Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3760-XI, martes 30 de abril de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
En los últimos años, el aumento de la temperatura a nivel global se ha convertido en un severo problema a resolver por parte de los gobiernos y organismos internacionales dado que los estragos del cambio climático afectan al equilibrio de los ecosistemas y directamente a la producción del sector primario de la economía, donde las intensas y prolongadas sequias que se han registrado han dejado pérdidas incalculables en el sector agropecuario a escala mundial.
En torno a este problema, los diversos gobiernos han tomado una serie de medidas que garanticen contrarrestar los efectos nocivos de este fenómeno, siendo que a México la sequía lo ha transformado de ser un país exportador a ser un importador de diversos productos como por ejemplo lo es el caso del Maíz.
Este problema se transmite a toda la cadena productiva ya que siendo el campo el primer afectado, posteriormente viene la escalada de precios en la industria que depende de insumos agrícolas, de la carne y textiles, lo que en suma provoca que sea el consumidor quien finalmente lo resiente en el bolsillo. Sin embargo, el problema no es solamente económico, también la sequía se presenta como uno de los factores que detonan enfermedades relacionadas con la contaminación por estancamiento del agua como lo es la cólera, infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, rotavirus y hepatitis tipo A, entre otras.
Por ello es que el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.
En este sentido, el pasado 10 de enero el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó el llamado Programa Nacional Contra la Sequía, en dos grandes líneas de acción, el primero se basa en un sistema de alertamiento, el cual ha iniciado en una primera etapa desarrollando indicadores, basados en los índices de precipitación y escurrimiento, que con el apoyo de 20 universidades e institutos de investigación dará a conocer la situación de sequía en el país, y en una segunda etapa es el desarrollo de 26 programas de atención a las sequias en correspondencia a las 26 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional .
El problema fundamental, estimadas compañeras y compañeros diputados, radica en que los 26 programas de atención a la sequía se tienen proyectados para estar listos en el mes de junio, para que posteriormente en coordinación con los municipios, organismos operadores y distritos de riego se realicen programas focalizados en cada región según informó el Doctor Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Conagua en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero.
Es decir, debemos de recordar que a pesar de que los esfuerzos en la planeación de la alerta temprana se están llevando a cabo, el problema ya está frente a nosotros, presentándose en diversas entidades del territorio nacional, los productores no pueden esperar hasta junio para recibir la atención a una realidad cada día más adversa.
En el mes de febrero las 170 presas más importantes se encontraban en un 56 por ciento de su capacidad de llenado, lo que representa 14 por ciento menos que el promedio histórico, lo que, aunado al pronóstico del próximo trimestre abril, mayo y junio, hace necesario tomar medidas contra la sequía, pues se espera hasta 30 por ciento menos lluvia que el promedio histórico.
En este sentido los problemas no se circunscriben solo a la falta de la infraestructura que valga decir, como señalo el director de Conagua David Korenfel Federman, fue construida bajo viejas normas de calidad, además es necesario y urgente revisar y rehabilitar las 115 presas con alto riesgo e inspeccionar 5 mil km de bordos.
En reunión con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de ésta Cámara de Diputados, el director de Conagua también añadió que de los 604 municipios que han empezado a ser monitoreados por cuestiones de sequía, la mayor parte se concentra en la frontera con estados Unidos, y que del total de municipios del país, el 30 por ciento presenta algún indicio de sequía.
Siendo la falta de lluvias o precipitaciones, el principal factor de la sequía, la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales del líquido se están presentando cada vez con mayor intensidad en ciclos climáticos donde antes no se presentaba, llegando en casos extremos a la aridez que azota poblaciones enteras, tanto es así que el pasado 25 de marzo el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto al Gobernador del estado para que instruya al titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario a que implemente el Programa de Apoyo Emergente para la Sequía, así mismo se incluye que la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la entidad realice las acciones necesarias para contrarrestar los daños.
En el estado de Tamaulipas, el director de la cuenca Golfo Norte de la Conagua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, señaló que según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos tres meses los niveles de lluvia serán muy bajos en relación a la media histórica, las estadísticas muestran que durante el mes de marzo la media histórica es de 19.2 milímetros de humedad, sin embargo, hasta el momento no se alcanza ni el 8 por ciento debido a las escasas lluvias, ese mismo panorama se vislumbra para el mes de abril, en el que la media histórica es de 39.4 milímetros de humedad y en esta ocasión se espera que las lluvias apenas dejen 23.8 milímetros de humedad y finalmente para el mes de mayo, los pronósticos tampoco son nada alentadores, pues de 76.9 milímetros de lluvia que se registraban en promedio, esta vez se estima que se podrá captar menos del 50 por ciento de esta cantidad de agua.
Sin embargo, debo ser claro en que el problema de la sequía no solo es un problema de los estados del norte del país, también en la región centro se han empezado a sentir los estragos de la temporada de sequía, por lo que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, conociendo los pronósticos climatológicos para esta región que indican que habrá poca presencia de lluvias, entregó el pasado 2 de abril apoyos preventivos a mil 500 productores de los municipios de Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Jilotepec y Polotitlán, dentro de su programa emergente para la sequía en el norte de su estado, sin embargo el problema de fondo se encuentra en el abastecimiento de presas, como lo es el caso de la presa de Huapango, que permite el riego de 5 mil hectáreas en la región y que en estos momentos solo se encuentra al 22 por ciento de su capacidad, por lo que este ciclo agrícola solo alcanzará para 400 hectáreas.
Por lo que respecta al sureste del país, en mi estado Yucatán, en el municipio de Peto, en la unidad de riego “Jol-Lum”, unos 35 productores que trabajan 33 hectáreas con diversos cultivos, pasan apuros por la sequía, además de esto su sistema de riego se dañó desde hace 20 días; en el municipio de Tzucacab los estragos de las altas temperaturas ya se comenzaron a reportar graves efectos donde los campesinos afirman que el calor sofocante y la falta de agua en el monte ocasiona la muerte de fauna silvestre.
El estado de Yucatán, aún no se recupera de la sequía que le azotó el año pasado y ya estamos nuevamente ante una ola de sequía, ésta es la razón por lo que los productores se encuentran alarmados, ya que no cuentan con los recursos suficientes por lo que se hace necesario el apoyo de recursos federales para mitigar el problema ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se repitan los acontecimientos de años anteriores, cuando se registró la muerte de miles de cabezas de ganado y la no producción de cientos de hectáreas agrícolas.
El peligro latente de incendios forestales, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, la muerte de millares de cabezas de ganado y los riesgos a la salud que implica la sequía, es la razón por la que estando a tiempo de llevar a cabo las acciones conducentes para impedir que en unos meses nos enfrentemos a la repetición de las terribles imágenes de 2009, 2011 y 2012 donde este fenómeno dejo los mayores índices de daños que se haya tenido registro desde 1941.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para agilizar los planes y programas contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía, a fin de contrarrestar a la brevedad los problemas derivados del aumento en la temperatura y escasez de líquido en diversas regiones del territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 09 de marzo de 2013.
Diputado William Renán Sosa Altamira
Fuentes:
1. Revista de Investigación y Desarrollo, Diseñará Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en http://www.invdes.com.mx/ciencia/2695-disenara-pronacose-estrategias-pa ra-enfrentar-la-sequia-en-mexico
2. Inforural, Diseña Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en
http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118389
3. Conagua, Se reúnen autoridades del Agua en el estado en http://www.conagua.gob.mx/OCGN07/NotaP/Comunicado%20005_2013%20Se%20reu nen%20autoridades%20el%20Agua%20en%20el%20estado.pdf
4. Milenio Novedades, Anticipan medidas contra la sequía en Yucatán en http://sipse.com/milenio/anticipan-medidas-contra-la-sequia-en-yucatan- 18871.html
5. Academia Mexicana de Ciencias, Establecen acciones para evitar sequia en México en
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/establece n-acciones-para-enfrentar-la-sequia-en-mexico/
6. Conagua, Se prevé hasta 40% menos lluvia en los próximos tres meses: SMN en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-preve-hasta-40-menos- lluvia-en-los-proximos-tres-meses-smn/
7. CDJ, Establecen acciones para enfrentar la sequía en México en http://www.cdj.com.mx/notas.php?id_n=192238
8. Conagua, En 2013 actuamos preventivamente ante la sequía; en http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2205&n2=NotaP
9. Conagua, En 2013 actuaremos preventivamente ante la sequía (Ronda de preguntas y respuestas):
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Comunicados/Pregunta syRespuestasdelaConferenciadePrensa-IniciodetemporadadeEstiaje18-02-201 3.mp3
10 El Sol de México, Entregó Eruviel Ávila 14.9 mdp contra la quía en
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2933463.htm
11. El Mañana, Conagua desarrolla estrategia contra sequía en Tamaulipas en http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=321448
12. Congreso de Nuevo León, Pide congreso del estado a las autoridades implementar programa contra sequía en http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/pide_congreso_del_estado_ a_las_autoridades_implementar_programa_contra_sequia.php
13. La jornada, Participan 20 universidades e institutos en programa nacional contra la sequía en
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/ciencias/a03n1cie
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y Juan Bueno Torio, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Los lamentables acontecimientos ocurridos en el edificio administrativo de Pemex, en el que perdieron la vida personas trabajadoras deben ser esclarecidos, considerando la importancia que tiene esta empresa para la subsistencia de centenas de familias de las personas que ahí trabajan, o de las que tienen negocios en los alrededores de dicho edificio.
