Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SHCP que instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de que presente a esta soberanía un informe sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para adoptar e implantar esa armonización, suscrita por la senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, senadoras Arely Gómez González y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ha experimentado a lo largo de la última década importantes y trascendentales cambios orientados a un nuevo diseño de la administración pública federal como parte de una estrategia integral diseñada y dirigida al combate a la corrupción, a la promoción de una nueva cultura de legalidad, a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y función del quehacer gubernamental.

Con la publicación en 2008 del decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Poder Legislativo quedó facultado para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. A partir de este año, se inicia un proceso de rediseño institucional acompañado de una serie de reformas legislativas cuyo primer paso es la promulgación, en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Esta nueva ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental, pero sobre todo, la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el objetivo de lograr una armonización contable en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios). Con esta disposición se busca armonizar el registro y facilitar la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto públicos.

Por otra parte, la ley en comento obliga a los entes públicos emitir información financiera patrimonial, tener un sistema contable armonizado y brindar elementos suficientes para lograr una evaluación del desempeño de los mismos, promoviendo la transparencia de la información pública. Además, prevé que los estados y municipios que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de esta ley, no podrán contratar o emitir deuda e inscribirla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para la instrumentación de estas nuevas disposiciones, la presente ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) como instancia responsable de la coordinación para la armonización gubernamental y cuyas facultades son la emisión de las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera de todos los entes públicos del país, así como los plazos y fechas límite para su funcionamiento establecidos en la ley y en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el consejo.

Lo anterior representó una tarea colosal y difícil de alcanzar, ya que la implementación de dicha ley traía consigo cambios importantes en diversos ámbitos de la estructura de los entes públicos, tales como: reformas a su marco jurídico e internamente a sus reglamentos; cambios en sus tecnologías de información; adecuación de procesos administrativos, contables y financieros; y capacitación del personal, entre otros. Dada la complejidad de esta gran empresa, los legisladores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobamos reformas a la LGCG, decreto que fue publicado el 12 de diciembre de 2012, con la finalidad de reforzar las reglas para la armonización y publicación de la información financiera de los entes públicos y ampliar los plazos para la publicación de la información (Entes públicos 31.12.13, en caso de los municipios 31.12.14 y en algunas excepciones hasta el 31.12.15).

En lo que respecta a los mecanismos de evaluación y la publicación de los avances de la armonización contable por parte de la Conac, se adicionó un párrafo al artículo noveno que establece que “El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley”. Por otra parte, el artículo séptimo transitorio “mandata al Conac enviar a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto, un informe detallado sobre el estado de avance en la implantación de las disposiciones de esta ley...”

Independientemente de estos nuevos plazos para conocer los avances en la materia, es importante destacar, que en apoyo al cumplimiento de lo dispuesto, se estableció en el artículo noveno transitorio, del decreto de 2008, la creación de un fondo concursable en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que la SHCP otorgara subsidios a las entidades federativas y a los municipios. Por mencionar unos datos, en 2012, dicha secretaría emitió los lineamientos para aplicar los recursos presupuestales destinados a apoyar los objetivos y metas de la armonización contable, para lo cual contemplaba una provisión 51.7 millones de pesos. Además se cuenta con 64.3 millones de pesos a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública, para subsidiar la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en la materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de las tecnologías de la información y comunicación que permitan el cumplimiento de la ley.

Para ser congruentes con la transparencia y la rendición de cuentas, en concordancia con la nueva lógica de la administración pública federal y dado que ya fueron destinados recursos desde el inicio de este proceso, es imprescindible que el Conac envíe a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda el avance en la adopción e implementación de la armonización contable de acuerdo al “Calendario de trabajo ajustado de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable” publicado en octubre de 2012, antes de la última reforma a la LGCG.

De esta manera, se dará respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, disponemos ya de un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado con base en el artículo 93 constitucional sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable presente un informe a esta soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senadoras: Arely Gómez González, María del Rocío Pineda Gochi (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a intervenir con las secretarías competentes a fin de establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry Playa del Carmen-Isla de Cozumel para todos los residentes de Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un cometido del estado es proporcionar transporte a la población. En el estado de Quintana Roo, el transporte ferry que va de Playa del Carmen a Cozumel tiene un precio de adulto: viaje sencillo de 156 pesos, viaje redondo 312 pesos, donde la tarifa diferencial para los habitantes de Cozumel y de Playa del Carmen es de 88 pesos. Es un precio muy elevado considerando que el salario mínimo es de 61.38 pesos diarios en el estado de Quintana Roo, y que sólo 15 por ciento de los trabajadores perciben más de 5 salarios mínimos en promedio, y 54 por ciento de éstos perciben menos de 3 salarios mínimos1 .

Cabe mencionar que a través de los años ha ido aumentando el precio, en 2007 el precio de tarifa diferencial era de 50 pesos (viaje sencillo), en 2008 aumento 32 pesos para quedar en 82 pesos, en 2009 aumento 6 pesos y quedo en el precio actual de 88 pesos viaje sencillo, 172 pesos redondo, además de que el transporte de carga (automóviles) con un costo de 380 pesos pasó a 760 pesos, lo que representa un aumento irracional mayor a 100 por ciento en un año.

En virtud de que el estado está obligado a proporcionar vías de comunicación, es necesario establecer en este caso específico un precio justo, razonable, equitativo y proporcional al costo del viaje entre la isla de Cozumel a Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, con la finalidad de que la población pueda satisfacer sus necesidades de transportarte, acorde a su poder adquisitivo.

Hay que recordar que toda tarifa del transporte debe calcularse bajo parámetros razonables de costos y el poder adquisitivo de la población. El viaje del ferry es una necesidad básica para los pobladores de la isla de Cozumel, en materia laboral, educativa y social que obtienen ante la facilidad de desarrollar actividades fuera de la isla. Conviene recordar que 79 por ciento de los trabajadores en Quintana Roo laboran en el sector terciario, donde evidentemente predominan los servicios en la industria turística y el comercio.

En beneficio del interés público, los precios deben ser en razón de la ciudadanía mexicana, tomando en cuenta principalmente el salario mínimo de donde se desempeña el transporte, como bien sabemos un principio general del derecho establece: “que el lugar rige el acto”, es por eso que tenemos que tomar en cuenta las características económicas de los pobladores en mención.

La ruta que va de Playa del Carmen a Cozumel, la cual tiene un precio calculado en el servicio turístico, por lo que se ha convertido en un lujo para la población local realizar esta ruta básica de transporte.

En el México moderno es impensable que una región quede incomunicada por no poder cumplir con el pago de las tarifas requeridas, es menester mencionar que la isla de Cozumel pertenece al estado de Quintana Roo, por lo tanto es obligación del estado atender con suma atención esta situación tan importante.

El artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de libre tránsito, el cual plantea que podemos desplazarnos de forma libre por el territorio mexicano. Es el siguiente;

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

El artículo anterior nos establece la libertad de tránsito, si bien es cierto que los ciudadanos que habitan en el estado de Quintana Roo, principalmente de Playa del Carmen y Cozumel no se les veda el uso del ferri, ya que al cumplir con la tarifa, pueden transportarse en él mismo. Sin embargo el elevado costo del servicio y el limitado poder adquisitivo de los salarios, ocasionan la dificultad para el libre tránsito para los habitantes de la zona. Por lo que los ciudadanos de dichas regiones permanecen sin la oportunidad de trasladarse, limitando el ejercicio del derecho de libre tránsito.

La distancia entre Playa del Carmen y Cozumel es de 18 kilómetros, una distancia relativamente corta para tener precios tan elevados, ya que el costo unitario por cada kilómetro recorrido es de 8.60 pesos, mientras que en Canadá es de 2.26 pesos por kilómetro.

Para el análisis del tema, mencionaremos una comparativa del servicio de ferri en Canadá, donde el costo de un viaje de adulto en ferri de la ciudad Vancouver a Victoria, tiene un costo 15 dólares canadienses equivalente a 195 pesos, y la distancia de este viaje es de 86 kilómetros. Esta comparativa denota el excesivo costo del servicio mexicano que cobra cuatro veces más el valor del transporte marítimo por kilómetro, y en referencia a los precios de Canadá, donde basado en los parámetros de costo por kilómetro ya mencionados, el costo del ferri entre Cozumel y Playa del Carmen debería de ser de 40 pesos viaje sencillo, y 80 pesos redondo.

En la ley orgánica de la administración pública encontramos en las fracciones I, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII lo siguiente;

“Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes;

XVI. Regular las comunicaciones y transportes por agua;

XVIII. Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima;

XIX. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;

XX. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios;

XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXVI. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes, y

XXVII. Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.”

Es conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con lo antes expuesto tome conocimiento de lo expuesto y regule la situación en cuestión sobre el precio del viaje en ferri que va de Playa del Carmen a Cozumel, ya que es un precio que no todos los ciudadanos residentes del área pueden pagar. Los habitantes necesitan una disminución en el costo del viaje de dicho ferry para poder trasladarse en el estado de donde son originarios, impulsando los objetivos de determinado viaje, ya sea para el esparcimiento, para laborar o cualquier otro fin.

En otro orden de ideas, hay que reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México, y ser más competitivos a nivel nacional e internacional. Nuestro país es muy rico en playas, de las mejores del mundo, las cuales requieren un impulso para generar más visitas, en ocasiones para impulsar al sector turístico es mejor disminuir los precios para obtener más visitas que se reflejarían en más consumo de hoteles, restaurantes, zonas arqueológicas, bares, servicios turísticos, etcétera.

Por lo tanto tenemos tres vertientes.

Disminuir el precio del viaje que se les da a los connacionales, entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, para fomentar el turismo en dicha isla, en razón de que los elevados costos perjudican el acceso a la isla.

Disminuir el precio que se les da a las personas locales, entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel para trasladarse con más facilidad entre el territorio que habitan, tomando en cuenta el salario mínimo de esa zona, y que su lugar de origen es este mismo, con la diferencia del caso anterior de que sea aún menor la tarifa.

Además de hacer una disminución de tarifa diferenciada en el servicio de transporte de carga, ante su irregular aumento de 100 por ciento.

En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, para todos los habitantes locales del estado, acordes al poder adquisitivo de la población.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer la tarifa diferenciada, a los ciudadanos mexicanos para impulsar el sector turístico en la isla de Cozumel.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio ante el incremento irregular del precio de transporte de carga en el ferri de la ruta entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, con la finalidad de disminuir la tarifa e implementar tarifas diferenciadas entre los habitantes locales y los ciudadanos mexicanos de la república.

Nota

1. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, primer trimestre. Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las legislaturas locales a realizar por las entidades de fiscalización correspondientes auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago por los estados y los municipios, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

1. En la opinión pública ha cobrado relevancia un tema que ha crecido en los últimos años y minado las finanzas públicas de los municipios y de las entidades federativas: el sobre endeudamiento, sea por la vía de empréstitos o por la suscripción de obligaciones de pago con particulares que desarrollan obras o prestan servicios a los gobiernos locales, así como por comprometer las participaciones federales en esquemas financieros bursátiles.

Esta crisis tiene elementos graves por haberse identificado casos de abuso y conductas delictivas como ocurrió en Coahuila y por alcanzar niveles muy altos de compromiso de pago que han puesto en riesgo las finanzas locales al asumir una notoria rigidez en el gasto público, pues las obligaciones de pago gravitan sobre los ingresos públicos de forma significativa.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el total de las obligaciones financieras de las entidades en 1994 era de 26 mil 728 millones de pesos y para marzo del 2012 la cifra alcanzó los 396 mil 832 millones de pesos. Para subrayar el peso de esas obligaciones debe decirse que el porcentaje respecto de las participaciones federales pasó de 64.5 por ciento en el año 1994, a 78.6 por ciento en el 2012.

Debe tenerse presente que aun cuando se traten de casos de deuda contratada por empréstitos o que se trate de obligaciones de pago a proveedores de obras y servicios en realidad la consecuencia es la misma: las finanzas públicas locales están obligadas a pagar montos millonarios.

2. En esta circunstancia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado una posición al respecto diciendo que no se procederá rescatar las finanzas de las entidades.

Coincidiendo con el sentido prudencial de la afirmación, no puede dejarse pasar que el Ejecutivo se extralimita.

De acuerdo a las facultades económicas que le corresponden al Congreso de la Unión, así como por las dimensiones nacionales de un programa de rescate de las finanzas locales, de ser el caso en que este fuera necesario, debe ser aprobado por el Poder Legislativo y no debe ser resuelto por una disposición administrativa, ni mucho menos por un intercambio de favores entre el Ejecutivo federal y las entidades.

3. Por otra parte, antes que pensar en si debe o no procederse con un rescate financiero, en primera instancia deben deslindarse las responsabilidades legales de cada caso, para evitar que una eventual intervención por parte de la legislatura federal termine por encubrir conductas ilícitas o abusivas por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de manejar y autorizar los endeudamientos o la suscripción de compromisos de pago.

No sería aceptable, desde ningún punto de vista, que si hay casos de corrupción o de incumplimiento a las leyes el “premio” sea que la federación rescate e intervenga con recursos públicos, sin que primero se castigue a los responsables.

Sin auditorías se estaría actuando de manera discrecional, sin conocimiento suficiente y la falta del deslinde de responsabilidades puede hacer que se traten igual casos que son distintos en su origen y peor aún que se acepte pagar la responsabilidad en términos financieros sin que se establezcan las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Las auditorías son indispensables en términos de legalidad y transparencia, de manera que sólo sobre esas bases se puede iniciar una intervención por parte de la federación, en la que incluso se pueden desarrollar acciones sancionatorias.

4. Ahora bien, es importante que la necesidad de transparentar y auditar los recursos destinados a deudas o compromisos de pago sea atendida por parte de quien tiene las facultades correspondientes y en cumplimiento de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En particular debe considerarse lo señalado en el artículo 115 en su fracción III:

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Lo anterior hace evidente que el tema debe ser atendido en un enfoque federalista y que los congresos de cada estado son quienes aprueban los ingresos de los municipios y que a los legisladores estatales, con el apoyo de las entidades fiscalizadoras que existen en cada entidad, son los responsables de fiscalizar las cuentas públicas de los municipios.

No es por tanto correcto asumir que la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, le corresponda en principio a la federación o a la Cámara de Diputados, puesto que sólo puede intervenir en cuanto al gasto realizado con recursos federales, por medio de la Auditoría Superior de la Federación.

A mayor abundamiento la contratación de deuda y de otras obligaciones de pago se realiza conforme a lo que señalan leyes locales específicas en esa materia y debe verificarse el destino que tuvieron los recursos.

Aquí es claro que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece límites, de forma que el gasto corriente no sea financiado con deuda u obligaciones de pago. Así, en las prohibiciones que establece el artículo 117 en el segundo párrafo de la fracción VIII se establece textualmente que:

Los estados y los municipio no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán del ejercicio al rendir la cuenta pública.

Aun cuando pudieran existir disposiciones o autorizaciones en el ámbito local, es indispensable verificar que lo que se haya financiado sean inversiones públicas productivas y no proyectos de otra naturaleza en los que no exista el beneficio para la sociedad sino, pudiera ser, para algunos contratistas, bancos, agentes financieros e incluso servidores públicos.

