Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3698-II, miércoles 30 de enero de 2013
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del reino de España
Honorable Asamblea:
La Primera Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente dictamen.
Antecedentes
En sesión celebrada el 16 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Merito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.
La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de enero de 2013
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza.
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias para aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X, El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del reino de España
Honorable Asamblea
La Primera Comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
En sesión celebrada el 23 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento. La solicitud no implica la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 Constitucional; somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X, El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sagarpa los programas de apoyo de la agricultura en Comondú y Mulegé, Baja California Sur, para superar el desastre agrícola de la zona por las heladas registradas en días recientes
Honorable Asamblea
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 171, 172, 173, 174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 23 de enero de 2013, el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé de Baja California Sur, así como su intervención mediante programas federales para mitigar la emergencia agrícola.
2. En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición
El senador que suscribe la proposición que se trata expone que las heladas que los municipios de Mulegé y Comondú han padecido han derivado en la pérdida total de las cosechas del ciclo otoño-invierno de sorgo y maíz.
De igual forma, el legislador señala que a pesar de la importancia que representa la agricultura para la entidad, los programas diseñados desde la federación para dicho rubro no han sido consolidados, lo que no ha permitido su desarrollo pleno.
Consideraciones
1. En los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur, en días recientes se han registrado heladas que han afectado más de 600 hectáreas de cultivos, particularmente en el valle de Santo Domingo y en el valle de Vizcaíno.
2. El gobernador de la entidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, envió la información relativa al desastre de la entidad derivado de las bajas temperaturas a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación con el fin de que ésta libere recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, para atender a la población afectada. El Fondo para la Atención de Emergencias es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las emergencias y desastres y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.
3. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece que “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.
4. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, corroboró el estado de desastre de los municipios de Comondú y Mulegé, y a partir de ello emitió la declaratoria de emergencia correspondiente en el boletín número 11:
Declara la Segob Emergencia para 2 municipios de Baja California Sur
Boletín 11
México, DF, 18/01/2013
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur, por la presencia de helada severa, durante los días 12 al 17 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.
A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Dirección General de Comunicación Social
5. A pesar de que la declaratoria de emergencia para estos dos municipios ya ha sido emitida, aún resta que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, esto no representa un obstáculo para la liberación de recursos que el Consejo Técnico, integrado por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determine.
Como se indica en el boletín 11 de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de emergencia proveerá de recursos a la población afectada para alimentación, abrigo y salud. Con ello, queda atendida una parte importante de la Proposición que se dictamina. No obstante, el Fonden no contempla recursos para que la emergencia agrícola sea superada. Dadas las fuertes heladas que se presentaron en el territorio señalado, la productividad de la tierra se redujo considerablemente, lo que tiene implicaciones negativas para el bienestar de la población que depende de la agricultura. Así, esta Comisión dictaminadora estima de fundamental importancia que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, provea de apoyos económicos para la adquisición de material vegetativo, infraestructura, maquinaria y equipamiento, a la población afectada por el desastre natural ocurrido en los municipios de Mulegé y Comondú, a fin de que haya una pronta recuperación y reactivación económica.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante el mes de enero del presente.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia de 14 municipios de Sinaloa; y al Ejecutivo federal, a ampliar por la Sagarpa programas de apoyo a la agricultura
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 171, 172, 173, 174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de enero de 2013, el Diputado Humberto Castaños Valenzuela y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emitir las declaratorias de emergencia para los 18 municipios del estado de Sinaloa, por las heladas que afectaron los cultivos de dicha entidad en días recientes.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición
Quienes suscriben la Proposición que se dictamina citan que las heladas que se han padecido en el estado de Sinaloa han siniestrado más de 48 mil hectáreas sembradas de maíz y legumbres. Lo anterior, ha puesto en riesgo las fuentes de ingreso de una importante porción de la población, quedando así en situación de vulnerabilidad.
A partir de lo anterior, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Mario López Valdez, ha solicitado a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para los 18 municipios que integran a la entidad federativa, a fin de que se liberen los recursos correspondientes para atender el estado de emergencia en el que se encuentran los habitantes del territorio sinaloense.
Los proponentes, por tanto, consideran conveniente que se exhorte al Gobierno Federal para que agilice la llegada de recursos a los municipios en estado de emergencia y para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) active el programa de seguros catastróficos para el sector rural Componente de Atención a Desastres Naturales (Cadena).
Consideraciones
1. El Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las emergencias y desastres y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.
2. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece que “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.
3. El estado de Sinaloa, en días recientes, ha experimentado temperaturas bajo cero, que han generado grandes pérdidas en los cultivos, lo que ha cortado el flujo de recursos para toda la población de la entidad vinculada al sector agrícola. Aunado a lo anterior, las condiciones climatológicas hacen que las condiciones de vida de aquellos afectados sean particularmente difíciles.
4. Actualmente, se estima la pérdida de al menos 50 mil hectáreas dedicadas al cultivo de maíz y legumbres, producto de las heladas padecidas en territorio sinaloense.
5. Como reacción a las condiciones adversas que se registran en la entidad referida, el gobernador Mario López Valdez dotó a la Secretaría de Gobernación de la información necesaria para que se declare estado de emergencia en los 18 municipios que componen al estado de Sinaloa.
6. A partir de la solicitud formulada por el Ejecutivo local, la Secretaría de Gobernación, el 17 de enero de este año, en su boletín número 10, emitió una Declaratoria de Emergencia para el municipio de Choix, Sinaloa, con lo que se liberan los recursos del FONDEN que la Comisión Nacional del Agua estime, dependiendo del resultado de la evaluación de daños.
Declara la Segob emergencia para un municipio del estado de Sinaloa
Boletín 10
México, DF, 17/01/2013
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para el municipio de Choix, del estado de Sinaloa, por la presencia de helada severa, durante los días 12 al 14 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.
A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
– Dirección General de Comunicación Social
7. Posteriormente, el 21 de enero, la Secretaría de Gobernación publicó su boletín número 13 por el cual se hace una Declaratoria de Emergencia para 4 municipios más del estado en cuestión, la cual se transcribe íntegramente:
Declara la Segob emergencia para cuatro municipios del estado de Sinaloa
Boletín 13
México, DF, 21/01/2013
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Ahome, El Fuerte, Sinaloa y Angostura, del estado de Sinaloa, por la presencia de helada severa, durante los días 15 al 17 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
– Dirección General de Comunicación Social de Sinaloa
8. El Gobierno Federal ha comenzado a responder a las demandas ciudadanas frente a las difíciles condiciones climatológicas que se han presentado en diversos puntos de la República Mexicana y en particular, en el estado de Sinaloa, emitiendo las respectivas declaratorias de emergencia a través de las cuales se liberan recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Sin embargo, de los 18 municipios de Sinaloa, sólo el 27% ha sido declarado en estado de emergencia. Es decir, más del 70% de los municipios sinaloenses, a pesar de ser víctimas del fenómeno natural citado, no han sido reconocidos en estado de desastre, por lo que aún no son acreedores a recursos para satisfacer necesidades de alimentación, abrigo y salud.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia correspondiente para los municipios de Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado y San Ignacio del estado de Sinaloa, afectados por las heladas, para que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, para la atención de necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Sinaloa, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante el mes de enero del presente.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de Tlaxcala y de Puebla a integrar las averiguaciones correspondientes para tutelar los derechos de las víctimas de delitos
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 122, 123 y 124 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6, 79, 113 y 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 9 de enero de 2013, la diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que ejerza su facultad de atracción sobre denuncias presentadas por personas presuntamente defraudadas por empresas ahorradoras de vivienda en la República Mexicana.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para su estudio y dictaminación.
