Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3693-II, miércoles 23 de enero de 2013

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo sobre las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionadas por trabajos de construcción en Benito Juárez, Distrito Federal

Honorable Asamblea

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo en relación con las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, suscrita por el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los Legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013 el diputado José Arturo López Portillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento punto de acuerdo en relación con las afectaciones de construcción en la delegación Benito Juárez.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-0299 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Durante 2007, en la parroquia Santa Cruz Jerusalén, situada en la avenida Cuauhtémoc número 1316, en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, se han realizado restauraciones y remodelaciones en el edificio parroquial, dicho recinto está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumento nacional.

Dentro de las modificaciones se enlistan las siguientes:

• La modificación del templo donde implica que el atrio sea modificado para convertirse en estacionamiento, provocando la destrucción de los altares y nichos, perforación en los monumentos y obras en la fachada principal.

• Desaparición de lápidas que cubrían los sepulcros que se encontraban en la parte principal, así como la exhumación de los restos humanos sin la existencia de alguna notificación o permiso para realizarlo.

• La modificación del Cristo crucificado hecho de pasta de caña, que data del siglo XVI.

2. Durante 2005 se comenzó con la demolición de un predio ubicado en la calle de Antonio Rodríguez número 35, colindante con la Tercera Privada de la Luz número 6, en la Colonia San Simón Ticumac, delegación Benito Juárez, hallando vestigios arqueológicos debajo de dicho predio.

3. Durante los trabajos de construcción de la línea 7 del metro, fueron halladas piezas arqueológicas de tipo azteca, teotihuacano y coyotlatelco.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su titular, el Etnólogo Sergio Raúl Arroyo, para que actúe de forma inmediata en la supervisión, dictamen y en su caso sanción a los responsables de las afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes:

a) A la Obra del Cristo Crucificado y de las modificaciones a la estructura de la Parroquia Santa Cruz Jerusalén de la Colonia Sta. Cruz Atoyac en la delegación Benito Juárez.

b) Supervisar las obras de construcción para evitar algún deterioro, corroborar la existencia y en su caso hacer lo procedente para la recuperación de los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez No. 35 en la Colonia San Simón Ticumac en esta misma demarcación y realizar los estudios correspondientes para determinar antigüedad y cultura a los que pertenecen.

c) Efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no, de hallazgos de vestigios arqueológicos, durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación en su caso.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

Antecedentes

Entre las culturas que se desarrollaron en México en la región cultural llamada Mesoamérica están los Olmecas, los mayas, los toltecas, los mexicas o aztecas, que dejaron grandes construcciones que hoy día se pueden apreciar en los sitios arqueológicos que existen en el país.

Como resultado del proceso de colonización a partir de 1521, la Ciudad de México cuenta con uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo, buena parte está relacionado con la arquitectura religiosa

Marco Jurídico

México cuenta con un marco jurídico relativo a la conservación de monumentos, zonas arqueológicas, a saber:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece que

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano, y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y justicia.

Además en su fracción II incisos a, b y c establece el criterio que orientará esa educación:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto – sin hostilidades ni exclusivismos – antenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura y;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Para el fomento al respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, el 6 de mayo de 1972 se decreta la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El artículo 3o. de esta ley establece:

La aplicación de esta Ley corresponde a:

I. El Presidente de la República;

II. El Secretario de Educación Pública;

III. El Secretario de Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Artículo 7o. Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno federal responsable de garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Comentarios

Estamos a favor de que se efectúen las investigaciones necesarias para primero, corroborar la existencia de las obras y vestigios arqueológicos, el grado de afectación, que en su caso sufrieron y de ser así, de forma inmediata se sancione a los responsables de dichas afectaciones.

Si como resultado de las investigaciones se establece que hubieron los daños mencionados por el proponente, esta Soberanía realizará un extrañamiento al INAH y a la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, por su omisión y falta de intervención clara y objetiva, como la clara negligencia al encontrar vestigios en esa zona y no intervenir para suspender la obra o sancionar a la constructora responsable.

Dada la relevancia de la proposición del punto de acuerdo, el pleno de la Segunda Comisión de Trabajo –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su tercera reunión de trabajo con fecha 15 de enero de 2012 consideró que es pertinente que la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados esté enterada y realice el seguimiento correspondiente.

Es también de resaltar que al tratarse de patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural del país, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados debe estar enterada de la propuesta del punto de acuerdo y realizar el seguimiento correspondiente

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición:

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su titular, el Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, para que actúe de forma inmediata en la supervisión y dictamen de las posibles afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes:

a) A la obra del Cristo Crucificado y de las modificaciones a la estructura de la Parroquia Santa Cruz Jerusalén de la Colonia Sta. Cruz Atoyac en la delegación Benito Juárez.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe a esta Soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus Comisiones de Trabajo en el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio del H. Congreso de la Unión, se exhorta a las Comisiones del Distrito Federal y Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realicen el seguimiento correspondiente.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza.

Senadores: Graciela Ortiz González, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al presidente del Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religiosos

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, presentada por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “. III Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013 el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo para que el Presidente de Conaculta informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-292 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Que el pasado 1 de enero, el templo de Santa Mónica, en Puebla, sufrió un incendio el cual, para fortuna, no causó daños personales, pero sí daños patrimoniales a un bien nacional. El templo de Santa Mónica, anexo al convento agustino del mismo nombre y construido en el siglo XVII, es una joya del arte virreinal con una rica historia cultural, tanto por los hechos ahí acontecidos como por las piezas de valor artístico y religioso que ahí se guardan.

2. Que la intervención expedita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cuyo cargo se encuentra la evaluación de los daños a bienes culturales inmuebles edificados y/o bienes muebles creados antes del siglo XX, permitió que de manera rápida se cuantificaran los daños y se procediese a la restauración de un óleo del siglo XVIII, así como de la urna que contiene la imagen de bulto del Señor de las Maravillas, muy venerado en Puebla, y alguno que otro azulejo que quedó dañado.

3. Que inicialmente se especuló que el incendio había sido provocado por una veladora de las muchísimas que dejan encendidas los fieles; sin embargo, el peritaje estableció que el origen fue un corto circuito. De siempre se sabe que los bienes inmuebles patrimoniales históricos de origen y destino religioso están continuamente en riesgo de incendio por la costumbre -sobre todo en los católicos romanos y ortodoxos- de los fieles de encender velas votivas. En algunos templos se ha recurrido a las luminarias que se encienden mediante dispositivos eléctricos -pero esto no es lo común, dada la tradición ancestral y el significado litúrgico de las velas encendidas- y en templos con gran afluencia, como en la Villa de Guadalupe, se ha recurrido a la instalación de sitios ex profeso para encender velas y veladoras, pero esto es mucho más fácil en templos modernos y la gran mayoría de los recintos religiosos son antiguos.

4. Que sin embargo, no sólo son las ceras lo que provoca incendios. La principal fuente de incendios en recintos religiosos de valor artístico y cultural que forman parte del patrimonio nacional son las instalaciones eléctricas, las que naturalmente fueron introducidas muchos después de la construcción de los templos y su adecuación al voltaje y uso actual es bastante dudoso.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país:

1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de Prevención de Robo en Recintos Religiosos, o en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos, que pueda ser accesible vía electrónica o impreso.

2. Establezca un programa específico, en conjunción con la Comisión Federal de Electricidad, para un diagnóstico sobre las instalaciones eléctricas en templos que formen parte del patrimonio cultural de la nación.

3. Solicite a la Comisión Federal de Electricidad la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los recintos religiosos, independientemente de que sean parte del patrimonio federal o propiedad de una determinada asociación religiosa para evitar riesgos de accidentes para los fieles.

4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

1. Como resultado del proceso de colonización a partir de 1521, la Ciudad de México cuenta con uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo, buena parte está relacionado con la arquitectura religiosa.