En razón de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los municipios como por parte de las propias entidades.

Se exhorta a las legislaturas de los estados a que los resultados de dichas auditorías, se hagan del conocimiento público, se remita copia de esta al Congreso de la Unión y a las autoridades correspondientes en materia administrativa y penal.

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Las reglas de operación de los diferentes programas federales son los que regulan la puesta en práctica de los recursos y su asignación, ahí recae su importancia.

Es necesario subrayar que las condiciones socioeconómicas en nuestro país no son equitativas, y que para lograr una atención oportuna a las diferentes regiones es necesario que se tomen en cuenta además de los puntos ya especificados en el Decreto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, el nivel de desigualdad de cada región del país, en especial los que se encuentran al Sur Sureste de nuestro país que ocupan los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano.

Es un hecho reconocido que las reglas de operación deben presentarse de manera flexible para permitir una aplicación oportuna de los recursos. En ese sentido, debe señalarse que en el artículo 29, fracción I del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 ha presentado un avance al establecer que es necesario que éstas se sujeten a algunos criterios generales: deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país, considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, deberán promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, así como incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Otro aspecto que merece subrayarse se refiere a la intervención de los ámbitos de gobierno en la ejecución de los programas, donde puede percibirse un alejamiento a las tendencias centralizadoras, al acordar los diputados lo siguiente, en el inciso b de la fracción I del artículo 29:

“Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones”.

Con este antecedente se subraya la pertinencia de que las reglas de operación tengan elementos de flexibilidad a partir de la realidad de las regiones socioeconómicas de México y en ese contexto ya que la región Sur Sureste concentra a las entidades con mayores carencias sociales y de infraestructura del país, es necesario que ese criterio se considerado al momento de redactar las reglas de operación.

Segunda. Por otra parte, en la fracción II del mismo artículo 29 se señala que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal, lo que mantiene una lógica de comunicación y colaboración entre los poderes, que también está prevista en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

De esta manera se tiene que el Ejecutivo dispone de un bimestre para presentar las reglas de operación y que el plazo ultimo para que las comisiones de la Cámara de Diputados emitan opinión vence el último día del mes de marzo.

Ahora bien, considerando la importancia de las opiniones del Poder Legislativo y que esta participación será muy pobre si no se cuenta con el tiempo necesario para analizar a detalle cada una de las reglas de operación, es indispensable que el Ejecutivo presente cuanto antes las reglas mencionadas para que la interacción con el Legislativo sea oportuna, informada y con margen suficiente para las tareas de análisis que soporten la opinión correspondiente.

Tercera. Los programas que deben sujetarse a las reglas de operación son 108 y pertenecen a los ramos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Social, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Anexo 24 del Decreto de Egresos de la Federación como se detalla a continuación:

Programas sujetos a reglas de operación

Ramo                                                  Número de programas

06 Hacienda y Crédito Público              20
08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación   6
09 Comunicaciones y Transportes           1
10 Economía                                          7
11 Educación Pública                            25
12 Salud                                                 9
14 Trabajo y Previsión Social                  1
15 Reforma Agraria                                3
16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales                                 9
19 Aportaciones a Seguridad Social        1
20 Desarrollo Social                             21
38 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología                               5

Total                                                  108

De esta manera es que se propone a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se exhorte al Ejecutivo Federal a que envíe con oportunidad dichas reglas de operación a fin de que el Decreto de Egresos de la Federación se aplique a cabalidad.

Por lo antes expuesto y con el fundamento antes señalado se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste y a que presente oportunamente las reglas de operación para que la Cámara de Diputados disponga de tiempo suficiente para cumplir con lo dispuesto en artículo 29 del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar que se realicen un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la laguna Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, suscrita por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Lourdes Adriana López Moreno, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea los presentes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas México se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional. El impulso nacional a la diversificación de la oferta turística en el mercado local e internacional, está motivando un incremento del peso relativo de este sector socioeconómico, y se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana.

Debemos reconocer que los recursos naturales representan un factor determinante en el atractivo turístico de una región. En el presente documento queremos hacer referencia a la ciudad de Tampico, la cual se encuentra al noroeste del estado de Tamaulipas.

Esta ciudad cuenta con un extraordinario litoral, y es privilegiada en cuanto a su flora y fauna. En un espacio de aproximadamente 150 hectáreas, y en pleno corazón de la misma, emerge un importante cuerpo lagunar llamado la Laguna del Carpintero, la cual constituye un territorio que, no obstante estar sometido a una constante presión urbana, posee una gran variedad de especies animales.

Este punto de acuerdo aborda los problemas de contaminación y los efectos de la saturación de las zonas urbanas y conurbadas, en los litorales de Tampico, y la necesidad de afrontar un cambio en la diversificación, rehabilitación y cualificación turística, en el contexto de una planeación territorial y medioambiental integral, que garantice la utilización racional de los recursos naturales y turísticos de la Laguna del Carpintero.

La principal causa del deterioro y contaminación progresiva de la Laguna del Carpintero, es la acción del hombre; el modelo de crecimiento económico insostenible del país, está acabando con diferentes parajes y entornos naturales con alto valor turístico.

La Laguna del Carpintero, es un espacio natural y turístico, es el área recreativa más importante de Tampico. Dicho espacio lagunario posee un clima subtropical subhúmedo, con una temperatura anual de 24.5º Celsius. Cabe destacar que dicha laguna urbana no está considerada como área natural protegida.

De las aproximadamente 55 especies de árboles de mangle que se conocen en el mundo, México cuenta con cuatro, y la Laguna del Carpintero de Tampico cuenta dos: mangle blanco (Laguncularia racemosa ) y mangle rojo (Rhizophora mangle ), ambas listadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los manglares son ecosistemas muy frágiles, susceptibles al azolve de sedimentos, y a la interrupción del flujo y reflujo de las aguas, al estancamiento, y a los cambios drásticos en la salinidad. Aunado a esto, el crecimiento urbano mal planificado y el cambio de uso del suelo en las zonas donde se establece el manglar, pone en riesgo su sobrevivencia. Los principales problemas detectados en la Laguna del Carpintero, se pueden agrupar en las siguientes categorías:

• Cambio de uso de suelo

Este es el factor principal y más amenazante que afecta a los manglares, que da lugar a una deforestación indiscriminada y que implica un daño irreversible a las especies y al ecosistema de manglar, no obstante este un proceso diferenciado regionalmente.

• Fragmentación de la cobertura de manglar

La fragmentación impacta la estructura y función del ecosistema de manglar, mediante la alteración de sus elementos bióticos y abióticos, entre los cuales destacan: a) microclima dentro y alrededor del fragmento (flujos de radiación, viento, flujos de agua); b) aislamiento con respecto a otras áreas remanentes; c) interrupción de la conectividad y d) modificaciones en el paisaje circundante. Otro de los efectos producido por la fragmentación es la creación de bordes, cuyos efectos se extienden varios cientos de metros hacia el interior del manglar remanente. Esto último da como resultado modificaciones en los patrones naturales de heterogeneidad del paisaje. Como efecto extremo de la fragmentación, se registra la desaparición del hábitat.

• Contaminación

La contaminación es una causa más de afectación a los manglares. Los aportes de agua a este ecosistema, contaminados por fertilizantes, pesticidas, drenajes municipales e industriales, entre otros modifican la composición fisicoquímica del agua afectando al manglar a nivel biológico, tienen efectos en la hidrología y puede a su vez provocar el azolve del sitio, tal y como está sucediendo en la Laguna del Carpintero. La contaminación del agua puede tener un efecto tóxico en las especies vegetales de mangle, y en todas las especies de crustáceos, moluscos, peces y aves que utilizan estos sitios como su hábitat parcial o totalmente durante su ciclo de vida.

Algunas de las especies que habitan los manglares mexicanos son endémicas y en peligro de extinción, además acogen el 17 por ciento de las especies migratorias del continente. La Laguna del Carpintero alberga especies amenazadas como es el mangle blanco (Laguncularia racemosa ), y el mangle rojo (Rhizophora mangle ), y especies sujetas a protección especial cocodrilo de río (Crocodylus acutus), cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii ), más el gran número de especies de aves, muchas en alguna categoría de riego en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los humedales costeros se caracterizan por tener funciones hidrológicas, de contigüidad, de regulación climática, de estabilización costera, de producción primaria que mantiene la biodiversidad marina y terrestre que depende de ellos.

El manglar y los suelos de los humedales costeros, desempeñan una función importante en la depuración del agua, eliminando las altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, así como en algunos casos productos químicos tóxicos.

En términos ecológicos, la diversidad biológica de una zona de manglar no se puede considerar de manera aislada, ya que el manglar es el sitio de forrajeo, caza, refugio, anidación, crecimiento y alimentación para muchas especies de fauna de los ecosistemas con los cuales hace conexión, y de esta manera constituyen corredores biológicos que dan continuidad a los ecosistemas.

Los ecotonos entre manglares y otros tipos de vegetación, son muy importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que no sólo incluyen especies de los dos ecosistemas en contacto, sino a veces son el hábitat de especies únicas, endémicas a estas zonas de transición, así como especies migratorias y en peligro de extinción.

El crecimiento demográfico urbano en Tampico, no ha venido acompañado de la adecuada planeación urbana, lo que ha provocado desde hace décadas, la creciente aparición de asentamientos humanos irregulares con graves problemas de vulnerabilidad y contaminación para la población residente y los ecosistemas. La falta de drenaje y pavimentación son graves problemas, revelando las enormes deficiencias del espacio suburbano, agravando el problema de la contaminación del cuerpo de agua (laguna del Carpintero).

De acuerdo a los informes proporcionados por la Administración Portuaria Integral de Tampico (API-Tampico), comprobamos que los análisis físico-químicos y bacteriológicos reflejan la contaminación de la Laguna del Carpintero durante los años 2003 y 2004. En estos análisis de aguas de API-Tampico se desprende el alto grado de concentración de grasas y aceites en el agua, que se encuentran por arriba de los límites permisibles.

Los contaminantes detectados (plomo, zinc, cobre y níquel) son genotóxicos y cancerígenos para la población. A pesar de las advertencias de las autoridades portuarias y de distintos grupos sociales de los peligros de los contaminantes, las autoridades competentes (Semarnat, gobiernos federal, estatal y municipal), han mantenido una actitud permisiva durante años.

Por tal motivo, en el Partido Verde consideramos necesario llevar a cabo un profundo análisis y un diagnostico ambiental sobre la situación que vive actualmente la Laguna del Carpintero, a fin de encontrar una remediación adecuada a su deterioro no natural.

Es por las razones aquí expuestas que me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el titular del gobierno de Tamaulipas, realice un análisis y diagnostico integral ambiental de la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un programa de restauración para la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a dar celeridad al proceso de refrendo de permisos de radio otorgados en Michoacán y enviar con la mayor brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan, suscrita por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las radios comunitarias son emisoras de espectro reducido, operadas por asociaciones civiles o grupos ciudadanos sin fines de lucro, son coadyuvantes en la regeneración del tejido social y por su dimensión local participan en la producción social del hábitat; reflejan realidades locales y promueven con su existencia el inalienable derecho humano a la información.

Actualmente no existe reconocimiento legal de las radios Comunitarias en México, a pesar de que existen operando en el país bajo la figura de permisionarios, 12 por ciento de las 1483 emisoras bajo este régimen están hoy a la intemperie neoliberal que las ha condenado a su extinción por falta de apoyo gubernamental para su financiamiento, además de la falta de una regulación que les permita obtener recursos.

Sin embargo estas emisoras a cargo de asociaciones civiles, cumplen con todas las disposiciones legales para la obtención de sus permisos y el tortuguismo burocrático hace del procedimiento una tortura.

Desde el año 2010 el Consejero Presidente de COFETEL, Mony de Swaan, había advertido sobre el problema de la lentitud en los trámites burocráticos, estableciendo como una prioridad de su agenda el buscar mecanismos para dinamizar los procedimientos administrativos.

Sin dejar de lado la acusación que pesa sobre las políticas de estado para desaparecer la radio comunitaria y acallar cualquier voz independiente. Esta vez buscamos que se dé cumplimiento a un ordenamiento administrativo para brindar con oportunidad y justicia los refrendos de los permisos.

En el periodo comprendido del 30 de abril de 2010 al 06 de mayo de 2011 se presentaron 8 solicitudes de refrendo de permiso ante la instancia responsable de la SCT, se trata de ocho estaciones de Radio Comunitaria que presentaron su solicitud para transmitir en el marco de la Ley Federal de Radio y televisión y su respectivo reglamento.

Resaltamos que todas las solicitudes se presentaron debidamente requisitadas y en el tiempo que establece el artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de radio y televisión. Además de que se encuentran en comunidades rurales de alta marginalidad como el caso de la emisora Jen Poj en la sierra Mixe de Oaxaca.

Es de nuestro conocimiento la necesidad de la opinión favorable de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía que está adscrita a la Secretaría de Gobernación para la realización del trámite de refrendo por tratarse de un servicio público de gran relevancia.

Sin embargo, a la fecha no tenemos conocimiento del estado que guarda el proceso de refrendo, el cual de acuerdo al Registro Federal de Trámites y Servicios de la Cofemer establece un plazo de respuesta de tres meses a partir de que se haya integrado correctamente el expediente.

Nos preocupa esta demora, debido a que las radios a pesar de seguir transmitiendo no cuentan con el respaldo y la seguridad jurídica que representaría el refrendo de su permiso.

En honor a la verdad, podemos sostener que en México y el mundo nadie cumple mejor su función social como lo hacen las Radios Comunitarias, son constructoras de puentes culturales, referentes de la conservación del patrimonio cultural intangible, promotoras de la cohesión social, respetuosas de la Ley y sobre todo la única manifestación de disfrute del pueblo sobre su espectro radioeléctrico.

No entendemos los motivos de la demora en la SCT para el refrendo de los permisos si se ha cumplido a cabalidad con los requisitos que establece la legislación vigente.

Con base en lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, a dar celeridad al proceso de refrendo de los permisos de radio otorgados a: Comunicadores del Desierto, AC, La Voladora Comunicación, AC, Kukoj, AC, Radio Calenda, La Voz del Valle, AC, Uandarhi, AC, Mie Nillu Mazateco, AC, Ecos de Manatlán, AC, así como a la estación Cultural FM, ubicada en el municipio de Tepalcatepec en el estado de Michoacán, así como a enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guarda el refrendo de los permisos citados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de enero de 2013.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se solidariza con los productores de caña en sus demandas debido a la baja del azúcar, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado y suscrita por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano, Abraham Montes Alvarado, Landy Margarita Berzunza Novelo, Elvia María Pérez Escalante y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Campeche y especialmente en el municipio de Champotón, los integrantes de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (Ulpa) y de la Asociación de Ejidatarios y Pequeños Propietarios Cañeros, tomaron de manera pacífica y sin violentar el orden, las bodegas del Ingenio Azucarero “La Joya”, con la intención de impedir la salida del Azúcar al mercado nacional, sino solo la correspondiente a la producción destinada a la exportación.

