Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a llamar a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América y Canadá para que al auxiliar a las mujeres y la población infantil indocumentada mexicana damnificada por la tormenta Sandy se dé prioridad al trato digno y el respeto a sus derechos humanos, suscrito por la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Marcelina Orta Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se que se solicita a la honorable Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular un atento y respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y de Canadá para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para eliminar las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW, conforme se regula en el artículo 133 de la Constitución General de la República, con base en los siguientes

Considerandos

Los temas de equidad de género en México, a diferencia de otros Estados, se abordan como un resultado de la atención coyuntural que se presta para resolver los problemas que se presentan dentro y fuera del país cuando son víctimas de fenómenos que les afectan.

Sin duda crece la expectativa de la sociedad cuando ocurren sucesos tan lamentables en la vida de las personas, como los registrados en el pasado octubre de 2012, en la región norte de nuestro continente que fue lesionada de gravedad con los efectos de la precipitación de la tormenta Sandy en Estados Unidos de América y en Canadá, dejando grandes pérdidas patrimoniales el fenómeno meteorológico, colosales lamentaciones en las dimensiones que perjudicaron a todas la población de esas regiones del norte.

Tan solo semanas después de haber conocido de estos fenómenos naturales con efectos dolorosos para la población estadounidense incluida la mexicana inmigrante, oportunamente fue auxiliada para mitigar la problemática de sanidad y paulatinamente la escases de los servicios mínimos indispensables en zonas, pero ello no detuvo la afluencia de heridos y finados indocumentados en las costas de Nueva Jersey y Nueva York principalmente, ello originó a principios de noviembre del presente año, que esta Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política manifestara su solidaridad con los afectados, convocando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que redoble el apoyo a los mexicanos que radican en las zonas dañadas a través de las respectivas embajadas y consulados.

Es el caso que con gran impacto pudimos ver las manifestaciones y dimensiones de la catástrofe generada por el fenómeno natural, así como el consecuente apoyo gubernamental de esos países en solidaridad con sus comunidades dañadas por el castigo climatológico al verse mermada de manera importante las condiciones indispensables de cada habitante para llevar a cabo sus actividades cotidianas indispensables, situación que perjudicó de manera preocupante el bienestar de muchas familias.

Cabe destacar la presencia de las mujeres y la población de menores migrantes en calidad de indocumentados, que además del flagelo que cargan día a día de la discriminación, la zozobra de vivir en la sobra del anonimato social para poder permanecer en su lugar de residencia sin ser deportados o víctimas de la violencia de los caza migrantes que les arrebatan hasta la vida, se suman a sus pesares el latente escollo de la marginación más inhumana al perder sus hogares, sus fuentes de trabajo causando una dolorosa gama de experiencias generadas por la imposibilidad de poder superar el reto y más allá la impotencia de poder generar lo indispensable para la subsistencia cotidiana.

En este tema cobra gran preocupación para la suscrita y mi partido lograr la eficiente intervención oportuna de las autoridades de la cancillería mexicana de velar porque sean respetados los derechos de las mujeres y sus hijos migrantes a fin de que sean provistos del trato benéfico humano que en igual de condiciones las autoridades de Estados Unidos de América y de Canadá promueven para toda la población, la paridad de condiciones de trato a fin de que se les procure alimento, refugios, vestido, acceso libre a los programas de ayuda comunitaria humana que tanto necesitan y que son previstos para los casos de catástrofes naturales por la Organización de las Naciones Unidas, de tal manera que se evite a toda costa su revictimización o abusos por su condición de indefensos.

Toda la clase política sumarnos a la conciencia humana de que es real la situación de existencia de miles de mujeres con sus hijos migrantes indocumentados que carecen no solo de un respaldo de pareja que les aliente, lo cual las hace muy vulnerables y con el flagelo que la tormenta Sandy les perpetró en las zonas que resultaron inhabitables, prevalece la realidad de que el sostén económico de esas personas se basa en los servicios domésticos de alimentación en comercios de comida rápida, desarrollan actividades de mensajería o bien conducen servicios de trasportación urbana en su mayoría, haciéndoles casi imposible poder llevar a cabo sus actividades en este momento, lo que les impide prácticamente poder llevarse un pan a la boca, además de las arbitrariedades a que están expuestos, máxime que hemos vivido experiencias como las del huracán Catrina, donde para muchos fue el pretexto perfecto para cometer graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres migrantes y sus hijos menores en el marco de la impunidad, lo cual no podemos, ni debemos permitir que se suscite.

En realidad sí es grave la situación, en los estados de la frontera norte de México, conforme a las cifras del Instituto Nacional de Migración hasta en septiembre del 2012, se registró un flujo de 150.000 mujeres mirantes que al año que cruzan hacia los Estados Unidos de América y tan sólo por la franja de Tamaulipas, a través de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Guerrero, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso, pero sobre todo Nuevo Laredo y Reynosa se registra el treinta por ciento de total de mujeres migrantes que en compañía de sus niñas y niños buscan una mejor vida para ellos transitando por ese parte hasta instalarse en la zonas de Estados Unidos de América: New Jersey, Pensilvania, New York, Washington, Virginia, Montreal y sus alrededores, donde justo hallamos la presencia de mayores dimensiones del desastre natural.

Por desgracia estas personas son objeto de nulo favorecimiento de las políticas y medidas emergentes creadas por los gobiernos para la protección de las mujeres inmigradas, sus niñas y niños, quienes lejos de encontrar el apoyo humano que demandan ante la magnitud de la catástrofe, son más vulnerables a las violencia de las fuerzas de seguridad migratoria, la delincuencia, los tratantes de blancas o los traficantes de personas que les hace impostergable atender las normas convenidas en su sentido más estricto de carácter internacional que eliminen y cumplan las recomendaciones generales números 3, emitida en el sexto periodo de sesiones de 1987; 5, generado durante el séptimo periodo de sesiones de 1988; y 6, dado en el séptimo periodo de sesiones de 1988 que en el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hace extensivas al Estado mexicano para realizar las acciones relativas a eliminar la discriminación, brindar el apoyo en materia de salud y empleo emergente a favor de las mujeres sin importar su origen o nacionalidad, que pretenden además se atiendan las causas de desapariciones, muertes con protección a mujeres migrantes en las fronteras norte de México, y que solo con la intervención de la cancillería en especifico pueden lograrse los objetivos de las encomiendas .

Es una prioridad y un compromiso constitucional de los representantes populares sumarnos desde nuestra posición a las acciones iniciadas por el presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y esta soberanía por brindar todo el apoyo solidario, humanitario y nacionalista a los habitantes mexicanos de las regiones afectadas por la tragedia de la tormenta Sandy, y sin importar las ideologías, creencias, afiliaciones partidistas; pero en el caso de mujeres migrantes con sus niñas y niños, es menester que todas las diputadas y los diputados de la LXII Legislatura debamos intervenir de manera por velar que se cumplan con las leyes vigentes, como lo son los tratados internacionales y más los que versan sobre los derechos humanos de las mujeres y sus familias, a fin de se hagan cumplir los acuerdos de supremacía de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de las personas en estado de emergencia, no solo por con intervención de las embajadas una vez que se les solicite el auxilio sino de manera preventiva e inmediata ante la emergencia de caso, destacando la cooperación internacional en materia de estándares mínimos de sobrevivencia humana como lo son la salud integral, la alimentación, el libre acceso a la justicia, la vivienda, el trabajo, la no violencia por causas de género, la no discriminación y el trato respetuoso, es por ello que vengo a solicitar intervengamos desde esta tribuna en beneficio de nuestros connacionales para dignificar nuestro mandato ciudadano en todos los rincones del planeta.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular un atento y respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y de Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para eliminar las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la sociedad sobre los resultados obtenidos de la presente gestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.

Diputada Marcelina Orta Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, suscrito por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, 2, fracciones I y II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.

Antecedentes

Para México, la citricultura representa una actividad socioeconómica de gran importancia, cuenta con una superficie de 549 mil hectáreas de las cuales, el 61.7 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa, y el resto a toronjas, mandarinas y tangerinas, anualmente se obtienen alrededor de 7 millones de toneladas, colocando a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo. Asimismo, la superficie citrícola propiedad de 67 mil productores, se encuentra distribuida en 23 estados, con beneficio de más de 10,200 millones de pesos, todos los años por la producción de esta fruta.

Es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos y se refiere al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino; como lo son el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, los cuales en suma representan un 94 por ciento de la superficie sembrada y cosechada con cítricos en nuestro país.

A nivel mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual ocho países concentran casi el 80 por ciento de la producción, dentro de los cuales nuestro país es participe.

Por tanto, la citricultura en México requiere fortalecerse con una visión integradora y de largo alcance, con alta visión de miras, para ir más allá del cuarto lugar en el ámbito internacional, se cuenta con los recursos naturales y climáticos necesarios, lo que permite ofertar productos de alta calidad capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales, logrando así que el campo mexicano no solo genere un desarrollo económico sino también, una mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes realizan actividades agrícolas. Sin embargo, esta actividad se está viendo seriamente amenazada por la presencia de plagas y enfermedades de interés cuarentenario presentes en el territorio nacional, tal es el caso del huanglongbing (HLB).

Ante esta situación, en nuestro país, desde el año 2008, se implementó una campaña fitosanitaria para la atención del HLB y su vector, el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ).

El huanglongbing (HLB) de los cítricos, también conocido como greening o enverdecimiento, es ocasionado por la bacteria Candidatus liberibacter spp. , que causa inevitablemente el declinamiento productivo y muerte de las plantas en un período no mayor de ocho años, una vez infectadas, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo. Dicha enfermedad es transmitida por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ) el cual se encuentra distribuido en prácticamente todas las zonas citrícolas de México.

La enfermedad fue detectada por primera vez en Asia (China), a finales del siglo XIX, posteriormente se reportó en África del Sur a principios del siglo XX, diseminándose a través de los años hacia varios países de ambos continentes.

La primera detección de HLB en el continente americano se realizó en el año 2004, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Posteriormente, en septiembre de 2005 se confirma su detección en Florida, EUA; en 2007 se informó de su presencia en Cuba. Ante esta situación y analizando el riesgo que representaría la enfermedad para la citricultura mexicana, así como la presencia del vector en el país desde el año 2002, la Sagarpa, a través del Senasica, iniciaron durante el 2008 una campaña fitosanitaria de prioridad nacional operada por los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en las 23 entidades federativas que cuentan con cítricos de importancia comercial, con el objetivo de detectar oportunamente la enfermedad y proteger las más de 500,000 hectáreas de cítricos existentes en el país (IICA, 2010).

