Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal, que a través de la Segob, sean liberados los recursos del Fonden para los estados del norte que se encuentran afectados por la tormenta invernal, suscrito por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La época invernal en nuestro país se ha tornado, en los últimos años, cada vez más extrema producto del calentamiento global, lo que ocasiona que tengamos inviernos más crudos y difíciles para la población, situación que perjudica en mayores medidas al sector en pobreza extrema. Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron en noviembre pasado sobre una amplia posibilidad de sufrir bajas temperaturas debido al paulatino deshielo del ártico que se esta presentando. Hoy en diversos estados del país y en especial en el estado de Chihuahua, ya nos estamos viendo afectados por este clima gélido.

Desde los primeros días de este año del 2013, el estado de Chihuahua se ha visto afectado por la entrada de los frentes fríos números 19 y 20 de esta temporada invernal, lo cual ha ocasionado desafortunadamente, los tres primeros decesos por esta tormenta gélida.

Es necesario mencionar que las nevadas sucedidas en el estado de Chihuahua han sido las mayores desde hace 40 años, lo que trae consigo enormes afectaciones a toda la población y a la economía del estado.

El Sistema Meteorológico Nacional indicó que el frente número 20 ingresó por el noroeste de la República Mexicana e interaccionará con una baja presión fría en niveles medios y altos de la atmósfera para dar origen a la tormenta invernal. En primera instancia tocará el norte de Baja California y Sonora y posteriormente se desplazará por toda la región del norte del país, detalló la dependencia del gobierno federal.

El escenario que se vislumbra no es muy halagador, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que 63 de los 67 municipios del estado registraron el pasado 6 de enero temperaturas bajo cero; destacando los municipios de Matachí, donde el termómetro marcó los -11 grados, así como Urique y Temósachic con -9 grados, mientras que la ciudad de Chihuahua amaneció a 3.5 grados bajo cero. Dichas temperaturas vienen acompañadas con heladas, nevadas y lluvias en la mayor parte de esos municipios.

La misma Coordinación informó que únicamente 4 de los 67 municipios que conforman el estado no habían alcanzado temperaturas bajo cero, dichos municipios son Chínipas, Uruachi, Batopilas y Morelos.

Este clima congelante en combinación con el reingreso a clases de poco más de 751 mil alumnos de educación primaria y secundaria, en el estado de Chihuahua, puede agravar el problema.

Los gobiernos del estados que han sufrido dichas afectaciones se han mantenido alerta a este fenómeno, emitiendo alertas a toda la población, así como dando recomendaciones sobre las acciones a seguir para aminorar esta problemática que se presenta en los municipios afectados.

Sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno estatal necesita la participación del gobierno federal para coadyuvar a toda la población afectada por las actuales tormentas invernales.

El gobierno federal cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) el cual es un instrumento financiero mediante del Sistema Nacional de Protección Civil, que coadyuva bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, a las entidades federativas de la República Mexicana y sus municipios, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

Tiene como principal objetivo el atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas y los municipios.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que sean liberados a la brevedad los recursos del Fondo de Desastres Naturales para ayudar a la población de los municipios de estados del norte que están siendo afectados por la actual temporada invernal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscribimos, legisladores del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los diferentes tipos de violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes en México ameritan acciones multisectoriales y coordinadas para su prevención y atención. La vulnerabilidad de los niños a la violencia está relacionada con su edad y capacidad en evolución.

Algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables, lo cual indica que el problema de la violencia es multifactorial, por lo que requiere acciones complejas y articuladas, que se encuentren previamente establecidas dentro de un plan nacional.

Desafortunadamente en México los esfuerzos realizados para responder a la violencia atienden más a un carácter reactivo que preventivo, puesto que no parten de un diagnóstico integral de la problemática, sino que intentan abatir sólo algunos tipos de violencia, sin que se tenga una estrategia Nacional, gradual ni uniforme.

Existen diversos instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno mexicano, para dar cumplimiento de la obligación de prevención, atención y erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes en México. Entre dichos instrumentos se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Informe mundial sobre la violencia y la salud de 2002 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños (EVCN o Estudio), las recomendaciones de la ONU para México, la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño,

Para dar cumplimiento efectivo y real a las obligaciones internacionales en la materia así como a las recomendaciones realizadas por el Comité es necesario realizar un diagnóstico que permita visibilizar las diferentes dimensiones de la violencia que viven niñas, niños y adolescentes en el país e identificar los tipos de violencia y los indicadores que permitan medir la frecuencia y concentración con la que estos se producen, los grupos de infancia que son víctimas de violencia, los factores que propician la violencia en sus diversas manifestaciones contra niñas, niños y adolescentes e identificar posibles vías de prevención, atención y solución.

El Estudio de Naciones Unidas Sobre violencia contra los niños presenta una serie de recomendaciones que constituyen una referencia para el seguimiento al cumplimiento de la obligación que tiene el Estado mexicano, respecto a la prevención, atención y erradicación de la violencia.

La relatora especial del secretario general (RESG) sobre la Violencia contra los Niños, señora Marta Santos, ha priorizado tres recomendaciones del referido estudio para su seguimiento, entre las que se encuentre de forma puntual el desarrollo de un sistema de datos e investigación sobre la problemática de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Esta recomendación expone la necesidad de realizar una revisión de los marcos conceptuales existentes así como su unificación con los estándares internacionales; Además de fortalecer el Sistema de datos para que este pueda permitir la comparación entre las distintas fuentes y herramientas de implementación de políticas públicas para la atención de la problemática de la violencia. La recomendación mencionada, guarda estrecha relación con otras de las recomendaciones realizadas dentro del Estudio de Naciones Unidas, consistente en crear una Estrategia Nacional para la atención de la violencia, la cual no es factible sin indicadores y un diagnóstico previo

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) como organismo especializado sectorizado a la Secretaría de Gobernación es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, y en ese sentido, ha venido realizando exitosamente la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, encuesta que se ha constituido como un instrumento de evaluación y planeación de las políticas públicas en ese ramo en toda la administración pública federal.

Adicionalmente, el Conapred se ha venido consolidando como una institución eficiente y con resultados positivos en relación a la prevención y atención de prácticas y costumbres discriminatorias, considerando que la discriminación es considerada un tipo de violencia psicológica y que en muchos de los casos precede a acciones de violencia física, se propone que sea ésta instancia la encargada de realizar el diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, pues ya cuenta con experiencia previa en la realización de este tipo de ejercicios a nivel nacional y podría abordar dicha problemática desde una perspectiva integral e incluyente.

En virtud de la necesidad expuesta de realizar un diagnóstico nacional de este tipo y de que la instancia más idónea para su realización es el Conapred, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Uriel Flores Aguayo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH, para que realice las investigaciones necesarias para regular, detener y, en su caso, sancionar a los responsables de las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la delegación Benito Juárez, Distrito Federal, así como para determinar la existencia de hallazgos de vestigios arqueológicos durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, suscrito por el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Arturo López Cándido, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para hacer un exhorto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que realice las investigaciones necesarias para regular, detener y, en su caso, sancionar, a los responsables de las afectaciones a la obra Cristo crucificado, y de las modificaciones a la estructura de la parroquia Santa Cruz Jerusalén, de la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, así como rescatar los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez número 35, en la colonia San Simón Ticumac, de la misma demarcación, y a realizar los estudios correspondientes para determinar su antigüedad y cultura a que pertenecen, y efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no de hallazgos de vestigios arqueológicos, durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación, en su caso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Durante 2007, en la parroquia Santa Cruz Jerusalén, situada en la avenida Cuauhtémoc número 1316, en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, se han realizado restauraciones y remodelaciones en el edificio parroquial, dicho recinto está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumento nacional, con lo cual el párroco Sergio Oliva viola cualquier ordenamiento por parte de esta institución, la cual debe salvaguardar la arquitectura de la parroquia siendo protegido por otros párrocos ante la exigencia de los vecinos de no modificar la parroquia.

Dentro de las modificaciones se encuentra un Cristo que data del siglo XVI que de igual forma está protegido por el INAH, organismo que en octubre de 2007, en una aparente solución mandó realizar una supervisión determinando las siguientes consideraciones:

Datos generales de la obra:

Titulo: Cristo crucificado.

Técnica: Escultura de pasta de caña policromada.

Época: siglo XVI.

Dimensiones: 210 x 180 x 50 centímetros aproximadamente.

Ubicación de la parroquia: avenida Cuauhtémoc número1316, entre Municipio Libre y Emiliano Zapata, delegación Benito Juárez.

Responsable de la parroquia: presbítero Sergio Oliva.

Persona que atendió la supervisión: señora Luz María Medinilla, quien se presentó como asistente del párroco.

La obra del Cristo crucificado fue intervenida con anterioridad, aunque se desconoce la fecha y materiales utilizados en dicha intervención, obteniendo como resultados perforaciones en varias partes de la obra, así como restauraciones donde se perdieron las grietas, fisuras, etcétera, así como la aplicación de una capa de un material desconocido que ha modificado la intensidad del brillo de la misma obra. Las restauraciones fueron realizadas por la restauradora María Eugenia Meza Juárez, quien fue recomendada por la Comisión de Arte Sacro (Arquitecto Jorge Segovia y presbítero Armando Ruiz) sin la autorización ni licencia de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC)-INAH.

Siendo esta la única intervención por parte del INAH haciendo caso omiso de lo que está sucediendo dentro de la parroquia dañando no solamente esa obra sino la estructura de la misma parroquia así como la historia del pueblo, a la vez de no respetar a los pueblos originarios que se organizan por medio de comités que llegan a acuerdos y que cuidan y protegen la iglesia y el pueblo en general.

Dentro de esta problemática los habitantes del pueblo han realizado varias denuncias de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Procuraduría General de Justicia federal (PGR), respectivamente, en la delegación Benito Juárez, y en la Arquidiócesis Primada de México, para informar y resolver la cuestión a discusión ya que algunas de ellas han olvidado que los pueblos originarios son patrimonio cultural de México, ya que son la base de nuestra historia y por ello no podemos permitir que se extinga por la modernización y globalización.

Las principales violaciones que se han hecho son aquellas que protegen inmuebles de este tipo (en base de la legislación de monumentos del INAH artículos 18, 35, 36) correspondientes al cambio de la fachada, apariencia del campanario y color del monumentos, ranuras en el drenaje y anclado en la cimentación rompiéndose la fachada principal, trabajo realizado a la fecha de la denuncia por más de un año.

Hasta hoy no se ha tenido una intervención clara y objetiva por parte del INAH, que no ha protegido ni detenido la remodelación tanto de la escultura como de las modificaciones que se han hecho a la fachada, salvo una segunda visita por parte de la directora de Conservación e Investigación, quien indica que se cambió al restaurador, ya que la primera hizo un trabajo indebido, y la persona autorizada por el CNCPC-INAH lleva un trabajo de 50 por ciento para intentar dejar en su forma original al Cristo crucificado; con lo cual no se soluciona el conflicto sino da a conocer que ante la presión de los colonos tuvieron que intervenir de manera inmediata sin respetar a los pueblos originarios.

Considerandos

Se enlistan las siguientes anomalías cometidas:

1. La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos dependiente del INAH a cargo del arquitecto Agustín Salgado, alteró el entorno ecológico del monumento.

2. La modificación del templo donde implica que el atrio sea modificado para convertirse en estacionamiento, provocando la destrucción de los altares y nichos, perforación en los monumentos y obras en la fachada principal, todo ello actuando como forma de destrucción de los pueblos originarios así como de las tradiciones del mismo.

3. En completo abuso del poder han desaparecido las lápidas que cubrían los sepulcros que se encontraban en la parte principal, así como se ha procedido a hacer la exhumación de los restos humanos sin la existencia de alguna notificación o permiso para realizarlo, cabe destacar que por lo menos se encontraban ocho generaciones de vecinos del pueblo, los cuales son familias originarias.

4. La modificación en una supuesta “restauración” del Cristo crucificado hecho de pasta de caña, que data del siglo XVI, alteró completamente la originalidad de la obra; de igual forma no se tiene hasta la fecha un documento que avale el permiso de modificación por parte de la CNCPC-INAH y de arte sacro como asegura el párroco.

5. Referente al punto dos donde se indica que el atrio se convirtió en estacionamiento, se tiene en existencia un documento por parte de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento, donde se indica que no se puede utilizar como estacionamiento por representar un uso inadecuado e incompatible con las características de monumento histórico que tiene la parroquia.

Es pertinente señalar que, avalando la inexistencia de una licencia, la licenciada María del Carmen Castro, quien es directora de Conservación e Investigación de la CNCPC-INAH, afirma, mediante oficio, que solamente existe un documento de autorización para los trabajos de restauración a un Cristo, pero el documento avala que es extemporáneo, y la restauración no solamente se hizo a la obra sino al inmueble, lo cual es violatorio a lo que dicta la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y se sancione conforme a la ley a todos los involucrados.

Segundo. Durante 2005 se comenzó con la demolición de un predio ubicado en la calle de Antonio Rodríguez número 35, colindante con la Tercera Privada de la Luz número 6, en la colonia San Simón Ticumac, delegación Benito Juárez, afectando predios colindantes, a lo que vecinos dieron parte a las autoridades correspondientes para detener la construcción, levantamientos de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y quejas ciudadanas en la delegación a lo que esta última ha hecho caso omiso de la situación.

José Tirso Hernández Jiménez, y luego Casa Mía Inmobiliaria SA de CV, aparecían respectivamente como propietarios del predio, realizando en su carácter de constructora, la demolición de una nave industrial, dejando una estructura metálica incrustada en contra de una barda de un vecino causando daños como la aparición de grietas y humedad en pisos, paredes y techos. Este predio quedó en completo abandono dejando los materiales de la demolición en su interior, proliferando con ello la aparición de vegetación y acumulación de basura. El resultado de los trabajos realizados en esa fecha dejó tapados los ductos de drenaje el cual causaba inundaciones en el predio.