Son dos mil doscientos trabajadores de la caña de azúcar en Campeche, que están demandando la intervención del gobierno federal, para que se busque una justa solución a la problemática que están sufriendo con sus familias.

El problema es que los precios del azúcar han caído en un 44 por ciento y esto afecta gravemente a la ya de por sí, precaria economía de todos los trabajadores y familias que viven de la industria azucarera.

El precio estaba en un promedio de 682 pesos el bulto de 50 kilos azúcar y ahora es, en promedio, de 382 pesos por unidad. La baja es muy significativa, por lo que se prevé una pérdida aproximada de 8 mil 500 millones de pesos, que podría ser mayor si los precios continúan a la baja.

La baja de precios consideran los productores cañeros que se debió a diversos factores, entre estos, el anuncio de posible venta o desincorporación de los ingenios agrupados en el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA); lo que derivó en una venta de azúcar a muy bajos precios por parte de esas empresas.

El problema que hoy se vive en este importante sector de la economía nacional, consideramos que amerita de atención urgente e inmediata.

Esta crisis del sector azucarero no solo afecta al Estado de Campeche sino a todos los 54 ingenios cañeros que se encuentran ubicados en 15 Estados de la República.

El propósito es devolver la rentabilidad a los productores de caña de azúcar, la que ha disminuido considerablemente en detrimento de más de 170 mil cañeros del país.

Los productores de caña argumentan que existe un excedente de 1 millón 600 mil toneladas de azúcar en las bodegas a nivel nacional, lo que es necesario mover para evitar una catástrofe en este sector de la economía nacional.

Por todo ello, estamos solicitando, de urgente y obvia resolución, que esta Soberanía se pronuncie a favor de esta proposición con punto de acuerdo, expresando solidaridad con los productores de caña de todo el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se solidariza con todos los productores de azúcar de caña de la República Mexicana y sus justas demandas, debido a la baja del precio del azúcar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que lleven a cabo las acciones conducentes a la solución de la problemática actual de los productores de caña, procurando que a la brevedad posible se devuelva la rentabilidad a la industria azucarera.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 23 de enero de 2013.

Diputados: Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo, Elvia María Pérez Escalante, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir las declaratorias de emergencia y desastre para Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en días recientes, suscrita por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren el artículo 79, numeral 1, fracción 2, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, numeral 1, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando al gobierno federal a emitir con carácter de urgente las declaratorias de emergencia y desastre para Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes y que se giren las correspondientes instrucciones para agilizar la llegada de los recursos destinados para atender esta emergencia, con base en las siguientes

Consideraciones

Las primeras heladas resentidas en el valle de El Carrizo, en la parte norte de Sinaloa, siniestraron a más de 48 mil hectáreas sembradas de maíz y legumbres. La situación es de riesgo porque ahora no se tiene conocimiento si la cantidad de agua en las presas es suficiente para proyectar la resiembra de emergencia.

Por días consecutivos, los efectos de la tormenta invernal alcanzó al valle de El Carrizo, en donde el termómetro descendió por debajo de los cero grados, por lo que los cultivos como el maíz y legumbres, sufrieron graves daños poniendo en riesgo la fuente de empleo de miles de familias sinaloenses.

Que los descensos extremos y atípicos en la temperatura han provocado daños a la agricultura y han afectado a cerca de 20 mil habitantes, por lo que el gobernador Mario López Valdez solicitó la declaratoria de emergencia para los 18 municipios.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a emitir con carácter de urgente las declaratorias de emergencia y desastre para el estado de Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes y que se giren las correspondientes instrucciones para agilizar la llegada de los recursos destinados para atender esta emergencia.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que se instrumenten las medidas necesarias para apoyar a toda la población afectada por las heladas atípicas que se han presentado en Sinaloa en fechas recientes.

Tercero. Dado que la emergencia de que se trata es de heladas, el programa aplicable es Cadena, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que se rehabilite, reconstruya y reincorpore a la actividad productiva a los productores afectados mediante apoyos directos y la aplicación de los esquemas de aseguramiento.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad se tomen la medidas necesarias para que técnicamente se corroboren los daños y se active el programa Cadena.

Quinto. Se solicite al gobierno estatal de Sinaloa le informe a esta soberanía la situación que en que se encuentra la población afectada, para que se atienda y apoye a la brevedad a los productores afectados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días de enero de 2013.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que la SCJN declare con efectos generales la invalidez de la reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, en congruencia con el artículo 107 constitucional, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

A la fecha, según los últimos datos proporcionados por algunos sindicatos, podemos hablar de más de 3 millones de trabajadores amparados, que de esta manera muestran su inconformidad con la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo publicada en noviembre del año pasado. El Estado no puede estar sordo este reclamo masivo de justicia.

Sabiamente, el legislativo que aprobó las reformas en materia de amparo (publicada el 6 de junio de 2011) y en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011), que van de la mano; tomó en cuenta que, hasta ese momento, los únicos caminos para hacer la declaración de invalidez de una norma con efecto generales, eran la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que sin embargo, la mayoría de las veces no se interponen, en vista de intereses de grupo, en claro atentado al estado de derecho y a la justicia. En vista de lo anterior, el legislativo creó, por así llamarlo, un camino ciudadano para lograr tal nulidad de la norma con efectos generales, por medio de la llamada “declaratoria general de inconstitucionalidad” (en suma, una especie de declaración de inconstitucionalidad ciudadana).

La declaratoria general de inconstitucionalidad (extensión de la protección del amparo), marca su procedencia, en relación a los amparos interpuestos contra normas generales; instituyéndose, con el fin de alcanzar un verdadero respeto de los principios de supremacía constitucional y de igualdad ante la ley, y la regularidad del orden jurídico, se modifica el principio de relatividad del juicio de amparo, a fin de proteger a personas que no hubiesen participado en el juicio de amparo en que se determinó la inconstitucionalidad de una norma general, ya que es una injusticia y una verdadera esquizofrenia jurídica que una norma ya invalidada se continué aplicando en perjuicio de todos aquellos que no se hubieran amparo, normalmente, por falta de conocimiento de sus derechos y de recursos económicos. Además se favorece el principio de economía procesal, ya que se evita la interposición y conocimiento de amparos innecesarios.

En este sentido la Constitución federal en su artículo 107, fracción II, señala:

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

Fuera de las hipótesis referidas, continuará la aplicación del principio de relatividad (efectos sólo individuales) o “Fórmula Otero”.

La declaratoria general de inconstitucionalidad, no sólo fortalece al Poder Judicial y al juicio de amparo, sino que da una nueva arma al pueblo para luchar por esta declaración general, en la tutela de sus derechos humanos. Presiona a los Poderes Ejecutivos federal y locales y a los Poderes Legislativos a realizar con pulcritud su trabajo, de lo contrario además de que quedará sin validez la norma inconstitucional, deberá absorber el respectivo costo político. Al abonar al equilibrio de poderes, fortalece la democracia en el país.

Partiendo de lo anterior, se ha denunciado, una y otra vez, por los trabajadores, sus sindicatos y especialistas, el carácter abiertamente inconstitucional de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012. En congruencia con lo anterior, se han interpuesto de manera masiva amparos, representativos de más de un millón de trabajadores inconformes, mismos que ya han comenzado a ser admitidos por las autoridades de amparo; en tal virtud, se abre la posibilidad de que esta injusta e impopular reforma, en su totalidad o en sus partes más lesivas, sea objeto de la ya antes referida “declaración general de inconstitucionalidad” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en beneficio, no sólo de los que interpongan los amparos, sino de todos los trabajadores del país.

Esto con apoyo, del ya referido párrafo tercero, de la fracción II del artículo 107 constitucional, y que en forma esquemática exige como requisitos, para tal declaración general de inconstitucionalidad:

a) Que se trate de una jurisprudencia por reiteración.

b) En la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general.

c) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya notificado a la autoridad emisora.

d) Que hayan transcurrido 90 días naturales sin que la autoridad emisora haya superado el problema de inconstitucionalidad.

e) Por lo que, ante tal omisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad

f) En la declaratoria general de inconstitucionalidad, se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

La corte, está en una importante oportunidad, para aplicar a plenitud, esta nueva y trascendente facultad.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco del equilibrio entre Poderes; que con base en los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de 3 millones de trabajadores, que ya han comenzado a ser admitidos y respecto a los cuales se han fijado las primeras fechas para las audiencias constitucionales, en congruencia con el párrafo tercero, de la fracción II del artículo 107 constitucional, haga la “declaración general de inconstitucionalidad” en contra de la reforma laboral publicada el 30 de noviembre del año pasado, restituyendo el respeto a los derechos humanos laborales, como lo ordena el artículo123 y 1o. constitucionales, en relación a diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica porque son contrarios a lo establecido sobre la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Parecería que se está haciendo costumbre que el titular del gobierno saliente apruebe permisos, solicite recursos y emita decretos en los últimos días de su gestión.

A la par de los permisos que Felipe Calderón otorgó a la industria de los casinos, ahora se conoce sobre “una serie de ordenamientos y modificaciones aprobados a última hora por el anterior gobierno federal (que) le dejan la mesa puesta a la administración de Enrique Peña Nieto en caso de que quiera privatizar el sector energético mexicano, empezando por la electricidad.”

En días recientes la revista Proceso reveló las posibles implicaciones que pueden tener el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre otras nuevas disposiciones que pasan por alto el artículo 27 constitucional relativas a la imposibilidad de privatizar algunos organismos.

A mediados del mes de septiembre, y en pleno proceso de transición gubernamental, comenzaron a emitirse varias modificaciones a reglamentos sobre materia energética, las cuales contemplarían “la participación de particulares en el proceso de generación, transmisión, distribución y venta de electricidad.”

Al respecto podemos mencionar lo que dicho artículo constitucional contempla al respecto: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Los reglamentos antes mencionados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre y el 30 de noviembre de 2012, respectivamente, es decir, un día antes de que Enrique Peña Nieto tomara protesta como titular del Ejecutivo.

Resulta evidente la urgencia de modificar la legislación por parte de la administración panista y de los posibles beneficiarios, , tan sólo en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se vieron afectados 77 de los 173 artículos que conforman el reglamento.

Entre los artículos modificados destaca el 11: “El suministrador podrá celebrar convenios y contratos con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los municipios, las entidades paraestatales o con particulares, para realizar actos relacionados con la prestación del servicio y actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como simplificar y facilitar las labores administrativas relativas al servicio”.

Resultan relevantes los cambios al artículo 72 que “estipula que los particulares podrán generar energía eléctrica con el fin de vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad” y el artículo 73 que “autoriza que los particulares realicen transmisión, transformación y entrega de energía eléctrica a los beneficiarios.”

Los cambios en determinados artículos denotan la intención de restar autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, a la par de que será la Secretaría de Energía quien decida sobre los puntos clave de las licitaciones así como autorizar todo proyecto de dicho organismo.

Una de las modificaciones que amerita mayor atención es el artículo 5 del mencionado reglamento, en donde se estipulaba que las paraestatales coordinadas por la Secretaría de Energía estaban agrupadas en tres subsectores: el de la electricidad, el de los Hidrocarburos y el de Tecnología Energética. En el “nuevo reglamento desaparecieron los subsectores y no se menciona por su nombre a las paraestatales ni a los institutos”, lo cual claramente deja abierta la puerta a una interpretación del artículo que podría representar intereses del sector privado.

Por último, como ya se evidenció, debemos señalar que los decretos de Felipe Calderón “también permitieron subsanar las irregularidades que cometió al decretar la extinción (de) Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009 y dejan abierta la posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto acuda a fórmulas privatizadoras de las paraestatales.”

El artículo 6 del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Energía, en su fracción XXIII, establece como facultad genérica de los subsecretarios: “Someter a la consideración del secretario los estudios y análisis previos, así como los anteproyectos de instrumentos jurídicos, cuyo objeto sea crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir entidades paraestatales coordinadas del sector, con la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.

Estamos ante una legislación hecha a modo que, sin lugar a dudas, busca ser la antesala de la Reforma Energética que tanto urge en el país y de la que no permitiremos que intereses de unos cuantos perjudiquen a todo el pueblo.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por ser contrarios a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de Enero de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un respetuoso llamado a la SRE para que emita condena sobre el juicio militar por el que un tribunal marroquí juzgará a 23 civiles saharahuis habitantes del Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

1. El Sáhara Occidental, es un territorio situado al norte de África, es uno de los 16 territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El cual, se encuentra en disputa desde1975, año en el que el reino de Marruecos lo invadió; alegando que antes de ser colonizado por España, había sido parte de su territorio. Sin embargo, el Tribunal Internacional de La Haya emitió dictamen a este respecto, determinando que nunca ha existido vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre el territorio del entonces, Sáhara Español.

No obstante, el dictamen y las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas, el gobierno marroquí, sigue ocupando, de manera ilegal el territorio saharaui. En el cual se pueden encontrar vastos recursos naturales como son las minas de fosfato más importantes de la región, indicios de uranio, de petróleo y los bancos de pesca más grandes de África. Recursos que desde entonces, son expoliados por el Estado Marroquí.

2. Desde su invasión, la vida del pueblo saharaui, se ha dado en dos vertientes, ya que por la población quedó dividida, una parte vive en campamentos de refugiados en la Hamada argelina; dependientes de la ayuda internacional y bajo condiciones climáticas adversas y la otra; vive en su territorio pero bajo la opresión de la gendarmería marroquí, propensos a sufrir todo tipo de vejaciones y sin la posibilidad de ejercer sus derechos humanos, que toda persona merece.

3. Ante el hartazgo que significa vivir bajo el yugo del país ocupante, la población civil saharaui, en octubre de 2010 instaló un campamento de protesta, ubicado a una unos 15 klómetros a las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, el cual, según Noan Chomsky fue el inicio del movimiento social, conocido como Primavera Árabe, que se extendió en el mundo entero.

4. En la madrugada del 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron violentamente el campamento de protesta que en ese momento contaba con la participación de más de 20 mil saharauis. En el que demandaban el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como el apoyo de la comunidad internacional para exigir que el país ocupante cumpla las resoluciones que las Naciones Unidas han emitido sobre este caso, a fin de llevarse a cabo el referéndum por medio del cual se determine el estatus político del territorio en disputa.

Dicho campamento de protesta, conocido como Gdeim Izik, ha sido uno de los hechos más relevantes de la historia del pueblo saharaui, ya que a él, se trasladaron familias enteras para manifestarle de manera pacífica, ante la vigilancia de las autoridades marroquíes, el descontento por la situación de opresión y la violación sistemática a sus derechos humanos, desde 1975.

5. Uno de los saldos de dicho desmantelamiento fue la detención de 23 civiles saharauis, que bajo tortura, han esperado un juicio con el que puedan demostrar su inocencia. Sin embargo, el 1 de febrero del año en curso, serán juzgados en un tribunal militar marroquí, siendo civiles. Lo cual, evidentemente, es un acto que merece ser condenado por quienes creemos en la legalidad internacional y en el respeto a los derechos humanos, sin importar nacionalidad.