2. México cuenta con un marco jurídico relativo a la conservación de monumentos, zonas arqueológicas, a saber:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3º. establece que:

Además en su fracción II incisos a, b y c establece el criterio que orientará esa educación:

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y

El artículo 3o. de esta ley establece:

La aplicación de esta ley corresponde a

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación Pública;

III. El secretario de Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Artículo 7o. Las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

A lo anteriormente citado, cabe mencionar que la responsabilidad legal de la protección y conservación del patrimonio histórico construido entre los siglos XVI y XIX corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia -INAH- como es el caso del templo de Santa Mónica en el estado de Puebla, este organismo a partir del año 2002, creo el Centro Nacional para la Prevención de Desastres en materia de Patrimonio Cultural (PREVINAH), cuya finalidad es establecer medidas de prevención del patrimonio cultural afectado por desastres naturales o antropogénicos.

Esta Segunda Comisión acuerda que el exhorto deberá ser dirigido al INAH y no al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta–, cuyas facultades son la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales, entre otras. Lo anterior es señalado en aplicación al espíritu de la “suplencia o deficiencia de la queja” referente a la corrección de los defectos o imperfecciones en que incurra el recurrente y respetando la esencia de su queja, sustentado como un principio general del derecho.

Esta Segunda Comisión se manifiesta a favor de realizar un exhorto a la autoridad competente responsable de prevenir incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como el desarrollo de acciones a favor del patrimonio cultural del país.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH– a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país:

1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de prevención de robo en recintos religiosos, o en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos, que pueda ser accesible vía electrónica o impreso.

4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus comisiones de trabajo en el primer receso del primer año de ejercicio del honorable Congreso de la Unión, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, a hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realice el seguimiento correspondiente.

Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– del primer receso del primer año del ejercicio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones de la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-1-480.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. Se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al ciudadano Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe con relación a los contratos celebrados por esta comisión el 21 de junio de 2011 y el 7 de mayo de 2012, a los que se refiere el presente punto de acuerdo.

Segundo. Se remite copia de presente punto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento y la investigación que proceda.

En el punto de acuerdo se expone la existencia de una denuncia respecto al convenio marco de colaboración y coordinación entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue celebrado el 21 de junio de 2011.

Se señala que con base en el análisis de contratos celebrados entre esos dos entes, algunos de los servicios que se señalan se duplican entre un contrato y otro, sin justificación. Ejemplo de ello es lo correspondiente al contrato número SCT/ CGOTI/ UAEM- FONDICT- 05- 11, cuyo objeto es la implantación del mapa nacional de ancho de banda y administración de quejas de servicios de telecomunicaciones. Ese contrato ya se había establecido un mes antes con el mismo fondo de la universidad mexiquense y se elevaba el monto aproximadamente tres veces el recurso presupuestal que se destinó inicialmente al primero.

También se expone que la Comisión Federal de Telecomunicaciones firmó un contrato plurianual con Enapsys México el 7 de mayo de 2012, cuyo monto asciende a 52 millones 379 mil pesos, con objeto de desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en 2011 e incluso en 2012.

III. Consideraciones

1. El sector de las telecomunicaciones en México ha experimentado un vigoroso crecimiento en los últimos años y es objeto hoy de fuerte disputa entre los grupos empresariales más fuertes del país.

2. Actualmente, en el sector de telecomunicaciones en México están en juego importantes intereses económicos y comerciales. Para estar en condiciones de aplicar políticas públicas en favor del interés general es necesario contar con una importante fortaleza institucional que permita a la Cofetel cumplir cabal y efectivamente sus funciones.

3. La fortaleza institucional de la Cofetel implica, entre otras cosas, una probada honorabilidad de sus titulares, así como la estricta sujeción a derecho en el desempeño de sus funciones y la asignación de contratos y toda actividad que implique el uso de recursos públicos.

4. Es indispensable para esta soberanía y para la sociedad en general aclarar todas las dudas y los cuestionamientos respecto a los actos signados por los funcionarios de la Cofetel que pudieran atentar contra el interés general de los ciudadanos y que pudieran presentar irregularidades o ilegalidades.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que remita a más tardar el lunes 29 de enero de 2013 a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión LXII Legislatura la información referente a los contratos celebrados por esta comisión el 21 de junio de 2011 y el 7 de mayo de 2012, los cuales se refieren al convenio marco de colaboración y coordinación entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como el contrato plurianual con Enapsys México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso cita a comparecer ante la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– al ciudadano Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de su competencia informe respecto a los contratos referidos.

La Tercera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, establecerá el formato de ésta y, con la intervención del presidente de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realizarla.

Tercero. Se remite copia del presente dictamen con puntos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento, investigación y seguimiento.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica). Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 fue turnada a esta Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nombre de los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados.

Los integrantes de esta Comisión Permanente realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio número D.G.P.L. 62-II-3-364.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, conforme a la metodología antes mencionada.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados de esta soberanía.

Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie de manera enfática en contra de las acciones que atenten contra legisladores y que impidan el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social.

Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, y que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo federal.

La proposición con punto de acuerdo señala la importancia del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo el cual tiene como objetivo supervisar y vigilar el trato que se le da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada de festividades decembrinas.

Señala también que la Junta de Coordinación política aprobó su implementación entre el 12 de diciembre del 2012 y el 6 de enero del 2013; la aplicación de este programa sería en los estados y municipios fronterizos, con alcance en las dependencias del Poder Ejecutivo federal, a todos ellos, se les solicita respetuosamente su colaboración y apoyo mediante las instancias gubernamentales correspondientes, a su vez, se establece en dicho acuerdo, suscribir los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y la determinación para la coordinación en la aplicación de este programa.

En las “Consideraciones” se señala también que de manera específica que de la Junta de Coordinación Política exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

No obstante, el punto de acuerdo informa que con fecha 28 de diciembre de 2012, el titular del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, impidió tajantemente el desarrollo del programa en comento, al oponerse a la distribución de información básica sobre los derechos de migrantes y paisanos dentro del territorio nacional, dicha información tiene por objetivo evitar abusos y extorsiones por parte de las autoridades y coadyuvar en el funcionamiento del programa Paisano.

Por tanto, según se detalla en el cuerpo del punto de acuerdo, la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte acordó por unanimidad el pasado 9 de enero presentar el citado punto de acuerdo para manifestar el rechazo a las acciones emprendidas por el personal del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, al oponerse al desarrollo del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, prohibiendo el acceso al diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

III. Consideraciones

El tema de los migrantes en México es uno de los temas más sensibles e importantes en la agenda nacional de México, así como en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América. Esto, tanto por su importancia económica en el envío de remesas a nuestro país como por la deuda en materia de derechos políticos, humanos y sociales en general que tenemos con ellos.

Los recientes cambios en el contexto internacional como la crisis económica desde 2008, el endurecimiento en el cuidado de la frontera de EUA a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la problemática interna respecto al crimen organizado han complicado la problemática que resienten nuestros connacionales en el transito y permanencia en el extranjero, especialmente en los EUA. Ello nos obliga a un acercamiento y una atención más focalizada hacía nuestros connacionales migrantes.

El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo responde a este cuerpo de políticas públicas orientadas a respaldar, proteger y apoyar a los migrantes mexicanos que “vuelven a casa” o en general regresan al territorio nacional. Concretamente, el programa tiene el noble objetivo, según se detallan entre los objetivos específicos del programa, de recibir a miles de paisanos en su llegada al territorio nacional, atender y canalizar sus quejas y denuncias hacia autoridades y funcionarios públicos, propiciar un mejor trato hacia los paisanos, velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros connacionales y generar un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes, en su tránsito hacia sus hogares.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que toma las acciones necesarias para garantizar, facilitar y apoyar el cumplimiento de los acuerdos y programas emanados de esta soberanía, orientados a la protección de los migrantes en todos los ámbitos de su competencia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia en contra de las acciones que atentan e impiden el trabajo y participación de las y los legisladores en favor de la defensa de los derechos de los migrantes. Y reitera que garantizará el pleno respeto a los derechos de los legisladores en el desarrollo de los programas y acuerdos emanados de esta Soberanía.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a orientar, informar y vigilar el trabajo de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, de tal forma que este garantice el desarrollo eficiente de los programas en favor de los derechos de los migrantes emanados del Poder Legislativo Federal.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a constituir por la Sedesol y la Sagarpa el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se constituya el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, presentado por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol y de la Sagarpa, se constituya el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-6-0313.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para Consumo Humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas a fin de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que todos los días se desperdician en el país más de 30 mil toneladas de alimentos en buen estado, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA).