Como referencia de la importancia del HLB, se señala que en el año 2004 esta enfermedad se encontraba en varios países, ocasionando daños severos a su citricultura, donde causo la muerte de más de 53 millones de plantas en Asia, 10 millones en África y en Brasil más de 3 millones de plantas desde su detección, así como en Florida de forma reciente alrededor de 400 mil plantas, por esto el HLB es considerada la enfermedad más destructiva para el cultivo de los cítricos.

Con la campaña para la atención del HLB en 2009, se logró detectar en el municipio de Tizimín, del estado de Yucatán, muestras vegetales con la bacteria causante del huanglongbing, razón por la que se cuarentenó a dicho estado, y se intensificaron las actividades de búsqueda y control de la enfermedad en los 23 estados citrícolas.

Por tanto, es importante señalar que ante la sospecha de la presencia del HLB en material vegetal y/o psílidos infectivos en los diferentes estados con cítricos, personal de los OASV y de la Dirección General de Sanidad Vegetal, implementan un protocolo de actuación que permite planear la logística y disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la búsqueda intensiva y extensiva en aquel sitio donde se tiene la sospecha de que se encuentra la enfermedad. Este mismo procedimiento ha permitido llevar a cabo la detección del HLB en 11 estados del país (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán).

En el presente año en el estado de Tabasco se realizó una detección de HLB en una muestra de psílidos, por lo cual se está implementando el Protocolo de actuación ante la emergencia por la detección del huanglongbing, con la finalidad de buscar síntomas de la enfermedad en plantas y de esta forma corroborar su presencia en dicha entidad.

Al día siguiente de la primera detección del huanglongbing de los cítricos en el país, se emitió un fundamento legal para prevenir y retardar la dispersión de la enfermedad en los estados citrícolas, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, Por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) de los cítricos (Candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, y sus protocolos. Posteriormente, dicha norma fue actualizada y en la actualidad la campaña se fundamenta en el “acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing (Candidatus liberibacter spp.) y su vector, publicado el 16 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y el HLB continúa avanzando paulatinamente hacia y entre las zonas citrícolas, debido a que no se ha realizado el cumplimiento estricto del acuerdo; prueba de ello son los registros de los huertos que están incumpliendo con el citado lineamiento, según se encuentra publicado en la página web del Senasica –http://www.senasica.gob.mx/ ?id=4737–, entre otros actores que incumplen con el fundamento legal.

Este acuerdo establece como obligación para la Sagarpa, las siguientes disposiciones de tipo administrativo:

1. Cuarentenar áreas con presencia de HLB, de tal forma que en las áreas con presencia de la enfermedad se requerirá certificado para realizar cada una de las siguientes actividades:

I. Para producir las especies de cítricos a que se refiere el Artículo Tercero del Acuerdo de HLB.

II. Para movilizar los productos regulados en el Acuerdo de HLB.

2. Prohibir la movilización de hospedantes de HLB que no cumplan con la normativa referida.

3. Ordenar la retención, deposición y destrucción de vegetales, productos y subproductos infectados con la bacteria.

4. Certificación de unidades de producción de material propagativo de cítricos que cumplan con el Artículo Octavo de este instrumento legal.

5. Capacitación y divulgación.

6. Vigilar el cumplimiento del acuerdo.

Acciones de control en áreas urbanas:

7. Exploración para detección de plantas con síntomas,

8. Muestreo y diagnóstico de material vegetal y del vector,

9 Eliminación de plantas con síntomas; y

10. Control de vector.

Se han detectado concretamente algunos puntos que han impedido el cumplimiento de la normatividad vigente.

1. Falta de apoyo por parte las delegaciones estatales de la Sagarpa en los estados para la aplicación del acuerdo de HLB.

2. Alto número de viveros no certificados a nivel nacional.

3. Deficiencia de supervisiones al acuerdo por parte de los puntos de verificación e inspección derivado de la situación de inseguridad en el país.

4. Soluciones al problema de HLB, sin fundamento científico, ni técnico por parte de empresas privadas (no existen sanciones para estas empresas).

5. Negativa por parte de los productores para la inspección de huertas comerciales.

6. Negativa por parte de los productores y propietarios de huertos de traspatio para la eliminación de plantas con HLB.

7. En la mayoría de los casos no se lleva a cabo el control del insecto vector de forma particular ni regional.

8. Movilización de material vegetal de hospedantes de HLB de áreas con presencia de HLB a zonas sin presencia de la enfermedad.

9. No existe la certeza de que las nuevas plantaciones de cítricos o los replantes se están llevando a cabo con planta certificada.

Por lo anterior, es necesario que se instrumente los mecanismos necesarios para hacer cumplir estas obligaciones a los diferentes actores y miembros de los eslabones de la cadena citrícola.

Asimismo destacan las actividades relevantes contra el HLB:

1. Formación del Grupo Coordinador, y su Grupo Técnico, para atender el cumplimiento del Art. 18 del Acuerdo de HLB,

2. Implementación del control regional del psílido asiático de los cítricos en los Estados con detecciones de HLB y en algunos Estados sin presencia,

El control regional del vector en huertos comerciales es considerada la actividad clave en este momento para reducir el riesgo de diseminación de la enfermedad. Al respecto, se realizaron aplicaciones en once de los estados bajo control fitosanitario, las cuales continuarán durante el primer trimestre del año 2012, con lo cual se cubrirá la mayor parte de la superficie programada a aplicar. Por condiciones climáticas adversas en el estado de San Luis Potosí se retrasaron las aplicaciones, éstas se llevarán a cabo este año.

También se realizó control regional en 6,045 ha de Veracruz y 12,856 ha de Tamaulipas, para promover que en estos estados se establezcan áreas regionales de control, quedando pendiente también llevarlo a cabo en el Estado de Nuevo León. Adicionalmente, para fortalecer las acciones de control regional, se realizó la liberación de Tamarixia radiata para el control del psílido en Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán.

1. Generación de tecnología, producción y liberación de organismos de control biológico para el control del psílido asiático de los cítricos.

2. Taller Internacional contra plagas cuarentenarias de los cítricos.

3. Campaña itinerante de sensibilización dirigida a productores y público en general.

Con el objetivo de llegar a los productores y público en general de Colima y Michoacán, el año pasado se dio inicio al plan piloto de divulgación itinerante, a través del proyecto denominado: Caravana del HLB. Las ventajas de este modelo de difusión son las siguientes: Sensibilización de los productores (mayor credibilidad en cuanto al daño potencial del HLB) y cooperación directa de la población impactada.

El Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA), evaluó el diseño, procesos y factibilidad económica de la campaña contra el HLB en México desde su inicio en el 2008 y hasta el 2010, encontrando entre otras, las siguientes consideraciones:

• Con base en los resultados generados del análisis cuantitativo de campo, se puede decir que el desempeño de la campaña contra HLB fue satisfactoria en los tres años.

• De los análisis realizados a cada uno de los grupos o actores relacionados con la campaña, se concluye que los diseñadores de la misma (DGSV) sí han involucrado, informado y capacitado sobre el tema HLB a todos los interesados de la cadena citrícola (sistemas producto, empacadores, viveristas, productores, laboratorios, técnicos, investigadores, etcétera).

• En opinión de algunos actores clave y agremiados a los sistemas-producto (productores y viveristas), ha habido un bajo involucramiento de sus dirigentes/representantes, en la parte técnica de la campaña, lo que implica una debilidad al cumplimiento de la normativa y a la propia operación de la misma.

• Pese a los tres años que han estado recibiendo capacitación sobre los riesgos, prevención y manejo de la enfermedad, todavía una importante proporción de los productores y propietarios de unidades de traspatio se oponen a derribar los árboles infectados.

• A pesar de que la mayoría de los viveristas encuestados (certificados y no certificados) señaló estar consciente de la agresividad del HLB , solo la mitad manifestó que eliminaría el material en caso de que se diagnosticara infectado; y aunque todos consideran que la campaña debe continuar , los no certificados parecen no haber modificado su percepción sobre el problema , al no haber iniciado la certificación de su vivero.

• Como responsable de la campaña, la DGSV requiere implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa con respecto al control de focos de infección, eliminación de árboles positivos y de planta de viveros no certificados.

• El retraso detectado en la radicación de los recursos presupuestales a los CESV, genera incumplimiento en los objetivos y metas de la campaña en los tiempos previstos, por lo que deben buscarse mecanismos más eficientes y expeditos que no pongan en mayor riesgo las actividades de ésta, la cual está considerada de prioridad nacional.

De esta manera, se apoyaría a toda la superficie citrícola mediante acciones que permitan la detección oportuna de la enfermedad y el manejo del vector, la regulación de material propagativo y fruta, y el principal apoyo iría enfocado hacia los productores que sí quieren participar, viéndose obligados a organizarse, aportar recursos para lograr el trabajo conjunto, y se le daría seguimiento puntual a través de la tarjeta de manejo que el personal técnico de la campaña le expida, como comprobante de las acciones que está realizando contra el HLB.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base al Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.

Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones de investigación para determinar el impacto ambiental de la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla las normas; y a la Sedesol, a analizar la implementación de programas en favor de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo, suscrito por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Después de reunirnos, con los líderes de la comunidad hñahñu donde denunciaron el impacto ambiental de la Empresa Trituradora y procesadora de Materiales Santa Anita, S. A. de C. V. en el Estado de Hidalgo, la cual funciona presuntamente con severas irregularidades a la normatividad ambiental que debe cumplir para llevar sus actividades.

En el lugar donde fue construida la cementera originalmente habitaban indígenas hñahñu, los cuales son una pequeña población que guarda una cultura rica en dialectos, costumbres, leyendas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre muchos otros elementos que caracterizan a todas nuestras ancestrales etnias indígenas.

En conocimiento de otras cementeras donde sus objetivos han provocado severas enfermedades incurables a las personas que habitan en las zonas aledañas esta comunidad está preocupada por su salud física ya que son los principales habitantes de la zona donde desempeña la cementera, de igual manera serán los principales afectados en su salud física.

La quema de combustibles fósiles y producción de cemento son los principales emisores de CO2, notable responsable del cambio climático, debido a esto la cementera debe funcionar bajo las normativas que regulan este tipo de industria para prever problemas de salud a la comunidad hñahñu y evitar posibles problemas ambientales.

La problemática ambiental atiende a un planteamiento de actos que sucesivamente provocaran un menoscabo irreparable, el mismo mantenimiento de dicha cementera prevé el consumo y explotación de los recursos naturales, estos son la principal fuente de empleo, alimento, inclusive de algunos casos para realizar la construcción de sus hogares ya que hacen sus casas de penca de maguey.

Al ser una comunidad indígena con muy bajos recursos económicos donde su único sustento es atreves del correcto funcionamiento del ecosistema, ya que viven de lo que cultivan, es necesario regularizar a esta cementera para que no siga causando un menoscabo al ecosistema y por lo tanto a la comunidad indígena hñahñu.

