Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía apoya la Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos Emeteria Martínez, procedente de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

Hace poco más de un año, el viernes 26 de octubre de 2012, participamos en la recepción hospitalaria que brindó el Gobierno de la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución a la Caravana de Madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México “Liberando la Esperanza”. Con sensibilidad y de manera consecuente, esta Legislatura aprobó días después una proposición con punto de acuerdo que presentamos en donde la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les brindaba todo su apoyo y exhortaba a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que las respaldaran de manera solidaria.

Ahora las madres centroamericanas de nuevo, por novena ocasión, emprenden una caravana que recorrerá más de 4 mil kilómetros, atravesando 22 localidades de 15 entidades de la República Mexicana. Su lucha y tesón ha dado frutos. Varios de sus familiares desaparecidos en su tránsito por nuestro país han sido encontrados y se han reunido con sus padres, hijos, cónyuges, hermanas, hermanos y demás familiares. Pero muchos otros aún no, algunos sin contacto con sus familiares desde hace tres décadas, y otros desaparecidos de manera reciente, pues el flujo migratorio no se detiene y las condiciones adversas de peligro extremo en México no sólo no han disminuido sino que lastimosamente se han incrementado. Peligros y adversidades que desafortunadamente sufrimos todos pero que se multiplican en un grupo social vulnerable como son las y los migrantes, de manera acusada niñas, niños y adolescentes no acompañados. Todos ellos sufren extorsiones, abusos, secuestros, violaciones y matanzas.

“Atravesamos 4 mil kilómetros pidiendo justicia al Estado mexicano, estamos en la búsqueda de los familiares desaparecidos y queremos respuestas, los centroamericanos desaparecidos son trabajadores, no son asaltantes ni delincuentes, son personas que han salido con el sueño de tener un mejor nivel de vida para ellos y sus familiares”, exclaman dolorosamente las madres en caravana.

Partiendo de Guatemala, la caravana, organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, se internó en nuestro país, e inició en el municipio de El Ceibo, en el estado de Tabasco, y recorrerá algunas de las principales ciudades por las que pasan los migrantes para alcanzar la frontera norte. En esta ocasión la caravana de madres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, atravesará la llamada “Ruta del Pacífico” por la cual se está desviando el flujo migratorio, debido a las condiciones de extremo peligro que se vive en el Golfo y el noreste, por lo que a diferencia de la caravana del 2012, esta vez evitarán pasar por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Síntoma inequívoco de lo que pasa en esa región.

Emblemáticamente la caravana de este año lleva el nombre de “Emeteria Martínez”, una de las madres fundadoras de este movimiento fallecida este año, quien encontró a su hija tras 22 años de búsqueda. Emeteria llevaba colgada al pecho una fotografía de su hija desaparecida; cuando la encontró en 2010, la sustituyó con la de otra joven y siguió en las caravanas anuales. Hoy ya no está físicamente con nosotros, pero su ejemplo inspira a las madres que aún no encuentran a los suyos, y sin duda inspirará a diputadas y diputados.

Hace un año decíamos que se debe poner un hasta aquí a las acciones de los cárteles que medran con el dolor humano; pero ¿quién lo va a hacer si quienes tienen la responsabilidad de combatir a los delincuentes hacen lo mismo, por su cuenta o coludidos con ellos? Para nuestro infortunio esta dramática realidad sigue imperando, y se continúa criminalizando al migrante; se le sigue viendo como un paria, como alguien susceptible de extorsión y no digno de apoyo y comprensión. Al dolor que representa dejar la familia y la tierra se suman los indecibles peligros y vicisitudes que encuentran en su camino al norte, cuyo paso obligado es la república mexicana. Y las madres, padres, esposas y hermanos, al sufrimiento de ver partir al sostén de la familia, añaden la angustia de no saber de ellos, de ignorar su paradero; de temer lo peor.

En la caravana de 2012 autoridades de todos los órdenes de gobierno no sólo les negaron ayuda y apoyo para lograr sus objetivos, sino que las hostigaron y prácticamente corrieron de varias localidades.

Por todo ello, consideramos que la Cámara de Diputados puede influir de manera muy importante para atenuar la situación dramática que están viviendo decenas de madres y familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en su tránsito por la República Mexicana;

En este contexto, y con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción IV, y 100, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión brinda todo su apoyo a la Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos “Emeteria Martínez”, que procedente de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala ha iniciado un recorrido por nuestro país, y exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para que en el marco de sus respectivas atribuciones otorguen apoyo y facilidades para su estancia y recorrido, así como para que logren sus objetivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre del 2013.

Diputada Amalia García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al peaje del tramo carretero El Zacatal-Ciudad del Carmen, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., Apartado 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente Proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, relativo a las cuotas de peaje del tramo carretero El Zacatal-Ciudad del Carmen al tenor de la siguientes:

Consideraciones

A lo largo y ancho del territorio de la República, nuestras carreteras han permitido el paso ágil de personas y de mercancías activando así la economía y logrando la movilización de capitales.

En Campeche, el puente el Zacatal-Ciudad del Carmen comenzó sus operaciones en noviembre de 2004. Ha sido considerado uno de los tramos más largos en Latinoamérica comunicando a la costa del golfo, particularmente entre la península de Yucatán y el sureste del país. Sin embargo, los peajes han representado una grave y onerosa carga para los habitantes de Ciudad del Carmen quienes han visto lesionada su economía. Efectivamente, los costos del peaje representan una problemática que desincentiva la economía de particulares y de empresas puesto que la zona de la sonda de Campeche es una de las más activas en cuanto a traslados y movimientos.

Como es sabido, la explotación de los hidrocarburos implican grandes movimientos impactando a familias y empresas, puesto que los pobladores de Ciudad del Carmen deben realizar varios cruces o traslados durante el día, no sólo por negocios también por situaciones particulares, trámites administrativos, asuntos escolares o de índole familiar, afectando gravemente su economía.

Si bien es importante el cobro de peajes a fin de mantener en condiciones optimas los trazos carreteros como el del Zacatal-Ciudad del Carmen y sostener los costos de operación, conservación, mantenimiento, la modernización de las redes así como el apoyo a proyectos de infraestructura con alta rentabilidad social e impacto en el desarrollo regional en diversos sectores de la infraestructura, también lo es que los responsables competentes en la Administración Publica Federal, instituciones fiduciarias y autoridades locales, en el ámbito de su competencia, deben incentivar la creación de estímulos que hagan posible la protección de la economía de la población carmelita, especialmente cuando esta importante vía de comunicación es usada de forma continua, por lo que la presente Proposición con punto de Acuerdo dirige un exhorto a fin de que las autoridades y responsables faciliten y agilicen los trámites para que residentes de Ciudad del Carmen obtengan la constancia de residentes lo que implicaría que los usuarios sean merecedores de los descuentos o exenciones en el peaje de conformidad con las reglamentaciones aplicables en materia de caminos y puentes federales.

Sin lugar a dudas, la presente proposición redundará en un apoyo excepcional y merecido a la población de Ciudad del Carmen, que es la protagonista fundamental de la economía nacional al ser la sonda de Campeche una de las regiones de notoria y trascendental importancia en cuanto a la aportación de los recursos que nuestro país demanda, no sólo de la riqueza petrolera, también de los insumos en especie que son necesarios en diversos rubros de nuestra economía, por lo que esta Legislatura, al aprobar este punto, dará un justo trato y hará posibles mayores beneficios al patrimonio de las familias trabajadoras.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. Se exhorta a las autoridades del municipio de Ciudad del Carmen para que, en el ámbito de su competencia, otorguen la orientación necesaria a los habitantes de Ciudad del Carmen y agilicen los trámites administrativos a fin de expedir la constancia de residentes para obtener así el trato respectivo para el uso del tramo El Zacatal-Ciudad del Carmen y se vean beneficiados con los descuentos o exenciones según sea el caso.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, a simplificar los estudios técnico-operativos que sustenten el trato de residentes para los habitantes de Ciudad del Carmen a fin de que se vean beneficiados con los descuentos o exenciones en el peaje, según sea el caso, para el uso del tramo carretero El Zacatal-Ciudad del Carmen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, A 10 de diciembre de 2013.

Diputado Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar por la Conanp y la Profepa campañas informativas y aplicar instrumentos eficientes para controlar y erradicar la especie marina “pez león”, que afecta la zona del Caribe y el Golfo de México, a cargo de los diputados Gabriela Medrano Galindo y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, Gabriela Medrano Galindo y Arturo Escobar y Vega, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos 10 años la proliferación del Pez León en aguas del Caribe mexicano, se ha convertido en una amenaza creciente para el medio ambiente y los recursos naturales de las zonas marinas tropicales y subtropicales de la región.

El Pez León (Pterois volitans ) es originario del Océano Indo-Pacífico, y es una especie marina que en su hábitat natural puede llegar a alcanzar hasta 38 centímetros y pesar 12 kilogramos.

Estos peces son carnívoros y se alimentan de otros más pequeños, así como de crustáceos y moluscos, poseen una poderosa capacidad para adaptarse al consumo de nuevas presas afectando la cadena reproductiva de cada sitio en el que se presentan.

Una de las principales problemáticas que presenta la rápida propagación del Pez León, radica en la ausencia de depredadores naturales, lo que significa una grave amenaza para la biodiversidad marina y las actividades económicas relacionadas al turismo, tales como el buceo y la pesca.

En 1992 se advirtió la presencia del Pez León en arrecifes del sur de Florida, y debido a que las características de las aguas del Golfo de México y el Caribe Mexicano cuentan con condiciones similares a los que se encuentran en su área nativa, su aparición en nuestras costas fue más que inminente.

En el año de 2009 se informó de los primeros avistamientos del Pez León en territorio nacional, específicamente en Cozumel y posteriormente en Cancún y la zona de la Riviera Maya; para 2010 ya se reportaba la presencia de la especie en el Sur del Golfo de México y al norte de la Península de Yucatán, en la zona del arrecife Alacranes.

Dicha invasión atañe en primer nivel al medio ambiente, afectando a las poblaciones de peces y crustáceos, lo que sin duda perturba el equilibrio de nuestro ecosistema, posteriormente tiene lugar el impacto económico derivado de los efectos sobre la pesca, así como el turismo, lo que provoca que la calidad de vida de las comunidades costeras se vea seriamente amenazada por la presencia de dicha especie.

A varios años de su detección en los mares de nuestro país, poco se ha conseguido para controlar a esta especie invasora, algunas iniciativas de autoridades del gobierno de Quintana Roo que en conjunto con prestadores de servicios turísticos, pescadores, buzos y ambientalistas han logrado poco o nada para frenar su población, más aún si consideramos que esta especie coloca 20 mil huevos que se rompen a los cuatro días por lo que esta problemática se agrava día con día.

Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aplican la Estrategia Regional para el Control del Pez León, con el fin de contrarrestar la presencia de esta especie invasora en el Caribe y Golfo de México, indicando que con apoyo de The Nature Conservancy, Conservation International y Coral Reef Alliance, impulsan talleres de capacitación para la captura y control de esta especie, a fin de evitar cualquier riesgo humano y principalmente hacia los arrecifes.

Así también, existen otras propuestas que comienzan a circular promocionando el consumo humano de estos peces, tal es el caso del “concurso culinario para consumo de Pez León”, que tuvo lugar en costas de Veracruz en 2012, con lo que se pretende que la carne de estos animales se comercialice, y se convierta en un mercado atractivo para los pescadores.

Otro de los mecanismos impulsados por la Semarnat para el control y erradicación del Pez León, fue la organización de un torneo de pesca en el sur de Quintana Roo, cuya área de aplicación comprendió desde la playa conocida como el Uvero hasta Punta Herradura, abarcando un tramo de más 50 kilómetros.

Sin embargo, y pese a dichos esfuerzos, hoy en día seguimos padeciendo la alarmante invasión de esta especie, lo que obliga a las autoridades correspondientes a tomar medidas radicales generando programas que incluyan la participación general de la sociedad en el combate a la rápida e incontrolada propagación del Pez León.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos proponer el presente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se implementen campañas informativas y se apliquen mecanismos eficientes a fin de lograr el control y erradicación de la especie marina denominada Pez León, que tan severamente afecta la zona del Caribe y el Golfo de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputados: Gabriela Medrano Galindo, Arturo Escobar y Vega (rúbrica).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a realizar medidas de restauración y conservación en las zonas arqueológicas de La Coronilla y El Grillo, en Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México cuenta con miles de zonas con vestigios arqueológicos distribuidos en todo el territorio, las que son una vasta fuente de cultura y educación, donde los niños y jóvenes pueden palpar la historia, a las que todos los ciudadanos tenemos el deber de cuidarlas y conservarlas.

Las zonas arqueológicas son una fuente no sólo de educación, sino también de riqueza económica, ya que atraen al turismo de muchas partes del mundo, lo que deja una gran derrama para las comunidades donde están asentados los vestigios históricos.

Es por la relevancia que tienen las zonas arqueológicas, que resulta importante preservar aquellas que por diversas circunstancias no cuentan con los trabajaos de conservación y cuidado necesarios, esto a fin de darles el nivel que se merecen en nuestra historia, ante los ciudadanos y frente a los miles de turistas que llegan a nuestro país.

Entre las zonas arqueológicas que necesitan mayores trabajos de rescate se encuentran El Grillo y La Coronilla, ambas en el estado de Jalisco.

La zona arqueológica de El Grillo se localiza dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, al noroeste del Valle de Atemajac, sobre un lomerío conformado por siete montículos de una altura aproximada de siete metros. Su importancia histórica radica en el número importante de tumbas de fosa rectangular erigidas entre los años 600 a 800 d.C.1

Por su parte, la zona arqueológica conocida como La Coronilla, localizada en el lado norte de la delegación municipal de La Experiencia, municipio de Zapopan, no ha sido ampliamente estudiada y por esta misma razón ha sufrido graves daños a causa de la falta de la conservación y cuidados suficientes.

Sería deseable en ambos casos contar con senderos explicativos para los visitantes, al igual que con trabajos de jardinería y de mantenimiento a las instalaciones y, en el mejor de los supuestos, erigir museos de sitio para explicar al turismo la trascendencia de estos sitios durante el horizonte clásico de las culturas mesoamericanas de Occidente. Tales obras servirían para otorgar un valor extra a la zona metropolitana de Guadalajara, urbe que cuenta con numerosos atractivos turísticos pero que, a diferencia de las ciudades del centro del país, como Cuernavaca, México, Puebla, Tlaxcala y Toluca, carece de oferta arqueológica para los turistas de México y el mundo.

También se hace indispensable reforzar la vigilancia en estos dos sitios, a fin de prevenir y sancionar cualquier acto que pueda poner en peligro nuestro patrimonio cultural, toda vez que la situación es tal, que en la página electrónica del INAH se lee que “cuando se registra la presencia de visitantes (en el Grillo), los custodios deben realizar vigilancia con machete en mano, para evitar que los vándalos hagan daño a los visitantes.”2

Con el objeto de dar mayor cuidado, conservación y por lo tanto mayor difusión, turismo e investigación de las zonas arqueológicas El Grillo y La Coronilla, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que se desarrollen mayores trabajos de restauración y conservación en las zonas arqueológicas de El Grillo y La Coronilla, que se encuentran en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

Notas

1 http://www.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5656 10 de Octubre de 2013 19:11 horas.

2 Consultado en http://www.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5656 el 28 de noviembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013

Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a realizar gestiones a fin de suministrar a los municipios seleccionados los recursos etiquetados en el PEF de 2013 para ejecutar tanto programas y proyectos del Fondo de Pavimentación como de índoles cultural y deportiva, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a la Auditoria Superior de la Federación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La célula básica del desarrollo de cualquier país siempre residirá en sus órdenes locales. Por ésta razón y con el propósito de insertar a nuestro país en la dinámica de desarrollo mundial y la competencia que esta exige en muchos de sus sectores, como una de las soluciones, a principio de los años noventa se buscó potenciar el federalismo fiscal y dirigir una gran cantidad de recursos a nuestros municipios para invertir de manera constante.

Prueba de ello, es la creación del denominado ramo 33 aportaciones federales cuyos recursos etiquetados se destinan a temas de relevancia para el desarrollo de los mismos: inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura social.

Sin embargo, vivimos en mundo de constante cambio, condicionado por el desarrollo de la tecnología, lo que sin duda genera la apremiante necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura en los diferentes municipios del país, con el propósito de generar las condiciones mínimas de desarrollo que permitan a nuestra sociedad enfrentar de mejor manera el contexto mundial de competencia antes referido.

