Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3698-V, miércoles 30 de enero de 2013
Con punto de acuerdo, a fin de que se implanten instrumentos para atender a las comunidades de Sonora y Sinaloa afectadas por las recientes heladas, suscrita por el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional del Agua, implementen, con carácter de urgente, los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades del estado de Sonora y norte de Sinaloa, afectadas por las heladas ocurridas los días 13 y 14 de enero de 2013, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que resultado de las ondas gélidas que han acaecido en el país en lo que va del mes de enero, los días 13 y 14 se presentaron temperaturas extremas en el estado de Sonora, y en la región norte de Sinaloa, llegando a registrarse menos once grados centígrados.
Que dichas temperaturas provocaron daños severos en cultivos como maíz, frijol, garbanzo, papa, calabaza, tomate, tomatillo, sandía, melón y hortalizas como zanahorias, brócoli, rabanito, pepino, entre otras.
Que en estos casos resulta fundamental que una instancia técnica como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) corrobore la ocurrencia del fenómeno en los municipios donde pudieran existir afectaciones.
Que es necesario realizar una evaluación puntual de daños en el campo para elaborar el diagnóstico de las afectaciones en los diferentes sectores.
Que se requiere por parte de los distintos órdenes de gobierno establecer comunicación entre dependencias estatales y sus contrapartes federales para coordinar los trabajos de atención a la población afectada.
Que en caso de contar con esquemas de aseguramiento agropecuario catastrófico, es importante iniciar el proceso de apoyos directos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Que el gobierno federal identifique y defina cuanto antes, los instrumentos existentes para la atención a los productores y que les permita reincorporarse a sus actividades productivas a la brevedad.
Que el gobierno federal, en atención a la población, tiene como responsabilidad poner a disposición de los gobiernos locales programas y recursos de manera expedita.
Que a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones a un segundo y tercer nivel de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.
Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, numeral 1, someto a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que identifique e implemente, lo antes posible, los instrumentos para la atención a los productores afectados, y lleve a cabo de manera coordinada entre las dependencias a su cargo, las acciones necesarias para la rehabilitación, reconstrucción y reincorporación productiva de las comunidades de los estados de Sonora y Sinaloa que resultaron afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes.
Segundo. Se hace un atento exhorto a los gobiernos estatales de Sonora y Sinaloa para que ejecuten de manera conjunta y coordinada con el gobierno federal, las acciones y programas institucionales que permitan una pronta atención a la población afectada.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Comisión Nacional del Agua, para que revise los correspondientes planes de riego y, de ser posible, autorice nuevos cultivos, ajustándolos a la disponibilidad de agua en cada uno de los distritos que correspondan, y facilite el apoyo técnico y humano a los productores afectados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a implantar medidas urgentes ante la creciente inseguridad en la entidad, suscrita por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Laura Angélica Rojas Hernández, senadora de la república de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en relación con exhortar al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad pública que sufre el estado de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las preocupaciones más sensibles de los ciudadanos es su seguridad, por ello es fundamental que en todos los órdenes de gobierno se vele por la protección y salvaguarda de su integridad física y patrimonial.
De acuerdo con la definición del jurista Sergio García Ramírez, “la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”.1
No obstante en el estado de México se ha observado un preocupante crecimiento en la inseguridad pública, que afecta de forma directa a miles de ciudadanos día a día.
En los primeros 15 días de enero de 2013 se registraron 75 muertes vinculadas con el crimen organizado, más del 10 por ciento de lo contabilizado durante 2012, cuando la cifra de muertes relacionadas fue de 523. Ésta violencia ha ubicado el promedio diario de crímenes en 3.4, cuando durante todo 2012 se ubicó en 1.5.
Ciertamente se puede tratar de fenómenos regionales, que se comparten de otras entidades federativas, pero no todo el crimen organizado en el estado de México proviene de entidades vecinas como Guerrero o Michoacán, algunos grupos son originarios y residentes del propio Estado, entre ellos podemos señalar al Cártel de Neza, el llamado Cártel del Centro y, La Mano con Ojos, los cual se han caracterizado por conducirse con alta violencia en los delitos que cometen.
Aunado a ello, cabe señalar que la violencia no se encuentra circunscrita a sólo una zona del estado, sino que ha permeado las distintas regiones: el sur, el valle de Toluca, la zona oriente, el valle de México, lo cual demuestra que no sólo es un problema que se haya detonado por otro estado vecino, como se ha querido difundir por las autoridades. La crisis de gobernabilidad actual es un síntoma de un problema estructural de gran calado que se viene advirtiendo de tiempo atrás; sin embargo las autoridades no han sido capaces de atender con prontitud y eficiencia este problema.
Cabe también señalar, que el estado de México, desde hace varios años se encuentra en los primeros lugares de inseguridad en el país, de acuerdo a diversos indicadores. Los secuestros, los feminicidios, el robo de autos, las extorsiones y otros delitos hacen de nuestro estado uno de los lugares más inseguros de México para vivir.
A partir del 25 de enero de 2013 el Ejército realizará operativos en municipios de la zona conurbada del estado de México para disminuir la incidencia delictiva. David Sánchez, alcalde de Naucalpan, confirmó que tras una reunión con personal de seguridad federal, estatal y municipal, se acordó implementar rondines con integrantes del Ejército en los municipios de Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán y Nezahualcóyotl, que se suman a los operativos que ya se aplican en Ecatepec y municipios del Valle de Toluca.
Sin embargo, no se trata nada más del crimen organizado, también se ha incrementado el número de delitos del fuero común, como el robo. Durante 2012 en todo el país, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró un total de 3 mil robos con violencia a transportistas; mil 278 de ellos en el estado de México.
En el entendido de este preocupante fenómeno, se requiere que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales incrementen las medidas destinadas a la seguridad de los mexiquenses. El periódico El Universal informó que el estado de México será la entidad que más recursos recibirán para combatir el crimen organizado, por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
El artículo 77 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México a la letra señala, que es obligación del gobernador del estado “Conservar el orden público en todo el territorio del Estado; mandar personalmente las fuerzas de seguridad pública del Estado y coordinarse en esta materia con la Federación, otras entidades y los municipios en términos de ley”
Es imperativo que el gobierno del estado busque implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al crimen organizado, con acciones de inteligencia, operativos de acción y reacción, así como la generación de políticas públicas eficaces en contra de los delitos del fuero común, sobre todo en la fase de prevención.
Por lo anteriormente argumentado, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes en el ámbito de su competencia e informar de su avance, así como generar mayor vinculación con las autoridades federales y municipales para combatir el crimen organizado, dada la creciente inseguridad pública que sufre el estado de México.
Nota
1 Sergio García Ramírez, En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coordinadores), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de enero de 2013.
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar medidas y programas para combatir en definitiva la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para implementar medidas y programas para combatir de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La roya naranja, mejor conocida como “roya” entre los productores de café en Chiapas, es un hongo que debilita las plantas y provoca que el fruto del café caiga antes de su maduración. Se trata de una infección muy agresiva que ocasiona la perdida total de follaje en las plantas y como consecuencia la perdida de granos del café en Chiapas, afectando tanto a las familias cuyos ingresos dependen de la producción de este grano como al mercado nacional debido a que Chiapases el principal productor de café en nuestro país, con 2 millones 380 mil quintales, que representan el 65 por ciento de la producción nacional.1
Las causas más comunes del brote del hongo derivan del incremento inusual en la cantidad de lluvia, un manejo deficiente de podas de los cafetales, la escasa regulación entre la sombra y la luz solar que reciben las plantas, la nula aplicación de fertilizantes e insumos para el control de plagas y enfermedades, así como la inobservancia de calidad fitosanitaria y genética de las plantas y semillas.
Cuando una hoja de café se infecta con la roya naranja, no puede respirar lo que llega a afectar al tronco, reduciendo su capacidad para producir café, no solo en esa cosecha, sino durante toda su vida útil.
Los caficultores chiapanecos tienen años conviviendo con este hongo, afrontando las pérdidas económicas que esto conlleva. Sin embargo, en este año sus efectos se han extendido y maximizado, por lo que se prevé que habrá pérdidas importantes en la producción de café.
Por lo menos los cultivos de café de los municipios de Chicomuselo, Siltepec, La Grandeza, El Porvenir, Motozintla, Bellavista, Amatengo, Frontera Comalapa y Mazapa de Madero se encuentran plagados por la roya naranja. De extenderse la infección, podría llegar a afectar a los más de 175,000 productores chiapanecos, de los cuáles cerca del 85por ciento son indígenas.
Asimismo, de no controlarse la plaga podrían verse afectados los cultivos de los estados vecinos de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, razón por la cual deben tomarse medidas preventivas y correctivas para combatir a la roya naranja.
En Guatemala y Nicaragua dos de los principales productores de café en Centroamérica, se han observado los efectos devastadores de esta plaga. En el caso de Guatemala, el hongo afecta a cerca del 80 por ciento del total de las 274.000 hectáreas de plantaciones.2 Por lo que respecta a Nicaragua, donde el café es el principal producto de exportación junto a la carne bovina, el 35 por ciento de los cultivos se han perdido a causa del hongo, lo que equivale a unas 41.095,9 hectáreas.3
En casos inmediatos para que no se siga afectando la plantaciónse deben podar las partes enfermas de la plantas para evitar que pase la infección de un tallo enfermo a uno sano. Asimismo se debe evitar la humedad y practicar fumigaciones a base fungicidas.
Por otro lado, la forma de corregir este problema en definitiva es promover la siembra de nuevas variedades en el estado de Chiapas, pues ya existe una variedad en específico que es resistente a la roya naranja, llamada Catimor, resultante de un híbrido entre un café procedente de Timor (de una especie no cultivable, resistente a un éste hongo roya) y café Arábica Caturra.
Por este motivo, se deben implementar programas de almácigos de café, con la nueva variedad resistente al hongo, para El Catimor se cultiva con éxito en toda Sudamérica y Centroamérica, por lo que Chiapas es un estado ideal por su geografía y clima, y es un punto importante que se tiene con la oportunidad de poder forjar esta variedad para que así a través del programa, se combata este hongo.
Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El honorable Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de la Reforma Agraria, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas.
Segundo. Que el Ejecutivo federal informe al Senado acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos.
Tercero. Al considerarse un tema prioritario, una vez sea aprobado este punto de acuerdo, la autoridad correspondiente, contará con 30 días naturales para dar respuesta a los requerimiento de la honorable Cámara de Senadores.
Notas
1 Según datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en http://www.fira.gob.mx
2Según datos de la Asociación Nacional Guatemalteca de Café.
3De acuerdo a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.
Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cumplir los plazos de ministración de los recursos del Subsemun, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de forma inmediata cumpla con los plazos de ministración de los recursos del Subsidio para la Seguridad en Municipios (SUBSEMUN) correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante las circunstancias actuales de seguridad por las que atraviesa nuestro país, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no debieran generar condición alguna para asignar que especialicen los sistemas de seguridad del orden local y se combata de manera eficiente la inseguridad y el crimen organizado.
Desde el año 2008, en la Cámara de Diputados hemos aprobado recursos a través del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) para fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan éstos y en su caso los estados, pero a decir de los hechos, la entrega de recursos del ejercicio fiscal 2012 se han condicionado por parte del Gobierno Federal entrante.
Es importante reconocer dos cosas ante las condiciones de cambio de Poder del Ejecutivo Federal no se pueden permitir: 1) El vacío de funcionarios en sus dependencias y 2) El retraso en la ministración y ejecución de recursos en programas y proyectos de alta prioridad nacional.
Durante los primeros días del año, ha sido recurrente la queja de muchos presidentes municipales en todo el país respecto a que no han recibido la última ministración de los recursos del SUBSEMUN por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha retrasado por un lado, el cumplimiento de los compromisos pactados con la Federación y la escasez de presupuesto para continuar avanzando en los temas de seguridad.