El punto de acuerdo refiere que en gran parte del país hay bancos de alimentos que buscan apoyar a la población más desprotegida con el abasto de productos básicos de alimentación y salud. Eso se logra mediante la recolección y entrega de donativos en especie a las instituciones inscritas en el programa. Sin embargo, es necesario que desde el gobierno federal se realice mayor esfuerzo para coordinar y potenciar las acciones de los particulares.

El proponente indica que el mayor desperdicio se da en centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles, mercados e, incluso, en miles de hogares donde no se planifican de manera correcta compras ni consumos.

Así el senador Juárez, en el desarrollo de la proposición insiste en la necesidad de reforzar los esquemas de colaboración entre la Sedesol, la AMBA y las organizaciones no gubernamentales para rescatar y distribuir la comida que se desecha en buenas condiciones entre las familias que no cuentan con ingresos suficientes para la compra de la canasta básica y que no pueden satisfacer la ingesta de tres comidas al día, con objeto de paliar la pobreza alimentaria en el país.

Se refiere que el desperdicio de alimentos llega también al campo, donde las malas prácticas en conserva, transporte y distribución de productos, el intermediarismo y el desplome de precios derivan en cosechas desperdiciadas. De ahí la necesidad de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pueda participar de manera decidida en esta sinergia y contribuir al rescate y la distribución de alimentos por el esquema que la Sedesol establezca.

Finalmente el punto de acuerdo menciona que es importante que ambas dependencias federales constituyan un sistema nacional de donación de alimentos que fomente la infraestructura para el almacenamiento y la distribución de alimentos aprovechables para consumo humano, al tiempo de crear mecanismos y convenios de colaboración con el sector público y privado para ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, con el propósito de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas que carecen de alimentos.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie; procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar que de conformidad con Antonio Magdaleno Velasco, director general de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), diariamente en México se desperdician alrededor de 31 mil toneladas de alimento. Una cantidad inadmisible de desperdicio en un país con más de 50 millones de pobres, según la última medición de 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

2. Quienes signamos el presente dictamen consideramos que aunque por medio de los Bancos contra el Desperdicio, un millón 300 mil personas en México comen diariamente productos 100 por ciento comestibles, la realidad es contrastante, pues en el país, de 2001 a 2010 fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición, esto de acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

3. En ese sentido es de suma importancia mencionar que la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Nuria Urquía Fernández, en una visita realizada al estado de Hidalgo en agosto de 2012, señaló que la pobreza alimentaria en el país tuvo un incremento importante al pasar de 2006 al 2012 de un 13.6 a un 18.2 por ciento. Aseguró que la situación alimentaria en México ha sufrido un deterioro importante con este aumento porcentual en los últimos seis años, puesto que si se habla de la pobreza alimentaria, de la cantidad de población que tiene la capacidad de compra de canasta básica, la situación se ha ido deteriorando en los últimos años.

4. Por lo anterior los miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con el proponente en la necesidad de que el gobierno federal atienda esta problemática a través de dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con la intención de que la misma pueda participar para contribuir en el rescate y la distribución de alimentos por el esquema que la Sedesol establezca, todo ello en coordinación con la AMBA y las organizaciones no gubernamentales para rescatar y distribuir la comida que se desecha en buenas condiciones entre las familias que no cuentan con ingresos suficientes para la compra de la canasta básica.

5. Sin embargo esta comisión también considera que la responsabilidad social debe ser un elemento de la estrategia integral de combate a la pobreza que el gobierno federal diseñe e implemente en el sexenio que inicia, cuyo eje principal debe ser la educación y el empleo digno.

Así los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de Acuerdo

Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las políticas en materia de salud mental, especialmente de las morbilidades no discapacitantes, como la depresión

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– del primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes como la depresión.

Los legisladores, integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes, como la depresión.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición, señalada en el proemio del presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-366.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, que se hace al tenor del siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano secretario de Salud, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de la salud mental, así como la población beneficiada y la prevalencia de morbilidades de tipo neurológico, psiquiátrico, psicológico y emocionales en la población general, sus patrones de distribución en edad y regiones, así como también para que instruya a las áreas competentes para la realización de un censo de enfermedades mentales no discapacitantes con objeto de integrar una política pública de atención a dichas morbilidades.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, a efecto de que instruya a la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental a que rinda a esta soberanía un informe pormenorizado de los logros obtenidos a través del Modelo Hidalgo de Salud Mental, cuáles han sido sus alcances en cuanto objetivos y metas, así como la metodología para la atención de pacientes psiquiátricos y cómo se efectúa el proceso de rehabilitación y reinserción social.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que el aumento de las enfermedades nerviosas, ya sean de origen neurológico o psicosomático, ha sido un fenómeno creciente a nivel mundial. En tiempos de crisis económica, la incidencia de depresión y/o ansiedad, así como de las adicciones, aumenta exponencialmente y eso implica la acción corresponsable del Estado para elevar el bienestar de la población.

Se refiere en la proposición que, actualmente, se calcula que la depresión afecta a uno de cada diez mexicanos, lo que implica que debe haber once millones en total de personas que presentan este trastorno; se trata prácticamente de una epidemia que debe ser atendida a través de políticas públicas diseñadas para prevenir y controlar el trastorno, atender las crisis y establecer estrategias de rehabilitación desde un enfoque médico y otro terapéutico, pues en algunos casos puede haber una largo proceso de terapia psicológica, pero si se carece de un adecuado diagnóstico de tipo neurológico y psiquiátrico o ambos, los resultados serán desalentadores.

A lo anterior, señala la diputada, habría que añadir que las personas que presentan trastornos como depresión, ansiedad o algún tipo de adicciones suelen ser estigmatizadas y no se tiene conciencia entre la población de que son personas enfermas que requieren intervención médica especializad algunas veces, de tratamiento farmacológico además de ayuda terapéutica para salir adelante.

En virtud de lo mencionado, la proponente indica que la atención de las morbilidades psiquiátricas requiere de una mayor atención por parte del sector público. Al momento, especialistas señalan que el gasto público en salud mental en países desarrollados es de 6.59 por ciento del gasto en salud; en México se destina menos del 1 por ciento, a pesar de que 18 por ciento de las enfermedades que afectan a vida productiva de las personas son de origen neurológico o psiquiátrico.

Finalmente, el punto de acuerdo menciona que existen alrededor de 300 trastornos mentales identificados a escala global; sin embargo, en México existen apenas 3 mil especialistas en el tema y que por ello resulta necesario tomar conciencia sobre los trastornos mentales y su atención, precisamente para prevenirlos y tratarlos en sus etapas iniciales, ya que ello implicaría para el gobierno una reducción del gasto en tratamientos de larga estancia y, lo más importante, se devolvería la salud a las personas que pueden reintegrarse a sus tareas productivas y a una vida social, mediante diagnósticos y tratamientos adecuados.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. Quienes signamos el presente dictamen consideramos oportuna la proposición en análisis, en tanto que creemos prioritario atender a las personas con alguna enfermedad mental debido a la exposición constante a una amplia gama de violaciones a sus derechos humanos.

