Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-VIII, lunes 29 de abril de 2013

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a otorgar de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable apoyo a los productores de caña de azúcar a fin de que adquieran fertilizantes
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica cercos sanitarios para controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a declarar por el Senasica la zona centro de Sinaloa como de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Sagarpa, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, la cuota y tarifa energéticas de estímulo de la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos de la Ley de Energía para el Campo
De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público políticas de movilidad sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del DF a vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de la custodia, el cuidado y la atención de la niñez; y a sus congresos, a legislar en la materia
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual contra niños y adolescentes
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para requerir a Pemex Refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan las obligaciones legales y aplique un programa de revisión de las estaciones de servicio para evitar inobservancia del marco normativo
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su órgano interno de control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implantar una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a expedir una norma oficial mexicana que regule tal disposición
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el 18 de septiembre de 2012
De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los ataques y las difamaciones contra la comunidad judía mexicana
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a los humedales de Tláhuac, DF
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a realizar acciones para controlar y combatir los descortezadores Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei, que afectan diversas especies de pino en Chihuahua
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la Semarnat a realizar acciones de reforestación para revertir el daño causado al ecosistema y a la población de la Huasteca potosina por los incendios forestales de marzo último
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profepa informar a esta soberanía si hay denuncia o procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones ambientales en las minas de Texcoco
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a informe a esta soberanía si hay procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se recomienda a la Cámara de Diputados a asumir, con la supervisión, el seguimiento y el control de la Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración, el compromiso de evaluar su régimen normativo y así cumplir el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación a informar a esta soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental referidos en el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del DF a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Cuerpo de Bomberos
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por sus consulados en Estados Unidos de América una campaña de difusión entre la población mexicana residente ahí sobre los beneficios de registrar a los hijos en las oficinas consulares

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a otorgar de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable apoyo a los productores de caña de azúcar a fin de que adquieran fertilizantes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes, presentado por la diputada Yazmín de los Ángeles Copéte Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el pasado 11 de abril de 2013.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 11 de abril de 2013, la diputada Yazmín de los Ángeles Copéte Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

El 11 de abril de 2013 la Presidencia de la Cámara de Diputados, turnó mediante oficio DGPL. 62-II-4-612 y número de expediente 1758, la proposición antes mencionada para que esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego en uso de sus facultades legales, elabore el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de nuestra Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que la crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.

Que el desarrollo de la industria de los fertilizantes en México está vinculado al desarrollo industrial del país, las primeras plantas que producen fertilizantes sintéticos se ubican en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.

En este periodo del desarrollo de la economía nacional se adoptó el modelo de sustitución de importaciones y se promovió la industrialización como motor del desarrollo del país.

La política del desarrollo industrial aplicada en México en el modelo de sustitución de importaciones, nos llevó a tener plantas productoras de fertilizantes a escala mundial y con las mejores tecnologías en capacidad instalada, para este periodo contábamos con gas natural para producir amoniaco, principal insumo para la fabricación de fertilizantes.

Con la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico del país en los primeros años de los años ochenta, la industria estatal de los fertilizantes se privatiza y paso a manos del capital privado, lo que llevó a que las nuevas condiciones del mercado mundial y la falta de políticas de estado provocó la disminución paulatina de la producción de fertilizantes y se incrementaron las importaciones.

Que las empresas privadas de fertilizantes son importadoras y comercializadoras, la gran industria de fertilizantes de los años setenta desapareció y México se convirtió en pocos años en un país que dependen totalmente de las importaciones en un área que debería ser estratégica.

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reconoció que en México se produce aproximadamente el 45 por ciento de los fertilizantes que se emplea en el campo agrícola, por lo que la demanda debe ser cubiertas por las importaciones, la compra de fertilizantes en el mercado mundial aumenta los altos costos de los insumos utilizados en su elaboración, sobre todo por el alto precio que se registra en el gas natural y sus derivados frenan la elaboración de fertilizantes.

En este sentido, la dependencia del gobierno federal subrayó que en México se tiene una capacidad instalada para generar 5.8 millones de toneladas métricas al año de fertilizantes, sin embargo sólo se elaboran aproximadamente 2 millones de toneladas métricas, por lo cual se recurre a la importación.

Pemex Petroquímica sólo produce amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz (600 mil toneladas al año), mientras que las plantas de Salamanca y Camargo están inactivas ante la falta de la demanda del producto por parte de los industriales, en consecuencia aumentaron las importaciones de urea de países como Rusia y Ucrania.

Ante la falta de producción de fertilizantes el campo mexicano y en especial el campo cañero se ven afectados cada año en la producción, esto ha provocado que los rendimientos no aumenten y produzcamos caña de azúcar cara y que no es competitiva en el mercado mundial.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de acuerdo a la disponibilidad existente de recursos financieros del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen apoyos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica cercos sanitarios para controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, implementen cercos sanitarios para controlar el daño que la roya puede provocar en los cultivos de café en el país, a cargo del diputado. Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM, el pasado 20 de marzo del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 20 de marzo de 2013, el diputado Héctor Narcía Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senesica), implementen cercos sanitarios para controlar el daño que la roya puede provocar en los cultivos de café en el país.

El 20 de marzo de 2013 la Presidencia de la Cámara de Diputados, turnó mediante oficio DGPL. 62-II-4-549 y número de expediente 1564, la Proposición antes mencionada para que la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego en usos de sus facultades legales, elabore el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Que la producción del cultivo del café en México, es uno de los productos agrícolas con mayor proyección a nivel nacional, dado que cuenta con un mercado internacional generando divisas importantes, por lo que cobra una relevante importancia en el sector primario; a nivel internacional ocupa el quinto lugar en producción con 4 o 5 millones de sacos por año, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.

Que las estadísticas del sector cafetalero señalan que en nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 12 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco, en una superficie de 689 hectáreas.

Que coincidimos, en la preocupación de los productores dedicados a la cafeticultura, de poder contar con capacitación u orientación sobre las medidas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan las plantaciones de café; bajo las circunstancias actuales y como consecuencia del cambio climático, responsable del origen de condiciones meteorológicas especiales propiciatorias de la difusión de la plaga, pues gracias a este se genera una combinación de altas temperaturas y lluvias.

Que la roya en este momento viene creando adversidades a la producción de este aromático por lo que es necesario establecer un cerco sanitario que impide una mayor diseminación de este hongo que es altamente patológico y daña seriamente las plantaciones, dado que defolia a los arboles impidiendo que el proceso natural de la fotosíntesis se lleve a cabo limitando la nutrición de la planta.

Que la participación de las dependencias del gobierno federal y estatal en coordinación con los productores es de suma importancia para establecer una mecánica de cooperación, con la finalidad de establecer un compromiso serio y obligado a establecer los lazos técnicos y económicos que limite la diseminación de la enfermedad a más plantaciones.

Se busca fortalecer las acciones que se han desarrollado en otras contingencias similares, sobre todo la experiencia en Chiapas, en donde se estableció un Programa Emergente en Chiapas para la atención de la roya del café a partir de noviembre de 2012.

Que con el ánimo de establecer una campaña fitosanitaria y en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se considera como:

“Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, control y erradicación de una plaga en una zona agroecológica, que se ejecuta a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal” La estrategia operativa y normativa de una campaña fitosanitaria se determina por el Senesica.

Por otro lado es importante hacer mención que es de suma importancia el empeño que los productores deben de tener para revalorar las técnicas tradicionales de cultivo a la sombra, en la cual, las plantas crecen bajo un dosel o bóveda de diversos árboles, que impide una mayor incidencia de este tipo de enfermedades.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria , implemente cercos sanitarios, para que de forma preventiva controlen el daño que pueda provocar la roya en los cultivos del café en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a declarar por el Senasica la zona centro de Sinaloa como de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, Sagarpa, para que a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, Senasica, declare la zona centro de Sinaloa, como zona de baja prevalencia, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés del Grupo Parlamentario del PAN

En consecuencia, una vez recibida en esta comisión ingresamos a su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 11 de marzo de 2013, el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación; para que a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, declare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia.

El 11 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego mediante oficio número D.G.P.L 62-II-3-605, la proposición antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora y derivado de los antecedentes aquí expuestos, llagamos a las siguientes

Consideraciones

Que Sinaloa es una de las entidades del país con mayor importancia en la producción de alimentos agropecuarios en nuestro país. El estado cuenta con una superficie de 5 millones 675 mil 30 hectáreas considerando áreas comerciales, marginales y urbanas. Dentro de la producción de frutales se cuenta con una superficie de 31 mil 616 hectáreas en los que se destaca los cultivos del mango con una superficie de 28 mil 404 hectáreas y una producción de 327 mil 362 toneladas, de naranja con una superficie de mil 3 hectáreas y una producción de 7 mil 553 toneladas, de ciruela con una superficie de mil 194 hectáreas y una producción de mil 654 toneladas de toronja 275 hectáreas y una producción de 3 mil 617 toneladas, de mandarina con una superficie de 130 toneladas y una producción de mil 731 toneladas, de guayaba 8 hectáreas con una producción de 21 toneladas en todo el estado. El volumen de producción de estos frutales es de 347 mil 803 toneladas, beneficiando a más de 3 mil 400 productores.

Las heladas y sequias registradas en años anteriores han impactado a la producción y a la economía del norte del país, actualmente los productores han vuelto a sembrar la superficie afectada enfrentando los estragos del clima. Aunado lo anterior los productores sinaloenses se enfrentan a otra problemática. Durante los meses de enero y febrero en la zona centro del estado que abarcan los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Elota. Se ha presentado 36 brotes y 62 detecciones de la plaga Anastrepha o conocida como “mosca de la fruta” en áreas comerciales y en áreas marginales de la zona.

Los productores del norte de Sinaloa han solicitado a la Sagarpa realizar acciones necesarias para evitar que la zona de producción correspondiente pudiera infectarse por esta plaga. Han solicitado que toda la fruta que se moviliza del centro del estado con destino a otras áreas libres del norte del país reciban fumigación, evitando así la expansión de la plaga.

El sector frutícola del norte de Sinaloa han ampliado la superficie de los cultivos, de no degradarse la categoría fitosanitaria de la zona centro y comenzar la erradicación de los brotes y detecciones de la plaga, la rama productiva de Sinaloa y estados vecinos podrá verse afectada por el incremento territorial de la plaga, situación que afectará económicamente aunado a los problemas que la sequía y las heladas han ocasionado.

El artículo 35 de la Ley de Sanidad Vegetal ordena a la Sagarpa que mediante normas oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal determine los requisitos y medidas fitosanitarias para movilizar a zonas libres, bajo protección o baja prevalencia, vegetales, sus productos o subproductos en cuarentena, así como los vehículos de transporte, maquinaria, materiales o equipo que hayan estado en contacto con ellos. El ordenamiento establece que cuando se compruebe que la movilización de las mercancías enunciadas en el párrafo anterior implica un riesgo fitosanitario, la Secretaría revocará los certificados que se hayan expedido y aplicará las medidas fitosanitarias necesarias.

Es necesario que se declare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia y ante la problemática hacer efectivo lo dispuesto en la norma NOM-023-FITO-1995 y respaldar los esfuerzos que el gobierno del estado y la Sagarpa viene realizando ante la problemática.

Ante la situación planteada esta comisión determina que es necesario tomar medidas, fortaleciendo los mecanismos apropiados, que posibiliten minimizar el riesgo que representa la mosca de la fruta, principalmente en las regiones libres del norte del país, ya golpeado con los estragos del clima. Es prioritario el proteger la producción de frutas y hortalizas para facilitar su trasportación y exportación a otras regiones del mundo. y resguardar el potencial productivo de frutas tropicales y subtropicales producidas en Sinaloa.

En razón a lo expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, declarare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta detectada en dicho territorio.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Sagarpa, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, la cuota y tarifa energéticas de estímulo de la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos de la Ley de Energía para el Campo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la de Energía, emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo, propuesta por el diputado Kamel Athie Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el pasado 28 de febrero del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 28 de febrero de 2013, el diputado Kamel Athie Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Energía, emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

El 28 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-535 y número de expediente 1401 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición antes mencionada.

Consideraciones

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XX, señala que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Que los productores agrícolas requieren de la implementación de una política pública diferenciada, en apoyo a la productividad, es claro para el Ejecutivo Federal, los fenómenos meteorológicos son una constante en el territorio nacional y que son en detrimento de los productores agropecuarios.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece en su artículo 56 apoyar a los productores a mejorar la calidad de la producción para su comercialización y en el mismo sentido, en el título tercero, del fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable, en su capítulo primero, del fomento a las actividades económicas del desarrollo rural, señala el artículo 32 que el Ejecutivo Federal, con participación de los diferentes ordenes de gobierno impulsar las acciones necesarias para incrementar la productividad y la competitividad, con la finalidad de incrementar el ingreso de los productores y fomentar el empleo en el medio rural; por ello establece que es necesario realizar inversión en infraestructura y servicios como es el caso de la electrificación, para fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, acopio y comercialización.

Es necesario señalar que la Ley de Energía para el Campo en el capitulo segundo, señala que las cuotas energéticas, serán establecidas por el Poder Ejecutivo federal, en los términos que se indican en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

El artículo 5 en su segundo y cuarto párrafos de la señalada ley mandata que:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país.

En este sentido, tenemos que obedeciendo al marco legal vigente del sector, el 7 de enero del 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publica el acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica al sector agrícola para uso de riego de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a esta Secretaría, con la participación de las de Economía, y de Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración, por lo que se establece la tarifa 9-CU.

Que para apoyar a los productores agrícolas, es necesario establecer un beneficio adicional a través de las tarifas para servicio de bombeo para riego agrícola en baja y media tensión.

Que el beneficio de estas tarifas debe aplicar solamente a aquellos usuarios que hayan acreditado que la energía eléctrica es utilizada para el bombeo de agua para riego agrícola hasta por el volumen de agua concesionada por la Comisión Nacional del Agua;

En el artículo segundo del comentado acuerdo, se establece la tarifa 9-CU, que aplicará a los servicios en baja o media tensión que destinen la energía eléctrica para el bombeo de agua hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas. Asimismo, se aplicará al alumbrado del local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

Es necesario crear una tarifa preferencial a los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para conservar en cuartos fríos o de refrigeración su producción agrícola antes de su comercialización o de su transformación con la finalidad de impulsar las acciones necesarias para incrementar la productividad y la competitividad y contribuir para mejorar el ingreso de los productores y fomentar el empleo en el medio rural.

Coincidimos con el promovente al señalar que debe de cobrarse a los productores con frigoríficos la tarifa de estímulo que establece la Ley de Energía para el campo, es decir, la tarifa 9CU, que este año es de 50 centavos kilowat-hora consumida y no la industrial de 1.50 por kilowat-hora, para lo cual es suficiente con que se emita esta disposición acatando el mandato expreso del artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo.

Consientes del esfuerzo que todos los mexicanos debemos hacer para modernizar el campo, los productores que representan la mayor producción manzanera del país, han propuesto a través de sus representantes en el sistema Producto Manzana, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, emita la cuota y tarifa de estímulo para la operación de frigoríficos de los productores, dentro del rango de las tarifas de estímulo agrícola, a la que podría denominarse tarifa para conservación y empaque.

En este sentido consideramos pertinente que la Sagarpa analizará la posibilidad de emitir la siguiente tarifa en razón de lo que establece el artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo:

Tarifa 9CE 2013.Tarifa para la conservación y empaque sin transformación del producto agrícola con cargo único.

Aplicación. Esta tarifa de estímulo se aplicara para la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos de refrigeración y empaque de la producción agrícola, propiedad de los productores, antes de la primera enajenación y sin llegar a la transformación del producto.

Cuotas aplicables. Durante todo este año, se aplicara uno punto cinco veces el cargo por cuota aplicable a la tarifa 9CU.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la de Energía, emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad, en este caso del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público políticas de movilidad sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

La Comisión de Cambio Climático de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, fracción VI, inciso F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 157, fracción I y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 11 de abril de 2013, se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, suscrita por los Diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

Contenido del punto de acuerdo

Los diputados promoventes manifiestan la relevancia de aprovechar la oportunidad que significa el proceso de consulta, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) convocado por el Ejecutivo Federal, para proponer la integración de políticas públicas de movilidad sustentable, cuyo propósito sea la promoción de la inversión en infraestructura y con ello desarrollar sistemas integrales de movilidad sustentable no motorizada, que favorezcan la intermobilidad y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

De igual manera hacen mención a que la infraestructura, contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene México para la reducción de emisiones de carbono, además constituye un área de oportunidad para las Acciones de Mitigación Apropiadas para cada País (NAMA, por sus siglas en inglés), que permiten la canalización de recursos financieros y tecnológicos disponibles a través de la cooperación internacional.

Los diputados promoventes, refieren que el Pacto por México es la muestra de compromiso y la responsabilidad de los grupos políticos más importantes del país en beneficio de México, entre sus más importantes puntos, se establece en su objetivo 2.4 Desarrollo Sustentable:

Que el cambio climático es un reto global que se debe de enfrentar con responsabilidad y realismo, y que es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que ayude a modificar nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.

Es de esta manera, que la presente proporción con punto de acuerdo, respalda lo establecido en el Pacto por México en materia de cambio climático.

Así mismo, se hace referencia a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 34, fracción II incisos a) y b):

a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Cambio Climático, coincide con los promoventes, en cuanto a que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, y al Pacto por México, el PND, es el mecanismo idóneo para incorporar estrategias y mecanismo cuando se plantea el desarrollo de una infraestructura de movilidad urbana alternativa y complementaria, específicamente con el diseño de ciclovías urbanas, intraurbanas y rurales.

De esta manera, cabe mencionar como un ejemplo exitoso de movilidad sustentable, el que existe en Europa con la Iniciativa CIVITAS1 (“City-Vitality-Sustainability”) donde, en su primera fase a partir de 2002, los gobiernos de la zona euro se comprometen a diseñar y aplicar una serie de iniciativas para acelerara la movilidad sustentable. Existen ocho estrategias que, dependiendo de las necesidades locales, serán empleadas por los gobiernos locales. Destaca la estrategia para el estilo de vida independiente del automóvil (Car-Independent Lifestyle), que plantea el desarrollo de la infraestructura necesaria para que los ciudadanos se trasladen a sus lugares de trabajo y a sus domicilios.

El desarrollo de sistemas integrales de movilidad sustentable no motorizada favorecerá la intermodalidad y reducirá la emisión de gases de efecto invernadero. En el tema de Cambio Climático, según datos de la Secretaria de Energía, a nivel nacional en 2009, el sector transporte reportó un consumo del 48.7 por ciento de la energía final consumida y genero una emisión de 38.4 por ciento de las emisiones de GEI.

Mundialmente hablando, los transportes generan aproximadamente el 22 por ciento de las emisiones globales de CO2 uno de los principales GEI y se estima un crecimiento anual de 2.1 por ciento a nivel mundial. Según estimaciones, diariamente, y solo en la Ciudad de México, casi 500 autos se incorporan al parque vehicular. En promedio, cada automóvil genera el 18 por ciento de las emisiones de GEI, esta cifra puede variar dependiendo del mantenimiento, modelo y frecuencia de usos de cada automóvil.2

Con el uso de la bicicleta, se favorece la salud de los pobladores y previenen enfermedades como daños cardiovasculares, las asociadas al metabolismo de grasas y modera los niveles de glucosa además de presentar benéficos para todos los habitantes de las zonas urbanas.

Datos del Informe Anual sobre Calidad del Aire en la Ciudad de México3 señalan que en 2011, hubo de 146 días con una calidad de aire catalogada como Mala en el Distrito Federal y 8 días como muy mala. El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA)4 es una escala para conocer la calidad del aire en la Ciudad de México. De acuerdo con este índice, de 0 a 50 puntos IMECA, la calidad del aire es beuna, de 51 a 100 es regular, de 101 a 150 es mala, de 151 a 200 es muy mala y mayor a 200 puntos IMECA la calidad del aire es catalogada como extremadamente mala.

Es por lo anteriormente expuesto, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que por conducto de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, las cuales deberán promover la inversión en sistemas integrales que incorporen infraestructura para la movilidad sustentable no motorizada y estacionamientos en zonas urbanas, conurbadas, intraurbanas y rurales para favorecer la intermodalidad, para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Notas

1 http://www.civitas.eu/index.php?id=4

2 http://www.jornada.unam.mx/2012/05/03/capital/040n1cap

3 http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/informes/informe2011/

4 http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/index.php?opcion=2&opc ioninfoproductos=22

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Cambio Climático

Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretaria; Verónica Carreón Cervantes, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente informa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Indica que hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1o. se determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considera que los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, la cual observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

Por ello, el Estado, al suscribir y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial. Para tal efecto, el Estado mexicano se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales apropiadas para proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia.

Así también, indica que resulta incomprensible la ausencia de planteamientos y propuestas que contemplen a un importante grupo poblacional, como son las niñas, niños y adolescentes de México, que no se contemplan en los ejes rectores que están previstos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como parte fundamental del Pacto por México.