6. Además, México es uno de los más de 80 Estados que le han otorgado reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática desde el año 1979, estableciéndose relaciones diplomáticas entre ambas naciones y una representación en la Ciudad de México, por medio de la cual se han llevado a cabo intercambios culturales, dadas la coincidencias en idioma, cultura e historia colonial común, que nos hacen reforzar nuestros lazos de hermandad y solidaridad.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un respetuoso llamado, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno mexicano, realice una condena al juicio militar por el que 23 civiles saharauis serán juzgados por un tribunal marroquí; violándose sus derechos humanos y contraviniendo la legalidad internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que emita la declaratoria de emergencia para Comondú y Mulegé, Baja California Sur, e intervenga mediante programas federales a fin de mitigar la urgencia agrícola, suscrita por el senador Isaías González Cuevas e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 109; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Baja California Sur, sus habitantes han luchado ancestralmente por la reivindicación de sus derechos políticos hasta haberlos alcanzado el 8 de octubre de 1974. Después de su incorporación al pacto federativo, así como la reinstalación de la vida municipal que había estado suprimida desde 1928, participa en las acciones y programas que se impulsan desde el gobierno federal.

La vocación de sus habitantes de siempre ha sido pesquera, minera, ganadera, y hasta hace algunos años, agrícola y turística, merced a las bellezas naturales, clima, sanidad ambiental y otros atributos, que aún con su aislamiento geográfico, la colocan en desventaja dentro de las mejores calificaciones en los programas de productividad tanto en el mercado nacional como internacional.

Hoy, Baja California Sur camina de la mano con los programas diseñados desde la federación para que sean impulsadas áreas como las comunicaciones (aéreas, marítimas y terrestres), por la escasa conectividad en zonas como La Paz o Loreto. En lo que respecta a la agricultura, su alto índice de sanidad y calidad hace que sean candidatos para la exportación de productos como el abulón y la langosta. Cabe destacar que ambos rubros no han sido consolidados con programas coordinados ni incorporados como tareas prioritarias para la economía estatal.

Como consecuencia del cambio climático, nuestra entidad ha sufrido severos impactos que perjudican la extracción pesquera, el desarrollo turístico y la agricultura. Por lo que se refiere al último rubro; el agrícola, que ha podido posicionarse y ser rentable para quienes se dedican a esa actividad, han podido sobresalir gracias al empeño de los campesinos y agricultores, empecinados en extraer mayores frutos a la tierra agreste sudcaliforniana.

Hoy, por las inclemencias del clima, que insólita e históricamente había sido benigno en la entidad sudcaliforniana, se sufre de cambios bruscos que han determinado y ocasionado heladas, dejando como consecuencia la pérdida total de cosechas del ciclo otoño-invierno de sorgo, maíz, y la mayor parte de las hortalizas en los valles de Santo Domingo, municipio de Comondú y de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé en Baja California Sur.

Es por ello que en mi carácter de senador de la República, y a solicitud de campesinos y agricultores pertenecientes a las diversas asociaciones, me permito presentar y solicitar ante esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que dadas las condiciones climáticas que imperan en el país, se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, sean liberados recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Comondú y Mulegé.

Segundo. Que los programas de las Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atiendan la emergencia agrícola que presentan los valles de Santo Domingo y Mulegé, en los municipios de Comondú y Mulegé respectivamente

Tercero. Que sea declarada como zona de desastre agrícola el valle de Santo Domingo, ubicado en los municipios de Comondú y Mulegé, en el estado de Baja California Sur, solicitando la intervención respetuosamente del titular del Poder Ejecutivo federal, a través de las instancias gubernamentales relacionadas con la atención a este tipo de fenómenos naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senador Isaías González Cuevas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar con la Sedena y la Semar mayor número de elementos a la zona metropolitana de la Laguna para reforzar las labores de seguridad en la región, suscrita por los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Luis Fernando Salazar Fernández y José Rosas Aispuro Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General de la República, la seguridad es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, tanto en sus respectivos ámbitos de competencia como de forma coordinada cuando así se amerita.

La región Laguna, en especial los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, presenta un crecimiento abrumador de la violencia y la inseguridad: los homicidios, los secuestros, la violencia brutal contra las mujeres y los delitos del orden común o local, siguen al alza; y lo peor es que los habitantes ya no ven esperanza alguna de que esto pueda por lo menos disminuir en el corto o mediano plazos.

En el caso de Torreón, el gobernador no ha presentado o intentado poner en marcha algún plan de seguridad que sea eficaz, integral, incluyente, medible y verificable. Sólo palabras, promesas, y supuestas “estrategias”, de las cuales nunca se precisan la naturaleza, el contenido, los alcances, los indicadores, los parámetros y, en su caso, las metas que deben cumplirse y cotejarse con el calendario, como debe ser un verdadero plan de seguridad. En cambio, los ciudadanos sólo escuchan demagogia.

En años anteriores se había anunciado de parte de la administración de su hermano, Humberto Moreira, un supuesto plan de seguridad para la Laguna; de éste jamás se tuvo información como la señalada (bases, indicadores, participación ciudadana y otra) ni, mucho menos, resultados.

El 3 de enero del presente, los medios locales de Coahuila dieron cuenta de una declaración del gobernador Rubén Moreira que, en la parte medular, dice: “Coahuila se sumará al plan de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, pues en la coordinación en los tres órdenes de gobierno seguramente estará el éxito....” A menos que con ello quiera dar a entender Rubén Moreira que antes nunca se había coordinado con el gobierno federal; sólo podemos señalar con precisión que la Laguna se derrumba, ha sido virtualmente secuestrada y sitiada por la violencia y el crimen, y no sólo el organizado sino –también– el común, ese que es competencia exclusiva de las entidades federativas.

Cifras reveladas en el mismo mes por el periódico El Universal señalaban que en el periodo diciembre de 2012-13 de enero de 2013 habían ocurrido 140 homicidios en la región. En su aspecto global, 2012 presentó un incremento de los crímenes violentos superior a 2011.

En Durango, Lerdo y Gómez Palacio son ejemplo de municipios bajo el fuego del crimen, y retratan de modo perfecto la total impotencia o incapacidad de las autoridades locales, estatales y municipales para hacer frente a este flagelo, que ha arrebatado la paz y la tranquilidad a los habitantes. Incapacidad, corrupción, negligencia, falta de profesionalización de sus cuerpos del orden, falta de planes elaborados por profesionales en la materia... pueden ser muchas las razones o al menos varias de éstas las que explicarían el siempre pobre y casi nulo papel de las autoridades estatales y municipales en su función de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.

En Lerdo y Gómez Palacio, la violencia se ha recrudecido, igual que en Torreón; las noticias diarias dan fe de ello.

Ahora las cosas están peor que nunca, y lo peor es que el gobierno federal no ha definido ni, mucho menos, puesto en marcha lo que llama la “nueva estrategia de seguridad”; quizá se trate de un plan o estrategia que llevará mucho tiempo implantar, pero si es éste el caso, debemos anotar que la violencia se empieza a recrudecer en algunas zonas del país, como la mencionada. Los ciudadanos no tienen por qué esperar a que los gobernantes se pongan de acuerdo, y que las autoridades locales sigan adelante con planes de seguridad inexistentes o fallidos. Las personas mueren todos los días, y todos los días hay robos, asaltos, secuestros, extorsiones y demás.

Urge que la zona metropolitana de la Laguna reciba todo el apoyo federal posible ante la incapacidad de sus autoridades locales.

Los ciudadanos demandan seguridad; y si para ello se debe reforzar la región con mayor presencia de las fuerzas militares, debe hacerse, y punto.

Lo mencionado no exime de sus responsabilidades a los gobiernos de Durango y de Coahuila, ni a las autoridades municipales de la región multicitada.

Por lo expuesto solicito a esta soberanía que se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta asamblea exhorta al jefe del Ejecutivo federal para que, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, destine en breve mayor número de elementos de ambas dependencias a la zona metropolitana de la Laguna, a fin de que refuercen las labores de seguridad en la región.

Segundo. Asimismo, se exhorta a los gobernadores de Durango y de Coahuila para que, de conformidad con las atribuciones que les confieren las leyes, procedan en breve a elaborar en coordinación con Torreón, Gómez Palacio y Lerdo un plan de seguridad conjunto entre dichos gobiernos estatales para hacer frente y mitigar la violencia y el crimen que azota a la región. Esto, independientemente de la coordinación que al efecto mantengan con el gobierno federal.

México, Distrito Federal, a 23 de enero de 2013

Senadores: Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y que suspenda el proceso de compra, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

En el mes de julio de 2012, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) presentó el proyecto para adquisición de un avión presidencial. En aquel momento, el proyecto de adquisición presentado por el gobierno federal causó controversia considerando el valor presentado en el proyecto de adquisición por 667 millones de dólares más aproximadamente 83 millones de dólares de mantenimiento, que dan un total de 750 millones de dólares; en comparación con el valor comercial del mismo por 206.8 millones de dólares.

El avión que está en proceso de adquisición por parte del gobierno federal forma parte de la línea denominada 787 o Dreamliner, producido por Boeing Commercial Airplanes 1 (Boeing) y se trata del 787 – 8. De conformidad con la información de la empresa, ésta es una nueva línea de aviones de pasajeros de tamaño medio, la cual se lanzó para ofrecer un avión que brinda mayor eficiencia en su operación, debido a la velocidad2 y al ahorro en el consumo de combustible, ya que le permite utilizar un 20% menos de combustible que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares. El 787 – 8 y el más largo 787 -9 tiene entre 200 y 300 lugares para pasajeros, dependiendo de la configuración de asientos que se elija.

La nueva línea de aviones 787 realizó su primer vuelo en diciembre de 2009, siendo que el primer avión de la línea fue entregado, en septiembre de 2011, a All Nippon Airway (ANA), aerolínea que realizó el primer pedido por 50 aviones de ésta línea.

Considerando la información publicada por Boeing, en un año, contado a partir de la primera entrega, la empresa duplicó la producción de su nueva línea de aviones 787. Es así que para noviembre de 2012, la producción del Boeing 787 alcanzó un promedio por mes de producción de 5 aviones. Siendo que para esa fecha ya se habían construido aproximadamente 83 aviones de la nueva línea y 35 aviones han sido entregados a 8 aerolíneas. El programa de producción de esta línea tiene más de 800 pedidos por 58 diferentes clientes alrededor del mundo. Para 2013 pretenden tener una producción de 10 aviones por mes.

A mediados del mes de enero de 2013, se dio a conocer que la nueva línea de aviones Boeing 787 Dreamliner ha presentado diversas fallas relacionadas principalmente con las baterías y el combustible, lo que ha puesto en riesgo y alerta a las aerolíneas y a las autoridades federales de aviación de Estados Unidos. Lo anterior es así, considerando que las fallas se han agudizado al presentarse las fallas en diversos casos.

El miércoles 16 de enero de 2013, tras presentarse un aterrizaje de emergencia en Japón, incidente que se sumó a otros seis registrados en Japón desde el pasado 7 de enero y dos más reportados en aeropuertos de Estados Unidos; las autoridades federales de aviación de Estados Unidos ordenaron mantener en tierra temporalmente los aviones Boeing 787, que vuelan en el espacio norteamericano, mientras se investigan las baterías del avión, aparentemente relacionadas con varios incidentes recientes. Asimismo, autoridades de Europa, India y las aerolíneas ANA y Japan Airlines ordenaron mantener en tierra temporalmente esas aeronaves para su revisión.

La decisión de las aerolíneas japonesas y de la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) de mantener en tierra ese modelo de avión, se realizó por cuestiones de seguridad ante la frecuencia de los sucesos presentados.

Como se mencionó, el avión presidencial que está en proceso de compra pertenece a la nueva línea de aviones Boeing 787 que ha presentado fallas y respecto de la cual se ha ordenado mantener en tierra hasta que las investigaciones concluyan.

No obstante lo anterior, el 17 de enero de 2013, la oficina de comunicación social de la Presidencia aclaró que pese a que la flota internacional del Boeing Dreamliner 787 está en tierra para ser revisada como consecuencia de las fallas que se han observado en los últimos días en varios de esos aviones, la adquisición de esa aeronave por parte del Gobierno se mantiene conforme a lo previsto para que sea usada por el Presidente; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional continuará con el proceso de adquisición pues el contrato ya está firmado desde noviembre pasado, aunque el avión se entregará años más tarde. Misma postura que adoptó la aerolínea mexicana Aeroméxico que confirmó su decisión de incorporar más de 15 aviones Boeing 787.

De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional se?entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la?integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a,?entre otros aspectos, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

Asimismo, de conformidad con el artículo 5o. de la ley en referencia, se consideran amenazas a la seguridad nacional, cualquier acto en contra de la seguridad de la aviación, así como cualquier acto que atente en contra del personal diplomático. Siendo que en el caso que nos ocupa, la continuidad en la contratación de la aeronave que utilizará el presidente de la república, actualiza los supuestos referidos ya que se puede poner en riesgo la integridad física del Presidente siendo el titular del Poder Ejecutivo y el encargado de dirigir la política exterior.

Los hechos recientes en el campo internacional indican que la selección, evaluación y determinación del avión que utilizará el presidente de los Estados Unidos Mexicanos está en riesgo. El avión seleccionado ha presentado diversas fallas que ponen en entredicho el cumplimiento del mandato de seguridad nacional si el avión fuera utilizado.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que proporcione a la brevedad un informe detallado al H. Congreso de la Unión, en el que explique los siguientes aspectos:

A) Qué proceso de selección, análisis, evaluación e investigación se siguió para elegir el modelo de avión 787-8 de la empresa Boeing Commercial Airplanes para que forme parte de la flota del Estado mexicano y, en particular, para que sea utilizado como avión presidencial, y su determinación como el avión que concreta los máximos estándares en seguridad, y por ende, en cumplimiento al mandato de seguridad nacional.

B) Las ventajas que presenta la elección de esta reciente línea de avión, respecto de otras aeronaves existentes en el mercado, sobre todo en materia de seguridad.

C) Exponga los motivos por los cuales no se ha suspendido y/o cancelado la operación de adquisición a pesar de las fallas presentadas por esa línea de aeronave.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, al ser el encargado de preservar la seguridad nacional en términos del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a la Secretaría de la Defensa Nacional la suspensión de la contratación de la aeronave 787-8 hasta en tanto culminen las investigaciones y certificaciones correspondientes que acrediten la completa seguridad de la aeronave, a fin de garantizar que su posible operación no ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano.

Notas

1 Una de las principales compañías aeroespaciales, fundada en 1916 en Washington y es un fabricante de aviones comerciales y militares que se caracteriza por tener clientes o consumidores en 150 países. En 2011 tuvo un ingreso por $68.7 mil millones de dólares, de los cuales el 70% del ingreso obtenido por la venta de aviones comerciales proviene históricamente por clientes fuera de los Estados Unidos. Tiene más de 26,500 contratos con compañías y/o proveedores que le brindan servicios, tecnologías y manufacturación de los bienes y con más de170,000 empleados en 50 ciudades y 70 países. Para 2012, Boeing cuenta con 12,000 aeronaves en servicio a través de diferentes aerolíneas y consumidores.