Entre las obligaciones del Estado está garantizar la salud, así como brindar y garantizar los servicios públicos, como el servicio de agua potable, la cual se pone en riesgo ya que dicha cementera utiliza una gran cantidad de este líquido vital que al paso del tiempo va a culminar dejando sin agua a esa población tan particular.

La cementera despide polvos que caen cerca de los alrededores de la cementera los cuales están dañando directamente a los habitantes y en general todo el ecosistema. Es necesario hacer un estudio objetivo en el cual se analice todos los elementos negativos que implican el funcionamiento de la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita para encontrar los mecanismos de prevención ambiental y dicha cementera funcione de manera en pro del cuidado del medio ambiente, auxiliándose de todos los lineamientos que les puedan ayudar a su desempeño.

Además de regular las actividades en cuestión ambiental de dicha cementera también es necesario mencionar que se trata de una comunidad indígena y de no normalizar a la cementera se hablaría de acabar con todo su ecosistema y muy probablemente con sus usos y costumbres de esta etnia indígena, nuestra Constitución Política en el artículo 2o. nos establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, es decir que se acabaría con parte de la identidad mexicana.

En el siguiente artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los Municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el principal fundamento legal en el cual se expresa porque debemos preservar nuestras etnias considerando a las comunidades indígenas como entidades de interés público, es un deber preservarlas e incluirlas a su mismo desarrollo, fomentando mecanismos de inclusión, en donde se creen fuentes de empleo, se mejore la calidad de vida y sobre todo de desarrollo, donde se conserven sus tradiciones y todo lo que implica su cultura tan antigua y extensa, para esta comunidad que ya está siendo afectada de forma grave en su manera de subsistir y vivir.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas, de investigación por medio de sus convenios, a la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, para determinar el impacto ambiental de la cementera con la finalidad de cumplir con la normatividad concerniente aplicable a dicha cementera en relación al medio ambiente.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar el análisis respectivo para implementar programas sociales principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los demás aplicables en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.

Presentado en el salón de sesiones de laComisión Permanente, a 3 de enero de 2013.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso del personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares y, en caso de probarse la comisión de algún delito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes, suscrito por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde hace varios años, Alejandro Solalinde Guerra se ha encargado de defender los derechos fundamentales de los migrantes y en general todos aquellos que otorga la Carta Magna en su artículo 1o., ha manifestado en numerosas ocasiones a las autoridades varias ilegalidades cometidas a migrantes, dentro de las cuales se encuentran principalmente secuestro y desaparición. Solalinde Guerra tiene una destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que usan nuestro país para llegar a los estados unidos, debido a todo ese esfuerzo recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a través de la CNDH a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de las garantías fundamentales.

Debido a las numerosas denuncias que ha presentado de actos ilegales e irregulares donde ha hecho público cuantiosos casos donde personal del Instituto Nacional de Migración tiene una presunta comisión por acción u omisión de dichos actos, es menester hacer un estudio minucioso y exhaustivo a todo su personal en donde dicho instituto se encargue de un análisis a su personal para poder detener actos corruptos que desembocan en un mar de ilegalidades.

Actualmente cientos de migrantes debido a la pobreza que viven en sus países cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos donde buscan una oportunidad laboral en la cual puedan sostenerse a ellos mismos y además a sus familias, es una problemática que necesita atención urgente, si bien es cierto que algunos ingresan de forma irregular también lo es que hay mecanismos establecidos en la ley para resolver sus situaciones migratorias donde por ninguna manera nadie puede violentar sus derechos fundamentales, la vida humana es invaluable e irrestituible, debemos garantizar la integridad de la vida ante cualquier situación estudiando y creando un andamiaje preventivo y solucionador, requerido por los cientos de vidas humanas que se han visto afectadas, situación que por ningún motivo debe repetirse.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracciones I, IV, V, XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, los titulares de los órganos administrativos desconcentrados tendrán las atribuciones de

I. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano administrativo desconcentrado a su cargo;

IV.Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas conforme a la normatividad aplicable;

V. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su modernización, innovación y desarrollo, e impulsen la desconcentración y descentralización de sus actividades;

XIV. Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en los términos de las políticas y lineamientos que determine el oficial mayor;

En virtud de lo expuesto anteriormente, el titular del instituto Nacional de Migración está facultado para evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano desconcentrado, así como ejecutar estrategias y medidas administrativas, operativas. Aprobar programas de capacitación de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos.

Es necesario atender las denuncias presentadas para poder detener la comisión de actos ilícitos a los migrantes, en donde por tanto, en atención a los acontecimientos graves que se han suscitado, en relación con ilegalidades antes expuestas

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso de su personal involucrado en actos ilícitos e irregulares y en el caso de probarse la comisión de algún ilícito por participación u omisión del personal a su cargo, deberá actuar en consecuencia, así como garantizar la capacitación permanente y la consecuente evaluación de su personal para garantizar los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de laComisión Permanente, a 3 de enero de 2013.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar la posible existencia de prácticas monopólicas en la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeromexico, SAB de CV, en las rutas nacionales que actualmente opera, suscrito por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que está aplicando Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. en las rutas nacionales que actualmente está operando, con base en las siguientes

Consideraciones

El 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González presentó una proposición con punto de acuerdo, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012, la cual contiene los siguientes puntos de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

”Segundo. Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerarios a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

”Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.

La referida proposición estableció en su parte medular que

“En particular, en el caso de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado de 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento a septiembre de 2012, lo que es un crecimiento significativo en su participación de mercado en solo 3 años, el restante 62 por ciento se distribuye entre las restantes líneas aéreas regulares.

“Lo anterior ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como, sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u hora a petición del usuario. De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), al mes de octubre del presente año se han presentado 1,216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio, cabe considerar, que menos del 10 por ciento de los usuarios que son afectados levantan una queja ante esta instancia, de hecho, las recomendaciones de la PROFECO respecto a los derechos de los usuarios, no son respetadas por las líneas aéreas.

“Los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas aceptados internacionalmente, son medidos a través de indicadores de puntualidad, así como en el porcentaje de cancelaciones de vuelos programados. Tales parámetros de calidad son aceptados internacionalmente para evaluar el servicio de las líneas aéreas. Los organismos internacionales reconocen que el nivel de puntualidad y el número de cancelaciones son fundamentales para evitar costos a los usuarios. Por ejemplo, el desempeño de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. con respecto a las líneas aéreas a nivel global es mediocre, Aeroméxico está clasificada en un nivel de calidad de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel relativamente bajo al promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

“El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario y/o día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50% del precio original del boleto, tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado. Al igual que la imposición de otros sobreprecios o costos adicionales a los usuarios ante eventualidades como cancelaciones, retrasos o sobreventa cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros. Los usuarios deben de tener la libertad de elegir modificaciones de fecha y/o de hora en el uso de su boleto con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea que de hecho está forzando a los usuarios, a que por alguna razón tengan que modificar su itinerario, incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.”

Con fecha 21 de diciembre de 2012, fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación, en el ámbito de su competencia, al punto de acuerdo antes referido, documento que en su parte medular señala lo que a continuación se transcribe:

“Finalmente, se hace de su conocimiento que los artículos 30 de la LFCE y 28 de su Reglamento establecen que esta autoridad sólo puede iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tener como consecuencia una sanción en términos de la LFCE. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la CFC sólo puede iniciar una investigación cuando tenga una causa objetiva para hacerlo.

“Al respecto, de la información contenida en las consideraciones expuestas en el punto de acuerdo, no se desprenden elementos suficientes que otorguen a esta autoridad una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio por posibles prácticas violatorias de la LFCE.

“Sin embargo, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia. De esta forma, se ofrece la total disposición de la CFC para recibir información adicional, que aporte elementos de información adicionales que permitan iniciar una investigación por parte de esta autoridad.”

Con relación al contenido del oficio en comento, vale la pena señalar que el suscrito lamenta no compartir las consideraciones expresadas por el Presidente del organismo regulador, toda vez que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.

Se afirma lo anterior, toda vez que por una parte, los artículos 30 de la ley de la materia y 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia invocados por el presidente de ese organismo no lo autorizan para actuar de la forma en que lo hizo, y por la otra, que el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del Secretario Ejecutivo de ese organismo.

En efecto, en el artículo 32 de la ley señala que el Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, en tanto que el 19 del reglamento dispone que corresponde a dicho servidor público admitir y turnar a trámite los asuntos presentados o interpuestos ante la Comisión y desechar los notoriamente improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un desechamiento cuya resolución corresponde acordar al Secretario Ejecutivo, esto en virtud de que el Presidente de la Comisión, al responder el precitado punto de acuerdo, omite darle trámite e inmediatamente procede a iniciar la averiguación que le fue solicitada, situación que no vulnera los derechos de los legisladores que componen la actual legislatura de la Cámara de Diputados, sino los de la sociedad en su conjunto, al no investigarse ni mucho menos resolverse una cuestión que afecta la economía nacional, como lo es la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil.

No obsta para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el artículo 28 fracción V de la Ley Federal de Competencia Económica establezca que el Presidente de la Comisión está facultado para representar legalmente a la Comisión, toda vez que ello la habilita para fungir como interlocutor ante la Cámara de Diputados y así responder el exhorto que le fue girado a la comisión; sin embargo, esto no le permite suplantar las facultades del Secretario Ejecutivo, que es quien realmente esta investido de atribuciones para desechar la petición en la forma en que se hizo.

Como consecuencia de lo anterior, el suscrito hace suyo el contenido de la proposición formulada el 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González, por cuanto hace al exhorto dirigido a la Comisión Federal de Competencia, y solicita a esta Asamblea la aprobación de la presente proposición, a efecto de que se exhorte nuevamente al órgano regulador de referencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. en las rutas nacionales que actualmente está operando.

Por todo lo antes expuesto, solicito a esta Comisión Permanente se apruebe el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF,a 3 de enero de 2013.

Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a garantizar la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país, mediante controles de confianza; y a dar a conocer el programa de reestructuración de las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la SSP, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

La policía es una de las instituciones más fundamentales de cualquier Estado, entendiendo que ésta es responsable de garantizar la seguridad e integridad de la población a la que sirve. No obstante, el crimen organizado ha logrado infiltrarse dentro de las instituciones públicas del país, desviándolas de uno de los objetivos principales que justifica su existencia: proteger a las familias mexicanas. Así, los criminales han hecho uso, en muchas ocasiones, del aparato estatal para concretar actividades que van en perjuicio de la población.

Dado el evidente debilitamiento que experimentó la Policía Federal, y como respuesta a las recurrentes demandas de la ciudadanía por cuerpos policíacos capacitados y libres de corrupción, el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a la Policía Federal y a la Policía Ministerial. De este modo, en el marco de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instruyó la creación de este Centro Nacional, como instancia normativa, reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Gracias a los esfuerzos descritos, el Ejecutivo federal logró depurar los cuerpos policiacos de elementos que servían a otros intereses ajenos a los de la nación, evaluando a la totalidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.

