Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI

William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

En los últimos años, el aumento de la temperatura a nivel global se ha convertido en un severo problema a resolver por parte de los gobiernos y organismos internacionales dado que los estragos del cambio climático afectan al equilibrio de los ecosistemas y directamente a la producción del sector primario de la economía, donde las intensas y prolongadas sequias que se han registrado han dejado pérdidas incalculables en el sector agropecuario a escala mundial.

En torno a este problema, los diversos gobiernos han tomado una serie de medidas que garanticen contrarrestar los efectos nocivos de este fenómeno, siendo que a México la sequía lo ha transformado de ser un país exportador a ser un importador de diversos productos como por ejemplo lo es el caso del Maíz.

Este problema se transmite a toda la cadena productiva ya que siendo el campo el primer afectado, posteriormente viene la escalada de precios en la industria que depende de insumos agrícolas, de la carne y textiles, lo que en suma provoca que sea el consumidor quien finalmente lo resiente en el bolsillo. Sin embargo, el problema no es solamente económico, también la sequía se presenta como uno de los factores que detonan enfermedades relacionadas con la contaminación por estancamiento del agua como lo es la cólera, infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, rotavirus y hepatitis tipo A, entre otras.

Por ello es que el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.

En este sentido, el pasado 10 de enero el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó el llamado Programa Nacional Contra la Sequía, en dos grandes líneas de acción, el primero se basa en un sistema de alertamiento, el cual ha iniciado en una primera etapa desarrollando indicadores, basados en los índices de precipitación y escurrimiento, que con el apoyo de 20 universidades e institutos de investigación dará a conocer la situación de sequía en el país, y en una segunda etapa es el desarrollo de 26 programas de atención a las sequias en correspondencia a las 26 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional .

El problema fundamental, estimadas compañeras y compañeros diputados, radica en que los 26 programas de atención a la sequía se tienen proyectados para estar listos en el mes de junio, para que posteriormente en coordinación con los municipios, organismos operadores y distritos de riego se realicen programas focalizados en cada región según informó el Doctor Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Conagua en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero.

Es decir, debemos de recordar que a pesar de que los esfuerzos en la planeación de la alerta temprana se están llevando a cabo, el problema ya está frente a nosotros, presentándose en diversas entidades del territorio nacional, los productores no pueden esperar hasta junio para recibir la atención a una realidad cada día más adversa.

En el mes de febrero las 170 presas más importantes se encontraban en un 56 por ciento de su capacidad de llenado, lo que representa 14 por ciento menos que el promedio histórico, lo que, aunado al pronóstico del próximo trimestre abril, mayo y junio, hace necesario tomar medidas contra la sequía, pues se espera hasta 30 por ciento menos lluvia que el promedio histórico.

En este sentido los problemas no se circunscriben solo a la falta de la infraestructura que valga decir, como señalo el director de Conagua David Korenfel Federman, fue construida bajo viejas normas de calidad, además es necesario y urgente revisar y rehabilitar las 115 presas con alto riesgo e inspeccionar 5 mil km de bordos.

En reunión con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de ésta Cámara de Diputados, el director de Conagua también añadió que de los 604 municipios que han empezado a ser monitoreados por cuestiones de sequía, la mayor parte se concentra en la frontera con estados Unidos, y que del total de municipios del país, el 30 por ciento presenta algún indicio de sequía.

Siendo la falta de lluvias o precipitaciones, el principal factor de la sequía, la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales del líquido se están presentando cada vez con mayor intensidad en ciclos climáticos donde antes no se presentaba, llegando en casos extremos a la aridez que azota poblaciones enteras, tanto es así que el pasado 25 de marzo el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto al Gobernador del estado para que instruya al titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario a que implemente el Programa de Apoyo Emergente para la Sequía, así mismo se incluye que la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la entidad realice las acciones necesarias para contrarrestar los daños.

En el estado de Tamaulipas, el director de la cuenca Golfo Norte de la Conagua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, señaló que según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos tres meses los niveles de lluvia serán muy bajos en relación a la media histórica, las estadísticas muestran que durante el mes de marzo la media histórica es de 19.2 milímetros de humedad, sin embargo, hasta el momento no se alcanza ni el 8 por ciento debido a las escasas lluvias, ese mismo panorama se vislumbra para el mes de abril, en el que la media histórica es de 39.4 milímetros de humedad y en esta ocasión se espera que las lluvias apenas dejen 23.8 milímetros de humedad y finalmente para el mes de mayo, los pronósticos tampoco son nada alentadores, pues de 76.9 milímetros de lluvia que se registraban en promedio, esta vez se estima que se podrá captar menos del 50 por ciento de esta cantidad de agua.