Uno de los mecanismos de apoyo que exitosamente encontró la Cámara de Diputados, fue la de etiquetar de manera directa, recursos a los municipios del país en tres rubros de vital importancia: cultural, deporte, e infraestructura para pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa.

A lo largo de los últimos cinco años, desde el Congreso de la Unión se han realizado esfuerzos para que la entrega y el ejercicio de los recursos se inserten en el marco de transparencia y rendición de cuentas, por ello, hemos tratado de mejorar los mecanismos de ministración de recursos así como los lineamientos a los que debe sujetarse la ejecución de los mismos.

No obstante los mecanismos de transparencia que actualmente existen para la ejecución de dichos recursos, algunos gobiernos estatales como el de Veracruz, ha politizado la ministración de los mismos, limitando la inversión en sectores importantes y condicionando por supuesto el desarrollo de nuestros municipios.

Para el ejercicio fiscal 2013, al estado de Veracruz se le aprobaron recursos para invertir en cultura, deporte y Fopedem poco más de 600 millones de pesos. De forma concreta, esta fue la asignación:

• Fopedem: 621 millones de pesos, para beneficiar a 63 municipios.

• Proyectos culturales: 143.9 millones de pesos, para beneficiar a 26 municipios

• Infraestructura deportiva municipal: 111.1 millones de pesos, para beneficiar a 30 municipios

A la fecha, muchos de los municipios que fueron seleccionados para recibir un presupuesto e invertir en los temas antes señalados, no han recibido la correspondiente ministración como resultado de que el gobierno del estado de Veracruz ha retenido los recursos, situación que no sólo contraviene la ley sin recibir sanción alguna, sino también, ha politizado su entrega debido a que en muchos casos a finales del mes de diciembre habrá cambio de administraciones municipales y en muchos de ellos tomarán posesión alcaldes priistas.

El gobierno del estado, mediante evasivas ha determinado no entregar dichos recursos, violentando así lo que determina la Ley de Coordinación Fiscal; dicha situación se presenta principalmente en aquellos municipios en donde Gobierna el PAN, presumiendo que la causa principal de dicha situación es que los gobiernos municipales concluirán su administración el 31 de diciembre del presente año, esperando el gobierno estatal, a la entrada de los nuevos alcaldes, que en su mayoría son de extracción priista.

El retraso en la ministración de los recursos ha generado en consecuencia, una presión presupuestal para muchos de los ayuntamientos debido a que el aplazamiento en el pago de proyectos que previamente fueron convenidos, en la mayor parte de las ocasiones genera incrementos en los costos debido a que los contratos de inversión generalmente contienen sanciones a través del cobro de intereses.

Además, el gobierno del estado muestra un nulo compromiso con sus alcaldías y no reconoce el esfuerzo de gestión que muchos de los municipios de la entidad han realizado para poder contar en tiempo y forma con el presupuesto que les permita cumplir con los compromisos adquiridos durante el presente ejercicio fiscal.

Bajo el contexto anterior, es importante que el gobierno del estado cumpla de forma expedita con lo que establecen los convenios y lineamientos parta la ejecución de los recursos antes señalados. Es decir, el presente punto de acuerdo busca exhortar al gobierno del estado para que haga entrega de forma inmediata de los recursos que por concepto de Fopedem, proyectos culturales e infraestructura deportiva le corresponde a los municipios de la entidad.

Asimismo, se exhorta al a la Auditoria Superior de la Federación, para que audite los recursos federales que se destinaron para el gobierno de Veracruz, y determine las sanciones correspondientes por no entregar en tiempo y forma dichos recursos,

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, para que de forma inmediata y antes de que concluya el ejercicio fiscal 2013, realice las gestiones necesarias para ministrar los recursos federales etiquetados a los municipios del estado a través del Fopedem, proyectos culturales y proyectos deportivos durante el ejercicio fiscal 2013.

Segundo. Se exhorta a la Auditora Superior de la Federación, para que en su programa anual de trabajo para el ejercicio 2014, audite los recursos federalizados del año 2013, otorgados al estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se declare 2014 como Año de la Protección de los Datos Personales, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal de la LXII Legislatura del Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Antecedentes

La protección de datos personales es un derecho fundamental, consagrado en el Artículo 16 de nuestra Constitución. Sin embargo, la protección de los datos personales y el uso de los denominados derechos ARCO, Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de nuestros Datos Personales, aún no se convertido en una cultura.

Aun cuando la transición hacia el entorno digital del conjunto de nuestras vidas, reclaman que nuestros datos personales sea protegidos. Los datos personales tienen un valor económico, se convierten en la moneda de cambio en el entorno digital, son utilizados para realizar grandes transacciones comerciales y nos permiten acceder a distintos servicios.

En Europa los datos personales están claramente identificados con su valor económico, sin embargo su protección es un mecanismo que permite proteger a las personas en contra de ataques a su privacidad, intimidad, honor, dignidad y por tanto a sus derechos fundamentales.

Las sociedades en donde se ha sufrido la represión de dictaduras políticas, como Chile, Argentina o Uruguay, los datos personales son altamente protegidos. Sin embargo en nuestra sociedad prácticamente regalamos nuestros datos personales.

En ocasiones la indistinción entre lo público y lo privado, y a veces sudes límite, propicia la generación de crisis en el espacio público.

Los datos son la información que identifica y hace identificable a las personas; son su huella digital, su rostro, su iris, su nombre, su dirección, su correo electrónico, su firma; además su expediente clínico, su estado de salud, su preferencias ideológicas o sexuales, se convierten en datos personales sensibles que requieren una protección mayor.

Proteger los datos personales no es proteger al dato en sí mismo, sino proteger a las personas en su ámbito privado.

En tal contexto se han buscado mecanismos formales, jurídicos y legislativos para proteger los datos personales, primero para hacer una distinción entre conceptos como la honra, el honor o la honorabilidad y la protección de datos personales, lo que ha generado un proceso de modificación en casi todos los códigos civiles del país, para transitar hacia la protección de los datos personales con el fin de resguardar éstos del tráfico y su posible uso indebido, y salvaguardar por tanto la integridad de la persona.

En México la protección de datos personales es un tema incipiente, no hay una cultura de la protección de los datos personales. El tema se discutió por primera vez con la reforma constitucional de 2002 sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública establecido en el artículo 6o. constitucional.

En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se incorporó la concepción de los datos personales que detentan las distintas instancias de gobierno como información confidencial, estableciendo una especie de tensión entre máxima publicidad de la información y máxima protección de los datos personales. Una especie de consecuencia de esta tensión, fu la réplica en las distintas leyes de los estados de la República y el Distrito Federal.

La heterogeneidad existente en las leyes de transparencia y acceso a la información dio lugar a una nueva reforma constitucional en 2007, donde se incorporó la obligación de proteger los datos personales en los términos y con las excepciones que se fijan en la fracción II; así como el derecho de los particulares a solicitar el acceso y la rectificación de sus datos personales.

En 2009 se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, dando lugar a una nueva reforma en la que se incorporó la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución, y a la creación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En este contexto también se reformó el Artículo 16 constitucional, donde se reconoció el derecho a la Protección de Datos Personales, así como los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los mismos.

A diez años del inicio de la protección de datos personales menos de la mitad de los Estado de la República cuentan con leyes publicadas en la materia. Sólo en los Estados de Campeche, Chihuahua, Colima, estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal y Durango, se cuenta con un ordenamiento en la materia.

En esta perspectiva, es posible apreciar que la protección de los Datos Personales ha sido un tema ignorado y hasta hace muy poco tiempo este derecho fundamental se ha puesto en la agenda pública.

La importancia de la protección a los datos personales reside en la cantidad de datos personales que diariamente proporcionamos de manera voluntaria, involuntaria o por desconocimiento, ya sea para la obtención de bienes o servicios públicos o privados, sin reparar que nuestros datos pueden ser utilizados para fines distintos para los que fueron cedidos o recabados; de la misma manera, el complejo entramado de relaciones sociales y los avances tecnológicos dan lugar al uso indiscriminado de información personal en plataformas tecnológicas, lo que vulnera la vida íntima y privada de las personas, además de poner en peligro, en ciertos casos, la integridad física y emocional.

Para dimensionar el tema de los datos personales sólo basta reconocer que Facebook cotiza en la bolsa de valores por casi un billón de datos personales; que los empleadores actualmente visitan los perfiles digitales de quienes solicitan trabajo para dárselos o no.

La reciente reforma en materia de Transparencia a diversos Artículos Constitucionales implican la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que entre otras cosas implican: proponer, discutir y aprobar tres Leyes Generales en materia de Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales.

Sin duda uno de los temas torales será el diseño institucional del órgano, institución o instancia que se encargue de proteger los datos personales en posesión de privados. Actualmente alrededor de 7 millones de establecimientos tratan datos personales, además de las múltiples dependencias que recaban y tratan nuestros datos personales, requiere de fortalecer nuestra cultura, en este tenor hacemos las siguientes

Consideraciones

Primero. La Protección de Datos Personales al ser un derecho fundamental independiente del derecho de acceso a la información, con características propias hace necesaria la emisión de leyes especiales en la materia en todos los Estados de la Federación, por lo que resulta indispensable la difusión de la protección de los datos personales.

Segundo. El alcance de la protección de los datos personales, no puede ni debe restringirse a la información personal contenida en medios electrónicos, sistemas de datos personales, bases de datos o bancos de datos, considerando que en los órganos de gobierno existen archivos físicos no sistematizados, por lo que la protección y el ejercicio de derechos ARCO se debe extender a los datos personales que se encuentren en sus archivos y documentos.

Tercero. Para hacer expedito el derecho se debe fortalecer a través de procedimientos sencillos y expeditos para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos ARCO, cuyos requisitos deben ser comunes en la federación, los Estados y en el Distrito Federal.

Cuarto. Es pertinente replantear el alcance del derecho fundamental a la protección de datos personales, en virtud de que hoy en día debemos entender que el bien jurídicamente protegido no es simplemente el dato personal, sino la protección de la persona en sí misma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración esta Asamblea la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes de la Unión para que en el ámbito de sus atribuciones declaren el “2014, Año de la Protección de los Datos Personales”, y se instruya a sus respectivas estructuras administrativas a que se tomen las medidas para su difusión y aplicación.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a llevar a cabo un programa permanente de monitoreo sobre la calidad y el mejoramiento del aire, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que en muchas ciudades la contaminación del aire está alcanzando niveles que ponen en peligro la salud de la gente, y que en la actualidad causan cerca de dos millones de muertes al año, el estudio se llevó a cabo en el año 2012.

En aquella ocasión, la OMS señaló después de analizar a mil 100 ciudades de 91 países, incluidas capitales de más de 100 mil habitantes, los más altos niveles fueron registrados en países asiáticos como Pakistán e India; en cambio, en América del Sur, Estados Unidos y Canadá la calidad del aire fue mucho mejor. Nuestro país se encuentra en la media.

Son muchos los mexicanos expuestos a los efectos nocivos, se cree que en donde viven poblaciones de más de 500 mil habitantes, se concentran las mayores emisiones.

El estudio de mérito estableció que más de dos millones de personas mueren cada año a causa de la inhalación de pequeñas partículas contaminantes del aire de espacios interiores y exteriores.

Las partículas PM10, de menos de 10 micras de tamaño, pueden penetrar en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, y causar así cardiopatías, cáncer de pulmón, asma e infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores.

Las directrices de la OMS sobre calidad de aire establecen una cifra de 20 microgramos por metro cúbico (µg/m3) como media anual, pero los datos publicados muestran que en algunas ciudades la media de PM10 ha llegado hasta 300 µg/m3.

Sin embargo, “la gran mayoría de las poblaciones urbanas sufren una exposición media anual a partículas PM10 que supera el nivel máximo de 20 µg/m3 recomendado en las directrices sobre calidad del aire de la OMS.

Aunado al multicitado estudio de la OMS, debe citarse la alarmante noticia dada a conocer en el estudio Global de Enfermedad 2012, realizado por el Instituto sobre Efectos en la Salud de Estados Unidos, donde se expresó que la contaminación ambiental ocasiona 3.2 millones de muertes prematuras al año en el mundo y en México la cifra alcanza un promedio de 20 mil 500 decesos, reveló Aarón Cohen, investigador del instituto, quien resaltó que la principal causa del problema son las micro partículas, pues ningún nivel es aceptable, por lo que exhortó a que se mantengan y profundicen las medidas encaminadas a disminuir la presencia de contaminantes.

El estudio también detectó que entre las 20 causas de muerte en el país, la mala calidad del aire es la principal debido a factores ambientales.

Cabe precisar que el pasado viernes 6 de diciembre, la ciudad de Shanghái, China, reportó un problema severo de contaminación que obligó a cerrar diversos sectores como el de la construcción, además, el transporte aéreo sufrió, ya que se cancelaron varios vuelos y retrasaron otros tantos, dejando en serios predicamentos políticos al alcalde, Yang Xiong, pues la ciudadanía reclamó y temió por su salud, pues la visión en la vía pública llego a ser de menos de cincuenta metros lineales.

En este sentido, es evidente que la contaminación por micro partículas es una llamada grave hecha por centros de estudios serios y organismos mundiales, creemos de la valía de tomar medidas al respecto, sobre todo porque como país, y primordialmente en la Ciudad de México, hemos sido receptores pasivos de fenómenos como inversiones térmicas constantemente, y por un aumento en el porcentaje en personas que son tratadas en centros de enfermedades respiratorias.

Por lo anterior, es propicio exhortar a los tres niveles de gobierno para establecer un programa de monitoreo sobre la calidad y mejoramiento del aíre, entendiendo que todo ello repercutiría en una mejor calidad de vida de la población, un menor costo para el estado en servicios médicos, y en el cumplimiento de uno de los derechos humanos y difusos establecidos en el artículo 4 de la Carta Magna, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobiernos federal, a las autoridades estatales y municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo un programa permanente de monitoreo sobre la calidad y mejoramiento del aíre, entendiendo que todo ello repercutiría en un nivel de vida óptimo de salud para toda la población, un menor costo para el estado en servicios médicos, y en el cumplimiento de uno de los derechos humanos y difusos establecidos en el artículo 4 de la constitución, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por la Segob la apertura del penal de alta seguridad en Chiapas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Chiapas es un estado con diversos problemas, de pobreza, migración, violencia, y movimientos armados, por mencionar algunos.

Circunstancias recientes, fenómenos temporales, tuvieron un efecto negativo en el ingreso, sobre sus proyectos para un incremento gradual y sostenido del bienestar de la población.

Y ahora la construcción de un penal de alta seguridad tiene a la población a disgusto, pues –mencionan– hacen falta muchas cosas: educación, alimento, vestido, y diversas necesidades antes que el penal.

Los pobladores de la región han manifestado públicamente su profundo rechazo a este proyecto, aduciendo que no es posible que la inversión más cuantiosa de la región del sexenio pasado haya sido la construcción de un penal, cambiando el uso de suelo agrícola de la mayor productividad por un foco que concentraría a la delincuencia de la más alta peligrosidad del país.

La obra, con un costo superior a 4 mil 400 millones de pesos, será un gran problema si abre sus puertas, ya que su construcción está sobre la cuenca del río Vado Ancho, en Villa Comatitlán, una zona que en 2005, tras el paso del huracán Stan, quedó completamente anegada.

El atlas de riesgos elaborado por el gobierno chiapaneco tras el paso de Stan señaló que el área donde se construye el centro federal de readaptación social (Cefereso) es propensa no sólo a inundaciones sino, también, a incendios y azolves.

El estudio de impacto ambiental que la constructora presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió este riesgo y la presencia de cuerpos de agua en el terreno.

Además, es muy probable que las contingencias climatológicas se vuelvan a repetir ya que son cíclicas, representando un grave riesgo para la seguridad de los que se internen ahí, así como de los custodios y demás trabajadores.

La empresa Makobil, S de RL de CV, adquirió el terreno donde se construye el penal a comuneros del lugar; es una extensión de 218 hectáreas.

Se prevé que el Cefereso albergue a más de 2 mil 500 reclusos de alta peligrosidad.

En lugar de todo ello se propone que esa inversión sea en infraestructura y que esas instalaciones sean dedicadas a la educación. Que se apliquen políticas públicas que generen proyectos productivos detonadores de inversión como el puerto de Chiapas.