No obstante, las recientes modificaciones planteadas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso de la Unión, no deben de poner en riesgo los avances en materia de certificación policial, que requieren de acciones periódicas y sistemáticas en el mismo sentido.

La reestructura del gobierno federal implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de hoy jueves 3 de enero, para que muchas de sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

El Partido Acción Nacional aprobó y respaldó los cambios propuestos por el presidente de la República para que la nueva administración se desempeñe de la mejor manera posible. Sin embargo, los legisladores del PAN velaremos por que aquellos avances logrados en administraciones pasadas se mantengan y se refuercen. En este caso, nos referimos particularmente a los controles de confianza, que han permitido elevar la calidad de los cuerpos policiacos y erradicar al crimen organizado de una de las instituciones públicas más elementales del país: la Policía Federal.

En este sentido, el Partido Acción Nacional considera de suma importancia que al mismo tiempo que se dé continuidad a políticas públicas exitosas, se dé a conocer el programa por el que se reestructurarán las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública; entre ellas, el Consejo de Menores, el Servicio de Protección Federal, las áreas tecnológicas y el Órgano de Prevención y Readaptación Social. Esto, con la finalidad de conocer el modo en el que la Segob desempeñará sus nuevas funciones en materia de seguridad.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar que se continúe con la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país por la vía de los controles de confianza.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a dar a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 3 de enero de 2013.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y Libramiento Xalapa, suscrito por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Uriel Flores Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

El 14 de febrero de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Concesionaria Autopista Perote Xalapa, SA de CV (Copexa) la concesión para construir, explotar, operar, conservar y mantener dos tramos carreteros, la autopista Perote-Banderilla de 30 kilómetros y el libramiento de Xalapa de 29.6 kilómetros, ambos en el estado de Veracruz. La construcción de estos tramos carreteros tiene la finalidad de reducir los costos de operación y los tiempos de traslado en la zona.

La empresa concesionaria Copexa es producto de la unión de dos firmas europeas. Por un lado se encuentra Isolux Corsán, compañía de referencia global en las áreas de concesiones, energía, construcción y servicios industriales, la cual desarrolla su actividad en más de 30 países de cuatro continentes; actualmente construye y gestiona, mediante concesiones, más de 1,610 kilómetros de autopistas en cuatro países. Por el otro lado se encuentra Ascendi Group, la cual se conforma de una asociación entre los grupos portugueses Mota Engil y Banco Espírito Santo, quienes tienen concesiones en Portugal, Brasil, Mozambique y México; mediante su filial Ascendi O&M instala, opera y gestiona el sector Europeo privado más grande de telepeaje a través del flujo de carriles multiuso free flow.

El 5 de julio del presente año fue inaugurada la primera etapa de la autopista que cubre el tramo de Perote a Banderilla; posteriormente el 28 de noviembre se entregó la segunda parte que cubre el tramo Banderilla-Xalapa y con ello se completa el libramiento de Xalapa. El libramiento Xalapa tiene una distancia de 60 kilómetros, cuenta con cuatro carriles, un túnel y dos viaductos y la velocidad de diseño es de 110 kilómetros por hora, reduciendo los tiempos de traslado de 1 hora a aproximadamente 25 minutos.

La autopista cuenta con dos plazas de cobro, una por tramo carretero. La autopista Perote-Banderilla tiene un costo de 100 pesos por sus 30 kilómetros, mientras que el libramiento Xalapa cuesta 121 pesos por 29.6 kilómetros, convirtiéndose así en uno de los tramos carreteros más caros del país, con costos que están por arriba de la Autopista del Sol y la autopista México-Querétaro-Guanajuato, que son las más transitadas del país.

Como se puede observar en la tabla, la autopista Perote-Xalapa es incluso más costosa que las autopistas urbanas que se han construido en los últimos años; el costo por kilómetro de esta carretera es más del doble que el costo del Arco Norte que también fue construida durante el sexenio anterior. El costo de la autopista Perote-Xalapa es muy elevado, sin contar los costos que tiene para los autobuses y los camiones de transporte de carga que podrían ser los más beneficiados con la construcción de este libramiento.}

Considerandos

La concesión para la construcción, explotación, operación y mantenimiento de la autopista Perote-Xalapa, en sus dos tramos carreteros, fue otorgada en 2008 a la Concesionaria Autopista Perote Xalapa. Fue hasta noviembre de este año que se concluyó con los trabajos de construcción del libramiento Xalapa y con ello se inicia el uso de la totalidad de libramiento. Este libramiento presenta un costo de 3.71 pesos por kilómetro que duplica el valor de la autopista más cara antes construida en el país.

La autopista tiene como finalidad la disminución de tiempos y costos de traslado en la zona, tanto para transportistas como para particulares; pero el elevado costo de uso no permiten su correcto funcionamiento, ocasionando que los transportistas que circulan por la zona estén estacionados hasta por 4 horas para esperar se les autorice el paso por el centro de Xalapa, para así no erogar los 627 pesos que costaría el traslado de sus mercancías por la autopista siendo un camión de 7 a 9 ejes y los 345 pesos que pagaría un camión de 2 a 4 ejes.

El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones para establecer y revisar las tarifas de los tramos carreteros, así como hacer la revisión de las concesiones. La fracción VIII del artículo 5o. de la Ley Caminos, Puentes y Autotransportes Federal mandata que la SCT establezca las bases generales de regulación de tarifas, además el artículo 30 de la ley anteriormente referida da la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar concesiones y revisar las cláusulas de las mismas velando siempre por la utilidad pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la concesión que el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV, opera, con la finalidad de ajustar y hacer congruentes las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y libramiento Xalapa, con los de las demás autopistas de cuota, siendo urgente la reducción de sus tarifas que se consideran las más elevadas de la República Mexicana.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 3 de enero 2013.

Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a emprender acciones para terminar con la grave crisis de inseguridad en el país, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo debe ser un contrapeso efectivo y democrático al Ejecutivo, y así contribuir a la gobernabilidad que el país requiere, evitando con ello que el ejercicio del poder sea vertical y autoritario.

Una de las razones que dan origen al Estado, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En tal virtud, el Legislativo como parte del Estado debe compartir la responsabilidad en el marco de sus facultades.

Aunado a lo mencionado, la situación de violencia generalizada y la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país, requiere de una atención prioritaria a fin de sentar las bases de convivencia pacífica y armónica entre sus ciudadanos.

La guerra intestina, sin proyecto, sin rumbo que sembró muerte y desolación en el país llevada a cabo por el gobierno de Felipe Calderón dejó un saldo estimado de 100 mil muertos no ha sido reemplazada por acciones eficaces que muestre un cambio de estrategia por parte del actual gobierno.

Esta debe ser una motivación suficiente para que al inicio de este año, y prácticamente al inicio de sexenio, que esta legislatura conozca el estado que guarda la Seguridad Pública en el país y se conozca a detalle la estrategia nacional en la materia, derivada de las modificaciones legales y presupuestarias que le otorgaron a la Secretaría de Gobernación dichas atribuciones, ante la grave crisis de inseguridad que enfrenta el país.

Es importante que el Legislativo conozca el diagnóstico del estado en que recibió la seguridad del país la Secretaría que, por virtud de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública -a la que nosotros nos opusimos-, integró en una sola dependencia las áreas de gobernación y seguridad pública.

Es necesario que se tengan muy bien identificadas las áreas y responsabilidades específicas que tendrán los funcionarios de esa dependencia derivadas de la reforma mencionada, a fin de no dejar vacíos en materia de seguridad pública, pues ésta debe ir más allá de una estrategia policiaca y dirigirse a garantizar la seguridad humana.

Para aclarar la visión con respecto al enfoque de seguridad humana, es oportuno traer algunas definiciones importantes al respecto.

De acuerdo a la Comisión de Seguridad Humana del PNUD, en el núcleo de seguridad humana se engloban los temas de las libertades humanas y los derechos económicos, sociales y culturales, e implica considerar, como sustento ético, la dignidad de la persona y los derechos humanos.

Así pues, a raíz de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, es parte de la responsabilidad del Estado en su conjunto garantizar los derechos de las personas, y uno de ellos es el de la Seguridad Humana, un concepto que debe englobar a la seguridad pública y por tanto es preciso conocer el planteamiento que al respecto tenga la Secretaría de Gobernación.

En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, se dio a conocer una Estrategia Nacional de Seguridad dividida en 6 ejes estratégicos, para esta soberanía es de principal interés que esta estrategia se conozca ampliamente y se identifiquen los objetivos y retos que pretende atender y la esfera de responsabilidades de cada nivel de gobierno para su eficaz funcionamiento.

Por otra parte, el legislativo tiene la obligación de conocer el destino de los recursos del presupuesto público federal para vigilar su efectivo uso en beneficio de la sociedad, aunado al ya fundamentado interés que tiene con respecto a la seguridad en nuestro país, en razón de ello debe conocer a detalle el proyecto de la gendarmería nacional, sus alcances y propósitos, el destino que se plantea de los 1,500 millones de pesos que se autorizaron para esta nueva estructura policial.

Es de especial interés de este Poder, tener información comparativa con respecto al funcionamiento y operación de la gendarmería con estrategias parecidas desarrolladas en otros países el número de efectivos, funciones, recursos destinados para tal fin, y resultados obtenidos.

Por otra parte, a pesar de la presencia inconstitucional de las fuerzas armadas en las calles, es preciso conocer los planes y estrategias que se tienen al respecto, de otra manera la indefinición hace más vulnerable su presencia en las calles.

Mientras se aplica la estrategia nacional de seguridad presentada por el Ejecutivo Federal ante el Consejo Nacional de Seguridad, en las calles sigue habiendo incertidumbre y las muertes siguen siendo el principal signo de la violencia generalizada y cada día aumentan los números de muertes y enfrentamientos en lo que parece ser tierra de nadie.

En razón de ello, es preciso implementar acciones de carácter urgente para atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el cotidiano de estados y municipios.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a llevar a cabo acciones urgentes para terminar con la grave crisis de inseguridad que vive el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a los 3 días del mes de enero de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, federal y de Tlaxcala, a requerir a Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, que cumpla el requisito de mejorar y conservar en buen estado el tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, suscrito por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez integrante del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes:

Consideraciones

Las vías de comunicación terrestre son arterias indispensables para la comunicación entre ciudades y pueblos, así como para el comercio y transportes de mercancías, por lo que necesariamente deben estar en el mejor estado posible, esta obligación recae de conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país¡ así como construir y conservar los caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.