En abril de 2010 reiniciaron los trabajos de demolición y excavaciones debajo de la cimentación de la casa aledaña (ubicada en la calle de Tercera Privada de la Luz número 6, colonia San Simón Ticumac, código postal 03660) colocando un muro de cemento anclado a los cimientos y sin contar con las autorizaciones correspondientes así como el permiso de parte del dueño de la casa afectada para realizar esos trabajos, causando daños a los predios colindantes, provocando daños en el interior y dejando al descubierto la cimentación por más de un año; cabe destacar que en este año cambia de propietario a Residencial López Rayón SA de CV.

En abril de 2011, la compañía Renlui Edificaciones SA de CV (Banco Monex) retoma nuevamente los trabajos de excavación a mayor profundidad por lo cual provocan la caída del muro que colocaron con anterioridad. La caída de ese muro ocasionó el accidente a trabajadores, además del agrietamiento de la calle Tercera Privada de la Luz, misma que duro más de un año sin ser reparada por esta constructora, y daños a los predios colindantes. Esta obra de nuevo fue suspendida por los daños causados a los predios colindantes así como a la calle de referencia, dichos daños que causó esta compañía fue el resultado de la impunidad y protección de las autoridades delegaciones, quienes tienen conocimiento de que ya se provocaron tres socavones en esta zona y no los sancionan con la clausura total y definitiva de esta obra.

Esta problemática se dio a conocer en su momento al arquitecto Rigoberto Carmona Roano, director general de Obras y Desarrollo Urbano en 2010, también al entonces delegado licenciado Mario Palacios Acosta, en donde se le solicitan informes de la situación actual del predio antes citado, se les informa también que del accidente suscitado por la caída del muro y los daños que ocasionó a los predios colindantes, la aparición de grietas en la calle de referencia y el riesgo en el que se encuentran los vecinos. Si estos funcionarios hubieran tomado en cuenta estos avisos que se les dieron pudieron haber evitado los accidentes que se han estado presentando por esta obra.

Existe una denuncia por daños a la propiedad desde 2010, la cual a esta fecha no ha sido integrada por la coordinación BJ-4, aun siendo del conocimiento de la fiscalía puesta por los vecinos afectados por la construcción, ante esto no se ha obtenido respuesta para detener dicha obra y no es justificación que con los cambios administrativos no se pueda regular ni detener la construcción; en ese mismo año se evitó, por parte de la constructora, dar aviso al INAH del hallazgo de vestigios arqueológicos debajo de dicho predio, por lo cual no se hicieron evaluaciones ni rescate de las piezas encontradas.

En 2012 los vecinos dieron parte al INAH, para que interviniera el coordinador de Salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentándose a la obra e informando al residente de la obra que se suspenda provisionalmente obra en lo que se aprecia la existencia de material cerámico y lítico en la superficie, dicha visita de verificación corrió a cargo del arqueólogo Gonzalo Emilio Díaz Pérez. Posteriormente se solicitó la intervención del director general de INAH, arqueólogo Manuel Eduardo Pérez Rivas ya que no se estaba respetando la decisión del arqueólogo con respecto a la orden de suspensión provisional de la obra. Dando como resultado el envío de un acta de visita de verificación donde informan de la afectación o destrucción de bienes arqueológicos y la suspensión de la obra, apresar de esto no se les otorgaron las facilidades de realizar el rescate de las piezas arqueológicas, quedando pendiente el informe final y el inventario de lo encontrado y la catalogación de las piezas encontradas y el destino de esa piezas de la obra.

Violando la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un delito grave donde no solamente se está vulnerando a la historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la obligación de salvaguardar este tipo de recintos así como las facultades de sancionar a quien cometa agravios a estos.

Lo que nos lleva al cuestionamiento de si el INAH tiene la obligación de realizar campañas para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artístico por qué se desentiende de la situación considerando que los vestigios encontrados ayudarán a saber con mayor precisión aspectos del Distrito Federal que aun pueden ser desconocidos o, en su caso, fortalecer la información y sobre todo ampliar la cultura mexicana.

Es importante mencionar que este predio en la actualidad representa un inminente riesgo para los predios colindantes, ya que por el tiempo en que se encuentra en el abandono está generando graves problemas, ya que éste se sigue deteriorando día con día por la manera dolosa en la que se conducen para dar solución a esta problemática las autoridades delegacionales, las autoridades ministeriales, y la indiferencia del INAH así como por amenazas y amedrentamientos por parte de gente llevada por la constructora para evitar que los vecinos sigan denunciando.

Considerandos

Las autoridades tanto de la delegación Benito Juárez como del INAH son corresponsables de esta afectación ya que ambos han hecho caso omiso pese a que existen denuncias ante las instancias correspondientes por lo que se enlistan las siguientes arbitrariedades cometidas.

1. Irresponsabilidad de las autoridades de proteger parte de la historia mexicana como lo es el descubrimiento de estos restos y vestigios.

2. Indiferencia por parte de Instituto Nacional de Antropología e Historia ya que no es la primera vez que el INAH evade este tipo de casos.

3. Responsabilizar a la delegación Benito Juárez por no proteger ni la historia, ni a los vecinos de las afectaciones tanto en sus predios como físicas, ya que han tenido amenazas por parte de la constructora.

4. Otorgar permisos de demolición y construcción a una zona arqueológica.

5. Falta de regulación a constructoras otorgándoles cambios de nombres casi cada año.

Dentro de sus facultades que lo obligan a efectuar y actuar al caso antes mencionados son en el artículo 6o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se establece que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del instituto correspondiente. Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan en el reglamento.

Es pertinente comentar que la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos, en el capítulo III, acerca de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en su artículo 28 se dice que “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”; así como en el capítulo VI, de las sanciones, en su artículo 47: “Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos”; mientras que en su artículo 48 se establece que: “al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos”.

En este sentido, si los delitos previstos en esta ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. De esta forma, en el artículo 49 de la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos, establece que “Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos”.

Seguidamente, en el artículo 50 se indica lo siguiente: “Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos”. Artículo 51. “Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos”. Artículo 52. “Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

Su artículo 53 señala: “Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos”. Artículo 54. “A los reincidentes en los delitos tipificados en esta ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor”. Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en toda la república en materia federal.

Por lo tanto se tiene la obligación de hacer una indagatoria con respecto al predio donde se hicieron las excavaciones para deslindar responsabilidades así como para sancionar a quien resulte responsable de los actos que van desde la venta del predio protegido la excavación saqueo e indiferencia de los defensores de nuestra cultura y ejecutores de las leyes que nos rigen.

Tercero. Durante los trabajos de construcción de la línea 7 del metro, fueron halladas infinidades de piezas arqueológicas, describiendo aspectos de tipo azteca, teotihuacano y coyotlatelco; así se tiene constatado y registrado ante el INAH, como ejemplo, se hace del conocimiento a la Subdirección de Salvamento Arqueológico quien efectuara los trabajos de prospección arqueológica en el área de Tacubaya (en las calles Sóstenes Rocha, Parque Lira y Molino del Rey), justo en las inmediaciones del cerro.

Es de todos conocido que la zona de Mixcoac, es una zona arqueológica la cual, según nos han indicado las excavaciones, estuvo habitada desde el horizonte Preclásico (1000 antes de Cristo), por lo que es considerada por obviedad como una zona altamente rica en vestigios arqueológicos, prácticamente apareciendo “a flor de tierra”, pero por desgracia de muchos y en perjuicio del recate de nuestra historia, estos acontecimientos han sido poco atendidos y, en su caso, poco protegidos por las autoridades responsables en la materia.

Ahora bien, las recientes excavaciones efectuadas para la construcción de la línea 12 del metro, resultaron hasta el momento sin un saldo negativo, en cuanto a la destrucción de vestigios arqueológicos o zonas con estas características.

Ante esto, diversos grupos sociales, vecinos e incluso personal que trabajó en la obra, fueron advertidos de poder ofrecer indemnizaciones y reparaciones a calles, camellones, alcantarillados y negocios, por las afectaciones ocasionadas por la construcción, sin embargo, lo conducente a las afectaciones al patrimonio cultural y artístico manifestado en obras y vestigios arqueológicos, hasta ahora ha sido sólo un tema en el olvido.

Decir que no existió ningún vestigio que reportar durante las excavaciones de dicha obra, sin duda sería un argumento poco creíble y considerable para ser investigado, dado que las excavaciones se lograron hacer desde los ocho hasta los veinticinco metros de profundidad y a lo largo de los veinticinco kilómetros de recorrido con los que cuenta, afectando algunas colonias como Portales sur, Miravalle y Ermita, de la delegación Benito Juárez, entre otras.

Con lo anterior, resulta imprescindible efectuar las investigaciones necesarias para determinar el grado de afectación o el rechazo total a las mismas, con las que el gobierno de la Ciudad de México manifieste su opinión al respecto.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su titular, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, para que actúe de forma inmediata en la supervisión, dictamen y, en su caso, sanción a los responsables de las afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes:

a) A la obra del Cristo crucificado y de las modificaciones a la estructura de la parroquia Santa Cruz Jerusalén, de la Colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

b) Supervisar las obras de construcción para evitar algún deterioro, corroborar la existencia y, en su caso, hacer lo procedente para la recuperación de los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez número 35, en la colonia San Simón Ticumac, en esta misma demarcación, y realizar los estudios correspondientes para determinar antigüedad y cultura a los que pertenecen.

c) Efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no de vestigios arqueológicos hallados durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación, en su caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Arturo López Cándido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la ASF, de la SCT y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, con el objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios, asimismo expliquen por cuántos años está otorgada la concesión del tramo carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, suscrito por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación terrestre son arterias indispensables para la comunicación entre ciudades y pueblos, así como para el comercio y transportes de mercancías, por lo que necesariamente deben estar en el mejor estado posible, esta obligación recae de conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, así como construir y conservar los caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.

Esta facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe ser realizada en todas y cada una de las carreteras de jurisdicción federal existentes en el país, ya sea en forma directa o a través de concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Un gran problema que aqueja a mi estado es la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, fue abierta al tránsito el doce de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, y la concesión fue otorgada a la persona moral OCACSA; es una de las tres autopistas privadas que ha operado por más tiempo en México.

En esa concesión, también OCACSA se hizo cargo de la conservación mayor del tramo; luego paso a manos de AUCAL y esta ultima a partir del diecinueve de noviembre del dos mil diez, celebro con la Promotora de Autopistas del Pacifico, SA de CV (PAPSA), contrato de cesión de concesión y derechos litigiosos, mediante el cual la primera otorgo a la segunda la administración del tramo carretero San Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito.

Por su lado, la empresa PAPSA celebró un convenio en términos confidenciales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Tlaxcala, y entre otras cosas, de ese convenio quedo establecido que la concesión es por un periodo de 25 años; llena de grandes conflictos a través de juicios civiles en los que se han reclamado el cierre de dieciocho accesos carreteros irregulares y el pago de perjuicios por más de tres mil millones de pesos.

Otro de los grandes problemas es que es una autopista que los pobladores de diversas comunidades de Tlaxcala han denominado “la autopista de la muerte” y que tiene una distancia de veinte kilómetros, convirtiéndose en una de las más caras del país, ya que actualmente los automovilistas pagan cincuenta y seis pesos solo por costo de peaje de automóvil, esto es, se convierte en un costo de tres pesos por metro cuadrado para transitar en un tramo carretero inseguro con trampas de muertes ubicadas a la altura de Ixtlacuixtla, en el puente de Popocatla, Santa cruz el Porvenir, Tizostoc, Tecoac, San Jorge Tezoquipan, a la altura de las instalaciones de la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Panotla y en la Trinidad Tenexyecac.

De acuerdo con estudios de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, por esa vía circulan diariamente unos veinte tres mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, por lo que al realizar la operación aritmética de cincuenta y seis pesos por veintitrés mil automóviles, da como resultado un millón doscientos veintiocho mil pesos diarios; de suerte que no es posible que se tenga un tramo carretero que no tenga acotamiento y rampas de emergencia.

Por citar una cifra en el mes de enero del año dos mil seis en la autopista de la cual hago referencia, sólo de lo que se tiene registro, hubo cuatro accidentes, y en uno de ellos una persona perdió la vida.

En febrero, cuatro accidentes, perdiendo la vida tres.

En marzo, dos accidentes, resultando lesionadas tres personas graves.

En abril, cuatro accidentes resultando cuatro personas que perdieran la vida.

En mayo uno, perdiendo la vida uno y otro gravemente lesionado.

En junio, seis, resultando dieciséis personas lesionadas mismos que requirieron hospitalización.

En julio, uno, resultando herida una persona.

En agosto, siete accidentes, perdiendo la vida dos personas.

En septiembre, cuatro accidentes, perdiendo la vida cuatro y resultando lesionada una en calidad de grave.

En octubre, dos accidentes, y perdiendo la vida uno y el otro gravemente herido.

En noviembre, seis accidentes, perdiendo la vida tres y herido uno.

Dando un total anual de dieciocho personas muertas y veinte tres heridos, además de los daños a los vehículos y a la propia vía de comunicación, tan solo en el mes de septiembre a noviembre del dos mil doce son más de cinco accidentes ocurridos en la carretera de la muerte, causando nueve muertes y veinticuatro lesionados.

Estos son datos fríos pero no obstante reflejan la peligrosidad de esta vía de comunicación, y la necesidad apremiante de que se tomen las medidas necesarias para hacerla transitable, y sobre todo segura, el adecuado señalamiento de kilómetros recorridos, salidas, pasos, reductores de velocidad y todos los elementos de seguridad para los viajeros que por norma deben cubrir todas las carreteras federales, aun siendo concesionados.