Los pobladores mencionan con la construcción de cárceles no se detendrá la delincuencia; esto frenaría el turismo, en vez de incentivarlo, pues por estar cerca la delincuencia organizada aumentarán las actividades del crimen organizado, ahuyentará la inversión, no se activará la economía que tanta falta hace, y romperá con la estabilidad social del estado.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por la Secretaría de Gobernación la apertura del centro federal de readaptación social en Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar los cuidados necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, con apoyo psicológico tanto a las víctimas como a los autores del bullying, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Antonio González Roldán, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El bullying o acoso es una práctica que, si bien existe desde hace décadas, en la actualidad se ha convertido en un fenómeno predominante en escuelas públicas y privadas de nuestro país.

El número de menores que son agredidos de forma psicológica, verbal, física e incluso sexual por sus compañeros van en ascenso y, desafortunadamente, se tiene registro de casos que han tenido como desenlace fatal la muerte del afectado.

Se estima que al menos 4 de cada 10 niños en México sufre de acoso, principalmente en la escuela. De acuerdo con un estudio publicado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupaba el penoso primer lugar, a nivel mundial, en casos de bullying registrados entre estudiantes de secundaria.

El ciberbullying es otra de las prácticas que ha cobrado notoriedad entre menores y adolescentes. Denostar a quien no es de su agrado mediante fotografías y publicaciones en las redes sociales es la constante.

La Ley General de Educación contempla la obligación de la autoridad federal de combatir la violencia dentro del ámbito escolar, tal y como lo señalan los artículos 33 y 42 de la mencionada ley:

“Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIV. ...

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros;

XVI. a XVII. ...”

“Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.”

A pesar de lo anterior, en los últimos meses hemos sido testigos de situaciones lamentables en donde menores entre los 6 y 15 años han sido agredidos por sus similares.

El pasado mes de octubre, en el estado de Guanajuato, un niño de 12 años fue golpeado por sus compañeros por negarse a fumar. Su vida aún se está en peligro, debido a las lesiones internas que sufrió.

Qué decir del menor que en los baños de una escuela primaria de Guadalajara, en Jalisco le fue cortado el prepucio por un grupo de niños mayores.

También, en Jalisco, el asesinato de dos adolescentes de 15 años porque “maltrataron y se burlaron” de un compañero que era hijo de un narcotraficante en prisión.

Y más reciente, en Culiacán, Sinaloa, el caso de la pequeña de 6 años de edad que fue violada por niños de sexto grado. La denuncia fue presentada por el padre de la víctima.

Así podemos continuar con la mención de decenas, quizá cientos, de casos en donde la agresión dio inicio con un empujón, un manotazo, una burla y terminó en tragedia.

En la mayoría de los casos las agresiones quedan impunes y no se les da la atención psicológica o médica que se requiere, el menor agredido y el agresor sólo son canalizados a trabajo social o al psicólogo.

¿Pero qué pasa si la familia no cuenta con los recursos para dar una atención profesional al menor afectado?

En lo que toca al menor agresor, si la acción se cometió en la escuela, es suspendido o en caso extremo es expulsado, pero no se le brinda la atención que también requiere para cambiar su conducta.

Un niño o adolescente acosador por lo general proviene de un hogar en donde la violencia está presente entre padres y hermanos, de ahí la necesidad de emprender acciones que ayuden, no sólo al menor sino también a su familia a afrontar el problema y darle una solución.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos preocupamos y ocupamos de la educación en el país, y sabemos que la violencia no debe permitirse en ninguna de sus modalidades dentro de un ambiente escolar.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y las Secretarías de Educación estatales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen los cuidados necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, brindando atención psicológica inmediata y gratuita tanto a las víctimas como a los agresores del llamado “bullying escolar”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado Luis Antonio González Roldán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de análisis de leyes y tratados internacionales, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Javier López Zavala, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción i; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, punto de acuerdo, por el que se solicita a la junta de coordinación política de la cámara de diputados, integre una comisión especial de análisis de leyes y tratados internacionales , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tomando como base principal del presente documento, diversos estudios e investigaciones realizados por la maestra Elma Trejo, entonces Subdirectora de Política Exterior del Sistema de Investigación y Análisis de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, es que podemos darnos cuenta de la necesidad de armonizar los tratados internacionales con nuestro marco jurídico federal.

Podemos referir que se entiende por Tratado Internacional el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias especificas, cualquier que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromiso”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En México, la Constitución Política es la norma suprema a que deben ajustarse todas las demás normas, incluyendo la Convención de Viena o tratado de tratados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, las leyes federales y los tratados son ley suprema de la nación y tienen por tanto, la misma jerarquía; además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los tratados, con respecto al resto de la normatividad.

De ahí que en todo caso un tratado pueda modificar una ley federal, como lo señalan, por ejemplo, el Código Civil Federal (artículo 12), el Código Penal Federal (artículo 6) y el Código Fiscal de la Federación (artículo 1).

La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, fracción I; 89, fracción X; 103; 117 fracción I y 133.

La celebración de un tratado se integra en nuestro derecho público interno por la concurrencia de dos voluntades, como son la del Presidente y la del Senado, tomada la de este último por la mayoría de votos de los presentes.

El artículo 15 constitucional, restringe las facultades del poder Ejecutivo y del Senado para celebrar tratados.

En cuanto al artículo 18, en su párrafo séptimo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros. De igual manera el artículo 89 constitucional, habla de las facultades del Presidente con respecto a la celebración de tratados.

En cuanto al Senado sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76, fracción I. Por su parte, el artículo 117 en su fracción I dispone la prohibición de los Estados para la celebración de tratados. Esta prohibición a las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que los Estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos del derecho internacional.

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo federal puede celebrar tratados internacionales, y tales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el Presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional.

Ley sobre la Celebración de Tratados

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 1992, la Ley sobre la Celebración de los Tratados tiene por objeto regular la celebración de los tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional, estableciendo en su artículo 2º. que se entiende por Tratado: “I. El convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en Materias específicas, cualquier que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos” y por “IV.-Aprobación: el acto por el cual el senado aprueba los tratados que celebra el Presidente de la República.”

Legislación internacional

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969)

Durante 15 años, a partir de 1950, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas estuvo trabajando en el tema del derecho de tratados, cuando terminó un proyecto de articulado, lo presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la recomendación de celebrar una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar dicho proyecto con miras a la adopción de una convención.

El 22 de mayo de 1969 se adoptó el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que recoge y formula de una manera más precisa y sistemática las normas del derecho internacional consuetudinario referentes a los tratados y adopta otras que no existían o sobre cuyo texto había duda.

Incluye dos principios de derecho aplicables especialmente a tratados: Pacta sunt servanda (todo tratado en vigor obliga a las partes) y el de buena fe; así como dos artículos que, por su trascendencia, han merecido muchos comentarios: el artículo 18, que habla de la obligación de los Estados que han firmado o manifestado su consentimiento en obligarse por un tratado, de ‘no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor’, y el artículo 53; que introduce el concepto de ‘jus cogens’ (normas imperativas).

Aunque esta Convención representa sin duda un gran avance, no regula todas las cuestiones referentes al derecho de los tratados; por ello dispone, en el último párrafo de su preámbulo, que “las normas de derecho internacional consuetudinario continuaran rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente Convención”.

En todo caso, el mérito de la Convención de 1969 reside en que representa la opinión jurídica generalmente aceptada acerca del derecho de los tratados y por ello constituye una guía de gran valor para la comunidad internacional, gracias a la cual, los tratados se rigen tanto por el derecho internacional codificado como por el consuetudinario.

Existen más de 158 Tratados y declaraciones sólo en materia de Derechos Humanos, sin embargo no todo es armonizado en la legislación secundaria y aunque si bien es cierto que las Cortes Internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se han pronunciado al respecto, en tratándose de derechos humanos, considero que se vuelve necesario armonizar las leyes secundarias de conformidad a lo que México se ha comprometido a nivel internacional y lo se deje a interpretación de los Jueces en caso de una litis o que se conviertan esos tratados en letra muerta en materia de políticas públicas o acciones concretas por parte de los Poderes de la Unión.

No tenemos conocimiento claro de cuántos tratados y de qué materia México ha firmado y en los que nos comprometemos a realizar ajustes en nuestro marco jurídico.

Por ello considero que se vuelve indispensable que se instale una Comisión especial con el objetivo de que revise los tratados internacionales que México ha signado y por consecuencia se elaboren propuestas de actualización de nuestro marco jurídico federal. Lo cual mostraría una profesionalización del trabajo legislativo y un buen gesto a nivel internacional por parte de nuestro país en el concierto de las naciones.

En la actualidad se han hecho esfuerzos muy importantes como la Ley para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las reformas en materia de paridad, para la participación política de las mujeres, que son las más destacadas, que fueron empujados en el Marco de la declaración de Beijing en 1995, además de algunas otras reformas que se han realizado en materia de derechos humanos.

Sin embargo, aun hace falta armonizar nuestro marco jurídico nacional, en materia económica, de derechos humanos, en materia política, de desarrollo humano, entre otros rubros, no menos importantes.

Considero que si un grupo de compañeros legisladores de esta LXII legislatura se aboca a revisar con detenimiento el número de tratados internacionales que México ha firmado y que nos obligan a reformar nuestra legislación, podrán surgir propuestas enriquecedoras que colocarán a México a la vanguardia en el cumplimiento de acuerdos en el concierto de las naciones.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Análisis de Leyes y Tratados de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de Análisis de Leyes y Tratados será el de realizar un estudio técnico especializado sobre que leyes que requieren armonizarse de conformidad a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.

Tercero. La Comisión Especial de Análisis Leyes y Tratados estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La Comisión Especial de Análisis Leyes y Tratados tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo respectivo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2013.

Diputado Javier López Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social, y por tanto a la Nación toda.

En el año 2004, dada la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.

Cláusula 68

Terminación de la relación laboral:

En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.

De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.

El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.

Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la Cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.

Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.

Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad instalen una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en el año 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a impulsar una campaña mediática que inculque a los niños y los jóvenes el rechazo total de la corrupción, con el fomento de los valores y el respeto de las leyes, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existen situaciones que por su relevancia en el ámbito social, trascienden la esfera de lo moral y ocasionan su regulación por el derecho vigente. Desafortunadamente el hecho de que ciertos actos se encuentren prohibidos y contemplen sanciones para el perpetrador, no significa que dejarán de cometerse y menos su erradicación espontánea. En nuestro país la corrupción es solo uno de tantos ejemplos de lo anterior.

En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre, derivado de la Convención de las Naciones Unidas del 31 de octubre de 2003, creemos que como legisladores debemos seguir trabajando a fin de erradicar esta práctica tan deleznable.

La organización denominada Transparencia Internacional en conjunto con el Banco Mundial, han definido a la corrupción como “el abuso del poder confiado para el beneficio personal”. Este mismo grupo, presente en más de 100 países, emite cada año un índice de percepción de corrupción, en donde se muestran los niveles percibidos en cuanto al sector público se refiere.

Nuestro país se encuentra en el lugar 106 de 177, y con un puntuación de 34 siendo 100 la mejor puntuación obtenible. Si tenemos en cuenta que en 2006 los resultados de la investigación colocaban a México en el lugar 70 de 163, podemos deducir que no hemos hecho lo suficiente en los últimos años para disminuir de manera significativa nuestros niveles de corrupción.

Es claro que el índice solo mide la percepción, pero aquella es reflejo directo de los niveles de corrupción, por lo tanto si hubiese disminuido esta práctica habría sucedido lo mismo con la posición mexicana en la tabla.

La misma encuesta realizada por Transparencia Internacional, arroja números que son de considerarse como un problema grave y que requieren de una atención inmediata. Utilizando muestras de mil personas para los países que tuviesen más de un millón de habitantes, se pregunto la sensación que se tenía de las diferentes instituciones que a continuación enlistaremos:

Partidos Políticos-91 por ciento
Policía-90 por ciento
Servidores Públicos-87 por ciento
Poder Legislativo-83 por ciento
Poder Judicial-80 por ciento
Sistemas de Educación-43 por ciento
Sistemas Médicos y de Salud-42 por ciento

Es clara la desconfianza de la gente en la Instituciones torales del país. Además, repercuten en la sensación internacional, lo que genera que los inversionistas extranjeros prefieran direccionar su capital a otro lado y que la que ya se encuentra en el país, comience a buscar lugares alternativos para tener su dinero.

La corrupción en nuestro país no ha discriminado; se manifiesta en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores sociales. Es el peor enemigo de la competitividad económica, y provoca que la Pyme se encuentren en un mercado donde solo el que tienen la capacidad monetaria para pagar grandes sobornos a funcionarios públicos o encargados de las diferentes compras y contratos en la IP puedan sobrevivir.

Por su parte, la ONG Transparencia Mexicana pública cada dos años el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el cual mide la corrupción que afecta a los hogares –www.tm.org.mx/programas–de–diagnostico–medicion–y–evaluacion–de–impact o/–. La última medición (2010) arrojó los siguientes datos

• Durante ese año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por los tres niveles de gobierno.

• En promedio cada mordida costó a los hogares mexicanos $165.00: $27.00 pesos más que en 2007.

• Para facilitar los trámites medidos se destinaron más de 32 mil millones de pesos en mordidas.

Es claro que todo ese dinero podría utilizarse por las familias mexicanas a fin de mejorar su calidad de vida, en lugar de tener que pagar una “doble tributación”, ya que si se requiere que a un trámite le den celeridad se necesitan pagar derechos “extraoficiales”.

El Presidente Enrique Peña Nieto en una manifestación clara y contundente de combatir este mal que aqueja a la sociedad mexicana, propuso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual actualmente se encuentra en proceso de análisis en las comisiones dictaminadoras correspondientes del Senado de la República.

En el Partido Verde creemos firmemente que no debemos bajar los brazos en la lucha contra la corrupción, sólo con educación lograremos erradicar este mal, crecer como nación, y los funcionarios recuperar la credibilidad ante la sociedad.

Es por todo lo anterior que me permito proponer antes esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública a fin de impulsar una campaña mediática que inculque a los niños y jóvenes el rechazo total la corrupción, alentado los valores y respeto por las leyes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del año 2013.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la escasa calidad de los contenidos televisivos en México, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas resulta preocupante el rezago cultural que vive la sociedad mexicana y más si está se encuentra inmersa en un tejido social deteriorado por diversos factores, entre los que destacan los cambios de rol y funcionamiento de la familia tradicional mexicana; el desplazamiento de la escuela como moldeador de conductas y valores sociales; la apología y cultura de la violencia, fomentadas en algunos medios de comunicación masiva.

Hoy en día, la realidad dista de aquel mexicano que creía en la existencia de una patria, de una nación, que sentía cierto respeto y admiración por sus autoridades, así como por la solidaridad familiar y la comunidad, por el contrario predomina el mexicano del capitalismo salvaje, individualista y hedonista en términos culturales.

Para darnos cuenta en el escenario en el que se mueve el mexicano, basta con prender la denominada “caja de sueños” y elegir alguno de los programas que trasmiten el duopolio televisivo, para darnos cuenta la forma en la que se utiliza el sufrimiento de las personas, la exhibición de sus sentimientos y la vida privada de los sujetos, mostrando de esta manera la forma más sórdida de la condición humana, como un gancho de atracción para generar audiencia.

El problema de la democratización de los medios y la nula pluralidad de información, dejan de lado la creciente preocupación por mejorar el contenido de los programas en nuestro país.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), hasta el 2011 existían en México 461 estaciones concesionadas de televisión abierta comercial en nuestro país, de las cuales el 94% de ellas se encuentran concentradas en manos de Televisa y TV Azteca.

La guerra encarnada entre el duopolio televisivo se ha concentrado en ver quién alcanza los niveles más altos de rating, mediante la promoción de talk y reality shows, ante la disminución de programas de calidad en la televisión, dejando de lado lo establecido en el artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión que a la letra dice:

Artículo 5o. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

Contrario a lo que establece la normatividad de la Ley Federal de Radio y Televisión, nos encontramos con una serie de programas que se caracterizan por el morbo, violencia, el sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia.

Algunos expertos denominan a este tipo de programas como “telebasura” porque atentan en contra de la dignidad humana, por esta razón se han creado asociaciones civiles como “A favor de lo Mejor”, la cual trabaja por elevar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación ante la creciente proliferación de los talk shows.