De acuerdo con las normas del programa de entrega de recursos del SUBSEMUN 2012, elaboradas por funcionarios del gobierno federal saliente, se determinó que la fecha de la tercera y última ministración de recursos debía concluir el 28 de septiembre de 2012 y cumplir con la entrega total de 4 mil 453.9 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para distribuir en 239 municipios del país.
A la fecha, el gobierno federal entrante ha hecho caso omiso a la norma vigente y tal parece que de manera arbitraria y sin sujetarse a la norma decidió reprogramar la ministración de los recursos a más de setentaicinco municipios en el país, adquiriendo el compromiso de realizar la ministración correspondiente durante los primeros días de enero, toda vez que se hubieran confirmado los cargos de los nuevos titulares de la dependencia tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En tanto que se trata de recursos indispensables para la profesionalización, equipamiento policial y prevención del delito, es fundamental que las dependencias involucradas tomen cartas en el asunto y cumplan con las responsabilidades que la Ley vigente les marca.
En temas de seguridad nacional, es indispensable que los funcionarios públicos del Gobierno Federal actúen con la responsabilidad y seriedad que merece el asunto. En esta Cámara, hemos adquirido el compromiso de apoyar al Ejecutivo federal a través de la aprobación permanente de recursos al SUBSEMUN, que ha sido acompañado de criterios y mecanismos de selección y asignación de recursos que no han sido respetados por el Poder Ejecutivo.
Al día de hoy muchos gobiernos municipales se han visto afectados de manera directa por tal nivel de irresponsabilidad de los funcionarios, pues ante las condiciones de inseguridad por las que muchos atraviesan, los presidentes municipales tomaron la decisión a partir del compromiso adquirido y no cumplido por la SHCP, de aportar recursos propios (que no habían sido programados) para dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados en los convenios de participación.
Actualmente, al no contar con esos recursos han retrasado la inversión en otros programas y proyectos de igual importancia para su población.
En consecuencia, la recomendación que desde el Poder Legislativo amerita, es que la SHCP cumpla con las reglas de operación, cumpla con los requisitos que se establecen para acceder al subsidio y principalmente cumplan con la entrega de recursos que valide el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de asignación presupuestal.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta soberanía que apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar durante el mes de enero y sin retraso alguno, la tercera y última ministración de los recursos correspondientes al Subsidio para la Seguridad en los Municipios y dar cumplimiento a los compromisos signados en el acuerdo por el que se dio a conocer la lista de municipios elegibles el 15 de enero de 2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas autoridades que investiguen casos de corrupción por funcionarios de Pemex, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
En los últimos días, se han ventilado en diversos medios de comunicación posibles actos de corrupción en que pudieren haber incurrido algunos servidores públicos de Petróleos Mexicanos, producto del contrato adjudicado el 27 de noviembre de 1997, que tuvo por objeto la reconfiguración de la refinería “Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León, asignado al consorcio Conproca, SA de CV, conformado por Siemens AG, (Siemens), Sunkyong Engineering & Construction (SK) y Triturados Basálticos, SA de CV, (Tribasa), por un monto aproximado de 2 mil 961 millones de dólares.
Lo anterior, como se ha señalado en los medios, derivó de un informe publicado en 2008 por la Securities and Exchange Commission, SEC, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, en el cual se hizo público que Siemens reconoció que incurrió en prácticas de actos de corrupción al involucrarse en una conducta de pagos ilícitos a funcionarios de más de 20 países, entre ellos México, a través de un consultor de negocios, como parte de una práctica generalizada de sobornos a funcionarios relacionados con al menos 290 proyectos o ventas individuales, entre ellos de Pemex, por un monto de 2.6 millones de dólares.
Según las declaraciones de Siemens, el objeto del acto de corrupción fue obtener una ventaja de negocios y poder, en su oportunidad, obtener el pago de sobrecostos.
Siemens llegó a una conciliación con la SEC y pagó la multa correspondiente. Se tiene conocimiento de que, derivado denuevos elementos, Pemex recientemente presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de Siemens, SK y Conproca, por posibles actos de corrupción que pudieran estar vinculados con lo señalado por la SEC en 2008.
De acuerdo con estudios y estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el impacto de la corrupción se mantiene en alrededor de 10 por ciento del valor del producto interno bruto, PIB.
“La corrupción es el problema mundial del que más se habla”, afirmó Cobus de Swardt, director ejecutivo de Transparencia Internacional. “Las principales economías del mundo deberían también dar el ejemplo y asegurarse de que sus instituciones sean completamente transparentes y que sus líderes rindan cuentas por sus decisiones. Se trata de una condición crucial, ya que estas instituciones son fundamentales para impedir que la corrupción se propague a nivel mundial”, indicó Cobus de Swardt.
De acuerdo con Transparencia Mexicana (Índice de Percepción de la Corrupción 2012), México recibe una puntuación de 34 que lo ubica en la posición 105 muy por debajo de sus principales socios comerciales; Canadá y Estados Unidos se encuentran en la posición número 9 y 19 respectivamente. Estas son las posiciones relativas de México.
Bloque/Región Posición Total de paísesAmérica
22
32
BRICS + México
5
6
G20
17
19
OCDE
34
34
En el primer período ordinario de esta LXII Legislatura, senadores del PRD presentaron una iniciativa para atender el problema de la corrupción e impunidad en el ejercicio de los recursos públicos. Se propuso contar con un sistema nacional de fiscalización y, en consecuencia, dotar y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el ejercicio de los recursos públicos, los servidores públicos deben actuar con suma responsabilidad. La opacidad, la corrupción y la impunidad no deben ser toleradas. Dentro de la propuesta destaca:
• Dotar a la ASF de facultades para iniciar procedimientos ante jueces penales por delitos cometidos contra las finanzas públicas, con independencia del Ministerio Público, y para iniciar procedimientos administrativos ante el Tribunal General de Responsabilidades Financieras.
• Dar facultad al Congreso de la Unión para expedir la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización e incorporar la participación ciudadana.
• En la Cuenta Pública se revisarán no sólo los objetivos sino también las metas de los programas y la evaluación de las políticas públicas.
• La ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso o realizar revisiones preliminares, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo.
• Se crea el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, con facultades para sancionar por irresponsabilidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Durante el período de transición gubernamental, el actual jefe del Ejecutivo promovió la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como un órgano autónomo con mayor capacidad, es “para realmente asegurar el que en todos los órdenes de gobierno exista una verdadera y auténtica rendición de cuentas”.
La propuesta que actualmente se discute en el Senado de la República es que dicho organismo sea el encargado de velar porque los actos de corrupción que en cualquier orden de gobierno eventualmente se presenten, puedan ser sancionados y vigilados desde esa instancia, dotada de plena autonomía, que habrá de contar con la participación ciudadana.
Hoy, debemos considerar con seriedad que no habrá crecimiento económico si antes no atendemos el grave problema de la corrupción. Por lo tanto, cualquier reforma estructural que se plantee no tendrá efectividad si antes no atendemos, en primer lugar, este problema que afecta las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo nacional.
En consecuencia, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que proporcione a la brevedad un informe detallado al Congreso de la Unión, en el que informe a esta soberanía de las acciones legales que esa entidad ha realizado en relación con los hechos antes señalados.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen si se han realizado las investigaciones correspondientes y el estado que guardan éstas, para deslindar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales en que hayan incurrido servidores públicos de esa entidad, así como de aquellas personas físicas o empresas involucradas en los posibles ilícitos aquí señalados. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad contractual.
Tercero. Que la Secretaría de la Función Pública, informe si se han realizado las investigaciones conducentes de estos eventos, para que, de ser procedente, inicie los procedimientos administrativos necesarios para imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales aplicables, inclusive su inhabilitación para contratar con dependencias y entidades de la administración pública federal, a todos aquellos contratistas y proveedores que hayan incumplido con lo previsto en las disposiciones legales aplicables en detrimento del patrimonio de esa entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 30 de enero de 2013.
Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales por celebrarse en la presente legislatura, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los mexicanos hemos sufrido a lo largo de nuestra historia de la ausencia de unos comicios libres, auténticos, transparentes y legales. Por ello tenemos negros antecedentes en los procesos electorales de la indebida participación de los titulares del Ejecutivo en los diferentes órdenes de gobierno, así como de un sinfín de funcionarios públicos.
Igualmente hemos presenciado con tristeza, fenómenos como desvíos de recursos públicos para favorecer alguna candidatura, la compra y coacción del voto; la injerencia desmedida, facciosa e ilegal de los medios de comunicación y las casas encuestadoras a favor y en contra de determinados candidatos; la utilización de programas de gobierno con fines clientelares o electoreros; la entrega de todo tipo de bienes para persuadir al electorado como despensas, apoyos, tarjetas, vales, materiales de construcción, granos, animales, computadoras, celulares, etcétera; las ofertas de trabajo, y otros tantos.
De siempre, la legislación electoral ha pretendido que los procesos electorales estén investidos de igualdad, equidad y certeza jurídica, las cuales con la presencia de estos fenómenos se ven conculcadas.
Las distintas reformas a la legislación electoral han intentado evitar y en su caso sancionar en diversas formas, la participación de servidores públicos en funciones en los procesos electorales y la injerencia arbitraria e ilegal de los medios masivos de comunicación, toda vez que esto provoca el desvío de recursos públicos a favor de algún partido político o de sus candidatos, ocasionando la desigualdad de la lucha electoral.
Dichas reformas atendieron a la amarga experiencia vivida en el proceso electoral de 2006, en donde incluso el propio Tribunal Federal Electoral puso de manifiesto que hubo una marcada intromisión ilegal por parte de ciertos agentes, entre ellos el propio ex presidente de la República, durante el desarrollo de los comicios correspondientes, caracterizados por el encono, el rencor, la descalificación, la obsesión de ganar como sea y a como dé lugar; a costa de lo que sea “haiga sido como haiga sido”. Lo cual puso a este país en el filo de un conflicto social.
En ese entonces el Tribunal Federal Electoral expresó
“Esta Sala Superior tiene establecido el criterio de que la validez de una elección puede afectarse por la realización de actos que atenten contra la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, aunque es necesario que esas conductas sean de tal gravedad que resulten determinantes para el desarrollo o el resultado del proceso electoral...”
Empero, por increíble que parezca, seis años después, con muchas más evidencias, datos, documentos y testimonios de irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de manera totalmente incongruente y absurda encontró que la pasada elección presidencial fue una pieza maestra de pulcritud, limpieza y transparencia que causaría la envidia de los ciudadanos de la Grecia antigua o de los electores del cantón suizo más moderno.
Las tarjetas prepagadas de Monex, mediante las cuales se disfrazaron miles de millones de pesos, al margen de la autoridad electoral, fueron producto de la alucinación. Los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en las colonias pobres, antes de la elección, fueron fabricados por la maledicencia de unas cuantas personas mal pensadas.
Las empresas fantasmas fueron tan transparentes que el tribunal no las alcanzó a ver. Las transferencias electrónicas erróneas, entre Scotiabank y el gobierno del estado de México, por cantidades millonarias, fueron producto de contabilidad creativa, no de la ilegalidad.
El aceite, el anticongelante, los bloqueadores, las cantimploras, las gorras, playeras, computadoras portátiles, celulares, los paraguas, el cemento, las vigas, las láminas, el maíz, los chivos, gallinas y las despensas fueron obsequios producto de la magnanimidad del candidato, no instrumentos al servicio de la compra masiva del voto.