Añade que de ahí la importancia de promover modificaciones legislativas en pro de su protección integral y establecer políticas públicas para su pleno cumplimiento, en armonía con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado. Disposiciones legislativas y políticas públicas que van a servir de marco para el análisis de la situación de las niñas y niños en relación con los hechos de violencia que los afectan y que vulneran sus derechos.

Finalmente señala que, la importancia de brindar la mayor atención y garantía de derechos a las niñas, niños y adolescentes, estriba en que estamos convencidas y convencidos de que si lo anterior lo implementamos desde sus primeros años de su formación, lograremos construir generaciones nuevas, sensibles al cambio y a la construcción de una nueva cultura de la paz, desarrollada y consciente de su derecho a una vida libre sin violencia y a la no discriminación.

En consecuencia, somete a consideración del pleno el siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

Consideraciones

Primera . El artículo 1o. constitucional determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1º establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Segunda . Como señala la proponente los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el estado mexicano contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: La Convención de los Derechos del Niño, que observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

En dicha convención se establece en el artículo 3 lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Tercera. De acuerdo con nuestro marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente los artículos 4, 7 y 14, que a la letra dicen:

Artículo 4.

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.

Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El gobierno federal promoverá la adopción de un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 14.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Cuarta . Es bien sabido que el 24 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La Ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la máxima autoridad para la coordinación y definición de la política de prevención social de las violencias y la delincuencia.

La misma ley establece que las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de las violencias y la delincuencia en sus planes y programas.

Para ello, el gobierno federal creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

El programa nacional atenderá con urgencia las 57 demarcaciones del país (48 municipios, dos delegaciones del DF y 7 zonas metropolitanas) que requieren mayor apoyo en el corto plazo a través de una visión de acupuntura urbana y focalización; adicionalmente, se implementarán acciones preventivas en 251 municipios; y se señalan estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazos, todo ello apoyado con la participación decidida de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales.

El Programa considera las siguientes prioridades:

• Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.

• Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género.

• Prioridades por ciudades, zonas y regiones : ciudades con alta y mediana conflictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.

• Prioridades de la participación ciudadana : Integrar a la ciudadanía en los procesos de adopción e implantación de decisiones.

• Prioridades por factor de riesgo : medir, detectar y prevenir factores precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria.

Quinta. No obstante, del análisis del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, existe incomprensiblemente una ausencia de planteamientos y propuestas que deben considerar a un importante grupo poblacional, como son las niñas, niños y adolescentes de México.

Por ello, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez estamos convencidos de que la niñez mexicana, como grupo fundamental de la sociedad, debe recibir la protección, el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar por parte de las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, a fin de poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.

Reconociendo que las niñas y los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, para lo cual el Estado mexicano debe obligarse desde el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes a garantizar desde su nacimiento el desarrollo armónico e integral.

Sexta. Como se ha señalado, la formulación del artículo tercero de la Convención proyecta el interés superior del niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial, lo cual significa que la satisfacción de los derechos de la niñas y de los niños no pueden quedar limitada ni aislada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés colectivo.

Cuando la convención señala que el interés superior del niño será una consideración primordial para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que el interés del niño, no es asimilable al interés colectivo; por el contrario, reconoce que los derechos de los niños pueden entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, y que los derechos de los niños deben ponderarse de un modo prioritario por el Estado.

Por tanto, es importante que las niñas y los niños sean incorporados dentro de los ejes rectores del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de que estén plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados desde sus primeros años de su formación en el espíritu de los ideales proclamados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y de las leyes y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad y conscientes de su derecho a una vida libre sin violencia y a la no discriminación.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que en el marco del respeto de los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda, que la Secretaría de Gobernación incorpore programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Finalmente, esta Comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta del exhorto de la iniciante, para que también en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

En razón de lo expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en particular en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López (rúbrica).

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del DF a vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de la custodia, el cuidado y la atención de la niñez; y a sus congresos, a legislar en la materia

Honorables Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el cual, se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente expone que, por hechos desafortunados como la muerte de uno o de ambos padres, abandono, imposibilidad de ser tutor, decisiones judiciales, como son los casos de divorcio, maltrato o abuso de cualquier tipo, entre otros, los infantes tienen que ser institucionalizados, ello supone que reciban una atención especial durante su instancia en estos lugares de guarda llamados “albergues”, quienes son los encargados de brindarles las comodidades, el cuidado y la protección necesaria.

Indica que, en nuestro país lamentablemente existe un número no determinado de niñas y niños que viven en albergues o casas hogar, lo cual los deja en un claro riesgo. Con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país es la segunda nación de América Latina con el mayor número de niños huérfanos con 1.6 millones de casos después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en el año 2010 se tenían censados cerca de 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que habitan en casas hogar, orfanatos y casas cuna en todo el país.

Asimismo, la carencia de controles y los riesgos para la población infantil institucionalizada se hicieron patentes cuando se dio la desaparición de una niña en una casa hogar llamada “Casitas del Sur” en el Distrito Federal en el 2009, quedando al descubierto todas las irregularidades que existían. Lamentablemente las niñas y niños que por diversas razones como se han explicado viven sin el cuidado de sus padres, en estas instituciones se encuentran más expuestos a la pobreza, marginación, discriminación, exclusión, factores que los hacen doblemente vulnerables al abuso, explotación y al abandono.

Señala además que, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF y sus aliados mundiales definen a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2005 había más de 132 millones de huérfanos en África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe. Esa cifra comprendía no sólo a los niños y niñas que habían perdido ambos progenitores sino también a los que habían perdido el padre pero no la madre, o que eran huérfanos de madre pero tenían padre.”

De acuerdo a investigación realizada por la legisladora, señala que derivado del estudio de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) 2010, “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina. Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria” apunta que en México había 29 mil 310 niñas y niños en 703 instituciones. Este mismo estudio, enfatiza la falta de registros y de información sólida al respecto. De acuerdo a sus datos “México ha reportado un total de 412 mil 456 niños privados de cuidado parental (1.09 por ciento de la población infantil)”, señalando que este número puede ser aun mayor, dado que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho desde hace años observaciones al Estado mexicano sobre la falta de estadísticas respecto de la cantidad de niños que se encuentran en esta situación.”

Menciona que en dicho documento antes citado, “el 72 por ciento de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales que establecen acuerdos de cooperación con las unidades encargadas de la niñez nacionales y municipales. De este total, el 58 por ciento son niñas y el 42 por ciento niños. Respecto de las edades, el 23 por ciento tienen entre 0 y 6 años y el 77 por ciento entre 7 y 17 años. Sólo el 1.1 por ciento de los niños institucionalizados tienen algún tipo de discapacidad”. Sin embargo a falta de políticas públicas reales, miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran institucionalizados indefinidamente, lo cual ocasiona que se atente contra sus derechos, al no proporcionarles procedimientos ni garantías constitucionales.

Por tanto, concluye que en diversos albergues carecen de personal capacitado y de la infraestructura adecuada para alojar a los menores de edad, es decir, no cuentan con lo más indispensable, sin una correcta coordinación, atención, supervisión, pero sobre todo vigilancia. De manera general, destaca la falta de servicios básicos como higiene, instalaciones acordes para albergar a la niñez con discapacidad o con otros requerimientos, salidas de emergencia, personal suficiente o especializado en cada una de las áreas.

Y que, aunado a lo anterior, existe otro grave problema, la carencia de un registro y certificación por parte de las instancias responsables de vigilar a los centros públicos y privados encargados del cuidado y atención de los menores de edad, lo cual los deja en total desprotección.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa de las mismas.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4º párrafos 8, 9 y 10 que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

...

Segundo. Derivado de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, se debe cumplir cabalmente los principios fundamentales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como lo es preservar y exigir cada uno de sus derechos, entre ellos su total protección.

Entre estos instrumentos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte, entrando en vigor para el Estado mexicano el día 21 de octubre de 1990.

La Convención en su artículo 2o. obliga a los Estados parte a respetar y hacer respetar los derechos contenidos en este texto, estipulando en su artículo 4o. que los gobiernos deberán adoptar toda clase de medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para dar efectividad en los derechos reconocidos en esta Convención.

De igual manera, señala la importancia de tomar todas las medidas a favor de la niñez, en su artículo 19, que a la letra dice:

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Y además es categórico al señalar lo siguiente:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Tercero. De igual manera, tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que establece en su artículo 11, párrafo primero, inciso b) que:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

...

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

La norma oficial mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia Social. Prestación de Servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Determina los mínimos que deben de satisfacer los prestadores de dichos servicios como lo son la regularización y el registro e información pertinentes de sus servicios, así como contar con personal capacitado con atención médica, entre otros más.

Cuarto. Actualmente nuestro país no cuenta con un registro público y una certificación más de las mismas. Por tanto, de igual manera la Asamblea General de las Naciones Unidas ha emitido en diversos documentos como lo es la Resolución del día 24 de febrero de 2010, las directrices mínimas que deben contener los establecimientos que por diversas disposiciones cuidan a los menores de edad, como lo son:

a) Apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente incluidas la adopción y la kafala del derecho islámico;

b) Velar por que, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo;

c) Ayudar y alentar a los gobiernos a asumir más plenamente sus responsabilidades y obligaciones a este respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada Estado; y

d) Orientar las políticas, decisiones y actividades de todas las entidades que se ocupan de la protección social y el bienestar del niño, tanto en el sector público como en el privado, incluida la sociedad civil.

II. Principios y orientaciones generales

A. El niño y la familia

5. Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada.

6. Todas las decisiones, iniciativas y soluciones comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices deberían adoptarse caso por caso a fin de garantizar principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar fundamentadas en el interés superior y los derechos del niño de que se trate, de conformidad con el principio de no discriminación y considerando debidamente la perspectiva de género.

En el mismo sentido el Comité de los Derechos de los Niños en el 2006, realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano por la ausencia de mecanismos de supervisión y funcionamiento de niños que se encuentran privados del cuidado parental. “Al comité le preocupa la falta de información (el número, las condiciones de vida y otros factores) sobre los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones.”

Quinto. Esta comisión considera que efectivamente no existen datos precisos sobre las instituciones públicas y privadas y es de considerar pertinente que estos establecimientos vigilen en todo momento el interés superior de la niñez.

La supervisión de la niñez institucionalizada debe ser en todo momento una prioridad, así como el registro de los mismos. Como Estado Mexicano, se tiene la obligación de propiciar las acciones que garanticen cada uno de sus derechos. Es así que consideramos las y los integrantes prioritario que de manera permanente se vigile el correcto funcionamiento de estos establecimientos.

Por tanto, la Comisión de Derechos de la Niñez apoya la preocupación de la diputada promovente, y por lo tanto exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del distrito federal, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los congresos locales y a la asamblea legislativa del distrito federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

En razón de lo expuesto, la comisión somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un Registro Público y una certificación más rigurosa de las mismas.

Palacio legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones presentada por la diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, la Diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponte señala que hace un par de días el Senado de la República aprobó la solicitud de retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno mexicano, al momento de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000. 1

Advierte que con esta medida, el Estado mexicano cumple con la recomendación realizada por el Comité de los Derechos del Niño de enero de 2011, tras la revisión del informe presentado por México en el año 2010, confirmando así su asunción de responsabilidad para proteger también a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento o utilización en hostilidades por parte de grupos armados no gubernamentales y dando vigencia a las disposiciones del protocolo en el país.

Asimismo, concibe esta decisión como un paso fundamental para el cumplimiento pleno de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, que tiene por objeto lograr el reconocimiento de la evolución de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 2

En este tenor, la proponente considera oportuno que el Estado mexicano proceda también con la firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece un procedimiento de comunicaciones que permitirá al Comité de los Derechos del Niño de recibir y examinar quejas individuales por vulneraciones de los derechos consagrados en la Convención una vez que se hayan agotado todos los recursos internos, así como realizar visitas a fin de investigar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos del niño, mismo que fue abierto a firma el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza gracias a la iniciativa de la Misión Permanente de Eslovaquia. 3

Además, puntualiza que el protocolo señala que las denuncias de los niños serán tratadas a través de un proceso que estará adaptado a su situación (la sensibilidad del niño). También reafirma que los niños son titulares de derechos y que deben ser tratados con dignidad y reconocidos como seres humanos con capacidades en evolución y con la habilidad para expresarse.

Detalla que si un país ratifica el protocolo, se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los niños que estén bajo su jurisdicción, no sean objeto de ninguna violación de derechos humanos, malos tratos o intimidación como consecuencia de las comunicaciones enviadas al Comité sobre los Derechos del Niño.

Hace hincapié que los 20 países que firmaron el Protocolo durante la ceremonia fueron: Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas.

Concluye manifestando que si el Estado mexicano da este paso, no sólo estaríamos resguardando los derechos de los infantes sino también ratificaríamos lo dispuesto en las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989 y suscrito por nuestro país en 1990; en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, así como los lineamientos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés superior de la infancia.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

Es decir, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo de referencia establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Ley Suprema y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Por lo anterior, en función de la interpretación de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente establecer la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. “Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión... “parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben de emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como lo es el congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que solo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destaca: supremacía del derecho federal frenarte al local y misma jerarquía de los dos en sus variantes lisa y llana, con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que se calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se aplica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de las entidades federativas y, por medio de su gratificación, obliga a sus autoridades . otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa que en esta materia no existe limitación competenciada entre la federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido de tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el Presidente de la República y el Senado puedan obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior. La interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la gaceta del semanario judicial de la federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.4

Por otro lado, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Infancia, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en este artículo se constituye el interés superior de la infancia, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el máximo tribunal de la nación asevera:

Registro número 17200

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265. Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.

Interés Superior del Niño

Su concepto

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión interés superior del niño ...implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.5

Segunda. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del Interés Superior de la Infancia, entre los que se encuentra; la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, misma que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, como la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

Dicha Convención establece en su artículo 3, lo siguiente:

Tercera. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ordenamiento jurídico que recopila las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Niñez), en el artículo tercero establece como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Cuarta. Delimitando el objeto de estudio del presente dictamen, el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Proyecto de Protocolo a la Convención sobre los Derechos del Niño orientado a establecer un mecanismo de comunicaciones, de forma tal que los derechos garantizados en ese instrumento y sus dos Protocolos Facultativos ahora tienen un mecanismo de defensa internacional ante el Comité de los Derechos del Niño, equiparando un sistema internacional de protección de derechos humanos igual al que gozan los adultos. Por ello esta Comisión Dictaminadora coincide con la Proponente en el sentido de que es menester signar y ratificar el documento internacional de referencia en atención al Interés Superior de la Infancia.

Quinta. Por los argumentos vertidos la Comisión de Derechos de la Niñez considera viable aprobar el exhorto de la proponente, ya que todo acto que incluya acciones que garanticen mayor protección y beneficio para las niñas, niños y adolescentes del país es menester para fortalecer las políticas públicas de la infancia como acertadamente cita Mónica González Contró: “la trascendencia de este principio se vincula con el principio de dignidad, que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna”.

En razón de lo expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Notas

1 http://www.senado.gob.mx/

2 http://www.dof.gob.mx/

3 http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3793

4 Novena Época; Pleno; SJF, y su gaceta, noviembre de 1999; página46.

5 Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual contra niños y adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes, asimismo a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en la materia, contra los menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Antecedentes

Primero. Con fecha 16 de abril de 2013, la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes, asimismo a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en la materia, contra los menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Contenido de la proposición

Dos de los delitos más denigrantes y atroces lo son la violación y el abuso sexual, las consecuencias presentes y futuras para las personas que lamentablemente lo viven, son difíciles de sobrellevar e irreparable el hecho. La mayoría de estas agresiones de acuerdo a investigaciones especializadas, se cometen principalmente hacia las niñas, y son perpetradas mayoritariamente por un familiar cercano, padre, padrastro, tíos, primos o vecinos.

En 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el 20 por ciento de las mujeres y del 5 por ciento al 10 por ciento de los hombres a nivel mundial, manifestaron haber padecido abuso sexual.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, México ocupa el sexto lugar mundial en cuanto al número de violaciones; sin embargo, ninguna institución oficial cuenta con estadísticas sólidas acerca del número de estos delitos y la mayoría de los estudios que a ello hacen referencia, funden las cifras de violaciones con las de abuso sexual o con otros delitos.

De acuerdo con el informe “Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009”, en nuestro país se cometieron 27 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres en 2009, estadísticas que han ido en aumento.

Así, Estados como Chihuahua, Baja California y el Estado de México, tienen un alto índice de asesinatos de mujeres, también presentan una alta tasa de violaciones. En Quintana Roo, Tabasco, Morelos y Baja California Sur, que no presentan tasas tan altas de homicidio, se registraron más de 40 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres.

Se menciona que de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación por año.

Las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que alrededor del 99 por ciento de los sentenciados por este delito son hombres, lo que permite determinar que la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque el dato exacto también es desconocido, de acuerdo al estudio.

Durante 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 11 mil 512 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y de esa cifra 318 tenían 10 años. Estos datos de por si son preocupantes, grave lo es si consideramos que muchos de ellos, probablemente son producto de violaciones.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Consideraciones

Primero. De acuerdo a nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., párrafo 8, señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

Por tal motivo, es deber del Estado mexicano proteger en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, señalando que además dicho ordenamiento mandata en el misma párrafo, que “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.

Es así que gobierno y sociedad somos responsables del respeto y garantía de cada uno de ellos, previendo en todo momento su dignidad.

Segundo . La Convención de los Derechos de los Niños, del la cual nuestro país es parte, señala en su artículo 19, que

Asimismo, en su artículo 34, es categórico, al contemplar, que los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación, incluyendo el abuso sexual y que deben de acuerdo al artículo 39, adoptar medidas para promover la recuperación física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima.

De igual manera, el Comité de los Derechos de los Niños, en sus recomendaciones señala su preocupación por el elevado número de casos de denuncias de violencia en el hogar y abusos de niños, así como la falta de medidas adoptadas para combatir estas prácticas graves, preocupándole además, que no existan medidas preventivas, ni de apoyo psicológico y social para las víctimas.

Tercero . Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, describe en su artículo 11: Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

EL Código Penal Federal, artículo 265, señala que “comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

...

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.”

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.”

Sin embargo, en los Códigos Locales son muy dispares las penalidades, por ejemplo tenemos que en el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 127, párrafo segundo, señala que por estos hechos como lo es la violación, se le impondrá de 30 a 50 años cárcel o prisión vitalicia y de dos mil a tres mil días multa y para el abuso sexual se le impondrá prisión de cuatro a ocho años y cuando se emplee violencia o cuando el abuso lo cometiere una persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad o afinidad la pena se aumentara hasta una mitad más.

Así pues, tenemos que el Código Penal del Estado de México, la violación se castiga con 5 a 15 años de prisión y con 200 a 2000 días multa. Para el Código Penal del Distrito Federal, tenemos que la violación se castiga con 8 a 20 años de prisión, y en el caso de abuso sexual se le impondrán de 2 a 7 años de presión, en el Estado de Chihuahua la pena para violación es de 4 a 12 años y por abuso sexual es de 6 meses a 6 años.

Cuarto. De acuerdo con Informe Nacional sobre Violencia y Salud 2006, en donde habla de las consecuencias al vivir un evento como lo es la violación o el abuso sexual, indica que existe un número significativo de efectos que alteran el funcionamiento del menor a corto plazo. El efecto más comúnmente experimentado es el síndrome de estrés postraumático. Los síntomas de este síndrome caen en tres conjuntos: a) revivir el evento traumático; b) negación del mismo o de hechos asociados a él, y c) hiperactividad psicológica. Si el abuso no es efectivamente enfrentado, el desorden provocado por dicho síndrome puede devenir en un problema crónico, comprometiendo severamente el bienestar del niño (Domínguez, Nelke, Perry 2002).

Los estudios sugieren que las consecuencias psicológicas negativas del abuso persisten en el tiempo y permanecen en la edad adulta. Las mujeres que sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidad de suicidio que las que no lo sufrieron. Asimismo, las personas que padecieron estos abusos tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres veces más de consumir sustancias, en comparación con quienes no los experimentaron (Domínguez, Nelke, Perry 2002).

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte temático, núm. 1. Violencia y maltrato a menores en México, 2005, informa: Las estadísticas indican que el 75 por ciento de las agresiones sexuales afectan a niñas de entre 10 y 16 años de edad. La psicóloga Rosa María Martin Barba considera que las niñas – respecto de los niños— son las primeras que abandonan la escuela obligadas tanto por sus deberes domésticos como por cuidar a sus hermanos menores. En las zonas rurales es mayor el número de casos en los cuales las menores son enviadas a trabajar como empleadas domesticas o nanas, incluso son “prestadas” a familiares o personas ajenas a la familia para este tipo de tareas.

Quinto . Esta Comisión Derechos de la Niñez comparte la preocupación y exhorto de la proponente, toda vez que como legisladores tenemos la responsabilidad de vigilar en todo momento el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Aumentar la penalización y perseguir de oficio los delitos cometidos contra la niñez, es un deber de los Congresos locales.

Una violación no sólo ocasiona daños que acompañan a la víctima el resto de su vida; sabemos que las estadísticas que se tienen no corresponden a la realidad, ya que es un delito que muchas veces no se denuncia y que causa graves daños en la salud física y emocional por no ser tratados y atendidos por especialistas.

Por tanto, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión consideramos que la propuesta atiende a una preocupación de todas y todos, y que debemos trabajar de manera conjunta con los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia.

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013 , las diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Adriana Hernández Íñiguez, Flor Ayala Robles Linares, Maricela Velázquez Sánchez y Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Las diputadas proponentes señalan que en el mes de julio de 2010 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños en contra de la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote, buscando combatir la terrible cifra de que uno de cada cinco sea víctima de abuso o explotación sexual al menos una vez en su vida. Esto incluye también varias formas de agresión sexual, como la pornografía infantil y la prostitución.

Indican que uno de los objetivos centrales de este convenio es prevenir la explotación y abuso sexual infantil, tomando en consideración la protección especial que deben de tener las niñas y niños para no sufrir de este tipo de flagelos, buscando evitar cualquier tipo de violación que atente en contra de los derechos inherentes.

Así también, indican que el convenio propone el establecimiento de medidas de protección y asistencia a las víctimas, principalmente de índole legislativa, buscando subsanar y revertir el daño ocasionado que pudiera tener graves consecuencias a futuro, sobre todo en la esfera anímica y emocional, tomando en consideración las necesidades especiales que requiere la infancia.

Consideran que el convenio establece trabajar de manera conjunta, determinante y efectiva promoviendo la cooperación internacional, tomando en consideración la importancia que tiene la educación, concientización y sensibilización de la sociedad y los órganos de gobierno con respecto a la seriedad y gravedad del tema, que no puede dejar de preocuparnos pero sobre todo ocuparnos, dada la afección irreversible que pueden sufrir las niñas, los niños y los adolescentes.

Añaden que el Convenio de Lanzarote marca 5 ejes rectores que en el ámbito legislativo se traducen en lo siguiente:

a) Abuso sexual: El convenio se torna un instrumento que ayudará al legislador a proponer la homologación y armonización de las distintas legislaciones estatales con respecto al tema del abuso sexual, esto es, que el delito se encuentre tipificado de la misma manera en todos los estados y por ende que las penas sean las mismas en cualquier parte del territorio nacional. Asimismo, postula la necesidad de fomentar desde el ámbito legislativo medidas para prevenir este delito.

b) Prostitución infantil: Al igual que en el caso del abuso sexual infantil, el convenio permitirá al legislador armonizar y homologar la legislación nacional para combatir esta detestable práctica que erosiona los cimientos de la sociedad atentando contra la dignidad y los derechos de los niños víctimas de este delito, ayudando a fortalecer y complementar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y los artículos 205 y 105 Bis del Código Penal Federal.

c) Pornografía infantil: En este eje dicho instrumento permitirá al legislador promover la tipificación concreta de las conductas internacionales consideradas bajo este rubro, que de acuerdo al artículo 20 del convenio son la producción de pornografía infantil, la difusión o transmisión de la misma, su adquisición y el acceso a ella con conocimiento de causa y por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo lo establecido en el artículo 202 del Código Penal Federal relativo a la Pornografía Infantil.

d) Grooming (Acoso sexual por Internet): En el ámbito legislativo, el convenio servirá como marco para promover la tipificación y generar normas tendientes a garantizar que los niños y niñas no se encuentren expuestos a este tipo de delito, así como la posibilidad de generar iniciativas tendientes a llevar a cabo políticas públicas que no sólo se centren en combatir este tipo de delito, sino también generen conciencia en la sociedad y se fomente la educación con respecto al tema.

e) Atención a víctimas: El convenio, al otorgar un lugar privilegiado a la víctima, puede ser de gran ayuda para que la legislación nacional pueda incluir en su normatividad las distintas medidas y programas que se prevén en dicho instrumento, con la finalidad de poder revertir en la medida de lo posible las consecuencias negativas propiciadas al ser los niños y niñas, víctimas de cualquier tipo de explotación o abuso sexual.

Por otro lado, manifiestan que, la adhesión de México a este instrumento internacional es importante, toda vez que representa una herramienta parlamentaria dinámica, innovadora y completa que atraviesa de manera transversal las distintas aristas que conlleva la explotación y abuso sexual infantil, que van desde la adopción de medidas legislativas, pasando por la inclusión de los diversos miembros de la sociedad, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas de este delito, con lo cual se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales que son condición necesaria para la consolidación de un mejor futuro pero también fortalecería la reforma constitucional en el que pone a la par a los tratados internacionales con nuestra Carta Magna, obligando así a crear todos los mecanismo para hacer valer el principio del Interés Superior de la Niñez.

Por último señalan que frente a la estremecedora realidad de la explotación y el abuso sexuales, el Convenio de Lanzarote representa, sin duda, una plataforma valiosa para el desarrollo de las herramientas jurídicas destinadas a combatir las diversas formas bajo las cuales se presentan las amenazas a la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. La adhesión de México a este convenio sería un reflejo del compromiso de nuestro país para extender la protección del estado y de la sociedad a estos segmentos de la población, y sería un paso adelante en la lucha por erradicar la explotación y el abuso sexuales.

En consecuencia, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1o. establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Segunda. Como lo señala la proponente, los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: La Convención de los Derechos del Niño, que observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

La Convención en su artículo 2o. obliga a los estados parte a respetar y hacer respetar los derechos contenidos en este texto, estipulando en su artículo 4o. que los gobiernos deberán adoptar toda clase de medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para dar efectividad en los derechos reconocidos en esta convención.

El artículo 11, señala:

“1. Los estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.”

De igual manera, señala la importancia de tomar todas las medidas a favor de la niñez, en su artículo 19, que a la letra dice:

“1. Los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

“Artículo 4.

Artículo 7.

El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 14.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C. Se considere diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Cuarta. México vive hoy una situación de violencia generalizada. Las distintas formas violentas física, psicológica, privación o negligencia, sexual, se manifiestan en diferentes escenarios e involucran a distintos actores, como son las niñas y los niños, esto es, los hechos violentos pueden presentarse en distintos ámbitos de la vida privada o pública y en variadas condiciones de relación política, familiar, laboral o social.

Frente a este panorama de violencia se ven afectados los más vulnerables como son las niñas y los niños cuando son violentados sexualmente.

Como sabemos, la explotación y el abuso sexual se cuentan entre las peores formas de violencia contra las niñas y niños en el mundo. Las dimensiones del problema son muy preocupantes, especialmente desde que las nuevas tecnologías (Internet, en concreto) contribuyen a la difusión masiva de estos delitos.

En este sentido y dada la gran preocupación que estos hechos generan, como lo señalan las proponentes el Convenio de Lanzarote tiene como principal objetivo:

• Prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de niñas y niños, perseguir a los autores de los abusos y proteger los derechos y asistencia de las víctimas.

• Plantea medidas de prevención como programas de formación y concienciación, trabajo en las aulas con niños de educación primaria y secundaria, para que aprendan cómo protegerse.

• Ofrece servicios para proteger a las víctimas y a sus familias, tales como servicios de ayuda telefónica o vía Internet, asistencia psicológica, médica y legal.

• Establece procedimientos judiciales adaptados a los niños para proteger su seguridad, privacidad, identidad e imágenes.

• A la vez incluye como ejes rectores a efecto de que el legislativo persiga a los agresores, tipificando como delitos la prostitución infantil, la pornografía infantil y la corrupción de menores y el “grooming” (proposiciones a niños con fines sexuales), con especial atención al uso de Internet.

• Además, establece criterios comunes para asegurar que existe un sistema de penas proporcionado y disuasivo en todos los países; recoge información sobre los agresores condenados; elimina los vacíos legales, como permitir la extraterritorialidad en la persecución de los delitos, por la que un estado puede perseguir penalmente a sus ciudadanos por un delito cometido en el extranjero; y amplia o adapta el plazo de prescripción del delito.

De ahí que esta comisión dictaminadora está convencida que es necesario que el Estado mexicano se adhiera a este importante instrumento internacional, en virtud de que representaría un insumo legislativo en la protección de las niñas y niños de nuestro país, que atentan contra su integridad física y moral, así como se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales que son condición necesaria para la consolidación de un mejor futuro, pero también fortalecería la reforma constitucional en el que pone a la par a los tratados internacionales con nuestra Carta Magna, obligando así a crear todos los mecanismo para hacer valer el principio del Interés Superior de la Niñez.

Quinta. Es verdad que conforme a las reformas constitucionales relativa a los derechos humanos, publicadas el 10 de junio de 2011, las cuales entraron en vigor a partir del día siguiente de su publicación y a la luz de los tratados internacionales de los que México es parte, relacionados con los derechos humanos de la niñez aplicables a los asuntos de infancia, ahora, todas las autoridades del país de cualquier ámbito de gobierno tienen, en sus respectivas competencias, que observar el interés superior de la niñez.

Por lo tanto, es importante que el Estado mexicano se adhiera al Convenio de Lanzarote porque sería un reflejo del compromiso de nuestro país para extender la protección del estado y de la sociedad a estos segmentos de la población como son las niñas y los niños, y sería un paso adelante en la lucha por erradicar la explotación y el abuso sexuales contra las niñas y los niños.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para requerir a Pemex Refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan las obligaciones legales y aplique un programa de revisión de las estaciones de servicio para evitar inobservancia del marco normativo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, relativo a los abusos cometidos por los franquiciatarios de las estaciones de servicio de Pemex, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

2. Asimismo, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados con fecha 3 de marzo de 2013, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo que insta a Pemex Franquicias (Petróleos Mexicanos) a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2 del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

A fin de atender estos asuntos, el presidente de la Comisión de Energía instruyó a la Secretaría Técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de las proposiciones

Las proposiciones en dictamen tienen su origen en una problemática en común: el observar incumplimiento al Manual de Operación de la Franquicia Pemex en el apartado de Servicios al Cliente, por parte del franquiciatario en perjuicio del consumidor.

En consecuencia los promoventes tienen por objetivo central que este Órgano Legislativo exhorte a Petróleos Mexicanos para que haga cumplir al franquiciatario con las disposiciones relativas a servicios al cliente contenidas en el referido manual y en su caso, sancionar a aquéllos que incurran en su incumplimiento.

A continuación se expone el contenido de cada una de las proposiciones con punto de acuerdo.

1. La proposición que suscribe el diputado Ricardo Astudillo Suárez hace referencia a una situación frecuente en las estaciones de servicio, el pago por parte del usuario por la utilización de las instalaciones sanitarias.

Destaca el promovente, que los franquiciatarios al llevar a cabo el cobro descrito, incurren por lo menos en dos violaciones a disposiciones reglamentarias:

– Manual de operación del franquiciatario (sic), numeral 3.11.2 respecto de la obligación de contar con instalaciones sanitarias en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

– Contrato de Franquicia para Estación de Servicio el cual establece en su numeral 6.1, como obligación del franquiciatario acatar las disposiciones de los manuales de operaciones. En el apartado “Penas Convencionales”, se determina que si un franquiciatario no cumple con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable, Petróleos Mexicanos Refinación podrá suspender la operación de la respectiva estación de servicio hasta por 15 días naturales

A decir del promovente, Petróleos Mexicanos debe mostrar el cumplimiento cabal de la ley, y de toda disposición normativa para evitar abusos a los consumidores, de ser necesaria la rescisión del contrato con los franquiciatarios, para que sólo aquellos que estén dispuestos y cumplan con el convenio puedan seguir operando sus franquicias con los beneficios que ello implica.

En virtud de lo anterior, el diputado Ricardo Astudillo somete a consideración de esta Soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de Petróleos Mexicanos para que en uso de sus facultades de dirección requiera al responsable de Petróleos Mexicanos Refinación, a fin de imponer las penas convencionales correspondientes a los franquiciatarios que no presten de modo gratuito el servicio de sus instalaciones sanitarias y en general, el incumplimiento a cualquier de las obligaciones de la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos a diseñar y aplicar un programa permanente de revisión de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco jurídico aplicable.

2. De la misma manera la proposición que promueve la diputada Rosa Elia Romero Guzmán hace alusión a la situación en las estaciones de servicio, líneas arriba descrita.

Refiere que el servicio sanitario en la mayoría de las gasolineras no cumple con lo establecido en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, principalmente por el estado insalubre los sanitarios y porque su acceso generalmente está condicionado a un pago, lo cual constituye la violación al apartado 3.11.2 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex en el cual se establece entre otros aspectos que “el consumidor que visita la estación de servicio va con una idea en mente: recibir el mejor servicio, y una parte muy importante del servicio al cliente en la Franquicia Pemex es contar con servicios sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas... el uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes”.

En virtud de lo anterior la diputada Rosa Elia Romero Guzmán somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente acuerdo

Único. Instar a Pemex Franquicias a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2. del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país, el cual indica en el párrafo tercero que el uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo a clientes y acompañantes.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de las proposiciones con puntos de acuerdo que promueven los diputados Ricardo Astudillo Suárez y Rosa Elia Romero Guzmán, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Como ha quedado descrito en el apartado anterior, la intención de los promoventes es exhortar a Petróleos Mexicanos para hacer cumplir a los franquiciatarios de las estaciones de servicio las disposiciones relativas al servicio al cliente y, en su caso, hacer efectiva la sanción correspondiente.

Segunda. Respecto de las instalaciones sanitarias, el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, en el apartado 3.11.2. Sanitarios establece a la letra lo siguiente:

“El consumidor que visita la Estación de Servicio, va con una idea en la mente “Recibir el Mejor Servicio” y una parte muy importante del Servicio al Cliente en la Franquicia Pemex es contar con Servicios Sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas.

Es por esto, que los servicios sanitarios reflejarán el interés del Franquiciatario por el cliente con instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

El uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes”

Es decir, como lo solicitan los promoventes, las instalaciones sanitarias deben reunir diversas características y no estar condicionado su acceso a pago alguno.

Tercera. Por otra parte, en los apartados 1.20 y 1.21 del referido manual, se establecen los diversos tipos de sanción para penalizar al franquiciatario, dispuestos en penas convencionales o bien rescisión de contrato.

A continuación se inserta parte del contenido del apartado 1.20. Penas Convencionales:

En caso que el franquiciatario incumpla las obligaciones pactadas en los contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable, o que las mismas no sean cumplidas satisfactoriamente o en la manera convenida, y que no se encuentren previstas expresamente como causales de rescisión o de suspensión por medidas de seguridad, Pemex Refinación, podrá aplicar las penas convencionales siguientes:

a. Exhorto por escrito al franquiciatario, al cumplimiento cabal de las obligaciones contenidas en los Contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable

b. Suspensión del suministro de productos petrolíferos, hasta por 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la pena aplicada; y/o

c. Suspensión de la operación de la estación de servicio para la venta de los productos, hasta por 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la pena decretada; y/o

d. En caso de que el franquiciatario incurra nuevamente en el incumplimiento de las obligaciones, la suspensión total de la operación de la estación de servicio podrá ser hasta por 30 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la medida decretada.

La aplicación de las penas convencionales, se harán del conocimiento del franquiciatario mediante comunicación escrita que le dirija Pemex Refinación, notificada por los medios previstos en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex.

Refiere que Pemex Refinación aplicará las penas convencionales, tomando en cuenta las características del comportamiento comercial del franquiciatario al momento de incurrir en el incumplimiento, considerando para tal efecto, entre otros factores, ecología, y/o imagen, y/o servicio y/o a los intereses y/o patrimonio de Pemex Refinación.

Asimismo en el apartado 1.21. Causales de Rescisión se establecen los criterios que motivarán a Pemex Refinación a rescindir el contrato de manera temporal o definitiva.

A continuación se destacan algunas de las causales de rescisión:

1. Incumplimiento de aspectos de seguridad y riesgos en la estación de servicio que vulneren la integridad del personal, clientes y/o al público en general o sus bienes.

2. Cuando el franquiciatario incurra en actos con terceras personas, en cuanto al ejercicio de los derechos derivados del Contrato, sin consentimiento de Pemex-Refinación.

3. Cualquier hecho o actos que públicamente afecten o deterioren la imagen, valor, calidad, prestigio o reputación de la Franquicia Pemex o de las marcas sublicenciadas.

4. Cuando el franquiciatario comercialice, almacene, o tenga los productos de forma no prevista distinta a lo pactado.

5. En cuanto a los Productos petrolíferos.

– Incumplimiento en las características, propiedades y/o especificaciones técnicas señaladas en la normatividad.

– Adulterar, alterar, comercializar adulterados, alterados y/o contaminados

– Suministrar un volumen de producto inferior al adquirido por el cliente consumidor.

– Vender a un mismo cliente un volumen superior a los 400 litros o en toneles de autotanques

– No respetar los precios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

– Proporcionar información o documentación falsa o incorrecta a “Pemex Refinación.

– Impedir u obstaculizar la realización o el cumplimiento del objeto de las visitas comerciales

– No contar con el sistema de control volumétrico, determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

De lo anterior se desprende que entre las causales de rescisión de contrato destacan aquéllas relativas al incumplimiento de: la seguridad industrial y personal; los actos de comercialización; la supervisión de Pemex; el volumen y la calidad del producto.

Cuarta. Los diputados integrantes de esta Comisión de Energía consideran que las estaciones de servicio, como parte de la imagen de Petróleos Mexicanos, deben ofrecer no sólo productos de la calidad y cantidad solicitados, sino brindar un servicio al cliente adecuado en cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex.

En virtud de lo anterior, esta Comisión resuelve respaldar la propuesta de los promoventes y plantea una redacción que retoma la propuesta central de los diputados Ricardo Astudillo Suárez y Rosa Elia Romero Guzmán, y con el objeto de enriquecer la propuesta, se solicita verificar el cumplimiento del marco jurídico de la Franquicia Pemex contenido en el citado Manual y no únicamente lo que se refiere a los servicios al cliente.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que por conducto de Petróleos Mexicanos Refinación, se revise y se vigile el cumplimiento del Manual de Operación de la Franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país y, en su caso, sancionar a aquellos franquiciatarios que lo incumplan.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos Refinación a verificar el cumplimiento del Capítulo 3, Servicios al Cliente, del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, de manera expresa en lo correspondiente al apartado 3.11.2 y, en caso de incumplimiento, aplicar la sanción que corresponda.

Tercero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a aplicar un programa permanente de revisión de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco normativo aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su órgano interno de control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción VI; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2013, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su Órgano Interno de Control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, ambos integrantes del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

II. Contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo

El objetivo central de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina consiste en transparentar las relaciones comerciales entre la paraestatal Petróleos Mexicanos y la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

La preocupación anterior, a decir de los proponentes, surge a partir de que Petróleos Mexicanos tomó la decisión de reanudar relaciones con la empresa aludida en el 2012, a pesar de existir diversas denuncias, investigaciones y procedimientos en contra de la misma.

De esa forma, a través de la proposición con punto de acuerdo, se plantean dos puntos resolutivos, con la siguiente redacción:

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que, a través del Órgano Interno de Control de Pemex, se haga público el estatus de la investigación llevada a cabo en contra de Mexicana de Lubricantes, incluyendo los proce sos de la extinción de la obligación de exclusividad de la venta de lubricantes, el contrato de uso de marcas, el contrato de venta de primera mano y los contratos de maquila.

Segundo. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que presente las denuncias penales correspondientes, ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de Pemex .

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo, los integrantes de esta Comisión de Energía, fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Que acorde con la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo, la paraestatal Petróleos Mexicanos inició, a principios de la década de 1990, una coinversión con capital privado, dando inicio a las actividades comerciales de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV, de la cual surgieron diversas irregularidades y anomalías que dieron origen a diversas investigaciones, procedimientos y denuncias en contra de la empresa particular referida. No obstante lo anterior, los proponentes indican que la paraestatal ha decidido restablecer las actividades de esta empresa.

Segunda . Que de la revisión del Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos – http://www.ri.pemex.com/files/content/Informe%20Anual%202011.pdf– se desprende que en enero de 1993, Pemex-Refinación celebró un contrato de coinversión con Impulsora Jalisciense, SA de CV (“Impulsora”) para establecer una sociedad denominada Mexicana de Lubricantes, SA de CV (“MdeL”), que tiene por objeto la formulación, envasado, transportación y comercialización de aceites y grasas lubricantes. Asimismo, se desprende que actualmente Pemex-Refinación forma parte de diversos procesos judiciales y administrativos en relación con esta sociedad, los cuales se encuentran en proceso deliberativo por parte de las autoridades competentes.

Tercera . Que a pesar de no existir referencia alguna en el último informe de Petróleos Mexicanos y de la existencia de los procesos judiciales y administrativos ya aludidos, los proponentes indican que, Petróleos Mexicanos ha decidido reiniciar las actividades de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Cuarta . Que Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios a través de quien el estado realiza las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo y, por tanto, ejerce la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera. Para ese objeto, también cuenta con organismos subsidiarios que tiene la naturaleza de ser organismos descentralizados con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial.

Quinta. Que los integrantes de esta Comisión de Energía estiman que Petróleos Mexicanos, así como sus organismos subsidiarios, deben regirse en todo momento, entre otros, por los principios de transparencia y eficiencia en su estructura organizacional y operativa, tal y como se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo, se encuentran sujetos a diversos mecanismos de control, evaluación y vigilancia, previstos tanto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales como en la propia Ley de Petróleos Mexicanos.