2. Tenemos conocimiento de que alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna enfermedad mental y que este padecimiento constituye el 40 por ciento de las enfermedades crónicas y el hecho de que aún permanece como la primera causa de discapacidad. Tan sólo la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya ha reportado que en lugares con un alto nivel de medicina como Estados Unidos, la enfermedad mental es causa de que cuatro de cada diez personas se encuentren incapacitados.

Este problema a nivel mundial, ataca a personas de todas las edades, tanto en la etapa adulta, como durante la adolescencia y los primeros años de vida. Sin el tratamiento adecuado, las consecuencias podrían llegar al desempleo, falta de vivienda, encarcelamiento, hasta cuestiones como el suicidio.

3. Cabe mencionar que a pesar de que la OMS solicitó a los países miembros a aumentar la inversión y cobertura de servicios en salud mental, destinando al menos 10 por ciento del presupuesto, en México la inversión aproximada es del 0.85 por ciento, no es de extrañar que contemos con 10 millones de personas con indicios de depresión ente los 18 y 65 años.

Lo anterior aumenta en problemática si añadimos el hecho de que en México hay 2.7 siquiatras por cada 100 mil habitantes, y que casi 40 por ciento de éstos atienden en la zona centro del país, las zonas remotas del país tienen que atender sin especialistas de ningún tipo. Esto significa que nuestro país la atención por discapacidad siquiátrica en México es prácticamente inaccesible y estamos ante un posible aumento en el costo de la prestación del servicio ante el aumento de las enfermedades, ya que 15 por ciento de las personas con depresión llega a ese extremo.

4. Asimismo preocupa a los miembros de esta Tercera Comisión que las personas que padecen una enfermedad mental sin el conocimiento efectivo, no comienzan a tratarse a tiempo, por lo que pueden pasar a un estado crónico sin que hubiera habido necesidad, tan solo, en el caso de una depresión podría llevar hasta la posibilidad de un suicidio.

Ante esto, hay que tomar en cuenta que el suicidio va en aumento en México, por lo que se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves, sobre todo entre los jóvenes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010 se registraron 5 mil 12 suicidios en el país.

El informe presentado en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, apunta que de 1990 a 2010 la práctica de esta terrible repercusión por falta de información, pasó de 2.3 a 4.5 suicidios por cada 100 mil habitantes. Lo que es más grave, 4 de cada 10 mexicanos que cometieron suicidio tenían de 15 a 29 años, lo que representa la mayor proporción de fallecimientos, mientras que las mujeres que se suicidaron el porcentaje más alto correspondió a las de 15 a 19 años.

5. Las legisladoras y los legisladores que constituyen esta comisión creemos que la salud mental es una herramienta necesaria para contrarrestar estos alarmantes datos y buscar el estado de bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo pueda utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad, y resolver las demandas de la vida diaria.

Por esta razón resulta de vital importancia el exhorto de la diputada signante de la proposición de mérito para informar a esta soberanía de manera completa y apropiada sobre los datos más relevantes de control, metodología, índices demográficos y programas sobre las enfermedades de salud mental.

6. Por otra parte, respecto a la información solicitada al Consejo Nacional de Salud Mental sobre el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, consideramos apropiado el resolutivo en tanto que el tema se mantiene, por un lado al acceso a la información general del panorama de enfermedades mentales y por otro lado en específico hacia un programa que responde al nuevo modelo de atención en salud mental.

En efecto, creemos que el exhorto debería ir dirigido al Consejo Nacional creado en 2004 y cuya función esencial consiste en impulsar la reforma psiquiátrica iniciada en nuestro país a través del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental y para favorecer la salud mental a lo largo de la vida así como para llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios de salud mental en todo el país.

Desprendido del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004, al secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental le corresponde elaborar y participar en la instrumentación de los programas específicos de prevención, atención y rehabilitación de los trastornos mentales; promover actividades de información, orientación y sensibilización que coadyuven a la prevención de problemas de salud mental; participar, en el ámbito de su competencia, en la definición y desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud, en coordinación con las unidades administrativas competentes, entre otros.

7. Ahora bien, respecto al Modelo Miguel Hidalgo de atención en Salud Mental sabemos que fue la Secretaría de Salud del gobierno federal quien solicita la colaboración de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de personas con Enfermedad Mental, IAP, para participar en la propuesta y desarrollo de un nuevo modelo de atención en salud mental.

En el año 2000 este nuevo modelo con el trabajo en conjunto del gobierno del estado de Hidalgo dio como resultado la inauguración de la Villa Ocaranza y dos casas de medio camino en Pachuca, cerrando así definitivamente las puertas del Hospital Psiquiátrico Ocaranza, para dar paso al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

8. En su sitio de Internet, el Consejo Nacional aclara que el nuevo modelo tiene un cambio en el concepto de la atención a personas con enfermedad mental, puesto que contempla la creación de nuevas estructuras y la creación de nuevas instituciones basadas en el respeto a los derechos de los usuarios, de recibir una atención integral médico-psiquiátrica con calidad y calidez.

Entre sus objetivos se señalan que atenderán a las personas con enfermedad mental, apoyándolas para desarrollar sus recursos personales y facilitándoles la provisión de soportes sociales básicos; trabajarán porque los usuarios puedan funcionar y desenvolverse en la comunidad del modo más autónomo posible, facilitando el desempeño de roles sociales y favorecerán que el usuario se integre a las actividades de rehabilitación psicosocial, entre otros.

Asimismo, señalan que la prevención de la enfermedad mental se desarrolla primordialmente por medio de difusión de información sobre salud mental, diagnóstico y tratamiento oportuno: así como actividades recreativas. Especifican los centros de salud con médico capacitado en salud mental, con módulos de salud mental, comunitarios e integrales. También informan acerca de la hospitalización, que se ofrece en las estructuras en donde la atención es integral y con un profundo respeto a los derechos humanos, como son las Villas de transición hospitalaria y las Unidades de psiquiatría en hospital general.

En el rubro de apoyos especiales, dan a conocer que en el estado de Aguascalientes se prestó la ayuda de la adquisición de sillas de ruedas para los usuarios de dicho hospital; 120 camas, colchones y buroes para los usuarios en Yucatán y medicamentos a los hospitales psiquiátricos en el estado de México.

No obstante de lo anterior, en su página no encontramos la información específica que solicita la diputada respecto al nuevo modelo, creemos que la misma no es descartable, sobre todo en lo que respecta a la metodología que se usa para la rehabilitación de los pacientes. Por lo tanto y como lo hemos señalado anteriormente, creemos necesario el segundo resolutivo respecto al envío de información sobre los objetivos y procedimientos con los que se manejan y han avanzado utilizando el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

9. El único cambio respecto al texto original que esta dictaminadora propone es el modificar el resolutivo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y no a la titular, en virtud de las facultades que tiene el Congreso de la Unión.

Así, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones. Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de la salud mental, así como la población beneficiada y la prevalencia de morbilidades de tipo neurológico, psiquiátrico, psicológico y emocionales en la población general, sus patrones de distribución en edad y regiones, así como también para que instruya a las áreas competentes para la realización de un censo de enfermedades mentales no discapacitantes con objeto de integrar una política pública de atención a dichas morbilidades.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que instruya a la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental a que rinda a esta soberanía un informe pormenorizado de los logros obtenidos a través del Modelo Hidalgo de Salud Mental, cuáles han sido sus alcances en cuanto a objetivos y metas, así como la metodología para la atención de pacientes psiquiátricos y cómo se efectúa el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las estrategias y los programas de atención de enfermedades raras

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, presentada por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-7-346.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano secretario de Salud que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, así como las estadísticas de morbilidad y mortalidad relacionadas con éstas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud integre un comité dentro del sector encaminado a la atención integral de este tipo de padecimientos, especialmente en el ámbito del diagnóstico oportuno y sin costo en las instituciones del sector salud.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que las enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas, son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser considerada como rara, una enfermedad específica sólo puede afectar a menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes.