La publicidad exterior o móvil en pantallas electrónicas, espectaculares, vallas, camiones, taxis, bardas, vallas móviles, carteles, mantas, gallardetes, calcomanías, parabuses, buzones, etcétera, fue obra de mercadólogos que a semejanza del par de costureros charlatanes del cuento infantil del escritor danés Hans Christian Andersen, El traje nuevo del rey, de 1837, fueron contratados para confeccionar una campaña mediática visual abrumadora, hasta asfixiante, que al parecer solo los más sabios, competentes y dignos pudimos ver.
Dicho lo anterior, resulta impostergable propugnar porque la dimensión electoral de nuestra incipiente democracia, garantice la realización de comicios transparentes, limpios, imparciales y equitativos, que permitan abrigar la esperanza de un crecimiento democrático sólido, sustentado en la buena voluntad y el respeto de los mexicanos.
Es necesario reivindicar los principios que supuestamente rigen el actuar y el desempeño de nuestros órganos públicos en materia electoral. De otra forma, nuestras aspiraciones por contar con elecciones a la altura de los esfuerzos que se han dado para la construcción de un país democrático, soberano y libre, se verán truncadas.
Tan solo en el presente año se realizarán elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, para renovar la totalidad de los miembros de las legislaturas locales y de los cabildos de sus ayuntamientos.
En el umbral de nuevos periodos de campañas políticas, debemos sumar esfuerzos y compromisos para evitar a toda costa que deambule impunemente de nueva cuenta el fantasma de los fraudes electorales.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se proceda a la creación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales que habrán de celebrarse durante la presente legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Adolfo Orive Bellinger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60, 171 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado a, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones y antecedentes
El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento para la adición o reforma de la misma, señalando al respecto que “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”.
El 13 de diciembre de 2012 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó con 432 votos en pro y 6 abstenciones la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se introduce en la norma suprema el concepto de competitividad al señalar que por ésta se entenderá al “conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
A la fecha solamente 7 congresos locales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Nayarit y Zacatecas), han aprobado la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como el primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La competitividad es un tema que ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial pues de ella depende en gran medida la posibilidad de los países para generar crecimiento económico. En el caso de México los retos que enfrentamos en esta materia son enormes e impostergables, muestra de ello es que el Reporte Global sobre la Competitividad 2012-2013 del Foro Económico Global nos ubica en el lugar 53 de 144 países.
En esta tesitura, si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado a, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Diputado Adolfo Orive Bellinger (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos locales a crear la campaña de esterilización de perros y de gatos y de concienciación “Dueños responsables”, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mariana Gómez Del Campo Gurza, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente:
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas a que creen una campaña de esterilización de perros y gatos; y de concientización de “dueños responsables”; asimismo para que generen programas de apoyo para albergues y centros de atención impulsados por la sociedad civil a favor de estos animales; y a la secretaría de salud para que modifique la norma oficial mexicana NOM-042-SSA2-2006, a fin de eficientar el procedimiento de esterilización, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Es sabido que las personas que poseen algún animal de compañía tienen menos estrés y la tensión más baja, que las que no tienen ninguno; Incluso la observación pasiva de animales reduce de manera significativa los miedos, la tensión y las depresiones.
Los animales de compañía ayudan a desarrollar la responsabilidad y la autonomía y se comportan de manera equilibrada, sensible, alegre, atenta y cariñosa, es imposible pasar por alto una influencia tan positiva que genera en los seres humanos.
En nuestra nación especialmente en las zonas urbanas, los animales de compañía más comunes son los perros y los gatos, por la posibilidad que su comportamiento y conducta permiten para ser domesticados.
El origen histórico de los animales de compañía se remonta hacia el año 9000 a. C. en el suceso de la sedimentación humana conocido como revolución neolítica; se comenzó a utilizar a los animales con propósitos alimenticios, pero tiempo después se descubrió que podían ser utilizados como herramientas de caza o compañeros de caza, adoptando un valor más productivo.
Los animales fueron constantemente relacionados con la identidad de las diferentes clases sociales en la historia, ya que la capacidad económica permitía poseer valuadas y exóticas especies de animales y plantas.
En México a partir de 1883, en que se presentó la propuesta para establecer un lugar específico para confinar y eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública, motivó a las autoridades de la Ciudad de México a hacerlo, compartiéndose esa responsabilidad con las de Salud en su operación; a partir de esto, se generaliza la preocupación para atender el problema social y de salud que representa el perro callejero creándose para ello diversos establecimientos, cuyas denominaciones en ese momento correspondieron a los propósitos que se perseguían, como fueron perreras municipales, centros antirrábicos, centros antirrábicos veterinarios, o centros de zoonosis; en el México actual la sociedad ha evolucionado buscando lograr una relación armónica para con sus perros y gatos, hecho que obliga a reorientar el trabajo de estos establecimientos públicos, cuyos cambios deben darse con acciones conjuntas entre dueños y autoridades generando una cultura reorientadora en este respecto.
En nuestro país el efecto positivo de poseer animales de compañía, se comienza a ver mermado frente a los alarmantes problemas de salud pública que ocasiona el descuido de dueños irresponsables, la reproducción desmesurada y el realce de enfermedades relacionadas con los perros y gatos.
Cabe señalar que a nivel nacional, la vacunación antirrábica de perros es una experiencia exitosa, que permite reducir los casos de rabia humana, canina y felina, a cifras históricas.
De acuerdo con la Secretaría de Salud; en 1990 se registraron 60 defunciones humanas por causa de contagio canino; para el año 2000 ya no hubo registro de casos, condición que se mantuvo en 2011.
Por ejemplo actualmente en la Ciudad de México, existen aproximadamente un millón 200 mil perros, de los cuales el 10 por ciento viven en la calle sin dueño.
En 2012, 11 mil 501 recibieron mordidas de perros en el Distrito Federal, según cifras de la Secretaría de Salud local.
Así que esta situación tiene varias aristas, en primer lugar la sobrepoblación de perros y gatos es un problema serio de salud pública que ocasiona lo siguiente:
1. Contagio de enfermedades.
2. Por las mordeduras.
3. Porque es un círculo vicioso que tiene su origen en los propietarios irresponsables y en la falta de cultura.
4. Urgen programas de atención específicos.
5. Urge una regulación puntual para promover la tenencia responsable y el trato digno.
Es dable señalar en la presente proposición, que la hipótesis de los perros asesinos es un absurdo, especialistas señalan que el 80% de las mordidas o agresiones se dan en casa, no en la calle.
El problema de los perros no es que sean asesinos sino que su sobrepoblación es un problema de salud pública; y se puede afirmar que sus heces son más peligrosas que sus mordidas.
Es decir elaborando un diagnóstico de la situación actual en nuestro país podemos concluir que:
1. No existe registro formal: En México para tener un perro o gato como mascota no se requiere informar a la autoridad.
2. Mala cultura:
a. Se compra al animal y se cuida mientras es cachorro como capricho pero cuando crece la solución en pocos meses es echarlo a la calle.
b. Cuando se compra un animal pocas veces se piensa en si se cuenta o no con los espacios adecuados para tenerlos. Muchos acaban en azoteas.
c. Falta el hábito de vacunación: un tema delicado es la rabia que se puede transmitir a los humanos (zoonosis). Según la Secretaría de Salud del DF al año se registran más de 11 mil mordeduras. No es un problema menor.
3. Hay una gran diferencia en la información y servicios con que se cuenta en zonas urbanas y rurales.
i. En las zonas rurales muchas veces no se conoce el término esterilización sino castración.
ii. En zonas rurales faltan médicos veterinarios.
4. Sobrepoblación:
a. Según estimaciones oficiales en el DF hay más de 1.5 millones de perros, es decir, 1 perro por cada 6 habitantes.
b. A nivel nacional se estima que hay más de 18 millones de perros, de los cuales 10 millones deambulan por las calles.
c. Las delegaciones con más perros son: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco.
d. Cada camada en promedio produce 5 perros cada 3 meses. Una pareja de perros puede provocar en 1 año el nacimiento de 25 perros: 1 macho +1 hembra = 5 crías. 5 crías x 5 nuevas crías = 25.
e. En el DF se estima que nacen 128 mil perros al año.
5. Excremento:
a. Es un problema grave de salud pública: Se calcula que un perro en promedio defeca 300 gramos, eso se traduce en cerca de 450 toneladas de excremento al día en el DF. Muchas terminan pulverizadas y en el ambiente que respiramos.
En atención de lo anterior y con base en las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.
Segunda. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud;
Tercera. Que una de las consecuencias de la sobrepoblación animal callejera es la generación de residuos orgánicos que ponen en riesgo la salud humana como las heces fecales, micciones y cadáveres, así mismo la agresión que sufren las personas, enfermedades dérmicas, digestivas, respiratorias, entre otras, mismas que son un peligro constante para los mexicanos.
Cuarta. Que el exceso de perros y gatos callejeros es algo verdaderamente alarmante, ya que las cifras más conservadoras mencionan que hay 1 perro por cada 6 habitantes, por lo que actualmente se clasifica ya como una plaga.
Quinta. Que el objeto de la presente proposición es que en 10 años el problema de sobrepoblación pueda estar controlado a través de las siguientes medidas:
a. Urgir al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a crear una Campaña Nacional de Esterilización. Pero una campaña bien pensada que sea:
i. Extramuros que llegue a las zonas urbanas pero sobre todo a las rurales;
ii. Que cuide detalles como tomar medidas para que los perros una vez operados no puedan retirarse la sutura, y haya un periodo de recuperación vigilado.
b. Proponemos la creación de una campaña de difusión y concientización para el “Dueño Responsable”, buscamos:
i. Que las personas antes de comprar, piensen en adoptar un animal.
ii. Sensibilizar para que los dueños tengan a los animales: limpios, desparasitados, vacunados y esterilizados.
iii. Generar conciencia sobre el trato digno. La solución familiar es echar al perro a la calle pero ahí comienza un problema que nos afecta a todos.
c. Además buscamos que a través del Punto de Acuerdo el Gobierno Federal modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 sobre Prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, para eliminar a la vasectomía como un método permitido de esterilización animal debido a que resulta ineficaz y no modifica la conducta de los perros y gatos, para que queden como procedimientos quirúrgicos válidos: en hembras la ovarihisterectomía y en los machos la orquiectomía.
d. Buscamos que se generen programas de apoyo para Albergues y Centros de Atención impulsados por la sociedad civil a favor de los perros y gatos.
Sexta. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Senado de la República, es fundamental prevenir y generar cultura ciudadana sobre la Protección y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que hoy por hoy son las mejores herramientas para evitar que la solución siga siendo el exterminio de perros y gatos.
Séptima. Que de conformidad al artículo 13, apartado A, fracción I de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tiene como atribución el expedir Normas Oficiales Mexicanas, en materia de salubridad general, cuyas disposiciones serán aplicables en todo el territorio nacional, tal como lo previene el artículo en comento en los siguientes términos:
“Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:
I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;”
De lo anterior deriva la posibilidad jurídica de la Secretaría de Salud de reformar la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 sobre Prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, para eliminar a la vasectomía como un método permitido de esterilización animal.
Octava. Que de conformidad al artículo 354, de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tiene como atribución el establecimiento medidas que procedan para la vigilancia sanitaria de personas, animales, objetos o substancias que ingresen al territorio nacional y que, a su juicio constituyan un riesgo para la salud de la población, tal como se cita a continuación:
“Artículo 354. Compete a la Secretaría de Salud adoptar las medidas que procedan para la vigilancia sanitaria de personas, animales, objetos o substancias que ingresen al territorio nacional y que, a su juicio constituyan un riesgo para la salud de la población, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.”
Esta atribución debe ser comprendida en sentido amplio y no estricto, ya que de ella deriva la posibilidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal implemente la campaña de esterilización y concientización de la población específicamente en tratándose de perros y gatos.