3. El día 8 de agosto de 2012, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevaran a cabo las acciones para determinar la legalidad de las operaciones que un grupo de personas viene realizando al amparo de la asociación civil denominada “Moradigna, AC”, en diversas entidades de la República Mexicana relativas a un supuesto programa social de apoyo para la adquisición de vivienda.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La diputada proponente, haciendo eco a la inconformidad de los afectados, refiere el fraude en el que han incurrido diversas empresas ahorradoras de vivienda en al menos once entidades federativas.
De acuerdo con información recibida por los afectados, el asunto en cuestión tiene aproximadamente trece años, en donde el Fraude inició por una Caja Popular en perjuicio de cientos de poblanos.
Hace tres años, otro fraude masivo se registró en la ciudad de Puebla y otros diez Estados de la Republica, despojando a los afectados de los ahorros de muchos años de trabajo sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal interviniera; la proponente muestra un listado de autoridades a las que los afectados recurrieron y refieren no se les dio solución.
La situación ha sido particularmente alarmante en el estado de Puebla, donde al menos 25 mil personas han resultado afectadas, y el monto de afectación ha sido de alrededor de 2, 500 millones de pesos.
La proponente indica que las empresas involucradas son Coofia, Sitma, Invergroup, Bienestar Social La Paz, Comsbmra, Incoin, Geici, Sare, In Vertlax, Fusion, Jarcos, Sibce, Burcap, Inverbien, Cobirmex, Del Valle, Acierta, Fervag, Capress, Financiera del Sureste, Inversinova, Invercapital, Heron, Rabaca, Crebainp e Invertanda.
La proponente, indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya ha sido notificada de la situación, razón por la cual ha inspeccionado a tres de las inmobiliarias señaladas y ha ordenado la suspensión inmediata de la celebración de contratos de una de ellas.
Finalmente, la diputada que suscribe la proposición de mérito enlista algunas de las denuncias penales que han sido interpuestas por los defraudados ante los distintos juzgados penales.
Consideraciones
1. Los fraudes cometidos por supuestas empresas ahorradoras y asociaciones civiles de apoyo a la vivienda se han convertido en un tema recurrente en nuestro país. Desgraciadamente, se tiene noticias de casos como el de Caja Popular Número Uno, fraude cometido contra cientos de poblanos hace 13 años, en el que los afectados sólo recuperaron el 60% de lo supuestamente invertido.
2. De igual forma, esta soberanía, en agosto de 2012, hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República para que atendiera el caso de la Asociación Civil Moradigna, que opera desde 2005 en más de una docena de estados del país, prometiendo apoyos para la vivienda a cambio de aportaciones económicas. A pesar del exhorto formulado por la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del segundo receso del tercer año de ejercicio, al día de hoy dicha asociación sigue operando impunemente.
3. Los artículos 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando los delitos produzcan efectos en dos o más entidades federativas.
4. Los hechos descritos tanto en la Proposición con Punto de Acuerdo que se trata, como en los considerandos previos, cumplen con las condiciones necesarias para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y prevea acciones destinadas a prevenir la recurrencia de delitos de esta naturaleza, que afectan el patrimonio de miles de personas.
5. La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 reconoce la problemática descrita y faculta al Gobierno Federal para que dé cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, relativo a los requisitos que deben cumplir las sociedades o asociaciones que realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados. La Federación, por tanto, debe garantizar que dichas sociedades den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones aplicables.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a las Procuradurías Generales de Justicia de Tlaxcala y de Puebla, para que integren las averiguaciones correspondientes a fin de que tutelen los derechos de las víctimas de los delitos cometidos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a actualizar con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catálogo general de electores en San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, Oaxaca
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral realice los actos inherentes para actualizar e incorporar al padrón electoral y lista nominal de electores las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, las cuales durante 22 años han presentado problemas de seccionamiento electoral, lo anterior con el fin de generar las condiciones para el ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos oaxaqueños que habitan esa zona para el proceso electoral ordinario.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para su estudio y dictaminación.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El Senador proponente narra las dificultades que los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa han atravesado los últimos 22 años, dada su ubicación geográfica y la creación de cuatro municipios chiapanecos, ya que por un lado el Instituto Federal Electoral ubica a algunas de sus comunidades como parte del estado de Chiapas, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía las ubica en el estado de Oaxaca. Lo descrito reduce certeza sobre los derechos político-electorales de la población que habita en las comunidades de Cerro Baúl, Rancho la Hondonada de la Encada, Ejido Dr. Rodulfo Figueroa, Ejido Gustavo Díaz Ordaz, Rancho el Quebrachal, Ejido Ramón Escobar Balboa, Rancho Montebello y Ejido Flor de Chiapas, del municipio de San Miguel Chimalapa; así como de las comunidades Colonia Benito Juárez I, Colonia Benito Juárez II, Ejido Elsy Herrería de Castellanos, Ejido Francisco Sarabia, Colonia Guadalupe Victoria, Ejido Rafael Cal y Mayor, Rancho los Manueles, Rancho la Retirada Rodríguez, Rancho el Paraje, Ejido Canan, Colonia Pilar Espinoza León, del municipio de Santa María Chimalapa.
Así pues, el legislador que suscribe la proposición de estudio considera de urgencia que el Instituto Federal Electoral atienda la situación descrita en virtud de que en el mes de julio de este año se celebrarán elecciones en el estado de Oaxaca para renovar al Congreso de la entidad, así como los ayuntamientos de la entidad, y la participación de los ciudadanos de las comunidades citadas no está prevista.
Consideraciones
1. El 23 de noviembre de 2011, el honorable Congreso del estado de Chiapas emitió decreto mediante el cual se crearon los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez. El gobierno del estado de Oaxaca y los ayuntamientos de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa reaccionaron frente a la creación del municipio Belisario Domínguez por considerar que éste invade territorio oaxaqueño (106 mil hectáreas de selva) y representa un conflicto limítrofe, por lo que presentaron tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2012, el máximo tribunal del país resolvió desechar los recursos interpuestos por las autoridades oaxaqueñas por considerarlos improcedentes.
2. El 29 de noviembre de 2012 el gobierno del estado de Oaxaca promovió otra controversia constitucional, con expediente 121/2012, contra las acciones ordenadas por el Gobierno de Chiapas que vulneran el territorio de los Chimalapas. El 20 de diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional referida y ordenó la suspensión de todo acto de gobierno dentro de la zona de litigio.
3. La resolución definitiva de la Suprema Corte, basada en pruebas administrativas, históricas y jurídicas, no ha sido emitida, por lo que aún no se ha determinado a qué entidad pertenecen las localidades en pugna.
4. Roberto Heycher, titular del IFE-Oaxaca, en días recientes, declaró que el Instituto esperará a que el máximo tribunal resuelva el asunto de mérito para llevar a cabo, o no, la redistritación en la zona limítrofe de los estados de Chiapas y Oaxaca. Dado que el proceso electoral del estado de Oaxaca para renovar al Congreso y las alcaldías se celebrará este año, sería deseable que la SCJN resuelva a la brevedad para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos que habitan en las localidades que son objeto de controversia.
5. El Instituto Federal Electoral, por mandato constitucional, tiene a su cargo de manera integral y directa las actividades relativas al padrón electoral y a la lista de electores.
6. El Registro Federal de Electores está compuesto por el Catálogo General de Electores y por el Padrón Electoral. El Catálogo General de Electores es una base de datos que contiene información básica de los mexicanos mayores de edad y que se obtiene por la vía del censo total. El censo total es una técnica que, a través de entrevistas casa por casa, recoge datos sobre los ciudadanos: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio, ocupación, entidad federativa, municipio, localidad y distrito electoral. A partir de dicho catálogo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral (IFE), integra el Padrón Electoral, para lo que se requiere la solicitud individual del ciudadano. La Lista Nominal, por último, está compuesta por aquellos ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral y que además recogieron su credencial para votar.
Por lo expuesto en este considerando, la Comisión que dictamina estima que lo más adecuado sería que el exhorto al Instituto Federal Electoral vaya en la dirección de la actualización del Catálogo General de Electores, para que a partir de ello los ciudadanos realicen las solicitudes individuales correspondientes a fin de integrarse al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de la entidad correspondiente.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Instituto Federal Electoral para que, con base en lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la controversia constitucional con expediente 121/2012, actualice el Catálogo General de Electores en los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa del estado de Oaxaca.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador, al Congreso y a los sindicatos de Tlaxcala a constituir mesas de diálogo relativas a la nueva Ley de Pensiones Civiles en la entidad; y a esa legislatura, a auditar el organismo público descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para sancionar a los responsables de su quiebra
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 9 de enero de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática existente en Tlaxcala relacionada con el organismo público descentralizado Pensiones Civiles.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para estudio y dictamen correspondientes.
3. El 16 de enero de 2013, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al gobernador constitucional y a la Legislatura de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido con motivo de la aprobación de una nueva Ley de Pensiones Civiles de ese estado, de manera de preservar en todo momento los derechos de los trabajadores.
4. Ese día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición para estudio y dictamen a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
5. Como se desprende de las propuestas precisadas, en ambos casos se aborda el tema del conflicto suscitado en Tlaxcala por la nueva Ley de Pensiones Civiles, por lo que por razones de simplificación de método y proceso de análisis resulta conducente que se estudien en conjunto las propuestas en comento en el presente dictamen.
Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo
La senadora Dolores Padierna expone en la proposición presentada que la situación en Tlaxcala es delicada e inestable, tras la quiebra del organismo público descentralizado Pensiones Civiles de la entidad. Además, señala que el proceso que siguió la nueva Ley de Pensiones Civiles del estado estuvo viciado de origen: se aprobó sin el quórum reglamentario, se ignoraron propuestas de trabajadores y se aprobó fuera del recinto del Congreso.
La legisladora estima conveniente la intervención del Ejecutivo federal en el conflicto, así como una minuciosa auditoría en el organismo público en cuestión, que derive en las sanciones correspondientes de los responsables de su quiebra.
El diputado Silvano Blanco narra el proceso que se siguió para la presentación, discusión y aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles, al tiempo que señala las violaciones en que se incurrió en dicho procedimiento.
Las dos proposiciones que se estudian llaman la atención sobre la participación que tuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad durante una manifestación de los trabajadores afectados por la nueva ley frente al recinto legislativo.
Consideraciones
1. El 13 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, hizo llegar al Congreso estatal una iniciativa de Ley de Pensiones Civiles. Dos propuestas más llegaron al Poder Legislativo de la entidad, de autoría del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del sindicato 7 de Mayo.
2. Tras intensas discusiones entre los legisladores, mesas de trabajo con representantes sindicales y movilizaciones por los trabajadores, el 31 de diciembre de 2012 la nueva Ley de Pensiones Civiles fue aprobada. La nueva legislación aumenta la edad para acceder a pensiones, pasando de 53 años a 58 y 60 años para mujeres y hombres, respectivamente. Otra importante modificación en el régimen de pensiones del estado es la relativa al incremento de 100 por ciento en las aportaciones que corresponden a los trabajadores y al Estado, pasando de 6 a 12 y de 9 a 18 por ciento, respectivamente.
La inconformidad de los trabajadores afectados no se hizo esperar. Múltiples manifestaciones, en las que participaron trabajadores de la sección 55 del SNTE y de otros sindicatos nacionales y locales, se presentaron en las calles de Tlaxcala a manera de reprobar la lesiva Ley de Pensiones Civiles.
3. Como se indica en el contenido de las proposiciones que se dictaminan, a lo largo del proceso de aprobación de la Ley de Pensiones Civiles hubo violaciones de la Constitución Política de Tlaxcala, así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Lo anterior sólo es un reflejo de la falta de voluntad por el grupo parlamentario mayoritario para dialogar y construir acuerdos, no sólo con partidos de oposición sino con los ciudadanos directamente afectados por la nueva normativa en materia de pensiones.
4. Los partidos que forman la oposición en Tlaxcala han mostrado su preocupación respecto a los hechos que revelan un retroceso democrático en la entidad federativa. Tal es el caso del ingreso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el recinto legislativo sin la petición expresa del presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de Tlaxcala.
Por las consideraciones expuestas, y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional y al Congreso de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido a partir de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles de dicha entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Congreso de Tlaxcala para que se lleve a cabo una auditoría en el organismo público descentralizado Pensiones Civiles de Tlaxcala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la autoridad ministerial de Veracruz a continuar las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta soberanía por la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez; y a las instancias competentes, a garantizar a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el miércoles 9 de enero de 2013, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a la Procuraduría General de la República, a que inicien una investigación por la posible comisión de delitos contra la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez y, en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el pasado 7 de enero de 2013.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El senador proponente relata los hechos de los que fue víctima junto con la diputada federal Leticia López Landero, colaboradores y miembros de la prensa local, el pasado lunes 7 de enero en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El senador autor, menciona que, al lugar y momento en el que él y la diputada López Landero ofrecían una conferencia de prensa, el gobierno de Veracruz envió a un grupo de 150 personas para agredirlos física y verbalmente y privarlos de su libertad por más de dos horas.
El senador Yunes Márquez estima que dichas agresiones representan actos de represión encabezados por el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, con el fin de callar todas aquellas críticas y opiniones contrarias a la suya.
Consideraciones
1. El artículo primero de la Carta Magna, en su párrafo tercero, obliga al estado a investigar y sancionar toda violación a derechos humanos, entre los que se encuentran la libertad de expresión y de asociación, contenidos en los artículos 6o. y 9o. del mismo texto.
Artículo 1o. (...)
(...)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
2. Que los delitos cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, son considerados delitos de orden federal, y que la responsabilidad de su investigación y persecución recae en la Procuraduría General de la República.
3. El Código Penal Federal, en su artículo 13, estima como autores o partícipes del delito a:
“Artículo 13. Son autores o partícipes del delito:
I. Los que acuerden o preparen su realización.
II. Los que los realicen por sí;
III. Los que lo realicen conjuntamente;
IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y
VIII. los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.
Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 Bis de este código.”
4. Que el Código Penal para el estado de Veracruz prevé la privación de la libertad y las lesiones como delitos de orden común, cuya investigación y persecución corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz obliga al Ministerio Público de la entidad y a la propia procuraduría a desempeñarse conforme a los principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad e imparcialidad, entre otros.
6. Los legisladores víctimas de las agresiones descritas en el contenido de la proposición con punto de acuerdo que se estudia, presentaron la respectiva denuncia, asentada bajo el número de investigación 24/2013, ante el Ministerio Público sector norte contra quien resulte responsable del delito de retención en su contra.
7. Esta Primera Comisión estima que ningún ciudadano debe de ser agredido, perseguido o lastimado en su persona por las opiniones políticas que sostenga, por lo que cualquier hecho que vaya en detrimento del derecho humano a la libre expresión debe de ser debidamente investigado y sus autores materiales e intelectuales sancionados conforme a la ley aplicable.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad ministerial del estado de Veracruz a continuar con las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta soberanía por la diputada federal Leticia López Landeros y el senador Fernando Yunes Márquez.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a las instancias competentes para que garanticen a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Primera Comisión
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección de la integridad de los defensores de los derechos humanos de los migrantes
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2013, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza y el senador David Monreal Ávila, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron proposición con punto de acuerdo sobre los ataques y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.
2. En esa fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictaminen.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los senadores que suscriben la proposición de mérito narran los hechos ocurridos el 30 de diciembre, en los que el personal que labora en la Casa del Migrante de Saltillo recibió amenazas vía telefónica. De igual forma, se cita que en semanas recientes al menos tres colaboradores del albergue han sido víctimas de robo con violencia.
Diversas organizaciones civiles y religiosas han reprobado los hechos y han manifestado su apoyo a los defensores de los migrantes.
La proposición, por tanto, busca se emita un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que dé cabal cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas interinstitucionales y a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, los legisladores proponen se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.
Consideraciones
1. La posada Belén-Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, es un albergue en el que se ofrece ayuda humanitaria y se defienden los derechos humanos de los migrantes. Desafortunadamente, ésta ha sido objeto de constantes amenazas que ponen en riesgo al personal que ahí colabora.
2. El padre Pedro Pantoja, representante de la Casa del Migrante de dicha ciudad, acusa que el pasado 19 de diciembre fue víctima de ataques en su vehículo, asimismo reportó que el abogado que lleva el caso también ha recibido ataques los días 26 y 30 de diciembre.
3. Los casos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos de los migrantes no son nuevos. Como respuesta a los ataques que ponen en riesgo la integridad del personal de dichos albergues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso al Estado mexicano una serie de medidas cautelares, que han de ser adoptadas cabalmente para la protección de aquellos que ahí colaboran, ante las constantes amenazas y hostigamientos de que son víctimas. Dichas recomendaciones fueron formuladas después de los ataques recibidos por el personal de la Casa del Migrante “Frontera Digna” en Piedras Negras, Coahuila.
4. La CIDH ha manifestado que “la labor de promoción y protección de los derechos humanos es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados y por tanto genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”.
5. La situación también llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas que ha realizado visitas a la posada Belén-Casa del Migrante, para verificar la situación de violencia e inseguridad en la que se encuentra el personal del albergue.
Amnistía Internacional ha señalado que México es un país peligroso para los defensores de derechos humanos, pues éstos son intimidados por actores tanto estatales como no estatales.
Por las consideraciones expuestas y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que, en el ámbito de su competencia, garanticen el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la protección de la integridad de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, así como para que la segunda realice una investigación sobre los hechos de hostigamiento y las amenazas en contra del personal de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a destinar un mayor número de elementos a la zona metropolitana de la Laguna de Coahuila y Durango para reforzar las labores de seguridad
Honorable Asamblea
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de enero de 2013, los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres y Fernando Yunes Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar con la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena y la Secretaría de Marina, Semar, un mayor número de elementos a la zona metropolitana de La Laguna para reforzar las labores de seguridad en la región, lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad, patrimonio y derechos de los habitantes de la región lagunera, en especial de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, que presentan un crecimiento en los índices de violencia e inseguridad.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los senadores proponentes narran que en la región de La Laguna, en especial en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, se ha presentado un crecimiento en la violencia y la inseguridad, por lo que se hace necesario poner en marcha un plan de seguridad que sea eficaz, integral, incluyente, medible y verificable que permita establecer una estrategia de combate a la delincuencia en la región en coordinación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el proponente hace referencia al periódico El Universal en el sentido de que en el periodo diciembre de 2012-13 de enero de 2013 habían ocurrido 140 homicidios en la región. En su aspecto global, 2012 presentó un incremento de los crímenes violentos superior a 2011, por lo que ante tales hechos resulta urgente que en la zona metropolitana de La Laguna se reciba el apoyo federal a las autoridades locales. Así pues, los legisladores que suscriben la proposición de estudio consideran que haya un apoyo inmediato de parte de la Federación para garantizar una mayor seguridad y paz públicas a los habitantes de la región lagunera.
Consideraciones
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, tanto en sus respectivos ámbitos de competencia como de forma coordinada cuando así se amerita.
2. De igual forma, el artículo 89 constitucional en su fracción VI dispone que el Ejecutivo federal estará obligado a preservar la seguridad nacional, y disponer de la Fuerzas Armadas en la garantía tanto de la seguridad interior como de la defensa exterior de la federación.
3. Que existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivado de la Ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del referido Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la materia.
4. Que el Ejecutivo federal en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en la cuestión de la seguridad pública.
5. Que el Ejecutivo federal también tiene a su cargo la materia de procuración de justicia en el ámbito federal y la investigación de los delitos, en términos del artículo 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo que corresponde a la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es precisamente del mal social que está generando el clima de violencia en la región que refieren los legisladores proponentes.
6. Por lo expuesto en este considerando, la comisión que dictamina estima que lo más adecuado sería que el exhorto sólo se pronunciase en general al Ejecutivo federal, y que sea esté en el ámbito de sus atribuciones legales, y de las instituciones y fuerzas del orden a su cargo, y de las demás instancias públicas que coordine disponga lo necesario para actuar de manera inmediata en el apoyo a las labores de seguridad pública en la región lagunera comprendida en los estados de Coahuila y Durango, a fin de destinar un mayor número de elementos de las fuerzas federales a dicha región.
Por las consideraciones expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que –si así lo considera– destine un mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad pública a la zona metropolitana de La Laguna en Coahuila y Durango para reforzar las labores de seguridad en dicha región.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.
La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza.
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los firmantes del Pacto por México a incluir en él apartados específicos en materia de política exterior
Honorable Asamblea:
Con fecha 23 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior, presentada por el senador Roberto Gil Zuarth y suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracciones III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.
En el apartado denominado “ II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de enero de 2013 la senadora Gabriela Cuevas Barrón y el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior y la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la Republica y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en al Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-1-506 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.
3. Con fecha del 25 de enero 2013 se envió, por correo electrónico a los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo en comento para su respectivo análisis.
4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía en los siguientes argumentos:
2. Que si bien es cierto, que el “Pacto por México” intenta ser el instrumento que logre los acuerdos entre los diferentes actores para tener una sociedad de derechos y libertades, lograr el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la seguridad y la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática, también lo es que en el contenido del citado documento, no se encuentran objetivos en materia de política exterior, de vital importancia para el desarrollo político, económico, turístico y cultural de nuestro país. Es claro que no alcanzan a ser de esta materia los compromisos 24 y 30 del citado documento.
Que no concebimos un instrumento de la naturaleza del “Pacto por México” sin detallar una política exterior con propósitos definidos, y que en el marco de nuestras relaciones con socios estratégicos facilite el desarrollo económico y social del país. Este camino no se puede lograr sin la indispensable diversificación de nuestras relaciones con otros países y con una política exterior responsable.
Por lo anterior se propone que sea incluida en el “Pacto por México” la materia de política exterior, para lo cual se esbozan apenas algunos de los temas de esa agenda, que se estiman urgentes:
En primer lugar, la prevención de la migración de menores que viajan solos. El pacto por México propone defender los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando contra su criminalización, ya contemplada en ley, y hacer lo propio con los migrantes extranjeros en nuestro país. Sin embargo, no considera acciones proactivas que prevengan la migración infantil.
Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en 2000 fue el año en el que más migrantes menores de edad hubo hacia los Estados Unidos, y que fueron repatriados: 116 mil 38. Los años siguientes, la cifra disminuyó hasta los 15 mil 524, en 2011. Si bien la cifra es menor, no podemos estar conformes con ella. La necesidad en un solo menor de edad de dejar su casa, su familia, su escuela, para buscar un sueño que es posible que nunca llegue, es suficiente para que se implementen políticas públicas encaminadas a evitarlo. No sólo se trata de no criminalizar a los migrantes, sino de generar las oportunidades que eviten que migren, sobre todo menores de edad.
Por lo que hace a los mexicanos en el exterior, proponemos introducir un sistema de atención integral. La matrícula consular ya existente puede ser la base para ofrecer a los más de 12 millones de connacionales en el extranjero este enfoque, el cual podría ser el eje de la política hacia esas comunidades, aprovechando la infraestructura de la red diplomática.
Algunos aspectos que han sido considerados por expertos que debe comprender la atención integral, incluye la asistencia y asesoría jurídica en cuestiones de diversa índole, tales como defensa de los derechos laborales; acceso a servicios sociales; derecho familiar y regularización migratoria; difusión por Internet de actos culturales de la comunidad mexicana; el manejo de situaciones de emergencia; la atención a eventuales situaciones como las redadas con fines de deportación masiva, entre otros.
Aunado a lo anterior, consideramos que dentro del tema, ya incluido en el “Pacto por México”, de atender a los migrantes nacionales en el extranjero, se debe buscar que su participación no se limite a ser proveedores de remesas, sino que se conviertan en inversionistas, al promover el mejor aprovechamiento de los recursos que envían a México.
México es el primer receptor de remesas en América Latina, tercero a nivel mundial después de la India y la China. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las remesas en nuestro país equivalen a alrededor del 2 por ciento del PIB. Desde 1990 estos flujos han aumentado constantemente teniendo como pico histórico 2007 con 26,076 millones de dólares. Debido a la crisis de 2008, México registró un importante decremento, mayor al que se registró en 2009 a nivel global. Ejemplo de ello fue que la remesa promedio anual se redujo en 8.4 por ciento (de 346 dólares en 2008 a 317 dólares en 2009).
No obstante que las remesas representan la segunda fuente de divisas para nuestro país, sólo después de las entradas por venta de petróleo, programas como “3x1 para Migrantes”, que promueve Sedesol; “México emprende para Migrantes” de la Secretaría de Economía; “La Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes” de Financiera Rural, entre otros, son insuficientes para ofrecer respuestas satisfactorias en el aspecto mencionado.
México, debe también incluir en el “Pacto por México” el concepto de diplomacia pública, definida como “la acción de un protagonista internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero”.
La revolución de la información ha alcanzado a la diplomacia. La llamada “nueva diplomacia” debe ser eje central de trabajo de cada embajador. Una estrategia conjunta de embajadas, consulados y representaciones diplomáticas (ProMéxico y las secretarías de Turismo, Economía y Relaciones Exteriores) debe iniciarse para comunicar a nuestro país con los habitantes de todo el planeta. Cada embajador, en el país en el que se haya acreditado, debe establecer el plan de trabajo para lograr una efectiva diplomacia pública en dicho país. La coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser expedita para lograr que este objetivo sea complementario y total en todas las embajadas y consulados de México en el mundo.
En el mundo hay más de 300 ciudades con al menos un millón de habitantes, y diez con más de diez millones. México tiene representación consular en al menos 145 embajadas, consulados y secciones consulares, casi la totalidad están en estas ciudades. El contacto de los representantes diplomáticos mexicanos en el mundo es con al menos doscientos millones de personas, casi el doble de la población mexicana. México debe encontrar la forma de comunicarse con este gran público, para cuestiones de imagen, promoción económica y turística, y atracción de inversiones. Debe establecer contacto con personas, empresas y organizaciones no gubernamentales para estos fines utilizando cualquier medio a su alcance, electrónico y tradicional. La diplomacia pública mexicana debe hacer cada vez más uso de conceptos como marca-país y similares que desarrollen la comunicación en redes.
Aprovechando lo anterior, debemos esforzarnos por mejorar la Imagen de México en el extranjero. Uno de los instrumentos que podemos usar a nuestro favor, está en nuestra cultura, que es símbolo en el exterior de lo que es México. Para ello, se puede integrar un plan de trabajo con la iniciativa privada, cuyo objetivo común sea el impulsar una visión favorable de nuestro país.
El “Pacto por México” debe de incluir, además, temas que promuevan la cooperación internacional en todos los niveles, tales como la transición energética y el cuidado del ambiente, lo cual puede permitir una amplia negociación en estos temas, con diversos estados que compartan las mismas inquietudes y problemáticas, prueba de que esto es posible, es el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética del Reino Unido (NEEAP por sus siglas en inglés), en donde se establece una meta de ahorro de energía de 18 por ciento en 2016. Otro ejemplo es el compromiso establecido por la Unión Europea en donde se busca aumentar en 20 por ciento el empleo de fuentes renovables e incrementar la eficiencia energética también en 20 por ciento para el año 2020. Países como Japón y Canadá también han establecido metas para incrementar su eficiencia energética en 30 por ciento para 2030 y 20 por ciento para 2020, respectivamente.
En este sentido, de acuerdo con datos del World Resource Institute, la generación y uso de la energía es el factor predominante en la generación de 66 por ciento de las emisiones de C02 equivalente. Dada la alta contribución del sector energético al número de emisiones, se requiere de un cambio importante en cómo se produce y emplea la energía, de ahí que quienes estén involucrados en la toma de decisiones, deben considerar, además de la seguridad energética, los impactos en el cambio climático y el alto crecimiento de las necesidades energéticas.
Todas las anteriores junto con los vastos temas de Comercio y Cooperación Internacionales, de los cuales se obvia la transcripción en el presente por lo amplio de los mismos, son solamente líneas de trabajo que se podrán considerar al incluir dentro de sus apartados temas de política exterior mexicana.
Por lo anterior, el proponente concluye con su proposición que dice
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. El Senado de la República exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.
Segundo. El Senado sugiere para tal fin la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en el Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.
Tercero. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:
1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos;
2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero;
3. Implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero;
4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero;
5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente; y
6. Temas de comercio y cooperación internacionales.
Consideraciones
Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo con base en
Origen
• El Pacto por México es el acuerdo político suscrito entre el Presidente electo y los tres principales partidos de México, PRI, PAN y PRD fueron los principales arquitectos de este pacto, sumándose el 28 de enero de 2013 el PVEM.
• Una vez instaladas las Cámaras del Congreso de la Unión y consumada la calificación de la elección presidencial, los líderes del equipo de transición del presidente electo y los presidentes del PRI, del PAN y del PRD fueron realizando diversos encuentros para abordar los temas de la agenda del cambio de gobierno. Inicialmente esas reuniones ocurrieron de manera bilateral, abordando temas de interés común de los partidos reunidos.
• Entre esas reuniones hay que incluir las múltiples entrevistas del presidente electo, acompañado por miembros de su equipo de transición, con diversos líderes de los partidos políticos de México. Las reuniones incluyeron presidentes de partido, coordinadores parlamentarios y gobernadores.
• Hacia mediados de octubre del año pasado, conforme se sucedían los diálogos bilaterales, empezó a gestarse la idea de que convendría tener reuniones entre los líderes de los tres principales partidos políticos.
• En esas conversaciones fue emergiendo con claridad la conciencia de que el diagnóstico de la situación de México estaba ya realizado, pero que faltaba realizar los cambios que el diagnóstico señalaba.
• También se reconoció que persistían muchas diferencias de criterio originadas en la pluralidad de perspectivas de cada partido. Los dirigentes no pretendían eliminar esas diferencias pues todos son conscientes de que el disenso es propio de una sociedad plural y consustancial a un sistema democrático.
• Sin embargo, los integrantes de la mesa tripartita también arribaron a la conclusión de que los quince años de gobiernos divididos habían impedido concretar muchos acuerdos que, de haberse realizado, le permitirían a México avanzar aún más de lo que se logró en las dos últimas décadas.
• De esa clara conciencia surgió el compromiso de intentar alcanzar un gran pacto que definiera las bases de un nuevo acuerdo que abarcara las esferas social, económica y política.