Por su parte el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, el cual aprovecha el alcance de los medios de comunicación, para hacer visible la problemática femenina, promover el desarrollo integral de las mujeres y apoyar en la construcción de una cultura de equidad de género, consideran a este tipo de programas y a las telenovelas como denigrantes al mostrar una concepción idealizada del amor y de la violencia como algo natural.

La “telebasura” en México no sólo atenta en contra de la condición humana, sino también es la forma en la que se crean los estereotipos y la discriminación.

La Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 10 establece que a la Secretaría de Gobernación le compete vigilar que las trasmisiones de radio y televisión se mantenga dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, sin embargo pareciera que a dicha dependencia no le significase una prioridad el monitoreo de los contenidos de los programas en nuestro país.

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, revelan que el 94.7% de los hogares en México cuentan con televisor, lo que pone en evidencia el enorme impacto de este medio dentro de las familias mexicanas.

Basta con observar las datos que muestra la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales 2010, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la cual señala que el 90% de la población mexicana afirmó ver televisión, 40% dijo que ve televisión más de dos horas, 35% entre una y dos horas y un 19% una hora.

No es concebible que se sigan manteniendo programas de deficiente calidad en la barra televisiva por motivos de competencia y rating.

Las autoridades responsables de vigilar y sancionar los formatos que promuevan la violencia verbal y física, el abuso y la utilización de casos ficticios o reales que se presentan a las familias para su uso de explotación morbosa y comercial.

Sin lugar a dudas es impostergable atender la crisis de contenidos por la que atraviesa la televisión abierta en nuestro país, ya que no se necesita ser un especialista en la materia para darnos cuenta del deficiente contenido educativo y cultural en los programas televisivos que consumen diariamente las familias mexicanas.

Cada vez son más ofensivos y menos propositivos los programas de televisión que consumen los mexicanos, por esta razón los Diputados de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor de la promoción y fomento de valores molares en los diversos ámbitos de la vida pública de nuestro país, a través de los diversos programas que forman parte de la barra de entretenimiento de televisión abierta.

Nuestro país requiere de que se impulse un nuevo estilo de vida, en el cual la mujer y el hombre sin importar edad, creencias o preferencias valgan por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su lealtad a las normas de convivencia, sus aportes al bienestar de la sociedad, y no por la posesión de dinero o por la mera concentración del poder por el poder.

Derivado de lo anterior someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que haga pública la información referente a las sanciones interpuestas a las televisoras Televisa y Tv Azteca durante los últimos años por violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación para que retire de la programación de televisión abierta todos aquellos programas que se caractericen por el morbo, violencia, el sensacionalismo, la discriminación en todas sus formas y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia, con estricto apego al derecho a la información, de expresión y recepción.

Tercero. Se exhorta a la presidencia de Mesa Directiva de éste órgano legislativo para que se lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo en la que participen autoridades, comisiones ordinarias en la materia, especialistas, investigadores, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil con la intención de contribuir a elevar la calidad de los contenidos televisivos que consumen diariamente las familias mexicanas.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2013.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a analizar acciones y programas encaminados a proporcionar educación sexual a niños y a adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La adolescencia es considerada por muchos médicos y psicólogos como la etapa de las personas más complicada, ya que es en ella que comienzan a darse los cambios, físicos, psicológicos, sexuales y sociales, los cuales determinaran no sólo los rasgos físicos de una persona sino también la personalidad de ésta. Es en este sentido que durante esta dicha se debe de tener mayor cuidado y atenciones al adolescente, ello con el fin de que se desarrolle de forma adecuada.

Si bien no existe un rango de edad fijo, ello con base en que cada persona se desarrolla y comienza éste en diferentes edades, se considera como un rango aproximado entre los 10 y 19 años de edad (ello con base en lo reportado por la Organización Mundial de la Salud), etapa en la cual ocurrirán dichos cambios.

Entre los principales cambios que sufre el adolescente se encuentran1 :

• Cambios físicos: Cambios en el órgano reproductor, en las mamas de las niñas y en los genitales de los niños, aparición de bello corporal y crecimiento rápido durante tres o cuatro años.

• Cambios psicológicos: Se afecta la apariencia física del adolecente por los cambios hormonales verificados, al igual que también afectan las alteraciones emocionales de éste, por lo que es posible que estos cambios de humor sean muy repentinos, a pesar de que ello resulta normal durante esta etapa es indispensable la vigilancia de éstos.

• Cambios sociales: La necesidad de pertenecer a un grupo hace que el adolescente comience a rodearse de personas de su misma edad, con los cuales tendera a identificarse, si bien resulta muy normal el alejamiento y el encuentro social, es importante que su entorno social sea adecuado.

• Cambios sexuales: El comienzo de los cambios en el adolescente también es conocido como pubertad en el cual, los adolescentes comienzan a hacer más diferencias entre el hombre y la mujer, en las cuales comienza su periodo menstrual, por lo que detona la posibilidad de la reproducción sexual, aunado a ello, los adolescentes sienten más interés en la sexualidad y las relaciones sexuales.

Todos estos cambios deben de ser acompañados de la atención de los padres, los cuales tienen la responsabilidad de mantenerse informados de todos estos cambios y los medios a través de los cuales pueden comunicarse con el adolescente respecto de la naturaleza de los mismos. En este sentido para el sano y responsable desarrollo del adolescente es necesario que le sea otorgada toda la información al respecto, principalmente de la sexualidad, siendo uno de los temas de mayor interés, pero que por el pudor del mismo joven, no se atreve a investigar o preguntar, lo cual trae consecuencias muy graves que pueden afectarlo el resto de su vida.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud afirma que la educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación2 . En este sentido resulta una responsabilidad conjunta entre los padres de familia y el estado, los cuales serán los principales encargados de dotar al adolescente de la información y educación adecuadas con el fin de que el joven pueda desarrollar su sexualidad de forma plena, ello más allá de las relaciones sexuales, sino también el respeto y el amor consigo mismo y los demás.

Es preciso recordar que la educación sexual se retoma como responsabilidad del estado, ya que forma parte, primero del derecho a una educación (conforme al artículo 3o. constitucional), asimismo como de los conocidos derechos sexuales y reproductivos, siendo estos: el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y salud sexual, a la privacidad sexual, a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la libre toma de decisiones reproductivas, libres y responsables, derecho a la información sexual adecuada, a la atención de salud sexual y por supuesto a la educación sexual3 .

En este sentido, uno de los objetivos de la educación sexual es el evitar que los adolescentes puedan ejercer su vida sexual de forma responsable y adecuada, previniendo así enfermedades de transmisión sexual, ETS, y embarazos no deseados.

Siguiendo en este tenor, el doctor Alejandro Morales del Olmo, gineco-obstetra con posgrado en Tecnología Anticonceptiva, por Family Health International, reportó, el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que entre más información reciben (los adolescentes), inician su vida sexual a mayor edad. En este sentido la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestra que 18 de cada 100 mujeres en edad reproductiva tienen de 15 a 19 años y según el Instituto Nacional de Salud Pública, de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, dos han iniciado su vida sexual4 .

El inicio de las relaciones sexuales a una edad muy temprana sin la madurez ni responsabilidad necesarias, repercute directamente en la enorme posibilidad de un embarazo no deseado o la transmisión de alguna ETS, ello a causa de que el adolescente no tuvo los cuidados ni los conocimientos necesarios para ejercer su sexualidad de forma segura, plena y responsable.

Según datos del Sistema de Indicadores de Genero del Instituto Nacional de las Mujeres, solamente el 38.2 por ciento de las mujeres utilizan algún método anticonceptivo en su primer relación sexual, lo cual repercute de forma directa en los embarazos a una edad temprana, ya que de las adolescentes embarazadas, el 80.8 por ciento había estado embarazada una vez, el 16.8 por ciento dos veces y el 2.3 por ciento en tres ocasiones5 . Este mismo estudio refleja las graves consecuencias del embarazo en las adolescentes, ya que de éstas, al menos el 12.2 por ciento terminaron en aborto, ello en función de que el embarazo, en mujeres adolescentes, es prematuro a consecuencia de su desarrollo biológico, fisiológico, psicológico y social.

El riesgo de tener algún problema o complicación durante el embarazo, parto o puerperio es mayor para las mujeres adolescentes, sin dejar de lado las condiciones de nutrición y salud previas al embarazo y el tipo de atención prenatal que reciben que son factores de riesgo para todas las mujeres6 .

Por otra parte, uno de los riesgos más comunes de iniciar la vida sexual a una edad muy corta es la gran posibilidad de adquirir alguna ETS o enfermedad venérea, como bien lo afirman diversas instituciones de salud dichas enfermedades van en aumento debido a que en las últimas décadas, las personas jóvenes tienen actividad sexual más tempranamente y se casan más tardíamente. Como resultado, las personas sexualmente activas hoy en día tienen más probabilidad de tener muchas parejas sexuales durante sus vidas y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual7 .

Es por ello que el adolescente debe de tomar las medidas adecuadas, ya que en dado caso de que decida comenzar su vida sexual con una pareja la cual no se considere estable, debe de tener la responsabilidad de ejercer sus relaciones sexuales con el uso de los diversos métodos anticonceptivos.

Todas estas consecuencias, son causadas por la falta de información y la mala educación sexual que el adolescente ha recibido o en su caso no recibe a tiempo, en este sentido la propia Secretaría de Salud ha afirmado que es importante comprender que la educación de la sexualidad representa importantes beneficios. Se mejora la comunicación en la familia y su solidaridad, se reflexionar acerca de la pareja que buscan, se distinguen las creencias religiosas de sus actitudes sobre la sexualidad8 . Es por ello que se deben de realizar y en su caso reforzar todas aquellas políticas y programas que beneficien la educación sexual del adolescente.

En este sentido y conforme lo anteriormente expuesto, con la finalidad de proteger y fortalecer los derechos sexuales y reproductivos del adolescente y la educación sexual del mismo, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se diseñen y apliquen más y mejores programas y acciones encaminados a generar y fortalecer una educación sexual a niñas, niños y adolescentes, en todos los niveles educativos.

Notas

1 http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm 6 de diciembre de 2013 13:04 horas

2 http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-derechos-sex uales.html 6 de diciembre de 2013, 13:29 horas.

3 http://www.diamundialsaludsexual.org/node/ 5 y 6 de diciembre de 2013 13:38 horas

4 http://www.salud.carlosslim.org/embarazada-mitad-de-jovenes-que-inician -su-vida-sexual/ 6 de diciembre de 2013 13:47 horas.

5 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes 1.pdf 6 de diciembre de 2013 14:04 horas.

6 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes 1.pdf 6 de diciembre de 2013 14:10 horas.

7 http://www.uhclatino.com/SaluddelHombreylaMujer/Enfermedadesdetransmisi %C3%B3n sexual/tabid/ 140 /language/es-ES/Default.aspx 6 de diciembre de 2013 14:12 horas.

8 http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_02_%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20estamos%20a%20favor%20.%20.%20.pdf 6 de diciembre de 2013 14:18 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía brinda todo su apoyo a quienes ayunan como protesta pacífica para que se concrete la reforma migratoria en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

Con el fin de que se reactive el proceso legislativo para la reforma migratoria en Estados Unidos, una coalición de organizaciones civiles y religiosas, encabezadas por Eliseo Medina, líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, llevan a cabo un ayuno y una vigilia, colectivas, desde el 12 de noviembre a las puertas del Capitolio. “Este movimiento a favor de una reforma migratoria ya ha ganado el apoyo de las mayorías en Estados Unidos. Pero sigue bloqueado por una minoría. Este ayuno y estas vigilias son para romper con ese bloqueo y denunciar la disfunción del Congreso”, dijeron los activistas.

La reforma migratoria en Estados Unidos está lejos de ser un asunto estrictamente doméstico de nuestro vecino. Tiene de manera innegable una connotación regional: Sudamérica, Centro América y México, de manera fundamental, tienen que ver con este proceso. Respetando de manera íntegra la soberanía norteamericana y sus procesos legislativos, no podemos ni debemos soslayar que está en juego el destino de 11 millones de residentes en Estado Unidos, la mayoría de ellos mexicanos y mexicanas.

“Esta es una oportunidad para renovar mis votos y esperanza a favor de una reforma migratoria. Sé que pasaré hambre. Pero hoy, hay 11 millones de personas que llevan padeciendo un hambre de justicia desde hace mucho tiempo”, aseguró Eliseo Medina, al iniciar su ayuno que se prolongó por 22 días. La situación se torna dramática si consideramos que en estos días llegará a 2 millones de indocumentados los deportados desde el inicio de la administración del presidente Barack Obama, y que durante 2012 perdieron la vida 463 inmigrantes en el desierto en su intento por cruzar la frontera e internarse en Estados Unidos. Se calcula que por cada día que el Congreso de Estados Unidos retrasa su aprobación de la reforma migratoria, unos mil cien futuros estadounidenses son deportados y separados de sus familias, la gran mayoría mexicanas y mexicanos.

El martes 3 de diciembre, los primeros ayunantes, el líder sindical Eliseo Medina, de 67 años; el dirigente juvenil Cristian Ávila, de 23 y el activista Dae Joong Yoon, de 43 años, dieron por finalizada su protesta pacífica, y cedieron el lugar a otros, ceremonia en las que estuvieron presentes el secretario de Trabajo de la Administración estadounidense, Tom Pérez; la activista Dolores Huerta, así como legisladores y dirigentes religiosos, sindicales, juveniles y comunitarios. Durante su prolongado ayuno recibieron la visita de congresistas y funcionarios, incluyendo al presidente Barack Obama, al vicepresidente Joe Biden y la primera dama Michelle Obama.

Quienes proseguirán el ayuno en protesta porque la reforma migratoria se encuentra detenida son el legislador demócrata Joe Kennedy, nieto del fallecido senador Robert F. Kennedy, y la activista de Dream Defenders, Ciaria Taylor, además de varios líderes civiles y religiosos, entre quienes se encuentra la pastora Bernice King, hija del fallecido líder de los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King.

El ejemplo del líder sindicalista César Chávez, quien realizó tres huelgas de hambre para protestar por las condiciones de los campesinos en EUA en la década de 1960, la más extensa de las cuales duró 36 días, está cundiendo en la Unión Americana, pues decenas de personas iniciaron un ayuno en Colorado, en apoyo a quienes lo hacen en Washington.

En ese contexto, consideramos que las y los legisladores mexicanos no podemos ni debemos permanecer ajenos a una situación que afecta de manera directa a millones de mexicanos y mexicanas. No podemos permanecer pasivos ante la situación en la que la Cámara de Representantes norteamericana, que prevé concluir su sesión legislativa el próximo 13 de diciembre, no ha programado discutir y votar la legislación HR15, reforma migratoria que promueve el presidente Obama y varios legisladores y legisladoras, misma que aprobó el Senado de Estados Unidos en junio pasado.

No podemos negar que una situación de esta naturaleza, que involucra de manera directa a millones de mexicanas y mexicanos compete al Congreso de la Unión, y de manera específica a esta Soberanía.

En este contexto, y con fundamento en los artículos 79 numeral 2, fracción IV, y 100, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta soberanía, los siguientes punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución

Acuerdos

Uno. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión brinda todo su apoyo a quienes ayunan como protesta pacífica para que se concrete la reforma migratoria en Estados Unidos, e insta de manera respetuosa a la Cámara de Representantes a que apruebe una reforma migratoria benéfica para millones de familias mexicanas y de otras naciones que actualmente residen sin documentos en ese país.

Dos. Exhorta al Ejecutivo federal de nuestro país para que por los conductos diplomáticos que correspondan impulse la concreción de la referida reforma migratoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al aumento de superficie de las viviendas de interés social, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la vivienda es universal está reconocido a nivel internacional en más de 100 Constituciones nacionales de todo el mundo.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es el órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de supervisar la realización del derecho a la vivienda, considera que este no debe ser limitado o restrictivo al grado de que se le equipare tan sólo al hecho de tener “un tejado por encima de la cabeza o que se le considere exclusivamente como una comodidad”, sino por el contrario debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 1966, y del que México es parte establece el derecho a la vivienda adecuada, en su artículo 11:

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

En México este derecho está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda familia en nuestro país tiene derecho a disfrutar de vivienda digna, y para ello la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Por su parte el artículo 3 de la Ley de Vivienda señala que las disposiciones de la misma deberán aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social, para que toda persona pueda ejercer su derecho a la vivienda.