Novena. Que de conformidad al artículo 39 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tiene como facultad regular la higiene veterinaria, en los siguientes términos:
“Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XIII (...)
XIV. Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que puedan afectar a la salud humana;
...
Toda vez que esta disposición es la única que establece la regulación de la higiene veterinaria, es dable comprenderla en sentido amplio sin constreñirla únicamente a lo ceñido en ella, sino entendida como la regulación de la higiene veterinaria en todo aspecto, ya que en materia de salud las normas no pueden ser comprendidas en estricto sentido sino en aras de proteger el bienestar general deben de entendidas en amplio sentido.
En consecuencia, por lo antes expresado someto a consideración de esta soberanía, el presente
Punto de Acuerdo
Con los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a crear una Campaña Nacional de Esterilización de Perros y gatos que 1) Sea extramuros que llegue a las zonas urbanas pero sobre todo a las rurales y; 2) Que dicha campaña cuide detalles como tomar medidas para que los perros una vez operados no puedan retirarse la sutura y exista un periodo de recuperación vigilado.
Segundo. Asimismo se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a que implementen una campaña de difusión y concientización para el “Dueño Responsable” en la que se prevean las siguientes temáticas 1) Que las personas antes de comprar, piensen en adoptar un animal, 2) Sensibilizar para que los dueños tengan a los animales: limpios, desparasitados, vacunados y esterilizados y;3) Generar conciencia sobre el trato digno.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 sobre Prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, para eliminar a la vasectomía como un método permitido de esterilización animal debido a que resulta ineficaz y no modifica la conducta de los perros y gatos; para que únicamente queden como procedimientos quirúrgicos válidos: en hembras la ovarihisterectomía y en los machos la orquiectomía.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a que se generen programas de apoyo para albergues y Centros de Atención impulsados por la sociedad civil a favor de los perros y gatos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a iniciar de oficio una investigación para deslindar responsabilidades por el montaje de la detención de la ciudadana Florence Cassez, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La excarcelación de Florence Cassez ha generado un intenso debate público en el que se han puesto en confrontación los derechos humanos y procesales que asisten a toda persona imputada de un delito, contra los derechos de las víctimas de dicha conducta ilícita.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado opiniones encontradas; por un lado se sostiene que la resolución permitió que una secuestradora plenamente identificada por las víctimas fuera puesta en libertad, generando impunidad e injusticia para las víctimas y sus familiares, mientras que por otro lado se sostiene que el montaje orquestado por la Secretaría de Seguridad Pública federal vició las pruebas de origen, impidiendo así que se demostrara la culpabilidad de Florence Cassez quien, por cierto, no fue detenida en el lugar de los hechos como la Secretaría de Seguridad Pública federal pretendió hacernos creer.
La polémica generada por la resolución de la SCJN es mayor si consideramos que la discusión no se ocupó de la culpabilidad o inocencia de Cassez; sino únicamente sobre las violaciones al debido proceso en su detención. A pesar de que ello es un aspecto técnico del juicio de amparo, para una mayoría de ciudadanos resultó inaceptable poner en libertad a una persona a la que consideraban culpable.
Sin embargo, más allá de la inocencia o culpabilidad de Cassez, no debemos perder de vista que este juicio colectivo, esta opinión generalizada sobre su culpabilidad no encuentra su origen en pruebas, sino en la exposición mediática y en la manera en que la información de este asunto fue manejada a lo largo de su duración.
Lo conducente, según varios expertos en la materia, hubiera sido reponer el procedimiento, dejando de lado los elementos de prueba viciados. Sin embargo es prácticamente imposible saber si en una reposición del procedimiento se hubieran podido aportar nuevos elementos de prueba que permitieran acreditar plenamente la responsabilidad de Florence Cassez, ya que el montaje mediático vició de origen prácticamente todos los elementos, incluyendo los propios testimonios de las víctimas. De esa magnitud es la gravedad de las consecuencias del montaje.
Y por desgracia, las víctimas y sus familiares terminaron por sufrir no sólo un secuestro, sino que hoy también son víctimas de la injusticia. La injusticia generada por la ilegal actuación de la Secretaría de Seguridad Pública federal; la injusticia generada por un puñado de servidores públicos que presuntamente habrían actuado de manera injustificable con una cuestionable finalidad.
Pero en este asunto la responsabilidad no es exclusiva de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, es también de agentes del Ministerio Público que sirvieron de comparsas y tapaderas de todas las ilegalidades cometidas en la detención de los presuntos secuestradores, que toleraron y convalidaron que los detenidos no fueran puestos inmediatamente a su disposición, lo que además implica que deshonraran su cargo y la institución a la que pertenecen, pues toleraron que la corporación policíaca menospreciara al Ministerio Público al pasarlo por alto.
Y hay también responsabilidad de autoridades judiciales que habiendo estado encargadas de cuidar la legalidad de todo el procedimiento y la plena observancia de los derechos de víctimas y procesados, terminaron por conceder valor a medios de prueba cuya ilegalidad hoy nadie cuestiona.
Ciertamente a pesar de la polémica generada, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente importante: que no se tolerarán ni legitimarán más las actuaciones de la autoridad que sean contrarias a derecho y violatorias de los derechos humanos.
Sin duda es doloroso para los mexicanos que este precedente vea la luz en el marco de un caso de secuestro, que es uno de los delitos que más lastiman hoy a nuestro país, pero si este criterio prevalece y se hace valer, entonces al menos algo bueno habremos obtenido de este lamentable asunto.
Pero a pesar de ello, es claro que si una resolución de la SCJN señala que hubo violaciones a derechos humanos, estas deberían ser investigadas y sancionadas. Si los mexicanos aspiramos a vivir en un estado de derecho, en un país donde nuestras leyes sean cumplidas y hechas valer, en una democracia firme y sólida, no podemos entonces tolerar la impunidad de las ilegalidades cometidas por servidores públicos.
En el caso particular, las conductas de los servidores públicos responsables del montaje encuadran en lo que dispone el Código Penal Federal en su Título Undécimo, Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia, que dentro de su Capítulo I, Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, establece en las fracciones VII, VIII IX, X y XXX del artículo 225 lo siguiente:
“Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:
VII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos;
VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;
IX. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella;
X. Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución;
XXX. Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas;”.
De igual forma resulta aplicable el artículo 215 del mismo ordenamiento legal, que en su fracción XV establece:
“Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, y”
Los responsables de que hoy una presunta secuestradora sea recibida como gloria nacional en su país, con alfombra roja y sendos discursos oficiales de apoyo y encomio deben ser llevados ante la justicia y deben de responder a la sociedad mexicana por su injustificable conducta.
Por ello debe abrirse una investigación por virtud de la cual, con estricto apego a derecho, se deslinden responsabilidades y los probables responsables sean llevados ante la justicia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República para que inicie de oficio una investigación con el fin de deslindar responsabilidades por el montaje de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, y una vez acreditada su probable responsabilidad, se ejerza acción penal en contra de los servidores públicos implicados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al caso Monex, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el Monexgate, pese a las múltiples pruebas presentadas por la oposición, queda claro que esta institución se ha convertido en un apéndice del partido en el poder.
La decisión de votar en el último momento por el consejero electoral Sergio García Ramírez en favor de la legalidad de origen y destino del dinero utilizado en la campaña de la coalición Compromiso por México, sin siquiera justificar el sentido de su voto, quita seriedad al organismo.
Dicho voto decisivo proviene de un consejero que cuenta con una excelente relación con la familia Fraga, lo cual demuestra que en este caso han quedado subordinados los intereses de la ciudadanía a beneficios particulares.
Es claro, para quienes dieron seguimiento al procedimiento en comento, que la Unidad de Fiscalización del IFE no cumplió a cabalidad lo expresado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pues no investigó sobre la procedencia de los recursos utilizados por la campaña de Enrique Peña Nieto.
Ejemplo de ello es que el IFE no sanciona los 66 millones de pesos que fueron gastados en tiendas departamentales por el PRI. Ésa es una erogación que nada tiene que ver con activismos o gastos de operación para las campañas políticas.
Aunado a esto, el Cofipe no especifica que los partidos políticos puedan recibir apoyos económicos por empresas mercantiles, como hizo la coalición Compromiso por México. Sin embargo, sí sanciona a los partidos de izquierda por presumir que 28 millones de pesos no fueron utilizados para fines electorales.
Por tanto, hay falta de equidad en los criterios utilizados por el Consejo General del IFE pues, por ley, deberían garantizarse las mismas condiciones para todos los partidos, aunque en la práctica vemos todo lo contrario.
Por otro lado, el IFE determinó que la única coalición que rebasó el tope de campaña, de 336 millones de pesos, fue la del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, si bien el ejercicio denominado “auditoría ciudadana” determinó que, a sólo 20 días de campaña, el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México había rebasado –y por mucho– ese límite.
Con base en lo expuesto, podemos observar que las instituciones encargadas de aplicar la ley, lejos de ser objetivas y satisfacer las demandas sociales, han quedado reducidas a intereses partidarios.
La falta de mecanismos que garanticen un desempeño objetivo de los consejeros ha ocasionado que el IFE se convierta en un instrumento más del partido en el poder. En unos años, dicha institución ha pasado de ser el órgano con mayor legitimidad y credibilidad ante la sociedad a ser una extensión del Poder Ejecutivo.
Derivado de lo anterior se someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización y a los consejeros del Instituto Federal Electoral a conducirse en el ejercicio de sus funciones con independencia, imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad.
Segundo. Por conducto de los órganos internos de la Cámara de Diputados se instaure juicio político contra el consejero Sergio García Ramírez porque emitió su voto en favor de la alianza Compromiso por México en el caso Monex, después de haberse excusado, demostrando su falta de seriedad y compromiso, y en clara contravención de la legalidad y de todo principio de derecho.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados públicamente por el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos durante la toma de protesta del comisionado presidente de la institución, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza, Lilia Aguilar Gil y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos diputados, Lilia Aguilar Gil y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se creé una Comisión Especial para la investigación de los hechos denunciados públicamente por el Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ángel Trinidad Zaldívar durante la toma de protesta del comisionado presidente, Gerardo Laveaga Rendón del citado instituto, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado diciembre de 2012 el Senado de la República aprobó diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encaminadas a fortalecer el derecho de acceso a la información pública, dictamen que próximamente deberá ser analizado y discutido por la Cámara de Diputados.
2. Dentro de las reformas propuestas, se contempla, entre otras, las siguientes:
• Que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sea un organismo autónomo, especializado e imparcial responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.
• Este organismo en su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
3. El dictamen en comento precisa que se debe entender por los citados principios, destacando el siguiente:
El profesionalismo es un principio que genera la convicción en los funcionarios y comisionados que formarán parte de este organismo en constituirse en personal que realmente sea profesional en su actuar, lo que implica el velar por la capacitación, formación y desarrollo del capital humano que intervendrá en el proceso de acceso a la información, con ello se busca generar determinaciones debidamente fundadas y motivadas derivadas del estudio profundo que los servidores públicos del organismo realicen en sus criterios de resoluciones.”
4. El profesionalismo que debe imperar en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se pone en tela de juicio si tomamos en cuenta las denuncias públicas que hiciere recientemente el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar durante la toma de protesta del comisionado presidente Gerardo Laveaga Rendón al señalar, que éste último “es un perezoso porque no hace su trabajo”, pero lo que realmente debe alarmar es la declaración en el sentido que el comisionado presidente “tenga un rezago de más 291 asuntos, a diferencia de los demás comisionados que rondan en promedio los 163... que desconocía el tema... que el día de una de las discusiones más importantes y trascendentes para el instituto, como lo fue el asistir al Senado a debatir la propuesta de reformas, se durmió...”, lo anterior reviste gran importancia, pues se trata del órgano garante del derecho fundamental de todas las personas de acceder a la información pública y de la protección de sus datos personales.