Sin embargo, debo ser claro en que el problema de la sequía no solo es un problema de los estados del norte del país, también en la región centro se han empezado a sentir los estragos de la temporada de sequía, por lo que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, conociendo los pronósticos climatológicos para esta región que indican que habrá poca presencia de lluvias, entregó el pasado 2 de abril apoyos preventivos a mil 500 productores de los municipios de Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Jilotepec y Polotitlán, dentro de su programa emergente para la sequía en el norte de su estado, sin embargo el problema de fondo se encuentra en el abastecimiento de presas, como lo es el caso de la presa de Huapango, que permite el riego de 5 mil hectáreas en la región y que en estos momentos solo se encuentra al 22 por ciento de su capacidad, por lo que este ciclo agrícola solo alcanzará para 400 hectáreas.

Por lo que respecta al sureste del país, en mi estado Yucatán, en el municipio de Peto, en la unidad de riego “Jol-Lum”, unos 35 productores que trabajan 33 hectáreas con diversos cultivos, pasan apuros por la sequía, además de esto su sistema de riego se dañó desde hace 20 días; en el municipio de Tzucacab los estragos de las altas temperaturas ya se comenzaron a reportar graves efectos donde los campesinos afirman que el calor sofocante y la falta de agua en el monte ocasiona la muerte de fauna silvestre.

El estado de Yucatán, aún no se recupera de la sequía que le azotó el año pasado y ya estamos nuevamente ante una ola de sequía, ésta es la razón por lo que los productores se encuentran alarmados, ya que no cuentan con los recursos suficientes por lo que se hace necesario el apoyo de recursos federales para mitigar el problema ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se repitan los acontecimientos de años anteriores, cuando se registró la muerte de miles de cabezas de ganado y la no producción de cientos de hectáreas agrícolas.

El peligro latente de incendios forestales, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, la muerte de millares de cabezas de ganado y los riesgos a la salud que implica la sequía, es la razón por la que estando a tiempo de llevar a cabo las acciones conducentes para impedir que en unos meses nos enfrentemos a la repetición de las terribles imágenes de 2009, 2011 y 2012 donde este fenómeno dejo los mayores índices de daños que se haya tenido registro desde 1941.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para agilizar los planes y programas contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía, a fin de contrarrestar a la brevedad los problemas derivados del aumento en la temperatura y escasez de líquido en diversas regiones del territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 09 de marzo de 2013.

Diputado William Renán Sosa Altamira

Fuentes:

1. Revista de Investigación y Desarrollo, Diseñará Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en http://www.invdes.com.mx/ciencia/2695-disenara-pronacose-estrategias-pa ra-enfrentar-la-sequia-en-mexico

2. Inforural, Diseña Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en

http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118389

3. Conagua, Se reúnen autoridades del Agua en el estado en http://www.conagua.gob.mx/OCGN07/NotaP/Comunicado%20005_2013%20Se%20reu nen%20autoridades%20el%20Agua%20en%20el%20estado.pdf

4. Milenio Novedades, Anticipan medidas contra la sequía en Yucatán en http://sipse.com/milenio/anticipan-medidas-contra-la-sequia-en-yucatan- 18871.html

5. Academia Mexicana de Ciencias, Establecen acciones para evitar sequia en México en

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/establece n-acciones-para-enfrentar-la-sequia-en-mexico/

6. Conagua, Se prevé hasta 40% menos lluvia en los próximos tres meses: SMN en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-preve-hasta-40-menos- lluvia-en-los-proximos-tres-meses-smn/

7. CDJ, Establecen acciones para enfrentar la sequía en México en http://www.cdj.com.mx/notas.php?id_n=192238

8. Conagua, En 2013 actuamos preventivamente ante la sequía; en http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2205&n2=NotaP

9. Conagua, En 2013 actuaremos preventivamente ante la sequía (Ronda de preguntas y respuestas):

http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Comunicados/Pregunta syRespuestasdelaConferenciadePrensa-IniciodetemporadadeEstiaje18-02-201 3.mp3

10 El Sol de México, Entregó Eruviel Ávila 14.9 mdp contra la quía en

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2933463.htm

11. El Mañana, Conagua desarrolla estrategia contra sequía en Tamaulipas en http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=321448

12. Congreso de Nuevo León, Pide congreso del estado a las autoridades implementar programa contra sequía en http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/pide_congreso_del_estado_ a_las_autoridades_implementar_programa_contra_sequia.php

13. La jornada, Participan 20 universidades e institutos en programa nacional contra la sequía en

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/ciencias/a03n1cie

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y Juan Bueno Torio, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Los lamentables acontecimientos ocurridos en el edificio administrativo de Pemex, en el que perdieron la vida personas trabajadoras deben ser esclarecidos, considerando la importancia que tiene esta empresa para la subsistencia de centenas de familias de las personas que ahí trabajan, o de las que tienen negocios en los alrededores de dicho edificio.