2 El avión viaja a una velocidad parecida a la de los actuales aviones de fuselaje ancho más rápidos, es decir Mach 0.85 (912 Km. /h). Lo que permite a las aerolíneas disponer de más ingresos por carga.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales por celebrarse en la presente legislatura, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos hemos sufrido a lo largo de nuestra historia de la ausencia de unos comicios libres, auténticos, transparentes y legales. Por ello tenemos negros antecedentes en los procesos electorales de la indebida participación de los titulares del Ejecutivo en los diferentes órdenes de gobierno, así como de un sinfín de funcionarios públicos.

Igualmente hemos presenciado con tristeza, fenómenos como desvíos de recursos públicos para favorecer alguna candidatura, la compra y coacción del voto; la injerencia desmedida, facciosa e ilegal de los medios de comunicación y las casas encuestadoras a favor y en contra de determinados candidatos; la utilización de programas de gobierno con fines clientelares o electoreros; la entrega de todo tipo de bienes para persuadir al electorado como despensas, apoyos, tarjetas, vales, materiales de construcción, granos, animales, computadoras, celulares, etcétera; las ofertas de trabajo, y otros tantos.

De siempre, la legislación electoral ha pretendido que los procesos electorales estén investidos de igualdad, equidad y certeza jurídica, las cuales con la presencia de estos fenómenos se ven conculcadas.

Las distintas reformas a la legislación electoral han intentado evitar y en su caso sancionar en diversas formas, la participación de servidores públicos en funciones en los procesos electorales y la injerencia arbitraria e ilegal de los medios masivos de comunicación, toda vez que esto provoca el desvío de recursos públicos a favor de algún partido político o de sus candidatos, ocasionando la desigualdad de la lucha electoral.

Dichas reformas atendieron a la amarga experiencia vivida en el proceso electoral de 2006, en donde incluso el propio Tribunal Federal Electoral puso de manifiesto que hubo una marcada intromisión ilegal por parte de ciertos agentes, entre ellos el propio ex presidente de la República, durante el desarrollo de los comicios correspondientes, caracterizados por el encono, el rencor, la descalificación, la obsesión de ganar como sea y a como dé lugar; a costa de lo que sea “haiga sido como haiga sido”. Lo cual puso a este país en el filo de un conflicto social.

En ese entonces el Tribunal Federal Electoral expresó

“Esta Sala Superior tiene establecido el criterio de que la validez de una elección puede afectarse por la realización de actos que atenten contra la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, aunque es necesario que esas conductas sean de tal gravedad que resulten determinantes para el desarrollo o el resultado del proceso electoral...”

Empero, por increíble que parezca, seis años después, con muchas más evidencias, datos, documentos y testimonios de irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de manera totalmente incongruente y absurda encontró que la pasada elección presidencial fue una pieza maestra de pulcritud, limpieza y transparencia que causaría la envidia de los ciudadanos de la Grecia antigua o de los electores del cantón suizo más moderno.

Las tarjetas prepagadas de Monex, mediante las cuales se disfrazaron miles de millones de pesos, al margen de la autoridad electoral, fueron producto de la alucinación. Los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en las colonias pobres, antes de la elección, fueron fabricados por la maledicencia de unas cuantas personas mal pensadas.

Las empresas fantasmas fueron tan transparentes que el tribunal no las alcanzó a ver. Las transferencias electrónicas erróneas, entre Scotiabank y el gobierno del estado de México, por cantidades millonarias, fueron producto de contabilidad creativa, no de la ilegalidad.

El aceite, el anticongelante, los bloqueadores, las cantimploras, las gorras, playeras, computadoras portátiles, celulares, los paraguas, el cemento, las vigas, las láminas, el maíz, los chivos, gallinas y las despensas fueron obsequios producto de la magnanimidad del candidato, no instrumentos al servicio de la compra masiva del voto.

La publicidad exterior o móvil en pantallas electrónicas, espectaculares, vallas, camiones, taxis, bardas, vallas móviles, carteles, mantas, gallardetes, calcomanías, parabuses, buzones, etcétera, fue obra de mercadólogos que a semejanza del par de costureros charlatanes del cuento infantil del escritor danés Hans Christian Andersen, El traje nuevo del rey, de 1837, fueron contratados para confeccionar una campaña mediática visual abrumadora, hasta asfixiante, que al parecer solo los más sabios, competentes y dignos pudimos ver.

Dicho lo anterior, resulta impostergable propugnar porque la dimensión electoral de nuestra incipiente democracia, garantice la realización de comicios transparentes, limpios, imparciales y equitativos, que permitan abrigar la esperanza de un crecimiento democrático sólido, sustentado en la buena voluntad y el respeto de los mexicanos.

Es necesario reivindicar los principios que supuestamente rigen el actuar y el desempeño de nuestros órganos públicos en materia electoral. De otra forma, nuestras aspiraciones por contar con elecciones a la altura de los esfuerzos que se han dado para la construcción de un país democrático, soberano y libre, se verán truncadas.

Tan solo en el presente año se realizarán elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, para renovar la totalidad de los miembros de las legislaturas locales y de los cabildos de sus ayuntamientos.

En el umbral de nuevos periodos de campañas políticas, debemos sumar esfuerzos y compromisos para evitar a toda costa que deambule impunemente de nueva cuenta el fantasma de los fraudes electorales.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que por conducto de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se proceda a la creación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales que habrán de celebrarse durante la presente legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a crear una estrategia de información sobre el control de la hipoglucemia reactiva, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María de las Nieves García Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de la gran mayoría de los aquí presentes, la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 es la enfermedad crónica con mayor prevalencia en México. Se calcula que existen alrededor de ocho millones de pacientes con este padecimiento en el país, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes.

Uno de los puntos más críticos en la vida de un paciente diabético insulinodependiente es la aparición de crisis de hipoglucemia, es decir, cuando los valores de glucosa descienden por debajo de las 60 unidades de glucosa en sangre debido a la presencia de fármacos orales o inyectados que reemplazan la insulina natural, misma que los diabéticos no producen.

Una crisis hipoglicémica puede resultar fatal pues las reservas de glucosa en la sangre no alcanzan para suministrar energía al sistema nervioso central, lo que conduce a estados de shock, pérdida de conocimiento, y en los casos más extremos, daño neurológico permanente.

Pero hay otra clase de hipoglucemia, no relacionada con fármacos, en la que los pacientes producen un exceso de insulina y la liberan al torrente sanguíneo en respuesta a la ingesta de carbohidratos. Esta clase de hipoglucemia, se subdivide, además, en hipoglucemia en ayunas, que se produce después del ayuno, y en hipoglucemia reactiva, que surge como una reacción al ingerir hidratos de carbono. El nivel de glucosa en sangre de una persona hipoglucémica sube después de las comidas y tiene un descenso significativamente más bajo de lo normal al cabo de entre 2 y 5 horas. Los efectos son exactamente los mismos que en los pacientes diabéticos: daño neurológico.

La hipoglucemia reactiva no es detectada con facilidad, ya que muchas veces se le confunde con crisis de ansiedad o desórdenes de tipo psicológico, pues los síntomas de la baja de azúcar son: debilidad, llanto, angustia, visión borrosa, confusión, fatiga, irritabilidad, pánico, nerviosismo, falta de concentración, incoordinación, depresión. Cuando las glándulas suprarrenales responden al exceso de insulina, los síntomas que se presentan son: sudor, sofoco, taquicardia, mareos, nausea, temblores, vértigo, sensación de pánico y miedo, ansiedad, dolores de cabeza, espasmos intestinales, ahogo, sensación de hormigueo.

Estos síntomas suelen ser episódicos, y se relacionan con el tiempo transcurrido y el contenido de la comida previa. Normalmente, mejoran al comer. Pero cuando se consumen azúcares (azúcar, miel, fructosa etc.) o carbohidratos refinados (harinas refinadas como pan blanco, pasta, bollería etc.), los niveles de glucosa aumentan desproporcionadamente y provocan la liberación de una fuerte cantidad de insulina, con lo que se activa una baja brusca de glucosa, causando el episodio de hipoglucemia.

Con los años, y si la costumbre de comer azúcares y carbohidratos refinados continúa, el organismo produce más y más insulina, hasta generar un agotamiento tanto del páncreas como de las suprarrenales, llegando, también, a afectar la forma en que el cuerpo se enfrenta a cualquier situación de estrés. En el mejor de los casos, la hipoglucemia reactiva se estanca y brota en estados de ansiedad; en el peor, es el estadio previo a la diabetes tipo 2.

Muchas personas con hipoglucemia reactiva se vuelven adictas al tabaco, ya que este aumenta la producción de glucosa. En una investigación sobre el tabaco y la hipoglucemia reactiva llevado a cabo por el doctor Don C. Hemingway, publicado en el Journal of Orthomolecular Medicine en 1989, observó que si a fumadores con hipoglucemia se les hacía fumar un cigarrillo y se les sometía al Test de Tolerancia de la Glucosa, sus niveles de glucosa aumentaban, mostraban una mejoría física inmediata y disminuían sus síntomas de hipoglucemia.

Como puede apreciarse, la hipoglucemia reactiva puede ser un problema de salud pública infravalorado y es una de las causas de diabetes. También se encuentra detrás del tabaquismo.

Por lo anterior expuesto, me permito presentar a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la ciudadana secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, a crear una estrategia de información acerca de este padecimiento y a que en las clínicas y hospitales del sector salud se lleven a cabo los análisis pertinentes para su detección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputada María de las Nieves García Fernández

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que incluya en el Pacto por México temas sustantivos de política exterior, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Gabriela Cuevas Barron y Roberto Gil Zuarth, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Si bien es cierto, que el llamado “Pacto por México” intenta ser el instrumento que logre los acuerdos entre los diferentes actores para tener una Sociedad de Derechos y Libertades, lograr el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la seguridad y la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática, también lo es que en el contenido del citado documento, no se encuentran objetivos en materia de política exterior, de vital importancia para el desarrollo político, económico, turístico y cultural de nuestro país. Es claro que no alcanzan a ser de esta materia los compromisos 24 y 30 del citado documento.

Consideramos que la inclusión en el Pacto por México de esta materia, contribuirá a nuestro desarrollo como una nación inserta de lleno en un mundo globalizado.

En la búsqueda de estos objetivos, debemos hacer una profunda reflexión sobre el camino que debe seguir la Política Exterior mexicana. Toda política tiene el mismo punto de partida: las personas. Nuestra tarea es que las personas, las y los mexicanos, tengan un país mejor. Para que podamos alcanzar estos resultados, México debe estar unido, coordinado y articulado frente al mundo.

No concebimos un instrumento de la naturaleza del llamado “Pacto por México” sin detallar una política exterior con propósitos definidos, y que en el marco de nuestras relaciones con socios estratégicos facilite el desarrollo económico y social del país. Este camino no se puede lograr sin la indispensable diversificación de nuestras relaciones con otros países y con una política exterior responsable.

Por lo anterior se propone que sea incluida en el “Pacto por México” la materia de política exterior, para lo cual se esbozan apenas algunos de los temas de esa agenda, que se estiman urgentes:

En primer lugar, la prevención de la migración de menores que viajan solos. El pacto por México propone defender los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando contra su criminalización, ya contemplada en ley, y hacer lo propio con los migrantes extranjeros en nuestro país. Sin embargo, no considera acciones proactivas que prevengan la migración infantil.

Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en 2000 fue el año en el que más migrantes menores de edad hubo hacia los Estados Unidos, y que fueron repatriados: 116 mil 38. Los años siguientes, la cifra disminuyó hasta los 15 mil 524, en 2011. Si bien la cifra es menor, no podemos estar conformes con ella. La necesidad en un solo menor de edad de dejar su casa, su familia, su escuela, para buscar un sueño que es posible que nunca llegue, es suficiente para que se implementen políticas públicas encaminadas a evitarlo. No sólo se trata de no criminalizar a los migrantes, sino de generar las oportunidades que eviten que migren, sobre todo menores de edad.

Por lo que hace a los mexicanos en el exterior, proponemos introducir un sistema de atención integral. La matrícula consular ya existente puede ser la base para ofrecer a los más de 12 millones de connacionales en el extranjero este enfoque, el cual podría red diplomática.1

Algunos aspectos que han sido considerados por expertos que debe comprender la atención integral, incluye la asistencia y asesoría jurídica en cuestiones de diversa índole, tales como defensa de los derechos laborales; acceso a servicios sociales; derecho familiar y regularización migratoria; difusión por Internet de actos culturales de la comunidad mexicana; el manejo de situaciones de emergencia; la atención a eventuales situaciones como las redadas con fines de deportación masiva, entre otros.

Aunado a lo anterior, consideramos que dentro del tema, ya incluido en el “Pacto por México”, de atender a los migrantes nacionales en el extranjero, se debe buscar que su participación no se limite a ser proveedores de remesas, sino que se conviertan en inversionistas, al promover el mejor aprovechamiento de los recursos que envían a México.

México es el primer receptor de remesas en América Latina, tercero a nivel mundial después de la India y la China. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las remesas en nuestro país equivalen a alrededor del 2% del PIB. Desde 1990 estos flujos han aumentado constantemente teniendo como pico histórico 2007 con 26,076 millones de dólares. Debido a la crisis de 2008, México registró un importante decremento, mayor al que se registró en 2009 a nivel global. Ejemplo de ello fue que la remesa promedio anual se redujo en 8.4% (de 346 dólares en 2008 a 317 dólares en 2009).

No obstante que las remesas representan la segunda fuente de divisas para nuestro país, sólo después de las entradas por venta de petróleo, programas como “3x1 para Migrantes”, que promueve Sedesol; “México emprende para Migrantes” de la Secretaría de Economía; “La Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes” de

México, debe también incluir en el “Pacto por México” el concepto de diplomacia pública, definida como “la acción de un protagonista internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero”.

La revolución de la información ha alcanzado a la diplomacia. La llamada “nueva diplomacia” debe ser eje central de trabajo de cada embajador. Una estrategia conjunta de embajadas, consulados y representaciones diplomáticas (ProMéxico y las secretarías de Turismo, Economía y Relaciones Exteriores) debe iniciarse para comunicar a nuestro país con los habitantes de todo el planeta. Cada embajador, en el país en el que se haya acreditado, debe establecer el plan de trabajo para lograr una efectiva diplomacia pública en dicho país. La coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser expedita para lograr que este objetivo sea complementario y total en todas las embajadas y consulados de México en el mundo.

En el mundo hay más de 300 ciudades con al menos un millón de habitantes, y diez con más de diez millones. México tiene representación consular en al menos 145 embajadas, consulados y secciones consulares, casi la totalidad están en estas ciudades. El contacto de los representantes diplomáticos mexicanos en el mundo es con al menos doscientos millones de personas, casi el doble de la población mexicana. México debe encontrar la forma de comunicarse con este gran público, para cuestiones de imagen, promoción económica y turística, y atracción de inversiones. Debe establecer contacto con personas, empresas y organizaciones no gubernamentales para estos fines utilizando cualquier medio a su alcance, electrónico y tradicional. La diplomacia pública mexicana debe hacer cada vez más uso de conceptos como marca-país y similares que desarrollen la comunicación en redes.