De acuerdo con los datos contenidos en la proposición, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7 mil enfermedades raras que afectan a 7 por ciento de la población mundial. La gran mayoría de estos padecimientos son de origen genético, y sitúan a los pacientes en peligro de muerte y/o invalidez crónica. Los efectos pueden aminorarse en algunos casos e incluso revertirse, si se llega a una detección temprana del padecimiento.

Es importante resaltar, como hace mención la proponente en el contenido del Punto de Acuerdo que la rareza de los padecimientos, hace escasa la investigación sobre su origen, lo que obstaculiza la búsqueda de un tratamiento específico. En el caso de enfermedades raras ya conocidas, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento es altamente costoso y el diagnóstico requiere de una infraestructura muy específica, pues son indispensables pruebas de tipo genético, a las que poca gente tiene acceso debido a sus altos costos.

Por otro lado, refiere que entre las enfermedades raras encontramos el síndrome de Addison, un padecimiento de tipo hormonal que deteriora a las personas por la destrucción paulatina de las glándulas suprarrenales, lo que causa anorexia, debilidad muscular y, finalmente, la muerte. Otra enfermedad rara es el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo leve, que requiere no sólo de tratamiento farmacológico, sino también de una constante intervención terapéutica de tipo psiquiátrico y pedagógico que no todas las familias tienen los recursos para hacer frente a tratamientos que duran de por vida.

También, refiere la diputada, están los casos de enfermedades hematológicas, como la hemofilia, pero existen otras como la ausencia del factor XII, por el cual las personas carecen de factores de coagulación sanguínea, rasgo de Hageman, sin antecedentes familiares de desórdenes hemorrágicos.

Existen algunas enfermedades raras como el síndrome del restaurant chino que es disparado por el glutamato monosódico, un aditivo que se utiliza en grandes cantidades en la gastronomía china, y que también está presente en la mayonesa, aceitunas, mostaza, salsa de tomate, pasteles, etcétera, que produce dolor de cabeza, urticaria, calambres, ataques de asma y palpitaciones.

En el contenido del punto de acuerdo se específica que en España, tres millones de personas padecen algún tipo de enfermedad rara, de un total de 47 millones; en Estados Unidos, la cifra es de 25 millones de personas de un total de 315 millones personas. En México, desde 2008, se celebra el Día de las Enfermedades Raras el último día de febrero. Sin embargo, no hay cifras oficiales conocidas que indiquen la prevalencia de este tipo de enfermedades y mucho menos información de a dónde acudir para recibir un diagnóstico especializado, aunque se calcula que 6 millones de mexicanos padecen alguna enfermedad rara, y muchos ellos desconocen su condición.

La diputada proponente finaliza diciendo que no existe una conciencia fuera de los grupos de interesados para difundir la existencia de este tipo de padecimientos y no se ve una estrategia gubernamental encaminada a la información sobre el tema ni una política pública para la atención de enfermedades raras.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar, en el mundo existen alrededor de siete mil enfermedades raras. Estas enfermedades afectan, en promedio, una persona por cada cinco mil nacimientos en América Latina. Lograr un diagnóstico es complicado y no se diga del tratamiento, el cual, en ocasiones provoca síntomas o trastornos que difícilmente congenian con la vida común.

2. En México, instituciones de salud pública han avanzado poco en atender a quienes padecen una enfermedad rara, lo cual arroja un cálculo de 300 enfermos de este tipo atendidos, información que contrasta con la indicada por la diputada proponente en el sentido que hay un cálculo de 6 millones de mexicanos que padecen alguna enfermedad rara o poco común como también son llamadas.

3. Vale la pena destacar que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el pasado 30 de enero de 2012, reformas a la Ley General de Salud para adicionar dos artículos. En ellos se define a los medicamentos huérfanos como aquellos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de cinco personas por cada 10 mil habitantes.

Además se establece que la Secretaría de Salud implementará acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población y la misma Secretaría podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

4. A pesar de estos avances y de acuerdo con declaraciones del doctor Sixto Ferrel Acosta, médico epidemiólogo y asistente de la dirección del Hospital General Tláhuac de la Secretaría de Salud del Distrito Federal aún hace falta más inversión en investigación, lograr una mayor conciencia y en materia de leyes, se legisle en favor de estos enfermos.

Ferrel Acosta señala que las enfermedades raras son de baja frecuencia, generalmente de origen genético, graves, crónicas y provocan que el individuo no pueda valerse por sí mismo. Este tipo de enfermedades son altamente mortales y debido a su complejidad no existen estudios, especialistas o programas gubernamentales específicos para su tratamiento. En México y a nivel mundial, dice Ferrel, se conoce poco pues “hemos puesto muy poca atención y no nos hemos dado a la tarea de identificar la verdadera frecuencia y origen de estas enfermedades”.

5. Así, los miembros de esta Comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV, que se plantean con base en las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud informe acerca de las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, así como las estadísticas de morbilidad y mortalidad relacionadas con éstas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud integre un comité dentro del sector encaminado a la atención integral de este tipo de padecimientos, especialmente en el ámbito del diagnóstico oportuno y sin costo en las instituciones del sector salud.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre créditos contratados con estados y municipios

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales Consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el último día de enero de 2013.

Segundo. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que dentro de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República, y con base en el presente Punto de Acuerdo, se sirva proponer al pleno de esa soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, con facultades para investigar, evaluar y proponer acciones urgentes con tal finalidad, cuyos integrantes determine la propia Junta de Coordinación Política.

Adicionalmente, la proposición con Punto de Acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que el problema de la deuda de los estados y municipios tiene su origen y explicación multifactorial en:

• La crisis económica y financiera de 2008-2010 que impactó negativamente a la Recaudación Federal Participable (RFP), por lo que fueron necesarios los créditos de corto plazo para hacer frente el gasto corriente.

• La reforma hacendaria de 2007 recortó el acceso a recursos adicionales de las entidades federativas y municipios.

• La epidemia de influenza provocada por el virus A(H1N1) y los desastres naturales que movieron a algunas entidades a endeudarse para hacer frente a la emergencia y la devastación.

• Esquemas pari passu que demandan inversión de recursos por parte de los gobiernos locales para otorgar acceso a los fondos federales.

• Posible irresponsabilidad financiera de los funcionarios de los gobiernos.

Como segundo tema, el documento señala que actualmente, no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades federativas y municipios ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la deuda de largo plazo, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios como los pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios. El Gobierno Federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10 por ciento sus cálculos de la deuda total.

No obstante que la deuda pública de las entidades federativas y municipios registrada ante la SHCP (deuda de largo plazo) en términos relativos al PIB no es tan alta (3 por ciento a septiembre de 2012), ésta representó 11 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2012.

Con un afán comparativo, el punto de acuerdo señala que la deuda de las entidades federativas y municipios representa más del 76 por ciento del presupuesto educativo en 2012, o bien, representa más de la mitad de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que ascendían a 808 mil 265 millones de pesos en septiembre de 2012 (5.14 por ciento del PIB), según datos del instituto, e implica que cada mexicano debe pagar más de tres mil 500 pesos para saldar esa deuda. De igual forma se plantea que para 2008 la deuda representaba 50.7 por ciento de las participaciones y para junio de 2012 ya alcanzaba 80.1 por ciento, según los datos de la SHCP. Con lo expuesto, se hace evidente la falta de incentivos para aumentar la capacidad de tener ingresos públicos y la citada dependencia de las transferencias federales. Este hecho es preocupante porque en los últimos cuatro años las entidades federativas se han enfrentado a una reducción en la recaudación federal participable (RFP). Del saldo total de la deuda pública, 357 mil 133.2 millones de pesos corresponden a las entidades federativas (88 por ciento) y 49 mil 631.1 millones a los municipios (12 por ciento). Las entidades federativas con mayor incremento absoluto en su endeudamiento de 2008 al tercer trimestre de 2012 son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán. La mayor exposición de deuda (porcentaje PIB estatal) está en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz.