La misma ley señala que la Política Nacional de Vivienda deberá promover oportunidades de acceso a la población, preferentemente para aquella que se encuentre en pobreza y vulnerabilidad.

Sin embargo la situación de las viviendas de las familias mexicanas se encuentra lejos de lo que pudiéramos considerar una vivienda digna.

Las políticas habitacionales han fracasado en su doble reto de atender la demanda de vivienda nueva y en apoyar a las familias que cuentan con una vivienda por debajo de los estándares de calidad.

Para Gerardo Pisarello,1 tener una vivienda es una condición necesaria para la supervivencia y para lograr una vida segura, autónoma e independiente, ya que es una premisa esencial para poder realizar otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales resultan impracticables cuando no existen las condiciones mínimas de habitabilidad.

En términos generales la Política Nacional de Vivienda ha resultado un fiasco, parte de ello se debe a que no existe una oferta real para las clases necesitadas y al mal manejo de recursos por parte de funcionarios encargados de los programas sociales.

Aunado a las carencias en términos de calidad de vivienda, hay que sumarle el hacinamiento como un indicador importante en términos de calidad de vida.

De acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda en el 2005, existían alrededor de 3.5 millones viviendas (14.5%) con más de dos habitantes por cuarto; Si utilizamos el total de las viviendas y una definición más amplia de dos ocupantes por cuarto para dormir, se encuentra que más del 70% de la población en pobreza alimentaria presenta condiciones de hacinamiento.

De acuerdo con estudios recientes de Vivienda, realizados por la Sociedad Hipotecaria Federal, México tiene 29 millones de hogares, de los cuales 9 se encuentran en rezago habitacional ampliado, debido a que viven en condiciones de hacinamiento o las viviendas están construidas con materiales de baja calidad y duración.

A nivel estatal, 12 Entidades agrupan dos terceras partes del rezago, mientras 10 concentran el 28% en materia de vivienda.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en la última década aumentó el hacinamiento en los hogares mexicanos en un 28.5%, en gran parte por el fenómeno de hogares ampliados y compuestos, es decir uno de cada cuatro hogares mexicanos se han incorporado a vivir bajo el mismo techo el yerno, la nuera o los nietos del jefe del hogar.

El sector que presenta mayores deficiencias en materia de vivienda son las construidas por el método de producción social, ya que dos terceras partes de estas han sido construidas por esta vía.

La primer limitante que presenta, es el número de créditos disponibles y la baja accesibilidad a ellos.

Para poder acceder a una casa de interés social, los trabajadores tienen que realizar pagos por el resto de su vida debido a la desproporcional tasa de interés fijada y al mal diseño de los planes de financiamiento.

En 2012 el índice que mide la proporción de la gente que no logra completar el pago de crédito de la vivienda al final del vencimiento fue del 16.2%.

En el contexto económico por el que atraviesa nuestro país, son pocos los afortunados que logran terminar de pagar su vivienda sin algún contratiempo, pero tortuoso el camino emprendido ya entregada la vivienda, debido al incumplimiento de los requerimientos mínimos que establecen las normas de arquitectura por parte de las desarrolladoras inmobiliarias.

Fallas estructurales, falta de servicios básicos, desarrollos alejados de los centros de trabajos, inseguridad y lo más preocupante, que no cuentan con las áreas mínimas para el desarrollo integral de la familia, son una constante en el diseño de viviendas de interés social.

Hoy en día contar con una vivienda de interés social implica habitar una casa de “mazapán”, debido a los deficientes materiales que se utilizan para la edificación, los cuales empiezan a decaer aun cuando no vence la garantía inmobiliaria.

Los espacios con los que cuentan las viviendas de interés social en nuestro país, violentan los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables para el acceso a una vivienda digna.

El acceso a una vivienda digna es una condición necesaria para el desarrollo pleno del individuo.

A escala mundial se dedican importantes recursos públicos para mejorar la vivienda y en algunos países se ha utilizado como herramienta para abatir la pobreza, por ello que es importante contar con panorama más amplio, por lo que comparamos el tamaño de las viviendas de interés social en diversos países con México.

Por ejemplo en países de América Latina como Colombia la superficie de las viviendas de interés social es de 49m2, Chile 40 m2, Brasil 42 m2, y Nicaragua 42m2, sólo por mencionar algunos casos.

Es decir, la media de m2 de superficie de vivienda en América Latina oscila entre los 40 metros y en algunas otras regiones el tamaño se condiciona por el precio del área de la casa.

Desafortunadamente en México, la definición sobre el tamaño o las características de la vivienda mínima que debiera tener un ciudadano corresponde a una decisión política sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por una mejor distribución.

Para David Weimer,2 el mínimo del bien es aquel lo suficientemente alto para ser reconocido comúnmente como el necesario para una sobrevivencia digna.

La existencia de una normatividad inadecuada, no actualizada, diversa o en su caso nula, ha tenido impactos negativos sobre la seguridad y la calidad de las edificaciones, la provisión de infraestructura básica y servicios.

Ante tal vacío normativo la Comisión Nacional de Vivienda, publicó en diciembre de 2007, el Código de Edificación de Vivienda, en atención a la Ley en la materia, con el propósito de homologar y establecer estándares de calidad y seguridad de las construcciones, respetando la autonomía estatal y municipal para una correcta aplicación y vigilancia de su cumplimiento, ya que en la actualidad la edificación de las viviendas responde a la normatividad de cada Entidad Federativa.

Sin embargo dicho Código deja abierta la posibilidad para que las autoridades de cada entidad determinen los m2 de cada vivienda y en consecuencia una desproporción en el tamaño de las casas.

Para los diputados de Movimiento Ciudadanos nos resulta preocupante que no se cumplan con el principio de habitabilidad, ya que en algunos casos se llegó a manejar de 35m2 como media nacional, originando problemas de hacinamiento, salubridad y de tipo social como lo es la delincuencia y la drogadicción.

Para abatir este problema de dimensiones mayúsculas, es necesario que el gobierno federal, los estados, los municipios y las instituciones garantes de cumplimentar el mandato Constitucional de acceso a una vivienda digna como lo es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, homologuen la cantidad de m2 idóneos para la construcción de viviendas de interés social, apegado a los estándares de calidad, habitabilidad y desarrollo integral de la familia.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, y a los Congresos locales para que integren y homologuen en su marco normativo la cantidad de m2 idóneos para la construcción de viviendas de interés social, apegado a los estándares de calidad, habitabilidad y desarrollo integral de la familia.

Notas

1 Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas y es autor y editor de numerosos artículos y libros sobre constitucionalismo, democracia y derechos humanos.

2 Profesor de política económica en la Universidad de Wisconsin- Madison.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión del grupo “quemaduras, corrosiones y escaldaciones” en el Fondo contra Gastos Catastróficos, a cargo de la diputada Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Rosalba Gualito Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Las quemaduras son un problema de salud pública poco estudiado en México, por lo que generalmente los indicadores suelen no contener todas las variables óptimas que permitan una lectura correcta del problema al que nos enfrentamos, o bien las estadísticas no son actuales, lo que dificulta la revisión correcta de la evolución del problema. Sin embargo, las estadísticas de las que se dispone sí permiten dar cuenta de las graves consecuencia social que provocan las quemaduras, las corrosiones y las escaldaciones, ya que éstas son un factor de disociación que trunca en buena medida el futuro productivo de las personas que sufren estos siniestros, además del alto costo que ello conlleva tanto para la familia como para las administraciones locales y, por supuesto, no se puede olvidar que también que son factor de morbilidad en casos graves.

La quemadura es la descomposición del tejido orgánico causada por el contacto de éste con fuego, sustancias corrosivas o cáusticas, o con objetos o líquidos calientes, de donde se derivan las escaldaciones. A su vez, las quemaduras se clasifican en primer grado cuando la destrucción se da a nivel de epidermis, en segundo grado cuando se lesiona epidermis y parte de la dermis, y en tercer grado cuando hay destrucción completa de la dermis, por lo que las terminales nerviosas son destruidas y se pierde la sensibilidad. En este último grado de clasificación puede haber destrucción total de músculo, tendón e incluso hueso, por lo que la atención inmediata especializada representa la diferencia entre una rehabilitación adecuada o no, e incluso en conservar o no la vida del paciente.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), la tasa de mortalidad por quemaduras por fuego/flama ha descendido de 1979 a 2007 en 69.5%, mientras que las quemaduras por contacto con sustancias u objetos calientes (escaldaduras) tuvieron un incremento de 100%, lo cual rara vez es causa de decesos, aunque sí pueden causar quemaduras de tercer grado. En términos generales, la morbilidad por quemaduras ha descendido drásticamente. Sin embargo, cuando las cifras se analizan por lustros y entidades federativas, los resultados alarmantes se dan en el período comprendido de 2005 a 2009 en donde se observaron incrementos porcentuales en Guerrero (56.5%), Baja California Sur (47.0%), Durango (46.6%), Zacatecas (27.5%), Sinaloa (24.7%) y Aguascalientes (3.3%). Por otro lado, durante el mismo periodo de tiempo estudiado, las tasas de mortalidad más altas se registraron en Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Durango, de lo que se desprende que es en entidades del norte de México en donde la tasa de mortalidad por quemaduras es mayor.1

La disminución de la tasa generalizada de mortalidad, se debe en buena medida a los avances tecnológicos y la construcción de hospitales en zonas geográficas donde antes no los había. Aunado a ello tenemos que el Grupo de “Quemaduras y Corrosiones” ya existe en el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación –el cual forma parte del Seguro Popular pero no atiende a toda la población-, pues aun y cuando la quemadura sea de primer grado, si el porcentaje de superficie del cuerpo lesionado es alto, la posibilidad de defunción por deshidratación es alta también. Por otro lado, el Seguro Médico Siglo XXI, además de contemplar la atención médica por quemaduras de primer y segundo grado, integra la atención por quemaduras de tercer grado en atención a la prioridad que tiene la niñez en la prestación de servicios médicos. Estas acciones han permitido la homologación de los tratamientos, aun y cuando no haya hospitales especializados en quemaduras en todas las regiones del país. Empero, uno de los pendientes para brindar el servicio médico adecuado en cuanto a quemaduras se refiere, es la inclusión del Grupo de “Quemaduras, corrosiones y escaldaciones” en el Fondo para la Protección Contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, que sólo contempla las de primer y segundo grado. Ello permitiría la homologación de tratamientos sin la construcción de hospitales especializados, una adecuada atención inmediata que favorecería la mejor de las rehabilitaciones, que las personas que padecieran dichos siniestros tuvieran que hacer erogaciones menores a causa de la atención médica y que los sistemas de salud locales no vieran tan mermados sus recursos a causa de los tratamientos que estos eventos requieren.

Las quemaduras, afortunadamente no son tan recurrentes como pudiera pensarse, por lo que las erogaciones estatales no representan una carga comprometedora del gasto público, por lo que la necesidad de la atención de las quemaduras a través del Fondo para la Protección Contra Gastos Catastróficos se debe a un mínimo de justicia social, atendiendo a la igualdad que consagra nuestra Constitución Política y teniendo como eje rector el derecho humano a la salud, es que se hace la presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, se someten a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Respetuosamente se exhorta al Consejo de Salubridad General para que, con fundamento en los artículos 28 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud, incluya el grupo “Quemaduras, corrosiones y escaldaciones” al Fondo para la Protección Contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud para quemaduras de tercer grado.

Segundo: Respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Salud para que, con fundamento en el artículo 75 bis 5, inciso A), fracción III de la Ley General de Salud, emita los manuales operativos correspondientes a efecto de que el Grupo “Quemaduras, corrosiones y escaldaciones” se haga efectivo y cumpla con la normatividad aplicable al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Tercero: Respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, con fundamento en el artículo 4, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emita los lineamientos correspondientes para que a través del Seguro Popular se atiendan los siniestros relacionados con el Grupo “Quemaduras, corrosiones y escaldaciones”.

Nota

1 M. de J. Orozco-Valerio, R. A. Miranda-Altamirano, A. C. Méndez Magaña y A. Celis, Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009 , en Gaceta Médica de México, número 148, México, 2012, pp. 349-357.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputada Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a implantar acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los defensores de derechos humanos y de periodistas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que con base en el diagnóstico de los últimos años en materia de derechos humanos, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los derechos humanos; asimismo, haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y los resultados en comento; al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 30 de julio de 2002, se crea la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que tiene como atribuciones, entre otras: promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2. El 31 de mayo de 2007, el Ejecutivo federal emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual dispone la elaboración de un programa en la administración pública federal para fortalecer el respeto de los derechos humanos; de conformidad con las atribuciones y deberes en materia de planeación del desarrollo nacional previstas en el artículo 26 constitucional, reglamentado por la Ley de Planeación; asimismo, el artículo 27, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación corresponde, entre otras, conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra secretaría, y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

3. El 29 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el cual contiene los objetivos, las estrategias y las líneas de acción tendientes a asegurar el respeto de los derechos humanos en toda la administración pública federal, para contribuir a la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos; asimismo, establece en su artículo cuarto que la Secretaría de Gobernación verificará de manera periódica el avance del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; asimismo, que realizará las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo.

4. El artículo 2o., apartado B, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación determina que para el desahogo de los asuntos de su competencia el titular de la Secretaría de Gobernación se auxiliará, entre otros, de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

5. El 18 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos será la responsable de llevar a cabo la verificación periódica del avance del programa nacional de derechos humanos 2008-2012, de los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del plan nacional de desarrollo 2007-2012.

6. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 (PNDH) es un elemento clave para lograr materializar uno de los objetivos prioritarios del gobierno que es el consolidar una política de estado en materia de derechos humanos.

El 27 de mayo de 2013, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos acordó dar inicio a los trabajos de elaboración del programa, el cual tendrá las siguientes características:

• Ser un instrumento rector y transversal de la política de estado en materia de derechos humanos.

• Cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales.

• Tener alcance nacional.

• Asegurar la participación de la sociedad civil en todas sus etapas.

• Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación.

7. El presupuesto asignado a los programas más representativos en materia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha sido el siguiente:

(Cifras en millones de pesos)

Consideraciones

A) La Auditoría de desempeño 10-0-04100-07-0141 realizada a la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (UPDDH) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hace constar que el dictamen respecto del cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y de los tratados internacionales en la materia es negativo.

La ASF, reprobó el desempeño de la UPDDH, debido a que incurrió en un subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México.

Asimismo, el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) no registró los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo federal para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 se cumplieron parcialmente los objetivos: 1. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la administración pública federal; 2. Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos; 3. Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, y se atendió el objetivo 4. Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlo al interior de los Poderes Legislativo y Judicial, y ante los órdenes de gobierno; las dependencias y entidades de la administración pública federal sólo realizaron actividades en 128 (41.2 por ciento) de las 311 líneas de acción del PNDH 2008-2012; los programas de trabajo de la Segob no presentaron metas anuales para medir la eficiencia con que se realizaron las 128 acciones, y se registraron debilidades de control interno.

B) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye, como uno de sus principales ejes estratégicos para lograr un México en paz, el de los derechos humanos y el de la prevención y eliminación de la discriminación.

Aunado a lo anterior, el primer Informe de Gobierno 2012-2013, señala que el Ejecutivo federal dispuso que desde la reestructuración de la Segob, como instancia rectora de la política interior, se fortaleciera el área de derechos humanos. Para ello, y en aras de contar con capacidades institucionales adecuadas, el 2 de abril de 2013 con la publicación del nuevo reglamento interior en el Diario Oficial de la Federación de la Segob, se conformó la Subsecretaría de Derechos Humanos como la responsable de manera exclusiva del tema.

Esta subsecretaría se refuerza con la inclusión de dos áreas: 1) la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos que cuenta con facultades para el diseño, implementación y seguimiento de la política de derechos humanos, y de la reforma constitucional en la materia (compromiso 21 del Pacto por México) y 2) la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, con facultades de formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos.

C) Respecto a lo anterior, se observa que no obstante que la Segob ha reforzado el área de derechos humanos, no ha dado a conocer las cifras del incremento o, en su caso, decremento de los feminicidios y violencia contra las mujeres; víctimas u ofendidos de delitos; así como las acciones que ha implementado para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación; prevención, protección y atención en materia de trata de personas; protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Cabe señalar que en materia de derechos humanos en la actualidad no existe un diagnóstico de los últimos años; siendo que para atacar la problemática en este rubro es necesario contar con cifras exactas para disminuir los índices de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, se hace referencia a las siguientes notas:

D) La Organización Human Rights Watch (HRM) señaló que en la actual administración federal continúan de manera impune las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías; también reclamó que hasta ahora no se ha definido un plan concreto de estrategia de seguridad para reducir la violencia; asimismo, no se ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos.

Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/11/26/permanecen-las-violacion es-a-los-derechos-humanos-con-pena-nieto-hrw

E) En el segundo Encuentro Nacional de Periodistas convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas, más de 150 trabajadores de medios de comunicación de 26 estados del país y expertos en la protección a periodistas, concluyeron que tanto la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Secretaría de Gobernación (Segob) incumplen con el mandato de ley que tienen en la investigación de agresiones y protección a periodistas, situación que impide erradicar la impunidad, a pesar de que en los últimos diez años han sido asesinados al menos 84 periodistas en el país del año 2000 a junio de 2013, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Fuente: http://ladobe.com.mx/2013/11/pgr-y-segob-incumplen-mandato-de-ley-para- investigar-agresiones-a-periodistas-y-brindarles-proteccion/

F) El informe elaborado por las premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú, resalta que en México los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006 en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la cual ha dejado más de 50 mil muertos, 250 mil desplazados y miles sometidos a desaparición forzada. El informe afirma que la incidencia de feminicidios, violencia sexual, violación y desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de las mujeres y los defensores de los derechos humanos, han alcanzado “dimensiones de crisis”.

G) El reporte, presentado por la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, destaca que la política de seguridad, lejos de dar resultados optimistas respecto al crimen organizado, ha dejado una estela de violaciones de los derechos humanos y una legitimación del uso de la violencia como forma prioritaria para resolver los graves problemas que enfrenta el país.

H) Otro hallazgo planteado en el documento fue que en los territorios militarizados se presentó un aumento de feminicidios, además de incrementarse los casos de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses militares, los cuales “quedan impunes por el fuero militar que poseen”.

I) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

J) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en atención a los referidos informes y observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Organización Human Rights Watch, la Asociación por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, AC, y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; así como a Jody William y Rigoberta Menchú; se realicen las acciones siguientes:

• Elabore el diagnóstico de los últimos años en materia de derechos humanos.

• Con base en el diagnóstico efectuado, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los derechos humanos.

• Haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y los resultados señalados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al nepotismo en el ISSSTE, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el área laboral, el nepotismo, o cualquier tipo de privilegios a conocidos, amigos y colegas, tiene un gran peso en México.

La empresa “Ranstad México”, especializada en recursos humanos, realizó una encuesta donde 4 de cada 10 personas cuestionadas, aseguraron que en algún momento han visto frenado su crecimiento laboral por situaciones de nepotismo.

De igual manera, el 63 por ciento de los entrevistados opinó que en nuestro país se necesitan políticas para que todos los responsables y directivos de empresas tanto públicas como privadas, eviten el favoritismo en la elección de sus empleados.

Este tipo de situaciones pueden tener un impacto en la productividad de los trabajadores y por ende de la empresa o institución; en ello está la diferencia entre el éxito o el fracaso, ya que por contratar amistades o familiares que no están capacitados para ciertos puestos laborales, no se tienen los resultados esperados; la educación, ética y honestidad son puntos clave para tener un personal de calidad.

Desgraciadamente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, sucede un caso de nepotismo por parte del director, Sebastián Lerdo de Tejada, quien contrató a sus colegas, miembros de la firma LTG Lobbying México, de la que él es fundador.

Ocupan puestos clave en el ISSSTE: Juan Ahuactzin Ponce, director de Administración; Carlos Ortiz de la Peña, secretario particular del secretario general del instituto; Iván Pérez Salazar, secretario particular del director general; Sonia Salazar Ham, secretaria técnica del director general; Miguel Horta García, subdirector de Abasto de Insumos Médicos, y por último, Antonio Abasolo quien es subdirector de Recursos Materiales y hermano de la esposa del secretario general de esta institución.

Todos estos personajes además de ser funcionarios del ISSSTE, son miembros de LTG, colegas y amigos allegados a Lerdo de Tejada, ya que fue él quien intervino en su selección y contratación.

Los nombramientos mencionados violan la normatividad y contravienen la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La estructura operativa del ISSSTE está plagada de intereses familiares, personales y de negocios, por ello pone en duda su transparencia y ejercicio del gasto.

Para darnos una idea de los grandes expendios que tiene el Instituto, datos revelados en los medios de comunicación en el presente año, informan que el pasivo laboral del ISSSTE llego a los 6 mil 35 millones de pesos y se alertó una crisis por la insuficiencia de cuotas para cubrir el nivel de gasto en la prestación de servicio.

El instituto le debe 55 mil 216.1 millones de pesos a sus trabajadores por la construcción de las reservas de la ley; 12 mil 592.4 millones de pesos a favor del gobierno para cubrir a la SHCP la devolución de cuotas y aportaciones de los trabajadores, el préstamo recibido para el fortalecimiento del fondo de Préstamos Personales y la devolución de recursos recibidos en exceso para pensiones.

Los números siguen, se otorgaron 10 mil 836.2 millones de pesos más para proveedores, contratistas y retenciones a favor de terceros y 2 mil 24.8 millones por otras deudas.

Como resultado, la deuda del ISSSTE aumentó 5 mil 478.9 millones de pesos respecto al ejercicio anterior, llegando a una cifra total de 74 mil 96.7 millones de pesos.

Respecto a lo previo, es importante saber dónde y de qué manera fue distribuido el dinero, ya que está en duda si la autoridad del Instituto ha realizado algún tipo de desvío de recursos.

El director Lerdo de Tejada dio a conocer que en el 2013 se han recibido 4 mil 935 quejas y denuncias contra la institución, de estas mil 161 están vinculadas con actos de omisión o corrupción.

Por ello, el acceso a la información debe ser importante para construir políticas y acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, de esa manera se podrá fortalecer un gobierno abierto y generar confianza, colaboración y responsabilidad de todos los organismos.

Es un insulto para todos los mexicanos tener funcionarios cuyos intereses sean contrarios a los objetivos de ayudar a la población mexicana, tanto en servicios como a nivel laboral.

Es importante hacer una investigación a fondo y evitar que se siga operando el nepotismo en el ISSSTE y que el director general siga beneficiándose y apoyando a sus colegas y familiares con recursos de los mexicanos.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del órgano interno de control del ISSSTE, Francisco Gómez Milla, a que con base en sus atribuciones, realice las acciones correspondientes para verificar si existe un mal manejo del personal en la nómina de dicha institución, y de ser así, ejecute las sanciones correspondientes a las personas responsables.

Segundo. Se exhorta al encargado de la Secretaría de la Función Pública, al licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, a que conforme a sus facultades y con sujeción a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, realice la investigación necesaria para evaluar la existencia de corrupción en la nómina del ISSSTE, si resulta afirmativo, designar las sanciones correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la SE y de la Profeco a revisar, actualizar y hacer cumplir el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos prestados por particulares, a cargo del diputado Marco Alfonso Vela Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Marco Alonso Vela Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el artículo 3o. constitucional y en la Ley General de Educación, se autoriza a los particulares a impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando tengan el reconocimiento de validez oficial por parte de las autoridades en la materia. En la misma ordenanza se obliga a estos particulares a observar y cumplir diversas disposiciones legales inherentes a la cuestión; a cumplir con planes y programas de estudio que las autoridades hayan determinado, entre otras disposiciones que garanticen educación de calidad a los consumidores.

Son millones de jóvenes que asisten a las miles de escuelas particulares del país –que ofrecen educación en los diferentes tipos y modalidades– como consecuencia son también millones de familias que hacen esfuerzos extraordinarios para apoyar a sus hijos en su formación académica, muchos incluso comprometiendo la economía familiar y su patrimonio al adquirir deudas para solventar los gastos que de ello se genera.

Es común y reiterada la denuncia de los padres de familia por los abusos en los que incurren los prestadores de esta educación, al elevar los pagos de colegiaturas, los altos costos por reinscripciones, por servicios y trámites administrativos – que deberían ser gratuitos - como la emisión de boletas de calificaciones, horarios de clases o “tiras” de materias, el exceso de trámites y requisitos para acceder a becas, incrementando con frecuencia en cada semestre o cuatrimestre, el promedio de aprovechamiento escolar para ser beneficiados con alguna beca escolar o el incumplimiento de los convenios que pactan estas escuelas particulares con instituciones públicas o privadas, para el otorgamiento de becas; el condicionar la presentación de exámenes, la firma y entrega de calificaciones a los alumnos que presentar demoras en sus pagos de colegiaturas, la consigna a docentes para reprobar alumnos, obligándolos a presentar exámenes extraordinarios por los que deben pagar cuotas económicas, entre otros muchos abusos.

Ante las recurrencia de las denuncias de los padres de familia, el gobierno federal el 10 de marzo de 1992, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, en el que se instituyen, entre otras disposiciones:

Que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el cumplimiento de su objeto;

Los prestadores del servicio educativo a que se refiere el artículo anterior, deberán informar por escrito, previamente a la inscripción, para cada ciclo lectivo, a los padres de familia, tutores o usuario:

El contenido de este acuerdo;

La relación de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para cada ciclo lectivo, así como la mención de la fecha y número del acuerdo por el cual le otorgó la incorporación;

El costo total correspondiente a los siguientes conceptos: Inscripción o reinscripción; colegiaturas, así como el número de éstas;

Cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, prácticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares;

Transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del servicio educativo o las bases de cobro, si los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, lo contratan directamente con un permisionario o concesionario ajeno a él;

Calendario de pagos, descuentos por pago anticipado y recargos por mora;

Cualquier otro elemento de los prestadores del servicio educativo consideren de utilidad para los padres de familia, tutores o usuarios.

Los prestadores del servicio educativo sólo podrán cobrar de manera general y obligatoria los conceptos a que se refieren los incisos a, b y c de la fracción III del artículo anterior, garantizando que tales conceptos correspondan a la prestación de todos los servicios necesarios para que el alumno pueda cumplir con los planes y programas de estudios, por lo cual quedan incluidos los relativos a:

I. Utilización de bibliotecas escolares, laboratorios, talleres y demás instalaciones de los establecimientos educativos, y

II. Uso de materiales y equipo de laboratorio y talleres, así como lo relativo a las actividades de enseñanza y prácticas deportivas.

Lo anterior siempre que ellos se realicen dentro del horario ordinario de clase o, en su caso, en la aplicación de los planes y programas de estudio.

Los prestadores del servicio educativo deberán aceptar sin cargo alguno, los pagos por concepto de colegiaturas dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

Los prestadores de servicios educativos estarán obligados a:

I. Presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de la asociación de padres de familia o del grupo que represente a los usuarios del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios contenidos en el artículo 2o. de este Acuerdo, para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días antes del periodo de reinscripción y a recibir opiniones por el mismo conducto;

II. No incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas de fuerza mayor que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación;

III. No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia, tutores o usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los consumidores.

IV. Devolver, en su caso, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones, íntegra o inmediatamente, cuando se le avise cuando menos dos meses antes del inicio de cursos, en los ciclos escolares de un año y de un mes en ciclos menores, que el estudiante no participará en el siguiente periodo escolar. Cuando dicho aviso se de con anticipación menor a la señalada, los descuentos aplicables serán pactados con los padres, tutores o usuarios al momento de la inscripción.

V. No exigir a los padres de familia, tutores o usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deberán ser superiores a los disponibles al consumidor en el comercio en general;

VI. Que los gastos que impliquen la celebración de eventos cívicos, sociales, o recreativos organizados o, promovidos por los prestadores del servicio educativo, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del alumno. La celebración de tales eventos dentro del horario de clases o de los cuales sea imposible que el alumno se sustraiga, no deberán implicar gastos extraordinarios para los padres de familia, tutores o usuarios, y

VII. No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo podrán requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

El uso del uniforme escolar no es obligatorio; los padres de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del servicio educativo su uso, diseño, costo y proveedores, quedando los consumidores, en libertad de adquirirlo en donde lo prefieran. Dicho convenio deberá llevarse a cabo cuando menos sesenta días antes del periodo de inscripción.

Los modelos de uniformes deberán estar vigentes cuando menos por periodos de cinco años

Se considerará violatorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se sancionará conforme a la misma, toda práctica consistente en exhibir mediante listas nombramientos u otra forma, a aquellos estudiantes cuyos padres o tutores o ellos mismos, no cumplan con aportaciones ordinarias o extraordinarias solicitadas por los prestadores del servicio educativo.

Corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar el cumplimiento del presente acuerdo en el ámbito de su competencia. Aquellos aspectos no comerciales de la presentación del servicio educativo, corresponderá a las autoridades educativas competentes.

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Transitorio

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

...

Dicho acuerdo no establece fecha de término, por lo que sus disposiciones continúan vigentes. No obstante su positivismo, los hechos lo muestran como inoperante, ineficaz, desfasado de las circunstancias imperantes ante los excesos y abusos que siguen cometiendo los prestadores del servicio educativo particular.

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco –institución firmante de este acuerdo (supra)– difundió en su comunicado 153 del 17 de agosto de 2013, que en siete meses del año en curso, recibió 550 quejas contra escuelas particulares en el país, por diferentes motivos. Las inconformidades registradas son contra instituciones educativas de todos los niveles escolares: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

De acuerdo con la asociación Consultores Internacionales, las tarifas de los servicios educativos se incrementaron 10.98 por ciento durante el mes de julio en la Ciudad de México, en comparación con las de un año antes. La misma Profeco, indica que la variación de precios de uniformes y útiles escolares, puede ser de hasta 200 por ciento en supermercados, papelerías o tiendas minoristas, en relación con los que venden las escuelas particulares. Las diferencias pueden ir de unos pesos hasta más de 3001 .

Lo que difunde la Profeco, es el claro reflejo que el Acuerdo en referencia, no obstante su vigencia es un instrumento jurídico que desconocen los usuarios de los servicios de la educación privada y que no atienden los prestadores de dicho servicio. Mientras los abusos en los que incurren éstos, en lugar de disminuir van en aumento y son más voraces, desafiantes a las normas y a las autoridades.

Abusos como el incremento de colegiaturas en porcentajes que deciden de manera unilateral estas escuelas, los altos costos en reinscripciones que se tienen que hacer en cada semestre, el pago obligatorio de cursos, talleres y actividades extracurriculares, el pago por derechos de incorporación a la SEP, seguros de vida, el incumplimiento en los convenios y programas de becas escolares, la penalización arbitraria por el pago extemporáneo de reinscripciones y de colegiaturas (recargos de hasta el 8 por ciento mensuales y el 4 por ciento quincenal acumulable hasta liquidar los adeudos) y otros servicios.

Este punto de acuerdo busca que los particulares prestadores de servicios educativos se obliguen a no incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar; no establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia, tutores o usuarios del servicio; que el concepto de cobro por reinscripción se realice anualmente o cada ciclo escolar; que el incremento de colegiaturas se realicen teniendo como referencia la tasa inflacionaria promedio entre la esperada para el año en que inicia el ciclo escolar y la del siguiente en que concluye; que no penalice el pago extemporáneo por concepto de reinscripciones; que la autoridad competente tenga más elementos jurídicos para actuar cuando lo demanden los usuarios del servicio o cuando detecte irregularidades en la prestación del mismo.

El crecimiento exponencial de instituciones de educación privadas, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recomiendan la construcción de marcos normativos más “estrictos y pertinentes” que permitan combinar libertad y pluralidad, con pertinencia social y estándares mínimos de calidad académica.

En distintas evaluaciones del sistema educativo nacional, ambos organismos reconocen la necesidad de consolidar mecanismos regulatorios para las escuelas particulares en México, por el elevado número de familias que aportan recursos, por medio del pago de colegiaturas, que alcanza hasta un 30 por ciento del gasto total de su economía.

Por ello, señala la OCDE que el sector privado de la educación en nuestro país se encuentra “débilmente regulado por el Estado”, la legislación y los instrumentos aplicados para garantizar la calidad y el acceso “han sido rebasados por el ritmo y características del crecimiento explosivo del sector, lo que hace pensar en la necesidad de construir nuevas políticas y acciones regulatorias más actualizadas y pertinentes”. Por convicción, el Estado ha venido emprendiendo ya importantes programas en la dirección de obtener educación con calidad y equidad para todos los mexicanos.