Aprovechando lo anterior, debemos esforzarnos por mejorar la Imagen de México en el extranjero. Uno de los instrumentos que podemos usar a nuestro favor, está en nuestra cultura, que es símbolo en el exterior de lo que es México. Para ello, se puede integrar un plan de trabajo con la iniciativa privada, cuyo objetivo común sea el impulsar una visión favorable de nuestro país.

El llamado “Pacto por México” debe de incluir, además, temas que promuevan la cooperación internacional en todos los niveles, tales como la transición energética y el cuidado del ambiente, lo cual puede permitir una amplia negociación en estos temas, con diversos estados que compartan las mismas inquietudes y problemáticas, prueba de que esto es posible, es el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética del Reino Unido (NEEAP por sus siglas en inglés), en donde se establece una meta de ahorro de energía de 18% en 2016. Otro ejemplo es el compromiso establecido por la Unión Europea en donde se busca aumentar en 20% el empleo de fuentes renovables e incrementar la eficiencia energética también en 20% para el año 2020. Países como Japón y Canadá también han establecido metas para incrementar su eficiencia energética en 30% para 2030 y 20% para 2020, respectivamente.

En este sentido, de acuerdo con datos del World Resource Institute, la generación y uso de la energía es el factor predominante en la generación de 66% de las emisiones de C02 equivalente. Dada la alta contribución del sector energético al número de emisiones, se requiere de un cambio importante en cómo se produce y emplea la energía, de ahí que quienes estén involucrados en la toma de decisiones, deben considerar, además de la seguridad energética, los impactos en el cambio climático y el alto crecimiento de las necesidades energéticas.

Todas las anteriores junto con los vastos temas de Comercio y Cooperación Internacionales, de los cuales se obvia la transcripción en el presente por lo amplio de los mismos, son solamente líneas de trabajo que se podrán considerar al incluir dentro de sus apartados temas de política exterior mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. El Senado de la República exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Segundo. El Senado sugiere para tal fin la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en el Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.

Tercero. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:

1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos.

2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero.

3. Implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero.

4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero, y

5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente.

6. Temas de Comercio y Cooperación Internacionales

Nota

1 De acuerdo con información de fas representaciones diplomáticas de México en el exterior, de esa cifra 12’105,176 viven en algún país del Continente Americano (12’000, 000 en Estados Unidos; 61, 272 en Europa; 9,409 en Asia; 2,254 en Oceanía y 1,073 en África).

Palacio legislativo de San lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senadora Gabriela Cueva Barron (rúbrica)

Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a generar por la Sedesol, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acciones y políticas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como parte de los compromisos del Pacto por México, el pasado 21 de enero del año en curso, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio inició a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el estado de Chiapas, dicha cruzada pretende abarcar a la población de los 400 municipios más pobres del país. Esta acción gubernamental tiene destinado un presupuesto de más de 30 mil 600 millones de pesos, divididos en el Programa de Apoyo Alimentario, con 4 mil 224 millones de pesos; el seguro de vida para jefas de familia, con un monto de 400 millones pesos; y la pensión para adultos mayores, con 26 mil millones de pesos. Consideramos que dada la magnitud del problema, los recursos destinados inicialmente a la cruzada son reducidos para resolver la situación, pero consideramos acertada la iniciativa de reducir el hambre extrema y la pobreza en nuestro país.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en su informe de acceso a la alimentación 2011, en México casi 25 por ciento de los más de 112 millones de mexicanos registra carencias de acceso a la alimentación y, de seguir esta tendencia, para el 2013 alrededor de 30 millones de mexicanos necesitarán apoyos alimentarios. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, puso de manifiesto que 70 de cada 100 hogares en nuestro país revela algún grado de inseguridad alimentaria.

El incremento de la pobreza se refleja en la ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanos para adquirir la canasta básica, lo cual fue el factor que más incidió en el aumento de la pobreza –que llegó a 52 millones– entre 2008 y 2010, a pesar de que para cubrir esta carencia se orientó uno de cada dos pesos que el gobierno federal destinó a los programas de este rubro.

Por ello, la solución de fondo al hambre y en particular a la pobreza, se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, salud y educación de nuestra población, pero sobre todo en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo. Pero la erradicación de este flagelo social radica fundamentalmente en la modificación de las estructuras sociales y en una adecuada distribución de la riqueza.

Particularmente, preocupa la situación que en este tema vive este grupo social integrado por niñas, niños y adolescente. México tiene una población de alrededor de 112 millones de habitantes, de los cuales 39 millones son niñas, niños y adolescentes; es decir, el 35 por ciento de los mexicanos tiene menos de 18 años de edad.1

Entre los compromisos internacionales que son de carácter vinculante para el país, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las y los niños. Dentro de las consideraciones se cita como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren.

Asimismo, se observa el deber para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias. De esta forma, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.

Por otra parte, no podemos olvidar que los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado forman parte de nuestra ley suprema y sus postulados deben prevalecer. Y además observar otros principios fundamentales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño como son: la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño.

Reconocemos que en México han habido importantes avances en materia de respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia, como lo es la reducción en los índices de mortalidad infantil, cobertura casi universal en educación primaria y reformas legislativas que elevan el interés superior del niño a rango constitucional, pero ello es aún insuficiente dadas las condiciones de profunda desigualdad social que vivimos.

Muestra de ello es la desnutrición infantil, sobre el tema se sabe que la prevalencia de desnutrición crónica en el país es de 12.7 por ciento, lo que equivale a 1,200,000 niñas y niños menores de cinco años en esta condición. En las zonas rurales la desnutrición crónica alcanza más del doble, un 25.6 por ciento del total de niños de esta franja de edad.2

Además, la mayoría de los casos de desnutrición infantil se encuentran en los municipios más pobres del país. Donde el riesgo de morir está estrechamente ligado a la severidad de la desnutrición. Una niña o niño mal alimentado o desnutrido tiene más riesgo de morir antes de llegar a la edad escolar, por lo tanto, no debe extrañar que haya más niñas y niños que mueran de causas que se hubieran podido evitar.

Más adelante, para cuando han llegado a la escuela, además de calidad en la educación y equidad debemos de atender las necesidades básicas de nuestras niñas y niños de escasos recursos económicos que se encuentran en las zonas más marginadas de este país, dotándoles de todos los apoyos materiales para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación de que sus padres no tienen los recursos necesarios para garantizar con los mínimos requerimientos para su asistencia a clases, como son raciones calientes y nutritivas a las que tengan acceso y sea una forma más de contribuir en su ánimo para acudir cotidianamente a sus clases escolares.

Partimos del supuesto de que la pobreza, junto con la alimentación representa un problema multifactorial y que requiere de decisiones de los tres ámbitos de gobierno, así como de políticas públicas y programas que logren los cambios necesarios que combatan el origen estructural de la pobreza extrema y el hambre, y que genere las urgentes soluciones para erradicarlas, sobre todo en los grupos más abandonados.

La Cruzada Nacional contra el Hambre que el gobierno federal está implementando es un buen inicio para atacar este flagelo social, pero debe quedar lejos de ser un asunto mediático y debe haber en su estructuración una coordinación gubernamental e institucional entre los tres ámbitos de gobierno y con la sociedad para que no sea tan sólo una mera acción coyuntural, ya que se requiere del inicio de un sólido programa que tenga como fin terminar con la escasez y la miseria en que viven millones de mexicanos y mexicanas, pero particularmente los niños, niñas y adolescentes del país.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como son: la no discriminación, el Interés Superior del Niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de visto del niño.

Notas

1 Inegi, Censo General de Población y Vivienda, 2010.

2 UNICEF. Informe anual, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 23 de 2013.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a garantizar la libre participación indígena en la selección y designación de diversos funcionarios de la administración pública federal, suscrita por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carlos de Jesús Alejandro, indígena náhuatl integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 y demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Con el nombramiento de Nubia Magdalena Mayorga Delgado, como directora general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se da un golpe artero al llamado Pacto por México, lo que significa un grave retroceso en el proceso de reconocimiento de los derechos indígenas, pero particularmente, se violan principios y disposiciones de los acuerdos, convenios y tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. El Pacto por México está en el discurso, más no en los hechos.

La designación de la exdiputada federal plurinominal y expresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura como titular de la CDI se dio a escondidas. La opinión de autoridades y representantes de organizaciones y pueblos indígenas considera esta acción del titular del Ejecutivo federal como un grave retroceso.

Mayorga Delgado no sólo es desconocida sino inexperta en los temas de los derechos y las culturas indígenas. Contrario a lo que está ocurriendo en México, en la comunidad internacional se apuesta al empoderamiento institucional de los pueblos indígenas, mientras que en México con este acto se evidencia que apuntan a su debilitamiento. Cuando Mayorga Delgado tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tuvo la sensibilidad para hacer un incremento sustancial al presupuesto para pueblos indígenas; prometió luchar por un incremento de mil 800 millones de pesos, que finalmente redundó sólo en una promesa vana.

El titular del Ejecutivo demuestra con ello su poca sensibilidad, negando a los pueblos indígenas la oportunidad de ser consultados para proponer y designar al titular de la CDI y a participar en las instituciones de gobierno encargadas de las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas.

El titular del Ejecutivo desacata lo estipulado en los convenios y protocolos internacionales, incluida la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar (artículos 6, 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la OIT). Y de acuerdo a lo que estipula el artículo 1o. constitucional, los convenios signados por nuestro país son ley suprema y son de obligatorio cumplimiento.

Ante ello, la designación de referencia es una decisión inoportuna que atropella los pocos avances en la materia, toda vez que al frente de la CDI por derecho propio, deberían estar hombres o mujeres indígenas con compromiso, conocimiento y alta sensibilidad para con sus pueblos y comunidades, más allá de los compromisos partidistas.

Vale recordar que el 6 de diciembre de 2012, un importante grupo de representantes y líderes indígenas, dirigieron un comunicado al presidente Enrique Peña Nieto, y esperaban que tal y como estipula el Pacto por México se tuvieran avances mínimos relacionados al desarrollo y la representación política indígena, ya que solicitaron una audiencia para buscar un diálogo respetuoso y constructivo, a fin de proponer “la reorientación e instrumentación de políticas públicas trasversales del Estado mexicano en favor de la diversidad cultural y lingüística milenaria de los pueblos indígenas.”

En el comunicado de mérito se demandó, del nuevo gobierno hacer valer el principio de “Respetando la diversidad se cohesiona la identidad nacional, se fortalece el tejido social, por ende, se garantiza la gobernabilidad y la transformación de México”.

Desde aquel momento se rechazó públicamente la imposición de personas ajenas a los pueblos indígenas en la Dirección General de la CDI. El pronunciamiento recuerda que en junio de 2009, la Comisión Permanente de la LX Legislatura, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal y al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en ese entonces Luis H. Álvarez, para que garantizara el derecho de consulta y la libre participación indígena en la selección y designación del nuevo delegado de la CDI en Guerrero y de otras entidades del país.

Ahora, con el silencio y la imposición del Ejecutivo federal en la Dirección General de la CDI, ¿hacia dónde los obligan a transitar?, expresan preocupados.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo de importancia para los pueblos y comunidades indígenas por ser el punto focal para su atención y la canalización de sus demandas.

Se trata de un organismo autónomo descentralizado de la administración pública federal del Estado mexicano, creado por decreto presidencial el 21 de mayo de 2003, con el objetivo de realizar las acciones necesarias para garantizar el sano y correcto desarrollo de los pueblos indígenas de México, según lo establecido por el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este organismo sustituyó al Instituto Nacional Indigenista creado en 1948.

Entre otras importantes funciones que tiene la CDI son:

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen en la materia.

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado.

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

VI. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la administración pública federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas e incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal.

Como podemos observar el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas es la esencia no sólo en la creación de la CDI, sino que es la función fundamental que orientan sus propias responsabilidades y acciones.

Es de reafirmar que los principios que dieron origen a la CDI, se fundaron legalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El citado convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de julio de 1990, y para su debida observancia fue promulgado mediante decreto el 25 de septiembre de 1990 durante el gobierno del presidente Carlos Salinas.

Los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con el artículo primero constitucional reconocen, entre otros, al Convenio 169 de la OIT con carácter vinculante, mismo que en su artículo 6, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Bajo este tenor, el sistema interamericano, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha recomendado a los estados garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas que sean susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que la consulta debe estar dirigida para obtener el consentimiento libre, previo e informado frente a las acciones administrativas o legislativa que tengan un impacto sobre sus derechos. Ejemplo de ello, son las sentencias en los casos de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay; Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam; y el caso 12.053, Comunidades Mayas en el Distrito de Toledo vs. Belice.

Precisa la CIDH, que el derecho a la consulta y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples derechos humanos individuales y colectivos, lo que implica una participación activa y efectiva de los pueblos indígenas antes de la aprobación e implementación de acciones que pudiesen afectarlos, esto en concordancia con la jurisprudencia interamericana al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas frente a decisiones susceptibles de afectarles.

Además, la Corte Interamericana ha establecido claramente que las reglas que son vinculantes en materia del derecho a la consulta, emitidas en la sentencia recaída en el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, son: las referidas a las condiciones que el estado debe observar las razones para la explotación de los recursos naturales en territorios de pueblos indígenas cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión; y las referidas a las características mínimas que debe tener el proceso de consulta.

Los criterios que permiten determinar si un proyecto, plan de desarrollo o inversión tendrá un impacto significativo en un territorio protegido, y si las comunidades tendrán que enfrentar cambios culturales, sociales y económicos profundos, tales como: 1. la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2. el desalojo; 3. la migración; 4. el posible reasentamiento; 5. el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 6. la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 7. la desorganización social y comunitaria; 8. los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración; 9. el abuso y la violencia, entre otros.

Cabe destacar que en muchos países ya existen leyes sobre el reconocimiento del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado, es menester recordar que algunos países han desarrollado este derecho en sus normas nacionales, ejemplo de ello son Australia y Filipinas, en 1976 y 1995 respectivamente. Naciones que han incluido el consentimiento libre, previo e informado en sus leyes nacionales y han desarrollado un sistema de reconocimiento reforzado que implica una serie de obligaciones para sus estados que tienen que ver con garantías a las decisiones sobre el uso de los recursos naturales que tienen los pueblos indígenas.

Otros países como los andinos han reconocido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, como mecanismo de garantía del derecho a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, tales como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, en 2001, 2005, 2002 y 2011 respectivamente.

La designación del director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no es un asunto menor, sino de trascendencia nacional toda vez que impacta a una población de por lo menos 15 millones de indígenas de nuestro país quienes esperan mayor participación y decisión en los asuntos que atañen a sus vidas.

Debemos indicar que con la CDI existe un antecedente de consulta con los pueblos indígenas para la designación del delegado estatal del estado de Guerrero, donde a finales de septiembre de 2007 se removió al delegado estatal. Posteriormente, la CDI y la Convención Estatal Indígena el 4 de octubre de 2007 sugirieron una terna de profesionales indígenas que cumplían con el perfil, este proceso inédito sienta un precedente de especial importancia.