Esta facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe ser realizada en todas y cada una de las carreteras de jurisdicción federal existentes en el país, ya sea en forma directa o a través de concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los Particulares, Estados o Municipios, con forme al procedimiento establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Un gran problema que aqueja a mi Estado es la autopista San Martín Texmelucan - Tlaxcala - Molinito, fue abierta al tránsito el doce de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, y la concesión fue otorgada a la persona moral Ocacsa; es una de las tres autopistas privadas que ha operado por más tiempo en México.

En esa concesión, también Ocacsa se hizo cargo de la conservación mayor del tramo; luego paso a manos de Aucal y esta última a partir del diecinueve de noviembre del dos mil diez celebró con la Promotora de Autopistas del Pacifico, SA de CV (PAPSA), contrato de cesión de concesión y derechos litigiosos, mediante el cual la primera otorgo a la segunda la administración del Tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-EI Molinito.

Por su lado, la Empresa PAPSA celebro un convenio en términos confidenciales con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, y entre otras cosas, de ese convenio quedo establecido que la concesión es por un periodo de 25 años; llena de grandes conflictos a través de juicios civiles en los que se han reclamado el cierre de dieciocho accesos carreteros irregulares y el pago de perjuicios por más de tres mil millones de pesos.

Otro de los grandes problemas es que es una autopista que los pobladores de diversas comunidades de Tlaxcala han denominado “la autopista de la muerte”; y que tiene una distancia de veinte kilómetros, convirtiéndose en una de las más caras del país, ya que actualmente los automovilistas pagan cincuenta y seis pesos solo por costo de peaje de automóvil, esto es, se convierte en un costo de tres pesos por metro cuadrado para transitar en un tramo carretero inseguro con trampas de muertes ubicadas a la altura de Ixtlacuixtla, en el puente de Popocatla, Santa cruz el Porvenir, Tizostoc, Tecoac, San Jorge Tezoquipan, a la altura de las instalaciones de la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Panotla y en la Trinidad Tenexyecac.

De acuerdo con estudios de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, por esa vía circulan diariamente unos veinte tres mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, por lo que al realizar la operación aritmética de cincuenta y seis pesos por veintitrés mil automóviles, da como resultado un millón doscientos veintiocho mil pesos diarios; de suerte que no es posible que se tenga un tramo carretero que no tenga acotamiento y rampas de emergencia.

Por citar una cifra, en el mes de enero del año dos mil seis en la autopista de la cual hago referencia, solo de lo que se tiene registro, hubo cuatro accidentes, y en uno de ellos una persona perdió la vida.

En los siguientes meses del mismo año ocurrió lo siguiente: en febrero cuatro accidentes, perdiendo la vida tres personas; en marzo dos accidentes, resultando lesionadas tres personas graves; en abril cuatro accidentes resultando cuatro personas que perdieran la vida; en mayo un accidente, perdiendo la vida un ciudadano y otro gravemente lesionado; en el mes de junio seis eventos, resultando dieciséis personas lesionadas, mismas que requirieron hospitalización; en julio uno, resultando herida una persona; en el mes de agosto siete accidentes, perdiendo la vida dos personas; en septiembre cuatro accidentes, perdiendo la vida cuatro personas y resultando lesionada una en calidad de grave; en octubre dos incidentes, y muriendo una persona y otra gravemente herida; en noviembre seis accidentes, perdiendo la vida tres y herido uno.

En el año se tuvo un total de dieciocho personas muertas y veinte tres heridos, además de los daños a los vehículos y a la propia vía de comunicación, tan solo en el mes de septiembre a noviembre del dos mil doce son más de cinco accidentes ocurridos en la carretera de la muerte, causando nueve muertes y veinticuatro lesionados.

Estos son datos fríos pero reflejan la peligrosidad de esta vía de comunicación y la necesidad apremiante de que se tomen las medidas necesarias para hacerla transitable, y sobre todo segura, el adecuado señalamiento de kilómetros recorridos, salidas, pasos, reductores de velocidad y todos los elementos de seguridad para los viajeros que por norma deben cubrir todas las carreteras federales, aun siendo concesionadas.

Con tales datos puedo afirmar que la referida “autopista de la muerte”, constituye un grave problema para la comunicación terrestre.

Por todo lo anteriormente expresado, solicito a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala y al secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, requiera a la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, cumpla con el requisito de mejorar, conservar y mantener en buen estado, así mismo expliquen cuantos años esta otorgada la concesión del tramo carretero que va del tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito y qué medidas han tomado para evitar que se disminuya los accidentes automovilísticos.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de enero de dos mil trece.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas, suscrito por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Laura Angélica Hernández Rojas, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública “es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto a otro gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones internacionales (públicas o privadas)”.1 La deuda pública es una de las herramientas financieras de uso más frecuente por los gobiernos estatales y municipales para obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y los recursos aportados por la federación, por lo que tiene un alto valor y utilidad, siempre que sea bien empleada. No obstante se ha generado una rápida evolución en los mercados financieros ocasionando que dentro del financiamiento público subnacional, se esté propiciando una fuerte desregulación, dejándolo sujeto sólo a mecanismos de mercado tales como el uso de agencias calificadoras de riesgo privadas, causando amenazas latentes a las finanzas locales y nacionales.

Si bien este Congreso de la Unión ya ha manifestado en múltiples ocasiones su preocupación por la creciente e irresponsable deuda de los estados, la deuda de los municipios también ha padecido este infortunado fenómeno y en varias entidades federativas se ha convertido en un foco rojo que debe atenderse de forma pronta y contundente.

Según el estudio El municipio: ¿la institución de la opacidad?, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los municipios resulta mucho más grave. De los 373 municipios más grandes del país generan el 80 por ciento del PIB nacional, 97 publicaron su presupuesto de egresos para 2009 en internet. (De estos, 11 indican el número de plazas de la administración y en 13 se presenta un tabulador de sueldos)

El mismo IMCO, señala que a pesar de los avances registrados en materia de transparencia, en promedio, los principales municipios del país reprobaron en 2012. De la muestra estudiada, sólo cinco aprobaron con una calificación superior a 60 por ciento: Metepec (100 por ciento), Puebla (100 por ciento), Bahía de Banderas (68 por ciento), Tepic (65 por ciento) y Aguascalientes (62 por ciento).

El Índice de Información Presupuestal Municipal 2012 que elaboró el IMCO expone una puntuación promedio de 16 por ciento, en una escala de cero a 100. En la medición del 2011, la nota promedio fue de 11 por ciento. Los estados con mayor deuda municipal a la fecha son Jalisco en primer lugar, estado de México en segundo y Nuevo León en tercero.

El avance fue insuficiente respecto al grave problema de la opacidad generalizada en los municipios evaluados y la pobre voluntad política para hacer del gasto una fuente de información accesible. En contraste, 274 alcaldías no superan el nivel de 21 por ciento; es decir, no pasaron la evaluación ni con los elementos mínimos de funcionabilidad.2

Por otro lado, de acuerdo a un estudio del diario El Economista, de cada 10 pesos que los municipios tienen contratados como deuda, nueve no tienen un aval de pago, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las obligaciones financieras de los ayuntamientos, sin considerar organismos, ascendió a 44,859 millones de pesos en el segundo trimestre del 2012. De dicho monto, 40 mil 282 millones no están garantizados. Las obligaciones financieras de las alcaldías en 15 de los 31 estados de la República no cuentan con aval. Se trata de los ayuntamientos de los estados de Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Colima, Campeche, Baja California, Aguascalientes, Oaxaca y estado de México.3

En México, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda de los municipios en México creció, desde el inicio de la pasada administración hasta el cierre del primer semestre de 2012, 177 por ciento en términos reales, lo que representa el doble de la registrada en las administraciones estatales (93 por ciento). Las obligaciones financieras de las 32 entidades federativas y sus ayuntamientos registraron un saldo nunca antes visto de 404 mil 409 millones de pesos al primer semestre de 2012, lo que significó un avance superior al 100 por ciento con respecto al 2006.

La deuda de los municipios del estado de México representa el 13 por ciento del total de débitos que tienen los ayuntamientos del país al tener registrado ante la Secretaría de Hacienda un monto de 5 mil 765.2 millones de pesos de un total de 44 mil 633.2 millones.

Según el informe sobre las Obligaciones Financieras de municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo, Emisiones Bursátiles y Otros, con saldos al 31 de marzo del 2012, los municipios mexiquenses se ubican como los segundos más endeudados de México, luego de los jaliscienses, por arriba de los ayuntamientos de Nuevo León.

Cerca del 45 por ciento de la deuda de los municipios fue adquirida con la banca comercial. En el caso mexiquense encontramos un promedio mucho mayor de deuda con las instituciones de crédito comerciales, el cual es del 74 por ciento de los compromisos financieros contraídos, es decir, 4 mil 261.4 millones de pesos, mientras que con la banca de desarrollo tienen mil 259.9 millones y el resto lo clasifican con el rubro de “otros”.

El informe indica que de los 125 municipios mexiquenses, 69 tienen algún adeudo. Los más altos corresponden a Ecatepec, quien ocupa el noveno lugar entre los más endeudados del país con 735.9 millones de pesos, Naucalpan 484.2 millones, Huixquilucan 468.1 millones, Tlalnepantla 457.2 millones, Atizapán de Zaragoza 415.6 millones, Coacalco 316.8 millones, Toluca 302.5 millones, Cuautitlán Izcalli 229.1 millones y Nicolás Romero 209.3 millones de pesos.

Otros son Metepec, Ixtapaluca y Texcoco que tienen cada uno entre 156 y 199 millones de pesos.

La suma de la deuda de estos 13 municipios asciende a los 4 mil 300.3 millones de pesos de los 5 mil 765.2 millones de pesos, que representan el 74.59 por ciento del total de la deuda de los municipios en el estado de México.

Además de lo anterior, en los datos contenidos en el Informe de resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de los municipios del estado de México correspondiente al ejercicio de año 2011, presentado por el Órgano Superior de Fiscalización en septiembre pasado, encontramos que, además de los municipios antes mencionados, otros municipios del estado se encuentran en una situación de grave crisis financiera debido a otro tipo de pasivos que no están registrados ante la SHCP, como pueden ser, adeudos a proveedores.

Entre estos municipios, se encuentran Melchor Ocampo (con una deuda equivalente a163.4 por ciento de sus ingresos ordinarios), Coyotepec (141.0 por ciento), Otumba (94.6 por ciento), Tianguistenco (93.6 por ciento), Capulhuac (61.8 por ciento), Teotihuacán (60.9 por ciento), Jaltenco (57.1 por ciento), Chiautla (54.5 por ciento) y Tenango del Aire (51.18 por ciento).

En el estado de México se celebraron elecciones el primero de julio de 2012, para renovar todos los ayuntamientos del estado, entrando en funciones el primero de enero de 2013.