Las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las autoridades, pero más aún, la información que permita a la sociedad conocer puntualmente las causas que motivaron la explosión, así como las acciones que las autoridades están llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos, debe ser dada a conocer.
Sin embargo, de acuerdo a los oficios emitidos por Petróleos Mexicanos, con número DG-ST-058-2013 y DG-ST-059-2013, mediante los que responde a dos solicitudes de información, la empresa señala que ha reservado por un periodo de 12 años información relacionada con la explosión, al solicitársele las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo ubicado en Marina Nacional de los días 28, 29, 30 y 31 de enero.
De igual manera, también fueron declarados como reservados por el mismo número de años los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2.
En los oficios en los que Pemex da respuesta a dichas solicitudes,1 se responde que la divulgación de la información señalada podría afectar las investigaciones respectivas.
Entendemos que existe una averiguación en proceso, sin embargo debemos exigir que ésta sea concluida lo antes posible, para que con los datos arrojados, las autoridades puedan emprender de manera inmediata todas aquellas acciones mediante las cuales se garantice la seguridad tanto de los trabajadores del edificio administrativo, como de las personas que habitan en los alrededores.
De este modo, no podemos aceptar que la información que ayude a esclarecer el hecho sea considerada como información reservada, y menos aceptable, que ésta haya reservada por un periodo de 12 años.
Los mexicanos a los que representamos, y más aún, los trabajadores, las familias afectadas y los vecinos del complejo administrativo de Pemex tienen el derecho de conocer toda la información sobre las causas del accidente, así como de las instalaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país.
La sociedad tiene el derecho a la información. No encontramos justificación para negar la información que se solicita, ya que estos ciudadanos no podrían afectar las investigaciones que se están llevando a cabo, y además, tampoco encontramos razones que justifiquen la reserva de la información por doce años.
Más aún, no encontramos justificación, si la explicación que se dio en el momento, fue que se había tratado de una explosión de gas, versión que corroboró el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al señalar que “... hoy se sabe lo que pasó el 31 de enero, cuando se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2. Los peritajes no dejan lugar a dudas”.2
Por lo tanto, debemos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de mantener informada a la sociedad y esclarecer lo antes posible los hechos acontecidos en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero, para garantizar la seguridad a la sociedad y para cumplir también con las obligaciones de transparencia en el ejercicio de sus actividades y en el manejo de los recursos, que el marco jurídico actual mandata.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que mediante las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero del presente año.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a emitir un pronunciamiento para no reservar dicha información.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que con la brevedad, se pronuncie con certeza sobre la información emitida respecto de la explosión en el edificio administrativo de Pemex, e informe verazmente a la ciudadanía y al pueblo de México los hechos que originaron dicho accidente.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que realice una auditoría a Pemex para revisar todos los gastos que ha celebrado la empresa en las investigaciones realizadas al mantenimiento de sus instalaciones por la explosión en su edificio administrativo, incluyendo los peritajes e investigaciones que han contratado , así mismo auditar si los peritajes e investigaciones entregados corresponden cabalmente a los gastos contratados por Pemex.
Notas
1 Véase http://aristeguinoticias.com/1903/mexico/reservan-grabacion-y-estudios- periciales-de-explosion-de-pemex/
2 México guardará en su memoria a trabajadores de Pemex fallecidos y el heroísmo de rescatistas. Febrero 8 de 2013. Boletín 20.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.
Diputados: Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ayúdenos para sacar a volar la empresa;
Ayúdenos a encontrar una solución completa y total, para tener un trabajo y una vida digna, no nos merecemos este trato;
Ayúdenos para tener una pensión segura;
Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que se les dé a los inversionistas la oportunidad de expresarse y demostrar su plan de negocio... Trabajadores de la empresa Mexicana de Aviación.
Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.
A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.
Mediante la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas El presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaba la actividad aérea comercial en la República Mexicana.
Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.
De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un servicio de transportación aérea a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico, para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
Es aquí donde nace Mexicana de Aviación: la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.
Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la aviación comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.
A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.
La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.
En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.
Mexicana de aviación enfrenta en los años 60 la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.
En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.
La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.
Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.
Sin embargo ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.
Las nuevos retos hacen que la aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de Master Card Internacional.
La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005 por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.
La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.
A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación, persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:
1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.
2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando. Para sumarla a las exigencias de solución.
3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, que ensombrecen el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa, además para que realicen una investigación que incluya a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para deslindar responsabilidades.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, que esté integrada por todas las partes involucradas, que pueda facilitar la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios cometidos en Puebla, suscrita por las diputadas María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, diputadas de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con las facultades que les conceden los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I y II, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparecen ante este honorable pleno, para promover el siguiente:
Punto de acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se pronuncien y remitan a la brevedad un informe detallado, las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla, así como también se les exhorta a que consideren, desarrollen y ejecuten la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta dirección, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia en nuestro país constituye un fenómeno complejo pues confluyen diversas dimensiones y factores de tipo social, económico, político que, se ha demostrado, afecta a la sociedad en su conjunto.
Durante años las mujeres han sido víctimas de los diversos tipos de violencia. La teoría de género ha señalado con claridad, cómo al reproducir desigualdades de género y prácticas discriminatorias, se fomenta la violencia hacia las mujeres.
México, no es la excepción a éstas conductas, de ahí que el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2006) ha señalado, cuando se refiere al término “violencia de género” que no se trata de Hechos aislados o de situaciones a las que se enfrentan determinadas mujeres; se está –señala– frente a un sistema que se sustenta precisamente en la desigualdad entre hombres y mujeres y en las relaciones de poder y de dominio de éstos, sobre aquellas.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha definido como violencia contra las mujeres:
...todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la liberta y que abarca, sin limitarse a estos actos, la violencia doméstica, los delitos cometidos por cuestiones de honor, los crímenes pasionales, la trata de mujeres y niñas, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer y la niña, incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado, el infanticidio de niñas, los actos de violencia y los asesinatos relacionados con la dote, los ataques con ácido y la violencia relacionada con la explotación sexual, comercial y con la explotación económica (IIDH, 2006).
En nuestro país, la mayoría de las mujeres han vivido alguna forma de violencia de género, datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres han vivido algún acto de violencia en su contra, de ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a la violencia de género como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres y un problema social y de urgente atención.
Hacer referencia a los instrumentos jurídicos, sería, quizá, para muchos reiterativo, pero obligado y justo es reconocerlo y señalar que nuestro país ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también, conocida como Belem do Pará. Desde entonces, México, al firmar y ratificar este instrumento internacional, México aceptó adoptar todos los mecanismos jurídicos y políticas públicas pertinentes para hacer frente a todo tipo de violencia contra las mujeres, así como garantizar que sus autoridades e instituciones las aplicaran, como tal, está obligado a cumplir sus disposiciones en los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior, nuestro país inicia con la construcción del marco legislativo que determine diversas disposiciones legales, para proteger a las mujeres de este flagelo, es decir, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y su Reglamento, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, las cuales entraron a un proceso de armonización en las entidades federativas.
En esta construcción compleja del marco jurídico, en el año 2011, destacó la tipificación del feminicidio como delito grave en el Código Penal Federal, con sanciones de 40 a 60 años de prisión y actualmente los estados de la República están en el proceso de armonización de esta figura en sus respectivos Códigos Penales.
Lo anterior derivado de que la muerte violenta de mujeres ha ido creciendo, utilizando el término feminicidio, para referirse a todos los asesinatos de mujeres y enfatizar la intencionalidad de estos crímenes, considerándose aquellos donde es posible distinguir una premeditación del hecho, o para tomar en cuenta los actos de violencia ejercidos contra mujeres en el espacio relacional entre el/los asesino/s y la mujer/es asesinada/s, e incluso para desarrollar tipologías de este tipo de feminicidios derivado de que la relación entre la víctima y el delincuente debe entenderse para comprender el contexto y la dinámica de este tipo de homicidios (Inmujeres, 2007).