Aunque la deuda es relativamente pequeña en los municipios (0.3 por ciento de PIB) ésta creció más en los últimos 7 años y está muy concentrada ya que 2.3 por ciento de los municipios endeudados (22) representan 50 por ciento de la deuda total municipal. Los municipios más endeudados al segundo trimestre de 2012 son Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez, y la deuda municipal con mayor exposición se sitúa en Tonalá, Cuernavaca, Benito Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco. Destaca también que del total de la deuda (septiembre 2012), 246 mil 103.4 millones de pesos (60 por ciento) es de la banca comercial, 87 mil 953.8 millones de pesos es de la banca de desarrollo (21 por ciento) y 58 mil 612.3 millones de pesos (14 por ciento) de emisiones bursátiles.

Diversas calificadoras han manifestado que el sobreendeudamiento no es aún un problema sistémico, sino focalizado en algunos estados con deudas muy altas. Tanto para Moody’s como para Fitch Ratings, los financiamientos a corto plazo representan el principal riesgo para la capacidad de pago de los gobiernos locales debido a que no están respaldados por transferencias federales y el manejo de los créditos es poco transparente.

En el tercer apartado del documento, se señala que la deuda de los estados puede representar un riesgo real para la estabilidad de los indicadores macroeconómicos nacionales, especialmente si la mayoría de las entidades enfrentan altos porcentajes de endeudamiento. Ante el eventual impago de un estado: (1) existe la posibilidad de que otros estados imiten la medida, provocando una reacción en cadena, lo que comprometería la solvencia de las entidades financieras que prestaron. (2) Existe el riesgo de que el impago de los estados sea interpretado por las calificadoras y los mercados como el preludio de un impago en la deuda nacional, generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio y dificultando el financiamiento del Gobierno Federal en los mercados de valores.

En el apartado cuarto de las “Consideraciones” se hace referencia a las recomendaciones de la OCDE sobre endeudamiento, entre ellas: poner límites a los niveles de endeudamiento de los estados y municipios y proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones contingentes para contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y a vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el quinto apartado se menciona que en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 23 de junio de 2011, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) expuso que el endeudamiento de las entidades se ubicó en 314 mil 428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. En algunos casos el endeudamiento es hasta 3.5 veces superior al manifestado en el registro de los estados. Por lo tanto, en los últimos años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mejorado las metodologías para la calificación y reserva de los créditos que otorgan las instituciones financieras en el país, como la incorporación al Buró de Crédito en el criterio de evaluación de riesgo.

Por todo lo anterior, se puede identificar y concluir preliminarmente que la deuda de los estados y municipios presenta los siguientes síntomas, problemas y desafíos:

• Hoy no se conoce con claridad el monto y el tipo de la deuda de corto plazo y los pasivos pensionarios, la calidad de las garantías, el destino de los créditos y con qué instituciones se contratan los créditos. Tampoco se conocen las características de los créditos vigentes, tasa y plazo, los niveles de reservas constituidas para cada uno de esos créditos y la totalidad de las evaluaciones y calificaciones de riesgo para determinar los créditos que otorgan dichas instituciones. Todas estas incógnitas son sintomáticas de la falta de transparencia y rendición de cuentas.

• Dependencia de los gobiernos de las participaciones federales, bajos ingresos propios y poco uso de los mecanismos de bursatilización.

• Falta de corresponsabilidad de los gobiernos estatales en la planeación y seguimiento de la deuda de los municipios.

• Bajo perfil y participación de la banca de desarrollo en el impulso de la inversión público-productiva.

• Ausencia de un régimen legal que regule el otorgamiento de créditos, cadenas productivas y créditos quirografarios.

• Vaguedad en el esquema de sanciones y ambigüedad en la definición de inversión pública productiva.

• El impago de un gobierno local puede amenazar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y plantear un riesgo sistémico a las variables macroeconómicas nacionales.

III. Consideraciones

1. Del endeudamiento debe surgir un incremento de la producción y la productividad suficiente para cubrir el costo financiero de las deudas contraídas por los estados y municipios. Si el crecimiento económico no crece una tasa suficiente para pagar intereses y amortizar capital sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento, nuestra economía podría sufrir fuertes desequilibrios. Por lo anterior, además de poner límites al endeudamiento será necesario impulsar una mayor generación de ingresos propios entre los gobiernos locales con la finalidad de disminuir la dependencia de los estados con las participaciones federales.

2. Además, esta Comisión reconoce la necesidad de contar con mayor información sobre el nivel de endeudamiento de estados y municipios en sus distintas modalidades, por lo que ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se manifiesta de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV .

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con:

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el día 6 de febrero de 2013.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado para que dentro de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República, y con base en el presente Punto de Acuerdo, evalué proponer al pleno de esa soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, cuyas facultades e integrantes determine la propia Junta de Coordinación Política.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos con acceso a Internet

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el diputado Abraham Montes Alvarado presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, venga incluida la protección antivirus para los equipos de telefonía móvil que permitan el acceso a Internet.

Además, en el cuerpo de las consideraciones del punto de acuerdo el proponente expone los puntos centrales de la evolución de los sistema telefónicos portátiles o “celulares” los cuales se han convertido en instrumentos complejos que permiten no sólo la transmisión y recepción de voz y audio, sino el envio y recepción de datos, aplicaciones y practicamnete cualquier tipo de información codificable digitalmente. Se han convertido en aparatos que nos permiten, a través de la conexión a internet, leer correos electrónicos, recibir y procesar documentos, acceder a una enorme variedad de servicios públicos, comerciales y financieros, funcionar como sistemas globales de navegación, acceso a las redes sociales e innumerables usos más. Demuestra también que el crecimiento de usuarios de este tipo de teléfonos apunta a convertirse en la regla entre los usuaios de telefonía portatil.

Sin embargo, se advierte en la exposición de motivos del creciente riesgo de robo de información personal o incluso robo de identidad que permita acceder y manipular malintencionadamente los datos y permisos disponibles en los equipos “inteligentes” de telefonía. Y aunque si bien, argumenta son menos vulnerables que los equipos de computo, están aumentando “los ataques” de virus a este tipo de equipos.

III. Consideraciones

Es innegable el crecimiento en la complejidad de los equipos de telefonía y los servicios asociados a estos instrumentos de comunicación a partir de internet. Así como la creciente importancia de este tipo de equipos en las comunicaciones, los negocios y el entretenimiento.

La convergencia de la telefonía, la computación y las telecomunicaciones abre un sector dinámico que ofrece un enorme potencial de crecimiento tanto para las industrias que los desarrollan como para los usuarios de estos servicios.

Es innegable la necesidad de establecer políticas públicas que permitan un desarrollo seguro y vigoroso de esta industria. Así como el establecimiento de medidas que garanticen la seguridad de los datos y las transacciones de los usuarios de estos servicios.

Es indispensable que las compañias de prestación de servicios de telefonía y acceso a redes de datos tomen medidas para garantizar la seguridad de las redes y de los datos de los usuarios.

Es fundamental garantizar la libre elección de los usuarios respecto de los servicios que decidan contratar así como evitar el encarecimiento de éstos servicios. Consideramos que la contratación de un antivirus, tanto por el costo que implica como por las restricciones que puede imponer a un equipo de telefonía celular en su desempeño debe ser una decisión final del consumidor y que esta debe darse con información suficiente y clara.