5. El hecho de que el IFAI tenga tantos asuntos rezagados implica una flagrante violación a la garantía constitucional que tienen los ciudadanos a estar informados, involucra que las personas no puedan tomar decisiones en su vida personal y profesional, recordemos que la información es poder y este derecho no sirve, si no se puede ejercer por sus titulares y qué decir de las acciones en materia de protección de datos personales que pudieran estar pendientes de resolverse, la vida privada de esos ciudadanos está en riesgo, sin que se pueda determinar sus posibles consecuencias.
6. Ese rezago, no es cosa menor, si se toma en cuenta que el dictamen implica no solamente dotar al instituto de autonomía constitucional, sino que involucra que tenga más facultades, si se toma en cuenta que se amplía el número de sujetos obligados; que conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva de la información; de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten; establecer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones e interponer acciones de inconstitucionalidad, luego entonces, ¿tendrá la capacidad humana y técnica el instituto, aún cuando se aumente el número de comisionados, para ejercer estas nuevas atribuciones? ¿podrán los actuales comisionados ejercer sus funciones con profesionalismo?, cuando se afirma que el actual comisionado presidente, pide “20 por ciento de nombramientos, 20 por ciento de viajes y 20 por ciento de viáticos”, que a la comisionada Wanda Sigrid Arzt Colunga, se le incrimine su “falta de ética comprobada”, aunado a la afirmación de que la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, inicio una investigación por estos motivos.
7. Luego entonces, resulta evidente la necesidad de que se forme una comisión especial que investigue las afirmaciones emitidas públicamente por el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar y en su caso, se determine la responsabilidad en que pudieran estar incurriendo los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
8. La investigación permitirá, adicionalmente, dotar de mayores elementos a esta soberanía sobre la situación real que impera al interior del instituto y así poder estar en aptitud de dictaminar la propuesta emitida por el Senado de la República, y como consecuencia, ahora sí, garantizar, efectivamente, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, crea la Comisión Especial para la investigación de los hechos denunciados públicamente por el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ángel Trinidad Zaldívar durante la toma de protesta del comisionado presidente, Gerardo Laveaga Rendón del citado instituto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Diputados: Lilia Aguilar Gil, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Cantú Garza (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implantar acciones que garanticen la correcta aplicación del programa y lo blinden de fines electorales o partidistas, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. La pobreza es sin duda uno de los retos más grandes que enfrenta México, desde las últimas décadas, los gobiernos se han propuesto abatirla y a pesar de la tasa de crecimiento de esta población, se han ideado programas que han demostrado tener éxito.
II. El porcentaje de personas en pobreza por carencias de servicios básicos de vivienda disminuyó de 58.6 por ciento en el año 2000, al 33.2 por ciento en el año 2010.
III. La pobreza por rezago educativo disminuyó de 22.5 por ciento en el año 2000 a 19.4 por ciento en el año 2010.
IV. La pobreza por calidad y espacios de vivienda bajó de 32.3 por ciento en el año 2000, a 19.3 por ciento en el año 2010.
V. El programa Oportunidades que comenzó en el gobierno de Vicente Fox y se perfeccionó durante la pasada administración de Felipe Calderón, ha sido tan exitoso que actualmente el Banco Mundial está apoyando 16 de estos programas en 12 países.
Más de 80 millones de personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza en países de América Latina son atendidos por programas sociales basados en el modelo de Oportunidades puesto en marcha en México.
VI. El gobierno del presidente Peña lanzó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con la misma intención con la que han comenzado varias administraciones anteriores; sin embargo, el decreto mediante el cual se establece dicho programa no detalla el funcionamiento y contenido del proyecto, lo que determina este decreto son una serie de objetivos e intenciones, y es fundamental se publique y se ponga a escrutinio público la estrategia puntual a través de la cual se alcanzarán sus objetivos.
VII. En múltiples ocasiones los programas sociales han sido utilizados con fines electorales y para cooptar adeptos partidistas bajo la mas ruin forma de hacerlo, aprovechándose de la necesidad de alimentación y desarrollo de las personas, en mérito de lo cual cabe señalar que el programa de referencia, no contempla un blindaje contra este tipo de prácticas, por lo cual cabe el señalamiento a fin de garantizar su efectividad y legitima causa para el que fue diseñada esta cruzada.
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que existen 11.7 millones de personas en pobreza extrema en la República Mexicana.
Segundo. Que el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Obliga al Estado mexicano a garantizar una buena alimentación a toda persona.
Tercero. Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin hambre).
Cuarto. Que, como lo establece en su artículo quinto, el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre tendrá los siguientes componentes:
1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre;
2) Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios;
3) Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y
4) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales.
Quinto. Que el decreto establece, en su artículo séptimo, que la comisión propondrá las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, entre otras, en:
I. Ajustes en el diseño de los programas;
II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y
III. Implementación de acciones eficaces de coordinación.
Sin especificar una estrategia clara, con planes a corto, mediano y largo plazo de cómo se han de cumplir los objetivos de la cruzada.
Sexto. Que la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con otros organismos, instituciones y secretarías, cuenta con alrededor de 13 programas para combatir la pobreza en nuestro país:
1. Programa de 70 y Más, el cual atiende a los adultos mayores de 70 años y tiene cobertura a nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se pagan cada dos meses; participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto Nacional de Protección de las Personas Adultos Mayores, además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.
2. Opciones productivas, programa que apoya proyectos productivos de la población que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental.
3. Programa Hábitat, programa que articula los objetivos de la Política Social con los de la Política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.
4. Empleo temporal (PET), atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
5. Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, programa que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.
6. Rescate de Espacios Públicos, contribuye a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia.
7. Programa 3x1 para migrantes, apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del gobierno federal (a través de Sedesol), y la de los gobiernos estatal y municipal. por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen 3 pesos; por ello 3x1.
8. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, producto de la fusión de los programas de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a zonas de atención prioritaria, atiende integralmente los rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (zonas de atención prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de rezago.
9. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, apoya a los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el desarrollo de habilidades personales y sociales.
10. Apoyo para regularizar asentamientos humanos, programa que está dirigido a hogares en situación de pobreza patrimonial que requieren apoyo económico, ya sea para regularizar o escriturar el lote en el que habitan o para liberar la reserva de dominio del lote que han contratado y que por razones económicas no han cubierto el costo del procedimiento de escrituración, fue creado en 2008 con el propósito de abatir los asentamientos humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de la propiedad de la tierra.
11. Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, atiende a las personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.
12. Estrategia 100x100, impulsa el desarrollo integral, social y económico de los 125 municipios que presentan mayores niveles de marginación y pobreza del país, a través de un esquema de coordinación institucional en el que participan 10 dependencias y cuatro entidades del gobierno federal, y comprende seis vertientes de acción: salud, educación, vivienda, infraestructura, productividad y medio ambiente.
13. Programa de Apoyo Alimentario, atiende a las familias en situación de pobreza mediante los siguientes apoyos: apoyo alimentario, alimentario-vivir mejor y alimentario-infantil-vivir mejor, complementos alimenticios y leche fortificada. Para el ejercicio fiscal de 2012 el Presupuesto aprobado a este programa asciende a 4 mil 83.8 millones de pesos, superior en 6.8 por ciento en términos reales al gasto registrado en 2011.
Séptimo. Que el decreto sólo establece un carácter consultivo para las instituciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, los organismos internacionales y la academia; a pesar de ser éstos una parte fundamental en la formulación de una solución incluyente y duradera.
A la letra el decreto dicta:
Artículo Décimo. El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.
El consejo se integrará por:
I. El secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá
II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado;
III. Representantes de instituciones académicas, y
IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales.
Los gobernadores de los estados de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del consejo.
Octavo. El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre contempla la inclusión de la comunidad y establece que participarán en la instrumentación y supervisión del cumplimiento de los objetivos. Dice lo siguiente:
Artículo Décimo Primero. Con la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas.
Para que dichos comités comunitarios puedan supervisar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia de las acciones, es necesario se faculten con mecanismos de exigibilidad.
Noveno. Que en nuestro país se llevaran a cabo en catorce entidades federativas elecciones para renovar distintos poderes públicos de gobiernos y congresos estatales, por su parte el código federal de Instituciones y procedimientos electorales establece en su artículo 347, numeral 1, inciso e), la prohibición a la utilización de los programas sociales con fines de motivar el voto hacia algún partido, el referido artículo a la letra indica:
Artículo 347
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
En mérito de lo anterior, es expresa la prohibición para la utilización de dichos programas en beneficio de cualquier partido político, y es claro que la cruzada contra el hambre, no precisa los elementos de blindaje para evitar que este programa sea utilizado en forma facciosa o a favor de un determinado candidato, lo anterior se correlaciona con lo que dispone el artículo 407 fracción II del Código Penal Federal que a la letra indica:
Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;
(Énfasis propio).
Es claro que la utilización de programas sociales en forma artificiosa o con fines electorales no solo constituye una infracción en materia electoral, sino que se erige como una conducta delictiva que se castiga hasta con prisión de nueve años, de modo que no es menor, la preocupación que mediante el presente instrumento se esgrime , por ello es necesario blindar el programa social que nos ocupa a fin de garantizar su plena eficiencia y de que en efecto llegara a quienes mas lo necesitan, esto hace necesario establecer medidas urgentes que permitan garantizar que no se utilizara de forma indebida especialmente con los fines antes citados.
En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para que cree los mecanismos que permitan blindar la utilización de los programas que esta Cruzada desarrolle, sobre todo en los catorce estados de la República que tendrán elecciones este año.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial y a la Secretaria de Desarrollo Social en particular, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que las resoluciones dicho Consejo sean debidamente aplicadas y cuantificadas, a fin de no tener un carácter meramente consultivo.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre a garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista; asimismo se solicita desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que den certidumbre y transparencia a dicho programa y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Quinto. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas de tal manera que los beneficiarios de los programas que este Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre desarrolle, puedan, dentro de los Comités Comunitarios, exigir a las autoridades el cumplimiento de los objetivos, el respeto a la ley y a sus derechos.
Dado en el salón de sesiones, a 30 de enero de 2013.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del DIF Nacional y estatales a asegurar en sus programas las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar respetuosamente al titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, así como a los titulares de los Sistemas Estatales de Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que en sus programas garanticen los derechos de los infantes establecidos en la convención sobre los derechos del niño.
Lo anterior, en base a las siguientes consideraciones:
1. De acuerdo a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cual México es parte integrante: Los infantes tienen derecho a que el Estado garantice su vida, su salud, su esparcimiento, su libertad de expresión, a un nombre y nacionalidad, a crecer en el seno de una familia, a ser protegidos en los conflictos armados, a la protección contra el descuido y el trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general.
2. Los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, lo que significa que ninguna persona puede vulnerarlos ni desconocerlos.
3. Que los niños son sujetos de derechos y que los adultos somos sujetos de responsabilidades y,
4. Según el Módulo de Trabajo Infantil 2011 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Secretaría del Trabajo y Previsión Social), en México, existen tres millones de niños entre los cinco y diecisiete años que trabajan para otros y de los cuales el 39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de infantes; de los cuales, 72.3 % son niños y 27.7 % son niñas. Así mismo, en seis de cada diez niños y niñas ocupados habría consecuencias para ellos si dejan de trabajar.
5. Si bien es cierto, tanto el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia como los Sistemas Estatales de Desarrollo Integral de la Familia operan programas que intentan combatir este penoso fenómeno, también es cierto que no se han aplicado acciones que lo ataquen de fondo. Por citar un ejemplo, el DIF Nacional opera un programa denominado Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle “De la Calle a la Vida”, sin embargo, este programa sólo opera en las principales zonas metropolitanas del país, es decir, en el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y León, dejando sin atención a los menores en situación de calle del resto del país.