Sexta. Que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la administración de los recursos públicos federales se debe realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Séptima. Que en la actualidad los principios, mecanismos y criterios, arriba aludidos, y, sobre todo, los de transparencia y rendición de cuentas, constituyen referentes importantes de las sociedades modernas; asimismo, en la medida que se fortalecen dichos principios, se asegura el buen desempeño de un gobierno. En el sector petrolero, evidentemente, se encuentra una de las principales actividades económicas del estado mexicano y tiene consecuencias de diversa índole para todos los ciudadanos de este país. Por ello, los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden en las labores de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como el manejo de recurso públicos por parte de dichas entidades, no deben escapar a la aplicación de la legislación y principios arriba citados.

Octava. Que, en consecuencia, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable, el hecho de que se haga de conocimiento público, el resultado de las investigaciones, procedimientos y denuncias iniciadas en contra de Mexicana de Lubricantes, SA de CV; así como todas y cada una de las circunstancias, condiciones y acuerdos mediante los cuales se restablecen o pretenden restablecer las actividades de esa misma empresa; lo anterior, a efecto de dar certidumbre y transparencia en el manejo de las actividades de la paraestatal y sus organismos subsidiarios, de conformidad con la legislación vigente.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos; al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de la Función Pública, para que se haga público el resultado de las investigaciones, procedimientos y denuncias iniciadas en contra de la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., con motivo de los presuntos daños o perjuicios ocasionados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios.

Segundo. Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de su competencia y, en caso de ser procedente, se ejerzan las acciones legales, o bien se otorgue seguimiento puntual a las existentes, en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, en relación con la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Tercero. Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, para que se hagan públicas las circunstancias, condiciones y acuerdos, mediante los cuales se restablecen o pretenden restablecerse las actividades de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 21 de febrero de 2013, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición.

Mediante el punto de acuerdo en análisis, el diputado Carol Antonio Altamirano plantea a la Cámara de Diputados exhortar a Pemex a intensificar sus acciones respecto del combate del robo de combustibles, específicamente en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz.

En la exposición de motivos, el diputado promovente se refiere a las explosiones ocurridas el 18 de septiembre de 2012 en un ducto del Centro de Medición de Gas de Pemex en Reynosa Tamaulipas y el 31 de enero de 2013 en las instalaciones administrativas de Pemex. Asimismo aborda el tema del mercado ilícito de combustibles y el riesgo que representan para la población las tomas clandestinas.

En este contexto presenta los motivos que le dan origen a su propuesta, entre ellos destacan los siguientes:

– Que son diversas las solicitudes que la Cámara de Diputados ha presentado para que Pemex transparente la información sobre los accidentes ocurridos tanto en su infraestructura administrativa como operativa.

– Que de acuerdo con cifras de la paraestatal sólo en 2012, Pemex detecto más de mil tomas clandestinas en sus ductos, que representa al menos 30 por ciento más que las localizadas en 2011. El mismo año, las tomas clandestinas ocasionaron una pérdida por más de 5 mil millones de pesos.

– Que durante 2012, las entidades donde se presentó con mayor frecuencia el delito de robo de combustibles fueron, en primer lugar, Veracruz, seguida de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.

– Que es necesario que la paraestatal especifique las acciones tomadas para prevenir y controlar el robo de combustibles.

En relación con lo anterior, el diputado hace alusión a la problemática de tomas clandestinas en Oaxaca, particularmente en las localidades del Istmo de Tehuantepec, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Juchitán. Señala que estas actividades ilícitas, que hacen los ordeñadores de combustibles, ponen en riesgo a la población de los municipios por donde pasan estos ductos de Pemex.

A decir del promovente es urgente pedir cuentas de las acciones tomadas hasta el momento, y de ser necesario tomar medidas para la rehabilitación de los ductos a fin de disminuir el riesgo de un accidente de grandes magnitudes.

En virtud de lo anterior el diputado Carol Antonio Altamirano somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo en análisis, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado promovente y reconoce que han sido diversas las ocasiones en que el Congreso de la Unión ha manifestando su preocupación ante el aumento de la comisión del delito de robo de combustibles, por afectar un área estratégica como lo es el sector energético y derivar en un problema de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado por Pemex.

Segunda. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 6 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para conocimiento de la Comisión de Energía, copia de oficio número SEL/ UEL/ 311/ 149/ 13, de fecha 1 de febrero de 2013, de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar número DGPPVCI/ 0170/ 13, de fecha 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta a “puntos de acuerdo aprobados por el Congreso de la Unión referentes a fortalecer las acciones para reducir el robo de combustibles”.

A continuación se transcribe textualmente la respuesta de la Procuraduría General de la República:

1. La Procuraduría General de la República, ha desarrollado acciones de coordinación interinstitucional para el combate al robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles con la participación de las dependencias y entidades competentes en el ámbito federal, entre las que destacan SSP, SFP, SHCP y Pemex, entre otras.

2.- La Procuraduría General de la República con la participación de sus Delegaciones en diversas entidades federativas, ha celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades estatales para atender la problemática relacionada con el robo de hidrocarburos.

3.- Los resultados de las acciones emprendidas arrojan a la fecha los siguientes resultados:

* Averiguaciones previas

Tercera. De acuerdo con información de Pemex –disponible en su sitio electrónico–, con el propósito de reducir el robo de hidrocarburos que se presenta, principalmente, en tramos de la red nacional de ductos, mediante la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas, y al interior de algunos de sus centros de trabajo, Pemex ha continuado ejecutando su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito.

Al respecto, la paraestatal ha reconocido que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la red nacional de ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados.

Entre las acciones llevadas a cabo para desalentar el robo de petrolíferos al interior de sus centros de trabajo, Pemex realiza auditorías técnico-operativas y con ellas, se verifica la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de medición y de manejo de productos, con el propósito de disminuir en las instalaciones los puntos vulnerables, susceptibles de actividades ilícitas.

Por lo que toca a la extracción ilícita de combustibles en los sistemas de ductos, Pemex cuenta con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para fortalecer la vigilancia de los derechos de vía.

De lo anterior se desprende que para el combate del mercado ilícito de combustibles, ha sido necesaria la participación interinstitucional de diversas dependencias y entidades.

Cuarta. Es importante destacar que en relación con el tema que nos ocupa, la Comisión de Energía dictaminó y aprobó una proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a: Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles; extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país.

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Energía, no obstante haber aprobado en fecha reciente el punto de acuerdo –líneas arriba referido– encaminado al objetivo central que persigue el diputado Carol Antonio Altamirano, consideran oportuno respaldar la propuesta del diputado promovente y, reiterar su posicionamiento respecto al tema del robo de combustibles.

Por tanto, la comisión dictaminadora presenta el punto de acuerdo en términos de exhortar a diversas instancias del gobierno federal a fortalecer las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito para prevenir y controlar el robo de combustible en el Sistema Nacional de Ductos a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de la población, así como daños al ambiente.

Asimismo, se exhorta a Petróleos Mexicanos a verificar las condiciones y procurar el mantenimiento preventivo de su red nacional de ductos.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía los siguientes

IV. Acuerdos

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito para prevenir y controlar el robo de combustible en el sistema nacional de ductos a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de la población, así como evitar daños al ambiente.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a verificar las condiciones de operación y aplicar el debido mantenimiento preventivo del poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, así como el sistema nacional de ductos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú, Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implantar una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a expedir una norma oficial mexicana que regule tal disposición

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral I, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 21 de febrero de 2013, el diputado Julio César Flemate Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña respecto de la disposición final de focos ahorradores; asimismo, se solicita a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de los mismos.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo

La intención del diputado Julio César Flemate Ramírez mediante la proposición con punto de acuerdo en dictamen, se centra en exhortar al Gobierno Federal por conducto de diversas instancias, para que implemente una campaña informativa, así como para que emita la normatividad correspondiente en relación a la disposición final de focos ahorradores de energía .

Inicia el diputado promovente su exposición de motivos al hacer alusión del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como a un medio ambiente sano para el desarrollo de su bienestar, donde el Estado debe velar en todo momento para que este derecho se garantice a todas las personas.

En este contexto el diputado describe la problemática. Señala que en la anterior administración tuvo lugar el Programa Luz Sustentable el cual promueve sustituir los focos incandescentes por los conocidos como ahorradores. Aunque destaca que con esta acción se benefició a millones de familias con el ahorro económico derivado del ahorro energético, así como la reducción de toneladas de gases de efecto invernadero, se pasó por alto la debida regulación sobre la disposición de estas bombillas las cuales representan un riesgo al medio ambiente y la salud, debido al contenido de mercurio.

En relación con lo anterior, señala el promovente que la Secretaría de Economía, en el año 2008, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-017.ENER/SCFI-2008, alusiva a las características de los focos ahorradores, en la cual se omite la obligación al fabricante de señalar tanto el contenido de mercurio como de informar en los empaques a los consumidores respecto de qué hacer cuando estos focos se rompen o se funden.

Al respecto el diputado destaca la toxicidad del mercurio y cita diversas recomendaciones señaladas en el portal electrónico Salud Magazine en caso de que se rompa una lámpara fluorescente. Lo anterior, en razón de los daños a la salud que puede provocar el contacto con este metal.

Por ello, el promovente considera que el Gobierno Federal debe emitir la normatividad respectiva que obligue a los fabricantes a señalar en el empaque de los focos ahorradores las medias a tomar en caso de rompimiento o término de vida útil de las lámparas ahorradoras, así como implementar una campaña para sensibilizar a los usuarios al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Flemate Ramírez plantea en su proposición con punto de acuerdo los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña nacional respecto de la disposición final de focos ahorradores, que sensibilice a la población respecto a los riesgos que pueden generar al medio ambiente y a la salud.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de focos ahorradores, así como que se establezca la obligación a los fabricantes de señalar en los empaques las medidas que los consumidores deben tomar en caso de la fractura de los focos.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo arriba citada, los integrantes de esta Comisión de Energía, fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con el proponente en que se deben garantizar los derechos a la salud y al medio ambiente sano, conforme a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se comparte su preocupación en torno a la falta de normas oficiales mexicanas e información relacionada con las lámparas o focos que pudieran constituir un residuo peligroso, en términos de la legislación vigente en la materia.

Segunda. Actualmente, en nuestro país se comercializan diferentes tipos de lámparas fluorescentes, denominadas comúnmente como lámparas o focos ahorradores, así mismo se cuenta con una normatividad en relación con su comercialización dada su respectiva eficiencia energética. De igual forma y al ser consideradas como residuos peligrosos, se cuenta con diversa legislación al respecto.

Tercera. El 8 de octubre de 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),1 en la cual se establecieron tres tipos de residuos: peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos. También se establece expresamente la competencia de su regulación a la Federación, las entidades federativas y los municipios. A esta regulación en materia de residuos peligrosos, se adicionan las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.

Cuarta. Asimismo, se debe aclarar que mediante la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),2 el 4 de enero de 1988, se estableció la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia ambiental (artículo 4) y reservó a la Federación la facultad de regulación y control de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales (artículo 5, fracción VI).

Las facultades que la Federación ejerce en materia de regulación y control de residuos peligrosos también se reflejaron en la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, principalmente, en las fracción I y II del artículo 7, que establecen la facultad para “Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos”, así como para “expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra.”

Se debe precisar que el ejercicio de las facultades de la Federación en materia de residuos peligrosos se realiza a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ésta, en caso necesario, en coordinación de las demás dependencias de la administración pública federal. (Artículo 8 de la LGPGIR).

Quinta. De conformidad con el artículo 31 en su fracción VI, de la LGPGIR, las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio se consideran como residuos peligrosos sujetos a planes de manejo, en términos de la misma ley.

De esta manera, está previsto que se encuentran obligados a formular y ejecutar planes de manejo los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas. (Artículo 28 de la LGPGIR). Asimismo, empresas y establecimientos responsables de los planes de manejo deben registrarlo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Artículo 33 de la LGPGIR).

Acorde al artículo 29 de la misma ley, los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos, deben considerar, entre otros aspectos, los siguientes:

– Los procedimientos para su acopio , almacenamiento , transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

– Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores , las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

– Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos , y

– Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.

Sexta. Actualmente, en materia de lámparas fluorescentes, se encuentran vigentes diversas normas oficiales mexicanas, entre las cuales, se destacan las siguientes:

A. Norma Oficial Mexicana NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2008. Su vigilancia está a cargo de las secretarías de Economía; Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; y, asimismo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias.

B. Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2010. Su vigilancia está a cargo de la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; y, asimismo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias.

C. Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-1998, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1999. Su vigilancia está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En ninguna de las normas oficiales mexicanas arriba citadas, se establecen los elementos y procedimientos que se deben prever para los planes de manejo de residuos peligrosos, en el caso específico, para las lámparas referidas, de conformidad con el artículo 32 de la LGPGIR; es decir, no contienen ni los procedimientos ni las medidas indicadas para los planes de manejo del tipo de lámparas citadas, conforme a los elementos especificados en el artículo 29 del mismo ordenamiento. Tampoco se menciona el contenido máximo de mercurio permisible en ningún tipo de lámpara.

Es decir, no obstante la existencia de legislación vigente en materia de residuos peligrosos, en el caso particular de lámparas fluorescentes, denominadas comúnmente como lámparas o focos ahorradores, se carece de la inclusión en las normas oficiales mexicanas de diversos elementos y principios legalmente previstos en materia de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio.

Séptima. En consecuencia, dada la existencia de las normas oficiales arriba citadas; así como las diversas normas aludidas en el texto de las mismas, para su correcta aplicación y tomando en cuenta el hecho de que se tiene la posibilidad de emitir una nueva norma oficial mexicana a efecto de establecer los criterios a que obliga la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, esta Comisión de Energía estima pertinente dejar abierta la posibilidad al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes, incluya la información señalada en el párrafo previo en la normatividad que estime idónea; es decir, que se pueda crear una nueva norma o, bien, modificar las normas oficiales mexicanas existentes para ese fin.

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable modificar los puntos resolutivos planteados por el proponente a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que, de conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, se incluya en normas oficiales mexicanas, los parámetros de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio; todos, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Octava. Los integrantes de esta Comisión de Energía, estiman que otro aspecto relevante consiste en el acceso a la información por parte de los consumidores en relación con productos que lleguen a constituir un residuo peligroso, como lo son las lámparas fluorescentes o ahorradoras de energía.

Al respecto, debe señalarse que la propia Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (artículo 2) señala que en la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos; la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven; así como en la generación y manejo integral de residuos, se observarán, entre otros, los siguientes principios:

– El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y

– El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos.

De igual forma, como ya se ha indicado más arriba, el artículo 29 de la LGPGIR prevé diversos elementos que deben considerarse en los planes de manejo de productos que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos, entre los cuales destacan:

Ahora bien, tomando en consideración los principios y elementos arriba señalados y previstos en la legislación vigente; así como las atribuciones de la Federación en materia de residuos peligrosos, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable modificar los puntos resolutivos planteados por el proponente a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, se formulen e instrumenten programas, estrategias o mecanismos que se consideren pertinentes, a fin de difundir de forma permanente entre los consumidores, la información necesaria sobre la precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Novena. Finalmente, esta Comisión de Energía también estima necesario exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la esfera de sus respectivas competencias, procuren y vigilen en todo momento el estricto cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre todo, que los planes de manejo de lámparas que se comercialicen en territorio nacional se formulen y ejecuten con cabal apego a los principios y elementos con que se rigen, acorde a la citada ley y su reglamento. De esa forma, se debe vigilar de forma constante que los planes de manejo ya existentes se encuentren formulados y ejecutados correctamente y acorde a los elementos señalados en el artículo 29 de la LGPGIR.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Energía someten al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero . Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, de conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, se incluya en normas oficiales mexicanas, los parámetros de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio; todos, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo . Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, se formulen e instrumenten programas, estrategias o mecanismos que se consideren pertinentes, a fin de difundir de forma permanente entre los consumidores, la información necesaria sobre la precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la esfera de sus respectivas competencias, procuren y vigilen en todo momento el estricto cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre todo, que los planes de manejo de lámparas que se comercialicen en territorio nacional se formulen y ejecuten con cabal apego a los principios y elementos con que se rigen, acorde a la citada ley y su reglamento.

Notas

1 A la fecha, su última reforma data de 30 de mayo de 2012.

2 A la fecha, su última reforma data de 4 de junio de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú, Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2013, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el sindicato.

2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

Mediante el punto de acuerdo que promueve el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro se pretende exhortar al director general y al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que se hagan públicos diversos documentos signados por el Consejo de Administración y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En la exposición de motivos el diputado Espinosa hace alusión de la información publicada en el diario Reforma con fecha 14 de febrero de 2013 sobre un préstamo al STPRM autorizado por la paraestatal. Al respecto destaca lo siguiente:

– El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó, mediante el acuerdo CA-083/2011, de fecha 26 de julio del 2011, un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos al STPRM.

– En relación con lo anterior, en el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex, celebrada el 26 de julio de 2011, en el punto 5, relativo al fortalecimiento a la estrategia de vivienda Pemex-STPRM, que la información se clasificó como reservada durante 10 años.

– Asimismo se señala que el dinero se entregó mediante el convenio administrativo sindical 10614, Pemex entregó los recursos el 8 de diciembre de 2011 sin que fuera antes registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y fue hasta el 11 de enero de 2012 que las partes registraron el convenio.

A decir del promovente, “...resalta entonces el hecho de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hizo público un día después, el 12 de enero de 2012, su apoyo al entonces precandidato presidencial único priista, Enrique Peña Nieto ...”

Refiere el diputado Espinosa que en el año 2002 el Instituto Federal Electoral impuso una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pues concluyó que el STPRM desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro a consideración de esta soberanía el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y el convenio sindical número 10614 signado entre la paraestatal y el sindicato.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Luis Espinosa Cházaro, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Como se ha descrito en el apartado anterior, la proposición materia de análisis tiene como propósito exhortar al titular de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración para que se hagan de conocimiento público tres documentos: el acuerdo con número CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex; el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y; el convenio sindical número 10614 signado entre la paraestatal y el sindicato.”

Segunda. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 12 establece que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Por otro lado, en el Capítulo III de misma Ley establece los criterios para considerar información como reservada y confidencial cuya difusión pueda: I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano; III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

También se considerará como información reservada la que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, así como los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; las averiguaciones previas; los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Asimismo, los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

A este respecto, el Comité de Información de Petróleos Mexicanos es la instancia encargada de emitir los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada. En su sitio electrónico1 se encuentran disponibles para su consulta los criterios de confidencialidad de datos personales; reserva números de cuenta bancaria y clave y; confidencialidad de cuotas sindicales.

Tercera.- En relación con la información del interés del promoventes, en el Boletín No. 24 de Petróleos Mexicanos con fecha 18 de febrero de 2013 se da a conocer lo siguiente:

“Con relación a la información que se ha publicado sobre el préstamo otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Petróleos Mexicanos precisa lo siguiente :

Dentro del proceso de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio 2011-2013, el STPRM presentó a la administración una solicitud para fortalecer la Estrategia de Vivienda Pemex-STPRM.

Lo anterior, considerando que de acuerdo con el actual esquema que ocupa Petróleos Mexicanos para dar cumplimiento a lo pactado en la Cláusula 154 y Anexo 5 del Contrato Colectivo de Trabajo, se otorgan en promedio por año más de 2,300 créditos para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores sindicalizados con derecho a esta prestación. Asimismo, conforme a la cláusula 246 del mencionado contrato, se prevé el otorgamiento de préstamos al STPRM.

En los términos que se venían ocupando y que son los convenidos en el Pacto Laboral, la empresa tardaría aproximadamente 15 años para satisfacer dicha demanda, además de los derechos que se generarían adicionales por los trabajadores de nuevo ingreso y los que adquirieran planta durante dicho lapso.

En este sentido, se convino otorgar un préstamo en términos del Contrato Colectivo de Trabajo a la representación sindical, con el fin de cubrir en menos tiempo la necesidad de vivienda de los trabajadores sobre todo en aquellas zonas donde no hay oferta ni infraestructura.

Para ello, empresa y sindicato celebraron el Convenio Administrativo-Sindical número 10614 de fecha 27 de julio de 2011, por el cual Petróleos Mexicanos otorgó al STPRM un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos para recuperar en un plazo máximo de 5 años, de enero de 2016 a noviembre de 2020.

Por otra parte, por lo que hace a las obligaciones de transparencia por parte del STPRM, éste se obligó a destinar dichos recursos al fideicomiso único, cuyo objeto consiste en: a) la adquisición de inmuebles; b) construcción de vivienda; c) adquisición de vivienda construida; y d) el importe por el pago de trámites relacionados con las operaciones anteriores.

El convenio mencionado se celebró con la autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 832 acuerdo CA-083/2011 de 26 de julio de 2011, y contando con la suficiencia presupuestal para este efecto.

En dicho consejo votaron a favor de este acuerdo que autorizó fortalecer la estrategia de vivienda Pemex-STPRM, los entonces miembros del consejo, representantes de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y Función Pública, así como los consejeros profesionales.