• Se aceptó que el esfuerzo se haría sin pretender borrar las diferencias ideológicas ni la competencia política, y sin ignorar que veníamos de una intensa competencia electoral en la que se confrontaron distintos programas de gobierno. Aceptadas esas premisas, los líderes del equipo de transición del Presidente electo y los dirigentes del PAN y el PRD coincidieron en que era viable la firma de ese acuerdo.
Las primeras jornadas de la mesa tripartita
• Una vez comprometidos con la misión de forjar una pacto político de gran alcance, se integró una mesa de trabajo tripartita, integrada por Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD). El anfitrión de las reuniones y facilitador del trabajo del equipo fue José Murat. Este equipo estableció nueve reglas de funcionamiento:
• Identificar los puntos coincidentes de una visión de país;
• Preservar los puntos de convergencia y tener claras las divergencias ideológicas o de intereses y de márgenes políticos;
• Trabajar con absoluta confianza y discreción;
• Que las coyunturas y la competencia electoral no interrumpan los trabajos de la mesa;
• El objetivo base es recuperar la soberanía del estado democrático y enfrentar a poderes que obstruyen desde distintos ángulos su acción y que buscan conservar su poder en detrimento del interés público.
• El avance de las conversaciones pronto encaminó a la mesa tripartita a poner el énfasis en las reformas que tuvieran impacto directo y significativo en el desarrollo social, la disminución de la desigualdad y la eliminación de la pobreza extrema.
• Los integrantes de la mesa tripartita coincidieron en que para lograr esas metas era necesario construir una democracia eficaz y que esa condición exigía, además de leyes que concuerden con el régimen democrático, prácticas políticas e instituciones que le den forma y contenido, y que también incorporen la participación de los ciudadanos para garantizar su funcionamiento.
• Otro acuerdo consistió en aceptar que para hacer prosperar un acuerdo de esta envergadura se tendrían que enfrentar con decisión los obstáculos que diversos poderes fácticos podría oponer a reformas y acciones que perjudiquen sus intereses.
• Por ello acordaron profundizar la democratización del país con base en tres grandes ejes rectores: el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho; la democratización de la política, la economía y los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales, y no sólo como sujetos, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
• A mesa tripartita pronto logró elaborar un documento que enlistaba de manera concisa una gran cantidad de objetivos socialmente deseables, propuestas de política pública, acciones políticas y administrativas, reformas legales y criterios que las tres partes compartían.
• Del mismo modo, identificaron una serie de puntos que podrían dividirlos y acordaron que sin que nadie depusiera o modificara sus posiciones sobre los mismos, los dejarían al margen y se reservarían el derecho de sostener sus posiciones de manera ordinaria en las diversas arenas políticas para que no fuesen obstáculo al acuerdo.
El equipo técnico
• Llegados a este punto, los integrantes de la mesa reconocieron la necesidad de incorporar a un equipo técnico-político de plena confianza para que fuese dando forma al texto de un acuerdo que expresara claramente el espíritu de la mesa tripartita y especificara en términos precisos los compromisos que integrarían el pacto. En esa etapa se incorporaron Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat.
• La mecánica de trabajo consistió en un proceso reiterativo de elaboración de documentos por parte del equipo técnico y sesiones de discusión de la mesa tripartita para aprobar, modificar o corregir lo realizado por el equipo técnico y además agregar aquellos aspectos que surgieran en las sesiones de discusión que se daban entre los diez. Así se fue avanzando en los borradores finales.
• Hacia la tercera semana de noviembre del año pasado, el grupo contaba ya con un borrador consistente en cerca de 80 acuerdos, debidamente especificados e incluso calendarizados.
El Pacto acordado
• A fines de la tercera semana de noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo definitivo y el Pacto se integra con cinco apartados que abarcaron casi un centenar de acuerdos específicos. Los cinco capítulos se titula: Sociedad de Derechos; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.
• Los integrantes de la mesa fueron trabajando en el interior de sus partidos para construir el consenso indispensable que se requiere para dar sustento a un Pacto de trascendencia.
• El Pacto fue hecho público el 2 de diciembre del año pasado, en una ceremonia solemne, encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los presidentes de los partidos pactantes: María Cristina Díaz del PRI, Gustavo Madero del PAN, Jesús Zambrano del PRI y por los demás integrantes del grupo negociador.
• De igual forma, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, el presidente de la Cámara de Senadores y coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, así como el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los coordinadores parlamentarios del PRD Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, y en calidad de observadores, los coordinadores parlamentarios del PVEM, Arturo Escobar y Jorge Emilio González. Junto con ellos, también atestiguaron la firma del Pacto por México los 31 gobernadores, así como los 3 gobernadores electos y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo.
• En la ceremonia se enfatizó la voluntad política de todos los firmantes.
• Igualmente, se subrayó el hecho de que cada uno de los 95 compromisos específicos está calendarizado de manera precisa, lo que permitirá a los signatarios del Pacto, y a la sociedad en general, seguir puntualmente el cumplimiento de los mismos.
Ahora bien senadores y diputados federales son envestidos con la figura de representantes populares, uno representante del pacto federal y otro representando a la nación, con la capacidad de crear, modificar o eliminar de leyes y normas, cuentan con la máxima tribuna nacional para expresar sus ideas y dirigir a este país.
El Pacto por México es la culminación de esfuerzos conjuntos, consensados al interior de los partidos políticos y manifestados como parte de una gran agenda, que de realizarse sentara bases solidas para la vida democrática de este país. El respeto a la vida interna de los partidos como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 inciso I, será la base para que la lucha por el poder sea institucional.
Generar confianza en la ciudadanía sobre la importancia de los partidos políticos es vital para la credibilidad de las instituciones mexicanas, entre ellas el Congreso de la Unión, por ello es de reconocer el esfuerzo realizado por los firmantes y que los temas de este acuerdo consideran una estrategia integral de política interior y exterior consensada que generará desarrollo político, económico, turístico y cultural en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República invita a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.
Segundo. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:
1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos.
2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero.
3. Implementación de programas institucionales que formen inversiones de mexicanos en el extranjero.
4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero.
5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente.
6. Temas de Comercio y Cooperación Internacionales.
Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente
Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a suscribir convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
Honorable Asamblea:
Con fecha 23 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de enero de 2013 la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo en relación a un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y titulares de los poderes ejecutivos estatales y de Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-0338 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.
3. Con fecha 25 de enero de 2013 se envió, por correo electrónico, a los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.
4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:
1. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia encargada de proteger y ayudar a los refugiados en el mundo, el ACNUR trabaja con el gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (Comar).
Dentro del trabajo de protección de las personas refugiadas en México de ACNUR destacan las siguientes:
1. Asesoría legislativa en materia de refugiados;
2. Capacitación de estudiantes, académicos, funcionarios migratorios, abogados y juristas en materia de protección internacional sobre derecho internacional de los refugiados, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; y,
3. Facilitación de la integración de los refugiados a la sociedad.
Gracias a estas observaciones de ACNUR, pudimos detectar que el proyecto del Ejecutivo anterior no tiene coherencia y no se apega a los estándares internacionales en la materia.
Ahora bien, en el contexto político y económico de nuestro tiempo, los refugiados tienden a utilizar los mismos recursos, rutas y medios que los migrantes indocumentados en su intento por salir de sus países huyendo de la violencia o la persecución.
De igual forma, los refugiados necesitan encontrar una solución permanente a su situación, ser capaces de mantenerse por ellos mismos y asumirse como miembros productivos de la sociedad que los recibió. Algunos pueden tener dificultades para encontrar un empleo e incluso suelen enfrentar las peores manifestaciones de la discriminación.