En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, que exhorta respetuosamente al Estado Mexicano y a las autoridades mencionadas, a efecto de que urgentemente se implementen acciones dentro de los programas y las políticas de Gobierno, que garanticen los derechos de los infantes que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se erradique de las calles de todo el país y dentro de la sociedad mexicana, la explotación de infantes por parte de sus padres y de terceros, que los utilizan y/ó permiten que los utilicen en trabajos esclavizantes, solicitando dinero, vendiendo dulces y prostituyéndose para mantener el alimento; bajo razones y condiciones de pobreza extrema hasta altas horas de la noche ante inclemencias del clima, violentando las necesidades físicas y psicológicas de los infantes . Situación que no les permite crecer con dignidad y ante el azote de la pobreza extrema, la ignorancia, y el abuso de redes organizadas que emplean infantes en sus comercios, lo único que México obtiene, es una infancia sin futuro académico y con un amplio resentimiento social en su madurez generacional.
Por lo tanto, es de trascendente importancia, que en nuestro país se implemente en todos los niveles un Sistema de Protección al Infante dentro de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) que coordine las acciones y se generen políticas transversales en todas las instancias de gobierno, con el objeto de dar seguimiento a los programas y se puedan evaluar impactos dentro de la sociedad y sobre todo, dentro de la niñez.
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente al titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a los titulares de los Sistemas Estatales de Desarrollo Integral de la Familia a efecto de que se amplíe la cobertura, acciones y estrategias dentro de los programas y las políticas de Gobierno a través de la creación de un Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección al Infante, con el objetivo de garantizar la vigilancia y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Nino.
México, DF, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil trece.
Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al INAH a realizar acciones a fin de atender las demandas de los sectores culturales de Papantla de Olarte, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados que suscriben, integrantes de diversos grupos parlamentarios ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 el anexo 35.3, “Ampliaciones de cultura”, incluyó una lista de ciudades patrimonio, integrada por: Oaxaca, Tlacotalpan, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Campeche, Distrito Federal, Morelia, Puebla y San Miguel de Allende.
Estas ciudades patrimonio recibirán una ampliación presupuestal entre 3,886,909 pesos (en el caso de San Miguel de Allende) hasta 37,843,175 pesos (para Puebla), lo que sin duda permitirá la conservación, preservación y promoción del patrimonio cultural de esas importantes joyas históricas.
Sin embargo, la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, fue excluida de la ampliación presupuestal, a pesar de ser la cuna de dos de las más importantes manifestaciones de la cultura prehispánica del país y que se reconocen a nivel mundial: la zona arqueológica Tajín y los voladores de Papantla.
La zona arqueológica Tajín fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, en 1992, gracias a su grandeza, preservación, singularidad y los aportes mayúsculos para el conocimiento de la cultura Totonaca, una de las más antiguas de Mesoamérica.
Los voladores de Papantla fueron nombrados en marzo de 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, gracias a que la ceremonia icónica de los hombres-pájaro es uno de los rituales mejor preservados y más difundidos de la cultura prehispánica mexicana.
Por si fuera poco, Papantla ostenta el título de Pueblo Mágico, ya que agrupa riqueza histórica, arquitectónica, artesanal y cultural; además, esta ciudad es el invernadero que da vida a la vainilla, una de las aportaciones mexicanas al arte culinario mundial.
A pesar de contar con toda esta riqueza cultural, Papantla ha sido marginada de la ampliación presupuestal, cuando el Centro Histórico papanteco se encuentra a sólo tres kilómetros de la zona arqueológica Tajín, equiparable en esplendor a Chichen Itzá o Teotihuacán.
Los Voladores de Papantla gozan del título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero ello no les ha representado ningún beneficio para mejorar su calidad de vida, sólo para aparecer en carteles publicitarios de las secretarías de Turismo.
Ser una representación viva de la historia no evita que los Voladores padezcan los graves problemas de la actualidad: pobreza, marginación, carencia alimentaria y el deterioro del entorno donde preservan, con mucho esfuerzo, la herencia cultural del pueblo totonaca.
Ante este panorama presentamos las siguientes:
La ciudad de Papantla de Olarte y todas las riquezas culturales que engloba requieren ser incluidas en la ampliación presupuestal con la finalidad de preservar y promocionar ese legado; de no hacerlo así se corre el riesgo de perder una de las joyas más preciadas de nuestra herencia patrimonial.
Para cuidar esta riqueza se requiere otorgar a la ciudad de Papantla una ampliación presupuestal de 10,000,000 de pesos, los cuales serán etiquetados por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la siguiente manera:
5,000,000 de pesos para mejorar la vivienda (muy deteriorada y que ni siquiera fue incluida en el programa de Piso firme del gobierno pasado) de los integrantes de la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla Asociación Civil.
2,000,000 de pesos para la restauración y mantenimiento de la Casa del Volador (ubicada en Pozo de la Cruz interior Privada 3 de Mayo sin número), que se encuentra en pésimas condiciones y a punto de derrumbarse, perdiendo los danzantes el único sitio donde enseñan a las nuevas generaciones su herencia cultural.
1,000,000 de pesos de pesos para la adquisición de dos vehículos tipo camioneta, con la finalidad de poder desplazarse dentro del municipio, en el estado de Veracruz o al interior de la República, para llevar la danza original de los Voladores de Papantla a todos los rincones.
2,000,000 de pesos destinados a contratar un seguro de vida para los Voladores, que en cada ceremonia arriesgan la vida, difundiendo nuestra cultura.
Asimismo, darle un orientación original a la preservación de la zona arqueológica Tajín y se amplíen los servicios del Parque Temático Takilhsukut, se debe integrar a los integrantes de la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla Asociación Civil, como miembros del Consejo del parque.
Justificación de parte del INAH de autorización para que Pemex instalara, a través de la zona arqueológica del Tajín, un gasoducto a más de 1.30 metros de profundidad.
Que el INAH aporte los gastos de vestuario a los Voladores de Papantla, del 5% que tiene que entregar al municipio de los ingresos que recibe por las entradas a la zona arqueológica, de acuerdo a la Ley de Ingresos.
Que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice un programa de vivienda rural para la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla, AC.
Por todo lo anterior, somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incluya a Tajín, en el rubro “Cultura ciudades patrimonio”, por un monto de 10, 000,000 de pesos.
Segundo. Que la SHCP a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, etiquete los 10, 000,000 de pesos para vivienda, preservación de la casa del volador, unidades de transporte y seguro de vida, conforme a la tabla presentada.
Tercero. Se organice una mesa de trabajo entre los representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el INAH Para atender las demandas de los Voladores de Papantla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar acciones de protección y conservación del bosque La Primavera, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
José María Martínez Martínez, senador en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de realizar diversas acciones a favor de la protección y conservación del bosque La Primavera, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El bosque La Primavera también conocido como Bosque de la Primavera, es una amplia zona forestal localizada en el estado de Jalisco. Su ubicación se encuentra al oeste de la ciudad de Guadalajara y comparte terreno entre los municipios de Zapopan, Tala y Tlajomulco de Zúñiga. Los jaliscienses sabemos que este bosque es el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.
Tras innumerables situaciones adversas que ha sufrido este bosque desde hace miles de años, podemos afirmar que nada se compara al daño que le ha ocasionado la acción humana. Por tanto, este bosque, desde el año 1934 ha contado con diversas declaratorias como zona forestal protegida tanto federales como estatales, la más reciente de ellas fue la otorgada en 1980 por el presidente José López Portillo.
Su extensión registrada es de 30 mil 500 hectáreas aunque con la construcción de fraccionamientos, la tala inmoderada y los últimos incendios ha quedado en poco menos de 20 mil hectáreas.
La zona de protección cuenta con un ecosistema en promedio de 795 especies de plantas, varias de las cuales se encuentran en estatus de peligro de extinción y un reservorio de nueve especies de plantas endémicas de Jalisco.
En cuanto a la fauna que podemos encontrar de acuerdo con los últimos inventarios son 222 especies animales de diferentes clasificaciones.
Sin olvidar que el bosque La Primavera, APFFLP por las siglas: Área Protegida Flora y Fauna La Primavera, fue también declarado reserva de la biosfera en octubre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En general, el bosque La Primavera APFFLP, se puede identificar como una corriente de bienes y servicios ambientales principalmente para la ciudad de Guadalajara, dentro de los cuales se encuentran: ser hábitat de especies de flora y fauna silvestres; permitir la continuidad de los procesos evolutivos; regular el clima de la región; captar, infiltrar, transportar y sanear aguas superficiales y subterráneas; permitir la recreación y turismo; además de soportar valores escénicos, proporcionando también protección a la cuenca y subcuencas hidrológicas en que se ubica, representando uno de los principales aportes de agua a la región, en particular a la ciudad de Guadalajara y funcionando como fundamental sitio para la captación, filtración, transporte y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas.
El bosque está delimitado por una poligonal que comprende el APFF La Primavera, 50 por ciento de la superficie en el APFFLP es de propiedad privada; 35 por ciento es propiedad ejidal y/o comunal; y 15 por ciento restante de la superficie es propiedad del gobierno del estado.
Lo que más preocupa y, que ahora nos ocupa, es que los principales problemas que enfrenta este bosque, además de los incendios, son el establecimiento de fraccionamientos, pozos geotérmicos, explotación de bancos de material, cacería furtiva, tala inmoderada, sobrepastoreo, motociclismo prohibido y la mayor causa de deterioro del bosque son los incendios que sufre cotidianamente, ocasionados por la falta de medidas preventivas, la negligencia humana o hasta de los intereses económicos de unos cuantos.
En 2005, se dañaron alrededor de 8 mil hectáreas, declarándose contingencia ambiental en la zona conurbada de Guadalajara, y se decretó la fase dos de emergencia a causa de que se elevó a 370 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire (imeca) la contaminación ambiental, teniendo en cuenta que entre 50 y 100 puntos en el imeca se considera un ambiente bueno, se necesitan por lo menos 20 años para la recuperación de la zona siniestrada en el bosque.
A mediados de abril del año próximo pasado los jaliscienses fuimos testigos de otro gran incendio que consumió alrededor de 8 mil 276 hectáreas de bosque o aproximadamente 10 por ciento de la superficie total. Esa superficie dañada equivale a más de cinco veces el tamaño del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y a 11 veces el de Central Park, en Nueva York.
La incidencia ocurrida ocasionó el obvio descontento y preocupación ciudadana, representado en los diversos actos de unión y participación por grupos de civiles para apoyar la causa. Por ejemplo, la sociedad civil se organizó durante los intentos de sofocar el incendio para llevar víveres a los brigadistas que realizaban esta tarea, así también en el mes de junio de 2012 más de 300 ciudadanos participaron en una jornada de conservación, a fin de evitar que las lluvias del temporal en puerta erosionaran el suelo del lugar. Sin embargo, debido a lo accidentado del terreno, los voluntarios concentraron sus trabajos sólo en dos predios de fácil acceso, uno cerca de La Venta del Astillero, y otro por El Bajío del Arenal, además de que fue difícil la cooperación ciudadana ya que este tipo de trabajo requiere experiencia y capacitación.
No obstante, estas muestras de apoyo son símbolo del interés de los ciudadanos por proteger y mantener el bosque La Primavera, resulta insuficiente para reparar el daño que representa una eventualidad de tal naturaleza, que genera por lo menos los siguientes problemas:
• El cambio climático acelerado con consecuencias para las sociedades y los ecosistemas;
• La pérdida acelerada de la diversidad cultural y biológica y sus consecuencias inesperadas en la capacidad de los ecosistemas para continuar proporcionando servicios fundamentales para el bienestar de la humanidad;
• El proceso acelerado de urbanización como impulsor de cambios ambientales.