El mismo Consejo de Administración solicitó reservar la información por el período comprendido del 17 de enero de 2011 al 16 de agosto de 2021.

En dicho convenio se estableció, en términos del propio Contrato Colectivo de Trabajo, como garantía para el supuesto de que no se cumplan con el pago de las mensualidades pactadas, que la empresa pueda retener y recuperarlo de las cuotas ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecutivo General y las ayudas que a éste se le entregan en cumplimiento a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El depósito del préstamo se efectuó mediante transferencia bancaria a la cuenta del STPRM previa suscripción del recibo correspondiente, que extendió el secretario tesorero de la organización sindical el 8 de diciembre de 2011. Para la administración de los fondos se constituyó el fideicomiso 742263 ante Banco Mercantil del Norte BANORTE, con objeto de cumplir los fines establecidos en la autorización del Consejo de Administración.

El convenio de referencia se depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 11 de enero de 2012.

Con fechas 30 de marzo, 31 de julio y 30 de noviembre de 2012, el STPRM presentó los informes cuatrimestrales con relación al convenio referido.

El Consejo de Administración de Pemex, en julio de 2011, estaba integrado de la siguiente manera:

En suma, se observa que la información emitida por la paraestatal coincide con aquella a la que hace alusión el diputado promovente respecto del préstamo otorgado al STPRM, el cual corresponde a una solicitud para fortalecer la Estrategia de Vivienda Pemex-STPRM en cumplimiento con el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Asimismo destaca que Pemex reconoce que el mismo Consejo de Administración solicitó reservar la información por el período comprendido del 17 de enero de 2011 al 16 de agosto de 2021.

No obstante la información señalada por Petróleos Mexicanos esta Comisión de Energía considera respaldar la propuesta del promovente en aras de promover la cultura de la transparencia y principalmente, atender la petición del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados somete ante el Pleno de esta Soberanía el siguiente:

IV. Acuerdo

Nota

1 http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=10&catI D=14743

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 11 de abril de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a tomar medidas para garantizar el mantenimiento de los ductos y de las instalaciones de la paraestatal, a fin de evitar desastres atribuibles a ello, suscrita por el diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

El presidente de la Comisión de Energía instruyó a la Secretaría Técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de la proposición

El objetivo del punto de acuerdo en dictamen es que la Cámara de Diputados exhorte al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) a garantizar que la paraestatal realizará el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos para evitar futuros accidentes, así como que se tomen medidas para retirar los ductos en desuso.

En la exposición de motivos el diputado promovente Fernando Cuéllar Reyes, hace alusión a diversos asuntos legislativos –iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo llevados a tribuna en esta Cámara de Diputados por legisladores de los diferentes Grupos Parlamentarios– relativos a un tema central, accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Señala que Pemex al ser pilar de la economía mexicana y la principal proveedora de recursos al gobierno para cubrir sus exigencias financieras, es una empresa de suma importancia para la definición de los ingresos públicos, por ello es necesario el control y la vigilancia sobre este sector tan estratégico para la política económica del país.

El promovente refiere que en los últimos años se han documentado un sin número de accidentes en las instalaciones de Pemex que han afectado refinerías; instalaciones marinas; y más recientemente la explosión en el complejo administrativo de Pemex en la Ciudad de México, aunado a lo anterior se encuentran las tomas clandestinas, lo que significa un latente riesgo para las zonas habitadas en los trayectos de los ductos; riesgos que han desembocado en desastres como el ocurrido en Tepeji del Río, Hidalgo; o en Soyaniquilpan de Juárez, México.

En relación con este último punto, el diputado Cuéllar señala que actualmente se desconoce el estado y la bitácora de mantenimiento de la red nacional de ductos y que no existe un dato preciso que exponga cuántos de esos kilómetros de ductos se encuentran en desuso, por lo que representan un riesgo para la población, pues cuentan con acumulación de hidrocarburos y gases nocivos y flamables.

En virtud de lo anterior el diputado Cuéllar somete a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice el mantenimiento integral de las instalaciones y ductos de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes, así como se tomen medidas para retirar los ductos en desuso para evitar acumulación de gases en zonas habitadas del territorio nacional.

Una vez expuesto los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Fernando Cuéllar Reyes, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Como se ha descrito en el apartado anterior, el diputado Cuéllar plantea que esta Cámara de Diputados exhorte al titular de Petróleos Mexicanos para que garantice, en términos generales, el mantenimiento integral de la infraestructura de Petróleos Mexicanos al referirse a instalaciones y ductos.

Segunda. En lo que respecta a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el tema es amplio empero se pueden agrupar de acuerdo a la actividad de la paraestatal, a saber: petroleras (exploración y producción), refinación, gas y petroquímica; es decir, áreas de actividad marina y terrestre; terminales; barcos; poliductos; refinerías; complejos; centros procesadores; etc., además de las instalaciones administrativas.

Asimismo la política de seguridad de Petróleos Mexicanos se encuentra plasmada en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA), el cual se integra por tres subsistemas que atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental:

- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP).

- Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST).

- Subsistema de Administración Ambiental (SAA).

Los tres subsistemas se basan en la aplicación de las doce mejores prácticas internacionales (MPI) en seguridad, salud y protección ambiental, a saber: 1. Compromiso visible y demostrado; 2. Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; 3. Responsabilidad de línea de mando; 4. Organización estructurada; 5. Metas y objetivos; 6. Altos estándares de desempeño; 7. Papel de la función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; 8. Auditorías efectivas; 9. Informes y análisis de incidentes; 10. Capacitación y entrenamiento continuo; 11. Comunicaciones efectivas y; 12. Motivación progresiva.

En suma el tema de seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, involucra diversos criterios con base a las diferentes actividades que se realizan en la paraestatal y destaca los temas de la salud y del medio ambiente como lo dispone el Sistema Pemex-SSPA.

Tercera.- En lo que concierne a la seguridad del sistema de ductos, a partir de 2008, Pemex implanta el proceso homologado de auditorías SSPA. Las auditorías incluyen al Sistema Pemex-SSPA, las 12 MPI, reaseguro internacional, integridad mecánica, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, e instalaciones críticas y ductos.

Respecto al mantenimiento del sistema de ductos, la Gerencia de Mantenimiento de la Subdirección de Ductos de Petróleos Mexicanos es la encargada de llevar a cabo los proyectos y programas permanentes de mantenimiento preventivo de ductos para garantizar la seguridad y la confiabilidad de sus instalaciones en las diferentes zonas del territorio nacional.

De acuerdo con Pemex, se busca atender todos aquellos puntos que representa un riesgo inmediato para las instalaciones, mitigar y en algunos casos eliminar aquellos factores o agentes que están generando ambientes o escenarios que afectan la integridad mecánica del ducto.

Cuarta. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el diputado Fernando Cuéllar en lo que respecta a la importancia de mantener el control y vigilancia de Petróleos Mexicanos al ser una empresa de suma importancia como pilar de la economía mexicana –según lo define el promovente– y parte vital de un área estratégica como lo es el sector energético.

Asimismo esta comisión reconoce que han sido diversas las ocasiones en que el honorable Congreso de la Unión ha manifestando su preocupación ante los accidentes en instalaciones de Pemex; el derrame de hidrocarburos; el aumento de la comisión del delito de robo de combustibles y las consecuencias que estos escenarios tienen sobre la población, la economía y el medio ambiente.

De la misma forma la que dictamina reconoce el trabajo que diariamente Petróleos Mexicanos lleva a cabo en todas sus áreas con el compromiso de ser un organismo socialmente responsable, trabajar con seguridad y fomentar una cultura de prevención, ejemplo de ello el Sistema Pemex-SSPA.

En virtud de lo anterior esta comisión respalda la propuesta del promovente en términos de que se fortalezcan los programas encaminados a garantizar el mantenimiento integral de las instalaciones principalmente el sistema nacional de ductos de transporte –gasoductos, poliductos, oleoductos– de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes, así como que se implementen medidas para retirar los ductos en desuso en territorio nacional a fin de atender el problema de contaminación ambiental y evitar riesgos a la población. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdos

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que la entidad a su cargo fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones, en particular, del sistema nacional de ductos de transporte de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes con base en lo dispuesto en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA)

Segundo. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que instruya al área correspondiente de de la paraestatal y se implementen las medidas necesarias para retirar los ductos en desuso en territorio nacional a fin de atender el problema de contaminación ambiental y evitar riesgos a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el 18 de septiembre de 2012

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2013, diversos legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, en Reynosa, Tamaulipas.

2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

El presidente de la Comisión de Energía instruyó a la secretaría técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de las proposiciones

Mediante el punto de acuerdo en dictamen se plantea exhortar a los titulares de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República para que agilicen los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, en Reynosa, Tamaulipas.

En la exposición de motivos, los promoventes refieren los sucesos acontecidos el día 18 de septiembre de 2012 en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción, ubicado a la altura del kilómetro 19 de la carretera libre Reynosa-Monterrey, en Tamaulipas, lo que marcó la vida de muchas familias, y trajo consigo daños sociales, así como ambientales y que a la fecha las autoridades que conocieron inicialmente del asunto no proporcionaron la información que esclarezca las causas del accidente.

Los diputados promoventes destacan que las consecuencias más lamentables de este accidente han sido, la pérdida de vidas y las personas que resultaron heridas, entre ellas personal de la paraestatal y de empresas contratistas.

Al respecto señalan que a la fecha no se sabe si se cumplía con la normatividad en materia de seguridad para el trabajador; así como si se respetaban los derechos laborales, por lo que cuestionan si la administración que en ese entonces estaba al frente, haya proporcionado la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas.

A decir de los promoventes es fundamental tener claras las causas del accidente, con el fin de atender y prevenir la ocurrencia de otro percance.

Por último enfatizan que es importante conocer tres aspectos en relación al referido suceso:

1. Si se han implementado mecanismos de seguridad que permitan disminuir el riesgo de accidentes que ponen en riesgo a quienes ahí laboran.

2. Las medidas de prevención que se han tomado a partir del accidente.

3. Si las empresas contratistas cumplían con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, exigidas a proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Refieren que en su momento las autoridades aseguraron que se llevarían a cabo las indagatorias hasta las últimas consecuencias empero no hubo información ni certeza al respecto.

En virtud de lo anterior los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que suscriben la proposición en comento, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición suscrita por los diputados Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Como los promoventes lo refieren, el 18 de septiembre de 2012 Petróleos Mexicanos reportó un incendio registrado en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. A esta instalación llega el gas procedente de la región de Burgos y se entrega el producto a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Segunda. La administración que en ese momento se encontraba al frente señaló que había varias instancias que están llevando a cabo la investigación sobre las causas que derivaron en el accidente en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, donde perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, las instancias encargadas de llevar a cabo la investigación por instrucciones del Ejecutivo en turno eran

– Petróleos Mexicanos.

– Procuraduría General de la República.

– La empresa SGS (Société Générale de Surveillance).

Asimismo, respecto de los trabajadores pertenecientes a compañías contratistas, las autoridades de Petróleos Mexicanos habían señalado que ofrecerían apoyo a los familiares empero a la fecha no existe información disponible al respecto.

Tercera. En coincidencia con los señalamientos de los promoventes, se carece de elementos informativos sobre los resultados de las investigaciones que debieron llevarse a cabo.

Asimismo la información disponible actualizada es hemerográfica y no publicada por Petróleos Mexicanos, ejemplo de ello es el siguiente extracto tomado del periódico Excélsior en su versión electrónica de fecha 18 de marzo de 2013:

Concluyen investigaciones de explosión Pemex-Reynosa

A seis meses de la explosión de un ducto en la Central de Medición de Gas de Pemex, que dejó 33 muertos, el administrador del Activo Burgos, Gerardo Reyes Reza, dijo que las investigaciones concluyeron y que en breve se harán públicos.

Entrevistado en el marco de la conmemoración del 75 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el funcionario informó que la investigación culminó en diciembre de 2012 y el resultado se entregó oficialmente el 18 de enero de 2013 a la Procuraduría General de la Procuraduría (PGR) para los efectos de ley.

Al tratarse de un evento donde hubo personas fallecidas, la PGR atrajo el caso para hacer las investigaciones correspondientes y por lo mismo no podemos hacer público los resultados, pues esto sucederá cuando esa dependencia nos autorice a hacerlo, dijo.

...confirmó que la agencia especializada encargada de realizar las investigaciones en el lugar de los hechos, les emitieron 72 acciones de mejoras como resultado del análisis causa-raíz de los hechos, por lo que de manera inmediata se atendieron, además de destinar recursos económicos para ello.

A la fecha, se llevan avances importantes en el proceso de indemnización que por ley corresponde a los deudos de los trabajadores fallecidos el pasado 18 de septiembre...”

Cuarta. En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Energía consideran que es importante que Petróleos Mexicanos al coincidir con los promoventes en cuanto a que es fundamental tener claras las causas del accidente ocurrido en aquellas instalaciones de Pemex, a fin de atender y prevenir la ocurrencia de otro percance.

Asimismo, en lo que concierne a las consecuencias lamentables del referido accidente, es importante que la paraestatal agilice el proceso de indemnización para los trabajadores o en su caso familiares del personal, tanto de Petróleos Mexicanos como de las compañías contratistas que en aquel momento prestaban sus servicios a la paraestatal.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, ocurrida el pasado 18 de septiembre de 2012.

Segundo. Se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, dentro de sus esferas de competencias, giren instrucciones a quien corresponda a fin de agilizar las indemnizaciones a los trabajadores o, en su caso, familiares del personal que se encontraba laborando cuando ocurrió la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 18 de septiembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los ataques y las difamaciones contra la comunidad judía mexicana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía mexicana.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veinte de marzo de dos mil trece, el diputado Ricardo Monreal Ávila presentó la proposición con punto de acuerdo relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía; dicha proposición fue suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, ambos legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada, fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil trece los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la proposición

Señala el proponente que el 22 de enero pasado, durante la conferencia organizada por el programa de Maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y el Colectivo Palestina en las instalaciones del plantel Del Valle de esta Universidad, se hicieron declaraciones desafortunadas sobre el holocausto y la comunidad judía fundados en tono xenófobo y antisemita; dichas declaraciones fueron difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

El proponente argumenta que el holocausto, hecho histórico desafortunado, está ampliamente documentado; no sólo este grupo sufrió las atrocidades de los regímenes totalitarios, también se persiguió a distintos grupos sociales como los romaníes, discapacitados, personas de pueblos sometidos, oponentes políticos y disidentes religiosos.

De acuerdo con lo anterior, la exposición de motivos señala que el holocausto es el hecho histórico considerado como la máxima expresión de fanatismo, intolerancia, acoso y violencia contra un grupo o comunidad basado en el origen étnico o en las creencias religiosas perpetrado a través de actos terribles de inhumanidad; sin embargo, la manifestación libre de las ideas, a juicio del proponente, obliga a la expresión con el más alto grado de responsabilidad, en el entendido que la única limitante en el ejercicio de este derecho es el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades de todos.

En este sentido, el diputado proponente solicita se condene los ataques y difamaciones de los que fue objeto la comunidad judía y dirige un exhorto para que la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y a las autoridades competentes a emitir un pronunciamiento sobre los probables actos de discriminación antisemitas y, finalmente, la solicitud de una explicación al Gobierno del Distrito Federal a la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, a la vez, ofrecer disculpas públicas para los representantes de las comunidades agraviadas.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Propuesta, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el reconocimiento de los derechos humanos, su garantía y protección de manera que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de acuerdo al mismo precepto constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El artículo 1o, quinto párrafo, señala la prohibición de toda discriminación por cualquier motivo. En este sentido, el párrafo citado mencionado señala:

Artículo 1o. ...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión , las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. Nuestra legislación ha impulsado normatividades orientadas a la prevención de cualquier clase de discriminación; de esta forma, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003, en el Diario Oficial de la Federación, determina la obligación de las autoridades y de los órganos públicos federales para adoptar medidas para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de los derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

3. México es un país de gran diversidad y pluralidad. En el caso de las minorías religiosas, la comunidad judía ha sido una de las principales impulsoras del desarrollo y del crecimiento de localidades a lo largo y ancho del país, además de aportar sus tradiciones religiosas particulares que han permitido la pluralidad de nuestra nación.

4. Efectivamente, los orígenes de los grupos judíos en México se remontan en junio de 1912, cuando fue fundada la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí para ayudar a los inmigrantes judíos que llegaron al país.

5. Al pasar los años, los grupos que conforman a la comunidad judía en México, poco a poco fueron aportando sus talentos para fundar importantes negociaciones e industrias, así como localidades donde se asentaron fundando centros y lugares del culto que son importantes y significativos para los judíos presentes en nuestro país.

6. De acuerdo con el Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “Panorama de las Religiones en México 2010”, donde se concentran los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 sobre grupos religiosos en México, se reportan 67,476 personas que profesan el judaísmo.

7. El mismo reporte del Inegi señala, por entidad federativa, el número de personas que profesan la fe judaica, describiéndose a continuación:

Entidad federativa Población judía

Aguascalientes                             112
Baja California                           1044
Baja California Sur                       159
Campeche                                    155
Coahuila                                       306
Colima                                         103
Chiapas                                        513
Chihuahua                                    251
Distrito Federal                         20357
Durango                                         80
Guanajuato                                   574
Guerrero                                     1645
Hidalgo                                         631
Jalisco                                         1721
México                                     21545
Michoacán                                    567
Morelos                                      3013
Nayarit                                         216
Nuevo León                                 977
Oaxaca                                      2458
Puebla                                        4993
Querétaro                                    286
Quintana Roo                             1016
San Luis Potosí                             176
Sinaloa                                         146
Sonora                                         183
Tabasco                                       135
Tamaulipas                                   362
Tlaxcala                                       411
Veracruz                                    2595
Yucatán                                       651
Zacatecas                                      94

8. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, son formas de discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, como se transcribe a continuación:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

9. La comunidad judía ha sido objeto de ataques, mismos que, históricamente, representan los más negros capítulos de la historia humana. Nuestro país, a fin de dotar de positividad y vigencia el texto constitucional y de las leyes secundarias, ha realizado acciones con el fin de prevenir la discriminación antisemita en cualquiera de sus manifestaciones.

10. Un ejemplo de lo anterior es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha firmado convenios de colaboración con la comunidad judía en México, a fin de promover la tolerancia y defensa de los derechos humanos. Efectivamente, de acuerdo al comunicado de prensa CGCP/055/13 del veinticinco de febrero de dos mil trece, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el presidente de la Comunidad Judía, Rafael Zaga Kalach, firmaron un convenio en el marco de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, el pasado veintiocho de enero, con el fin de que el Ombudsman y la Comunidad Judía trabajen conjuntamente a favor de los derechos de las personas, con énfasis particular de las minorías al pleno goce de sus libertades, y entre ellas, a profesar libremente su fe y su identidad lingüística.

11. A mayor abundamiento, la firma del Convenio, de acuerdo con el ombudsman Raúl Plascencia, redundará en el fortalecimiento del compromiso que implica la lucha contra la indiferencia y la negación con el fin de construir una sociedad más democrática e incluyente, la historia desgarradora de la comunidad judía y su presencia en nuestro país, de acuerdo a las palabras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los derechos humanos... No hay justificación ni argumento que valga para la discriminación o la persecución; por el contrario, tenemos la obligación de enfrentar y denunciar las injusticias, actuar y adoptar la tolerancia y el respeto a los demás como una forma de vida” (palabras del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ceremonia de firma de un Convenio General de Colaboración que celebra con el Comité central de la Comunidad Judía en México, AC. 25 de febrero de 2013).

12. Por otro lado, es de destacar que, sobre los hechos denunciados en la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió la opinión Copred/Q/01-2013, misma que concluye que “la libertad de expresión enfrenta limitantes ante el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y con fundamento en el artículo 54 de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación del Distrito Federal, este Consejo ha conocido el presente asunto y pone a salvo los derechos de las y los peticionarios, para que, de así considerarlo, se les asista ante las instancias legales que en su caso opten por acudir”, por lo que esta Comisión considera que se ha satisfecho el propósito del punto tercero de los petitorios consignados en la proposición materia del presente dictamen.

12. Esta comisión, de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales, afirma que ninguna persona o minoría, debe ser objeto de ataques o discriminación. Los Poderes de la Unión, en el ámbito de sus facultades, deben velar por la defensa de los derechos humanos y su respeto, de forma especial por los grupos que, históricamente, han sufrido ataques y desprecio menoscabando el disfrute de sus derechos y garantías.

13. Es por esto que conforme con la proposición con punto de acuerdo, se considera oportuno dirigir un exhorto a las instancias de la administración pública federal competentes con el fin de reforzar sus tareas y prevenir la discriminación particularmente por acciones y discursos antisemitas lo que redundará en un pronunciamiento formal de esta Comisión y de la Cámara de Diputados para condenar los ataques y difamaciones a la comunidad judía y contra cualquier minoría a las que se perjudique en sus derechos humanos y garantías.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia, refuerce sus acciones a fin de prevenir cualquier manifestación discriminatoria antisemita.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de su competencia, realice y refuerce sus acciones a fin de fomentar una cultura preventiva de la discriminación antisemita en cualquiera de sus manifestaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgadas o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El 4 de abril de 2013, el diputado Fernando Zárate Salgado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados.

2. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición, para su dictamen, a la Comisión de Gobernación, y a la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, para opinión.

Contenido de la proposición

El proponente, solicita a las Secretarías de Gobernación y Educación Pública que se haga pública la información relativa a las solicitudes de autorización para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, culturales y arqueológicos y/o se encuentres próximos a centros de educación públicos o privados; que se suspendan dichas autorizaciones en estos sitios protegidos y, de manera específica, aquellos que hayan sido otorgados o se encuentren en trámite en la Colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal y, por último, el promovente solicita se instale una mesa de trabajo de la Secretaría de Gobernación con la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, para examinar los requisitos, procedimientos y expedición de las licencias de operación para salas de juegos y sorteos.

Consideraciones

El proponente señala que es obligación del Estado Mexicano garantizar no sólo el libre ejercicio de todas las actividades empresariales, sino lograr un adecuado equilibrio entre este derecho y la debida protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico que resguarda México.

Indica el promovente que, en los últimos años, la opinión pública ha conocido de presuntos hechos delictivos relacionados con las salas de juegos y sorteos, coloquialmente conocidas como casinos, pero que estos problemas tienen más que ver con la inadecuada supervisión de sus actividades por parte de las autoridades que con su naturaleza misma.

En su texto, el diputado proponente indica que una de las máximas preocupaciones que debe tener esta Cámara de Diputados es el resguardo del patrimonio cultural, dadas las experiencias en donde la presencia de salas de juego ha derivado no sólo en la alteración de la vida cotidiana de los habitantes de las zonas aledañas a estos establecimientos, sino en la presencia de actividades delictivas del crimen organizado.

Para el promovente existe especial preocupación en aquellas salas de juegos y sorteos cuya ubicación física se encuentra:

a) En un sitio en donde se encuentran monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, y

b) En las proximidades de centros educativos, públicos o privados,

En el primer caso, el proponente expone que, a nivel nacional e internacional, México ha reconocido la importancia del patrimonio histórico, artístico y arqueológico a través de la adopción de diversas Convenciones Internacionales y de la emisión de un marco jurídico que genera un ámbito de protección al patrimonio cultural. Lo anterior puede constatarse en lo establecido en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el ámbito internacional. En el ámbito federal, debemos recordar lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y, en el ámbito del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Esta comisión dictaminadora se encuentra plenamente convencida de la necesidad de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo colaboren tanto en la protección del Patrimonio Cultural como en la correcta regulación de las salas de juegos y sorteos, por lo cual sus integrantes nos encontramos convencidos de que la instalación de una mesa de trabajo entre ambos poderes generará las condiciones de certeza y seguridad para los ciudadanos.

En cuanto a la inquietud expresada por el proponente en relación a la instalación de una sala de juegos y sorteos en la Colonia Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, esta comisión dictaminadora considera adecuado hacer una respetuosa petición a la Secretaría de Gobernación para que, en caso de que se encuentren solicitudes en trámite o permisos de operación expedidos para la operación de salas de juegos y sorteos en esa demarcación, sean suspendidos hasta en tanto se proceda a su verificación, por tratarse de una zona de patrimonio histórico y de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que debe ser protegida.

En relación a las solicitudes de entrega de listados respecto de las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos en zonas de monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos y el de aquellos establecimientos que se sitúen en las proximidades de centros de educación públicos y privados, esta comisión dictaminadora considera que pueden ser objeto de los trabajos de la antes mencionada mesa de trabajo, razón por la cual no considera indispensable solicitarlos por este medio.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de trabajo con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, con el objeto de conocer y analizar los procedimientos para la expedición y funcionamiento de licencias de operación para las salas de juegos y sorteos.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, suspendan todos los trámites o permisos para la operación de salas de juegos y sorteos, cuya ubicación se encuentre en el perímetro de la Colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, así como en toda zona de patrimonio histórico, de patrimonio cultural de la humanidad y que se encuentren próximos a centros de educación públicos o privados.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a los humedales de Tláhuac, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1197, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a los humedales de Tláhuac, Distrito Federal.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numerales 1, fracción II, y 2, 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de febrero de 2013, el diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo respecto a los humedales de Tláhuac, a su protección, recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua.

Segundo. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la comisión instruyó su registro y el análisis para formular el dictamen.

II. Contenido y objeto de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El diputado proponente señala la fecha en que se celebra el Día Mundial de los Humedales, y describe la problemática de deterioro que enfrenta el sistema de chinampas y humedales de Tláhuac, derivado de la proliferación de asentamientos humanos irregulares.

El proponente refiere que “los humedales de Tláhuac” son remanente del lago de Chalco, desecado, y convertido en un área agrícola de temporal que se localiza en las comunidades de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, en Tláhuac, Distrito Federal, adyacente a la laguna de Xico, en Chalco-Solidaridad.

Señala además que la zona que comprende alrededor de mil 500 hectáreas, rodeado por los ejidos de Xochimilco, la sierra de Santa Catarina y el santuario del agua Lagunas de Xico; no obstante, el legislador proponente considera que la zona ni siquiera es reconocida como lago sino como suelo de propiedad ejidal.

Además de la problemática de los asentamientos irregulares, el proponente refiere que dichos humedales están siendo abatidos por la sobreexplotación de los mantos freáticos a causa del bombeo para abastecer la creciente demanda de la red de agua potable del Distrito Federal. De lo anterior se desprende que se está poniendo en riesgo a la flora y fauna1 cada vez más reducida del lugar,2 pese a que en la UNESCO, se inició un proceso para hacer efectiva la declaratoria de esta zona como patrimonio mundial, cultural y natural en la que habitan varias especies endémicas de México,3 sin dar mayor referencia de dicho proceso.

El legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida un decreto mediante el cual se declare a los humedales de Tláhuac como zona natural protegida.

Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que en conjunto con la Jefatura Delegacional en Tláhuac emprendan esfuerzos destinados a la protección de la biodiversidad local, a la recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así propiciar la recarga de los mantos freáticos del Distrito Federal.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el diputado proponente, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planteamos las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con la preocupación del proponente respecto al evidente deterioro de este sitio,4 y considera que se hace necesario un proyecto de rescate ecológico y atractivo turístico5 de la zona que pueda revertir el daño.6

Segunda. En ese orden de ideas, cabe señalar que el primer resolutivo que se formuló en términos ajenos a la legislación federal, menciona el término “zona natural protegida”, cuando la figura legal es “área natural protegida”. Para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco hay otro tipo de figuras o instrumentos de la legislación local aplicable.7

Tercera. Esta comisión dictaminadora señala que para revertir la pérdida de estos ecosistemas es necesario impulsar políticas de conservación sustentadas en inventarios actualizados que apoyen el establecimiento de programas destinados a su manejo y conservación sobre bases reales.

Cuarta. Los integrantes de esta comisión, con base en los antecedentes y en relación con el segundo resolutivo, recuerdan que el artículo tercero de la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que los humedales se consideran de utilidad pública, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene la obligación de formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico de la capital, así como vigilar su cumplimiento.

Adicionalmente, la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en las áreas de conservación, dentro de las cuales están catalogados los humedales. Con base en las anteriores consideraciones esta comisión dictaminadora propone que en el segundo resolutivo se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial locales, a emprender las acciones necesarias para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco, cuya superficie, de 2 mil 757 hectáreas, se ve afectada por las invasiones de asentamientos humanos irregulares.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que emprenda un esfuerzo destinado a la protección de la biodiversidad local, a la recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como propiciar la recarga de los mantos freáticos del Distrito Federal.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, emprender las acciones necesarias para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco, cuya superficie, de 2 mil 757 hectáreas, se ve afectada por las invasiones de asentamientos humanos irregulares.

Notas

1 Entre la flora que habita los humedales de Tláhuac se encuentran el talar, el pasto salado y el carrizo; respecto a la fauna, se cuentan distintas especies de aves, réptiles y anfibios, como es el caso del ajolote, el cincuate, la culebra de agua y la víbora de cascabel.

2 Por otro lado, señala que México suscribió en 1971 la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención de Ramsar.

3 Véase González Alvarado, Rocío. “Impulsa UNESCO el rescate de las chinampas y humedales de Tláhuac”, en La Jornada, lunes 2 de octubre de 2006. En http://www.jornada.unam.mx/2006/10/02/index.php?section= capital&article=043n1cap

4 Entre los habitantes de los alrededores se tiene una desagradable imagen sobre el humedal en cuanto a insalubridad, inseguridad y mantener terrenos ociosos; sin embargo, 60 por ciento de la gente en la zona desea conservarlo. Obra citada.

5 Véase el sitio oficial de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=30900&sub=13

6 Véase el estudio del maestro en ciencias Alejandro Meléndez Herrada, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Departamento El Hombre y su Ambiente. En http://www.dumac.org

7 En el artículo 3o. de la Ley Ambiental del Distrito Federal se mencionan el establecimiento, la protección, la conservación, la restauración y el mejoramiento de las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, de los suelos de conservación y de las zonas de restauración ecológica, para la conservación de los ecosistemas y elementos naturales que se enmarcan en el contexto del humedal de Tláhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a realizar acciones para controlar y combatir los descortezadores Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei, que afectan diversas especies de pino en Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados le fue turnado para la elaboración del dictamen correspondiente, al expediente número 1818, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus mexicanus ”, así como “Ips lecontei ” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 17 de abril de 2013, la diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Minerva Castillo Rodríguez y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus mexicanus ”, así como “Ips lecontei ” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”

II. Contenido y objeto de la proposición

Los suscritos diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Dominguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Abraham Montes Alvarado y Kamel Athié Flores integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, someten a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus mexicanus ”, así como “ Ips lecontei ” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Lo anterior debido a la importancia que reviste para Chihuahua siendo el segundo lugar a nivel nacional con casi la quinta parte del aprovechamiento forestal maderable del país, y que está sufriendo afectaciones de suma importancia en materia de plagas fitosanitarias que no obstante los controles biológicos y mecánicos siguen aumentando el área de afectación en el estado y potencialmente pondrán en riesgo las cadenas productivas y económicas asociadas al aprovechamiento forestal, así como los servicios ambientales y el ecosistema en sí mismo, con las afectaciones sociales que esto implica.

III. Consideraciones

Primera. Que la propuesta hecha por la diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Minerva Castillo Rodríguez, y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional contiene el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus mexicanus ”, así como “Ips lecontei ” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. Que los argumentos y consideraciones fundamentales de la propuesta de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pertenecientes a esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión son los siguientes:

1. Que Chihuahua es la entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos que cuenta con la mayor superficie reportada de cobertura forestal, significando 7.4 millones de hectáreas con bosques y selvas, de las 16.5 millones de hectáreas con las que cuenta el estado.

2. Que Chihuahua de acuerdo al Anuario estadístico de producción forestal 2011 es el segundo estado en México en términos de producción forestal, contribuyendo con 18.3 por ciento del aprovechamiento forestal total del país.

3. Que la riqueza biológica de Chihuahua en materia forestal es inmensa, toda vez que sus inventarios florísticos reportan 27 especies de coníferas, 40 especies de encino, así como varias especies tropicales que aunadas a los endemismos hacen de los boques chihuahuenses sitios importantes para la biodiversidad.

4. Que los bosques son los más grandes proveedores de servicios ambientales del país, y para el caso de Chihuahua, fundamentales en términos de la provisión y captación de agua, así como recarga de acuíferos.

5. Que debido a los incendios forestales reportados por la Comisión Nacional Forestal para 2012, en el estado de Chihuahua se reportaron mil 479 incendios lo que generó una vulnerabilidad de los ecosistemas ante el estrés hídrico y los efectos de borde provocados a los ecosistemas forestales.

6. Que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Chihuahua elaboró 233 notificaciones a predios afectados por especies descortezadoras “Dendroctonus mexicanus ” y “Ips lecontei ” en 10 municipios con una superficie afectada de 90 608 y que significan un volumen de madera total de 123 mil 367 metros cúbicos de madera.

7. Que ambas especies reportadas de especies de gusano descortezador ha afectado varias especies de pino entre ellas el pino piñonero, prieto, real (engelmannii), arizónica, ayacahuite, herrerai y duranguensis.

8. Que debido a las condiciones ambientales la incidencia y afectación de “Dendroctonus mexicanus ” y “Ips lecontei ” ha sido rápida y alarmante, afectando fuertemente a los municipios de Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Carichí, Morelos, Batopilas y Ocampo entre otros.

9. Que con base en los análisis llevados a cabo por la Comisión Nacional Forestal en Chihuahua, se ha determinado que la situación provocada por la incidencia de “Dendroctonus mexicanus ” y “Ips lecontei ” como plaga fitosanitaria se está convirtiendo en el problema más grave para el desarrollo forestal del estado.

10. Que actualmente se están aplicando distintos tipos de control biológico y mecánico para controlar esta plaga fitosanitaria en Chihuahua con el objetivo de contrarrestar sus efectos nocivos en los ecosistemas bajo manejo y naturales.

11. Que las plagas fitosanitarias que están afectando los bosques de Chihuahua, están vulnerando toda la cadena productiva de los aprovechamientos forestales, así como los servicios ambientales asociados al bosque, urgiendo una rápida solución antes de que se genere una crisis ambiental, económica y social.

12. Que es urgente que las autoridades federales encargadas de los bosques del país implementes esquemas y soluciones que controlen y erradiquen las plagas fitosanitarias “Dendroctonus mexicanus ” y “Ips lecontei ” para conservar el patrimonio de las y los chihuahuenses.

13. Que debido a los efectos resultado de esta situación, es importante implementar un programa de empleo temporal con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En este mismo sentido, la comisión en el proceso de investigación del presente punto de acuerdo ha tenido conocimiento de que el estado de Chihuahua no ha sido el único que presenta esta problemática, por lo que esta comisión ha considerado importante establecer un segundo resolutivo respecto a si la Comisión Nacional Forestal ha difundido las medidas de prevención y manejo a los diversas entidades federativas que presentan esta problemática.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus mexicanus ”, así como “Ips lecontei ” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar a esta soberanía si ha difundido las medidas de prevención y manejo a las diversas entidades federativas para controlar y erradicar las plagas fitosanitarias “Dendroctonus mexicanus ” y “Ips lecontei ”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la Semarnat a realizar acciones de reforestación para revertir el daño causado al ecosistema y a la población de la Huasteca potosina por los incendios forestales de marzo último

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1728, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el pasado mes de marzo.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de abril de 2013, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el pasado mes de marzo.

Segundo. En la fecha en que fue presentada la proposición con punto de acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la presidenta de la comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido y objeto de la proposición

Refiere la legisladora que en México existe una gran diversidad de bosques, selvas, pastizales y otro tipo de vegetación de hecho, se estima que somos uno de los países con una importante variedad de flora y fauna, contamos con todo tipo de clima, tanto húmedo como seco extremo, dada su privilegiada situación y extensión, México es más que una tierra de desiertos o de espinosos cactus. La extrema diversidad de los ecosistemas está dada por su extensión (cuatro veces más grande que España) y por su especial geografía de hecho, los científicos afirman que alrededor del 15 por ciento de las especies botánicas y animales en México, no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

Específicamente, se refiere al estado de San Luis Potosí y a los daños ocasionados al ecosistema por los incendios forestales ocurridos en días pasados afectando así a la zona de la huasteca que representa 18.31 por ciento de la superficie del estado, con aproximadamente mil 409 hectáreas.1

El pasado 16 de marzo se registró el primer incendio sin embargo y por cuestiones naturales, factores como el clima que en dicha zona la temperatura asciende a más de 50 grados centígrados y vientos arriba de 60 kilómetros por hora, fue imposible controlarlo ya que no existen las medidas preventivas adecuadas y no hay abastecimiento de equipo necesario.

El fuego se propagó en 10 mil 923 hectáreas, asimismo cabe señalar que, en lo que va del año la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que, se han registrado 3 mil 742 incendios forestales en las 32 entidades federativas, que son 10 estados entre ellos San Luis Potosí con mayor superficie afectada, que del 22 al 28 de marzo se vieron afectadas un total de 24 mil 272 hectáreas el 93 por ciento, correspondió pastizales, matorrales y arbustos.2

Si bien se sabe, México desde hace décadas ha venido desarrollando estrategias de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través de la Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.

Simplemente el balance de daños en Ciudad Valles uno de los cuatro municipios mayormente afectado los incendios dejaron 3 mil 340 hectáreas de pastizales y 249 de cultivos devastados por el fuego, además de 29 viviendas quemadas. De hecho la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de Emergencia para los municipios de Ciudad Valles, Lagunillas, Santa Catarina y Tamazunchale y que partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

III. Consideraciones

México al día de hoy ocupa un lugar preponderante en todo el mundo, pues es considerado por la comunidad internacional como un país megadiverso, esto es debido a que alberga una gran variedad ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora y fauna entre otros, sin embargo los estados de la república mexicana que cuentan con grandes extensiones de bosques y factores complementarios como la elevación de la temperatura, se enfrentan a la adversidad de los incendios forestales, no obstante la Conafor indica que cada día en algún lugar del mundo se queman miles de hectáreas de bosques, sábanas, pastizales, matorrales, desiertos, humedales y campos agrícolas, se considera que los regímenes alterados de fuego son una amenaza de gran importancia para el manejo forestal y la conservación de la biodiversidad y en la mayoría de los casos pueden ser dañinos y al mismo tiempo pueden amenazar la salud y la subsistencia humana.

Es por esta razón que la Conafor lleva a cabo a través del programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos e incrementar la eficiencia en su combate, mediante el reforzamiento de acciones preventivas, disminuir la superficie promedio afectada por el incendio mediante la asignación de recursos humanos, materiales y financieros provenientes de diversas instituciones, fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico contribuyendo con la protección de la población, la propiedad y los recursos forestales.

Sin embargo en el estado de San Luis Potosí, en el mes de marzo del presente año, se registro el primer incendio y de acuerdo con datos del Reporte Semanal de Incendios Forestales durante el periodo comprendido del 01 de enero al 11 de abril de 2013, se han registrado 5,095 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 92,391.40 hectáreas, de esta superficie el 94.62% corresponde a vegetación en los estratos herbáceos y arbustivo y el 5.38% a arbóreo y las entidades que con mayor superficie afectada fueron San Luis Potosí, solamente lo antecede Baja California Sur. Durante este periodo en San Luis Potosí se registraron 38 incendios con una afectación total de 11,674.55 hectáreas.3

Es por esta razón, que mediante oficio número SP-35/13 del día 25 de marzo de 2013, el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, solicitó a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil la declaratoria de emergencia para los municipios de Ciudad Valles, Tamascopo, Tamuín, Lagunillas, Santa Catarina; Aquismón, villa de Zaragoza, Guadalupe, Mexquitic de Carmona y Tamazuchale de dicha entidad federativa, y mediante oficio DG-232/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, la Conafor emitió dictamen técnico positivo para activar la declaratoria de emergencia y el día 26 de marzo de 2013, la Secretaría de Gobernación emite el boletín de prensa número 053/13 el cual se publica el día 4 de abril de 2013, en el Diario Oficial de la Federación.4

Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos ante la emergencia de la población y la preocupación del deterioro al medio ambiente en el que se encuentra el estado de San Luis Potosí.

Por lo expuesto y razonado en los apartados anteriores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se transparente y vigile el cumplimiento de la declaratoria de emergencia y se brinde el apoyo necesario e inmediato con el objeto de atender todas las afectaciones mediante el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), derivado de la declaratoria de emergencia en el estado de San Luis Potosí, a causa de los incendios forestales ocurridos en el mes de marzo de 2013, en la Huasteca Potosina.

Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Desarrollo Forestal para que se programen las medidas y acciones preventivas que en su caso procedan para la reforestación y combatir la secuela ambiental respecto de los daños ocasionados por los incendios forestales ocurridos en el mes de marzo de 2013, en la Huasteca Potosina, estado de San Luis Potosí.

Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Desarrollo Forestal, para destinar mayores recursos al Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, para las estrategias y acciones dirigidas a la prevención, control y combate de incendios forestales dañinos que pudieran ocurrir en el estado de San Luis Potosí.

Cuarto. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a brindar todo el apoyo necesario, para los estados que se vean afectados por la ocurrencia de incendios forestales.

Notas

1. Monografía del estado de San Luis Potosí, gobierno del estado de San Luis Potosí, 2012, página 23.

2. Reporte semanal de resultado de incendios forestales, Semarnat del primero de enero al 28 de marzo 2013, Conafor, en línea http://www.conafor.gob.mx/portal/, 3 de abril de 2013.

3. Reporte semanal de resultado de incendios forestales, Semarnat, del primero de enero al 28 de marzo 2013, Conafor, en línea http://www.conafor.gob.mx/portal/, 19 de abril de 2013.

4. Diario Oficial de la Federación, publicación del día 04 de abril de 2013.

México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profepa informar a esta soberanía si hay denuncia o procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones ambientales en las minas de Texcoco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1461, que contiene Proposición con Punto de Acuerdo relativo a crear un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 07 de marzo de 2013, los diputados Claudia Elena Águila Torres y Jorge de la Vega Membrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que solicitan la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de transparentar e investigar los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco del año 2010 a la fecha, así como el taponamiento del Rio Chapingo.