Por ello, resulta fundamental que sumemos esfuerzos con el objetivo de garantizar que los derechos humanos y el bienestar de quienes han solicitado protección internacional en nuestro país sean efectivamente respetados.
Para ello, proponemos la celebración de convenios nacionales y estatales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.
Lo anterior ha puesto a México al día, y lo ha comprometido aún más frente a la comunidad de naciones.
Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que suscriban e instrumenten convenios de colaboración técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.
III. Consideraciones
Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en
Antecedentes
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados.
Se esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro estado, con la opción de regresar a sus hogares de forma voluntaria, integración local o el reasentamiento en un tercer país.
El personal de ACNUR trabaja en unos 120 países alrededor del mundo, lleva a cabo sus operaciones en distintas localidades, desde principales capitales a lugares remotos y difíciles donde nuestro personal de terreno ayuda directamente a las víctimas más vulnerables de desplazamiento. Mantenemos oficinas en los países donantes en todo el mundo y donde los refugiados están llegando, en estrecha colaboración con los gobiernos para garantizar que la Convención de Refugiados de 1951 sea respetada.
Estadísticas
• Refugiados a enero de 2010: mil 226 (Países de origen: El Salvador, Guatemala, Colombia, Haití, entre otros; Mujeres: 36 por ciento).
• Solicitantes de asilo: 680.
• Tasa de reconocimiento: 16.6 por ciento.
• Repatriados: -
• Desplazados internos: -
• Casos de reasentamiento: 0.
• Número total de personas bajo la competencia del ACNUR: 3 mil 473.
• Presupuesto anual en 2006 (en dólares estadounidenses): 733 mil 750.
• Donaciones del país al ACNUR en 2004 (en dólares estadounidenses): 100 mil.
Marco Jurídico
• Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: 17 de abril de 2000 (Publicado en Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).
• Ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967: 17 de abril de 2000 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).
• Normativa nacional sobre refugiados: Ley sobre refugiados y protección complementaria (26 de enero de 2011), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011. Reglamento de la Ley sobre refugiados y protección complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2012.
• Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 1984): Sí
• Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954: 17 de abril de 2000 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).
• Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apátrida de 1961: No.
• Otros tratados de derechos humanos.
Comentarios
La mayoría de refugiados en México enfrentan discriminación por su aspecto físico, especialmente los indígenas procedentes de Centroamérica y los de origen afro o provenientes de aquel continente por el color de la piel e incluso por su acento.
Lo anterior repercute principalmente en inestabilidad económica y social para ellos y sus familiares, la dificultad para encontrar empleo estable, inscribirse en la escuela o revalidar estudios y ocupar, sin ser molestados, una vivienda digna.
Siguen llegando refugiados a México, sólo que ahora no se trata de grupos masivos procedentes de un solo país vecino, sino de personas que llegan solas o acompañadas de algunos familiares y se ubican principalmente en las ciudades, lo cual representa importantes retos para su integración al país.
Estamos a favor de que se lleven a cabo la celebración de convenios estatales y nacionales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
IV. Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que informen de la situación de los refugiados y suscriban e instrumenten convenios de colaboración técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.
Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente
Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a editar por el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille
Honorable Asamblea:
Con fecha 23 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa se editen las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, quienes suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente
Metodología
En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de enero de 2013 el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a editar a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille.
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para estudio y dictamen correspondientes; con el número de oficio DGPL 62-II-4-363 fue recibida con fecha de 23 de enero de 2013.
3. Con fecha 25 de enero de 2013 se envió por correo electrónico a los integrantes de esta comisión el punto de acuerdo en comento para el respectivo estudio.
4. Los miembros de la Segunda Comisión, en reunión procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:
1. En México, la población que tiene algún tipo de discapacidad representa 5.1 por ciento de la población, que asciende a más de 112 millones de mexicanos, es decir, 5.7 millones de personas. Del total, 1.5 millones tienen discapacidad visual, de los que 145 mil son niños.
2. El país cuenta con diversos organismos públicos encargados de velar por los derechos e inclusión de las personas con discapacidad, incluidos los que tienen discapacidad visual. Destacan el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3. El acceso a la educación en México es un derecho consagrado en el artículo 3o. constitucional, incluido también en la Declaración de los Derechos de los Niños y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México forma parte. Con la aprobación de la Declaración de Salamanca sobre Niños con Necesidades Especiales, firmada en 1994, el país emprendió la restructuración de la educación especial para aplicar un modelo de integración e inclusión, pero sin los recursos y la voluntad suficientes.
4. De acuerdo con cifras del Conapred, sólo 2 de cada 100 niños con discapacidad visual asisten a la escuela. Esto indica que 98 por ciento de estos niños no va al colegio, pese a que su única limitación es la discapacidad visual, es decir, no tienen discapacidad cognitiva. El principal obstáculo para que estos niños asistan a una escuela regular es que los docentes no cuentan con las herramienta necesarias para su enseñanza; dicho material son los libros escritos en sistema braille, los cuales resultan imprescindibles.
5. En marzo de 2009, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, órgano de la Secretaría de Educación Pública, y el Senado de la República, en un enorme esfuerzo para llevar a los niños invidentes a las escuelas públicas, firmaron un convenio de colaboración para la edición y producción de libros de texto en sistema braille.
6. La inclusión en la educación pública de niños invidentes no se ha alcanzado porque el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa de la Secretaría de Educación Pública no ha editado las actualizaciones de los libros en braille, hecho que imposibilita su uso.
Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo, que dice:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a editar a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar en la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.
III. Consideraciones
Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo, con base en
México cuenta con un marco jurídico que regula la atención de la población en condiciones con discapacidad en el país. Éste se integra por leyes, reglamentos, decretos, normas, y sus respectivas organizaciones gubernamentales, encargadas de dar cumplimiento a la normatividad respectiva. Sin mencionar toda la normatividad, resaltaremos sólo la vincula con el punto de acuerdo:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las adiciones del artículo 1o., del 14 de agosto de 2001, México entró en una nueva era, donde se garantizan los derechos de las personas socialmente débiles y, con esto, el impulso para crear leyes secundarias encargadas de proteger y velar por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Así, el fundamento constitucional del derecho a las personas con discapacidad en México queda sustentado en el título primero, de las garantías individuales, párrafo tercero, del artículo 1o. de la Constitución Política federal vigente. Este párrafo hace referencia a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
2. Esta mención constitucional reconoce el valor que dan a las personas con discapacidades con prohibición a toda discriminación y que se entiende que como individuos gozan de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
3. El decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así como su ratificación por el Senado de la República y la Declaración Interpretativa en favor de las Personas con Discapacidad. Al ratificar esta convención, los Estados Unidos Mexicanos refrendaron su compromiso en favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos con alguna discapacidad, tanto de los que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero.
• Como parte de las acciones de Naciones Unidas, como se mencionó en el párrafo anterior, en 2006 se aprobó una nueva ley que establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra. También dice que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, las niñas y los niños que presenten discapacidades.
4. Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y señala el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, las estrategias y los programas derivados de esta ley.
Esta ley trata de regular ámbitos importantes que coinciden con el espíritu del promovente, como
Educación. En esta materia, tan importante para el sostenimiento de cualquier estado social y democrático, el Estado se encargará de elaborar y fortalecer programas en educación especial; esta actividad comenzará en los primeros años del infante, por lo cual todas las guarderías, privadas o públicas, estarán obligadas a admitir a niños con discapacidad; otra de las muchas necesidades será sin duda la profesionalización del cuerpo docente y del personal que tenga intervención directa en la incorporación educativa de personas con discapacidad; se establecerán programas con reconocimiento oficial en lengua de señas mexicana y sistema de escritura braille, así como las bibliotecas del sistema nacional tendrán las adecuaciones humanas y tecnológicas para la plena integración de las personas con capacidades diferentes.
El Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa tiene entre sus objetivos una atención educativa de calidad de niños y de jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presenten discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.
Las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, en el punto 4, referente a los lineamientos generales, en específico el 4.3, “Características de los apoyos”, a saber:
b) Apoyo en efectivo
Los recursos del programa son adicionales y complementarios a los que proporcionan los programas federales, locales y municipales vigentes destinados a la infraestructura, la operación de los servicios de educación especial y a la operación de las instituciones públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación básica que reciben apoyo de los servicios de educación especial para avanzar en la consolidación de la educación inclusiva. En ningún caso estos recursos sustituirán los recursos regulares destinados para esos fines. Estos recursos no son regularizables.
Los recursos del programa serán asignados por la SEP y ejercidos por las autoridades educativas locales y por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal sin perder su carácter federal, y deberán ser utilizados únicamente y exclusivamente para la operación del programa, de conformidad con las presentes reglas de operación, así como en los convenios de coordinación o lineamientos de coordinación respectivos.
En el punto 4.3.2, referente al monto del apoyo, se precisa lo siguiente:
Los recursos federales destinados para el ejercicio fiscal de 2012, de acuerdo con el presupuesto autorizado para el programa S033, serán transferidos a las autoridades educativas locales y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal en términos de las presentes reglas de operación, y de acuerdo a los convenios de coordinación y de los lineamientos internos de coordinación. Asimismo, se destinará para gasto de operación, difusión, asesoría y evaluación del programa 6 por ciento del monto autorizado.
En materia de discriminación existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, cuyas disposiciones son de orden público y de interés social. En los artículos 11 y 13 incluye una serie de medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de niños con discapacidad y de las personas con discapacidad en su conjunto.
La educación como parte importante del desarrollo del ser humano no puede quedar atrás en materia de personas con discapacidad. Actualmente nos rige la Ley General de Educación, que regula la educación que imparte el Estado (federación, entidades federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En el artículo 39, esta ley señala que en el sistema educativo nacional quedan comprendidas la inicial, la especial y para adultos. Asimismo, en el artículo 41 menciona que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a los de aptitudes sobresalientes, y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social y dando cumplimiento al artículo 1o. de la Carta Magna contra la discriminación existe la Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 8 señala que toda persona o grupo social en situación de desventaja tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendentes a disminuir su desventaja. Además, en el artículo 9 establece que los municipios, los gobiernos de las entidades federativa y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de acción, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, las familias y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas cuantificables.
5. Ley de Asistencia Social (2 de septiembre 2004) tiene la finalidad de proteger intereses y derechos de personas con discapacidad. Dicha ley tendrá observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley indicará quiénes tendrán derechos a la asistencia social, dará los lineamientos para establecer con claridad cuáles serán los servicios de asistencia social e indicará qué instituciones, públicas o privadas, pertenecen al sistema nacional de asistencia social. De igual forma, esta ley será la encargada de la supervisión de las instituciones de asistencia social.
Con base en lo mencionado se entendería que las personas con discapacidad cuentan con una cobertura plena en cada una de sus necesidades, pero no es así. En México, según diversas organizaciones no gubernamentales, hace falta no sólo disposición política sino conciencia cívica para abatir la discriminación y el rezago de este sector.
Por lo expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición:
IV. Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a editar a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar en la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar a esta soberanía acerca de los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.
Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2013.
Suscriben el dictamen los integrantes de
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica senador Fidel Demédicis Hidalgo), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica diputado Raymundo King de la Rosa), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica diputada Carla Alicia Padilla Ramos), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, secretarias; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se ha revocado el reconocimiento de validez oficial porque sus programas no cumplen estándares de calidad educativa
Honorable Asamblea:
Con fecha 16 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, del primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa, presentado en el pleno por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.
En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 16 de enero de 2013 el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presento punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-7-348 fue recibido con fecha de 17 de enero de 2013.
3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 22 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.
4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:
1. En el documento publicado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), titulado RVOES federales y programa de fomento a la calidad de las instituciones particulares, se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades.
2. En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.
3. De acuerdo a declaraciones del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de Internet del sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.
4. De conformidad a lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que “Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos” información que no ha sido difundida oportunamente lo que permite se continúe defraudando a quienes acceden a esos programa.
Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:
Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.
III. Consideraciones
Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:
El RVOE es un documento legal que puede otorgar tanto la Secretaría de Educación Pública estatal como la federal, previa solicitud de las instituciones particulares para cada uno de los programas que buscan ofrecer (ya sea de técnico superior universitario, de licenciatura, especialidad, maestría y/o doctorado), y se obtiene una vez que cumplen una serie de requisitos académicos, legales y de infraestructura. Es decir, la validez de estudios no la otorga la institución educativa particular o privada sólo por el hecho de ofrecer estudios, sino que estas instituciones deben solicitar el RVOE y obtenerlo por parte la SEP antes de que comience la inscripción de alumnos.
El soporte jurídico para las facultades se ejercen a través del RVOE son:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o.
Fracción V.
Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Fracción VI.
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley
• Ley General de Educación
Artículo 55. Las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.
Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.
Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.
Acuerdos
Número 279
Por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior.
Este acuerdo es específico para el tipo educativo superior, el cual comprende la licenciatura especialidad, la maestría, el doctorado, así como las opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura.
En esta norma podrán encontrarse las definiciones de cada uno de los estudios que comprenden el tipo superior, los créditos que deben satisfacer los planes de estudio, así como los requisitos para que una institución pueda ostentar la denominación de Universidad, entre otros aspectos.
Número 1/SPC(violación de ciclo)
El objeto de este Acuerdo es tutelar que se respete el orden en que se deben cursar los estudios y prohibir a las instituciones que inscriban a aquellos alumnos que no hayan satisfecho el antecedente académico necesario para cursar determinado nivel educativo.
Lo anteriormente mencionado es el marco que faculta a la SEP, para dar seguimiento al trabajo que realicen las instituciones académicas, lo cual se convierten en Derechos para los usuarios, el cual resulta necesario ante la desesperación de jóvenes que no encuentran lugar en instituciones públicas de educación superior ya que se convierte en posibles víctimas de fraudes. La alta demanda de escuelas de nivel superior ocasionó la proliferación de escuelas e instituciones educativas que lo único que buscan es lucrar con la necesidad educativa; en años anteriores se ha sancionado a instituciones que no informaron a los padres de familia sobre su carencia del RVOE, nada impide que estos establecimientos laboren impartiendo un nivel técnico o diplomados aunque sin validez oficial.
Las instituciones particulares deben contar con un reglamento escolar, informar a los padres de familia sobre todos los cobros que se realizarán durante el semestre o año lectivo, así como horarios de atención de los funcionarios de la escuela.
La Ley General de Educación establece en sus artículos 56 y 59 que la publicidad y documentación emitida debe incluir la leyenda que indique que los estudios que se imparten cuentan o no con RVOE, además de incluir el número, fecha del acuerdo y la autoridad que lo otorgó.
El Estado de derecho es la garantía de certeza jurídica para las partes, es por eso de vital importancia que las escuelas que no cumplan con lo mencionado por la norma para proveer a la ciudadanía de una educación de calidad en pleno apego a las mismas normas sean mencionadas en listas publicas de fácil acceso a los usuarios regulares del mencionado servicio.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición:
IV. Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso De la Unión exhorta, a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta soberanía vía Comisión Ordinaria respectiva, sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación de las entidades federativas, informar del motivo de las quejas, de las universidades sancionadas y a las que se les revocó el reconocimiento oficial.
Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2013.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente
Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).