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, venga incluida la protección antivirus para los equipos de telefonía móvil que permitan el acceso a Internet, siempre y cuando no signifique un aumento en la tarifa de los servicios de telefonía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a que vigile y promueva el cumplimiento de estandares de seguridad que garanticen la protección de los datos y transacciones de los usuarios.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones para que informe a los usuarios respecto de los riesgos y medidas tendientes a evitar el robo de datos y el aumento de la seguridad en las transacciones a través de equipos de telefonía celular, así como la disposición, costos y desempeños de los servicios de seguridad informática o antivirus disponibles para dichos equipos.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe del estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal 15, México-Nogales

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013, a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informe el estado que guardan los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15, en Sonora, presentado en el pleno por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 el diputado Ricardo Cantú Garza y el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe el estado que guardan los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15, en Sonora.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía cuánto tiempo durarán los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo cuatro carriles.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale, a la brevedad, los señalamientos necesarios que permitan solventar las especificaciones de seguridad requeridas para evitar que se sigan suscitando diversos accidentes en el tramo carretero de referencia.

Además en las consideraciones, los proponentes remarcan la importancia de la infraestructura carretera en Sonora, tanto en su conexión hacia el exterior con las fronteras de los estados de Arizona y Nuevo México, como por su importancia hacía el interior del territorio nacional. En especial se refiere a la importancia del tramo carretero de cuatro carriles de la carretera federal 15 México-Nogales, también conocida como Carretera Internacional, y en la cual, debido a las obras de reparación y la falta de señalamientos en la misma, se han presentado múltiples accidentes que terminaron con la vida de varias personas.

Señala en el cuerpo del punto de acuerdo que además los usuarios de esta vía de comunicación han denunciado la pésima situación de la misma así como los elevados costos que representa el transitar por ella, así como las malas condiciones de la carpeta asfáltica, baches, grietas y la ausencia de acotamientos adecuados, los cuales además de los daños a los vehículos provocan accidentes, la ciudadanía además percibe que las cuotas de peaje no se ven reflejadas en la mejora de la infraestructura o rehabilitación de esta.

III. Consideraciones

1. El cuidado de las condiciones de las carreteras y las comunicaciones en general debe en todo momento privilegiar la seguridad de las personas y los conductores que transitan por ellas.

2. La infraestructura carretera en los estados fronterizos del país y especialmente las carreteras centrales que conectan hacía la región de Estados Unidos de América tienen un impacto muy importante en las condiciones en las que se desarrolla nuestro comercio con el exterior e impacta directamente sobre nuestros niveles de competitividad a través de los costos y tiempos del transporte.

3. En nuestro país se ha destinado una parte muy importante del presupuesto de gastos de la federación al impulso en la creación de infraestructura carretera. Además de esto los costos que pagan los usuarios de éstas son, en muchas ocasiones, superiores a los de otros países que cuentan con infraestructura carretera de calidad equivalente o superior. Por tanto consideramos que dado el precio que pagamos por las carreteras como país es exigible un mantenimiento y calidad al menos adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía respecto de la duración programada de los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo cuatro carriles.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emprenda las acciones necesarias y oportunas en cuanto a señalamientos y medidas de seguridad indispensables de tal forma que garanticen la seguridad de los conductores y pasajeros que transitan actualmente por el tramo referido.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara a adecuar los programas de vivienda rural implantados en Urique, Chihuahua

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, del primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-1-479.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, perteneciente al gobierno del estado de Chihuahua, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que las condiciones de pobreza extrema en la que viven las y los indígenas tarahumaras o rarámuris, son conocidas internacionalmente, lo alejado que se encuentran las comunidades en las que habitan, provoca que a diario recorran cientos de kilómetros para conseguir agua, alimento, productos básicos y servicios médicos, si es que los hay.

El proponente indica que la anterior problemática se vive en el municipio de Urique, Chihuahua, en donde entre las altas montañas y profundas barrancas, se pueden encontrar familias completas viviendo en cuevas, las cuales no miden más de diez por dos metros, esto en pleno siglo XXI.

Por otro lado, refiere que la mayoría de estas familias no cuentan ni con lo más mínimo para vivir día con día, a pesar de que el municipio es gran productor de oro y que aporta 70 por ciento de lo que se extrae en Chihuahua, las ganancias son para las empresas extranjeras y no para sus habitantes.

Es importante resaltar, como hace mención el proponente en el contenido del Punto de Acuerdo que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, Urique está dentro de los diez municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH) de la República, lo cual representa tener niveles comparados con países africanos como Namibia o Botsuana.

Esto es claro ejemplo, argumenta el proponente, de que no se ha entendido a los pueblos indígenas, que por la marginación causada por el mismo gobierno, carecen de los servicios más elementales para contar con una vida digna y que son considerados como derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales y –en teoría– garantizados por nuestra Constitución.

El punto de acuerdo describe que a pesar de que el gobierno del estado ha implementado algunos programas de vivienda rural como “Haz tu casa”, en los que se les proporciona el material necesario, las familias tienen que recorrer largos y difíciles caminos para transportar lámina, puertas, ventanas y blocks de adobe.

“La Coordinadora Estatal de la Tarahumara apoyó a mil 200 familias indígenas del estado con los implementos necesarios para que edificaran un par de cuartos, y no tuviesen que vivir en cuevas, casas de cartón o en la intemperie.” Algunas personas decidieron construir en los lugares más altos, lo cual resulta inaccesible para vehículos e incluso para animales, por lo que se tienen que cargar los materiales y dar decenas de vueltas.

Se señala en la proposición que quienes pasaron semanas enteras de caminatas y construyendo una “vivienda digna”, recibieron un bono de tres mil pesos para comprar alimentos y víveres, pero siguen sin contar con una cama donde dormir o una mesa donde comer. Quienes no se vieron beneficiados con dicho programa aún duermen y comen a la intemperie, y como la gran mayoría no tienen agua.

Es por ello que el diputado proponente insiste en que corresponde, al gobierno estatal y municipal echar a andar programas de mayor alcance, acordes a las particularidades de cada localidad, de cada comunidad y de esta forma poder incrementar los niveles en la calidad de vida de las y los indígenas.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En este sentido es importante mencionar que los miembros de esta comisión coincidimos en las ínfimas condiciones en las que viven los indígenas raráramuris: muertes por enfermedades curables, fallecimientos por desnutrición crónica, hambruna, sequías, heladas, dispersión, aislamiento, miseria y marginación igual o peor que la de los países más atrasados de África.

2. Los miembros de esta Tercera Comisión, consideramos oportuno resaltar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, ha desarrollado dos elementos para medir la marginación y miseria de los indígenas: el índice y el grado de rezago social de los pueblos indígenas por región. Se trata de 25 regiones. La Tarahumara ocupa, el peor sitio, el primer lugar, con un grado de atraso “muy alto”.

Esta región, tiene también el primer lugar en rezago educativo y en infraestructura social básica. En cuanto al rezago en las condiciones de vivienda, está en el tercer peor lugar. En relación a los bienes en la vivienda, ocupa el segundo peor lugar.

3. De acuerdo a un documento de la Coordinación Estatal de la Tarahumara del gobierno de Chihuahua, son 23 los municipios que integran la región serrana. La zona está dividida en la Alta Tarahumara, con 14 municipios, donde predominan áreas boscosas y se concentra 76 por ciento de la población, y la Baja Tarahumara, la más marginada, que tiene nueve municipios y 24 por ciento de la población, la cual reside fundamentalmente en barrancas.

En la región hay 6 mil 998 localidades (54 por ciento del total estatal), que presentan una elevada dispersión poblacional: 86 por ciento de esas localidades tiene menos de 50 habitantes, ubicados en “lo más intrincado de la complicada geografía serrana. Ello hace más lenta la integración de las comunidades al desarrollo económico y social”. El grado de marginación de esos municipios es “muy alto” y “alto”, con la excepción de tres, que tienen un grado de marginación “medio (El Tule, Rosario y San Francisco Borja)”, y cuatro con grado de marginación “bajo (Guerrero, Madera, Matachí y Cusihuirichi)”.

Es decir, 16 de los 23 municipios tienen grados de marginación “alto” y “muy alto”. Por ello, se asienta en el documento, 95 por ciento de las viviendas indígenas no cuentan con energía eléctrica y 99 por ciento no tiene drenaje.

4. Esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en que el gobierno del estado de Chihuahua ha instrumentado programas de vivienda rural como “Haz tu casa”, sin embargo, se necesita un apoyo de mayor alcance dadas las condiciones en que viven los indígenas, es por ello que apoyamos la proposición de merito, con la finalidad de que se impulsen en la región programas sociales que se adecuen a la realidad de las comunidades indígenas y eleven su nivel de vida.

Así, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV y que se modifica con base en nuestras facultades y en las anteriores consideraciones.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a seguir fortaleciendo los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, a cargo de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes de

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información sobre la deuda pública de los estados y de los municipios

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, presentado por la diputada Mariana Dunsyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, la diputada Mariana Dunsyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a entregar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-2-252.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios, garantizada por participaciones federales.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la preocupante, y en algunos casos desproporcionada, deuda pública que enfrentan los estados y municipios del país, es resultado de un modelo de coordinación fiscal que no responde a los propósitos de adecuado equilibrio presupuestal entre los distintos órdenes de gobierno, teniendo como resultado inevitable el fomento a la corrupción, la opacidad y la mala conducción de los recursos públicos.

También señala que para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación. Las funciones propias de un gobierno local son diferentes a las funciones que por mandato constitucional están asignadas al gobierno federal. La función del gobierno local es proporcionar niveles de servicios públicos acordes con las necesidades de las comunidades locales. Y es en la realización de este objetivo donde la deuda pública local puede ser extremadamente útil.

Continúa mencionando que el crecimiento acelerado de la deuda pública, responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando entre 5.3 por ciento y 14.7 por ciento anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio de 2012 de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años.

Las “Consideraciones” de la proposición también mencionan que la contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios se determina por la regulación que se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII, el cual establece la prohibición expresa a las entidades federativas de contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Es preciso señalar que las operaciones que involucran el endeudamiento de los estados y ayuntamientos representan actos soberanos que solamente competen a éstos, por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa y de ninguna manera representa deuda contingente para el gobierno federal.

Las consideraciones del punto de acuerdo agregan que las diversas reformas al marco normativo de la deuda pública tanto de las entidades federativas como de los municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones han permitido entre otras cuestiones: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplique la garantía de afectación en participaciones, salvo para los créditos anteriores a la reforma y/o que continúan vigentes y que fueron contratados antes del nuevo esquema de financiamiento; que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios sea eminentemente declarativo y para fines estadísticos; que la deuda soberana de estados y municipios deba estar debidamente calificada; que las normas de capitalización sean más estrictas e incluyentes; que se permitiera la creación de la figura de fideicomiso maestro como un mecanismo seguro de pago de las obligaciones financieras, en sustitución del esquema de garantía de pago efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se integró una sola ventanilla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de atención a las entidades federativas, el Distrito Federal y sus delegaciones y los municipios, que incorpora la función de registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas. Estas, se dieron a la luz de lo que establece el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

También señala que actualmente, el monto de la deuda pública de largo plazo de los estados, el Distrito Federal y los municipios de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008 a 80.1 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país asciende a 2.7 por ciento.

Añade que de acuerdo a información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la situación que mantienen las obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del citado artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, del monto total de la deuda anteriormente señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.

Finalmente señala que corresponde en forma exclusiva a la honorable Cámara de Diputados la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, incluyendo las participaciones que se entregan a los estados y el Distrito Federal y añade que así las cosas, las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los estados y municipios cuando no existe un control adecuado de ellas, transformándose las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento y por ello, es trascendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuente con elementos para conocer los montos de endeudamiento actualizados de manera trimestral de los estados y municipios, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

III. Consideraciones

1. La obligación de reportar trimestralmente la deuda pública de las entidades federativas y municipios ya está establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 12 de noviembre de 2012, en una forma más amplia que lo que el proyecto de exhorto propone; es decir, no sólo incluye la información de la deuda garantizada con participaciones federales, sino el total de la deuda pública de las entidades federativas y municipios (artículos 47, 48 y 78).

2. Adicionalmente a la presentación trimestral al Congreso, a que están obligados las entidades federativas y municipios, también están obligados a publicarlos en sus páginas de Internet (Artículo 51).

3. Independientemente de lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es del conocimiento de esta Tercera Comisión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica trimestralmente la deuda de las entidades federativas y municipios, que éstos mismos le reportan, así como la registrada cuando se trata de deuda garantizada con las participaciones.

4. Sin embargo en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con la que deben de conducirse los gobiernos y servidores públicos esta comisión considera adecuado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione la información sobre la deuda pública de los estados y municipios a la Cámara de Diputados.

IV. Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que trimestralmente remita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información sobre la deuda pública de estados y municipios garantizada con las participaciones federales.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).

Dictámenes negativos

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a aprobar la reforma constitucional en materia educativa

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– del primer receso del primer año de ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a aprobar la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado III, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones de la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013, el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo en relación con las afectaciones de construcción en la delegación Benito Juárez.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para estudio y dictamen correspondiente; con el número de oficio DGPL 62-II-6-0305 fue recibido con fecha 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha 15 de enero 2013 se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de la Segunda Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Que el 10 de diciembre de 2012, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, que en términos generales fue aprobada por la Cámara de Diputados como la de origen.

2. Que el 13 de diciembre de 2012, en el Senado de la República se presentó iniciativa de reforma constitucional en materia de calidad educativa, evaluación educativa y servicio profesional docente.

3. Que la propuesta se hizo con el objetivo general de mejorar la educación en México y en especial con los objetivos de

• Asegurar el derecho humano a recibir educación de calidad.

• Crear el sistema nacional de evaluación educativa.

• Crear el sistema profesional docente, que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros.

• Establecer el principio de que aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se hará con base en la evaluación de los diferentes componentes del sistema nacional de evaluación educativa.

• Proponer que el Congreso de la Unión, con la mayor brevedad, analice y discuta la aprobación de un marco jurídico específico sobre infraestructura educativa a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios.

4. Que dicha reforma constitucional tiene que ser aprobada también por la mayoría de las legislaturas de los estados; posteriormente el Ejecutivo podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

5. Que las legislaturas de los estados, de acuerdo con lo que establece la Carta Magna, podrán aprobar la reforma y, en reformas posteriores, adecuar sus leyes en la materia a fin de unificar el concepto de educación que en el país debe regir.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a que en uso de sus atribuciones constitucionales aprueben la reforma de la Constitución en materia educativa, considerando su importancia para el desarrollo del país.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo, con base en

Antecedentes

Se cuenta con los siguientes antecedentes normativos que señalan las características para las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación:

• El artículo 135 constitucional establece lo siguiente:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y de la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Comentarios

El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa ha registrado las siguientes aprobaciones:

• El 19 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados; se remitió al Senado de la República.

• El 20 de diciembre de 2012 se aprobó en el Senado de la República; se remitió a la Cámara de Diputados.

• El 21 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, y se pasó a las legislaturas estatales para los efectos constitucionales.

• El 16 de enero de 2013, el pleno de la LXI Legislatura del Congreso de Campeche aprobó por mayoría la reforma educativa. Con esta aprobación, Campeche es la entidad federativa número 17 en aprobarla, con lo que se alcanza el mínimo necesario para realizar la reforma constitucional.

• El 17 de enero de 2013, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma en materia educativa; fue el estado número 20 en aprobarla.

Por lo expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a aprobar la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, presentada por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes de

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica por ausencia diputada Carla Padilla Ramos), Ricardo Cantú Garza.

Senadores: Graciela Ortiz González, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica p.s. Roberto Gil Zuarth), secretarias; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).