Segundo. En la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Presidenta de la Comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Refieren los legisladores proponentes que, la zona de Texcoco se ha distinguido por su actividad minera, actividad que ha traído como consecuencia la formación de socavones que al paso del tiempo, han servido como pozos de absorción; en esta región se extrae y se vende arena, grava y tepetate, lo cual hace habitual el tránsito de camiones transportando dichos materiales.

Afirman los legisladores que, el tránsito habitual de camiones de carga de materiales para la construcción en las comunidades del municipio de Texcoco, se incrementó en el mes de septiembre de 2010 y, en particular, de camiones aparentemente pertenecientes a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).

En un principio, exponen los proponentes, existía la duda sobre el tipo de maniobras que estaban realizando, pero con el paso de los días la información sobre las acciones ejecutadas se aclaró; la novedad era que se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE y Tequexquináhuac.

Derivado de la información anterior, señalan los legisladores proponentes que, la población se inquietó al observar con extrañeza el paso continuo de los camiones y la forma inusual en que cargaban y derramaban un líquido de color oscuro y de olor muy desagradable, lo que despertó la sospecha de que no transportaban tierra y desperdicios de la construcción o cascajo, sino lodos de sedimentos presuntamente provenientes del Canal de la Compañía, para finalmente depositarlos como relleno de los socavones de las minas, y estas minas se encuentran en la zona de la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la Sierra Nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del Valle de México.

Los habitantes de las comunidades del Municipio de Texcoco, están siendo aparentemente afectados con el supuesto depósito lodos contaminantes en los socavones, situación que, según los proponentes, ya fue denunciada ante el Ayuntamiento de Texcoco, Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y algunos medios de comunicación locales y redes sociales.

Los diputados proponentes aseguran que, a casi dos años de iniciar el relleno de las minas y de continuar con el depósito de estos materiales, se generarán problemas serios, entre los que destacan:

1. Continuará la incertidumbre en la comunidad, debido a que ninguna autoridad en la materia ha presentado información, ni estudios sobre el relleno de los socavones de las minas del municipio de Texcoco, que permitan conocer si se cuenta con las medidas necesarias para evitar la filtración de materiales contaminantes al acuífero de Texcoco, y evitar un posible atentado contra la naturaleza y los habitantes de la zona oriente del Valle de México.

2. La zona ecológica donde se produce naturalmente la recarga del acuífero está asociada a la ladera noroccidental de la Sierra Nevada, misma que alimenta el acuífero de Texcoco y parte del oriente del Valle de México; consecuentemente, los desperdicios altamente contaminantes que, aseguran los proponentes, son vertidos en las minas de esta zona, con el paso del tiempo se filtrarán al subsuelo dañando irreversiblemente los depósitos subterráneos de agua que abastecen a millones de habitantes.

3. Ante la preocupación de las comunidades por el relleno de los socavones de las minas, los proponentes estiman importante analizar y confirmar las características del material que se está depositando, así como llevar a cabo un estudio del impacto en el acuífero pero, sobre todo, dejar que los socavones sigan siendo pozos de absorción.

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos loable el interés de los diputados proponentes, en impedir el daño irreversible que pudiera causarse a los depósitos subterráneos de agua.

Por otro lado, en la investigación que realizo esta Comisión para el presente punto de acuerdo se encontró que la Subdirección de Medio Ambiente de Texcoco, afirma que la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados) no cuenta con permiso alguno de relleno-rehabilitación de mina en el Municipio de Texcoco.

En este mismo sentido la Subdirección afirma que, en los resolutivos para la rehabilitación de minas, se describen los materiales con los que pueden hacer el relleno, así como las medidas de rehabilitación preventiva y restrictiva que deben observarse al rellenar-rehabilitar una mina.

Asimismo, los proponentes refieren que:

Los proponentes realizamos un recorrido el pasado día 12 de octubre de 2012, por los socavones de las minas y constatamos el relleno de estos con desechos de la construcción, además de llantas, tierra, lodos, PET y algunos materiales, que son acompañados de un olor desagradable, característico de las aguas residuales. Durante el recorrido, la Doctora Irma Rodríguez, profesora investigadora del departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Capingo, tomo muestras de los lodos, con sus alumnos; los lodos estaban debajo de una pequeña capa de tierra no mayor de 10 o 15 centímetros, la cual no podía permanecer firme para pisar en ella. Quienes tomaron las muestras caminaban como en un pantano o sobre arenas movedizas, pus es la consistencia de los lodos, Además, en ciertos lugares se encharcan los lixiviados con el agua de lluvia.

Sin embargo, no describen si de los resultados de esta visita los residuos pudieran ser peligrosos de conformidad con la normatividad aplicable.

Derivado de lo anterior y a la falta de información que ésta Comisión tiene al respecto consideramos improcedente la solicitud específica de la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, reiteramos nuestro compromiso con los proponentes y su interés por la situación que viven los habitantes de estas comunidades.

Por lo anterior y con el objeto de conocer mejor la situación que viven los habitantes del municipio de Texcoco respecto a los hechos que afirman los proponentes.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar a esta Soberanía si existe alguna denuncia o algún procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan en el Municipio de Texcoco.

Segundo. Se recomienda respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, informe si existen denuncias o procedimientos abiertos respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan en el Municipio de Texcoco y en su caso confirmar las posibles medidas que se han tomado al respecto.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a informe a esta soberanía si hay procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1500, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a las nuevas inspecciones de las subestaciones eléctricas de Cacaluta y Magueyitos y se lleve a cabo nuevo estudio para la declaratoria de Reserva de la Biosfera Huatulco.

I. Antecedentes legislativos

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 12 de marzo de 2013, la Diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que solicita Exhortar al Ejecutivo Federal, lleve a cabo nuevas inspecciones en la obra referente a la Subestación Eléctrica Cacaluta SF6 BCO 1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2, asimismo se lleve a cabo un nuevo estudio para la declaratoria de Reserva de la Biosfera Huatulco, Oaxaca.

Segundo. En la misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto los trámites correspondientes, turnándolos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido y objeto de la proposición

La iniciativa de la diputada Cristina Olvera Barrios manifiesta sustancialmente lo siguiente: La conservación de los humedales es una acción indispensable, ya que estos son ecosistemas que aportan altos niveles de nutrientes al medio marino y ofrecen servicios prioritarios para el combate al cambio climático, por ejemplo, mitigan las inundaciones, retienen agentes contaminantes y son refugio de especies en peligro de extinción.

Del mismo modo, los humedales contribuyen al proceso hidrológico, indispensable para la actividad humana y animal. No obstante, estos ecosistemas se encuentran constantemente amenazados por el desarrollo urbano no sustentable (hoteles, subestaciones eléctricas, marinas, campos de golf, etcétera).

Refieren los promoventes que, desde el año pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2, cuya localización respecto a los ordenamientos jurídicos y ambientales son los siguientes:

1. La subestación estará en una zona aledaña, fuera del polígono del Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco (ANPPNH).

2. Estará localizada dentro de la Región Terrestre Prioritaria 129 8RTP129) denominada así por la Conabio (Comisión Nacional Para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad).

3. Estará dentro del polígono del sitio RAMSAR 1321.

4. Estará dentro de la Reserva de la Biosfera Huatulco, denominada así por la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

5. Estará dentro de terrenos propiedad de FONATUR, (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), buscando dar servicios al desarrollo turístico en la zona.

Asimismo señalan que, ante las denuncias de diputados locales sobre los daños que sufrió la zona, Profepa llevó a cabo inspecciones donde se advirtió que no se había cumplido con las condicionantes del resolutivo de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y por tanto se llevaron a cabo suspensiones provisionales a las obras.

En el año 2003, fue designado el Parque Nacional Huatulco denominado como sitio RAMSAR 1321 y que abarca 80% del territorio municipal con una porción marina de 3,077 ha., y una porción terrestre de 41,323 ha. Que suman un total de 44,400 ha, este sitio cumple con todos los criterios para la identificación de humedales de importancia internacional.

III. Consideraciones

México al día de hoy ocupa un lugar preponderante en todo el mundo pues es considerado por la comunidad internacional como un país megadiverso, esto es debido a que alberga una gran variedad ecosistema, climas, flora, fauna y paisajes dentro de otros atractivos mas, condiciones que propician que sea un país con un amplio potencial turístico y esta actividad económica es considerada como la tercera mayor generadora de divisas a nivel nacional, solamente la anteceden los ingresos referentes a la exportación petrolera y a las remesas que provienen del extranjero.

La Convención sobre los Humedales, firmada en la Ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales, cuyo objetivo es “La Conservación y uso racional de todos los humedales, mediante acciones locales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyan al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”

El 27 de noviembre del 2003, la Convención sobre los Humedales o Convención Ramsar, designó internacionalmente gran parte del municipio de Santa María Huatulco (41,323 ha terrestres y 3,077 ha marinas para un total de 44,400 Ha) como Sitio Ramsar 1321: “Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco”, humedal de importancia internacional, debido principalmente a la presencia de selva baja caducifolia o selva seca y la dinámica ecológica que comparte con los humedales temporales y permanentes que están presentes, como arroyos, ríos, lagunas, manglares, arrecifes de coral, selva mediana inundable y otras comunidades vegetales que componen estos ecosistemas tan importantes y que proveen de gran cantidad de servicios ambientales; dichos ecosistemas generalmente son sitios fuente y presentan alta fragilidad, vulnerabilidad y gran riqueza de especies.

En el Sitio Ramsar 1321, las comunidades locales están en constante búsqueda de la sustentabilidad y del desarrollo sostenible en base al manejo racional de su capital natural. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del Parque Nacional Huatulco (PNH), administra, gestiona y propone: medidas de manejo y uso sustentable de los humedales de todo el Sitio Ramsar 1321, que incluye el territorio del PNH, su zona de influencia, el destino turístico y una gran parte del municipio.1

La Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió en el mes de diciembre de 2011 un diagnostico ecológico y cultural del Parque Nacional Huatulco,2 en resumen confirma lo siguiente: que El Parque Nacional Huatulco decretado como Área Natural Protegida en 1998, cuenta con una superficie de 11, 890.98 ha de las cuales 6,374.98 ha son terrestres y 5,516.00 pertenecen a la zona marina. El Parque Nacional Huatulco colinda: al norte con los terrenos comunales de Santa María Huatulco (en adelante SMH), al sur con el océano Pacífico (de punta Sacrificios a punta Violín y dos millas mar adentro), al este con la zona urbana de La Crucecita y la cuenca baja del arroyo Cacaluta y al oeste con la cuenca del arroyo Xúchilt (CONANP, 2003). La construcción del Desarrollo Turístico Integral Bahías de Huatulco (FONATUR 1984) en parte de los bienes comunales expropiados a la comunidad de SMH, detonó la iniciativa de conservación de los ecosistemas y paisajes con importancia ecológica regional. Esta iniciativa surge a partir de los diferentes impactos negativos generados por la construcción del Desarrollo Turístico Integral que promovió la apertura de áreas de selva baja caducifolia, la remoción de grandes cantidades de suelos y el vertimiento de sedimentos en el mar, además de la modificación de diferentes afluentes naturales. En el sentido humano-demográfico, se incrementaron las tasas de inmigración producto del desplazamiento de numerosos solicitantes de empleos y sus familias, presentándose con ello, una creciente alza en la demanda de terrenos urbanos para vivienda y de dotación de servicios mismas que al rebasar la capacidad de atención por parte de los empleadores y de FONATUR propiciaron el establecimiento de asentamientos irregulares y con ellos, fuertes impactos sobre los recursos naturales en algunas zonas (CONANP, 2003). Estas afectaciones incentivaron las iniciativas de conservación a través del reconocimiento de diferentes servicios ambientales y de oportunidades derivadas del manejo integral de los recursos naturales del área. El decreto del Programa de Manejo (CONANP, 2003) y el interés de diferentes sectores poblacionales del municipio de Santa María Huatulco, sectores académicos (Universidad del Mar) y asociaciones civiles como GAIA, A.C. (Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental) para concertar estrategias de ordenamiento territorial del uso del suelo y para elaborar el Plan para el Buen Manejo y Conservación de los Recursos Naturales (Julio 2000), ha fortalecido las estrategias de buen manejo agrícola y la excursión en oportunidades para el pago de servicios ambientales derivados del PNH. De igual forma, con la implantación del Sistema Comunal de Áreas Naturales Protegidas con una superficie cercana a las 12,000 ha en la parte norte (Bienes Comunales de Santa María Huatulco) del Parque Nacional Huatulco, se han fortalecido los objetivos de conservación establecidos en el Programa de manejo vigente.

En particular, el Parque Nacional Huatulco (en adelante PNH) conjuga una serie de elementos naturales representados en diferentes ecosistemas y paisajes que fungen como hábitat importante para una diversidad de especies animales y vegetales características de ecosistemas de selva baja caducifolia, humedales, manglares y arrecifes coralinos, entre otros. En un sentido amplio de diversidad, el PNH mantiene elementos bióticos (ecosistemas y especies asociadas) y abióticos (ambiente físico y dinámicas ecológicas) importantes para la continuidad de diferentes procesos ecológicos a nivel local y regional. En el sentido ecológico, la diversidad biológica y de ambientes representados en el PNH contribuye con servicios ambientales esenciales tanto para la dinámica ecológica del área, como para la población humana circundante. Estos servicios derivan en un valor agregado para la conservación y manejo integral de los componentes bióticos y abióticos que integran al PNH. Cabe destacar además, que la diversidad biológica y escénica conformada por los paisajes del PNH contribuye con la producción y distribución de bienes y servicios en diferentes sectores de la economía local y regional. Entre las principales actividades económicas que se generan directa o indirectamente en el PNH destacan la pesca para venta y autoconsumo y deportiva, así como el turismo en sus diferentes modalidades desde el convencional hasta el turismo de aventura y ecoturismo. Estas actividades realizadas dentro de la zona de influencia del PNH y en sus zonas terrestres y marinas, generan impactos que requieren de su evaluación constante, de tal manera que el tipo, condición y estrategias para realizar las actividades mencionadas definen en gran parte las amenazas y procesos socioculturales que dan lugar al contexto ambiental actual del PNH.

Por su importancia ambiental y paisajística, la generación de un diagnóstico ecológico, social y cultural del PNH otorgará una visión amplia de las necesidades y estrategias de manejo y aprovechamiento que el parque requiere para su conservación a largo plazo. Esta herramienta pretende ser parte de una línea base actualizada de información ecológica, social y cultural que complementará al Programa de Manejo vigente publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el año 2003.

Justificación

A nueve años de operar el programa de manejo del Parque Nacional Huatulco resulta necesario analizar la efectividad en la operación del mismo. El diagnóstico ecológico, social y cultural proporcionará elementos de juicio para definir el estado de conservación en que se encuentra en Parque Nacional Huatulco y su área de influencia.

Objetivo general

Contribuir con información actualizada para la revisión de la efectividad del programa de manejo vigente del Parque Nacional Huatulco.

Objetivos específicos

a) Actualizar la información ecológica, social y cultural del Parque Nacional Huatulco con base a indicadores de integridad biológica, socioeconómicos y de índole cultural.

b) Realizar un diagnóstico del estado de conservación del Parque con base en los indicadores del programa nacional de ANP 2007-2012

c) Analizar el estado de conservación de la cobertura vegetal del Parque y su zona de influencia.

d) Generar el documento “Diagnóstico ecológico, social y cultural del Parque Nacional Huatulco”

Resultados

Los resultados se presentan en tres grandes ejes que aunque difieren en conceptos técnicos mantienen una relación espacial y temporal que da lugar al estado actual de los ecosistemas y condiciones socioculturales y económicas del Parque Nacional Huatulco. Se presenta una descripción general del contexto ambiental del PNH, plasmando una visión actualizada de sus ecosistemas principales y generando a partir de esta información una discusión del estado actual y amenazas de conservación. Posteriormente se discute la información sociocultural con indicadores demográficos y económicos y sus implicaciones para definir los indicadores de conservación de acuerdo al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 (CONANP 2010).

Contexto demográfico y económico.- Dada la ubicación geográfica del Parque Nacional en el municipio de Santa María Huatulco, es necesario considerar los aspectos demográficos y económicos que definen las características socioeconómicas del municipio. Lo anterior tiene el propósito de definir las implicaciones del crecimiento poblacional y actividades económicas de Santa María Huatulco en la conservación y manejo de los recursos naturales. Con la identificación de correlaciones específicas entre estos indicadores se podrían jerarquizar e implementar estrategias de compensación ambiental en el polígono y área de influencia del PNH. Actualmente la definición de políticas de uso y gestión de los recursos naturales por parte del comisariado de bienes comunales de SMH ha favorecido la concertación de estrategias y prioridades de acción para conservar la integridad ecológica de los ecosistemas presentes en la región. No obstante, el contexto ambiental actual del PNH depende además de los indicadores demográficos y económicos que dan lugar al contexto social y cultural del parque y que generan una influencia importante. En este sentido la injerencia de las actividades realizadas por los pobladores locales en el PNH está definida por el número de pobladores y por el tipo de actividad económica que realizan.

La colindancia del Parque Nacional con los denominados bienes comunales del municipio Santa María Huatulco, poblado de La Crucecita, Santa Cruz, Cacaluta y localidades del área de influencia, determina en gran parte el uso del suelo y cobertura vegetal existente en la zona circundante al PNH. Así mismo, la colindancia de los bienes comunales del SMH con el PNH ha favorecido el mantenimiento de diversos servicios ambientales para los pobladores del área. Debido a esta relación, la comunidad de Santa María Huatulco designó un Sistema Comunal de Áreas Naturales Protegidas que favorecen la continuidad estructural y funcional de un corredor biológico y la provisión de servicios ambientales entre la parte alta de los bienes comunales, el PNH y la parte baja de la subcuenca del río Cacaluta. Para conocer las relaciones específicas entre los objetivos de conservación del PNH y la dinámica socioambiental a la que se encuentra sujeto el territorio, es necesario profundizar en los indicadores demográficos y principales actividades económicas que se realizan actualmente en la zona de influencia del Parque Nacional Huatulco.

1. Protección.- Basado en los programas de inspección y vigilancia, establecidos y operando por año. Las acciones de protección que realiza el PNH son preventivas, correctivas y prioritarias para el buen funcionamiento de los ecosistemas presentes. Su función es la de contrarrestar el posible deterioro ambiental provocado por las actividades productivas no sustentables o cambios en los patrones y procesos ecológicos a gran escala. Por ende, la protección plantea acciones directas de vigilancia para la prevención de ilícitos, contingencias y la protección contra especies invasoras y especies nocivas. El personal operativo del PNH realiza actualmente sistemas de inspección específicos establecidos en zonas afectadas recurrentemente por disposición inadecuada de desechos orgánicos e inorgánicos introducidos por usuarios. El personal diseña mecanismos de supervisión y control sobre las actividades marinas y terrestres, orientadas a prevenir el deterioro de los ecosistemas y apoyar la seguridad de los usuarios. Como parte de los acuerdos realizados con los ejidatarios de SMH y a través del Sistema Comunal de ANP´s y el SECOBI, se promueven acciones de vigilancia que contribuyan a disminuir los impactos generados por actividades humanas en la zona de influencia del PNH.

2. Vulnerabilidad.- Tiene como finalidad principal la mitigación y combate del impacto de los fenómenos naturales (huracanes, inundaciones, erupciones, fenómenos naturales) y antropogénicos (especies invasoras, incendios, ilícitos como desmontes y caza furtiva y cambio de uso de suelo) que afectan el PNH y otras modalidades de conservación. Actualmente el PNH cuenta con un programa anual operativo que define las prioridades de investigación y monitoreo de las amenazas más frecuentes a la integridad ecológica del PNH. El monitoreo de impacto ambiental (tala, incendios, azolvamiento), efectividad en la protección de recursos naturales (saqueo de flora y fauna), vida silvestre (evaluación de poblaciones), evaluación de las artes de pesca y utilización sustentable del caracol púrpura, arroja resultados alentadores basados en la evaluación de la efectividad del reglamento del PNH. Este monitoreo se articula con el programa de inspección y vigilancia del PNH por lo que la coordinación operativa de los reglamentos y acciones del personal son efectivos para la conservación del PNH. Respecto a la sanidad forestal y el manejo integrado del fuego, el PNH no cuenta con un sistema de monitoreo contra plagas y enfermedades ni con un programa operativo contra incendios. No obstante, este último es temporal por lo que las contingencias presentadas pueden atenderse de manera coordinada con otras instancias como Profepa y CONANP. La evaluación de la vulnerabilidad en todas sus dimensiones debe ser prioridad del PNH que aunque presenta esfuerzos de conservación articulados y efectivos, también presenta amenazas constantes en espacio y tiempo.

3. Manejo.- El uso racional y estrategias de conservación, mitigación y restauración de los recursos naturales puede asegurar la permanencia y provisión de servicios ambientales derivados de los ecosistemas naturales. La concertación de estrategias de conservación de corredores biológicos y de manejo de afluentes y escorrentías en la porción Norte del PNH más la implementación de acuerdos regionales e institucionales con otras dependencias y organizaciones civiles ha generado acciones concretas de conservación que han repercutido en el buen manejo de los recursos naturales del PNH. Estas acciones han mitigado gran parte de los impactos ambientales derivados del turismo y aprovechamiento del territorio por los pobladores locales. La implementación de un Sistema Comunal de ANP´s en los Bienes Comunales de Santa María Huatulco y la protección legal del PNH han disminuido las tasas de cambio de uso de suelo manteniendo con ello gran parte de la cobertura forestal del PNH.

4. Cooperación y conocimiento.- La coordinación con instancias gubernamentales, académicas y organizaciones civiles ha fortalecido el marco actual de conservación del PNH y su área de influencia. Los esfuerzos de participación de los actores locales han integrado estrategias de planeación y manejo efectivo de los recursos naturales de la región. La reciente inclusión de la subcuenca de Cacaluta, en específico de la parte norte como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la creación del Sistema Comunal de ANP´s y el SECOBI con el programa de Ordenamiento Territorial de los Bienes Comunales de SMH a través de la generación de mecanismos de diálogo y concertación, repercutieron en el estado actual de conservación del Parque que aunque presenta amenazas evidentes a corto y mediano plazo, puede mantener la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos.

Aunque los indicadores mencionados son aplicados en el marco operativo del PNH es adecuado incluir otros indicadores que pueden coadyuvar en una gestión integral del territorio del PNH y área de influencia.

5. Servicios ambientales y tenencia de la tierra.- La apropiación y manejo sustentable del territorio y ecosistemas presentas derivan en la provisión óptima de los servicios ambientales requeridos. Un manejo racional implica compromiso y actitudes positivas hacia la conservación de los recursos naturales, y hacia el uso óptimo de los mismos. La tenencia de la tierra es un factor determinante para la implementación del programa operativo. Aunque la poligonal del PNH está definida geográficamente, las invasiones y los conflictos legales están presentes por lo que la aplicación del marco legal y la resolución de conflictos es importante para integrar este indicador como un eje de conservación en el PNH.

6. Educación para la conservación, cultura y participación.- La idea generalizada de conservación del PNH y de sus beneficios ambientales y económicos inmediatos puede promover una gestión integral y aplicación del marco legal vigente en armonía con la población y/o actores locales. La inclusión del universo cultural como detonador del conocimiento generalizado de los recursos del PNH puede generar oportunidades de participación e inclusión en actividades de cuidado y manejo del territorio presente en el PNH. La educación para la conservación es trascendente para el destino del PNH y en este sentido debe ser prioridad la continuidad de políticas educativas dirigidas hacia actores específicos.

7. Cooperación internacional y procuración de fondos.- La aplicación de principios y acuerdos internacionales en materia de conservación, más la cooperación multilateral para el fortalecimiento de recursos (humanos, financieros, capacitación, técnicos y tecnológicos) que permitan fortalecer las acciones de conservación debe ser prioridad para el PNH. El fortalecimiento institucional a través del intercambio de experiencias y conocimientos puede mejorar la capacidad del personal operativo del PNH.

Ahora bien, respecto de las autorizaciones signadas por el director General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT para el desarrollo del proyecto denominado Subestación eléctrica Magueyitos SF6 Bco. 1 y 2 con ubicación en Santa María Huatulco, Oaxaca mediante oficio número SGPA/DGGFS/712/2068/12, de fecha 12 de julio de 2012 y el desarrollo del proyecto denominado Subestación eléctrica Cacaluta SF6 Bco. 1 con ubicación en Santa María Huatulco, Oaxaca mediante oficio número SGPA/DGGFS/712/2257/12, de fecha 27 de julio de 2012, la SEMARNAT solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener obras de manera temporal en la subestación eléctrica que construye en Cacaluta, Oaxaca, hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verifique que el proyecto está cumpliendo con las condicionantes establecidas por la autoridad ambiental.

Para tal efecto, la Profepa realizará una visita de inspección en el lugar, dando respuesta a las denuncias interpuestas por diputados locales ante este organismo y debido al interés del Gobierno Federal de atender la inquietud de la ciudadanía y de ambientalistas preocupados por el cuidado del entorno.

Es importante señalar que, dicho proyecto cuenta con las dos autorizaciones ambientales y forestales emitidas por la SEMARNAT: la de Impacto Ambiental por parte de la Delegación en Oaxaca, y la de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS).

El proyecto se desarrolla fuera del polígono del Parque Nacional Huatulco y el área autorizada para el cambio de uso de suelo consta de una superficie de 1.07 hectáreas de selva baja caducifolia, cifra que representa menos del 0.001 por ciento del total de la poligonal del ANP, por lo que el impacto por el desmonte de esa hectárea es mínimo para todo el ecosistema.

Entre otras de las condicionantes impuestas en dicho resolutivo, además de la Compensación Ambiental de 4.2 hectáreas para beneficio de la propia ANP, la CFE deberá reforestar 3.2 hectáreas, es decir tres por cada hectárea a desmontar, dentro del Parque Nacional Huatulco, en un lugar que la propia CONANP definirá. Otras condicionantes en la autorización, sugeridas por la CONANP, obligan a la CFE a realizar medidas de conservación y restauración de suelos, así como cuidar y reubicar los distintos especímenes de flora y fauna de las especies en estatus de protección.3

Por las razones ya expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía si existen procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a ésta Soberanía si procede la incorporación del resto del municipio de Santa María de Huatulco y en su caso que áreas podrán integrarse, correspondiente a la zona de transición de la Reserva de la Biósfera Huatulco según designación de la UNESCO, dentro del polígono del Parque Nacional Huatulco, de tal modo que toda la Reserva de la Biósfera Huatulco reciba la protección de área natural protegida, a través del Parque Nacional Huatulco.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a las autoridades locales competentes, lleven a cabo un programa de desarrollo urbano y turístico que respete las condiciones de conservación actuales en beneficio del ambiente en el Parque Nacional Huatulco.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca implemente el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, en concordancia con el manejo del Parque Nacional Huatulco.

Notas

1 Equipo Verde Huatulco, AC.

2 Conanp Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas. Parque Nacional Huatulco. Diagnostico Ecológico, Social y Cultural del Parque Nacional Huatulco 2011.

3 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4750/1/mx.wap/solicita_semarna t_parar_temporalmente_obras_de_subestacion_electrica_en_cacaluta_y_prof epa_realizara_visita_de_inspeccion__.html

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se recomienda a la Cámara de Diputados a asumir, con la supervisión, el seguimiento y el control de la Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración, el compromiso de evaluar su régimen normativo y así cumplir el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, el expediente número 1245 que contiene, Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a impulsar uno para no utilizar ese material en la Cámara

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 79, 80 fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero: En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 12 de febrero de 2013, la diputada Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel, así como a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, para que impulse un programa para la no utilización de este material en la Cámara de Diputados.

Segundo: En la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo en estudio, corresponde a una propuesta promovida por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone los siguientes resolutivos.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia impulse un programa para el manejo y reciclaje de Poliestireno Extendido, llamado comúnmente unicel.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que se impulse dentro de esta Cámara de Diputados un programa que garantice la no adquisición de vasos y demás productos de poliestireno expandido en la misma y, que se suspenda su adquisición en el futuro.

Tercero. Se exhorta a ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a evaluar su régimen normativo y, dar así cumplir con el Artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que expedirá un manual de sistema de manejo ambiental.

III. Consideraciones

Con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar el Punto de Acuerdo de referencia.

La proposición materia del presente dictamen tiene como finalidad, impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel; y la no utilización de ese material en la Cámara de Diputados

A este respecto es importante mencionar que, en México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16 % son de plástico y 2 % de unicel unas 160 000 toneladas de unicel más o menos.1

Visto lo anterior es importante destacar que el unicel o poliestireno expandido no está considerado como residuo peligroso en la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos.

Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.

Por lo que el unicel al no estar contemplado como residuo peligroso, no puede estar sujeto a un plan de manejo, tal y como lo establece la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos.

En el mismo sentido dentro de las consideraciones de la legisladora promovente se hace mención que las principales motivaciones son:

• Existe en la actualidad una polémica causada por el uso de poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, y sus efectos negativos en la salud de las personas y en su medio ambiente.

• La utilización del unicel en el país se concentra principalmente en utensilios desechables (vasos, platos, empaques), protección de aparatos electrónicos y en la industria de la construcción.

• El proceso de reciclaje del unicel en México se complejiza además porque no hay centros de acopio y va a dar a rellenos sanitarios.

• Otro punto en el que se debe poner atención, son las causas en la salud por la exposición prolongada al estireno, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), ambas por sus siglas en ingles, los efectos por la prolongada exposición tiende a provocar irritación en la piel, ojos, vías respiratorias altas y efectos gastrointestinales.

• Un prolongado contacto afecta el sistema nervioso central mostrando síntomas de fatiga, depresión, dolor de cabeza y efectos menores en la función renal y en la sangre.

• Asimismo, las dos Agencias citadas anteriormente, han catalogado al poliestireno expandido o, unicel, como posible carcinógeno.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se recomienda a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asumir el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que expedirá un manual de sistema de manejo ambiental, así como a implementar éste, con el objetivo de reducir los impactos negativos en el ambiente.

Segundo. Se recomienda a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asumir el compromiso para que se impulse dentro de esta Cámara de Diputados, un programa que garantice, la no adquisición de vasos y demás productos de poliestireno expandido en la misma y, que se suspenda su adquisición en el futuro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación a informar a esta soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental referidos en el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1656, que contiene Proposición con Punto de Acuerdo relativo a promover al interior de las dependencias el uso sustentable de energía, el agua y recursos naturales.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados ,celebrada el día 02 de abril de 2013, los diputados Sergio Augusto Chan Lugo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Rafael Acosta Croda, Fernando Alejandro Larrazábal, Máximo Othon Zayas, J. Jesús Oviedo Herrera, María Isabel Ortiz Mantilla Gerardo Peña Avilés, José Enrique Reina Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los tres poderes Federales de la Unión, para que promuevan al interior de las dependencias, el uso sustentable de energía, el agua y recursos naturales.

Tercero. Una vez recibido el expediente correspondiente, la Presidenta de la Comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido y objeto de la proposición

Afirman los legisladores que, el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado, requiere de la adopción de mejores prácticas de consumo y producción que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.

Refieren los Diputados promoventes que como es del conocimiento de todos México es miembro activo del Protocolo de Kyoto desde el día 16 de febrero de 2005, acuerdo internacional suscrito por 128 países cuyo objetivo consiste en tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y contribuyen aceleradamente al cambio climático en la mayoría de las regiones del mundo.

Los proponentes indican que, al día de hoy en el país, son escasas las oficinas que se encuentran a cargo de los tres niveles de gobierno que mantienen el concepto de “Oficina Verde”, y con la finalidad de poder contribuir en beneficio del medio ambiente, proponen realizar acciones que contribuyan a un consumo de recursos de forma responsable, con la finalidad de lograr el aprovechamiento de recursos, en empatía con un medio ambiente más saludable.

Ahora bien, los Diputados señalan que las oficinas de la Cámara de Diputados deben ser un ejemplo en el consumo responsable, en donde se deberá evitar el consumo de productos que son altamente contaminantes, y que toman largos periodos para su procesos de degradación, mismos que pudieran contener sustancias potencialmente toxicas y cancerígenas, empleo racional de productos de limpieza, optar por productos biodegradables y amigables con el ambiente, utilización de pinturas no toxicas, la utilización de telas ignifugas, evitar el uso de recipientes de unicel y sustituirlos por envases compuestos de materiales biodegradables, así como evitar envases de plástico denominado PET, dentro de otros mecanismos de consumo sustentable.

Reducir el alto consumo de papel, imprimiendo escritos preferentemente por el anverso y reverso de la hoja, reusar el papel reciclado para informes internos, darle prioridad al uso intensivo del correo electrónico como mecanismo de comunicación, aprovechar la tecnología electrónica para el traslado y almacenamiento de información, promover una cultura verde en el fomento de ahorro de energía eléctrica, en el ahorro de consumo de agua, considerando mecanismos como muebles de sanitarios que utilizan menos de tres litros de agua.

Aprovechar el reúso de muebles e insumos y observar el proceso correcto del reciclado de los materiales que serán desechados definitivamente.

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refrendamos la preocupación del inminente deterioro que sufre el medio ambiente a consecuencia del volumen de los desechos que se generan por el consumo propio de la actividad humana y en particular derivado de la operación de edificios que albergan a numerosas personas.

Esta comisión considera que es importante crear una mejor conciencia dirigida al consumo responsable, y poder generar en todos los funcionarios y empleados, hábitos de bienestar derivado del consumo tutelado por los indicativos que se refieren a la “Reducción, Reúso y Reciclable”.

Sin embargo, esta Comisión considera que ya existen disposiciones legales contenidas dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que obligan a la Administración Pública Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial respecto a la optimización de recursos materiales y nos referimos al artículo 17 bis que señala

Artículo 17 Bis. La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

Por lo que ésta Comisión retoma el sentido de los promoventes y considera que el exhorto debe hacerse con fundamento a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo consideramos que no se puede exhortar a la Cámara de Diputados como una unidad pues ésta no se puede exhortar a sí misma pero sí a los órganos que la conforman.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación a informar a esta Soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental que refiere el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. Se recomienda respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asuma el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tercero . Se recomienda respetuosamente a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comisión de Administración, asuma el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del DF a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Cuerpo de Bomberos

Honorable Asamblea:

La Comisión Protección Civil con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.

Antecedentes

El 21 de marzo de 2013, el Diputado Glafiro Salinas Mendiola del Grupo Parlamentario del PAN presentó el punto de acuerdo, en donde exhorta a los Gobernadores y al Jefe del Gobierno del D.F. a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El 21 de marzo de 2013, el presente documento fue turnado a la Comisión de Protección Civil.

Contenido de la Proposición

De acuerdo con la proposición de punto de acuerdo, los bomberos son un elemento importante y parte esencial del mundo actual, por lo que se vuelven cruciales para la preservación de la vida de la población en general, ya que son hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas, algunos a diario, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos mediante un servicio eficaz, eficiente, profesional y humanitario, cumpliendo con el compromiso prevención, combate y extinción de incendios, servicios de emergencias médicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección y atención de desastres de cualquier tipo.

Debido a las características propias de sus responsabilidades, es claro que se enfrentan a grandes peligros en su trabajo diario, por ejemplo, inhalación de humo, quemaduras, golpes de calor, aplastamientos, accidentes causados por electricidad, intoxicaciones, entre otras y a largo plazo deficiencias respiratorias, cardiacas y cerebrales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la prestigiada revista de medicina New England Journal of Medicine, entre los bomberos que mueren en el trabajo, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Según los resultados, apagar incendios conlleva un riesgo de muerte cardíaca hasta 100 veces más elevado que en la población general.

Sin embargo, a pesar de la ingente responsabilidad y los peligros inherentes al oficio de proteger la vida de los otros exponiendo la propia, la mayoría de los distintos Cuerpos de Bomberos en nuestro país carece de equipamiento y seguridad necesaria para el desempeño diario de sus funciones, sin referirnos aún al equipamiento necesario para la protección y seguridad personal, ni mencionar el exiguo sueldo que resulta insuficiente e indigno para la noble labor que realizan.

Además, debe revisarse a fondo su sistema de pensiones, el mejoramiento de los alimentos que se les proporcionan, así como su servicio médico.

Según el diputado que presenta el punto de acuerdo, un diáfano ejemplo de la problemática expuesta es el caso del Honorable Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, donde los mil 400 elementos que lo conforman deben lidiar con aproximadamente 40 mil servicios anuales con un sueldo que va desde los 3,500 a los 5,000 pesos mensuales.

Otro ejemplo claro es el caso del Cuerpo de Bomberos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el año pasado las siete máquinas apagadoras con las que se cuenta sufrieron fallas sistemáticas que les obstruyeron el trabajo y pusieron en grave peligro tanto a los Bomberos como a las víctimas que requerían ayuda de éstos.

La problemática se extiende a lo largo y ancho del territorio para los Bomberos, por ello, es importante realizar y fomentar este tipo de puntos de acuerdo ya que elevamos dignidad de la persona que labora en la adversidad, así como el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

En virtud de lo anterior, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, propone el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a analizar y proponer soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a través de un adecuado entrenamiento, adquisición del equipo necesario, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo cotidiano; y que podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que regularmente suscriben la Federación y los Estados.

Segundo. Se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de revisar el marco normativo que rige la organización de los Cuerpos de Bomberos correspondientes con el objeto de incluirlas dentro del sistema de protección civil existente en dichas entidades.

Consideraciones

La Profesión de bombero es una de las más respetadas en todo el mundo, pero también es una de las más peligrosas. El deber de todos los cuerpos de bomberos es combatir los incendios, estabilizar los incidentes, conservar la vida y los bienes de la ciudadanía. La profesión de bombero no es ni cómoda ni fácil, se trata de un trabajo en el que se expone al individuo a un elevado nivel de peligro, así mismo se requiere de un alto grado de dedicación personal, un verdadero deseo de ayudar a la gente y pericia.

La sociedad debería tomar conciencia sobre la importancia de los bomberos. Fuera de su labor principal de apagar incendios, los objetivos del combate de incendios son -en orden- salvar vidas, salvar la propiedad y proteger el medio ambiente. Es impensable que no existan las condicionesn ni el equipamiento adecuado para realizar este trabajo en óptimas condiciones.

Día a día quienes forman parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, arriesgan sus propias vidas para el cuidado de las vidas ajenas. Es primordial garantizar su seguridad de manera efectiva y reconocer su trabajo. Más aún cuando en la mayoría de las instalaciones del país los cuerpos de bomberos se encuentran severamente limitados.

Por lo general el salario de un bombero llega a ser de 5,000 pesos al mes. En este sentido, es necesario proveerles el equipo necesario para no arriesgar sus vidas y aumentar el sueldo debido a las extremas y peligrosas condiciones con las que lidian.

Por lo regular, el Heroico Cuerpo de Bomberos no forma parte del presupuesto de atención a emergencias en los estados, como lo son los policías, las unidades de protección civil y otras instituciones que atienden emergencias. La mayor parte del tiempo los bomberos son cuerpos voluntarios.

Finalmente, es fundamental contribuir a reestablecer la imagen del bombero a los niños y juventud de México, reconociendo su valía y vocación de servicio.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Protección Civil dictamina en sentido positivo la siguiente proposición con punto de acuerdo y lo somete a consideración de la honorable asamblea:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a analizar y proponer soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a través de un adecuado entrenamiento, adquisición del equipo necesario, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo cotidiano; y que podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que regularmente suscriben la federación y los estados.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de revisar el marco normativo que rige la organización de los Cuerpos de Bomberos correspondientes con el objeto de incluirlas dentro del sistema de protección civil existente en dichas entidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Protección Civil

Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por sus consulados en Estados Unidos de América una campaña de difusión entre la población mexicana residente ahí sobre los beneficios de registrar a los hijos en las oficinas consulares

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que a través de sus consulados en Estados Unidos de América se informe a la población mexicana residente en aquel país, los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así mismo, para que las representaciones de México en los Estados Unidos de América emprendan una campaña de información en el caso de que se dé una Deportación, presentada por el diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. En sesión del pleno del día 9 de abril de 2013, el diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal para que a través de sus consulados en Estados Unidos de América realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquel país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Metodología

Las comisiones realizaron el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones:

Primera. El diputado Flemate Ramírez en su exposición de motivos destaca los siguientes aspectos:

Menciona que durante el proceso legal para deportar de los Estados Unidos de América a los nacionales mexicanos, en algunos casos, los hijos de éstos, son separados de sus padres y llevados a los hogares denominados “foster home” (hogares temporales) que el gobierno paga por su cuidado.

Asimismo, indica que si el gobierno de los Estados Unidos de América no tiene comunicación con los padres o familiares en un periodo de meses, estos pierden la patria potestad y son registrados en una lista de adopción.

De igual manera, advierte que representa un problema para los padres que han sido separados de sus hijos, el desconocimiento de los trámites que se tienen que realizar y de las instituciones a las que tienen que acudir para poder recuperar a sus hijos.

Cita que la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 3, numeral 1, señala que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Por lo anterior, considera que se debe atender este problema teniendo en cuenta que el interés del niño está por encima de cualquier ley o política pública de un país, por lo que propone se realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Al respecto, las Comisiones consideran que efectivamente, se debe salvaguardar el interés superior del niño y considera procedente el presente punto de acuerdo, toda vez que en caso de alguna deportación son las oficinas consulares las que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores pueden realizar los trámites para la recuperación de sus menores hijos, en cuyo caso el registro consular correspondiente resulta de gran utilidad.

Los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste, con base en las consideraciones que anteceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que a través de sus consulados en los Estados Unidos de América realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquel país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril del dos mil trece.

La Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste

Diputados: Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), presidente; Antonio de Jesús Díaz Athié, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Teresa de Jesús Mojica Morga, secretarios; Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, Eva Diego Cruz (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Ponciano Vázquez Parissi.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).