Con este punto de acuerdo se fortalecerá el marco jurídico de protección y orientación del consumidor de bienes y servicios, de los mecanismos de defensa frente a los actos de comercio que obliguen a pagar precios excesivos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y, de Economía; a la Procuraduría Federal del Consumidor, a revisar, actualizar y hacer cumplir, el Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, integrando en el mismo:

a) Que el concepto de cobro por reinscripción se realice anualmente o cada ciclo escolar;

b) Que el incremento de colegiaturas se realicen teniendo como referencia la tasa inflacionaria promedio entre la esperada para el año en que inicia el ciclo escolar y la del siguiente en que concluye;

c) Que no penalice el pago extemporáneo por concepto de colegiaturas y reinscripciones;

d) Que al momento de la inscripción se otorgue a los usuarios del servicio, el reglamento y el calendario de pagos, y las tarifas de los montos de las colegiaturas. Todo en papelería oficial de las escuelas;

e) No hacer obligatorio el pago de cursos, talleres y actividades extracurriculares, el pago por derechos de incorporación a la SEP y seguros de vida. Que sea responsabilidad de los prestadores del servicio.

f) Solicitar la autorización de la autoridad en la materia su reglamento de pagos, y

g) Solicitar la autorización de la autoridad en la materia de sus políticas de becas escolares.

Nota

1 Comunicado 153, del 17 de agosto de 2013, de la Procuraduría Federal del Consumidor, consultado en http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/agosto13/bol153.asp (3 de diciembre de 2013).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al comisionado nacional de Protección Social en Salud que haga del conocimiento público por la página de Internet del programa Seguro Médico Siglo XXI las cuotas de afiliación vigentes de éste, el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos sobre su desarrollo con relación al PEF de 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, haga del conocimiento público a través de la página de internet del programa Seguro Médico Siglo XXI, las cuotas de afiliación vigentes, padrón de beneficiarios y los resultados periódicos sobre el desarrollo del programa con relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2013.

Antecedentes y consideraciones

1. El Programa Seguro Medico Siglo XXI es parte del Seguro Popular. Su principal objetivo es proteger la salud de los niños mexicanos nacidos a partir del 1º de diciembre del 2006, ofrece atención médica completa e integral, siempre que estos menores no cuenten con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar). Los niños afiliados al programa están protegidos de los principales padecimientos que se manifiestan durante los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es en donde se presentan la mayor incidencia de muerte infantil. Pertenece al ramo 12 Salud y su unidad responsable es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a cargo de Gabriel Jaime O’shea Cuevas.

2. Datos estadísticos de Inegi, muestran la siguiente tasa de mortalidad infantil en México.

México ocupa el lugar 113 de 198 países y territorios, detrás de naciones como El Salvador, Argentina, Uruguay Costa Rica, Estados Unidos Japón o Suecia, considerados en el informe de Unicef.

3. En las Reglas de Operación (ROP) 2013 del programa, artículo sexto transitorio se establece que “Para efectos de operación del programa Seguro Medico Siglo XXI, se podrán utilizar formularios, trípticos, registros y demás aspectos operativos del Programa Seguro Medico para una Nueva Generación”, por lo que en la dirección electrónica http://www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content& view=article&id=280&Itemid=295 se puede visualizar información haciendo referencia a cualquiera de los dos nombres.

4. En la dirección electrónica que establece el numeral 3 de este documento, se encuentra la siguiente información sobre el programa: requisitos de afiliación, localización de módulos para realizar el trámite de afiliación, carta de derechos y obligaciones de los afiliados y ROP entre otros ; sin embargo en el apartado de requisitos de afiliación, las cuotas, que de ser el caso los afiliados al seguro tendrían que cubrir son las que se establecieran para el ejercicio fiscal 2011; acto que violenta al artículo segundo transitorio de las ROP emitidas para el ejercicio fiscal 2013 “Las tarifas e importes... se harán públicos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en su página de internet...”

5. De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial... los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar... la información siguiente:

XI. “... padrones de beneficiarios de los programas sociales...”

6. Al visitar la dirección electrónica ya mencionada, no se ve publicado el padrón de beneficiarios pasando por alto lo establecido en el numeral 5, por otra parte, se omite un elemento importante para poder cotejar entidades federativas beneficiadas contra las entidades federativas más vulnerables determinadas así por su alto índice de mortalidad infantil.

Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos por entidad federativa

7. Para el ejercicio fiscal 2013, se aprobaron 2 519.43 millones de pesos (mdp), de los cuales hasta la fecha se han ejercido 922.23 mdp (datos proporcionados por la página transparencia presupuestaria.gob), como lo muestra el siguiente grafico:

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 7 de la Ley, las dependencias y entidades deben publicar los resultados periódicos sobre el desarrollo de los programas y la ejecución del presupuesto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno

Punto de Acuerdo

Único. Que el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud haga del conocimiento público a través de la página de internet del programa Seguro Medico Siglo XXI, las cuotas de afiliación vigentes, padrón de beneficiarios y los resultados periódicos sobre el desarrollo del programa con relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías General de la República y de Justicia de Guerrero a investigar los hechos, ocurridos en Arcelia, donde fueron asesinados cuatro servidores públicos, presuntamente por elementos del Ejército Mexicano, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la madrugada del pasado viernes 6 de diciembre, en el municipio de Arcelia, Guerrero, cuatro servidores públicos fueron asesinados por elementos del Ejército Mexicano a raíz de un supuesto enfrentamiento entre ambos grupos.

Según datos de la policía municipal y estatal en esa región de Tierra Caliente, se reportó alrededor de las 6:00 de la mañana en el punto conocido como el Ushe, a cinco kilómetros de la cabecera municipal de Arcelia, un enfrentamiento a balazos entre militares y sujetos armados.1

Cuando las autoridades acudieron al lugar del incidente, se encontró con que las víctimas de estos hechos correspondían a Mario Uriostegui Pérez (a quien conocían como “La Mona”), director de Tránsito Municipal, Josué Gavinez Ramírez, subdirector de la misma dependencia; Marcelo Martínez Alarcón y Juan Martínez Estrada, quienes eran trabajadores del área de cultura.

Alrededor de las 10:00 de la mañana (del día viernes) al circular la información de que cuatro funcionarios del gobierno municipal de Arcelia se habían enfrentado a balazos con militares, habitantes molestos por los hechos exigieron un esclarecimiento de lo ocurrido y al no creer la versión del enfrentamiento decidieron bloquear los accesos de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.2

En dicho tenor, Taurino Vázquez Vázquez, presidente municipal de Arcelia, comentó que los cuatro funcionarios pertenecían al Club de Cazadores Jaguar, por lo que según versiones de la prensa local y testigos, las víctimas regresaban de un campo de tiro y al portar uniformes de camuflaje de cacería, fueron confundidos con criminales, de tal forma que Vázquez “dijo desconocer la razón por la que fueron atacados a balazos por elementos del Ejército mexicano ya que las armas que portaban los dos funcionarios municipales y dos los trabajadores del ayuntamiento son de caza y están legalmente registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).”3

Asimismo, “el Ejército señala a “La Mona” como el suegro de Jonhy Olascoaga Hurtado, “El Mojarro”, uno de los principales líderes del grupo delictivo “La Familia”, que opera impunemente bajo el manto protector de autoridades civiles y militares en las regiones Norte y Tierra Caliente de la entidad”.4

Ante las confusiones y falta de respuestas sobre lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante un comunicado de prensa con fecha del día 8 del presente mes, informó que “(la CNDH) inició una investigación de oficio por la probable violación a derechos Humanos de cuatro servidores públicos que fueron privados de la vida en Arcelia, Guerrero”5 asimismo, la CNDH expresó que “de acuerdo con lo informado por diversos medios de comunicación en la madrugada del 6 de diciembre elementos del Ejército interceptaron a cuatro hombres que se desplazaban en las inmediaciones de una brecha ubicada cerca de la carretera que conecta el poblado de Palos Altos, municipio de Arcelia, con la vía federal Teloloapan-Ciudad Altamirano, y abrieron fuego, privándolos de la vida. Como parte de las investigaciones, un equipo de visitadores adjuntos acudirá al lugar de los hechos, a fin de integrar debidamente el expediente.”6

Es así que “la Comisión Nacional solicitará información a la autoridad responsable y realizará las acciones necesarias con el fin de allegarse de evidencias de lo sucedido, para su momento determinar lo que conforme a derecho proceda”.7

Por último, cabe destacar que “la seguridad pública ha registrado un incremento del 68% en la utilización de elementos militares a partir de 2007 con el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada. En consonancia, las violaciones a los derechos humanos aumentaron; la CNDH recibió, del 1º de Diciembre de 2006 al 30 de Noviembre de 2012, 7.441 quejas que refieren abusos de derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Además, se incrementó la militarización de los cuerpos policiales”.8 De tal forma que ante estos lamentables hechos que se suman de manera desafortunada a miles de casos a lo largo y ancho del país, en donde la falta de una estrategia de seguridad ha cobrado miles de vidas, muchas de ellas de personas inocentes, quienes por el sólo hecho de estar en el lugar y momento inadecuado se convirtieron en víctimas del Estado fallido que se vive en varias regiones de México.

Nos pronunciamos por la existencia de garantías que permitan contar con un Estado Constitucional en donde se respeten cabalmente los Derechos Humanos con independencia de la situación de las personas, de tal manera que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos ocurridos en Arcelia, Guerrero en donde fueron asesinados presuntamente por elementos el Ejército Mexicano, cuatro servidores públicos.

Notas

1 Matan a cuatro funcionarios municipales de Arcelia http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/funcionarios-municipales-arc elia-guerrero-971240.html

2 Ídem.
3 Ídem.

4 El Ejército acribilla a cuatro funcionarios de ayuntamiento guerrerense http://www.proceso.com.mx/?p=359777

5 CNDH, Comunicado de Prensa http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2013/CO M_2013_353.pdf

6 Ídem.
7 Ídem.

8 Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México. http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/Informe-conjunto-presentad o-por-organizaciones-de-la-sociedad-civil-mexicana-para-la-segunda-rond a-del-EPU-a-México.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de una oficina consular de Estados Unidos de América en Acuña o en Piedras Negras, Coahuila, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy, el estado de Coahuila de Zaragoza es una de las entidades federativas que en los últimos años ha mostrado un flujo económico importante, debido a la existencia de las grandes plantas acereras, cerveceras, maquiladoras y automotrices en su territorio, así como a la diversidad de individuos que se dedican a una actividad económica en forma cotidiana, razón por la tienen que cruzar reiteradamente la frontera con Estados Unidos de América.

De ese modo, Coahuila de Zaragoza, al ser una de los seis entidades federativas que forman parte de la franja que colinda con los Estados Unidos de América, tiene en los municipios de Acuña y Piedras Negras, a una zona fronteriza que enfrentan una serie de problemáticas comunes que afecta a toda su población, e incluso a la de otros 25 municipios coahuilenses como los de Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatrocienegas, Escobedo, Frontera, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza, es de nuestro especial interés la problemática que implica la ausencia de una oficina consular del vecino país del norte para atender de manera sencilla y pronta, a los coahuilenses de los municipios mencionados que quieran realizar los trámites y gestiones tendientes a obtener la visa de los Estados Unidos de América.

Esta problemática la enfrentan aquellos individuos que por su actividad económica tienen que cruzar frecuentemente la frontera entre los Estados Unidos de América y México, los cuales en su mayoría son habitantes de Acuña y Piedras Negras, así como también, de aquellos municipios mencionados anteriormente, al tener que emprender el viaje hacia Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, o bien, a Monterrey en el estado de Nuevo León, que son las sedes de las oficinas consulares en donde a los habitantes del estado de Coahuila les corresponde ir a tramitar la visa de los Estados Unidos de América, traslado que acarrea pérdidas y la obstaculización del flujo económico, debido a que los interesados dejan de realizar su respectiva actividad económica, generando gastos de traslado, de alimentación e incluso de hospedaje para acudir ante una oficina consular fuera de Coahuila de Zaragoza, sin contar, el pago por la realización del mencionado trámite.

De ese modo, tal problemática ha sido considerada por los respectivos presidentes municipales como una prioridad que debe resolverse a la brevedad posible, ya que al tener que realizar los coahuilenses de todos los municipios mencionados recorridos hasta Nuevo Laredo, en Tamaulipas, o bien, a Monterrey, en Nuevo León, se generan altos costos económicos, de tiempo y riesgos, sólo para realizar trámites que hasta hace unos años se pudieron efectuar en los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras.1

Ante dicho antecedente, resulta necesario establecer una oficina consular en el municipio de Acuña o en el de Piedras Negras, en la que se permita a los coahuilenses de la región realizar todos los trámites y gestiones tendientes a obtener la visa de los Estados Unidos de América.

Las directrices normativas a observar en este caso se establecen en los protocolos definidos en la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

En particular, el artículo 1 de la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y los Estados Unidos de América de 1942 establece que:

“Artículo 1.

1. Cada una Alta Parte Contratante, funcionarios consulares en aquellos de los puertos, poblaciones y ciudades, en donde sea conveniente y que estén abiertos a los representantes de las Altas Partes Contratantes, conviene en recibir de la otra consulares de cualquier estado extranjero...”

Artículo 2 y 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, establece lo siguiente:

“Artículo 2

1. El establecimiento de relaciones consulares entre estados se efectuará por consentimiento mutuo.

2. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento de relaciones consulares.

3. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto , la ruptura de relaciones consulares.

Artículo 4

1. No se podrá establecer una oficina consular en el territorio del estado receptor sin su consentimiento.

2. La sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular, las fijará el estado que envía y serán aprobadas por el estado receptor.

3. El estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del estado receptor.

4. También se necesitará el consentimiento del estado receptor si un consulado general o un consulado desea abrir un viceconsulado o una agencia consular en una localidad diferente de aquélla en la que radica la misma oficina consular.

5. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependencia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso del estado receptor.”

Esta problemática que sufren los coahuilenses de cada uno de los municipios antes mencionados, fue planteada desde la LXI Legislatura a través de una proposición con punto de acuerdo presentada por diputados coahuilenses del Grupo Parlamentario del PRI, misma que fue dictaminada en sentido positivo y aprobada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 6 de abril de 2010, sin embargo, el planteamiento no prosperó y la problemática sigue vigente al no existir una oficina consular que satisfaga las necesidades de la población económicamente activa en dichas regiones de Coahuila de Zaragoza, al tramitar la obtención de la visa de los Estados Unidos de América.

Al establecerse una oficina consular en el municipio de Acuña o en el de Piedras Negras para realizar los trámites y gestiones tendientes a obtener la visa de los Estados Unidos de América, se traería un importante beneficio, no sólo para los habitantes de esos municipios, sino también para los de Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatrocienegas, Escobedo, Frontera, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza.

De ese modo es que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, el número de habitantes que se beneficiaría en forma directa al establecerse una oficina consular en el municipio de Acuña o en el de Piedras Negras es de aproximadamente 937 mil 803 personas, lo cual es muy cercano a 40 por ciento de la población total de Coahuila de Zaragoza, mismo número de personas que dejarían de trasladarse hasta la oficina consular más cercana que es la de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o bien, en Monterrey, Nuevo León, según sea el caso.

Es importante mencionar que actualmente en Piedras Negras, Coahuila, se encuentra un Centro de Atención a Solicitantes (CAS) de Estados Unidos de América, el cual no tiene el carácter, ni funciones de representación consular, por lo que su tarea se concentra únicamente en recabar la información biométrica (huellas dactilares y fotografía digital) de los solicitantes, así como determinar el tipo de solicitud de visa que se presenta, es decir, si es por primera vez o es una renovación del documento, lo que en el asunto que nos ocupa tiene especial interés, debido a que ello incidirá en el procedimiento para la obtención de la citada visa norteamericana.

Dicho procedimiento señala que si se trata de una solicitud de obtención de visa por primera vez, se requiere entrevistar personalmente al interesado por un agente consular norteamericano, razón por la que es indispensable que aquel se traslade a una oficina consular, la cual como ya hemos comentado anteriormente, se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, o bien, Monterrey, Nuevo León; en el caso de un trámite de renovación, según el manual de operación del centro de atención a solicitantes (CAS), el responsable de dicha oficina es quien determinará si es necesario realizar de nueva cuenta la entrevista antes mencionada, sólo que es importante mencionar que en la práctica siempre se realizan las entrevistas por segunda ocasión en alguna oficina consular, por lo que la actividad de este centro de atención es meramente administrativa, ya que el otorgamiento de la visa norteamericana siempre dependerá de un agente consular.