Esta renovación en el ámbito de gobierno más cercano a la gente, representa una oportunidad para reconducir las finanzas públicas, que permitan dar a sus administraciones un sentido responsable de compromiso con la gente y con el ejercicio del poder público y sus bienes que requieren los mexiquenses.

El pasado 26 de septiembre de 2012, el Senado de la República exhortó por unanimidad a para que las legislaturas de los estados legislen en materia de deuda pública, estableciendo candados en su contratación, estipulando para su destino las inversiones públicas productivas y generando una total transparencia y rendición de cuentas en su manejo, los gobernadores constitucionales de los estados implementen medidas de transparencia sobre la deuda públicas de sus entidades; a manejar con mayor responsabilidad y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración, para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y a los partidos políticos con registro nacional y local, a impulsar con su grupos parlamentarios locales la presentación o, en su caso, dictaminación de reformas legislativas que regulen adecuadamente la deuda pública de su entidad.

En el entendido de que se trata de una responsabilidad compartida por los diferentes ámbitos de gobierno y los diferentes poderes públicos, debemos aprovechar la oportunidad para invitar a los nuevos funcionarios públicos para que emprendan gestiones transparentes, comprometidas con la gente, responsables y de visión a mediano y largo plazo, en cumplimiento al propio artículo 129 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de México que señala que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

En ese tenor, esta Comisión Permanente considera oportuno resaltar la importancia del tema e invitar a los presidentes municipales, síndicos y regidores del estado de México que inician su gestión, a conducirse con la altura que los mexiquenses requieren en el manejo de las fianzas públicas de su municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, tanto la contraída con anterioridad, como la que durante el periodo de su gestión se pretenda contratar, en beneficio de sus habitantes y de los mexiquenses en general.

Notas

1 Et al. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, 2009.

2 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de Información Presupuestal Municipal 2012, México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

3 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/10/10/solo-10-deuda-m unicipal-tiene-aval

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2013.

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas, a través de la SHCP, respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando con la mayor brevedad sobre las acciones acordadas, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senador Benjamín Robles Montoya y diputado Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En la madrugada del 1 de enero de 2013, el Senado de Estados Unidos aprobó una serie de medidas que técnicamente evitarían que ese País aplique las medidas de choque presupuestal a las que se dio por llamar “precipicio fiscal” o “abismo fiscal”, falta la aprobación de la Cámara de Representantes, discusión que se está llevando a cabo el día de hoy, 2 de enero, el punto es que aún con la aprobación de la Cámara de Representantes, las nuevas medidas harán poco por controlar el gran déficit presupuestario anual que ha llevado la deuda estadunidense hasta los 16.4 billones de dólares, razón de fondo que obligó a un acuerdo en el Congreso estadounidense en 2011 para postergar la solución del déficit fiscal –de 1 billón de dólares al año– hasta después de la elección presidencial de noviembre pasado. Bajo aquel arreglo, si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponían de acuerdo sobre el déficit, entrarían en vigencia a partir del 1 de enero de 2013 recortes automáticos en todos los gastos del gobierno, expirarían las exenciones impositivas vigentes por una década, y unos 2.3 millones de personas perderían su subsidio por desempleo, estas medidas es a las que mediáticamente se les llamó “precipicio fiscal”.

Como consecuencia de la misma problemática en la economía de Estados Unidos, el ultimo día del año de 2012, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, notificó al Congreso de ese país que ya se superó el límite de endeudamiento alcanzando los 16.4 billones de dólares mencionados anteriormente, por lo que la deuda nacional de Estados Unidos es ahora más grande que su producto interno bruto (PIB).

El secretario del tesoro, en una carta enviada el 31 de diciembre al Congreso, indicó que ha puesto en marcha una serie de medidas de emergencia que dotarán temporalmente al país de unos 200 mil millones de dólares, lo que mantendrá financiadas las actividades del gobierno a corto plazo y evitará que Estados Unidos caiga, en los próximos dos meses, en una cesación de pagos –lo equivalente a una declaratoria de bancarrota.

Tanto las medidas que tomará el secretario del Tesoro como la eventual aprobación de la Cámara de Representantes, permitirá tanto a los legisladores norteamericanos como al propio gobierno federal retomar con mas calma los trabajos para reducir el déficit de ese país –que fue heredado al gobierno del presidente Barack Obama como consecuencia de una década de estar financiando guerras con endeudamiento–, sin embargo, en unas cuantas semanas expiraran las medidas provisionales de alivio implementadas por el secretario del Tesoro y el gobierno norteamericano tendrá que acudir -una vez más-a solicitar un aumento en el límite de la deuda soberana, por lo que la deuda seguirá rebasando al PIB.

En otras palabras, aunque técnicamente se superen las medidas conocidas como “precipicio fiscal”, faltan por acordarse una gran cantidad de medidas que permitan bajar el déficit y reducir el enorme endeudamiento de ese país, y estas medidas se discutirán y aprobaran en las semanas por venir, por lo tanto, estas medidas van a significar un menor crecimiento del PIB de Estados Unidos.

Dado que es insalvable el hecho de que el PIB de Estados Unidos va a tener un menor crecimiento, es que nuestro secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya reconoció que durante 2013 el crecimiento económico del país será menor a lo que se creció durante 2012, por lo que ha declarado que resulta indispensable llevar a cabo una reforma hacendaria que permita mayor captación de recursos a través de la tributación, fortaleciendo la capacidad financiera del estado para cumplir con sus obligaciones, como es el caso del presupuesto educativo.

De igual forma, consideramos como insuficientes o poca claras las declaraciones que nuestro secretario de Hacienda ha vertido en los medios señalando que en el paquete económico para el ejercicio de 2013 se tomaron diversas medidas cautelares que protegen la estabilidad del país, frente al eventual precipicio fiscal de Estados Unidos.

Las principales medidas que ha señalado el secretario de Hacienda son un muy cuestionable déficit cero, la protección al precio del petróleo, una política del tipo de cambio flexible, continuidad a la política de reservas sustanciales –que actualmente se ubica en poco más de 170 mil millones de dólares– y recontratación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitiría exceder recursos hasta por 70 mil millones de dólares adicionales en caso de presentarse un evento abrupto a nivel internacional con afectaciones a la economía de México, todas estas medidas las declaramos como insuficientes, ya que no están considerando que eventualmente la mayor afectación que tendrá México con precipicio fiscal o sin él, lo tendríamos en el terreno alimentario, y también a estas medidas las declaramos como poco claras porque a pesar de que se habla de una reforma hacendaria que permita mayor captación de recursos a través de la tributación, se sigue manejando un presupuesto de gasto fiscal por más de 390 mil millones de pesos, lo que significa más del 90 por ciento del endeudamiento interno programado para 2013, endeudamiento que por si solo hecha abajo el mito del déficit cero.

Como ya señalamos, en las semanas por venir tanto el Poder Legislativo como el poder ejecutivo de los Estados Unidos tendrán que llegar a acuerdos que permitan bajar realmente el déficit y el endeudamiento, y una medida que esta siendo fuertemente impulsada por los republicanos y a la cual cada día se suman más los representantes demócratas, es la eliminación de los subsidios agrícolas por 300 mil millones de dólares, entre otras muchas cosas, la eliminación de estos subsidios de entrada incrementaría al doble el precio tanto de la leche como de los productos lácteos en ese país.

La eliminación de los subsidios agrícolas norteamericanos, en un país como México donde durante varias administraciones se desmanteló el campo mexicano con la falacia de las políticas neoliberales y que nos ha conducido a una dependencia alimentaria sin precedentes, va a desembocar en un incremento generalizado de los alimentos, lo que se traducirá en más hambre para los segmentos mas desfavorecidos de la población.

Vivimos una alarmante dependencia alimentaria, de acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan ya el 42 por ciento del consumo nacional total de alimentos, de acuerdo con el último informe presidencial importamos 26 mil 475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto significa que importamos el 95 por ciento de la soya que consumimos, el 80 por ciento del arroz, el 33 por ciento del maíz, el 56 por ciento del trigo, el 30 por ciento del frijol, el 40 por ciento de la carne de res y puerco y tenemos el primer lugar como importadores de leche en polvo.

Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial, las importaciones agroalimentarias en 2011 significaron 344 mil 175 millones de pesos mientras que el gasto productivo fue solo el 17 por ciento del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) esto es 51 mil 850 millones de pesos, seis veces menor que las importaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que tome medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando con la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello

1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y en consecuencia déficits del gobierno federal, evitando a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

2. Informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantelamiento de los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.

3. Informar en concordancia con la sección 2.8 y compromisos 64 y 65 del Pacto por México, que medidas se tomaran para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del País, ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, resulta insuficiente para cumplir este compromiso.

4. Informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el Presupuesto de Gasto Fiscal, y en congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho Presupuesto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2013.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a negar la autorización del proyecto La Ensenada en la Isla Holbox, dentro de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a esa área natural protegida, suscrito por el diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y los suscritos Ricardo Mejía Berdeja y Luisa María Alcalde Luján integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La isla de Holbox, ubicada dentro del área natural protegida “Yum Balam” en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la reserva de la biosfera “Río Lagartos”. Presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.1

Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.2

La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox, incluyen el equinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez más grande del mundo, el tiburón ballena.

La isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable, tiene tan solo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.

Es por ello que el 6 de junio de 1994 por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida (ANP), con carácter de área de protección de flora y fauna a la región de Yum Balam, donde se encuentra por supuesto Holbox.

Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la nación, existe actualmente un proyecto de desarrollo turístico en la isla llamado “La ensenada”.

El proyecto “La Ensenada” con clave 23QR2012TD073 a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, planea construir 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles que tendrá plazas, oficinas y aproximadamente 3,000 metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, sumando un total de 2,450 cuartos. Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de que contará con carreteras, helipuerto, canales y un puerto marítimo, entre otras obras.