En efecto, la antes citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala en su artículo primero que los derechos que todas las mujeres debemos gozar son: el derecho a la vida, el derecho a no ser sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y sicológica; el derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Dicha Convención reconoce, también, que la forma más grave de violencia contra las mujeres es el feminicidio, es decir, la muerte violenta de mujeres por el único hecho de ser mujeres, acto que constituye la mayor violación a los derechos humanos y el más grave delito de violencia de género. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas lo define como el asesinato de mujeres, como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción feminicida.
En los últimos 25 años se han registrado en el país 34 mil 176 muertes de mujeres con presunción de homicidio, de las que casi 7 mil ocurrieron entre 2005 y 2009, pero en el año 2010 se registró un aumento nunca antes visto 4.2 (CEAMEG, 2012).
En el estado de Puebla, en 2007 se promulgó recientemente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, pues apenas en diciembre del 2012, fue aprobado en el Congreso local la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal de la entidad.
Sin embargo, el estado de Puebla en los últimos años ha visto incrementado el número de asesinatos en contra de mujeres. La Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, reveló en marzo del presente año, que en los últimos ocho años, se han contabilizado más de 445 casos de homicidios dolosos de mujeres.
Fuentes periodísticas han documentado que es entre el año 2011 y 2012 se han acumulado 148 casos, es decir, el 35 por ciento del total mencionado, reportando en el 2005, 29 casos; en 2006, 25; en 2007, 56; en 2008, 51; en 2009, 57; en 2010, 64; en 2011 la Procuraduría del estado reportó 79 casos; en 2012, 69 y en lo que va del 2013 se han identificado 15 casos.
Según informaciones del Comité contra el Feminicidio, los municipios poblanos que han reportado un incremento de asesinatos de mujeres con presunción de homicidios son Huauchinango, hoy considerado incluso, como foco rojo en feminicidios, junto con el municipio de Tepeaca y el municipio capital del estado, Puebla, pues de 2011 y lo que va de 2013 se han registrado el 50 por ciento de los casos; aun cuando también se registran casos en los municipios de I. de Matamoros, Zacatlán, Tehuacán y Tecamachalco.
Como hemos referido, Huauchinango se ha convertido en uno de los tres municipios de la entidad con mayor número de crímenes de género que permanecen, en su mayoría, en la impunidad y sin que la autoridad competente, caso concreto el Ministerio Publico, los haya tipificado como feminicidios a pesar de las reformas a la ley penal.
Aunque no son los únicos, pero sí los más recientes, los seis homicidios de mujeres que se han cometido entre abril de 2012 y el mismo mes de 2013, tienen como denominador común que los hechos son cada vez más crueles y por lo menos dos de ellos han ocurrido en el domicilio de las víctimas: uno a manos del esposo y en presencia de su hijos; y otro en el que de acuerdo con testimonios de vecinos el presunto responsable sería también la pareja sentimental.
Miembros de la Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla (UDDH), aseguraron, que a pesar de que en noviembre de 2012 el Congreso de Puebla tipificó al delito de feminicidio, imponiendo sanciones de 30 a 50 años de cárcel, la inmensa mayoría de los crímenes cometidos en la región permanece en la impunidad.
Pero quizá lo más grave es que los empleados de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla, no ha hecho uso de las adiciones al artículo 312 Bis del Código Penal y el artículo 69 fracción K Bis al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para iniciar sus averiguaciones previas por el delito de feminicidio, a pesar de que en todos estos casos son evidentes los móviles de género como “celos extremos, misoginia o que se establezcan en la víctima lesiones infamantes, violencia sexual, amenazas o acoso, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Esta misma sociedad que nos destruye desde el momento en que se atenta contra la vida origina una violación al derecho elemental del ser humano: el derecho a la vida. Es por ello que las mujeres debemos alzar la voz y no permitir que se sigan cometiendo más crímenes de género.
A lo largo de la historia, las mujeres, en lo individual, de manera organizada, organizaciones internacionales y nacionales, y las mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hemos dado una lucha constante por erradicar las causas estructurales que subyacen y que han sido determinantes en el desarrollo de las mujeres. Hoy nuestros derechos humanos son protegidos por la Ley; sin embargo, debemos seguir luchando para erradicar la considerable alza en los delitos de feminicidio en el país y particularmente en el estado de Puebla.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales garanticen el respeto a los derechos fundamentales, debe asentarse en primer término que es universal el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y que toda conducta que menoscabe o anule el goce de ese derecho resulta punible, dada la situación de desventaja jurídica, política, económica y social en que históricamente se ha colocado a las mujeres.
En este orden de ideas, es preciso reconocer y garantizar la seguridad de las mujeres y el respeto pleno al ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones, se rigen en una ineludible responsabilidad social y, por tanto, de todo gobierno, mismo que debe comprometerse a garantizar la protección y observancia de todas las prerrogativas alcanzadas en la lucha por la equidad de género.
En lo referente al feminicidio, la sociedad coincide en que ésta es la forma más grave de violencia contra las mujeres, acto culminante en una serie de vejaciones, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infligido a ésta otro tipo de agresiones como abusos verbales y físicos.
El asesinato de una mujer suele ser el desenlace de múltiples agravios como la tortura, la esclavitud sexual (prostitución), el incesto, el abuso sexual, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación y la privación de la libertad, entre otras, que enuncian la barbarie de la dominación masculina.
Sentimos el sufrimiento de cada mujer muerta o victimizada y por eso trabajamos desde nuestras curules y con ello, no sólo las protegemos a ellas, sino también, a cada familia y con ello al estado de Puebla.
La presente acción legislativa, responde a la imperiosa necesidad de dar respuesta y brindar atención a las víctimas que resultan afectados de manera colateral por los actos de la delincuencia que se vive en el Estado. Como representantes populares, no podemos mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los cientos o miles de mujeres que han sido víctimas de este delito.
Por lo expuesto y fundado, las diputadas de la LXII Legislatura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a que se emitan a la brevedad un informe público y detallado sobre las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado, así como también para que consideren, desarrollen y ejecuten la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta misma dirección
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que en conjunto vigilen puntualmente la instrumentación de las medidas que sean necesarias para que en la comisión de este delito grave de feminicidio cometido en contra de mujeres en el estado de Puebla, sean tipificados como lo considera el artículo 312 Bis del Código Penal del estado de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, A 30 de abril de 2013.
Diputadas: María del Rocío García Olmedo, Guadalupe Vargas Vargas (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los procuradores general de la República y de Justicia estatales a reforzar las acciones realizadas y llevar a cabo las investigaciones conducentes a la consignación de los responsables de Chamba México Agencia de Empleos, SA de CV, o Chamba México, SA de CV, por la presunta comisión de fraude y demás delitos que se determinen, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Entendiendo que la migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, y que generalmente es con la principal intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar; en ello, de entre sus principales causas se destaca, desde luego, la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y mejor remunerado, otras causas pueden ser por situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento de salud y para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad, y en menor medida, por fenómenos naturales, entre otros.
II. En el caso de nuestro país, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país al que deba interesarle el tema, ante los compromisos con la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional, y por otro, se convoquen a los países principalmente de éste continente para crear el entramado legal e institucional necesario.
III. Actualmente se estima que México cuenta con alrededor de 13.5 millones de ciudadanos en el exterior, y por ende, es en Estados Unidos de América donde se concentra la mayor cantidad de migrantes connacionales, así, de este continente, nuestro país se destaca como la nación con la mayor cantidad de población migrante. De un total mundial estimado de 112 millones de personas que residen en un país que no es el de su origen, de apenas una decena de países es donde se concentra poco más del 50% de migrantes en el mundo, la lista de éstos países la encabeza los Estados Unidos de América con más de 43 millones de residentes originarios en el exterior, incluyendo un estimado mayor de 12 millones de inmigrantes indocumentados; en consecuencia, Estados Unidos tiene más inmigrantes que el total de las principales naciones europeas receptoras de extranjeros como Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido; además de otros países que de igual manera, pero en menor medida, son receptores de migrantes como Arabia Saudita, Canadá, Japón, Austria, España, India y Ucrania.
IV. Los habitantes de algunas comunidades latinoamericanas, especialmente de México, trabajan en los Estados Unidos de América y regresan anualmente a sus poblaciones de origen al vencerse su contrato en la llamada migración cíclica, pues realizan el mismo desplazamiento de manera regular y constante; aunque muchos otros migran a los Estados Unidos por la vía ilegal, pagando los servicios de polleros o coyotes, y viajando en condiciones en las que se exponen, en alto riesgo, a ser víctimas de traficantes o caer en las redes de Trata de Personas o inclusive a perder su vida; las redes criminales, toman como negocio la migración ilegal, ya que las personas con tal de llegar a países desarrollados en busca de oportunidades pagan buenas sumas de dinero y el riesgo está en que muchas veces estas organizaciones engañan, secuestran o matan a los migrantes para quedarse con su dinero o usarlos para trabajos forzados, prostitución, tráfico de órganos, entre otros.
V. Mediante las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos de América, y referente al fenómeno de la migración de mexicanos hacia ésta nación, en diversas épocas de la historia se han realizado esfuerzos para implementar medidas que aporten un orden que permita la participación activa y positiva de ambas naciones, de entre las principales acciones se destacan de manera ejemplar que en el año de 1942, se firmaron entre los Estados Unidos de América y México los Tratados de Cooperación Laboral, y se realiza la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas en los Estados Unidos; así, en aquella época, en los Tratados Internacionales se estableció una retención del 10% de los salarios para la creación de un Fondo de Ahorro Campesino para coadyuvar en la protección de nuestros connacionales y brindarles, a mediano y largo plazo, mejores condiciones de vida y desarrollo por su aportación en ambas naciones; posteriormente en el año 2005 se publica la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, y en ese mismo año se publicó la primera convocatoria para el inicio de la entrega correspondiente de los apoyos sociales el 11 de noviembre.
Con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos de América y México, de manera simultánea se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994, el acuerdo de cooperación laboral entre el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecieron como objetivos:
a. mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en territorio de cada una de las Partes;
b. promover al máximo los principios laborales establecidos;
c. estimular la cooperación para promover la innovación, así como niveles de productividad y calidad crecientes;
d. alentar la publicación y el intercambio de información, el desarrollo y la coordinación de estadísticas, así como estudios conjuntos para promover la comprensión mutuamente ventajosa de las leyes e instituciones que rigen en materia de trabajo en territorio de cada una de las Partes;
e. proseguir actividades de cooperación relativas al trabajo en términos de beneficio mutuo;
f. promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada una de las Partes; y
g. promover la transparencia en la administración de la legislación laboral.
En teoría, y según lo estipulado en el Acuerdo, debería ofrecer "un mecanismo para que los países miembros garanticen la aplicación efectiva de sus leyes y normas laborales internas, tanto actuales como futuras, sin interferir con el funcionamiento soberano de los diferentes sistemas laborales nacionales", con la finalidad de "mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, y proteger, fortalecer y hacer valer los derechos básicos de los trabajadores" a través de Objetivos, Obligaciones y Principios laborales a cumplir, los cuales están obligados los tres gobiernos signatarios.
VI. Es innegable que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos de América se ha convertido en un proyecto de vida para millones, en muchos de los casos, de manera indocumentada y, como se ha expuesto, implica altos riesgos; ese deseo en la búsqueda de “sueño americano” para brindar mejores condiciones de desarrollo para las personas, es la condición idónea para que se expongan a sí mismos e inclusive a ser defraudados por personas o empresas que de ellos y su necesidad de un empleo en el extranjero se aprovechan para hacer negocio, como lo ha sido en los presuntos fraudes cometidos por quienes dirigían la empresa conocida como “Chamba México Agencia de Empleos, SA de CV,” o “Chamba México, SA de CV”, que ofrecía la posibilidad de tramitar “Visas de Empleo Temporal” para acceder a un trabajo en los Estados Unidos de América o Canadá, para ello, solicitaban a las personas interesadas cantidades de dinero que oscilan entre los 6 mil y 8 mil pesos, aunado a que los afectados entregaron según lo que se conoce, documentación oficial como sus pasaportes y actas de nacimiento.
VII. Al parecer el pasado 6 de febrero, la agencia de empleos “Chamba México”, obtuvo una autorización para operar en cuatro estados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); sin embargo, desde varios meses atrás ya operaba en 12 entidades, lo que motivó a que la STPS iniciara un procedimiento sancionador administrativo contra la empresa, al constatar diversas irregularidades en su operación. Además “Chamba México” al parecer operaba también con autorización de la Secretaría de Gobernación, en varias entidades, aunque el permiso sólo autorizaba su funcionamiento en el estado de México, San Luis Potosí, Puebla y Nuevo León.
VIII. La red de “Chamba México” se extendió por todo el país, derivado de las denuncias presentadas, se conocen personas afectadas por esa empresa, principalmente de los Estados de Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León, Quintana Roo y Jalisco.
IX. Aunado a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría emitir una serie de multas en contra de la multicitada empresa “Chamba México, SA de CV”, debido a que no cumplió con acuerdos estipulados afectando a más de 3 mil trabajadores mexicanos ya que violó la Ley Federal del Consumidor y que por tanto, esa dependencia se encuentra en condiciones para recibir las quejas de los afectados.
X. En el Senado de la República, en la sesión del pasado martes 9 de abril del presenta año, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván presentó un Punto de Acuerdo para que el Senado exhorte al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele todas las cuentas de la empresa “Chamba México Agencia de Empleos, SA de CV”, o “Chamba México, SA de CV”, y de sus socios y accionistas a fin de que el dinero sea devuelto a los defraudados, por la comisión del presunto fraude en 15 estados de la República, argumentando que la empresa de supuesta colocación de personal laboral en Estados Unidos y Canadá, defraudó a alrededor de 3,000 mexicanos.
XI. Es imperativo que se refuercen las acciones emprendidas por las Autoridades Locales y Federal para localizar y presentar ante el Poder Judicial a los responsables de éstos hechos, que a las víctimas les sean reparados sus daños, que tengan acceso a justicia pronta y expedita; por ello, hace relevante también que se refuercen los canales de coordinación entre las diversas autoridades.
XII. En varias entidades federativas están operando hoy en día oficinas de atención a migrantes, y en ello hace importante que a través de éstas oficinas se puedan ofrecer los servicios o asesoría para que las personas realicen los trámites pertinentes para acceder a conocer ofertas de empleo en el exterior, así como obtener la información necesaria para tramitar de manera oficial la documentación requerida y obtener la inscripción a algún programa de empleo temporal en el extranjero; así, se evitará que las personas se arriesguen a ser víctimas de fraude.
XIII. A la luz de estos hechos que han afectado de manera delicada y el aprovecharse de la necesidad de las personas que buscan mejores condiciones de vida, es de considerarse seriamente que el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social gire instrucciones con la finalidad de tender lazos de coordinación con las instancias de Gobierno de las Entidades Federativas para realizar un rastreo de las empresas que se dedican a operar bolsas de trabajo, pues en ello también implica el manejo de información personal de quienes ofrecen sus servicios así como información de la empresas, el rastreo referido, permitirá, por un lado obtener un padrón real de las empresas de colocación, mientras que por el otro lado, se obtendrán los criterios y la líneas básicas para realizar de manera periódica y permanente las revisiones pertinentes en cuanto a la manera de operar de éstas empresas, con ello, se propiciarán las condiciones para mitigar y establecer sanciones a los empresarios que defrauden a las personas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Esta soberanía exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y a los titulares de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que en ejercicio pleno de sus respectivas atribuciones, refuercen las acciones realizadas derivadas de las denuncias y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa “Chamba México Agencia de Empleos, SA de CV”, o “Chamba México, SA de CV”, por la presunta comisión del delito de fraude y demás delitos que se determinen, afectando a miles de personas en el país.
Segundo. Se exhorta a las autoridades del Poder Judicial a redoblar sus esfuerzos en sus Procesos desde el obsequio de las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la empresa “Chamba México Agencia de Empleos, SA de CV” o “Chamba México, SA de CV”, por la presunta comisión del delito de fraude y demás conductas delictivas que determinen, afectando a miles de personas en el país y que las víctimas obtengan plenamente las garantías que les corresponde.
Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, a los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno del Distrito Federal para diseñar políticas públicas encaminadas a ofrecer asesoría a las personas que deseen acceder a información para consultar ofertas de empleo en el exterior, así como todos los trámites que se deban solventar a través de sus oficinas para atención a migrantes; y de no existir la oficina, establecer una dependencia responsable.
Cuarto. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que suscriba los acuerdos necesarios de coordinación con los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal para que se realice un rastreo federal de las empresas y agencias de colocación de personal y establecer criterios de regularización y realizar las verificaciones y supervisiones periódicas de sus operaciones con la finalidad de evitar fraudes o delitos relacionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de la preservación, la implantación del aprovechamiento y el desarrollo integral sustentable de los trópicos mexicanos, a cargo del diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI
Martín Vásquez Villanueva, diputado federal, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I y II; 82; 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que exhorta para la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo del objetivo, programa y modos de implementación relevantes, que se proponga la preservación y desarrollo integral sustentable de los trópicos mexicanos.
Exposición de Motivos
Las zonas del país que pueden clasificarse como trópico, han venido disminuyendo. Pese a los compromisos internacionales, los trópicos llamados húmedo, seco, y los pisos térmicos altos de nuestro país, uno de los ecosistemas más ricos y diversos de la tierra, están en riesgo de desaparecer.
Es un deseo legítimo de quienes viven en ellos, muchos en pobreza extrema, transformar su rica biodiversidad, la tercera más importante del planeta, en desarrollo y bienestar.
Sin embargo, las experiencias propias y las de regiones similares son muy decepcionantes. La explotación de sus recursos, generalmente desmedida, ha significado el enriquecimiento de muy pocos, la pérdida de los recursos, la destrucción y emigración de comunidades y el empeoramiento de diferencias socioeconómicas incompatibles con los propósitos y mandatos de la Constitución General que esta representación nacional comparte y acata.
La conservación de los recursos naturales está comúnmente aceptada en los tratados internacionales y difundida por los medios de comunicación; pero la práctica económica sigue siendo la del saqueo para la formación acelerada de capitales que luego emigran a lugares distintos. Hay países, desarrollados por cierto, que han logrado avanzar en el camino de preservar y aprovechar sus recursos naturales utilizando su biodiversidad en forma sostenible y aun aplicar un modelo de desarrollo fundado en el aumento de la producción y la productividad.
La propuesta para utilizar la biodiversidad en forma sostenible y justa, ha de asentarse en un modelo de desarrollo cuyos elementos sean la restitución y protección de la biodiversidad, el abatimiento de los efectos adversos de la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático que están en la mente de todos.
En la dinámica del medio ambiente, sabemos que la economía es un actor central que define y dispone y que las comunidades suelen estar desprotegidas y contribuir por su necesidad a empeorar o destruir la biodiversidad.
Es por ello que se requiere aplicar, desde una visión cultural propia, todos los elementos que dirijan los conocimientos contemporáneos, la innovación técnica y la inversión, para alcanzar la rentabilidad económica y social que lleve en corto plazo a reducir la pobreza y las desigualdades sociales.
Las empresas y los países que planean suelen remontar los ciclos desfavorables y sobre todo, fortalecer sus estructuras y su futuro. Planear es indispensable, elegir los objetivos y aprovechar las brechas de oportunidad y las fortalezas, indispensable.
Para México, el desarrollo y conservación de las zonas tropicales es una cuestión estratégica: sobre su territorio, que significa el 30 por ciento de la superficie nacional, está una buena parte de los recursos petroleros; la mayoría de la reserva hidráulica nacional y la posibilidad cierta de aumentar la producción de alimentos. La mayoría de las comunidades indígenas del país a que se refiere la Constitución General, vive en los trópicos y lo hace en condiciones de pobreza. Debemos advertir que en los trópicos es donde el desarrollo es lento, los ingresos menores y donde las acciones del crimen organizado ofrecen el mayor riesgo. Repito, el desarrollo de los trópicos es una cuestión de prioridad estratégica y seguridad nacional.
Es por eso que propongo ir más allá de lo puramente agronómico y evitar las acciones desarticuladas, para que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo, el propósito de atender racional y sistemáticamente a los trópicos mexicanos.
También propongo que el Plan Nacional implemente acciones que atiendan a una revisión a fondo de propuestas y formulación pronta de estrategias, no solo para la conservación de los recursos genéticos vegetales, sino para crear las posibilidades para que la riqueza biológica beneficie al productor y al habitante locales de manera de asegurar un bienestar en equilibrio con el ambiente.
Esto, que pareciera inalcanzable a la luz de las experiencias que se han dado en el uso del trópico por la economía, puede desarrollarse si se manifiesta la voluntad política y se formula una buena legislación que haga compatible la preservación de la biodiversidad, el bienestar de las poblaciones locales, particularmente las indígenas, el suministro de bienes y alimentos, las expectativas del desarrollo de las regiones y la reafirmación de una sólida estructura económica e institucional.
Es preciso otro desarrollo, auténtico y complementario, alternativo al neocolonialismo, determinado por la apropiación de los recursos, sobre todo materias primas y recursos genéticos, y la depredación originados por parte del modelo económico caracterizado por la usura y el rentismo, la especulación, el desperdicio y el despilfarro de recursos no renovables.
En el camino de que México retome sus posibilidades de ser un país económica y socialmente fuerte, los recursos de la naturaleza son nuestra base y nuestro destino. Los trópicos constituyen zonas estratégicas para la supervivencia del país. Desarrollarlos y preservarlos, es nuestra responsabilidad. Pido a ustedes la aprobación de este punto de acuerdo como un ejercicio de la responsabilidad y la nueva conciencia de un legislativo atento a su compromiso y al futuro de todos.
Así, dejo en manos de la Secretaría el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ordenar la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo como un objetivo y programa relevantes, la preservación, la implementación del aprovechamiento y el desarrollo integral sustentable de los trópicos mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Distrito Federal, a 30 de abril de 2013.
Diputado Martín Vásquez Villanueva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar por la Secretaría de Economía a las empresas mineras de “pocitos”, particularmente de la región carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
La finalidad de toda reforma legal es proteger derechos, crear figuras jurídicas que contribuyan a materializar esos derechos, así como establecer obligaciones y facultades a las autoridades entre otras cosas. En ese sentido es de destacarse que la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 343-A, 343-C y 343-E de la Ley Federal del Trabajo, artículos relacionados con el trabajo en las minas que, entre otras cosas busca:
“Incluir en la Ley disposiciones normativas relativas al trabajo de minas en la República Mexicana, de prospección, preparación, exploración y explotación, sean minas subterráneas, de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción en cualquiera de sus modalidades.
Prohibir el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros, así como el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, que no cuentan con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras.
Obligar al patrón a contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas e implementar un registro y sistema que permita conocer los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como la ubicación de las mismas. “
Dicho proyecto de reforma fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República para continuar con su trámite reglamentario.
Si bien es cierto que dichas reformas buscan, fundamentalmente proteger a los trabajadores de los posibles accidentes y abusos de los empleadores también es cierto que existen algunas fuentes de trabajo que pueden tener dificultades por lo estricto de las reformas en proceso.
Pues todos sabemos que las actividades mineras se desarrollan con alto riesgo de accidentes en la extracción del carbón, ya que el método de trabajo y la técnica utilizada es de carácter artesanal, muy rudimentario, a estas alturas del desarrollo de la humanidad.
Constantemente los trabajadores de estas minas denuncian que se carece de normas de seguridad y por lo que se generan múltiples riesgos laborales, los equipos utilizados son obsoletos y no corresponden a las exigencias del peligro o a las condiciones de preparación, extracción, explotación o exploración que se lleva a cabo. Los patrones no han querido invertir en seguridad o no han podido hacerlo porque se trata de una inversión muy alta. El trabajo, aún en esas malas condiciones se ha venido desarrollando pues existe una enorme oferta por las condiciones económicas del país.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero aún falta su discusión y aprobación en la colegisladora y su posterior promulgación y publicación por parte del Ejecutivo federal, por lo que es procedente que se exhorte a la Secretaría de Economía, para que conforme a las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y lo dispuesto en su Reglamento Interior, de dicha Secretaría, y toda vez que existe un Instituto Nacional del Emprendedor que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y que la Secretaría de Economía “busca potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.” Es procedente que cree un Fondo, o se modifique alguno existente para que pueda ayudarse a las pequeñas empresas que se dedican al trabajo en minas en tiros verticales para la extracción de carbón, o mediante el empleo de botes, así como al trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros a que se les brinde apoyo económico para poder adecuar sus instalaciones a lo exigido por las autoridades de las materias respectivas y no dejen sin empleo a muchos trabajadores que encuentran en ese trabajo la única posibilidad de sostener a sus familias.
Aunado a lo anterior, hay que destacar que existe el Fondo de apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo PYME, que es instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se considera que con todo esto, sí existe la posibilidad de ayudar a las referidas empresas para que cumplan con las normas que se les impone y no cierren esa fuente de trabajo.
Por los motivos expuestos, me permito someter a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía implemente un fondo para ayudar a las pequeñas empresas a cumplir con las normas de seguridad y acelerar la creación de empleos. Es procedente que cree un Fondo, o modifique alguno existente para que pueda ayudarse a las pequeñas empresas que se dedican al trabajo en minas en tiros verticales para la extracción de carbón, o mediante el empleo de botes, así como al trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros a que se les brinde apoyo económico para poder adecuar sus instalaciones a lo exigido por las autoridades de las materias respectivas y no dejen sin empleo a muchos trabajadores que encuentran en ese trabajo la única posibilidad de sostener a sus familias, particularmente de la región carbonífera del estado de Coahuila.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor, que es un órgano administrativo desconcentrado de dicha secretaría, a que brinde asesoría y apoyo a las empresas dedicadas a esta actividad.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en el esquema de salud y en el Plan Nacional de Desarrollo las unidades de especialidades médicas de enfermedades crónicas, suscrita por los diputados Abel Octavio Salgado Peña y Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña y Gabriel Gómez Michel, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMES), han sido implementadas para proporcionar servicios médicos ambulatorios especializados.
Estas UNEMES operan para atender enfermedades de salud mental, adicciones, detección de VIH/sida, padecimientos cardiovasculares, cirugía ambulatoria entre otros.
Además, atienden problemas con carácter preventivo, en enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, que generan una vasta carga financiera para el sector salud mexicano.
Este modelo de atención UNEMES tienen poco más de 4 años en operación y han visto resultados efectivos en su implementación, como política pública preventiva, y en algunos casos, correctivos.
Este programa opera con 21 personas, de las cuales, 14 pertenecen al sector profesional de las ciencias de salud, que incorpora a médicos, nutriólogo, psicólogo, enfermeras, trabajadoras sociales y licenciados en cultura física, entre otras profesiones.
Las 7 restantes personas corresponden el área administrativa y de informática.
Hay estudios del sector salud que afirman que la inversión inicial de estos UNEMES, es por casi 3 millones de pesos, más un gasto operativo anual de poco más de 3 millones de pesos.
De lo anterior, se desprende que matemáticamente el costo anual paciente es por casi 2,000, que incluye intervenciones en la escuela, su casa, trabajo y medicamentos. Proporciona además, servicios de laboratorio. Estos módulos UNEMES prestan servicio en turnos matutino y vespertino.
La función de las UNEMES es servir de enlace de atención, entre los hospitales de primer nivel y de segundo nivel, proporcionando algunos servicios básicos, para no saturar la prestación de los servicios de los hospitales.
Además, estos servicios en la actualidad se encuentran incorporados al esquema del Seguro Popular, para que ser operados por los servicios estatales de Salud.
A la larga en 10 años, el beneficio esperado es por la atención de 4,500 enfermos crónicos y personas en riesgo, es por 591 millones de pesos, con un ahorro esperado por 476 millones de pesos, es decir, un ahorro anual de 47.6 millones de pesos en ese periodo.
Con la implementación de estas UNEMES, se evitarían 180 casos de diabetes; el avance en la insuficiencia renal crónica y la reducción en 18 casos de insuficiencia renal terminal en diabéticos.
Por otra parte, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública indican, que el 90% de pacientes fueron atendidos por todo el equipo multidisciplinario que converge en las UNEMES; además y muy importante resaltar, que 90.4% de los pacientes se encuentra en el rango de satisfacción que recomendaría a otros pacientes, recurrir a este servicio por alguna enfermedad crónica, como diabetes mellitus e hipertensión arterial.
Dicho lo anterior, es posible afirmar el éxito en la humanización en la atención de este servicio.
Otro valor de resaltar es el tiempo de espera, el cual, se reporta de 19 minutos para recibir una consulta y de 2.4 horas el tiempo total que pasan en las UNEMES siendo atendidos.
Por último, la calificación que dieron los pacientes a la infraestructura para la prestación del servicio, es de 9,5.
En otras palabras, la apuesta es a la prevención en la salud de la población, con el beneficio primeramente en su salud, posteriormente en las finanzas públicas y posteriormente para hacer eficientes los servicios en los hospitales de primer y segundo nivel que ofrece el sector salud.
Así las cosas, es que consideramos que debe seguirse realizando la prestación de este servicio que a todas luces, representa un esfuerzo en la política pública de salud, que consideramos importante que sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Programa Nacional de Salud (PNS).
La petición se desenvuelve en este sentido, toda vez que las UNEMES fueron creadas a raíz de los objetivos que platearon en su momento, el PND y el PNS, y por tanto, valoramos el esfuerzo y los resultados que concluyeron en una línea de acción determinada, para generar las UNEMES.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los esfuerzos realizados con las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMEC), e implementarlas como política pública permanente, mediante su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Diputado Gabriel Gómez Michel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver en favor de la soberanía de las legislaturas locales y declarar la constitucionalidad de las normas que protegen el derecho a la vida de la persona desde el momento de la concepción en Guanajuato, Oaxaca y Querétaro, en la sentencia que habrá de dictar con motivo de las controversias constitucionales números 62/2009, 89/2009 y 109/2009, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Con pleno respeto a la potestad jurisdiccional que le corresponde a nuestro más alto tribunal, por este medio exhortamos a que resuelva en favor del derecho a la vida desde la concepción, conforme está expresado en las constituciones de los Estados referidos, así como a favor del pleno respeto a la esfera de competencias que la propia constitución le otorga a cada Entidad Federativa. Por lo anterior, consideramos que no existe posibilidad de que el reconocimiento de un derecho humano en una constitución local invada la esfera de competencias de un municipio, debido a que, conforme al artículo 115 constitucional, los municipios carecen de facultades para reconocer derechos humanos o para legislar en materia de salud.
El Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de respetar el reconocimiento a la vida, conforme lo contempla el artículo 1o. de la Constitución de Guanajuato, el artículo 2o. de la Constitución de Querétaro y el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca, siendo todos completamente congruentes con el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como con los tratados internacionales que obligan al Estado mexicano.
Consideramos relevante mencionar dos precedentes importantes, en los cuales esta Corte ha resuelto a favor del reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción en las constituciones de los Estados: las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de los Estados de Baja California Sur (11/2011) y San Luis Potosí (62/2009). En ambos casos, prevalecieron los argumentos a favor de la soberanía de los Estados para que legislen a favor de la vida, respetando el Pacto Federal y la atribución de competencias que establece la Constitución.
Otro precedente importante en la materia es el criterio de la tesis jurisprudencial 14/2002, cuyo rubro establece: Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales.
En cualquier órgano jurisdiccional, especialmente en la Suprema Corte de Justicia, la validez y el peso de sus decisiones no dependen únicamente de mayoría de votos, sino de las razones que llevan a los jueces a tomar su decisión y resolver cada caso. El tema que argumentos es de suma trascendencia, y que se trata del derecho humano más fundamental que le corresponde a todo ser humano, especialmente cuando se trata de un individuo que no puede exigir la protección de ese derecho por sí mismo.
Como diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pedimos, de manera urgente y respetuosa, que se tomen a consideración los argumentos expuestos por los suscritos a fin de que se respete el ámbito de competencias de los Estados de Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, permitiendo que prevalezca el reconocimiento constitucional de aquel derecho que supone el ejercicio de cualquier otro derecho: el derecho a la vida desde la concepción. Las Constituciones locales han ampliado el reconocimiento de este derecho fundamental, conforme al proceso legislativo previsto por sus propias constituciones y cumpliendo con todos los requisitos legales para tal efecto.
Con el respeto debido a su soberanía, exhortamos a su alta investidura de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que realice un análisis amplio y profundo de las controversias constitucionales mencionadas y vote a favor del respeto a la esfera de competencias de los Estados de Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, permitiendo que sus Constituciones mantengan el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción, en los mismos términos que lo establecen actualmente.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respeto a la plena autonomía jurisdiccional y al principio de división de poderes, a que resuelvan en favor de la soberanía de las legislaturas locales y a declarar la constitucionalidad de las normas constitucionales que protegen el derecho a la vida de la persona humana desde el momento de la concepción, en los Estados de Guanajuato, Oaxaca y Querétaro, en la sentencia que habrá de dictar con motivo de las controversias constitucionales 62/2009, 89/2009, 109/2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y de la Sagarpa a desarrollar un programa tendente a reactivar las parcelas escolares de los ejidos, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, María Rebeca Terán Guevara, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
Es de señalarse que en el año de 1940, dentro del Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la figura denominada “parcela escolar”, la cual estaba orientada hacia el desarrollo educacional de los habitantes del ejido mediante el aprendizaje y desarrollo de nuevas técnicas para trabajar la tierra. Dentro del Reglamento emitido con motivo dicha figura, se estipuló que la escuela a la que le fuera asignada la parcela escolar sería titular de los derechos ejidales que la misma amparaba.
Ya en 1971, en la Ley de la Reforma Agraria se respetó la existencia de la Parcela Escolar, encaminada a la investigación, enseñanza y desarrollo de técnicas de producción agrícolas a favor del ejido al que pertenece la Parcela Escolar.
Finalmente, dentro de la Ley Agraria de 1992 se plasmó como facultad de la Asamblea Ejidal el deslinde de la superficie que considerara necesaria para el establecimiento de la parcela escolar. Situación que debería ser observada dentro de los ejidos que no tuvieran constituida previamente su Parcela Escolar, dado que los que ya la habían constituido conforme a lo señalado en las legislaciones anteriores no podían realizar cambios a la misma.
Consideraciones
Como se puede advertir, desde su inicio la Parcela Escolar estuvo destinada a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de producción que beneficiarían al núcleo ejidal, a la vez que el trabajo realizado dentro de la misma generaría un vínculo estrecho entre las nuevas generaciones y la actividad relacionada con la producción agrícola.
Sin embargo, en los hechos sabemos que no se cumple de manera correcta con los objetivos señalados; los altos niveles de emigrantes pertenecientes a grupos ejidales hace evidente la nula existencia de un vínculo con los estudiantes que habitan en los ejidos con el modo de vida que la producción agrícola representa.
El desmantelamiento de la plata productiva a nivel nacional es en parte, consecuencia de lo señalado. Para ser más específicos, hoy en día la Parcela Escolar comúnmente es utilizada conforme a los intereses del Comisariado Ejidal y generalmente son arrendadas o fraccionadas, e inclusive en algunos casos las Parcelas Escolares se encuentran invadidas y fraccionadas por terceros ajenos al Ejido que buscan urbanizarlas y habitarlas.
Por otro lado, dentro de los ejidos en los que existe y se aprovecha de manera correcta la Parcela Escolar, aún cuando en teoría las escuelas son los titulares de los derechos sobre la parcela, dentro de los programas de regularización de la tenencia de la tierra PROCEDE convertido en FANAR (Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar) los derechos no se están concediendo a las escuelas, propiciando con esto que en los pocos ejidos en los cuales la Parcela Escolar estaba siendo aprovechada de manera correcta, desaparezca ésta y los derechos sobre la tierra sean enajenados o redestinados conforme a las necesidades del ejido.
Al día de hoy y conforme al censo agropecuario levantado por el INEGI en 2007 se tenía registro de la existencia de 24 mil 649 ejidos con Parcelas Escolares, mientras que en el 2001 la cifra proporcionada por el mismo Instituto era de 25 mil 163; posiblemente par éste año ya existan apenas 24 mil parcelas escolares, de las cuales la gran mayoría no son utilizadas conforme a su naturaleza.
La historia del Ejido ha considerado siempre la necesidad de designar el territorio necesario para el cumplimiento de las necesidades colectivas del núcleo agrario, dentro de las cuales podemos señalar la de contar con espacios designados a la investigación y educación, necesidad que a partir de 1940 fue reconocida de manera expresa conforme a lo señalado en el apartado de antecedentes.
Lamentablemente, hoy en día la realidad es otra, pues como se ha señalado, año con año son menos las parcelas escolares de las que se tiene registro y la mayoría de las existentes no cumplen con la finalidad para la cual fueron establecidas, están en desuso, se explotan para intereses particulares o se encuentran invadidas y están siendo utilizadas como zonas habitacionales.
La reactivación de la Planta Productiva Nacional, requiere esfuerzos transversales y mayúsculos, los cuales van desde la capacitación y concientización de las nuevas generaciones, fomentándoles el interés de incorporarse y desarrollar el sector agrícola con una visión vanguardista e innovadora, hasta la aplicación de recursos suficientes que permita imprimir al campo mexicano el impulso necesario para competir en un mundo cada vez más globalizado en condiciones ventajosas.
La realidad nacional, los problemas de soberanía alimentaria, la falta de competitividad y la desnutrición y la obesidad, deben ser abordados desde una visión integral, en donde la Parcela Escolar, puede y debe jugar un papel trascendental para la población, particularmente en la orientación de nuevas conductas y en la formación de una cultura que permita enfrentar con éxito los retos que el presente siglo plantea.
En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que dentro del ámbito de sus competencias, desarrollen un programa tendiente a reactivar las parcelas escolares de los ejidos, garantizar que las mismas sean utilizadas conforme a la función para la cual fueron implementadas, así como asegurar que los programas de regularización de la tenencia de la tierra respeten el destino de las Parcelas Escolares y otorguen el título correspondiente a la escuela a la cual pertenecen.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y de Educación respectivamente, para que impulsen de manera coordinada programas encaminados a fortalecer el sector agrícola nacional, a través del fomento de una cultura de innovación entre las niñas, niños y adolescentes que permita hacer de las parcelas escolares el campo propicio para que las nuevas generaciones se interesen en desarrollar y fortalecer este importante sector de la economía nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
Diputada María Rebeca Terán Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar medidas correctivas y compensatorias en defensa de la economía de los productores de leche, del desarrollo de la actividad económica y de la estabilidad de la producción nacional, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los que suscribimos, diputados Francisco González Vargas, Darío Badillo Ramírez, José Antonio Rojo García de Alba, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Dulce María Muñiz Martínez, Emilse Miranda Munive, Martha Gutiérrez Manrique, Víctor Hugo Velazco Orozco y José Alberto Rodríguez Calderón; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Pedro Porras Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Erick Marte Rivera Villanueva del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; todos del estado de Hidalgo, integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción 1; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a intervenir, de manera urgente, para que se apliquen las medidas correctivas y compensatorias en defensa de la economía de los productores de leche y del desarrollo de la actividad económica, así como de la estabilidad de la producción nacional, que se genera con el sistema producto pecuario bovinos leche, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México la actividad económica de producción de leche, sobre todo de los pequeños productores, enfrenta grandes desafíos al presentarse situaciones adversas, tales como la apertura de la frontera a la libre importación de lácteos.
Para los productores nacionales se presenta una fuerte desventaja ante los Estados Unidos y otros países que subsidian y exportan leche, así como ante las empresas que dominan el mercado de los lácteos.
Otro factor externo que se suma a la problemática productiva es la presión que se ejerce recientemente sobre el precio internacional de la leche en polvo y que se prevé siga esa tendencia a la alza, reportada de 85. 5 % a 118 % en el período 2006-2007.
El Programa Nacional Pecuario 2007-2012 establece las principales directrices que el Gobierno Federal aplica para el desarrollo sostenido y sustentable de las diferentes ramas de la ganadería.
En ese documento se señala que la producción mundial de leche se concentra en ocho países con más del 50% de la producción y, en consecuencia, el mercado mundial es dominado por pocos países y empresas. La producción mundial en los últimos ocho años ha tenido un incremento anual de 1.9 %.
Estadísticas de la Sagarpa informan que el año 2011, la importación de 4 mil 889 millones de litros de leche y las estimaciones para el año 2012 prevén una producción nacional de 12 mil millones de litros de leche.
Algunos datos relevantes del sistema producto bovinos leche:
Once estados producen 81% de la leche en el país, siendo Jalisco, Coahuila y Durango los que más aportan en conjunto (la cuarta parte del líquido). Jalisco es la entidad más constante durante un lapso de diez años manteniéndose como líder de producción.
De acuerdo con el Inegi, la leche es el tercer producto alimenticio más consumido en los hogares (uno de cada diez pesos del gasto de los hogares corresponde a dicho producto).
Con base en las recomendaciones de la FAO y la UNESCO, la leche es considerada a nivel mundial como un alimento ideal y necesario para una sana nutrición, un alimento indispensable en la dieta humana.
Para un gran número de países, principalmente los desarrollados, constituye un activo invaluable, ligado con soberanía alimentaria, soporte de la economía y articulador entre el campo y la industria.
El sistema de producción de leche en México presenta fuertes contrastes, y los escenarios internacionales se complican.
La FAO pronostica que la producción a bajos costos en los países con estas ventajas, llegaron a su límite de expansión, en el caso de la leche, de la producción mundial sólo se comercializa el 6.7% lo que nos advierte de una escases y carestía en los próximos años.
Ante esta perspectiva es oportuno señalar que la empresa descentralizada Liconsa, representa un factor especial y determinante para la viabilidad económica de los pequeños y medianos productores de leche.
Hoy Liconsa compra a los productores nacionales la cantidad de dos millones de litros diarios del líquido fresco. De esta forma promueve y hace accesible el consumo de leche nacional como elemento sano y de excelente calidad.
A manera comparativa de los valores nutricionales entre la leche y un refresco, se tienen los siguientes datos de investigación: la fracción de proteínas de la leche corresponde regularmente del 3 al 4 % en tanto que un refresco carbonatado sin alcohol, contiene generalmente 0 % de proteínas.
Cabe destacar que, estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública, demuestran que los niños que consumen de manera constante leche Liconsa, tienen menores tasas de anemia y registran mayor desarrollo mental y físico, registran un promedio de 2.5 cm más en estatura.
La intervención de Liconsa permite fortalecer a los productores, ante las desventajas de precio que fija la industria.
Aunado a lo anterior, la misión, visión y objetivos estratégicos de Liconsa, al establecer su función en apoyo de la niñez, jefas de familia y otros sectores vulnerables, se hace posible asegurar una atención eficaz a la población objetivo del programa de abasto social.
Otro de los objetivos estratégicos de Liconsa, estrechamente ligado al proceso de producción de leche, consiste en promover la reducción gradual y parcial de las necesidades de importación de leche.
Liconsa contribuye con estos segmentos económicos, según se registra en la estadística oficial: en el año 2011 la captación de leche fresca por Liconsa llegó a 770 millones de litros y del total de importaciones de polvo sólo adquirió un 30 %, equivalente a casi 30 mil toneladas.
La oportunidad para el productor de leche y para Liconsa queda asegurada por el crecimiento de su población objetivo y el mercado abierto, y la disponibilidad del producto nacional, lo que permitirá ampliar la red de puntos de venta y las rutas de distribución.
No obstante lo anterior, el desconocimiento de la calidad y bondad del producto, representan una amenaza para conquistar más espacios del mercado.
En suma, objetivos comunes en un círculo virtuoso producción – consumo, que debe ser fortalecido, para el beneficio colectivo con sentido social.
En virtud de lo anterior, se hace pertinente el robustecimiento presupuestal y desarrollo tecnológico de Liconsa, ya que su participación institucional representa un factor de crecimiento sostenible de la producción, el fortalecimiento del mercado nacional, así como mayor alcance en el cumplimiento de un objetivo de soberanía alimentaria.
El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC, presenta consideraciones y posicionamientos como los siguientes:
• México actualmente produce 29.4 millones de litros diarios, importa 4 mil 889 millones de litros equivalentes y se pronostica una población de 125 millones de habitantes para el 2020, lo que significa la necesidad de producir 40 millones de litros diarios para mantener el consumo actual de 320 mililitros por persona.
• México decidió impulsar la industrialización e implantó la apertura comercial, libera el precio de la leche y establece nuevas normas oficiales, (como la NOM. 155).
• Dicha Norma Oficial, propicia la confusión de los consumidores, toda vez que se presentan al mercado productos con características distintas al producto original.
• Esta circunstancia pone en riesgo 550 mil empleos directos y 500 mil indirectos del sector ganadero nacional, toda vez que se desplaza el producto original por substitutos aparentes que confunden al consumidor (informe UAM Xochimilco y PROFECO: fórmulas lácteas, elaboradas con base a fórmulas de suero, sólidos vegetales y adición de substancias químicas para homogeneización y estabilización).
• El gobierno mexicano durante el plazo del TLC alienta las importaciones al exentarlas en el pago del arancel provocando una perdida fiscal por más de 3 mil millones de dls. derivado de los más de 2 millones de toneladas de leche en polvo importadas en los 14 años del periodo de desregulación contemplados en el TLCAN.
Esas decisiones obligan, sin estar preparados, a los productores mexicanos a competir con los precios internacionales de la leche en polvo, subsidiada de origen por los principales países exportadores.
Se generan consecuentemente efectos negativos como distorsión de mercado, quiebra de productores y competencia desleal con la industria.
La organización de productores y consumidores de leche señala la falta de una autoridad regulatoria que asuma la responsabilidad de ordenar el mercado.
Tal es el caso de que en 1998 la leche al público valía $5.21 el litro, el productor recibía $2.86.
De 1998 a 2012 al público le aumentó a $13.20 el litro de leche pasteurizada ($7.11pesos).
Al productor le aumentaron de $2.86 a $5.15 por litro ($2.29) y la industria y el detallista al menudeo aumentaron en 205% sus rentas por la venta de un litro de leche de 2.35 a $7.17 por litro ($4.82 pesos).
Los productores de leche señalan que actualmente producir un litro de leche oscila por arriba de los $6.10 pesos por litro en promedio a nivel nacional.
La industria asentada en México lo paga en promedio $5.40 pesos. Lo que representa que los productores absorban una pérdida de 0.70 ctvs. por litro en promedio.
Otro dato que refleja la severa crisis de los pequeños y medianos productores de leche se refleja al comparar datos del Inegi: en 1991 contabiliza 790 mil unidades de producción, que supone el mismo número de productores.
El censo del año 2007 reporta la existencia de 259,475 unidades, de las cuales el 90 % tienen menos de 60 vacas. Fueron a la quiebra más de 530 mil productores.
Por otra parte, los procesos productivos ganaderos son cada vez más intensivos y por tanto generan mayor demanda de abastecimiento de granos, generando la presión hacia el sector agrícola y de importaciones.
Coincidimos plenamente con la opinión y sentir de los productores de leche y sus organizaciones, asimismo con los resultados de diagnósticos realizados por diversas instituciones, cuando se afirma que ante estos retos y escenarios que presenta el subsector ganadero, deben abordarse acciones estratégicas de política pública para:
• Producir más y más rápido, sin deteriorar los recursos naturales, tierra y agua,
• Atender una demanda nacional creciente de alimentos inocuos, cada vez con más valor agregado distribuido equitativamente en todos los eslabones de la cadena producción consumo,
• Mantener la viabilidad de las empresas productoras de leche medianas y pequeñas, procediendo a revisar y adecuar las Reglas de Operación correspondientes,
• Conservar y modernizar la infraestructura productiva,
• Promover el desarrollo genético, tecnológico y sanitario de la ganadería,
• Promover el crecimiento sustentable, el desarrollo regional equilibrado y la generación de empleos,
• Impulsar la organización económica de los productores, a efecto de que cuenten con fortalezas que les permitan la autogestión sustentable, el crecimiento y la reproducción de su economía,
• Fortalecer la vinculación con los centros de investigación de las instituciones de educación superior,
• Establecer un sistema integral a través de diferentes apoyos a la producción, que permita compensar el diferencial entre el aumento en los costos de producción y su ingreso, para alcanzar una mayor productividad y calidad por unidad de producción,
• Generar un nuevo mecanismo de asistencia técnica directa y asesoría en organización económica, de manera diferencial y a partir de las condiciones específicas de potencial productivo.
• Crear mecanismos de financiamiento real que permitan el fomento de la actividad.
Expresamos aquí nuestro compromiso solidario a los ganaderos mexicanos para, junto con ellos, cuidar y fomentar esta actividad, por demás, profundamente ligada a nuestra cultura nacional y punto fundamental de nuestra soberanía alimentaria.
Por lo anterior, con objeto de impulsar la producción y fortalecer el mercado nacional, para obtener niveles más altos de productividad y competitividad, de tal manera que tanto el productor primario, como los procesadores, y los que impulsan y comercializan el producto final obtengan suficiente y equitativa utilidad por su trabajo, a través del eficiente funcionamiento de la cadena del sistema lechero nacional; y con fundamento en el artículo 6, numeral 1, Fracción 1; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a efecto de que intervenga para lo siguiente:
A) La Secretaría de Economía intervenga para determinar, equitativamente, el precio por litro de leche, en apoyo a los pequeños y medianos productores nacionales;
B) La Secretaría de Economía intervenga, en la regulación del mercado para que se garantice al consumidor la autenticidad y calidad de los productos que se ofrecen;
C) La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Desarrollo Social intervengan, para destinar durante el presente ejercicio fiscal, recursos compensatorios por setecientos millones de pesos, para que se fortalezca la operación y cobertura de Liconsa, con el objetivo de que, los más de 11 mil productores proveedores de esta empresa paraestatal, reciban un precio que garantice el desarrollo de su actividad productiva; pueda ampliarse la cobertura del objeto social institucional y se fortalezca el mercado nacional.
Palacio Legislativo, a 07 de marzo de 2013.
Diputado Francisco González Vargas (rúbrica)
Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales
(rúbrica)