Con tales datos puedo afirmar que es un grave problema la referida “autopista de la muerte”, por ello pido a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública; la Comisión Federal de Competencia, la investigación y revisión del convenio de concesión celebrado con la empresa operadora denominada Promotora de Autopistas del Pacifico, SA de CV (PAPSA), y las entidades públicas involucradas, con objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios así mismo expliquen cuantos años esta otorgada la concesión del tramo carretero que va del tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito y así poner fin a la inseguridad vial de los consumidores que pagan por transitar en esta mal llamada autopista de la muerte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Conaculta, para que rinda un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como para que desarrollo diversas acciones a favor del patrimonio cultural del país, suscrito por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jorge Herrera Delgado, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 1 de enero, el templo de Santa Mónica, en Puebla, sufrió un incendio el cual, para fortuna, no causó daños personales, pero sí daños patrimoniales a un bien nacional. El templo de Santa Mónica, anexo al convento agustino del mismo nombre y construido en el siglo XVII, es una joya del arte virreinal con una rica historia cultural, tanto por los hechos ahí acontecidos como por las piezas de valor artístico y religioso que ahí se guardan. Entre otras cosas, se dice que las religiosas agustinas de Santa Mónica inventaron los chiles en nogada. Lo cierto es que además de monjas refitoleras y de leyendas culinarias, el convento y el templo son parte del patrimonio artístico y cultural de la nación, mismo que debe ser aquilatado y preservado, considerando además su origen y destino como recinto de culto en uso de los fieles.

La intervención expedita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cuyo cargo se encuentra la evaluación de los daños a bienes culturales inmuebles edificados y/o bienes muebles creados antes del siglo XX, permitió que de manera rápida se cuantificaran los daños y se procediese a la restauración de un óleo del siglo XVIII, así como de la urna que contiene la imagen de bulto del Señor de las Maravillas, muy venerado en Puebla, y alguno que otro azulejo que quedó dañado.

Inicialmente se especuló que el incendio había sido provocado por una veladora de las muchísimas que dejan encendidas los fieles; sin embargo, el peritaje estableció que el origen fue un corto circuito. De siempre se sabe que los bienes inmuebles patrimoniales históricos de origen y destino religioso están continuamente en riesgo de incendio por la costumbre -sobre todo en los católicos romanos y ortodoxos- de los fieles de encender velas votivas. En algunos templos se ha recurrido a las luminarias que se encienden mediante dispositivos eléctricos -pero esto no es lo común, dada la tradición ancestral y el significado litúrgico de las velas encendidas- y en templos con gran afluencia, como en la Villa de Guadalupe, se ha recurrido a la instalación de sitios ex profeso para encender velas y veladoras, pero esto es mucho más fácil en templos modernos y la gran mayoría de los recintos religiosos son antiguos.

Sin embargo, no sólo son las ceras lo que provoca incendios. La principal fuente de incendios en recintos religiosos de valor artístico y cultural que forman parte del patrimonio nacional son las instalaciones eléctricas, las que naturalmente fueron introducidas muchos después de la construcción de los templos y su adecuación al voltaje y uso actual es bastante dudoso.

Velas e instalaciones eléctricas defectuosas son una combinación letal que pone en riesgo la seguridad de los fieles así como la preservación de los bienes culturales de origen y destino religioso.

Por lo anterior expuesto, me permito presentar a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país:

1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de Prevención de Robo en Recintos Religiosos, o en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos, que pueda ser accesible vía electrónica o impreso.

2. Establezca un programa específico, en conjunción con la Comisión Federal de Electricidad, para un diagnóstico sobre las instalaciones eléctricas en templos que formen parte del patrimonio cultural de la nación.

3. Solicite a la Comisión Federal de Electricidad la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los recintos religiosos, independientemente de que sean parte del patrimonio federal o propiedad de una determinada asociación religiosa para evitar riesgos de accidentes para los fieles.

4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, explique el incremento adicional que tuvieron los precios de los combustibles en el país, suscrito por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

Indudablemente uno de los temas que genera mayor preocupación a todos los mexicanos es el relacionado con aspectos que afectan directamente a su economía. Tal es el caso de la política que se instrumentará por la nueva administración en materia de precios de los combustibles.

En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se encuentra pendiente y en permanente monitoreo del comportamiento de estas acciones que pudieran afectar los intereses de la sociedad mexicana.

Estamos a favor y así lo hemos manifestado siempre, de mantener un escenario de finanzas públicas sanas y estables, que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento correcto del Estado mexicano. Pero por encima de ello, mantenemos la convicción de velar por las necesidades de la población y por ello, el tema que abordamos en el presente punto de acuerdo es de la mayor relevancia.

En concreto, en días recientes la nueva administración anunció incrementos importantes a los precios de los combustibles, dichos incrementos en los precios son de aproximadamente 33 por ciento mayor, que el último ajuste mensual realizado por la administración anterior, es decir no solo no se continuó con el desliz que se venía dando mes con mes, sino que se éste se incrementó de manera significativa en el inicio de la presente administración.

Lo anterior de entrada, contraviene uno de los principales compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, que era bajar el precio de los combustibles, lo cual genera mucha incertidumbre en el sentido de que si realmente es un compromiso el bajar éstos precios, o únicamente era retórica electorera.

De ser esto último, consideramos en Acción Nacional que con el bienestar de la población no se lucra, y exigimos que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detengan cuanto antes este deslizamiento en los precios de los combustibles, hasta que no se delimite de manera clara y precisa la política que seguirá este gobierno en relación a los precios de los combustibles, para que la población tenga pleno conocimiento sobre qué política se instrumentará y si es cierto o no, el compromiso del actual presidente de bajar los precios de los combustibles.

Al respecto, es oportuno citar algunos cuestionamientos y reflexiones que compañeros congresistas de mi Partido has esgrimido en fechas recientes sobre el tema, lo¿existe alguna razón de emergencia financiera que justificara que el PRI incumpliera su compromiso de campaña? Asimismo, conocer ¿por qué se da un incremento del 33 por ciento en los precios de los combustibles, si se compara con el último ajuste mensual realizado por la administración anterior? También que expliquen ¿si la política de deslizamientos de los precios de los combustibles es o no una política correcta en términos económicos, de justicia social y medioambiental? Y finalmente que se de a conocer a toda la población ¿cuál será la política a seguir por la nueva administración en relación a los precios de los combustibles?

Recordemos que en la década de los noventas, cuando el PRI era gobierno, los incrementos en los precios de los combustibles fueron del orden del 427 por ciento si se compara el precio de 1 peso por litro en 1990, a 5.27 pesos por litro en el año 2000. De manera contrastante, si se hace el mismo ejercicio del año 2001 al 2010, el incremento es de 49 por ciento, muy lejos de los observados en la década de los 90s, solo por citar los dos períodos más recientes comparables en esta materia.

Lo anterior es realmente preocupante para la población dados dichos antecedentes, por lo que en Acción Nacional estaremos vigilantes que no se vuelvan a dichas prácticas, sí que contemos con finanzas sanas, justicia social y cuidado del medioambiente, pero no a costa del sacrificio de los mexicanos, como era en las épocas gobernadas por el PRI del siglo pasado. Pugnamos por conservar dichos principios como se hizo en los gobiernos emanados de Acción Nacional, con responsabilidad, transparencia y honradez.

Finalmente, quiero precisar que con la falta de claridad en la política de precios de los combustibles de la presente administración, se pone en riesgo la estabilidad económica que se ha logrado en los últimos años, y que no por descuidos en materia de política económica o falta de claridad en la misma, pondremos en riesgo el bienestar de la población.

En Acción Nacional decimos con contundencia: No a las viejas prácticas que atentan contra la economía de los mexicanos, no a políticas enfocadas al alza de los precios de los combustibles que el día de mañana se conviertan en severos incrementos recurrentes como se acostumbraba en el siglo pasado. Esas prácticas las pudimos revertir con los gobiernos emanados de Acción Nacional, sí se puede.

Bajo este contexto, en Acción Nacional estamos ciertos de que debemos garantizar y velar por el bienestar de todos los mexicanos, por lo que someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen a esta Soberanía los motivos que propiciaron el incremento en los ajustes mensuales que se habían venido realizando en los precios de los combustibles, así como el impacto en el bienestar de la población derivado del mismo.

Segundo. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que explique a todos los mexicanos cómo se cumplirán los compromisos de campaña, específicamente los relacionados con la reducción de los precios de los combustibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP, para que apliquen los recursos necesarios a favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no reciben el apoyo, suscrito por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1. Como es conocido, durante los años 1942 a 1964 el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno mexicano celebraron acuerdos para la aplicación del llamado Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero, por medio del cual cientos de miles de mexicanos fueron contratados y prestaron sus servicios laborales en Estados Unidos de América.

2. Como parte de los acuerdos binacionales, los patrones norteamericanos les realizaban descuentos periódicos del 10 por ciento en su salarios con el fin de constituir un fondo de ahorro como respaldo para el retorno a nuestro país; recursos que fueron entregados puntualmente al gobierno mexicano.

3. Sin embargo, todos los recursos retenidos a los braceros desaparecieron durante la burocrática y corrupta extinción de diversas instituciones bancarias que realizaron los gobiernos posteriores al retorno de los ex braceros.

4. Ante la desaparición de los fondos y como un mínimo acto de justicia social hacia los trabajadores braceros, el 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

5. El 29 de septiembre de 2005, se celebró el contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria. Dicho Contrato dio origen al denominado “Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)”.

6. El 27 de octubre de 2005, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, en el Diario Oficial de la Federación. En tales Reglas de Operación se estableció que la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso sería la Secretaría de Gobernación (Segob).

7. A partir de entonces, año con año, en los presupuestos anuales se asignaron recursos para ir realizando el pago mínimo estipulado a los ex braceros de 38 mil pesos.

8. Para el año de 2012 la cifra asignada en el Presupuesto de Egresos para los ex braceros fue de 3 mil 816 millones de pesos.

9. Resulta inadmisible que con la llegada de un nuevo gobierno y a pesar de que aún quedan pendientes miles de ex braceros o sus beneficiarios de recibir el limitado recurso que se les otorga, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se haya suprimido la partida, que año con año se contiene en el ramo 04 “Gobernación”, bajo el rubro “Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”.

10. Es importante recordar que el 29 de junio de 2009, el Ejecutivo Federal, tomó la decisión de pagar a los trabajadores migrantes braceros o sus beneficiarios el importe de 38 mil pesos, en exhibiciones parciales anuales, pagando sólo 4 mil pesos, de inicio y los restantes 34 mil pesos a plazos durante 10 años. Sin embargo, esta decisión pareció desproporcionada ante las demandas y necesidades de los ex braceros y sus familias, por eso los diputados de la LXI Legislatura modificaron el artículo 5o., fracción II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalando que el Comité Técnico:

“Debe elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición”...

De esa manera, el gobierno federal quedó obligado a liquidar esos pagos en una exhibición, en un plazo de 90 días.

Pero nos encontramos ante un problema social donde el recurso no llega a los beneficiarios, los titulares son personas mayores de 85 o más años, y están muriendo, y su apoyo social no les llega.

Sin embargo, actualmente se siguen presentando problemas de diversa índole que han hecho imposible el cobro de la cantidad acordada por la totalidad de los beneficiarios, algunos de ellos son:

• Un cúmulo de problemas de cobro derivados de la diferencia en nombres de los ex braceros.

• Muchos ex trabajadores cuentan con documentos probatorios, pero por diversos motivos no pudieron inscribirse en el programa de apoyo social.

A la fecha un sin número de ex trabajadores no han podido cobrar la totalidad del apoyo.

11. Con fecha 21 de diciembre del año 2012, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa presentó oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, solicitando una mesa de trabajo con las Secretarias de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, para dar solución a los trabajadores migrantes braceros que no han recibido su apoyo social, así como aquellos que quedaron fuera del registro de beneficiarios y cuentan con documentos que acreditan su legitimo derecho.

12. Por lo señalado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita que se le asignen los recursos necesarios para finiquitar esta deuda que no sólo es legal, sino también moral, para estos trabajadores y sus familias. Solicitamos que para cubrir este apoyo ordenado por el decreto de la materia, las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público busquen los mecanismos para que al efecto se destinen para el 2013, un mínimo de mil 200 millones de pesos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretaría de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que acuerden los mecanismos legales necesarios, para que se destinen a la brevedad un mínimo de mil 200 millones de pesos a favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no han recibido el apoyo económico de 38 mil pesos, en cumplimiento a lo ordenado por el decreto que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se integre una Mesa de Trabajo conformada por diputados representantes de cada Grupo Parlamentario y dicho órgano invite a integrarse a tal mesa a representantes oficiales de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dar seguimiento al pago efectivo a los trabajadores migrantes braceros (de 1942 a 1964) que quedan pendientes de pago y se analice la posibilidad de abrir nuevas mesas receptoras para inscribir a los trabajadores que no pudieron registrarse por causas ajenas a ellos y se les otorgue la compensación correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2013.

Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de Coahuila y Durango, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace algunos años, referirnos a la Comarca Lagunera era hablar de una tierra de oportunidades, en la que se vivía en paz y armonía, región pujante habitada por gente que con trabajo y tesón prosperaba con una clase naciente de empresarios, comerciantes, trabajadores y clases medias que distinguía a esta región al norte de México.

Esta región, de gente progresista y trabajadora, enfrenta desde hace años, y en mayor medida en los últimos siete años el resultado de un modelo de ataque al crimen organizado rebasado por la realidad, que se mezcla con la corrupción, negligencia e irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales.

En el caso de Coahuila al concluir su periodo de gobierno Enrique Martínez y Martínez (1999- 2005) la entidad tenía prácticamente cero deuda pública y en el ámbito de la seguridad y la gobernabilidad era el estado más seguro del norte de México con cero secuestros.

En diciembre del año 2005, Coahuila sufre dos grandes tragedias, es el inicio de la administración estatal más corrupta de la historia, que encabezó Humberto Moreira y coincidentemente arriban al estado grupos criminales cuyas actividades delictivas trastocan la paz, tranquilidad y seguridad necesarias para el desarrollo de una comunidad.

Desde entonces, la inseguridad en la Laguna no ha parado de crecer. Cuando parece hemos visto todo, la cruda realidad y las estadísticas nos demuestran que, mientras no existan diagnósticos acertados y estrategias adecuadas, siempre se puede estar peor. Al día de hoy, la mayoría de la población de esta otrora pujante región vive con profundo temor de ser víctima de forma directa o indirecta de la delincuencia.

De acuerdo con cifras oficiales, en el año 2007, se cometieron 87 asesinatos en la zona conurbada de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, 22 más que los ocurridos en 2006. Desde entonces, la cifra anual se ha incrementado exponencialmente, en 2008 se registraron 205 homicidios; en 2009 ocurrieron 460; en 2010 fueron 799; en 2011 mataron a 995 personas, y en 2012, los asesinatos superaron la cifra de mil homicidios.

Si alguna expectativa de mejora en razón del cambio de gobierno se tenía, hoy los ciudadanos de la laguna se encuentran en franca desesperanza, no es solo el incremento en el número de homicidios violentos, sino la forma en que estos se han venido cometiendo y la evidente incapacidad del Estado de proporcionar la mínima seguridad necesaria para que los habitantes de una de las regiones más importantes del país.

Hoy, la comarca lagunera enfrenta un grave problema de ingobernabilidad e inseguridad pública que la convierten en estos momentos en la nueva región de mayor violencia criminal en el país, que se vio incrementada a raíz de la estrategia fallida de Calderón contra el narcotráfico.

En innumerables ocasiones hemos insistido en la errática estrategia contra el narcotráfico implementada por el Ejecutivo federal el sexenio que acaba de concluir por su obcecada necedad de hacer una guerra sin inteligencia, ni planeación, sin haber depurado las fuerzas de seguridad pública, por ubicar a las fuerzas armadas en tareas policiales, y no atacar el problema del narcotráfico y las drogas de manera integral.

Aún vivimos los daños, resultado de esta guerra cruenta, que sigue causando muerte y regando sangre, a lo largo y ancho del país.

El Estado mexicano no está cumpliendo con una de las tareas que son su razón de ser que es garantizar la seguridad de sus habitantes. La ciudadanía no puede esperar a que lleguen las grandes estrategias de seguridad, se debe actuar urgentemente para controlar la violencia generalizada que se vive en el país, particularmente en zonas, como la de la Comarca Lagunera, en la que se ha visto recrudecida durante el último mes.

El anuncio de una nueva estrategia nacional de seguridad, que no tiene plazos ni responsables establecidos, cambios a la estructura orgánica de las áreas responsables de la seguridad al transferirlas a la Secretaría de Gobernación y el no claro papel que deben desarrollar las fuerzas armadas, están dejando lugar para que la violencia se recrudezca y los territorios se disputen ferozmente.

Los datos de muertes y ejecuciones durante el mes de diciembre confirman que la violencia lejos de disminuir está aumentando, y es precisamente en regiones como la Lagunera en las que los índices han repuntado con mayores decesos y eventos más sanguinarios.

Coahuila durante el primer mes de gobierno de Enrique Peña Nieto se ha convertido en el segundo estado más violentó del país, luego de Chihuahua y al superar en casi el triple de casos a Guerrero, que ocupó esa posición prácticamente a lo largo de todo 2012.

Este inicio de año para la Laguna ha sido sumamente sangriento. En lo que va de enero, en Torreón se han registrado 14 homicidios en hechos violentos de ataques a centros nocturnos, 9 de ellos en menos de 24 horas, el pasado fin de semana.

Mientras que en Durango, el 18 de diciembre se registró un motín en el Cereso de Gómez Palacio que costó la vida de 14 reos y 9 internos. A lo largo del 2012 se contabilizaron 375 muertes violentas en Gómez Palacio, siendo el municipio con más decesos en dicho período. La segunda posición fue para Durango capital con 334 muertes, seguido de Lerdo con 98, Santiago Papasquiaro con 76, Pueblo Nuevo con 41 y Mezquital con 37.

A pesar que se han implementado diversas medidas como el llamado plan Laguna Segura, o la designación de una coordinación policial única recayendo dicho mando en el Jefe de la XI Región militar, es evidente que dichas medidas han fracasado estrepitosamente, por lo que resulta urgente que la Secretaría de Gobernación con base en las nuevas facultades otorgadas por esta Legislatura, se avoque de manera puntal y decidida a presentar un paquete de medidas que permitan a los laguneros a recobrar la tranquilidad, seguridad y paz social a que tienen derecho.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de Estados Unidos de América, para que impulse iniciativas a fin de que los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, implementen un mecanismo para que toda arma de fuego sea objeto de un registro balístico, suscrito por la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita senadora Marcela Guerra Castillo en nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, 123, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 159, 171, 172, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Dentro del lenguaje diplomático, las llamadas armas pequeñas y ligeras (armas de fuego) causan grandes estragos en el mundo, tanto en las zonas de conflicto como en aquéllas que gozan de una paz aparente. Los recientes hechos acontecidos en Newtown, Connecticut no son más que un ejemplo de ello y lamentablemente México no es la excepción, al grado de que la violencia derivada de este fenómeno es cada vez más preocupante. Al respecto, cabe señalar que el gobierno mexicano ha realizado diversas acciones para combatir este problema y ha podido asegurar más de 85 mil armas.

Persiste la idea en la opinión pública y en amplios sectores del gobierno mexicano, de que el gobierno de Estados Unidos de América no está haciendo los esfuerzos necesarios para reducir al máximo posible el tráfico de armas hacia México, el cual tiene lugar en volúmenes alarmantes a través de la frontera común y las circunstancias parecen confirmar la imposibilidad del gobierno mexicano para controlar el flujo de armas en esa franja limítrofe.

Si bien cada país es soberano para establecer sus propias leyes, es indiscutible que existe una responsabilidad sobre los efectos que dicho tráfico de armas implica en países vecinos, especialmente cuando éste se realiza de manera ilegal.

Las características del comercio de armas en la frontera y los hechos ocurridos al interior de Estados Unidos de América son incompatibles con la letra y el espíritu que sustentan la libertad de los individuos de portar armas para su defensa conforme a la Segunda Enmienda.

Cabe recordar al respecto que actualmente en Estados Unidos de América rige una legislación que prohíbe la exportación de armas de ese país hacia terceros países, en los cuales dichas armas no sean lícitas. Asimismo, debe mencionarse que es del mayor interés para nuestro país, que las autoridades estadounidenses correspondientes, consideren la posibilidad de restablecer la prohibición de la venta de armas de asalto, ya que se ha podido identificar una relación causal entre el momento en que expiró esa prohibición y un incremento en el nivel de criminalidad en México.

El informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, estima en 20 millones de dólares el valor de las armas que son traficadas del norte al sur, por lo que resulta evidente que en ambos países deben implementarse las iniciativas que resulten adecuadas para la reducción efectiva del tráfico y para el mayor control de las armas, conforme a lo establecido en el Tercer Protocolo Adicional de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado.

El tráfico de armas en la frontera norte, en la mayoría de los casos es un tráfico hormiga, ya que no se requiere necesariamente de la adquisición de grandes cantidades para producir daños importantes como los que se han registrado en nuestro país, por lo que resulta fundamental que tanto los Estados Unidos de América, como país de origen del mercado de armas estadounidense, así como los demás países en los que se producen y se comercializan las armas usadas por los grupos delictivos mexicanos, se comprometan a cumplir los acuerdos internacionales para combatir el crimen organizado.

México ha sido en todo momento un país que se ha esforzado en proporcionar la información que le requieren los organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, se mantiene abierto al intercambio de información y a tomar en cuenta las recomendaciones que puedan mejorar o enriquecer su capacidad de actuación y de respuesta a este gran flagelo que implica el trasiego de armas del que se vale la delincuencia organizada para causar tanto daño a la sociedad mexicana.

De manera recíproca, nuestra nación espera que otras naciones, u otras organizaciones, respondan a su interés de conocer la magnitud del mercado de armas, especialmente de aquéllas ventas hormiga qué puedan convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad de nuestros ciudadanos.

En este sentido, no se debe de hacer responsable exclusivamente a México de su incapacidad de controlar la frontera, ya que las autoridades estadounidenses cuentan con los elementos necesarios para elaborar, desde su territorio, con los esfuerzos de nuestro país para evitar que ingresen las armas de fuego mencionadas. Al respecto debe considerarse la posibilidad de celebrar un acuerdo para que en los Estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de salir a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, se pueda saber con precisión, el nombre de quién la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño.

Lo anterior, toda vez que las pruebas de balística son elemento concluyente para la identificación de un arma, por lo que con la implantación de este procedimiento, las autoridades estadounidenses podrán compartir con sus pares mexicanos dicha información contando así con la posibilidad de perseguir a quienes compran armas para después venderlas a los grupos criminales y de la delincuencia organizada.

Por lo expuesto, solicitamos a esta asamblea sea aprobado de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Senado de Estados Unidos de América a identificar e impulsar iniciativas a fin de que en los estados estadounidenses de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de conformidad con las reservas introducidas por Estados Unidos de América a la Convención de Palermo, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, se pueda saber con precisión el nombre de quién la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño y para que dicha información sea proporcionada de manera oportuna al gobierno de México, en el marco de aplicabilidad de los principios contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México y de la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de América, así como de los acuerdos de cooperación establecidos entre ambos países en materia de lucha contra el tráfico de drogas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senadores Marcela Guerra Castillo, Teófilo Torres Corzo, José Francisco Yunes Zorrilla, Alejandro Tello Cristerna, Manuel Humberto Cota Jiménez, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Manuel Cavazos Lerma, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason, María Lucero Saldaña Pérez, Ernesto Gándara Camou, José Ascención Orihuela Bárcenas, Omar Fayad Meneses, David Penchyna Grub, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, María Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Víctor Manuel Camacho Solís, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Pablo Escudero Morales, Ninfa Salinas Sada, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Veracruz, así como a la PGR, para que inicien una investigación por la posible comisión de delitos en contra de la diputada Leticia López Landero y del senador Fernando Yunes Márquez y, en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 7 de enero de 2013, suscrito por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la república de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Partamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a la Procuraduría General de la República, a iniciar una investigación por la posible comisión de delitos contra la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez, y en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el pasado 7 de enero del 2013, con arreglo a las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 7 de enero, en un conocido café de la ciudad de Córdoba, Veracruz, un servidor, la diputada federal Leticia López Landero, un grupo de colaboradores y miembros de la prensa local fuimos agredidos y privados de nuestra libertad por más de dos horas.

En un acto totalmente premeditado por órdenes del gobierno de Veracruz, un grupo de 150 personas, en su mayoría mujeres, lideradas por una mujer de nombre Ofelia Raigosa, a la que se le conoce como La Jarochita y que está plenamente identificada por ser líder de diversos seccionales del PRI en Córdoba, fueron enviadas al lugar donde nos encontrábamos para dar una conferencia de prensa conjunta, ejerciendo nuestro pleno derecho a la libertad de expresión, a alterar la paz del lugar, molestar a los comensales y lanzar agresiones verbales y físicas contra nosotros. Supuestamente dirigían una serie de protestas, que ni siquiera eran contra un servidor, pero lo que realmente estaban haciendo, era lanzar cualquier tipo de improperios y agresiones contra nosotros, poniendo en serio riesgo la integridad física de los que estaban presentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 113 señala de manera clara y específica, que los servidores públicos tienen la obligación de actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, de lo contrario se tendrán que atener a lo que las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos señalan. Es decir, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el gobierno de Veracruz son directamente responsable de la comisión de delitos que el día de ayer se cometieron con los hechos anteriormente descritos, y en consecuencia, deben ser investigados y sancionados conforme a la legislación vigente.

Como ciudadano, y en representación de los demás afectados, no puedo aceptar de ninguna forma, la manera de actuar del gobierno represor que encabeza el ciudadano Javier Duarte de Ochoa. No es la primera vez que suceden actos de represión, en los que se busca amedrentar y callar las voces que no concuerdan con su forma de pensar. Es de todos conocido las acciones que ha emprendido el gobierno estatal contra los veracruzanos que piensan diferente, aplastando los derechos de los ciudadanos que en forma pacífica se han manifestado en contra del gobierno. No podemos olvidar que fue él quien envió a la cárcel a dos personas que por medio de la red social Twitter, colocaron mensajes que espantaron a la comunidad, aplastando así. sus derechos fundamentales y encarcelándolos por más de un mes, sin delito que perseguir, para posteriormente mandar a reformar el Código Penal a su favor, y ordenar dejarlos libres. Con este tipo de hechos, el estado de derecho en Veracruz está verdaderamente en riesgo.

El gobierno de dicha entidad está actuando de forma represora, eliminando, mediante el uso de prácticas ilegales, los derechos civiles y políticos de quienes opinamos en contra. Es urgente que recapacite su actuar y respete las voces que no concuerdan con su forma de pensar.

El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto, en cadena nacional, convocó a la unidad nacional y al trabajo conjunto para sacar adelante al país. Asimismo, el Pacto por México, en su párrafo primero y segundo señala: México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas políticas representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el mandato de representarlos. En las cámaras del Congreso de la Unión, en las entidades federativas y los municipios, así como en el Poder Ejecutivo federal se expresa la diversidad que debe ser reconocida por todos. Hoy, ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su propia visión ni un programa único.

Es decir, el Pacto llama a la civilidad y unidad de todos los actores políticos, a que todos entendamos que México es de todos, y en este caso que Veracruz es de los veracruzanos. Lo que está haciendo el Ejecutivo estatal es todo lo contrario.

Lo más preocupante es que este es el México que prevalece en la actualidad, el que poco se ve, el que poco se escucha, del que poco se habla. Todos los días en diversas entidades del país, los ciudadanos son afectados en sus derechos más básicos, como la libertad de expresión, de tránsito, de manifestación, entre otros.

En muchos estados, los gobernadores actúan con absoluta impunidad, y tienen sometidos a los Poderes Judicial y Legislativo, que con solo una orden del Ejecutivo, actúan en consecuencia.

Es inconcebible que mientras a nive1 federal se avance en los acuerdos en beneficio de México, en entidades como Veracruz, el gobierno se utilice para otro tipo de cosas que no sea gobernar.

El día de ayer, representantes del Ejecutivo Estatal deslindaron al gobierno como autor intelectual de los lamentables hechos descritos en el presente Punto de Acuerdo, sin embargo no emitieron una sola opinión respecto a la obligada investigación de los delitos que se cometieron. Si no fue et gobierno Estatal quien envió al grupo de personas a agredir a las personas presentes en dicho lugar, entonces porqué no han ordenado a la Procuraduría General de Justicia investigar la comisión de diversos delitos perpetrados contra nuestra integridad física.

El gobierno debe garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos e investigar los presuntos delitos cometidos el pasado día lunes, en caso contrario, estaría de igual forma, cometiendo el delito de “incumplimiento del deber legal” establecido en el Código Penal de Veracruz vigente.

Lo que sucedió ayer no fue en lo absoluto, un ejercicio del derecho constitucional de la libre manifestación; sino que las personas que acudieron a lanzar cualquier tipo de ofensa, fueron enviadas, con órdenes precisas, para agredir de forma verbal y física a quienes sí ejercíamos nuestro derecho de libertad de expresión.

Lo más preocupante es observar que si servidores públicos, como la diputada federal y el suscrito, no cuentan con la mínima garantía de seguridad, siendo que representamos a los veracruzanos y a la entidad, no puedo imaginarme las nulas garantías con que cuentan los ciudadanos que día a día luchan por tener a un mejor México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente pronunciamiento con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena los hechos y formula el más severo extrañamiento al gobierno del estado de Veracruz por las agresiones de que fueron víctimas los legisladores federales, diputada Leticia López Landeros y senador Fernando Yunes Márquez el pasado 7 de enero del presente año en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Veracruz que se integre la investigación ministerial derivada de las denuncias ya interpuestas por la posible comisión de delitos en contra de los legisladores, y se sancione tanto a los autores intelectuales, funcionarios del gobierno estatal y municipal de Córdoba, como a los autores materiales que se encuentran plenamente identificados.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente a la Procuraduría General de la República que se inicie de oficio una averiguación previa sobre estos hechos, toda vez que fueron cometidos en contra de servidores públicos federales.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobierno del estado de Veracruz, para que garantice a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos, en particular, de quienes representan en el honorable Congreso de la Unión a los ciudadanos de esa entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y militares, a reforzar la seguridad pública en Morelos, ante el alza de eventos delictivos; asimismo, se exhorta al gobernador de dicho estado, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la SSP e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos en todos los procedimientos públicos, suscrito por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito, senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, en su fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, en su fracción II, y en los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se exhorta a las autoridades federales y militares a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos ante el alza de eventos delictivos, y al gobernador constitucional de la entidad para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública e instruir a las dependencias a su cargo, para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos, en todos los procedimientos públicos, particularmente en materia de seguridad pública y procuración de justicia, con base en las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho es la razón de ser de la civilidad y la vida en sociedad, donde todo gobierno esta compelido a ser exhaustivo en las tareas que implican la prevención, persecución y ejecución de toda conducta antisocial.

Particularmente el estado de Morelos, ha sido acosado con el lastre de la delincuencia por muchos años, durante el sexenio de Jorge Carrillo Olea, en la sociedad surgió la necesidad de organizarse para protestar enérgicamente contra el delito del secuestro que aquejó a todas las familias, siendo responsables las principales autoridades encargadas de la procuración de justicia lo que provocó la licencia del entonces gobernador constitucional.

Durante el sexenio pasado, nuestra tierra se vistió nuevamente de sangre y desolación, solamente en el año del 2011, se iniciaron 159 carpetas de investigación para una cifra de 211 ejecutados, las cuales no han prosperado en su investigación a la fecha, donde murieron 180 hombres, 7 mujeres, 11 menores de edad, y 13 víctimas más, que por las condiciones en que se encontraban al momento de su levantamiento de cadáver, no se pudo determinar si son hombres o mujeres, lo cual nos indica el nivel de sadismo y la problemática a la que ha llegado el homicidio en Morelos.

Para el año del 2012, fueron 343 ejecutados, de los cuales 85 son de la administración de Graco Luis Ramírez Abreu, 77 hombres, 3 mujeres, 2 menores, 3 servidores públicos, incluso donde muere un policía en el mes de diciembre del 2012, más 9 homicidios más en 7 días del mes de enero del 2013, para sumar 92 homicidios impunes, en la administración del actual Gobernador.

Por otra parte, no es admisible que el comándate de la vigésima cuarta zona militar, el general de Brigada del Estado Mayor Édgar Luis Villegas Meléndez, ante una llamada de auxilio del suscrito, senador de la república, diga que no le importa mi integridad física, que es un problema de las autoridades locales, por lo que si un integrante del Ejército Mexicano, considera que la integridad de las personas no es su problema, y si eso le contesta a un senador de la república qué le podrá importar un ciudadano común y corriente, sostenemos ante esto la tesis que el ejército debe regresar a los cuarteles a cumplir con las facultades que estrictamente le otorga la constitución.

Las autoridades locales están completamente rebasadas, el gobierno del estado tomó una desafortunada decisión al poner como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a la señora Alicia Vázquez Luna, que además de su ignorancia supina en la materia, carece de la experiencia y criterio para la prevención del delito y de los principios más elementales y sentido común para implementar acciones que paren esta ola de sangre, dolor y desolación de Morelos, muestra de ello son las estadísticas criminales, por lo que prácticamente esta Secretaría se encuentra acéfala.

La procuración de justicia se ha agazapado, generando la más completa impunidad contra el delito, la sociedad ha perdido por completo la confianza desde hace muchos años en las autoridades de procuración y administración de justicia, el nuevo modelo de justicia oral, ha sido desprestigiado y desatendido por malos operadores, con la corresponsabilidad de todos los mandos de la Procuraduría y la mínima ética de los fiscales; la falta de conocimientos y criterio de algunos jueces de control y algunos jueces orales, incluso de algunos magistrados que prefieren confirmar sentencias absurdas y en el peor de los casos, prefieren revocar sentencias absolutorias, para qué sea la justicia federal la que en la competencia del juicio constitucional de derechos humanos y sus garantías, se haga valer la casi desaparecida "presunción de inocencia"; un acusado por estos vicios obtendrá su libertad después de uno o dos años de procedimientos, habiéndose mantenido privado de su libertad a disposición de las autoridades.

Muestra de la falta de responsabilidad de quienes ejercen la procuración de justicia es el boletín de prensa número 2, de fecha 7 de enero del 2013, donde la autoridad investigadora, pone en riesgo la integridad de las personas y sus familias, al señalarnos públicamente como testigos de un homicidio acaecido en el municipio de Amacuzac Morelos, donde la autoridad pone de conocimiento público que se citará al senador Fidel Demédicis Hidalgo y al presidente municipal, como testigos del asesinato de un director de Seguridad Pública Municipal y su escolta, poniéndonos en riesgo innecesario, por lo que hago responsable al procurador general de Justicia del estado de Morelos y al gobernador constitucional Graco Luis Ramírez Abreu, como titular del gobierno del estado, de mi integridad personal y la de mi familia, y de la integridad del presidente municipal de Amacuzac y de su familia.

De manera extrema hemos llegado al absurdo de vivir atemorizados en nuestra misma tierra, limitándonos en el ejercicio de nuestros derechos, poniendo rejas en nuestras casas y centros de trabajo, cuando las rejas deben tenerlas en la prisión quienes desprecian a la sociedad y delinquen impunemente. La gente de Morelos, no se merece seguir en un clima de hostilidad y delincuencia, por lo que hacemos este exhorto para que las autoridades federales y militares atiendan esta urgencia imperiosa, no podemos descuidar nuestras instituciones y arriesgarnos a que se llegue a la problemática superior de ingobernabilidad y anarquía.

Se hace un llamado a las autoridades federales y militares para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, actúen a favor de los habitantes, transeúntes y turistas del estado de Morelos, con las acciones preventivas y ejecutivas que la ley les otorga, para preservar la paz y tranquilidad social de la mencionada entidad.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos de urgente resolución, la consideración de esta Honorable Asamblea, para la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales y militares para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias implementen las acciones y medidas necesarias para preservar la paz y seguridad en el estado de Morelos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de Morelos a preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar designaciones e instruir a las dependencias a su cargo, para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en los procedimientos públicos, particularmente en materia de seguridad pública, y en las carpetas de investigación donde debe cuidarse particularmente la integridad de las víctimas, ofendidos y testigos en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Profepa, a la Conagua, a la Conafor y a la Conapred, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México, suscrito por el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa y Eduardo Roman Quian Alcocer, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el ser humano ha ocasionado diferentes fenómenos que inciden en el equilibro natural y representan un ataque al medio ambiente: el exceso en la producción de basura, las altas emisiones de dióxido de carbono al aire, la emisión de fluidos altamente contaminantes a ríos y mares, entre otras, son manifestaciones de la acción nociva del hombre sobre su entorno. No obstante, al lado de estas acciones negativas que son evidentes y fácilmente medibles, existen otras que por intención o descuido, también modifican los ciclos naturales y la composición de los ecosistemas, pero son menos perceptibles.

En ese sentido, la introducción de especies invasoras es una de más grandes amenazas a la biodiversidad. El libre comercio ocasionado por la globalización, el crecimiento del turismo y las actividades comerciales, la deficiencia en las prácticas aduaneras y de sanidad, la falta de prevención y de una normatividad efectiva, así como los nuevos adelantos científicos en biología que no se conducen con el cuidado necesario, son factores que facilitan la aparición de una especie invasora, entendiendo por tal a “aquella que existe fuera de su distribución normal y actúa como agente de cambio, convirtiéndose en una amenaza para la diversidad biológica nativa y sus ecosistemas.”1

La introducción accidental o intencional de especies invasoras es un daño de gran magnitud a nuestros ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, porque causan efectos negativos que muchas veces pueden ser irreversibles como cambios en la composición de las especies y en la estructura trófica, pérdida de la biodiversidad, desaparición de organismos endémicos, desplazamiento de especies nativas, transmisión de una gran variedad de enfermedades, fragmentación y perturbación de los hábitats, variaciones climáticas y reducción de la diversidad genética, entre otros. El costo es enorme tanto en términos ecológicos, como sociales y económicos.

En el caso de los ecosistemas acuáticos, las rutas de invasión en áreas costeras se da principalmente mediante el agua de lastre que los barcos recogen en los puertos extranjeros y que descargan como un inoculador viviente en las playas de México, las acciones que intentan generar mayores oportunidades para los pescadores mediante la introducción de especies nuevas a hábitats que les son ajenos, la liberación de animales de acuario que los particulares, quizá con buena intención, liberan en ambientes naturales, así como el escape accidental de animales cautivos en acuarios y laboratorios de investigación. En nuestro país tenemos muchos ejemplos de los estragos que han causado estos organismos invasores, pero quiero referirme al concreto de los peces, por ser un tema que en los últimos días ha cobrado relevancia a partir de diversas afectaciones a las comunidades de pescadores.

La presa de Infiernillo, ubicada en el cauce del río Balsas entre los límites de los estados de Guerrero y Michoacán, ha sido testigo del cambio abrupto de un ecosistema por la introducción de especies invasoras. Su construcción arrancó en 1962 y comenzó a funcionar en 1964. En un principio era habitada por diversas especies nativas, aunque posteriormente mediante una adecuada planeación se introdujeron 4 especies de carpa y 4 especies de tilapia. Esto redundó en una bonanza de la pescadería de agua dulce, que llegó a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas de tilapias y carpas al año, sobrepasando con ello las ganancias de las actividades agrícolas en la región. Sin embargo, la aparición del pez diablo también conocido como pleco en la cuenca del Balsas en 1995 (actualmente existen varias especies en el país dos o más Hypostomus spp., cuatro o más Pterygoplitchthys ssp. y otras aún no confirmadas), impactó severamente esta actividad económica.

Diversas particularidades de su fisiología, morfología y de su comportamiento acentúan su papel como depredador letal y resaltan su potencial invasivo: un comportamiento de anidación que junto con sus hábitos nocturnos los hacen imperceptibles, una reproducción precoz y con una alta tasa reproductiva, así como el cuidado parental que resulta en una alta supervivencia larval; el desarrollo de escamas con fuertes espinas y placas óseas que deriva en la escasez de depredadores naturales; su alta territorialidad y agresividad; su extrema adaptabilidad les permite ver en condiciones de baja luminosidad, con ello pueden oscurecer sus ojos voluntariamente para camuflarse y evitar a sus predadores, además de que pueden resistir condiciones de hipoxia y desecación durante varios días.

Los peces diablo desplazan a otras especies de diversas formas, entre las que destacan la ingestión incidental de sus huevos y la competencia por algas y detritus. Aunque es posible que también sean portadores de enfermedades y parásitos. Por otra parte, cuando se alimentan dañan o arrancan la vegetación nativa, la cual a menudo es utilizada como fuente de alimento, sitio de anidación o refugio de especies endémicas. Para 2007, entre 70 y 80 por ciento de la captura de tilapia había sido sustituida por al menos tres especies de plecos y algunos probables híbridos, lo que significa pérdidas por un monto aproximado de 36 millones de pesos al año, y un costo social importante al dejar desempleados o subempleados a 3 mil 600 pescadores, y que junto con sus familias suman 46 mil personas.

Otro pez invasor que ha causado daños a los ecosistemas nacionales es el Pez León (Pterois Volitans), una especie grande originaria de los arrecifes del océano Índico y Pacífico occidental, que puede llegar a alcanzar los 38 centímetros y pesar mil 200 gramos. Se distinguen por su instinto territorial que los provoca a nadar rápidamente hacia su potencial agresor para herirlo con sus espinas (Myers, 1991). Su coloración le permite pasar fácilmente desapercibido, representando un riesgo para los buzos o nadadores. Todas las espinas del Pez León son venenosas y su picadura, aunque es relativamente indolora al principio, es extremadamente dolorosa después de un rato, dependiendo del veneno recibido. Los síntomas pueden incluir inflamación, enrojecimiento, sangrado, nauseas, entumecimiento, dolor de articulaciones, ansiedad, cefalea, confusión, mareo, parálisis o convulsiones (Halstead y Courville, 1970).

Su liberación al medio natural, en forma accidental o voluntaria, tuvo lugar en Florida en 1992. Desde entonces, en forma imprevista el Pez León ingresó en las aguas del Golfo de México y se convirtió en una amenaza para la región. De acuerdo con datos de prensa, su primer avistamiento en México fue en playas de Cozumel en 2009, pero rápidamente el depredador se extendió a todo el litoral de Quintana Roo y para diciembre de ese mismo año se le ubicó al norte de la península de Yucatán. Cooperativistas locales y pescadores de Playa del Carmen se han quejado de que la presencia del Pez León en estas playas ha impactado de manera significativa la ya de por sí baja producción pesquera de la entidad.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) los niveles para determinar el grado de invasión de una especie son cuatro: temprana, inicial, media y avanzada. Expertos del Departamento de Biología Marina del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Yucatán, aseguran que en el Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes, área natural protegida incorporada en 2006 a la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB), los niveles se encuentran en su máximo nivel. En días recientes, se ha reportado que el Pez León ha llegado hasta Tuxpan, Veracruz.

Otro ejemplo, es el de los peces cebra (Danio Rerio, ciprínido emparentado con las carpas y los barbos) originarios del sureste asiático, a los cuales en 2003, científicos de la Universidad Nacional de Singapur insertaron un gen de fluorescencia natural que les confiere la capacidad de tener colores que brillan. La empresa estadounidense Yorktown Technologies firmó un convenio con los desarrolladores para patentarlos e iniciar su comercialización bajo el nombre de GloFish.

La FDA (Food & Drug Administration) en conjunto con el Departamento de Agricultura y Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, otorgó el permiso para su comercialización porque consideró que el organismo genéticamente modificado no representa mayor riesgo que su similar no modificado que se ha vendido por mucho tiempo como una especie ornamental. Además consideró que al ser nativos de los mares de Asia, los peces cebra bioluminiscentes no podrían sobrevivir en el clima de los Estados Unidos.

Sin embargo, un estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) en 20092 , menciona que Fuller y otros investigadores reportan apariciones del pez cebra natural (no modificado genéticamente) en los estados de California, Florida y Connecticut, y una población establecida en Nuevo México, lo que demuestra que aunque sea una especie tropical, puede habitar en distintos climas. En México, el riesgo es aún mayor que en nuestro vecino del norte porque aquí sí existen zonas con climas similares a los de su hábitat de origen y porque en nuestro país la familia cyprinidae es una de las más numerosas, por lo que las posibilidades de hibridación con las especies nativas es más alta, lo que provocaría desequilibrios en las poblaciones de peces difíciles de diagnosticar.

En México, a pesar de que está prohibida la comercialización del GloFish no se ha impedido su entrada ilegal. El acuarismo ha sido la principal vía de introducción de especies exóticas y que posteriormente, al no caber en la pecera (debido a su alta tasa de reproducción) o simplemente al no querer ser cuidados, son liberados intencionalmente en sitios naturales, sin considerar el impacto potencial que pueden tener.

La naturaleza engloba una serie de procesos que se encuentran íntimamente relacionados el uno con el otro, haciendo que la supervivencia de miles de especies dependa de la preservación de ese equilibrio natural que existe en los ecosistemas. Por ello, en los tres casos que hemos referido, queda demostrado que cuando nuevas especies llegan a un hábitat donde no hay competidores ni depredadores, pueden encontrarse en condiciones sumamente ventajosas que les permiten establecerse y dispersarse casi sin límites, alterando así ciclos de evolución que se han forjado a lo largo de miles de años.

No podemos permanecer impasibles ante la degradación de nuestros mares. La polución de las aguas, el cambio climático global, la pérdida de la biodiversidad y la integración ecológica de los sistemas terrestres y acuáticos nos afecta a todos. En este sentido, un medio ambiente saludable presenta una mayor resiliencia hacia las especies invasoras, en cambio ecosistemas más degradados y modificados son más susceptibles a ellas. Seamos claros, lo anterior no sólo es un problema de pérdida de atractivos turísticos, afectación a comunidades pesqueras locales, propagación de enfermedades o un tema de biólogos e investigadores. Nos concierne porque se relaciona directamente con nuestro entorno, porque trae aparejadas consecuencias sociales que nos alcanzan a todos y porque pueden afectar de manera sensible a la economía nacional. Se requieren acciones inmediatas y específicas para resolver esta problemática.

Un primer aspecto y que resulta de la máxima importancia es la prevención, sobre todo considerando que los costos de una atención tardía serían mucho mayores. Es necesario establecer una campaña de información a los aficionados a los acuarios y a la población en general, que alerte sobre los daños que puede tener la liberación de peces cautivos en sitios naturales, pues en su mayoría son gente bien intencionada que no quiere matar al pez y por ello busca su liberación, pero no tienen una orientación ecológica adecuada.

A ello hay que añadir acciones de difusión y educación dirigidas a los pequeños comerciantes acerca de las especies y su posible potencial invasivo. Al respecto existe un análisis de riesgo FISK utilizado para peces no nativos que vayan a ser introducidos en la región, el cual es un procedimiento científico que mediante preguntas clave, recopila información relevante del organismo en cuestión y concluye si representa o no un riesgo para el país.

Es importante recordar que la industria de peces ornamentales deriva en la importación de 10 millones de peces anualmente en nuestro país, sin que exista una supervisión de las especies introducidas o de su adecuado manejo por los comerciantes y compradores. Por lo anterior, se requiere mayor control sobre las unidades de producción acuícola donde se cultivan y de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales. Se debe promover la certificación de los establecimientos, de manera que sea obligatorio que comercialicen únicamente organismos estériles o del mismo sexo y que aseguren el control total de los riesgos, así como que cuenten con la infraestructura y métodos de manipulación adecuados. Incentivando con beneficios fiscales a aquellos comerciantes que cumplan con las regulaciones y medidas impuestas.

Ahora bien, con respecto a las invasiones biológicas que ya existen, resulta imprescindible una vigilancia y control eficientes de tales especies, con el objeto de dar seguimiento a su proliferación y zonas de concentración, que en el mejor de los casos pueda estar en etapas de colonización aún controlables. Posteriormente, con base en información científica veraz y oportuna, proceder a su erradicación. Para ello será necesario promover el consumo en restaurantes como especies exóticas y estudiar otras opciones para generar valor agregado a la pesca de estas especies, como harina de pescado, alimento para granjas acuícolas o como fertilizante.

Por lo anterior, resulta necesario que todos los sectores trabajen de manera conjunta para asegurar una mejor coordinación estratégica, una mayor participación y compromiso de las partes interesadas y un mejor uso y aprovechamiento de los procedimientos de gestión ambiental existente.

En virtud de las razones antes expuestas y dada la importancia que tiene ésta problemática, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representan las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y, en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.

Notas

1. Aguilar, V. 2005. Especies invasoras: una amenaza para la biodiversidad y el hombre. Conabio. Biodiversitas: 7-10.

2. Castillo Alvarado S., F. Sánchez, F. Mendoza Alfaro, P. Koleff. 2009. Los peces bioluminiscentes en México: ¿Un riesgo para el ambiente? Conabio. Biodiversitas 85: 11-15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputados: Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa, Eduardo Roman Quian Alcocer.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ejercer un control más riguroso con respecto a los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 122, 123 y 124 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

Los recurrentes actos de violencia que se presentan en los centros penitenciarios mexicanos han llamado la atención de la comunidad internacional. El pasado jueves 3 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado por el cual deplora las condiciones en las que viven los internos de los Centros de Readaptación Social, por considerar que dado que las autoridades no controlan el orden al interior de dichos centros sus derechos humanos son violados sistemáticamente. No obstante, esta no es la primera ocasión en la que la CIDH deplora la violencia de los penales en nuestro país; ya en años anteriores (2010, 2011 y 2012) la Comisión había hecho una evaluación negativa de la situación.

El organismo internacional, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y responsable de promover la observancia de los derechos humanos en la región, enumera los diversos conflictos que se han suscitado al interior de los penales del país. En particular, se reprueba el ocurrido el día 18 de diciembre de 2012 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, Durango, en el que al menos veinticuatro personas fallecieron. No obstante, la violencia al interior de los centros penitenciarios no ha sido un fenómeno excepcional: al menos 114 personas más han perdido la vida a causa de riñas en cárceles mexicanas, según comunicados de prensa 21/2012, 79/2011 y 9/10 de la CIDH.

Uno de los principales factores que ha contribuido al deceso de un gran número de reos ha sido la facilidad con la que se ingresan armas a estos espacios. Este hecho es evidenciado por el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, que fue presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2011, en el que se otorga una calificación promedio de 3.9 a los Centros de Readaptación Social Mexicanos, en una escala del uno al diez, en el rubro de ausencia de objetos y sustancias ilícitas. Dicho órgano también ha llamado la atención sobre las condiciones de abandono y violencia al interior de los penales en numerosas ocasiones.

El día 3 de enero del presente año, en su comunicado 2/13, la Comisión Interamericana reitera su llamamiento urgente a las autoridades mexicanas a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios. En este sentido, la CIDH subrayó que el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas y otros objetos ilícitos en los centros penales, así como la prevención de las actividades de las organizaciones criminales presentes en las cárceles, son medidas concretas que el Estado debe adoptar para reducir los índices de violencia carcelaria y evitar la repetición de hechos de violencia similares.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, y a las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejerzan un control más riguroso respecto a los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, a fin de evitar la recurrente violencia que se ha padecido al interior de éstos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones que correspondan a fin de fincar responsabilidades y sancionar a quienes por acción u omisión hayan sido partícipes de las muertes ocurridas al interior de los penales del país y de los diferentes disturbios que se han presentado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat, para que evalúen los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico, a las transnacionales y para que se implementen medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, suscrito por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Cámara de Diputados, -y dado que se ha hecho caso omiso a los tres puntos de acuerdo emitidos en ésta legislatura relativos al tema de transgénicos- el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Revisando los tres puntos de acuerdo relativos al tema de transgénicos, presentados en éste recinto los días 25 de octubre, 20 y 22 de noviembre por los diputados José Antonio León Mendívil (PRD), Sergio Torres Félix (PRI) y por la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI), y que a la fecha, se encuentran en estatus pendiente en las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riesgo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparto mi preocupación por la protección del maíz, los campesinos, el ambiente y la salud de los mexicanos.

II. Las empresas Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dow Agroscience y Bayer han solicitado permiso para la siembra a escala comercial de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, las solicitudes abarcan la totalidad del territorio cultivable de dichos estados. Los transgénicos en nuestro país son una realidad, sin embargo, numerosos estudios demuestran que pueden significar un riesgo para la salud y la afectación del medio ambiente.

III. Greenpeace denuncio ante el órgano interno de control de la Semarnat a los funcionarios Alfonso Flores, actual director de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y Mauricio Limón, ex subsecretario de gestión para la protección ambiental, por dejar sin efectos las opiniones de los expertos al firmar los permisos de siembra de soya y maíz genéticamente modificados.

Cabe mencionar que el pasado 29 de noviembre, el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, modificó el artículo 27 fracción XX del Reglamento Interior de la Institución, cerrando con ello la relación vinculatoria del análisis y la evaluación del riesgo de los cultivos transgénicos y la autorización de los permisos al campo mexicano en detrimento de las investigaciones provenientes del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Seguridad Alimentaria.

Con la desregulación del maíz transgénico para comercialización se incrementará la capacidad de inserción de transgenes en las poblaciones de maíz en México trayendo consigo serias implicaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales para la conservación del maíz nativo en los centros de origen, domesticación y diversificación, debido a las patentes involucradas en las secuencias transgénicas.

IV. En varios países del mundo se han prohibido los cultivos transgénicos, debido al severo cuestionamiento sobre la inocuidad de dicha tecnología, su impacto en el ambiente y la salud una vez desarrollados.

Nuestro país no es sólo la cuna del maíz, segundo cereal más importante a nivel mundial, sino también es uno de los centros de origen y diversificación de semillas, un reservorio de diversidad genética sumamente necesario para mantener su producción frente a nuevas plagas y los extremos del clima, por ello el gobierno, a través de los titulares de las Secretarías mencionadas, están obligados a seguir las medidas de seguridad pertinentes a fin de no arriesgar uno de los principales productos de consumo de la población mexicana.

Al introducirse los transgenes patentados en las plantas de maíz, se genera semilla nativa que se convierte en transgénica, por lo que entra en el ámbito de la propiedad intelectual y se sujeta a las reglas de las leyes de propiedad industrial en México. En un escenario de esa magnitud se proyecta que si los transgenes contaminan los maíces nativos de los centros de origen en México, nuestro maíz correrá el riesgo de ser privatizado.

México tiene otras alternativas para enfrentar el déficit en la producción de maíz sin recurrir a plantaciones de maíz transgénico. La verdadera solución ante la crisis del clima y, por ende de alimentos, está en la gran diversidad de razas y variedades de maíces mexicanos. México puede dejar de depender de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, sin adquirir una nueva dependencia a las semillas de las empresas transnacionales.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al licenciado Enrique Martínez Martínez, títular de la Sagarpa y al ingeniero Juan José Guerra, titular de la Semarnat para:

Primero. Realizar una evaluación de los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico en nuestro país a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience y en su caso, revocar, negar y evitar aquellos que atenten contra la tierra, la producción y la salud de los mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Implantar medidas e incentivos a fin de promover estrategias que protejan la diversidad del maíz y preserven las semillas nativas, evitando con ello, que se vuelvan dependientes de las transgénicas y, en consecuencia, reducir los riesgos de contaminación que traen consigo para las cosechas, lo cual ha sido constatado por numerosos estudios a nivel mundial.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Chazaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que ordene la reparación del tramo del periférico sur que fue afectado gravemente por las obras de la Autopista Urbana Sur, suscrito por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que ordene la inmediata reparación del tramo del Periférico Sur que fue afectado gravemente por las obras de la Autopista Urbana Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Autopista Urbana Sur en su tramo Insurgentes al Circuito Aztecas se inauguró hace poco más de un mes por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Dicha obra forma parte del proyecto de nuevas vialidades denominadas inteligentes y que tiene como modalidad el cobro del peaje en la capital en los llamados “segundos pisos” y cuya tarifa por kilómetro es de 1.87 pesos para los automovilistas que lo utilicen.

De acuerdo con el portal de transparencia del gobierno del Distrito Federal, dicha obra es parte de los siguientes proyectos: Vialidad elevada Anillo Periférico Norte, Vialidad elevada Anillo Periférico Sur y Sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México (SVPTDSPCM).

Este proyecto tiene una inversión global de 30 mil millones de pesos, una longitud: 29. 56 kilómetros y cuya finalidad es “mejorar la conectividad regional con los estados que rodean al Distrito Federal: Querétaro, Morelos y estado de México.”

Entre los objetivos generales de esta obra están mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado tanto del transporte público como privado; devolver la competitividad a la Ciudad de México a través del desarrollo de proyectos de alta ingeniería; contribuir a mejorar y ampliar el transporte público de la Ciudad de México y mejorar la calidad de vida de miles de personas que transitan por la Ciudad de México.

Asimismo en los objetivos ambientales que plantea el gobierno del Distrito Federal están contribuir a los objetivos del Plan Verde, en los siguientes rubros: contribución a la reducción de las emisiones contaminantes y reforzar su medición; inclusión de transporte público eficiente, no contaminante y de calidad; así como agilización de la movilidad vial.

Sin embargo, cabe destacar que a más de un mes de inaugurada la obra, los problemas de vialidad en esa zona se han recrudecido para quienes no utilizan la Autopista Urbana Sur, ya que el pavimento del Periférico en más de 4 kilómetros, en ambos sentidos, del Periférico Sur en su tramo de Insurgentes Sur-Circuito Aztecas, quedó destrozado por las obras y con ello se ha afectado a miles de automovilistas y sus vehículos.

El Periférico prácticamente quedó en calidad de terracería en el tramo mencionado, con lo que de alguna manera se está obligando a los automovilistas a utilizar la Autopista Urbana Sur, ello para evitar daños a las llantas y suspensión de sus vehículos, así como accidentes que incluso pueden cobrar la vida de ciudadanos.

A la fecha no ha sido reparado el pavimento, aún existe maquinaria y barreras de contención de plástico y concreto colocadas de manera improvisada, que son un riesgo para la seguridad de los automovilistas.

No estamos en contra de estas grandes obras que buscan agilizar la vialidad y ahorrar tiempos para los capitalinos, pero debe existir responsabilidad de las autoridades y las empresas para no afectar a quienes opten por no usar los segundos pisos o simplemente no cuenten con recursos para pagar el peaje.

Al realizar un recorrido por la zona mencionada se pueden observar baches de hasta cuatro metros de diámetro y una profundidad de 20 centímetros, lo cual ha dañado neumáticos y suspensiones, todo ello sin que exista alguna autoridad que responda por la reparación de los daños.

Sumado a esto se cerraron salidas y entradas en dicho tramo del Periférico Sur para privilegiar las rampas de la Autopista Urbana Sur, por lo que es necesario que la empresa encargada de la obra, es decir Ingenieros Civiles Asociados (ICA), sea obligada por el gobierno del Distrito Federal a reparar los daños de forma inmediata.

Estas irregularidades afectan en lo particular a los vecinos y automovilistas de las zonas y colonias de Tepepan, Villa Coapa, Villa Panamericana, Bosques del Pedregal, Rancho Colorines, entre otras. Pero tienen afectación en lo general a miles de capitalinos que circulan diariamente del sur y oriente de la ciudad hacia el norte y que utilizan el Periférico.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que ordene la inmediata reparación del referido tramo del Periférico Sur que fue afectado gravemente por las obras de la Autopista Urbana del Sur.

Segundo. Se exhorte respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que se realice un seguimiento puntual a las labores que realizó la empresa encargada de la construcción para evitar que se abandone maquinaria o bloques de concreto, señalamientos mal colocados, sobre esta importante vía de comunicación, para evitar accidentes y permitir el flujo vehicular de manera normal.

Tercero. Se exhorte respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que pida a la empresa responsable de la obra, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), así como a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, que se hagan responsables de los daños ocasionados a los vehículos que transitan por la dañada vía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, suscrito por el senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma educativa en el país es un tema pendiente de la agenda nacional. Dicha reforma, por sus alcances, es fundamental para el desarrollo del país.

El pasado 10 de diciembre de 2012, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, misma que en términos generales fue aprobada por la Cámara de Diputados como Cámara de origen.

El 13 de diciembre de 2012, en el Senado de la República presentamos iniciativa de reforma constitucional en materia de calidad educativa, evaluación educativa y servicio profesional docente.

La propuesta se hizo con el objetivo general de mejorar la educación en México y en especial con los objetivos de

• Asegurar el derecho humano a recibir educación de calidad.

• Crear el sistema nacional de evaluación educativa.

• Crear el sistema profesional docente que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros.

• Establecer el principio de que aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se hará con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Nacional de Evaluación educativa.

• Proponer que el Congreso de la Unión, a la brevedad, analice y discuta la aprobación de un marco jurídico específico sobre infraestructura educativa a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios.

Después del análisis y discusión en el Senado de la República, como Cámara revisora, donde se aprobaron diversas modificaciones, incluyendo las tres primeras de nuestras propuestas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa, avalando las modificaciones hechas por el Senado.

Dicha reforma constitucional tiene que ser aprobada también por la mayoría de las legislaturas de los Estados; posteriormente el Ejecutivo podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma constitucional debe ser detonante de políticas públicas para dotar a las alumnas y a los alumnos de este país de mayores oportunidades para elevar su nivel de vida y asegurar su incorporación permanente en la economía del conocimiento y al campo laboral.

A la vez, debe permitir el ejercicio del derecho a la educación de todos los actores involucrados, incluyendo el objetivo de prestar dignamente el servicio educativo, la función docente.

Los derechos de las alumnas y los alumnos, porque tendrán derecho a una educación laica, nacional, científica, y ante todo, de calidad.

Los derechos de las madres y padres de familia, porque harán exigibles a los maestros y a las autoridades un derecho a la educación que aproveche y logre lo mejor de los participantes del sistema educativo.

Los derechos de los docentes, porque podrán pasar de un sistema de ingreso, promoción y reconocimiento agotado, basado en derechos adquiridos, a un sistema legal y ético basado en los merecimientos alcanzados y en el justo reconocimiento y premio a la excelencia.

Esta reforma es un primer paso en el ejercicio del derecho pleno de la educación. Además, las reformas a los artículos 3o. y 73 constitucional avanzan en el objetivo de contar con una educación con calidad que permita a México salir de los últimos lugares de los indicadores de la OCDE en el desempeño escolar.

Las legislaturas de los estados, de acuerdo con lo que establece la Carta Magna, podrán aprobar la reforma y, en reformas posteriores, adecuar sus leyes en la materia a fin de unificar el concepto de educación que en el país debe regir.

Estamos ante la oportunidad histórica de avanzar en las reformas que nuestro país necesita para su desarrollo y crecimiento y, sobre todo, asegurar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a que en uso de sus atribuciones constitucionales, aprueben la reforma a la Constitución en materia educativa, considerando su importancia para el desarrollo del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille para personas con discapacidad visual, suscrito por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad dentro de la sociedad, implica que la misma sociedad conformada tanto por gobernantes como por gobernados, asumamos una postura de empatía hacia este sector de la población, y emprendamos acciones objetivas y reales, que permitan las condiciones necesarias para lograrla.

De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1, del total de la población mexicana que padece alguna discapacidad, 27.2 por ciento de la misma, tiene enfermedades de la vista.

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la función visual se subdivide en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera2. La segunda y tercera de las subdivisiones se consideran como una baja visión; la ceguera es la ausencia total de visión en las personas. Muchas de las causas que provocan la discapacidad visual en cualquiera de sus niveles son prevenibles y/o curables. Los países desarrollados principalmente, han realizado importantes inversiones en el campo de la investigación y desarrollo de prácticas médicas a fin de evitar los problemas de discapacidad visual provocada por enfermedades o infecciones.

Sin embargo, en nuestro país enfrentamos una situación en la que pese a los esfuerzos y avances en la medicina, existe aún el grave problema de la falta de condiciones para disminuir –en lo posible– las circunstancias que implican una mayor complejidad para el desarrollo de las personas que presenta algún tipo de discapacidad visual.

Asimismo, es necesario atender a toda aquella población con discapacidad visual, siendo preponderante para ello diseñar las estrategias y mecanismos que les permitan mejorar sus condiciones y potencializar su desarrollo desde las diferentes áreas, como es la educativa.

En ese sentido, el impulso que realicemos dentro de nuestras esferas de actuación, como sociedad atenta, consciente e incluyente, representa la llave para brindar mejores condiciones a personas que se enfrentan con desventajas para su movilidad dentro de espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

El cuatro de enero de este mes, recordamos el nacimiento de Louis Braille (1809 – 1852), quien, pese a su discapacidad visual obtenida a raíz de un accidente a los tres años de edad, logró desarrollar sus estudios profesionales y perfeccionar el sistema universal que hoy conocemos para el acceso a la lectura de las personas que tienen dificultades para ver, o padecen totalmente de ceguera.

Siendo el sistema de escritura Braille, el método idóneo y universalmente adoptado para que las personas con discapacidad visual puedan, mediante la combinación de puntos en relieve, contar con un sistema de lecto-escritura táctil que les permite mejorar su ubicación dentro de un espacio o edificio público, las rutas de acceso, los servicios que se proporcionan en el lugar, entre otro tipo de información útil, consideramos necesario promover su inserción y aplicación.

Como ser humano, y como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, es para mí un compromiso constante y permanente trabajar y buscar la suma de esfuerzos en beneficio de los grupos de la sociedad que tienen mayores necesidades de atención para su desarrollo integral dentro de la sociedad.

Por ello, en afán de incluir y brindar el acceso a las mejores condiciones de desarrollo de las personas con discapacidad visual, propongo que, mediante este punto de acuerdo, de una manera respetuosa y comprometida, solicitemos a las autoridades educativas fomentar el acceso al sistema de escritura Braille en los espacios y edificios públicos.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura Braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Segundo. Se exhorta atentamente a las instancias en materia de educación de las entidades federativas, a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como a coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.

Notas

1. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

2. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/index.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2013.

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Profepa, verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental por las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto denominado Hotel Mayan Palace Nuevo Vallarta, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, suscrito por los diputados Claudia Elena Águila Torres y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Claudia Elena Águila Torres, Verónica Beatriz Juárez Piña, Rodrigo González Barrios y Trinidad Secundino Morales Vargas, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Mi pueblo se encuentra sitiado, rodeado de una muralla como cárcel. Hemos perdido acceso al mar y al río, al turismo y a la pesca, que son vitales para nuestra subsistencia. Tampoco nos permiten ir a la playa”

Librado Consuedra Pascasio, subdelegado municipal de Jarretaderas, Nayarit.

En los últimos años nuestro país se ha posicionado como un destino de grandes atractivos no sólo culturales, de descanso, recreación y pesca deportiva, sino además por los grandes campos de golf que son el nuevo atractivo para los vacacionistas tanto nacionales como extranjeros.

Esto ha traído, como consecuencia la creación de grandes desarrollos inmobiliarios, con campos de golf, siendo este el imán que atrae cuantiosas inversiones, es de resaltar que esta actividad genera casi dos millones de puestos de trabajo directos, los cuales atenderán en este año a más de 23.4 millones de turistas, que aportarán ingresos superiores a los 12 mil millones de dólares, lo cual ubica al país en la posición 10 del ranking de la Organización Mundial de Turismo.

Al respecto, uno de los atractivos que se promueven actualmente es la Riviera Nayarit, que es una franja de 300 kilómetros sobre la costa pacífica de México, que reúne a ciudades como el histórico y colonial poblado de San Blas, Sayulita, Nueva Vallarta o La Cruz, la exclusiva Punta Mita, y la espectacular Bahía de Banderas, las cuales cuentan con certificado nacional de playas limpias, allí se realizan actividades como surfeo de clase mundial, golf profesional, además de convivir con vida silvestre nativa, como las tortugas marinas y aves tropicales.

Este atractivo del Pacífico mexicano tiene la misma temperatura que Hawaii, y su paisaje montañoso incrementa su potencial turístico, y por consiguiente de inversionistas en desarrollos inmobiliarios, como es el caso del conjunto turístico de la cadena hotelera Mayan Palace, el cual, a decir de los habitantes del poblado de Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas, arrasó con varias hectáreas de manglares, sin importarles que están dañando y deteriorando este tipo de ecosistemas, así como a todas las especies que viven en él.

Cabe hacer mención que en la desembocadura del río Ameca se encuentra la Isla de los Pájaros, área que tiene una gran importancia por su biodiversidad de flora y fauna, la cual se encuentra en creciente riesgo ante las presiones de carácter antrópico derivados de la expansión de los desarrollos turísticos de Bahía de Banderas.

Además, los habitantes del poblado de Jarretaderas, del municipio de Bahía de Banderas, han denunciado que los desarrollos turísticos han propiciado de manera constante el cierre de diversos accesos a su comunidad, lo que es vital para su subsistencia, y por tanto la propia viabilidad futura de su comunidad. En especial, han denunciado el cierre de accesos de las playas que son públicas.

También se debe considerar, la información del Atlas de Riesgo que fue realizado por el Centro Universitario de la Costa, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la Universidad de Nayarit y la Universidad de Guadalajara, además de varios investigadores independientes, que en su momento tuvo la localidad de Bahía de Banderas, este documento evidencia la vulnerabilidad de grandes partes de la población a riesgos naturales, entre ellos erosión acelerada, tsunamis, fallas activas, movimientos de fallas, inundaciones, vientos fortísimos, precipitaciones extraordinarias, falta de agua, entre otros. En dicho Atlas de Riesgo, también se dan las recomendaciones específicas, de cómo se puede minimizar la vulnerabilidad para la población del municipio ante los fenómenos naturales típicos para está región.

Es de destacar que el Atlas de Riesgo resalta en el municipio lo siguiente:

• Sismicidad regional.

• Inundaciones.

• Falta de agua potable.

• Infraestructura carretera sobrepasada.

• Servicios de salud rebasados, además de la población del municipio, existen de 250 mil a 300 mil personas que anualmente visitan o trabajan eventualmente en el municipio.

Por lo anterior resulta preocupante, que se autorice la construcción de nuevos desarrollos turísticos en Bahía de Banderas, sin considerar este tipo de información, que ante este tipo de riesgos potencia el daño y deterioro ambiental.

Por ello es importante, ante el creciente daño y deterioro ambiental, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenga en la comunidad de Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas, para que se cumpla con el mandato del párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Derivado de lo anterior sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, para que a través de su organismo desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, verifique el cumplimento de la normatividad ambiental por las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto denominado Hotel Mayan Palace Nuevo Vallarta, ubicado en el Desarrollo Náutico, Turístico e Inmobiliario denominado Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y éste no contribuya al deterioro ambiental.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, para que a través de su organismo desconcentrado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice las acciones necesarias para declarar como Área Natural Protegida, a la Isla de los Pájaros, en la desembocadura del río Ameca, municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit.

Tercera. Se solicita respetuosamente al gobierno municipal de Bahía de Banderas, en el estado Nayarit, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de su organismo desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no permitan sean cerrados los accesos públicos a playas en la zona costera de ese municipio, así como las vialidades internas que fueron desaparecidas (como el Paseo de las Moras) sean resarcidas para beneficio de la población, las cuales en todo momento deben ser públicas y de libre acceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Diputados: Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Rodrigo González Barrios, Trinidad Secundino Morales Vargas.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef, para que lleve a cabo una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

Según datos del Banco de México (Banxico), en el país sólo tres de cada diez tarjetahabientes son totaleros, es decir, que cada mes liquidan todo su saldo en la tarjeta de crédito y evitan así pagar intereses sobre sus compras.

El otro 70 por ciento de los clientes de los bancos se dedican a completar, en el peor de los casos, al menos el pago mínimo de su crédito. Esto los coloca a merced del pago de intereses que en muchas ocasiones aumentan significativamente el costo de aquello se compró.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) avalan lo anterior, arrojando que en México hay 22 millones de tarjetas de crédito, pero sólo el 30 por ciento de los titulares de las tarjetas utilizan el plástico en condiciones óptimas o deseables, pagando 0 por ciento de intereses. El otro 70 por ciento, como lo dice también Banxico, lo hace en condiciones altamente costosas.

El Banco de México estipula, en su página de internet, afirma que “el sistema financiero procura la asignación eficiente de recursos entre ahorradores y demandantes de crédito. Un sistema financiero sano requiere, entre otros, de intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes y completos, y de un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Con el fin de alentar el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público en general, el Banco de México realiza un seguimiento permanente de las instituciones que lo integran, promueve reformas a la legislación vigente, y emite regulaciones en concordancia con las leyes respectivas”.

Amparado en estas facultades, el Banco de México, desde el 4 de enero de 2013, aumentó de forma importante el pago mínimo de las tarjetas de crédito para no caer en morosidad. De esta manera, los criterios que actualmente entran en vigor contemplan elevar el pago mínimo para evitar morosidad a 1.25 por ciento del límite de la línea de crédito, o a 1.5 por ciento del saldo insoluto revolvente de la línea de crédito. De las dos fórmulas, se aplicaría la más alta.

En los hechos, esto se traduciría en que un tarjetahabiente que cuenta con una línea de crédito de 50 mil pesos, y una deuda en su tarjeta de 10 mil pesos, pasaría de pagar el 1 por ciento sobre el saldo insoluto, o lo que serían cien pesos, a pagar el 1.5 por ciento del saldo insoluto, es decir, 150 pesos. Sin embargo, la disposición indica que se aplicará el monto más alto con la nueva fórmula, es decir, la tasa de 1.25 por ciento sobre su línea de crédito, lo que podría resultar en que el tarjetahabiente acabe pagando más del doble de lo que antes pagaba.

El incremento que observará cada cliente en su pago mínimo dependerá, según estos criterios, de su deuda, línea de crédito y tasa de interés que cobra su banco.

Consideraciones

Con estas acciones, el Banco de México pretende evitar que las deudas de los ciudadanos con tarjetas de crédito se prolonguen, y que el cliente acabe pagando dos o hasta tres veces su préstamo inicial. Sin embargo, también ocasiona que el cliente tenga que pagar el doble de lo que antes pagaba para evitar penalizaciones.

Esta medida puede afectar los tarjetahabientes más de lo que las autoridades contemplan, más aún si se considera que la gente que no podía cubrir en un principio con el monto mínimo ahora encontrará mayores dificultades, llegando a endeudarse todavía más.

Al respecto, Juan Pablo Zorrilla, director general de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, explica que la medida tiene una intención benéfica para los consumidores, sin embargo, implicará un desajuste una vez que entre en vigor.

Ante esto, resulta indispensable que la Condusef informe a la ciudadanía en general, y a los tarjetahabientes en particular, sobre las implicaciones de estas medidas. Además de obligar a que las instituciones bancarias hagan lo mismo.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a instrumentar una campaña de difusión que alerte e informe, de manera clara y detallada, a los tarjetahabientes sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Segundo. - Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a exigir que las instituciones bancarias expliquen a sus clientes, de manera clara y detallada, sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre a la problemática existente en el estado de Tlaxcala, en relación con el organismo público descentralizado Pensiones Civiles, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades dispuestas en el artículo 58 y demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de con las siguientes

Consideraciones

El martes 25 de septiembre del presente año, ante el pleno del Senado de la República de la LXII Legislatura, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó un exhorto al gobernador del estado de Tlaxcala, para que en su carácter de presidente del Consejo Directivo del organismo público descentralizado Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala, se procediera en términos de ley a solucionar el problema que enfrenta dicho organismo consistente en la quiebra del mismo, con la finalidad de que:

- no sólo se evitaran, sino que se previnieran, las violaciones de garantías individuales de los trabajadores incorporados en ese sistema de pensiones, además de que;

- se procediera a realizar una auditoría a dicho organismo, para que en el supuesto de que existieran responsabilidades civiles, administrativas o penales, se procediera en contra de quien o quienes resultaran responsables, evitando así la impunidad de la que hasta ahora gozan los directamente responsables de dicha quiebra.

El 27 de diciembre pasado, ante el temor de que en Tlaxcala se produjeran situaciones de inestabilidad política y social, incluso de ingobernabilidad, en razón de las manifestaciones públicas de inconformidad por parte de los trabajadores incorporados en el sistema de pensiones de referencia, expresadas en los medios de difusión así como a través de mítines en las plazas públicas de la ciudad capital de Tlaxcala, que contaron con miles de manifestantes; se solicitó formalmente por oficio al presidente de la República, que coadyuvara en la solución del problema citado.

Aunado a lo anterior, no debe dejarse de señalar el esfuerzo que durante esos días, efectuaron los diputados federales y senadores por el estado de Tlaxcala, para que el gobernador de esa entidad, tomara en cuenta las propuestas del mayor de los sindicatos, cuyos miembros están incorporados al sistema de pensiones del organismo cuya quiebra se comenta.

La respuesta a todo ello, no sólo fue el silencio del gobernador de Tlaxcala y el del presidente de la República, sino que precediendo a la promulgación de una nueva Ley de Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala, por parte del Ejecutivo de esa entidad, mediante decreto número 154 del día primero de enero de este año:

1. Hubo graves violaciones al procedimiento de aprobación de dicha Ley, en el Congreso local, entre otras:

- la falta de quórum en algunas sesiones correspondientes al caso;

- la elaboración del dictamen respectivo, en donde sólo se consideró la propuesta del Ejecutivo, desestimándose sin argumentación jurídica alguna las propuestas de los trabajadores;

- así como la “supuesta” aprobación de la misma, fuera del recinto del Congreso (para ser exactos, en un salón denominado Las Tapas, perteneciente al Hotel Misión, situado en la población de Atlihuetzia, municipio de Yahuquemecan, en el estado de Tlaxcala); al parecer, mediante la instalación de una ilegal “Mesa Directiva” de ese Congreso, lo que sin duda traerá por consecuencia las impugnaciones legales que correspondan y;

2. además, se sabe que habrá acciones de inconstitucionalidad, que se promoverán en contra del contenido de algunas normas previstas en la nueva Ley de referencia, como es del conocimiento público, según declaraciones de algunos diputados locales y;

3. el más vergonzoso y claro ejemplo de las actitudes dictatoriales, ilegales, injustas, arbitrarias, vergonzosas y represivas, por parte del gobernador de esa entidad federativa:

La violación a la soberanía del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, acaecida el día treinta de diciembre del año anterior, por parte de policía y granaderos, bajo el mando personal del secretario de Seguridad Pública, dependiente del Poder Ejecutivo de ese estado, quienes:

a) prácticamente cercaron el recinto oficial de aquel poder, para no dejar entrar ni salir a cualquier persona, pues había miles de manifestantes en contra de la antes aludida nueva Ley de Pensiones;

b) los policías estatales se introdujeron a la Sala de Sesiones del Congreso de Tlaxcala, encabezados por el propio director de Seguridad Pública ya aludido, sin que hubiese la previa y legal solicitud por parte del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local o de la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del mismo, llegando al extremo de agredir física y verbalmente a los Diputados que se oponían a la aprobación de la multicitada nueva Ley de Pensiones (cuya iniciativa procede únicamente, repito y casi sobra decirlo, de la unilateral propuesta hecha por el Gobernador de Tlaxcala).

De lo anterior, hay constancia documental escrita, fotografías y videograbaciones, difundidas a través de los medios masivos de comunicación: en los principales periódicos locales impresos de Tlaxcala, así como en los digitales.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al presidente de la República, para que coadyuve en la solución de la problemática aquí planteada, relacionada con el estado de Tlaxcala, dados aquí los antecedentes que podrían propiciar de manera peligrosa e inminente, una situación de inestabilidad política y social, de violencia y hasta de ingobernabilidad en dicha entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Tlaxcala, a realizar las acciones necesarias que permitan de manera inmediata que a los trabajadores incorporados en el sistema del organismo público descentralizado Pensiones Civiles de ese estado, se les dé la participación legal respectiva, a efecto de que sus garantías individuales y sus derechos laborales no sean vulnerados por actos arbitrarios de autoridad, incluida la expedición de normas jurídicas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que se lleve a cabo la justa, legal y necesaria Auditoría en el organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que se sancione a los responsables de la quiebra del mismo, considerando inclusive la realización de un Plebiscito, previsto en la Ley de Consulta Ciudadana de esa Entidad, que obligue al Gobernador de esa Entidad a realizarla.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.

Senadoras: Dolores Padierna Luna, Lorena Cuéllar Cisneros (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que acuerden a la brevedad la integración de los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes

Consideraciones

En marzo de 1995 se creó la Ley para el dialogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas cuyo objetivo fue alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas.

En el artículo ocho de la citada ley se conforma la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo de Chiapas.

La primera Cocopa fue instalada el 15 de marzo de 1995 y quedó integrada por miembros de la LVI Legislatura de todos los grupos parlamentarios: por el PAN Luis Héctor Álvarez (presidente fundador), Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer, Luis Felipe Bravo Mena; del PRI Jaime Martínez Veloz, Marco Antonio Michel, Pablo Salazar Mendiguchía y Óscar López Velarde; del PRD Juan Guerra Ochoa, César Chávez Castillo, Heberto Castillo Martínez y Guillermo del Río Ortegón y del PT Marcos Carlos Cruz Martínez y Alejandro Moreno Berry.

Para diversos analistas y el propio gobierno federal han reconocido que el papel jugado por la Cocopa fue determinante para impulsar los diálogos de San Andrés Larráinzar y atenuar o resolver los incidentes que se presentaron hasta la firma de los acuerdos.

La Cocopa también formuló un proyecto de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que entregó en diciembre de 1996. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, aprobó el proyecto y el gobierno federal formuló observaciones a éste. La Cocopa elaboró un segundo proyecto que guardó y ya no fue revisado por las partes.

En los primeros días de este año y ante el surgimiento de una nueva etapa de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional algunos de los primeros miembros de la Cocopa llamaron a la creación inmediata, de la Comisión de Concordia y Pacificación, la cual es obligatoria de acuerdo a la vigente Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (http://www.jornada.unam.mx/2013/01/04/politica/007n1pol ).

En este mismo contexto dirigentes de organizaciones campesinas y representantes indígenas también aceptaron la propuesta del EZLN de construir puentes, pero respetando la pluralidad del movimiento indígena.

Inclusive, en días pasados los representantes de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Chiapas coincidieron en la importancia de restablecer la Cocopa y que los legisladores federales impulsen el diálogo con el EZLN (http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/02/legisladores-de-chiapas-pide n-restablecer-el-dialogo-federal-con-el-ezln ).

En esta nueva etapa de construcción de consensos, en los que dice estar el gobierno federal, es la mejor para reanudar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que es el momento histórico para demostrar la disposición y voluntad política para facilitar el diálogo e instalar una mesa para hacer realidad los Acuerdos de San Andrés, en un contexto que incluya otros temas.

Desde el Congreso de la Unión podemos avanzar con la conformación de la Cocopa respetando el espíritu de equidad, diálogo y relevancia con la que fue propuesta.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su consideración, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto para que en cumplimiento de la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa.

Segundo. Se exhorta de forma respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso del Estado de Chiapas para que nombren a sus respectivos representantes en la Cocopa, tal y como lo establece la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)