Este hecho tuvo resonancia en esta soberanía, pues habría que recordar que en 2007, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al Ejecutivo federal, a implementar las acciones correspondientes con los compromisos adquiridos en la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que “cobren vigencia y sean parte de una nueva política de estado en beneficio de los pueblos indígenas”.

Por su parte, la LIX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero aprobó, el 4 de junio de 2009, un punto de acuerdo por el que exhortó al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que instruyera a Luis H. Álvarez, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el estado de Guerrero y el marco de sus atribuciones consideraran con estricto apego al derecho a la consulta y participación de los indígenas abrir un proceso de consulta para que a través de ésta se designe al nuevo delegado de la CDI en Guerrero. Exhorto que retomó la Comisión Permanente de la LX Legislatura en su último año del periodo de sesiones y que la CDI lo hizo suyo, siendo receptivo a la demanda de los pueblos indígenas de Guerrero y de México, pues el compromiso de designar a los titulares de la CDI fue extensivo a toda las instancias de la institución asentadas en la república mexicana y en oficinas centrales.

Como se observa, existen elementos necesarios y contundentes para afirmar que el titular del Poder Ejecutivo federal debe reconsiderar estos antecedentes y experiencias de alto valor para los pueblos indígenas. El Ejecutivo no debe tener la menor duda de que el derecho a la consulta previa e informada es un derecho angular de los pueblos y comunidades indígenas. No debe esperar el Ejecutivo a que le interpongan un juicio de nulidad o de que existan focos rojos al respecto.

Por ello, el Ejecutivo debe reconsiderar la designación de la directora general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus delegados estatales. De igual forma en la Dirección General de Culturas Populares, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Dirección General de Educación Indígena, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y las áreas de atención específica a población indígena de la administración pública federal.

Por lo expuesto y fundado me permito poner a su consideración, como de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que garantice la libre participación indígena en la proposición, selección y designación del o la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y sus delegados estatales; así como para la Dirección General de Culturas Populares; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; la Dirección General de Educación Indígena; la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República, y las demás áreas de atención específica a los pueblos indígenas de la administración pública federal, en pleno cumplimiento del derecho que le asisten a los pueblos indígenas mexicanos a la consulta bajo el principio de consentimiento libre, previo e informada sobre las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el estado tendrá la obligación, no sólo de consultar a éstos, sino también deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos, según sus sistemas normativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 enero de 2013.

Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a suscribir convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia encargada de proteger y ayudar a los refugiados en el mundo. Su deber es proveer protección internacional y asegurarse que los refugiados no sean devueltos a un país en donde corran peligro, garantizando que sus derechos básicos sean respetados.

Los refugiados son personas que huyeron de su país debido a un temor fundado de ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular, y que no pueden acogerse a la protección que les brinda su país de origen.

La oficina del ACNUR en México fue establecida en 1982. Además de su oficina central en la Ciudad de México, cuenta con una oficina de terreno en Tapachula, Chiapas. El ACNUR trabaja con el gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), e implementa diversos tipos de programas con organismos de la sociedad civil.

El trabajo de protección de las personas refugiadas en México de ACNUR se enfoca en rubros como:

1. Asesoría legislativa en materia de refugiados;

2. Capacitación de estudiantes, académicos, funcionarios migratorios, abogados y juristas en materia de protección internacional sobre Derecho Internacional de los Refugiados, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; y,

3. Facilitación de la integración de los refugiados a la sociedad.

ACNUR jugó un papel determinante en el diseño de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, para establecer un procedimiento efectivo y adecuado para dar cauce a las solicitudes de asilo que se reciben en el país, en concordancia con los convenios internacionales firmados por México.

Y lo sigue haciendo al aportar sus observaciones al proyecto de reformas que actualmente discutimos en el Senado, a través del cual el titular del gobierno anterior propuso modificar la denominación de dicha Ley y adicionar diversas de sus disposiciones y de la Ley de Migración.

Gracias a estas observaciones de ACNUR, pudimos detectar que el proyecto del Ejecutivo anterior no tiene coherencia y no se apega a los estándares internacionales en la materia.

Ahora bien, en el contexto político y económico de nuestro tiempo, los refugiados tienden a utilizar los mismos recursos, rutas y medios que los migrantes indocumentados en su intento por salir de sus países huyendo de la violencia o la persecución.

En un mismo proceso se funden grandes corrientes migratorias e importantes conglomerados humanos víctimas del tráfico y la trata de personas. Es en ese complejo y delicado marco en el que un organismo como ACNUR trabaja con los gobiernos y las agencias nacionales y estatales para que aquellas personas vulnerables en necesidad de protección internacional reciban la atención necesaria.

De igual forma, los refugiados necesitan encontrar una solución permanente a su situación, ser capaces de mantenerse por ellos mismos y asumirse como miembros productivos de la sociedad que los recibió. Algunos pueden tener dificultades para encontrar un empleo e incluso suelen enfrentar las perores manifestaciones de la discriminación.

En este escenario, ACNUR trabaja y colabora con distintos actores para desarrollar y fortalecer programas para facilitar la integración de la población refugiada en México. En México, existen más de mil 600 personas con el estatus de refugiado y más de 600 solicitantes de asilo que están en espera de que se defina su situación.

Por ello, resulta fundamental que sumemos esfuerzos con el objetivo de garantizar que los derechos humanos y el bienestar de quienes han solicitado protección internacional en nuestro país sean efectivamente respetados.

Lo anterior, además de alinear actividades en una misma dirección en beneficio de quienes desafortunadamente se encuentran fuera de su país, sin residencia legal, y perseguidos por circunstancias políticas o personales, permitiría refrendar el compromiso del Estado mexicano a favor de la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.

Para ello, proponemos la celebración de convenios nacionales y estatales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.

La reforma de 2011 a nuestra carta magna en materia de derechos humanos, constituyó un importante avance en la materia en la medida en que elevó a rango constitucional el derecho a solicitar asilo o refugio.

Lo anterior, ha puesto al México al día y lo ha comprometido aún más frente a la comunidad de naciones. De esta forma, además de legislar para fortalecer y consolidad el mandato constitucional, estamos obligados a promover y ejecutar todas aquellas prácticas y esquemas que nos permitan cumplir con nuestros compromisos internacionales.

Los gobiernos del estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han avanzado ya en este sentido y nos han puesto la muestra sobre la oportunidad y la utilidad de este tipo de Convenios en materia de protección, difusión de derechos y promoción de la integración económica y social de quienes se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que suscriban e instrumenten Convenios de Colaboración Técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 23 días del mes de enero de 2012.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y demás autoridades federales y locales competentes a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de adicciones a drogas ilegales, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Nuestro país transita por una verdadera emergencia nacional en varios rubros de salud, que exige acciones eficaces y coordinadas entre todos los niveles de gobierno y de todos los sectores. Lo que nos lleva a señalar, por otra parte, que no podemos seguir llenando a la Ley General de Salud, de reformas que más que disposiciones jurídicas, parecieran buenas intenciones con fines básicamente políticos.

Como muestra de lo anterior, basta ver la pandemia de la obesidad y otros padecimientos asociados a la misma, y la lenta acción del Estado para su debida atención.

Otro problema de salud pública que se agrava, y que es materia del presente punto de acuerdo, es el relativo a las adicciones a drogas ilegales, para cuya solución se debe excluir la persecución, y por el contrario, su atención exige la prevención y tratamiento oportuno en pleno respeto a los derechos humanos de los usuarios.

El consumo de drogas ilegales, se ha duplicado en diez años entre las personas de 12 a 65 años y, respecto a los adolescentes de 12 a 17 años, se ha incrementado más de un cincuenta por ciento, esto conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Esta Encuesta es resultado de la coordinación entre la Comisión Nacional Contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

Esta Encuesta, comienza señalando, que: “El abuso de substancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

La Encuesta continúa diciendo, que “Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales nos demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con substancias más dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como ilegales...”

De acuerdo a la Ley General de Salud, Farmacodependiente es toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos.

En la lucha por la prevención y debido tratamiento de estas personas, debemos recordar que La Ley General de Salud, establece en su artículo 2o., que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras finalidades, el lograr el bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; por su parte el artículo 3o. del mismo ordenamiento, establece como materia de salubridad general, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la fármacodependencia.

Como sabemos, el Consejo Nacional Contra las Adicciones, tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, mismo que está integrado por el Secretario de Salud, quien preside, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Cuando lo estima conveniente, el Secretario de Salud puede invitar a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones de este Consejo.

Para mejorar la prevención y tratamiento a las adicciones, durante la pasada administración, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), así como el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), siendo el propósito de éste último el propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones.”, según la encuesta ya múltiples referida.

La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas disminuyó entre 2002 y 2008, en las mujeres son 20 años y entre los varones, los 18 años.

En otro aspecto, la Encuesta refiere, que: “El diseño de las encuestas de 2008 y 2011 permite dividir al país en 8 regiones, analizar sus prevalencias y comparar las tendencias. Los datos muestran que la Región Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), es la que tiene las prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.8%), seguida muy de cerca por la Región Nororiental (Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí) (2.4%). Estas dos regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativamente más altas que la media nacional. El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de México (1.7%), con cifras muy similares a las de la Región Norcentral (Chihuahua, Coahuila y Durango) (1.6%) y Occidental (Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco) (1.5%); le siguen las Regiones Centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero) (1.3%), Centro (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala ) (1.2%) y la Región Sur (Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán) (0.6%), que tiene las prevalencias más bajas, menos de la mitad de la media nacional (1.5%).”

En suma, urge, tomar, de manera coordinada, las acciones urgentes, para la debida atención de este grave problema de salud pública.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente, exhorta al titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de enero de 2013.

Diputados: Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo, Silvano Blanco Deaquino.

Con punto de acuerdo, sobre la relación contractual entre Pemex y la empresa Mexichem, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadora Dolores Padierna Luna y diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la Republica, respectivamente, someten a consideración de este honorable pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro citado para su urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se inicio el proyecto de modernización de la Planta Derivados Cloruros III, la cual consistía en la adición de algunos equipos y la adecuación de la estructura original para incrementar la capacidad de producción de cloruro de vinilo de 200 mil a 405 mil toneladas anuales.

Antes de concluir los trabajos se realizaron pruebas de arranque, que provocaron daños al equipo, cuya reparación implico otros 300 millones de pesos. Posteriormente los directivos recibieron la planta sin las pruebas correspondientes, dando como resultado 180 mil toneladas de producción al año, es decir la producción decreció.

Lo anterior acarreo la baja venta de cloruro de vinilo importándose a un alto precio para satisfacer los compromisos de venta a precio más bajo, dejando cuantiosas pérdidas a Pemex.

2. El 8 de diciembre de 2004, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el honorable Congreso de la Unión solicitó a través de un punto de acuerdo que la Auditoría Superior de la Federación auditará esta fallida obra y emitiera el dictamen correspondiente.

El resultado del punto de acuerdo fue el siguiente: 5 empleados de confianza inhabilitados y 2 mil 500 millones de pesos de daño patrimonial y cuantiosas sumas por pérdida de producción.

3. En concatenación con la anterior los titulares de Pemex argumentaron posteriormente la falta de recursos para invertir en el sector petroquímico, utilizando este pretexto para concesionar y argumentar una coinversión con la iniciativa privada.

Por otra parte la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T40-02-0767 DE-187, encontró que el “Complejo Petroquímico Pajaritos” sólo programó una utilización de la capacidad del 55 por ciento, es decir hubo una subutilización de la capacidad instalada de producción del 45 por ciento.

En el reporte de esta misma auditoría en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, informa sobre un subejercicio de 2 mil 317 millones de pesos respecto al presupuesto original de la subsidiaria.

4. En la revisión de la Cuenta Pública de 2011, de acuerdo con la cedula de resultados finales de la auditoría número 179, denominada “Capacidad Productiva y Eficiencia Operativa de las Plantas de Petroquímicos Básicos y Desregulados” realizada a Petróleos Petroquímicos, se puede observar que existió un subejercicio de 1,165 millones de pesos señalando exceso de liquidez.

5. Derivado y a consecuencia de todo lo anterior los dueños de la empresa Mexichem (antes Cloro de Tehuantepec) empezaron a buscar la manera de quedarse con la planta de Clorados III que se encuentra en el “Complejo Petroquímico Pajaritos”, bajo el pretexto de que Pemex no puede operarla.

6. En 2011 y 2012 se presento la propuesta de la alianza entre Pemex y Mexichem ante el Consejo de Administración de Pemex, los consejeros del sindicato y el doctor Gasca Nery, no lo autorizaron, usando argumentos legales sobre la violación al artículo 27 constitucional y la Ley Reglamentaria de Petróleos.

7. Sin embargo el miércoles 16 de enero de 2013, el Consejo de Administración de Pemex autorizó una alianza entre las empresas Pemex y Mexichem, escudándose en un permiso otorgado por la Comisión Federal de Competencia, que es un ente dependiente de la Secretaría de Economía, donde planean coinvertir 560 millones de dólares (aludiendo un supuesto rescate), de los cuales Mexichem invertía solamente 200.

8. Por todo lo anteriormente motivado, señalamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem del 16 de enero de 2013 y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos; el exceso de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y por consecuencia violenta completamente lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4o. del Estatuto de Petróleos Mexicanos; en concatenación con lo anterior es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos en la multicitada autorización como lo señala el artículo 110 en relación con 134 ambos de nuestra Carta Máxima.

Por lo anteriormente motivado y fundamentado, solicitamos que sea aprobado de urgente y obvia resolución lo siguiente:

Primero: Respetuosamente solicitamos al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a diez hábiles envíe a esta Soberanía todo la información relativa a la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del día miércoles 16 de enero de 2013.

Segundo: Se instale una Comisión Bicamaral de Investigación a fin de obtener información sobre el tema de la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del miércoles 16 de enero de 2013.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Diputado José Luis Muñoz Soria

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de México a mantener las actuales tarifas de transporte público en la entidad, suscrita por los diputados Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a mantener las actuales tarifas en el transporte público a efecto de no lesionar la economía de los ciudadanos de esta entidad federativa. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

Alrededor de seis millones de mexiquenses utilizan diariamente el transporte público de la entidad en sus diversas rutas y ramales, abordando unidades colectivas, como autobuses, microbuses, combis, y aproximadamente más de medio millón de ciudadanos usa taxi para trasladarse a sus destinos en todo el territorio del estado de México.

Las principales rutas del transporte público enlazan la entidad mexiquense con el Distrito Federal y el propio Valle de Toluca, sin embargo la mayor movilidad de trasporte público se da en la zona metropolitana del Valle de México, en donde la población de menores recursos gasta como mínimo diariamente entre 14 y 30 pesos por viaje redondo; cantidades que pulverizan los bajos salarios que percibe la población, en su mayoría obreros y empleados con percepciones no mayores a dos o tres salarios mínimos.

En fechas recientes varios dirigentes de las diferentes concesiones y permisionarios de la entidad, solicitaron un aumento en el precio del pasaje del transporte público, a pesar de que las tarifas del estado de México son de las más altas del país, ya que el recorrido inicial de 4.5 kilómetros cuesta 7 pesos, y existen rutas que cobran hasta 15 y 18 pesos por el trayecto total, entre ellas las que corren de Zumpango al paradero del metro Cuatro Caminos.