El desarrollo turístico-inmobiliario, así como su operación, tendría serias consecuencias en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox, traería consigo impactos ambientales negativos como:

I. Un alto nivel de deterioro del suelo.

II. Perturbación severa de la vida silvestre

III. Sobreexplotación de los recursos naturales.

IV. Procesos de desertificación acelerada y erosión, y

V. Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.3

Las obras de construcción y las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones desencadenarían indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos, así como impactos acumulativos ecológicos, sociales y en materia de salud.4

Considerando los escenarios prevalecientes en la zona y las condiciones actuales del predio que ocuparía el desarrollo, se prevé que el proyecto “La Ensenada” conllevaría una alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona. Entre muchas otras cosas, porque:

• Se realizará el dragado de un canal, que presumiblemente podría modificar el flujo hídrico alterando a los elementos de mangle presente en el estero.5

• En la temporada de lluvias donde el agua pluvial se contaminará con las aguas grises, podría migrar al manto freático en zonas con ausencia de revestimiento.6

• El área donde pretende desarrollarse el proyecto “La Ensenada” se localiza dentro de un humedal prioritario; el más importante de la Península de Yucatán.7

• El nuevo núcleo urbano, tendrá un promedio de habitantes sin contar los trabajadores, de 3,838 personas, siendo que la isla cuenta con tan solo 1,486 habitantes fijos, además se estima una población flotante de hasta 10,000 personas. Aún considerando esta población flotante que perturbaría gravemente el medio ambiente, el proyecto la pretende incrementar en una primera etapa en un 40%.8

Por supuesto nada de lo anterior se establece en la manifestación de impacto ambiental (MIA) número MIA-23QR2012TD073 que la empresa presentó ante la Semarnat como requisito para la autorización del proyecto, en la que las estimaciones de manglar ni siquiera corresponden a las existencias de manglar actuales según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.9 y 10

Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad o la Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente, prueban contundentemente que otorgar la autorización del proyecto representaría además de todo lo ya dicho, serias violaciones a los tratados internacionales ratificados por México; principalmente RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica.11

Por otro lado el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Semarnat deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido más de 18 años.

En noviembre de 2011 se presentó el último borrador aprobado por la comunidad de la zona. En la reunión pública del proyecto “La Ensenada” efectuada el pasado 7 de noviembre del año en curso, el Director Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se comprometió a nombre de la Comisión, a publicar lo antes posible dicho programa, lo que entre otras cosas establecería las reglas prohibiciones necesarias para proteger el ANP de Yum Balam y la Isla Holbox.

Por último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la Ley, tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para resolver respecto a la autorización del proyecto.

En virtud de la enorme trascendencia para la protección y desarrollo ecológico de la zona, es que los diputados y diputadas de los partidos políticos aquí representados, presentamos los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a negar la autorización del proyecto La Ensenada con clave 23QR2012TD073, en virtud de que no es viable pues no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable, y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional , pondría en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el área natural protegida de Yum Balam.

Notas

1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1994, por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. (Anexo 1)

2 Ibídem.

3 Información obtenida del Centro Mexicano de Derecho Ambiental contenido en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 29 de octubre de 2012. (Anexo 2)

4 Ibídem.

5 Información obtenida de la Organización Greenpeace México, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada” de octubre de 2012. (Anexo 3)

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Información obtenida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, de octubre de 2012 (anexo 4).

10 Al respecto conviene consultar la extensa investigación que realizó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sustentada por imágenes satelitales y aéreas tomadas de la zona, donde delimitan las zonas de construcción y manglar.

11 Información obtenida de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 30 de octubre de 2012 (anexo 5).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a los 3 días del mes de enero de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a entregar trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, suscrito por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios garantizada por participaciones federales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Situación de la deuda pública de los estados y municipios

La preocupante y en algunos casos desproporcionada deuda pública que enfrentan los estados y municipios del país, es resultado de un modelo de coordinación fiscal que no responde a los propósitos de adecuado equilibrio presupuestal entre los distintos órdenes de gobierno, teniendo como resultado inevitable el fomento a la corrupción, la opacidad y la mala conducción de los recursos públicos.

Para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación. Las funciones propias de un gobierno local son diferentes a las funciones que por mandato Constitucional están asignadas al gobierno federal. La función del gobierno local es proporcionar niveles de servicios públicos acordes con las necesidades de las comunidades locales. Y es en la realización de este objetivo donde la deuda pública local puede ser extremadamente útil.

El crecimiento acelerado de la deuda pública, responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando entre 5.3 por ciento y 14.7 por ciento anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3 por ciento anual1 y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años.2

En la tabla anterior elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pueden observar los importes totales de la deuda de las entidades federativas y los municipios, pero no se aprecian las Instituciones Financieras con las que se ha contratado deuda ni las especificidades de su contratación, generando una grave opacidad y ausencia de rendición de cuentas, dicha información no se encuentra disponible para consulta en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada del registro de la deuda.

Por otra parte, en la siguiente gráfica se observa el grado de avance por entidad federativa respecto al avance en la implementación de los esquemas de transparencia y presentación de información por entidad federativa:

Fuente: Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se observa, los sistemas de presentación de la información no son cumplimentados de manera puntual respecto a la entrega de la información que en materia de ejercicio presupuestal deben realizar las entidades federativas, el Distrito Federal, las delegaciones y los municipios, aunado a que no en todas las ocasiones se publican ni se difunden las evaluaciones en los portales de transparencia de los gobiernos estatales, no contándose con mecanismos para garantizar la participación sustantiva de la población en las distintas etapas del proceso presupuestario y evaluaciones, siendo por tanto indispensable que se cuenten con informes que permitan evaluar el ejercicio de gasto que se realiza derivado de las aportaciones Federales recibidas trimestralmente del Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo.

II. Regulación constitucional y legal de la deuda pública de estados y municipios

El principio general que prevalece en las finanzas públicas es que el gobierno local debería emitir deuda pública para una finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales también se conocen como “inversiones públicas productivas”.3

Fuente: Unidad de Coordinación con entidades federativas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La contratación y el manejo de la deuda pública de Estados y municipios se determina por la regulación que se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII, el cual establece la prohibición expresa a las entidades federativas de contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Es preciso señalar que las operaciones que involucran el endeudamiento de los Estados y Ayuntamientos representan actos soberanos que solamente competen a éstos, por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa y de ninguna manera representa deuda contingente para el gobierno federal.

III. Regulación constitucional y legal de la deuda pública del Distrito Federal

La fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad del honorable Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal, mientras que la fracción III del apartado B del citado artículo establece como facultad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el jefe de gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley.

En razón de que corresponde a la federación decidir esos aspectos en materia de deuda pública del Distrito Federal, el artículo 73, fracción VIII, constitucional establece que Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de la deuda del Distrito Federal a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado.

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal fue modificada el 15 de diciembre de 1995 y el 15 de octubre de 2001, tanto en su artículo 9o. como en su Reglamento para incluir algunos elementos de mercado que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios en los últimos años.

IV. Deuda de los estados y municipios garantizada por participaciones federales

Las diversas reformas al marco normativo de la deuda pública tanto de las entidades federativas como de los municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones han permitido entre otras cuestiones: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplique la garantía de afectación en participaciones, salvo para los créditos anteriores a la reforma y/o que continúan vigentes y que fueron contratados antes del nuevo esquema de financiamiento; que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios sea eminentemente declarativo y para fines estadísticos; que la deuda soberana de estados y municipios deba estar debidamente calificada; que las normas de capitalización sean más estrictas e incluyentes; se permitió la creación de la figura de fideicomiso maestro como un mecanismo seguro de pago de las obligaciones financieras, en sustitución del esquema de garantía de pago efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se integró una sola ventanilla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de atención a las entidades federativas, el Distrito Federal y sus delegaciones y los municipios, que incorpora la función de registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas.

Estas, se dieron a la luz de lo que establece el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios”.

Sin embargo, no es obligatoria la inscripción de las obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizándose para fines meramente estadísticos en virtud de la existencia de registros estatales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no realiza más la ejecución de las participaciones afectadas en garantía, salvo para registros vigentes previos a las modificaciones mencionadas, generando un incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a varias autoridades en éstos órdenes de gobierno a contratar deuda, excediendo su capacidad de pago.

Las operaciones antes mencionadas, también incluyen la contratación de deuda por parte de los organismos públicos descentralizados y de las empresas públicas creadas por los organismos estatales y municipales. Tanto los montos de endeudamiento como los conceptos por los que se contrata deuda son una facultad exclusiva de las legislaturas locales, las cuales los fijan en sus respectivas leyes de ingresos aprobadas para el ejercicio anual.

La mayoría de los estados se guían en sus leyes de deuda por los parámetros establecidos en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contraer deuda pública, debiendo observar que dicho precepto contempla el concepto de inversiones públicas productivas pero no lo define, lo que conlleva a una pluralidad de leyes que regulan la deuda pública de los estados, propiciando un marco legal débil en cuanto al manejo de la deuda, topes de endeudamiento y rendición de cuentas en cada entidad.

Actualmente, el monto de la deuda pública de largo plazo de los Estados, el Distrito Federal y los municipios de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008 a 80.1 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7 por ciento.4

De acuerdo a información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la situación que mantienen las obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios establecido en el Reglamento del citado artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, del monto total de la deuda anteriormente señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.5

Igual opacidad existe respecto de las aportaciones federales de las que son beneficiarias los municipios que conforman a las entidades federativas, así como las delegaciones correspondientes al Distrito Federal. Los pasivos de los ayuntamientos al mes de octubre, ascienden a 36 mil 708 millones de pesos, esto es, 11.65 por ciento del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal (314 mil 858 millones de pesos).

En el tercer informe respecto de las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios,6 se observa lo antes señalado:

V. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados y la deuda pública de los Estados y municipios garantizada por las participaciones federales que les corresponden.

Corresponde al Estado la rectoría económica de la nación y la participación de esta honorable Cámara de Diputados en materia presupuestal es relevante, considerando que le compete en exclusiva la aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y es colegisladora en la emisión de las leyes tributarias.

Igualmente corresponde en forma exclusiva a la honorable Cámara de Diputados la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, incluyendo las participaciones que se entregan a los estados y el Distrito Federal.

Así las cosas, las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los estados y municipios cuando no existe un control adecuado de ellas, transformándose las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento.

Por ello, es trascendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuente con elementos para conocer los montos de endeudamiento actualizados de manera trimestral de los estados y municipios, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

Por último, no se requiere la misma información del Distrito Federal, considerando que éste se encuentra limitado a las autorizaciones que, sobre el tope de endeudamiento, realiza anualmente el honorable Congreso de la Unión, así como que el presidente de la República rinde un informe anual respecto a su ejercicio, como se razonó en el punto III de esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios, garantizada por participaciones federales.

Notas

1 www.asf.gob.mx/pags/recupera1/ recuperaciones y www.asf.gob.mx/ pags/ recupera1 /recupera.htp

2 http//www.apartados.hacienda.gob.mx

3 Primera Convención Nacional Hacendaria, mayo de 2011.

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx, consulta realizada el 12 de diciembre de 2012.

5 Valores en millones de pesos. Deuda aprobada al 24 de mayo del 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012.

6 Obligaciones financieras con respecto a las Participaciones Federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a aumentar la cobertura de la campaña de difusión y divulgación sobre los derechos de los consumidores, informando a la ciudadanía sobre los mismos, así como de las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senador Benjamín Robles Montoya y diputado Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

La Procuraduría Federal del Consumidor surge en 1976, a partir de la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. De esta manera, México se convertía en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría de defensa del consumidor, y el segundo con una ley en la materia.