En este sentido, conscientes de la compleja problemática que viven los coahuilenses que habitan en los municipios antes mencionados, acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo en la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal con el propósito de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se inicien negociaciones con las autoridades homólogas de Estados Unidos de América para que, con base en los protocolos establecidos en la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de ese país en los municipios de Acuña y/o Piedras Negras, Coahuila.

Nota

1. Durante 1999 en Acuña, debido a un fuerte impulso de la Cámara de Comercio, se logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizara gestiones con su homólogo estadounidense para establecer en ese municipio, una oficina consular para realizar los trámites y gestiones tendientes a obtener la visa de los Estados Unidos de América, lo cual sí se logró, sin embargo, fue poco el tiempo de duración, ya que en el 2000, dicha oficina consular fue cerrada y desde entonces no se ha vuelto a abrir una oficina de esta naturaleza en alguno de los municipios que forman parte de tal franja fronteriza del estado de Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y demás dependencias federales correspondientes a ejecutar obras de infraestructura, donde se dé prioridad a las constructoras locales, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones II, V y VI, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las diversas dependencias federales, que ejecuten obras de infraestructura, dando prioridad a las empresas constructoras locales, para activar la economía del país, al tenor de las siguientes consideraciones:

Con base en lo que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “...toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental... cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta establece...” en consecuencia uno de los derechos contemplados en nuestra Carta Magna, es que todo habitante puede dedicarse a la profesión, industria o trabajo que le acomode, teniendo como única limitante el que estos sean lícitos.

Por lo que corresponde al Estado garantizar el pleno ejercicio de las libertades y derechos tutelados en nuestra Constitución Federal, por lo que todo el ordenamiento legal que emana de ella deberá alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveerá de las condiciones para que el desenvolvimiento de los particulares contribuya al desarrollo económico nacional.

En este sentido las leyes reglamentarias, de Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público, Ley de Contribución de Mejoras por Obras públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, si bien es cierto que prevén que existen diversos tipos de licitación, entre las cuales se encuentra la licitación nacional, en la cual sólo pueden participar concursantes nacionales, no menos cierto es que en ninguna de estas leyes se garantiza que la mayor parte de las licitaciones será de orden nacional, lo cual ocasiona en la mayoría de las licitaciones sean de tipo abierto y en las cuales pueda participar el capital extranjero, y muchos menos de que se pueda evitar que la mayor parte de los concursos les sean otorgados, ocasionando perjuicios para las empresas de alcance nacional.

No omito en señalar que no se está en contra de la participación del capital extranjero, sino que se debe de dar una mayor participación a las empresas de naturaleza mexicanas, aclarando que no por ello se debe de justificar que estas no cumplan con los parámetros exigidos por la normatividad que sea aplicable, sino que se debe de dar un impulso a que estas unidades económicas de producción puedan ir acrecentando su participación, para la obtención de no sólo un beneficio propio, sino de la nación, de los estados, de los municipios y sobre todo de todos y cada uno de los trabajadores mexicanos.

En este sentido la Ley Federal del Trabajo en su artículo séptimo prevé que “En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate....”

Por lo que en este sentido se le debe de dar prioridad a los trabajadores nacionales, en razón de que sólo a los extranjeros en aquellas actividades en donde no exista la especialidad o técnica depurada, perspectiva desde la cual se debe de hacer una interpretación extensiva de la Ley, para que de igual forma se dé prioridad al sector empresarial nacional, entre los cuales destaca el sector de la construcción.

De igual forma es de destacar que a pesar de que la normatividad existente no garantiza expresamente la participación del sector empresarial nacional, lo que ha ocasionado a largo plazo un déficit económico en el país, durante 2011, la actividad económica en México presentó una trayectoria positiva, a pesar de que la situación internacional propiciara un entorno menos favorable.

Por lo que el presente planteamiento yace del hecho de que de acuerdo a las estimaciones realizadas por el FMI a finales de octubre de 2012, se plantea que la economía mexicana crecerá en 2013 entre un mínimo de 3.45%, y un máximo de 3.94%, una fluctuación muy parecida a la del crecimiento mundial, es decir ,un ritmo de crecimiento por debajo de los países asiáticos en desarrollo, por lo que dicho crecimiento resulta insuficiente si se considera la variable estratégica del PIB per-cápita, y si se tiene en cuenta, además que la economía mexicana por más de tres décadas ha sido una economía prácticamente estancada.

Así, el sector industrial experimentó un crecimiento anual de 3.8% en términos reales, notoriamente inferior al que se observó en 2010 de 6.1%, destacándose un aumento en el sector manufacturero del 5.1%, en el de la construcción un 4.8%, y en el de la electricidad 5.5%.

Sin embargo, si bien es cierto que el sector de la construcción ha mostrado una tendencia positiva, en cuanto a su crecimiento, esto ha repercutido en las arcas del sector empresarial extranjero y no nacional, en razón de que no existe algún incentivo que garantice que el avance que se ha logrado en el sector sea para las empresas mexicanas.

Incluso es de destacar que el crecimiento que ha tenido el sector de la construcción se ha visto reflejado en las remuneraciones reales a razón de un 24.6%, en relación a los salarios que se perciben en el país, lo cual representa que en un lapso entre 1996 y 2000, las remuneraciones reales en la construcción ascendieron a 158.2 pesos diarios es decir, 29% inferiores a la remuneración de 1994.

Ahora bien, de acuerdo al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), el cual fue creado hace ocho décadas, en los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la crisis económica mundial provocada por la llamada Gran Depresión, hoy se busca bajo un nuevo liderazgo seguir siendo palanca de desarrollo en el Siglo XXI, para tal efecto Banobras, pretende impulsar obras de infraestructura con alto impacto de beneficios como autopistas, plantas tratadoras de agua, ferrocarriles, puertos o generación de energía.

También lo hace con obras de infraestructura básica que son fundamentales en toda comunidad, en especial en las localidades rurales o con un alto grado de marginación, como la habilitación de escuelas, agua potable, drenaje, pavimentación o pisos firmes, que conllevan un bienestar inmediato a las personas y un incremento en el nivel social.

Por lo que dentro de la estrategia económica y social del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Banobras es instrumento fundamental en programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y el Plan Nacional de Desarrollo, sin perder de vista el umbral de la anunciada reforma financiera.

Para ello, ha transformado sus objetivos y replanteado su estrategia con el fin de impulsar la infraestructura a través del acceso al crédito en mejores condiciones en cuanto a monto, plazo y tasas de interés, pero en ningún momento se contempla algún incentivo, privilegio o garantía para que los empresarios mexicanos, tengan garantizado la participación directa en la construcción de obras, respecto al sector empresarial extranjero, en razón de que más del 50% de las obras que se realizan en el país, se realiza por empresas trasnacionales extranjeras, las cuales por cierto utilizan mano de obra no nacional, lo cual repercute de forma negativa en las finanzas de la federación , de los estados y de los municipios.

En esta línea de acción, la propuesta del Ejecutivo Federal se considera con especial atención a los 400 municipios que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con la convicción de que con el desarrollo de la infraestructura social se eleva considerablemente las oportunidades de desarrollo de estas comunidades.

“Por ejemplo, en las zonas rurales, la pavimentación de caminos eleva en un 70% la probabilidad de que las familias salgan de la pobreza; llevar agua potable reduce en 50% la mortalidad infantil, en tanto que con la colocación de piso firme en las viviendas hay 40% menos enfermedades gastrointestinales”.

Por lo que dado el contexto anteriormente planteado, la presente proposición con punto de acuerdo pretende que todas y cada una de las licitaciones públicas, así como en los casos de adjudicación directa, en los casos de excepción previstos por la normatividad vigente, que se privilegie a las empresas nacionales por sobre las empresas extranjeras, para poder obtener la licitación o la adjudicación directa en los casos de excepción.

El privilegio o trato preferencial que se debe de dar a las empresas nacionales, de debe otorgar siempre y cuando cumplan con la normatividad, condiciones y sobre todo con la calidad que se requiera, para que puedan ser favorecidas a nivel nacional, cuando se trate de concursos o adjudicaciones nacionales, a nivel estatal y a nivel municipal respectivamente, para que las empresas nacionales en donde se vaya a realizar la obra tengan la preferencia con respecto a los demás ámbitos.

Es decir que si se trata de una obra de demarcación estatal se debe de privilegiar a las empresas estatales y si se trata de demarcación municipal, se le dar el privilegio a las del orden municipal, con la única finalidad de poder fortalecer la economía, el desarrollo, el empleo y la equidad social en los diversos estados y municipios en donde se efectúan las obras.

La anterior proposición yace del hecho, de que al no haber actualmente un documento o programa de acción que garantice o privilegie al sector empresarial de la construcción para las empresas mexicanas, es que pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las diversas dependencias federales, a efecto de que ejecuten obras de infraestructura, dando prioridad a las empresas constructoras locales, para activar la economía del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a presentar un programa de decomisionamiento aplicable a sus instalaciones en la sonda de Campeche; y a los titulares de la Sagarpa, de la SCT y de la Semar, a analizar la vigencia de las condiciones de que deriva el acuerdo intersecretarial número 117, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El presente punto de acuerdo, es resultado de la suma de esfuerzos de quienes integramos la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, y quienes en reunión de trabajo con el gobernador de Campeche, Fernando E. Ortega Bernés, compartimos la necesidad de que se puedan modificar las restricciones de las áreas que ya no son productivas para Petróleos Mexicanos y que puedan ser aprovechadas para el sector pesquero de municipios como Carmen, en las costas del Golfo de México, bajo las siguientes consideraciones:

La derrama económica que genera la industria petrolera en México en las últimas décadas ha disminuido, aunque sigue representado un recurso estratégico para la economía de nuestro país.

Las ventas del petróleo representan una importante aportación al producto interno bruto (PIB), pues ha contribuido cerca del 10 por ciento y aportado más del 30 por ciento a los recursos federales, colocándose entre los principales países productores de petróleo a nivel mundial.

El sureste del país, se caracteriza por ser la región más productiva en hidrocarburos, siendo el estado de Campeche, el mayor productor, rico en yacimientos petrolíferos, y de abundante producción de crudo y gas natural.

Sin embargo, otra de las actividades por la que hasta hace algunos años se identificaba al estado de Campeche, es la pesca, en sus dos modalidades, ribereña y de altura, que si bien, el ingreso que genera a la economía del país no es significativo, esta actividad representa la principal fuente de ingresos para miles de familias campechanas.

A nivel nacional la contribución del sector pesquero al PIB, representa un mínimo porcentaje, que en cifras es aproximadamente de 0.2 por ciento, que comparado con la industria petrolera es verdaderamente bajo.

Es de reconocer que la producción de hidrocarburos en México, especialmente en la sonda de Campeche, ha presentado niveles de explotación sostenida desde 1980; resultado de la inversión en nuevas tecnologías y herramientas que han dotado de mayor infraestructura a la paraestatal, misma que se ha extendido a lo largo del Golfo de México.

Pero dichos resultados han tenido como consecuencia el desplazamiento de actividades económicas primarias en las costas, sustento de las familias asentadas en la región, pues de la población total estatal, alrededor del 75 por ciento vive en las zonas costeras.

Es por ello, que se debe considerar la posibilidad de apoyar a los pescadores de altura y ribereños, quienes se ven seriamente limitados en sus actividades y por quienes se deben formular acciones compensatorias, como la posible restitución de zonas marítimas que por sus características, su estado, o su nivel de producción de hidrocarburos, se pueda proceder a liberarlas de restricciones.

Es importante también, que Petróleos Mexicanos presente e implemente un programa de decomisionamiento aplicable a sus instalaciones, para que de acuerdo a la vida útil de sus yacimientos o de su infraestructura se pueda proceder a su desmantelamiento en la Sonda de Campeche.

Entiéndase decomisionamiento, en términos petroleros, como un programa secuencial de parar una instalación de baja producción o que se encuentre fuera de actividades, para proceder a su desmantelamiento, o a su adecuación como arrecife.

Hoy, en estados pesqueros, como Campeche, pescadores ribereños emigran a otras ciudades, en busca del sustento de sus familias, por la escasa captura de especies marinas, y por las limitantes en las zonas de pesca.

La pesca que fue en ciudades como Carmen, Campeche, y las zonas aledañas; el primer eje económico y de desarrollo para esta región hasta hace algunas décadas, actualmente se encuentra en crisis.

La flota camaronera de altura que hasta hace 30 años contaba con alrededor de mil embarcaciones en el estado de Campeche, y en la cual se encontraban en actividad cerca de 6 mil pescadores, se ha visto considerablemente reducida. Actualmente esta flota no supera las 150 embarcaciones en todo el estado, y en el municipio de Carmen, solo se cuenta de 10 a 15 embarcaciones.

Respecto a al sector ribereño, el total de pescadores en todo el estado es de 12 400 aproximadamente, de los cuales 4200 corresponden al municipio de Carmen, quienes solicitan la liberación de pozos no productivos para la extracción de hidrocarburos, para ampliar así, sus actividades en la costa.

Misma situación de los pescadores, se refleja también en empleos indirectos de la zona; pues trabajadores de congeladoras, de varaderos y miles de mujeres quienes se dedicaban al proceso de las especies capturadas, han perdido sus empleos.

Finalmente, entre la precariedad de las embarcaciones, el alto costo del diesel marino, el bajo consumo de pescados y mariscos a nivel nacional, y la reducción de las áreas de pesca, además de la existencia de áreas protegidas por la expansión de la infraestructura petrolera de la Sonda de Campeche, la actividad pesquera tiende a desaparecer.

De seguir así en los próximos años, para pescadores ribereños y de altura, les será más conveniente no salir a la mar, debido a que implicaría más gasto que ganancias, además de las restricciones, que siguen en aumento, para poder pescar especies principalmente camarón.

Dichas restricciones, a la pesca, en las zonas de exploración y extracción de los hidrocarburos se establecen con el objetivo de regular el tráfico marítimo en las instalaciones petroleras, y como parte de las medidas de prevención para el bienestar y la seguridad humana, tanto de trabajadores como de pescadores, así como de los bienes materiales y el ecosistema.

La importancia de presentar desde esta comisión, el presente punto de acuerdo para la liberación de las zonas que están restringidas a esta actividad, surge por la constante manifestación a esta comisión, de los pescadores afectados en el estado, quienes argumentan que existen yacimientos no productivos que pueden ser desmantelados por la paraestatal.

Si bien, las restricciones por parte de Pemex y las autoridades correspondientes se han presentado desde los inicios de las obras exploración y producción de esta paraestatal, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos cuando la Secretaría de Marina-Armada de México, emitió el acuerdo secretarial número| 117 en el que se establecen en la Sonda de Campeche dos áreas de Prevención Marítima, un área de prevención aérea y tres áreas de exclusión, lo que limitó aún más el tránsito y las actividades en esta zona pesquera.

La publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en 2003, fue con carácter multiinstitucional, suscrito por la Secretaría de Marina; de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el consentimiento de Pemex.

Es por lo anterior, que esta Comisión Especial considera de suma importancia, se revise el estado que guarda el Acuerdo Intersecretarial No. 117 a 10 años de su publicación, para en su caso, poner a consideración su vigencia, así como nuevas medidas que permitan el desarrollo de la actividad pesquera en la región.

De igual forma, refrendamos la postura del Senado de la República, que el pasado 10 de septiembre del año en curso, aprobó el Dictamen de la Comisión de Pesca, correspondiente a una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de los pescadores y sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo Intersecretarial No. 117.

Es tiempo de trabajar en conjunto; sin dejar de lado la importancia de la Sonda de Campeche como área vital para la economía de nuestro país, sin omitir a la pesca, como actividad tradicional, generadora de ingresos directos a los habitantes de la región costera y del propio estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, para que presente un programa de decomisionamiento, aplicable a sus instalaciones petroleras en costa afuera, que por la vida útil de sus yacimientos o de su infraestructura se pueda proceder a su desmantelamiento en la sonda de Campeche.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Marina, así como de Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, analicen la vigencia de las condiciones de las cuales deriva el acuerdo intersecretarial número 117 y, de ser el caso, se ponga a consideración su continuidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2013.

Diputados: Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena, Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Delvim Fabiola Barcenas Nieves (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica).