveniente, definiendo la integración y las tareas específicas de los mismos.

12. En términos de lo previsto en el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 47, 49, 50 y 52 del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la Secretaría General publicará las actas y los acuerdos adoptados por el Comité Verde.

13. Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política, que podrá revocar los acuerdos tomados por el Comité Verde que establezca.

14. El Comité Verde comenzará a operar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el mismo día en que se adopte este acuerdo.

En razón de lo expuesto, se somete a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política someta al pleno de la Cámara de Diputados la conformación de un Comité Verde que establezca los principios y objetivos para que la Cámara de Diputados instrumente un programa para una Agenda Verde derivados de los compromisos asumidos en Cop16 y el desarrollo sustentable y que dé seguimiento a sus avances.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Diputados: Javier Orihuela García, Víctor Reymundo Nájera Medina, Uriel Flores Aguayo, Jessica Salazar Trejo, Carlos de Jesús Alejandro, Guillermo Sánchez Torres, Yesenia Nolasco Rojas, Gloria Bautista Cuevas, Amalia Dolores García Medina, Crystal Tovar Aragón, Rodrigo González Barrio, Roberto González López González, Rosendo Serrano Toledo, José Antonio León Mendívil, Armando Contreras Ceballos, Víctor Manuel Manríquez González, Joaquín Navarrete Contreras, Francisco Rodríguez Montero, Raimundo Moreno, Agustín Barrios Gómez Segués, Domitilo Posadas Hernández, Roberto López Rosado, Verónica Carreón Cervantes, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Mario Méndez Martínez, Lorena Méndez Denis, José Luís Muñoz Soria, Hugo Sandoval Martínez, Alfa Eliana González Magallanes, Guillermo Sánchez Torres, Javier Treviño Cantú, Kamel Athie Flores, Lourdes López Moreno, Graciela Saldaña Fraire, Angélica Rocío Melchor Vázquez, Mario Cuevas Mena, Homero Niño de Rivera Vela, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Juan Bueno Torio, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Samuel Gurrión Matías, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Laura Ximena Martel Cantú, Erik Marte Rivera Villanueva, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Martha Lucía Mícher Camarena, Luis Sánchez Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales a unir esfuerzos en coordinación con instituciones públicas y privadas para intensificar mediante caravanas de salud las acciones de prevención del cáncer de mama, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El cáncer de mama ha trascendido como un importante riesgo para la salud a escala mundial. Los cambios demográficos y en estilos de vida han modificado la exposición de la población al riesgo de esta enfermedad.

Este padecimiento constituye en México desde el año 2006, la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años y más. La mayoría de los casos se presentan después de los 45 años, pero hoy en día están creciendo en mujeres que lo desarrollan en edades tempranas.

De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en nuestro país el 90% de los casos detectados de cáncer de mama, se hacen en las etapas III y IV, por lo que cada 2 horas muere una mujer mexicana por este mal.

En 2011, con cifras preliminares fallecieron 5,142 mujeres de 25 años y más, con una tasa de 16.7 defunciones por cada 100,000 mujeres de este grupo de edad.

Asimismo, los datos señalan que en nuestro país se registran alrededor de 14 muertes diarias, es decir, aproximadamente cada 2 horas muere una mexicana por esta causa.

De conformidad con el artículo 50 de la Ley General de Salud, "se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan" en esa Ley y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, en sus artículo 23 y 24 señala que "se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad" y que éstos se dividen en servicios de atención médica, de salud pública y de asistencia social.

Por tanto la atención médica se considera, en el artículo 32 de la misma Ley, el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Asimismo la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, reconoce tres dimensiones de la prevención: primaria, secundaria y terciaria, mismas que la norma define de la siguiente manera:

3.42 Prevención primaria, a las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo. Tiene como intervenciones la promoción de la salud, la protección específica y la quimioprofilaxis.

3.43 Prevención secundaria, a las medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en un individuo en cualquier punto de su aparición. Tiene como intervenciones los programas de detección precoz y tratamiento oportuno para limitar el daño.

3.44 Prevención terciaria, a las medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad o problema de salud.

Actualmente la Norma Oficial Mexicana, señala que debe ser a partir de los 40 años la realización de la mastografía, y se recomienda cada dos años entre los 40 y 69 años.

De acuerdo a datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud:

• A nivel mundial el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres.

• Cada minuto hay dos nuevos casos diagnosticados.

• 548 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto una mujer en el mundo pierde la vida debido a esta enfermedad.

• Cada año se registran más de 13,600 nuevos casos en nuestro país en mujeres y cerca de 95 en hombres.

• La edad promedio a la que se diagnostica la enfermedad es a los 58.2 años.

Ante este panorama, el Gobierno Federal en el sexenio pasado emprendió en todo el país programas específicos, así como mayores presupuestos para la atención de este padecimiento, ejemplo de ello es que actualmente existen 583 unidades con mastógrafo para la su detección. Es imperante recordar que durante dicha administración las caravanas de salud, resultaron fundamentales para el alcance de los importantes logros en materia de cobertura en salud.

De igual manera, se registraron en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 1,318,330 mastografías realizadas en mujeres de 50 a 69 años, esta cifra no incluye las realizadas fuera de este grupo como lo son las del DIF Nacional, Inmujeres, entre otros.

Como un gran logro, en el periodo 2007-2012 se triplicó la cobertura de detección con mastografía en mujeres de 50 a 69 años, al pasar de 7.2 a 21.6%, de acuerdo a encuestas.

Desde el año 2007, se garantizó el acceso a tratamiento gratuito a mujeres y hombres diagnosticados en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Se incrementó además, el número de mastógrafos contando actualmente con 572 equipos, con una capacidad potencial de 2'172,500 mastografías anuales. Así mismo se implementó una estrategia de unidades móviles, contando actualmente en la SSA, con 43 equipos que acercan el beneficio de la detección a mujeres en localidades que carecen del servicio.

Pero a pesar de ello, aun se enfrentan grandes desafíos para la atención y detección de este padecimiento en otras áreas, por ejemplo ¿qué es lo que ocurre con las mujeres que habitan poblaciones rurales, comunidades indígenas, zonas de difícil acceso?

Como sabemos, la desigualdad social influye de manera determinante en las desigualdades en salud. Las poblaciones marginadas en términos sociales, económicos y geográficos tienen mayor probabilidad de morir por algún tipo de cáncer que es prevenible, situación que puede atribuirse, entre otras causas, a la falta de un diagnóstico oportuno y, por consiguiente, a un tratamiento tardío.

La desinformación, la dispersión de la población, como las mismas carencias técnicas, que limitan dichas acciones de prevención, son factores que impiden que las mujeres de este sector, no puedan acceder a realizarse con prontitud los exámenes requeridos.

La necesidad de conjuntar esfuerzos e implementar programas para llegar a estos grupos poblacionales es urgente, para que tengan conocimiento del auto-cuidado, así como promover estilos de vida saludables, acercar la infraestructura diagnóstica para lograr una detección a tiempo y garantizar un tratamiento adecuado, son asuntos apremiantes.

La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama y los mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama y más en estas zonas.

El diagnóstico temprano se basa en actividades de educación a la población y de capacitación al personal de salud para identificar de manera precoz los síntomas y signos de cáncer que lleven al diagnóstico y tratamiento temprano.

Ante eso, es importante aumentar en zonas rurales y marginadas unidades móviles para la detección oportuna en mujeres que viven en zonas alejadas y que no tienen acceso a este tipo de estudios, debido a que en la actualidad, seis de cada 10 que solicitan atención por algún padecimiento llegan en etapas avanzadas.

Reconocemos que hay limitantes, porque llevar el aparato de mastografía a ejidos o poblados lejanos es difícil, pero hay que generar acciones para que las mujeres acudan a los lugares más cercanos.

Por ello, se deben redoblar esfuerzos en las zonas rurales debido a la escasez de servicios de salud y de información porque falta mucho por hacer para generar la cultura de la prevención y de la corresponsabilidad, dado que la responsabilidad de la salud no es nada más de las instituciones, sino de cada individuo.

Es por lo anterior, que someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos, para que a través de las caravanas de salud, se intensifiquen las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria del cáncer de mama, así como las acciones de información y asesoría para el adecuado aprovechamiento de los servicios de salud, en las zonas de difícil acceso geográfico en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2013.

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)