• Incendios forestales y cambios de uso de suelo impulsados por una creciente presión debida a un desarrollo que no contempla a los espacios naturales como fuente de servicios ecosistémicos y recursos tácticos.
El Ejército mexicano, con apoyo técnico de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), inició la reforestación de más de 370 hectáreas tras el desastre ocurrido, se realizaron obras de rehabilitación y conservación de suelos, además de la plantación de pinos, que repercutirá solo en beneficio de 585 hectáreas de las 8 mil 276 que se dañaron.
Los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar el daño ya hecho son reconocidos, sin embargo la recuperación de lo perdido es un asunto que requiere mucho más. Según un análisis del especialista ambiental, Arturo Balderas Torres, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) la recuperación del bosque de La Primavera tras el incendio podría tardar hasta 30 años.
Para contrarrestar tan solo las emisiones de dióxido de carbono de cinco días de incendio que representan hasta 30 veces las emisiones anuales por el consumo de gasolina y diesel en todo Jalisco, el costo sería alrededor de 570 millones de pesos. La estrategia integral de restauración y conservación del bosque y sus corredores de fauna debe considerarse al mediano y largo plazo -hasta de 30 años- y esta estrategia debe incluir idealmente el control del uso de suelo y prevención de incendios aplicando el marco legal y persiguiendo los delitos ambientales.
Para el establecimiento, administración y desarrollo de áreas naturales protegidas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que deberá de contarse no sólo con el diagnóstico y monitoreo de sus recursos, sino también con la planificación de los programas y actividades a instrumentar dentro de una zonificación previa. Esto incluye la delimitación de áreas para diferentes tipos de actividades.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales encargado de conservar el patrimonio natural de México mediante las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y son reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Como se mencionó, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 1980, por causa de utilidad pública se establece como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30 mil 500 hectáreas De propiedad particular en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Asimismo, el 7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el Acuerdo de Coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), ahora Semarnat, y el gobierno del estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre, así como para llevar a cabo diversas acciones coordinadas que apoyen a la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia de dicha área natural protegida.
El 4 de marzo de 1998 se sometió a consulta pública el anteproyecto del actual Programa de Manejo del Área Natural Protegida (ANP), por disposición de la Semarnap (hoy Semarnat), y cuyos resultados fueron analizados e incorporados al texto.
El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se dota al área natural protegida con una categoría acorde con la legislación vigente, quedando con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP).
Por todo lo anterior, se concluye que el bosque La Primavera a es un Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, regulada por la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente y que debe de existir planificación de los programas y actividades a instrumentar dentro de una zonificación previa, que la zonificación previa incluye la delimitación de áreas para diferentes tipos de actividades.
A partir de las modificaciones que ha sufrido el decreto que establece como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, existen antecedentes de grupos de personas que han obtenido el amparo y protección de la justicia de la Unión, al haber promovido juicios de amparo, por considerar violatorio de sus garantías individuales el decreto de creación del Área Natural Protegida, ocasionando que el polígono del área se reduzca en detrimento del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, y a favor de particulares. Lo que nos lleva a la conclusión de que debe de actualizarse conforme a la ley el polígono así como las zonificación previa que incluye la delimitación para las distintas actividades, para con esto crear certidumbre a los ciudadanos jaliscienses interesados en realizar cualquier tipo de actividad dentro del área protegida. Pero no sólo eso, sino que la protección no sea sólo jurídica sino de facto, lo que requiere de implementar sistemas de vigilancia y prevención.
Por tanto, hay dos medidas importantes por tomar para defender el bosque La Primavera, y que no se han tomado hasta la fecha, razón por la cual hemos perdido tanto terreno de Área Protegida. Primero, para efecto de erradicar la incertidumbre legal que prevalece, precisamente por la falta de actualización del instrumento legal que lo soporta, como lo es el decreto de 1980, es urgente que se realice la actualización del decreto, así como la corrección del polígono que conforma el área protegida toda vez que las fallas que presentaba el decreto original motivaron que vía amparo se perdieran hectáreas esto implica también que se actualice la respectiva división y subdivisión del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP), que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, así como la delimitación territorial de las actividades en el áreas naturales protegidas atendiendo al artículo 47 y 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Asimismo, deben ser mejorados los sistemas para detectar y combatir los incendios forestales que son la causa principal de la perdida de territorio del bosque, para ello es importante aumentar las tareas de prevención, la implantación de tecnologías de detección, mejoramiento de medios e infraestructuras para la detección que deberán también ayudar a contrarrestar los incendios por presión urbanística y negligencias provocadas por presión turística y escasa conciencia de sus visitantes.
Es importante tomar en cuenta que dado a que la zona protegida se encuentra totalmente constreñida por el cinturón metropolitano de Guadalajara y los desarrollos urbanísticos de Zapopan, La Tala y Tlajomulco, es urgente implementar mayor vigilancia en el área, capacitación y coordinación específica, aumento de personal a cargo de la prevención y combate y en general una mayor inversión para este tema.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en uso de sus atribuciones actualice la respectiva división y subdivisión del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, así como la delimitación territorial de las actividades en el área natural protegida atendiendo al artículo 47 y 47 Bis de la ley citada.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe cuáles son las acciones que se han tomado de prevención y combate en contra de incendios a partir del suceso de abril de 2012, y qué pretenden obtener con dichas acciones implementadas, así como los resultados que se obtuvieron de la evaluación de impactos causados por el fuego en el bosque La Primavera.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suscribir los acuerdos de coordinación necesarios con los gobiernos municipales de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga para implementar una mayor vigilancia, de forma permanente, el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, así como operativos para detener los asentamientos humanos irregulares en la zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la SHCP sobre el proceso de planeación democrática y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligación de “Organizar un Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Así mismo señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Para reglamentar esta disposición constitucional se publicó en 1983 la Ley de Planeación, a la cual se le han hecho diversas reformas, las últimas de las cuales se realizaron en 2012.
En el artículo 2o. de la ley se establece que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En el segundo párrafo del artículo 3o. se señala que “mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”.
En el artículo 5o. se ordena que “el presidente de la república remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan”.
De acuerdo con lo establecido en la ley, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe ser el instrumento rector fundamental de las actividades del Estado. Debe contener objetivos precisos y ser la base para la determinación de los recursos que se requieren para llevar a cabo las acciones de gobierno.
Durante las últimas administraciones, el proceso de planeación democrática, la elaboración del PND y su remisión al Congreso de la Unión, se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin que se cumplan los propósitos fundamentales establecidos en la Constitución y en la Ley de Planeación, de tal manera que no se ha aplicado un proceso de planeación realmente democrático, ya que para la elaboración del PND poco o nada se han tomado en cuenta las opiniones de los diversos grupos de la sociedad y, a final de cuentas, sólo han incluido la visión del Ejecutivo.
Este fenómeno se ha ido agudizando durante los gobiernos neoliberales, que tienen la convicción de que el gobierno debe tener una participación marginal en la conducción de la vida nacional, la que corresponde fundamentalmente a las fuerzas del mercado.
La Ley de Planeación sólo establece que el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes al PND que le presente el Ejecutivo, sin que sea obligatorio para éste, tomarlas en cuenta.
Sin embargo, el artículo 20 ordena que “en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.
”Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión”.
Según este artículo la participación de distintos grupos de la sociedad, incluyendo a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, debería ser muy activa en la elaboración del PND y de los programas sectoriales. Dada la importancia estratégica que debe tener este documento, el proceso de planeación democrática ya debía de haberse iniciado y el Pacto por México debería ser parte de dicho proceso; sin embargo, no se tiene conocimiento de que ello haya ocurrido, por lo que no existen señales que permitan suponer que se vaya a modificar de fondo la operatividad del Sistema Nacional de Planeación, con el propósito de que efectivamente se cumplan los mandatos legales.
En el artículo 21 se precisa que “el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo”.
De acuerdo con este artículo, el PND deberá ser publicado en junio de 2013, por lo que el proceso de planeación que concluya en la elaboración del PND y su entrega al Congreso tendría ya que haberse iniciado.
Por otra parte, el artículo 10 señala que “los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y el Plan y los programas respectivos”.
Asimismo, en el cuarto párrafo del artículo 8 se establece que “los funcionarios y los directores y administradores de las entidades paraestatales que sean citados por cualquiera de las Cámaras para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, señalarán las relaciones que hubiere entre el proyecto de ley o negocio de que se trate y los objetivos de la planeación nacional, relativos a la dependencia o entidades a su cargo”.
De acuerdo con estos ordenamientos, para que el Congreso pueda discutir una iniciativa de ley, se requiere que exista el PND y los programas sectoriales específicos, y que dicha iniciativa sea congruente con el plan y/o los programas.
Durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el próximo mes de febrero, seguramente se discutirán algunos proyectos de iniciativas de leyes y, ante la ausencia de el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no se podrán señalar las relaciones que existen entre los proyectos y el Plan, por lo que se considera de particular importancia que el Congreso de la Unión se involucre desde ya, en el proceso de planeación democrática que establecen la Constitución y la Ley de Planeación, a efecto de contar con elementos para analizar las iniciativas y su vinculación con el PND o, en su defecto con los avances que se tengan al respecto.
Se considera indispensable e impostergable que el Sistema Nacional de Planeación Democrática cumpla con los propósitos constitucionales y respete los principios de la Ley de Planeación, a fin de contar con un PND en el que efectivamente se plasmen las aspiraciones y puntos de vista de los distintos grupos de la sociedad y sea un mecanismo efectivo para conducir y evaluar las actividades públicas y la discusión de los proyectos de iniciativas de leyes se haga tomando en cuenta los objetivos y estrategias establecidos en el PND.
En el artículo 14 se establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinar las actividades de coordinación de la Planeación Nacional del Desarrollo y la elaboración del PND.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe al Congreso de la Unión sobre el proceso de planeación democrática que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado A del Artículo 26, conteniendo los siguientes aspectos:
1. El programa de trabajo que llevará a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como coordinadora del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo;
2. La descripción de los mecanismos de consulta popular que se instrumentarán, para que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo;
3. La descripción de los foros de consulta popular a que se convocará, con la participación de las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales; y
4. La participación que el Ejecutivo estima tendrá el Congreso de la Unión en el proceso de planeación y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como los mecanismos de coordinación correspondientes.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 30 de enero de 2013.
Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la violencia de género en Hidalgo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En pasados días en el estado de Hidalgo, específicamente en Tula, con el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, se tiene conocimiento de que al menos siete mujeres han sido asesinadas desde noviembre de 2012, y los tres asesinatos más recientes se han producido en lo que va del año en la entidad.
Asimismo, se tiene conocimiento que se han reportado en fechas recientes, otras cuatro desapariciones de mujeres hidalguenses.
Apenas esta semana, en la capital del estado, se halló el cuerpo de otra mujer asesinada. En las escaleras de un edificio habitacional de la calle Puerto Tuxpan, colonia El Palmar, al sur de Pachuca, vecinos se toparon con el cadáver envuelto en una cobija. La cabeza estaba cubierta con una bolsa. El parte pericial indica que la víctima tenía una herida en el pecho semejante a la producida por un arma punzocortante. Hecho que se suma a la serie de mujeres asesinadas violentamente con características que coinciden con feminicidios.
Cabe destacar que en el Diagnóstico del Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985- 2009 realizado por ONU Mujeres, El Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres, se revela que en dicho periodo se registraron 431 feminicidios en Hidalgo, con una clara tendencia de crecimiento a partir de 2005.
A esta cifra hay que agregar el número de casos ocurridos desde 2010, lo cual claramente representa un grave problema que debe atenderse de manera urgente y a pesar que estos siete asesinatos ya son considerados como feminicidios por la fiscal en Delitos de Género de la procuraduría del estado, María Concepción Aragón, es necesario visibilizar que este delito aún no está tipificado en el Código Penal del estado.
“En Hidalgo, el primer caso, de estas siete muertes recientes en Tula, fue la de una mujer que fue asesinada a pedradas, cuyos restos fueron hallados el 11 de junio de 2012.
Luego en septiembre, (el cuerpo de una mujer fue encontrado) entre los matorrales de la avenida Insurgentes en la colonia El Llano; y a mediados de octubre se halló un cadáver más de una mujer degollada.”
Es importante resaltar el hecho de que en todos los casos se presentaron claras señales de violencia y seis de los siete cuerpos fueron arrojados a un predio baldío de la segunda sección del fraccionamiento El Llano, ubicado en el municipio hidalguense.
El periódico Reforma señala el perfil de las víctimas, “una era ama de casa, otra taxista, dos vendían productos naturistas, y tres trabajaban en un centro comercial de Ciudad Cooperativa Cruz Azul; en este último caso, dos eran amigas y ambas fueron halladas en el mismo sitio en diferente día”.
Angélica, Elda, Mónica, son algunos de los nombres de las víctimas de esta ola de violencia feminicida que ataca la entidad, y que ha provocado que la sociedad esté atemorizada por la integridad de sus madres, hijas y hermanas.
Ante estos hechos aproximadamente 200 personas salieron el pasado fin de semana a las calles de la entidad exigiendo justicia y reclamando que se ponga un alto a estos hechos. Nos sumamos a las voces que gritan que no queremos presenciar otro caso como el de Ciudad Juárez, Chihuahua, decimos no a “las muertas de Tula”.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Hidalgo.
Segundo. Se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en últimas fechas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a tomar medidas en respuesta de lo ocurrido en el caso de la francesa Florence Cassez, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la a la Procuraduría General de la República para que tome diversas medidas en respuesta a lo ocurrido en el caso de la francesa Florance Cassez, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 23 de enero, los mexicanos fuimos testigos del acontecer de un tema que puso entredicho la dignidad del sistema de justicia mexicano frente al mundo y nuestra nación. No tenemos duda que el sistema de justicia en México no es confiable, pues las encuestas nos indican que 8 de cada 10 mexicanos no cree que la justicia en este país sea pronta, completa e imparcial, mandato que se encuentra claramente establecido en el artículo 17 constitucional.
Todo gobierno requiere de la aceptación y un mandato implícito o tácito de los gobernados. El pueblo demanda beneficios palpables en su vida cotidiana a cambio de su confianza, esto es que materialice en el conocimiento y la transparencia respecto de las acciones de sus autoridades, y sólo de esta manera los ciudadanos ven retribuido el capital político conferido a los gobernantes el día de las elecciones; sin este intercambio no hay aceptación, ni confianza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación, el pasado 23 de enero, concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión en México por secuestro, lo que permitió que Cassez quedara libre por violaciones en el proceso judicial entablado en su contra; de lo anterior es que los mexicanos nos encontramos más que desilusionados y molestos, ya que la Suprema Corte tiene entre sus responsabilidades defendepel orden constitucional y solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad, como lo fue en este caso el de la francesa y, la resolución que dictó este órgano de alto nivel, última instancia de las instancia, no representó la opinión, los intereses, ni la fe de los mexicanos.
El juicio popular sobre este tribunal alcanza su peor momento en años, toda vez que la mala opinión pasa de 28 por ciento en marzo de 2012 a 50 por ciento ahora. La impresión de que las cosas están cambiando en la aplicación de la ley en México está por los suelos. La idea de cambio ahora es compartida sólo por 16 por ciento, 30 puntos menos que hace casi un año. Hoy por hoy 60 por ciento de la población encuestada cree que nuestro órgano máximo de justicia actúa sin apego a la Ley y peor aún, 73 por ciento piensa que los integrantes de la Corte deciden bajo presión de políticos y grupos de interés.1
Cuando la sociedad recibe señales de falta de honestidad por parte de los servidores públicos, se distorsionan las relaciones entre el gobernante y el gobernado. Si los mexicanos no confiamos en el órgano que imparte justicia en el más alto nivel, ¿Qué podemos esperar ahora de la confianza en las autoridades que realizan las investigaciones de origen y resuelven en primeras instancias? Ahora bien, ¿Qué podemos esperar de la expectativa ciudadana sobre las Policías, los Agentes del Ministerio Público, los Jueces del fuero Común, etcétera?
Este antecedente trae consigo el desafortunado resultado de que la sociedad no confíe en las autoridades, no crea en las buenas intenciones de los gobernantes, no espere cambios benéficos en su país, no respete a las autoridades, en suma, este antecedente provoca que la ciudadanía no tenga confianza en ninguna institución de procuración o impartición de justicia.
Por lo anterior, es que consideramos que la opinión pública y la credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones son de los temas más importantes en la vida política democrática. Sin confianza y respeto de los ciudadanos, los sistemas no funcionan, la justicia se desmorona y queda en manos de quien se siente con la razón y no de quien merece el reconocimiento de la misma.
Si bien es cierto la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda a consideración de diferentes interpretaciones de la Ley que pueden ser perfectamente válidas y respetables (tan es así que tuvo dos votos en contra de Ministros), no menos cierto es que, incluso, aunque se hubiese llegado a comprobar que hubo inconsistencias en el procedimiento y violaciones a derechos fundamentales de la ahora sentenciada, la versión más acercada a la verdad es la culpabilidad de la francesa.
Lo indignante, no es propiamente lo resuelto por la Corte, que aunque evidentemente traiga como consecuencia una frustración generalizada de la población, no es la raíz del resultado que se vio inevitablemente reflejado en la resolución final de una última instancia, sino la falta de coherencia entre la legislación que se adopta y la práctica real.
Los derechos humanos, según lo define la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituyen el “conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”.
En otras palabras, la trascendencia de la reforma de junio de 2010, mediante la cual se adecúa nuestra Constitución con otras Cartas fundamentales contemporáneas, reconociendo los derechos humanos en la Constitución, así como de los tratados internacionales suscritos por México, deja en claro que, nuestra Nación debe ante todo garantizar mediante cualquier medio existente la protección de los derechos humanos.
Luego entonces, en el caso concreto de la francesa Florance Cassez, como en innumerables más (que no se hacen públicos) quedó en evidencia, que los derechos humanos son transgredidos durante las investigaciones y procedimientos utilizados por las autoridades para obtener pruebas y podremos aducir y alegar que la culpabilidad está comprobada incluso a pesar de ello, sin embargo la Ley Suprema, es clara en señalar que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos, luego entonces ¿De quién es la responsabilidad de este tan desalentador caso resuelto?
No podemos negar que un progreso de esta naturaleza es plausible (el de ampliar la protección a los derechos humanos) sin embargo, debemos reconocer que nuestro sistema no cuenta con los elementos suficientes para poder atender a ambos requerimientos, el respeto a estos derechos fundamentales y el allegamiento de elementos de convicción suficientes para acreditar la comisión de delitos y las responsabilidades, mucho menos, cuando la delincuencia organizada pareciera mas organizada que las propias instituciones de procuración e impartición de justicia, la delincuencia nos está superando, y se está aprovechando de los avances legislativos realizados de buena fe y con las mejores intenciones.
Esta proposición es única y exclusivamente para llamar la atención de las autoridades que tienen en su encomienda esta labor, para recordarles que ya no más pueden realizar investigaciones inquisitivas, en donde las pruebas las obtienen a base de violencia y engaño, que nuestro sistema ya no es el de la época inquisitorial en donde bastaba con la confesión del imputado para obtener una sentencia en su contra, y que para obtenerla hacían uso de la violencia física y moral.
Con esta proposición se pretende hacer un llamado a todo el aparato policiaco y quien a su mando está, para recordarles que ahora la Ley Suprema le otorga un grado preferencial a la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos.
De lo anterior, queda claro que se necesita más trabajo de las autoridades, más coordinación, más esfuerzo para lograr sus labores para defender su encomienda y para recuperar la confianza ciudadana en ellos.
Tal vez el descontento de la ciudadanía en este caso en particular sea por la trascendencia del resultado final, por saber que penosamente dejamos ir a una secuestradora y además lo exhibimos internacionalmente, sin embargo, no es el único caso en el que se ha procedido de esta manera, innumerables veces se violan derechos humanos, se cuartán derechos fundamentales y jamás son reparados, jamás son siquiera conocidos por la población. Es indignante el ver como se avanza de manera teórica, pero no se tienen resultados tangibles, resultados que devuelvan la confianza del pueblo en las instituciones.
De lo anterior es por lo que se propone exhortar a la Procuraduría General de la República, a efecto de que investigue, persiga y en su caso sancione a los responsables que actuaron de manera negligente, al no respetar las garantías individuales que debieron de observarse en el caso de Florence Cassez y permitió su liberación, ya que es urgente que regrese la confianza a los ciudadanos y la credibilidad de las víctimas en las instituciones.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que realice una investigación de todos los funcionarios bajo su mando, quienes eventualmente actuaron en complicidad o negligencia al no respetar las garantías individuales que debieron de observarse en el caso de Florance Cassez y permitió su liberación, y en su caso sancione a los responsables de esta afrenta para los mexicanos.
Nota
1 Última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
Palacio Legislativo, a 30 de enero del 2013.
Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar medidas para erradicar la extracción, el manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es por de más conocido que a lo largo y ancho del país existe una cifra considerable de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales a la par de provocar pérdidas millonarias, han desembocado en graves accidentes que ponen en riesgo la vida de quienes habitan la zona, incluso provocando la muerte.
Recordemos lo ocurrido en el mes de octubre del año pasado, en donde “una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina provocó la evacuación de al menos mil personas y el desalojo de cinco colonias en Tepeji del Río, Hidalgo”, esto tan sólo por mencionar un ejemplo.
En días recientes, Octavio Pérez, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), expresó que “la administración pasada fue complaciente con los distribuidores clandestinos, Jordy Herrera Flores, extitular de Energía, toleró el mercado ilícito de gas (por lo que actualmente) en el centro del país existen al menos 300 camiones pirata distribuidores de gas licuado de petróleo ( gas LP) que comercializan el combustible robado directamente de los ductos de Pemex.”
Debemos considerar este problema como un tema prioritario, ya que datos presentados por el mismo organismo revelaron que cada uno de estos tanques ilegales, comercializa alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP diariamente, lo cual resulta un volumen muy significativo.
De esta forma, se podría inferir que en promedio, 600 mil litros de gas LP se transportan y distribuyen de manera ilegal, de forma mensual en el centro del país, que abarca los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, México y Distrito Federal, el cual presuntamente se obtiene de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, provocando que se contemple que al menos cinco por ciento de dicho energético sea de procedencia dudosa.
Es importante mencionar que el año pasado, las tres principales asociaciones del gremio, que en conjunto representan 90 por ciento de los distribuidores de gas LP en el país, donaron a la Secretaría de Energía ocho pistolas láser, con la finalidad de realizar operativos de inspección y verificación en la región centro.
Y a pesar de contar con dicho equipamiento, sólo se realizaron dos operativos de vigilancia que dieron como resultado la detección e inmovilización de únicamente ocho unidades irregulares.
Asimismo, se denunció que “en los últimos tres años, la industria en México ha observado el surgimiento de una red ilegal de distribución de gas LP robado, que opera con autotanques que ostentan una gran variedad de marcas. Inclusive algunos de ellos tienen sobrepuestas marcas de empresas formales, que usurpan impunemente”.
Esto ha provocado que proliferen sin obstáculo alguno pipas clonadas, robadas o de empresas fantasma, que venden el gas a precios inferiores a los del mercado, dejando cuantiosas ganancias para los grupos delictivos.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.
(rúbrica)