Los transportistas exigen un incremento "emergente" de entre 2 a 3 pesos a la tarifa del pasaje en la entidad, con lo cual la tarifa llegaría a los 9 o 10 pesos sólo por un primer tramo de recorrido que abarcaría hasta 4.5 kilómetros como máximo; de ahí, y de acuerdo a la pirámide tarifaria, el precio se incrementaría de acuerdo al avance del recorrido que cada usuario del transporte tenga que hacer, tal como ocurre actualmente mediante lo autorizado por la Secretaría del Transporte del Estado de México.

La petición de los transportistas se basa en el hecho de que los insumos y refacciones para sus unidades se han incrementado en el lapso del año que ha transcurrido; no obstante entidades como Morelos o el Distrito Federal han mantenido las tarifas por un lapso de mas de un año y el servicio sigue operando sin lesionar la economía de los usuarios.

En fecha reciente se instaló la Comisión Tarifaria para estudiar la viabilidad de la solicitud, y no obstante que la Secretaría del Transporte señaló que ello no significa un incremento en la tarifas, resulta pertinente no perder de vista el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en el seno de la comisión para conocer su resultado, deseando que en ello se privilegie el interés general que ve cómo los actuales salarios son insuficientes para cubrir sus satisfactores básicos.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al licenciado Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, con el propósito de no lesionar la economía de sus habitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Diputados: Juana Bonilla Jaime, Trinidad Morales Vargas (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que forme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso a una educación de calidad y permanencia en ella, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el marco de un ejercicio sin precedentes, de atender los reclamos y necesidades de la sociedad mexicana, las diversas fuerzas políticas, poderes y niveles de gobierno hemos decidido conformar una agenda nacional denominada Pacto por México; con ello, nos comprometimos, en primer lugar, a integrar los temas pendientes para la sociedad mexicana y, en segundo término, hacerlos posible.

No obstante esta tarea conjunta, en el Partido de la Revolución Democrática estamos fuertemente convencidos de que un país que no invierte en la educación de su población no tiene ninguna esperanza de desarrollo, en consecuencia, siempre estaremos a favor de fortalecer la educación en todos sus niveles.

No podemos dejar de lado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho inalienable de todo individuo, el recibir educación. Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, niveles educativos que hoy conforman la educación básica obligatoria.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley General de Educación refrenda el compromiso del estado para garantizar el derecho que tiene todo individuo de recibir educación y acceso al sistema educativo nacional, por ser ésta una herramienta de progreso y el medio fundamental para acrecentar la cultura y obtener una mejor calidad de vida.

Tal y como quedó asentado en la reunión sostenida por dirigentes y legisladores del Partido de la Revolución Democrática con el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro compromiso es buscar desde el Congreso de la Unión, elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a ofrecer educación gratuita en nivel medio superior y facilitar el acceso de las y los egresados del nivel medio superior al nivel superior.

Así, el Pacto por México refrenda el compromiso que el Partido de la Revolución Democrática tiene con la educación, la cual sin duda es la herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de las personas y por ende, el desarrollo de nuestro país; convencidos de que una de las principales tareas y objetivos de todo gobierno debe ser impulsar la educación, a través de programas que fortalezcan el índice de absorción de un ciclo escolar a otro y de un nivel escolar a otro, con los que se abatan el índice de deserción escolar y eliminen el rezago de los estudiantes.

Datos de Education at a Glance 2010 señalan que países como Polonia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Irlanda y Holanda alcanzan una taza de cobertura de educación media superior cercana a 90 por ciento, mientras que México sólo alcanza 66.7 por ciento. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el abandono de las aulas es superior a 40 por ciento de la matricula y la eficiencia terminal no alcanza el 50 por ciento.1

Dentro de los factores que influyen para que los alumnos abandonen sus estudios, ya sea que no se inscriban al siguiente nivel o dejen inconcluso el ciclo escolar, se encuentran los relacionados con los problemas económicos de sus padres, conflictos familiares severos y/o las adicciones.

Otro de los factores que influyen en la deserción escolar, son los problemas escolares de los adolescentes en el transcurso de su formación académica, en esta categoría encontramos, los referentes a los problemas de conducta y actitud, el fracaso escolar y las bajas calificaciones que se obtienen, así como el reprobar varias asignaturas en el mismo semestre, acompañados de la falta de motivación de la familia y los maestros.2

El factor económico es el más recurrente cuando de deserción escolar hablamos, por lo que la falta de apoyos concretos y dirigidos específicamente a este sector de la población da como consecuencia altos índices de deserción y en consecuencia un porcentaje cada vez menor respecto a los índices de absorción de un año escolar a otro o incluso a los subsecuentes niveles académicos.

Sin duda el gobierno federal se ha visto rebasado por este grave problema, por ello es urgente la implementación de acciones que fortalezcan la equidad y contribuyan a la formación integral de los estudiantes, tales como:

• Otorgar un estímulo económico que permita a los estudiantes de escuelas públicas continuar con su formación, en el nivel medio superior y superior.

• Apoyar a aquellos estudiantes sobresalientes, con el fin de reconocer su esfuerzo y a contribuir, mediante diversas actividades académicas, culturales y deportivas, al desarrollo de liderazgo y competencia desde la infancia.

• Garantizar que todo aquel estudiante, de entre 16 y 24 años, que habiendo sufrido la pérdida del sostén económico (padre, madre o tutor), no abandone su educación por este motivo.

Con la constitución de un fideicomiso específico que garantice la equidad en las oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, de género, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país, así como la implementación de un programa que se derive de éste, en el que se haga entrega de estímulos económicos de forma mensual a las y los alumnos que se encuentren cursando el bachillerato en la modalidad escolarizada, a distancia o abierta, equivalentes a la cantidad de 800 pesos, 900 pesos y mil pesos, según la estructura de las calificaciones, de uno a doce meses dependiendo de la fecha de inscripción al programa que se derive del programa, así como a los beneficiarios del programa egresados de bachillerato que se encuentren cursando por primera vez el primer año de nivel licenciatura en instituciones de educación superior públicas en el país, independientemente de si los planteles forman parte o no de las Instituciones Participantes de Educación Media Superior (IPEMS). Dicho programa permitirá un enorme paso hacia la equidad de oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, de género, étnica o cultural de las y los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país.

Es momento de impulsar el desarrollo educativo en México, porque sin duda un país educado es un país más próspero, justo y exitoso.

Por una nación de profesionales mejor preparados.

¡La Educación nos hará libres!

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país.

Notas

1. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras Ciclo Escolar 2010-2011 . Secretaría de Educación Pública.

2. Factores que influyen en la deserción escolar en los estudiantes de educación media superior tecnológica, CECYTEJ # 7 Puerto Vallarta Jalisco . Maestro Carlos Antonio Navarrete Cueto. 2010.

3. Nota: Para el cálculo de los indicadores de atención y cobertura se utilizaron las proyecciones de población Conapo, febrero 2007.

Para los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación las cifras son estimadas para el ciclo 2010-2011.

4. http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/principales_cifras_2010_2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2012.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a editar por el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar a la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, presentada por la Organización Mundial de la Salud en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Dicha discapacidad los excluye de alguna u otra manera de gozar y hacer vales sus derechos dentro de la sociedad.

En México, la población que tiene algún tipo de discapacidad representa el 5.1 por ciento de la población total, que asciende a más de 112 millones de mexicanos, es decir 5.7 millones de personas. Del total, 1.5 millones tienen discapacidad visual, de los cuales 145 mil son niños1 .

La Organización Mundial de la Salud distingue a las personas con discapacidad visual en dos tipos: los que padecen ceguera (pérdida total de visión) y los que tienen deficiencias visuales (pérdida parcial). Los 145 mil niños que viven con discapacidad visual en México pertenecen a la primera categoría, es decir, son invidentes. Para comprender la realidad y alcances de esta discapacidad basta saber que a través del sentido de la vista obtenemos el 80 por ciento de la información del mundo exterior2 .

A diferencia de otro tipo de discapacidades, la ceguera representa un obstáculo meramente físico, que si bien afecta directamente la vida de quien lo padece, no es un problema que implique alguna deficiencia psíquica o psicomotora; en otras palabras, no impide un desarrollo cognitivo de la persona en cuestión y por lo tanto hace más accesible su plena integración a la sociedad, en comparación a personas con discapacidades que afectan otras áreas del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema psicomotor.

Nuestro país cuenta con diversos organismos públicos encargados de velar por los derechos e inclusión de las personas con discapacidad, incluidos los discapacitados visuales. Destacan el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con el propósito de fortalecer las mencionadas instituciones, en 2012 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que adopta los principios y derechos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas. Esta ley orientará las políticas públicas en materia de discapacidad y una de sus principales disposiciones será crear el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el presente año.

Si bien es cierto que estas instituciones trabajan para darle una mejor vida a los mexicanos con capacidades diferentes, entre ellos los discapacitados visuales, también es verdad que nuestros connacionales discapacitados continúan enfrentando múltiples problemas, no sólo por las limitaciones que les impone su condición física, sino por la discriminación, exclusión y pocas oportunidades que padecen.

El reto de las personas que no pueden ver comienza desde la infancia, etapa fundamental en su desarrollo, en la que son precisamente más vulnerables y donde luchan por lograr su inclusión en la sociedad. El intento nace en los primeros años, cuando sueñan con abrirse un espacio en las aulas escolares. Es ahí donde radica quizá el mayor reto de su vida, pues tienen que lidiar con un sistema educativo excluyente e injusto que, por el simple hecho de poseer capacidades distintas a las de la mayoría, no los contempla en sus programas educativos. Esta exclusión resulta enormemente grave, no sólo desde el punto de vista moral y ético, sino también desde el panorama jurídico.

El acceso a la educación en México es un derecho consagrado en el artículo tercero constitucional, incluido también en la Declaración de los Derechos de los Niños y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México forma parte. Paralelamente, con la aprobación de la Declaración de Salamanca sobre niños con necesidades especiales, firmada en 1994, nuestro país emprendió la restructuración de la educación especial para aplicar un modelo de integración e inclusión, pero sin los recursos y la voluntad suficientes. Es así que después de 17 años de esta Declaración, y a pesar de los avances, no se ha logrado la inclusión total de los niños discapacitados a la educación básica impartida por el Estado mexicano, que por definición constitucional debe ser obligatoria, laica y gratuita.

El rezago educativo de los niños con esta discapacidad es apabullante, su promedio de escolaridad es apenas de 4.8 grados3 , lo que los pone frente a las peores esperanzas de acceso a la educación al mismo tiempo que constituye una grave amenaza para su desarrollo y los priva de una adecuada preparación para su futuro.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sólo 2 de cada 100 niños con discapacidad visual asisten a la escuela. Esto nos indica que el 98 por ciento de estos niños no va al colegio, a pesar de que su única limitación es la discapacidad visual, es decir no tienen discapacidad cognitiva alguna. El principal obstáculo para que estos niños asistan a una escuela regular es que los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para su enseñanza, dicho material son los libros escritos en sistema braille, los cuales resultan imprescindibles.

A raíz de este problema y decididos a encontrar una solución verdadera, en marzo de 2009, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, órgano de la Secretaría de Educación Pública, y el Senado de la República, en un enorme esfuerzo para llevar a los niños invidentes a las escuelas públicas, firmaron un convenio de colaboración para la edición y producción de libros de texto en sistema braille. En los dos últimos años la elaboración de dichos libros se logró satisfactoriamente, aun así la inclusión a la educación pública de niños invidentes no se ha alcanzado porque el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, de la Secretaría de Educación Pública no ha editado las actualizaciones de los libros en braille, hecho que imposibilita su uso. Si los niños con discapacidad visual no cuentan con estas herramientas básicas, difícilmente pueden avanzar en su formación.

Es por las razones expuestas que el esfuerzo por elaborar estos libros especiales ha resultado infructuoso, pues como ya se dijo, el programa encargado del área de educación especial de la Secretaría de Educación Pública, no ha realizado cabalmente su labor, que consiste en la edición de las actualizaciones de dicho material.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, tiene entre sus objetivos garantizar una atención educativa de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial4 . A pesar de las buenas intenciones que proclama este Programa, lamentablemente la inclusión de los niños ciegos es todavía una utopía.

Fundados en estos hechos, resulta imprescindible tomar conciencia de que la inclusión en las aulas de niños con discapacidad visual es algo viable e impostergable. Son miles los niños mexicanos que están perdiendo una irremplazable oportunidad de aprender, que tienen derecho como cualquier otro niño a ir a la escuela y ser felices. Es nuestra obligación coadyuvar a que esto sea posible, que ningún niño mexicano, sin importar su condición física, deje de recibir una educación laica y gratuita, pero sobre todo de calidad, lo que representa un derecho inalienable e inmutable de todos los mexicanos.

Si logramos otorgar a estos niños las herramientas que necesitan para su pleno desarrollo educativo, les estaremos dando cultura y enseñanza, pero más allá de todo, estaremos materializando el sueño de las nuevas generaciones de tener acceso total a la educación pública para así forjar un México más justo, prospero e incluyente.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para que a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar a la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.

Notas

1 Censo Nacional de Población. INEGI. 2010.

2 Organización Mundial de la Salud (OMS).

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 2010.

4 Página web del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Objetivos. 2010.

Dado en el salón de sesiones, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil trece.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas comisiones ordinarias de ambas Cámaras del Congreso a instalar una mesa de trabajo con la Sagarpa y la SE que atienda a productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito, senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, fracción II, y 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores; a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, a instalar una mesa de trabajo con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña.

Consideraciones

La visión neoliberal de la economía en el sector agrícola prefiere importar los productos de consumo que producir, sin una previsión que implemente otros medios de subsistencia para las personas que ante la imposibilidad de la competencia, abandonaran sus actividades económicas, muchas de ellas, con una tradición heredada de padres a hijos por muchas generaciones.

La desmedida permisibilidad de la importación de productos como la fructuosa y azúcar, que se obtienen de la caña dulce, ha puesto a este sector en un grave problema que se ha manifestado en los diversos paros y protestas pacíficas que llevan los cañeros en los ingenios del país.

La competencia desleal en el precio del azúcar, la caída en el precio de la caña, la falta de subsidios a la producción, los altos costos de producción y de una política integral de desarrollo agropecuaria a este sector, nos posiciona ante un problema de graves dimensiones, que están afectando a millones de familias de mexicanos que por generaciones se han dedicado a la producción de la caña de azúcar.

Ponderamos que la solución no es fácil, por lo que debe iniciarse desde el Congreso de la Unión, con las comisiones involucradas de la Cámara de Senadores y de Diputados, con la tarea de atender este problema de manera urgente, con las secretarias del ramo y los diversos sectores, buscando las medidas urgentes, por lo que se propone que se integre una mesa de trabajo para atender la problemática que afecta a más de 15 entidades de la república, y a millones de familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de urgente resolución la consideración de esta honorable asamblea para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores; a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, a instalar una mesa de trabajo con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a veintitrés de enero de dos mil trece.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)