El andamiaje institucional, inaugurado con la creación de la Profeco, ha avanzado lenta pero seguramente, aunque aún se pueden encontrar varias deficiencias. Para 1982, la Profeco ya contaba con 32 oficinas en las principales ciudades del país. Actualmente, esta institución cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, representando un total de 51 oficinas en toda la República.

Los objetivos de la Pofeco son los siguientes:

• Proteger los derechos del consumidor;

• Promover los derechos del consumidor;

• Fomentar una cultura de consumo inteligente;

• Procurar la equidad en las relaciones de consumo;

• Procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo;

• Eficientar el desempeño institucional.

Las líneas estratégicas que la Profeco mantiene son las siguientes:

• Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo;

• Fortalecer el poder de los consumidores brindándoles información y asesoría;

• Desarrollar proveedores conscientes e informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con los consumidores;

• Incidir en la política regulatoria y mantener actualizado el marco jurídico que tenga impacto en las relaciones de consumo;

• Propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por los proveedores;

• Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores;

• Contribuir a la reducción de los riesgos de corrupción;

• Fomentar la transparencia o eficientar las políticas de transparencia;

• Eficientización del desempeño institucional.

Actualmente, como parte de las actividades de la Profeco en fechas decembrinas, se está llevando a cabo el Programa Especial de verificación y vigilancia fiestas decembrinas 2012-2013, mismo que contará de varias etapas.

Consideraciones

Las vacaciones decembrinas son fechas de alegría, reflexión y tranquilidad. Son días donde se frecuenta a la familia, donde se hacen planes, se viaja y se visitan lugares. La derrama económica que estos días representan, para el sector turístico nacional, es mayúscula. Comercios, restaurantes, hoteles y demás negocios encuentran en esta temporada bonanza económica, o por lo menos supervivencia financiera. Son pues, días de suma importancia.

Sin embargo, y muy desafortunadamente, hay comerciantes sin escrúpulos que se aprovechan de la buena voluntad de los paseantes o turistas. Las prácticas abusivas de unos cuantos prestadores de servicios, o vendedores de mercancías, encuentran también, en diciembre y principios de enero, un auge significativo.

Para inhibir estas prácticas ilegales, resulta indispensable que la Procuraduría Federal del Consumidor aumente la cobertura de su campaña de difusión y divulgación, informando a la ciudadanía cuáles son sus derechos como consumidores, así como las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

De igual manera, para consolidar un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, donde se armonicen esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, y donde el Poder Legislativo pueda abonar también a este efecto, en defensa de los consumidores del país, es importante que la Profeco remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el Programa Especial de verificación y vigilancia fiestas decembrinas 2012-2013, comprendiendo el número total de denuncias ciudadanas a nivel nacional, así como la cantidad de establecimientos sancionados hasta el momento por prácticas ilegales y abusivas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Procuraduría Federal del Consumidor a aumentar la cobertura de su campaña de difusión y divulgación, informando a la ciudadanía cuáles son sus derechos como consumidores, así como las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Segundo. Se exhorta la Procuraduría Federal del Consumidor a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre el Programa Especial de verificación y vigilancia fiestas decembrinas 2012-2013, comprendiendo el número total de denuncias ciudadanas a nivel nacional, así como la cantidad de establecimientos sancionados hasta el momento por prácticas ilegales y abusivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a acelerar la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 58, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales a que aceleren la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los elementos de las instituciones de seguridad pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Por muchos años, las corporaciones policiacas estuvieron prácticamente abandonadas. Ser policía en México representaba un empleo poco atractivo, en lugar de una verdadera opción de vida y una de las más honrosas profesiones a las que se puede aspirar. Además, el abandono institucional en el que se encontraban las instituciones de seguridad provocó la fractura del vínculo entre la sociedad y la autoridad, ya que la ciudadanía perdió la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar sus derechos y libertades.

Una de las manifestaciones más claras de ese deterioro institucional se evidenció en el gran rezago que en términos de capacitación e instrucción afectaba a las corporaciones policíacas, así como en la notoria debilidad que había en los esquemas de control de confianza.1 Sus integrantes, personas con nulas expectativas de crecimiento profesional, y en algunos casos con una probidad ética discutible, lejos de erigirse en un frente verdadero contra los delincuentes llegaban a utilizar las herramientas del Estado para servir a intereses inconfesables.

Esa fue una de las razones por las que en 2008 se impulsó una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. A partir de esas modificaciones, se definió a la seguridad pública como una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, una función que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Ahora, los tres órdenes de gobierno son responsables de brindar seguridad a los mexicanos garantizando, entre otras cosas, que los miembros de las instituciones de seguridad sean honestos, capaces física y mentalmente, y que cumplan con su deber de proteger a la ciudadanía.

2. Como consecuencia de la reforma constitucional de 2008, el 2 de enero de 2009 se expidió la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), ordenamiento que busca garantizar que los integrantes de las instituciones de seguridad sirvan a los intereses de los ciudadanos y no a los de la delincuencia.

Para ello, la ley requiere que las instituciones cuenten con personal certificado por un ente que garantice que quienes forman parte de ellas sean sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza mediante los cuales se detecte la existencia de vínculos con bandas delictivas, la ausencia de adicciones toxicológicas, un desarrollo patrimonial congruente con las actividades lícitas desempeñadas y aspectos personales que puedan impedir el desempeño de la función pública. En este sentido, la LGSNSP previó lo siguiente:

a) La creación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órgano encargado de dirigir, coordinar y certificar los procesos de evaluación de los integrantes de las instituciones de seguridad. A esta entidad corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, de los estados y del Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza.

b) Que de manera progresiva, y en un plazo de 4 años a partir de su entrada en vigor, las instituciones de seguridad pública por conducto de los centros de evaluación y control de confianza practicaran las evaluaciones respectivas a sus integrantes. Este plazo vence hoy precisamente, 3 de enero de 2013.

c) Que todos los integrantes de las instituciones de seguridad contaran con el certificado correspondiente a más tardar el 3 de enero de 2013, pues de otra manera deberían ser separados del servicio con base en lo dispuesto en el artículo 123, apartado 5, fracción XIII, de la Constitución.

3. En sintonía con lo establecido en la Constitución y en la LGSNSP, en agosto de 2008 los Poderes Ejecutivos federal y estatales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial federal, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, decidieron firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL).

Uno de los objetivos planteados en dicho acuerdo consistió en la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad al señalar que “el acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia [...] Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia”.

A partir de los compromisos adquiridos en el ANSJL se diseñó un Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza para impulsar la aplicación de evaluaciones homogéneas, sistemáticas y estandarizadas tanto a elementos en activo como a personal de nuevo ingreso en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. En particular, los gobiernos de las entidades federativas se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad mediante las siguientes acciones: a) la creación de centros de evaluación y control de confianza en el plazo de un año; b) condicionar la permanencia en instituciones de seguridad a la aprobación de evaluaciones y control de confianza en el plazo de un año.

4. De acuerdo con el Informe de Avances al Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Evaluaciones de Control de Confianza, con relación a la depuración de los elementos de instituciones de seguridad pública de la federación, de las entidades federativas y los municipios (dado a conocer en la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad pública), al 30 de junio de 2012 se habían evaluado únicamente 190,567 elementos estatales y municipales de un universo total de 430,189, es decir, tan sólo el 44.3 por ciento.2 Y a noviembre de 2012, algunos estados registraban todavía un rezago muy significativo: Quintana Roo presentaba un avance de menos del 15 por ciento, mientras que Chihuahua, estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas presentaban un avance menor al 50 por ciento.

Pero el problema no sólo radica en el evidente retraso que hay en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, tampoco se registran avances en la depuración de las instituciones. De acuerdo con la LGSNSP, las corporaciones- y dependencias deben proceder a la baja de los elementos que no concluyan favorablemente sus evaluaciones, pero al 30 de junio de 2012 había estados que ni siquiera habían comenzado con los procesos de baja.

Sólo por mencionar unos ejemplos. A julio de 2012, en el estado de México seguían laborando todos los elementos que no aprobaron los controles de confianza (3,038), mientras que en el estado de Veracruz únicamente se habían dado de baja 13 elementos de los 2,478 que no aprobaron. En total, de 33,545 elementos que no aprobaron las evaluaciones en las entidades federativas, sólo se había dado de baja el 4.8 por ciento (1,639 elementos). Estas cifras son alarmantes porque indican que en las instituciones de seguridad siguen trabajando personas que no cumplen con los requisitos de ingreso o permanencia establecidos en la Constitución, en la LGSNSP y en el ANSJL. No es posible que la ciudadanía continúe depositando su confianza en servidores públicos que no están aptos para desempeñar sus cargos.

5. El día de hoy, 3 de enero de 2013, los estados y el Distrito Federal debieron cumplir con lo que establecía la LGSNSP. Después de 4 años, era su obligación haber evaluado a todos los integrantes de sus instituciones de seguridad y también haber separado del servicio a quienes no obtuvieron la certificación correspondiente. Lamentablemente, el pasado viernes 28 de diciembre se les dio una prórroga de 10 meses para cumplir con estas obligaciones y, con ello, se protegió la irresponsabilidad y la falta de compromiso de casi todas las entidades federativas.3

Es inconcebible que la ciudadanía tenga que esperar nuevamente a que las autoridades asuman sus responsabilidades y demuestren que en verdad quieren combatir la corrupción, que en verdad quieren contar con instituciones de seguridad honestas y confiables.

Conscientes de que una de las principales responsabilidades que tiene el Estado es proteger a los ciudadanos, desde esta Cámara debemos lanzar un exhorto a las autoridades locales para que al margen de los plazos que establece la ley, aceleren la evaluación de los elementos que integran las instituciones de seguridad y separen del servicio a quienes no acrediten las evaluaciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades confianza a redoblar esfuerzos y practicar a la brevedad las evaluaciones de control de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos de las entidades federativas a terminar el proceso de baja de aquellos integrantes que a la fecha de entrada en vigor del decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no hubieren aprobado las evaluaciones correspondientes.

Notas

1 La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecía la importancia de la carrera policial y sus componentes, pero no establecía obligación alguna para los órdenes estatal y municipal en el sentido de sujetar a sus policías a este tipo de evaluaciones. Por este motivo, en el 2007 sólo existían tres centros de control de confianza a nivel estatal que operaban de manera poco sistemática, sin protocolos sobre el equipamiento ni sobre los procedimientos de evaluación.

2 Se habían evaluado 121,593 elementos estatales (lo que representa el 45.27 por ciento del total de elementos que hay en los estados), mientras que a nivel municipal se habían evaluado 68,974 (lo que representa el 42.69 por ciento del total de elementos que hay en los municipios).

3 En el Diario Oficial de la Federación se publicó el “decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública” para establecer lo siguiente: Tercero. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de diez meses, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 3 de enero de 2013.

Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)