Las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las autoridades, pero más aún, la información que permita a la sociedad conocer puntualmente las causas que motivaron la explosión, así como las acciones que las autoridades están llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos, debe ser dada a conocer.

Sin embargo, de acuerdo a los oficios emitidos por Petróleos Mexicanos, con número DG-ST-058-2013 y DG-ST-059-2013, mediante los que responde a dos solicitudes de información, la empresa señala que ha reservado por un periodo de 12 años información relacionada con la explosión, al solicitársele las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo ubicado en Marina Nacional de los días 28, 29, 30 y 31 de enero.

De igual manera, también fueron declarados como reservados por el mismo número de años los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2.

En los oficios en los que Pemex da respuesta a dichas solicitudes,1 se responde que la divulgación de la información señalada podría afectar las investigaciones respectivas.

Entendemos que existe una averiguación en proceso, sin embargo debemos exigir que ésta sea concluida lo antes posible, para que con los datos arrojados, las autoridades puedan emprender de manera inmediata todas aquellas acciones mediante las cuales se garantice la seguridad tanto de los trabajadores del edificio administrativo, como de las personas que habitan en los alrededores.

De este modo, no podemos aceptar que la información que ayude a esclarecer el hecho sea considerada como información reservada, y menos aceptable, que ésta haya reservada por un periodo de 12 años.

Los mexicanos a los que representamos, y más aún, los trabajadores, las familias afectadas y los vecinos del complejo administrativo de Pemex tienen el derecho de conocer toda la información sobre las causas del accidente, así como de las instalaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país.

La sociedad tiene el derecho a la información. No encontramos justificación para negar la información que se solicita, ya que estos ciudadanos no podrían afectar las investigaciones que se están llevando a cabo, y además, tampoco encontramos razones que justifiquen la reserva de la información por doce años.

Más aún, no encontramos justificación, si la explicación que se dio en el momento, fue que se había tratado de una explosión de gas, versión que corroboró el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al señalar que “... hoy se sabe lo que pasó el 31 de enero, cuando se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2. Los peritajes no dejan lugar a dudas”.2

Por lo tanto, debemos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de mantener informada a la sociedad y esclarecer lo antes posible los hechos acontecidos en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero, para garantizar la seguridad a la sociedad y para cumplir también con las obligaciones de transparencia en el ejercicio de sus actividades y en el manejo de los recursos, que el marco jurídico actual mandata.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que mediante las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero del presente año.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a emitir un pronunciamiento para no reservar dicha información.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que con la brevedad, se pronuncie con certeza sobre la información emitida respecto de la explosión en el edificio administrativo de Pemex, e informe verazmente a la ciudadanía y al pueblo de México los hechos que originaron dicho accidente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que realice una auditoría a Pemex para revisar todos los gastos que ha celebrado la empresa en las investigaciones realizadas al mantenimiento de sus instalaciones por la explosión en su edificio administrativo, incluyendo los peritajes e investigaciones que han contratado , así mismo auditar si los peritajes e investigaciones entregados corresponden cabalmente a los gastos contratados por Pemex.

Notas

1 Véase http://aristeguinoticias.com/1903/mexico/reservan-grabacion-y-estudios- periciales-de-explosion-de-pemex/

2 México guardará en su memoria a trabajadores de Pemex fallecidos y el heroísmo de rescatistas. Febrero 8 de 2013. Boletín 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputados: Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.

Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ayúdenos para sacar a volar la empresa;

Ayúdenos a encontrar una solución completa y total, para tener un trabajo y una vida digna, no nos merecemos este trato;

Ayúdenos para tener una pensión segura;

Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que se les dé a los inversionistas la oportunidad de expresarse y demostrar su plan de negocio... Trabajadores de la empresa Mexicana de Aviación.

Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.

A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.

Mediante la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas El presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaba la actividad aérea comercial en la República Mexicana.

Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.

De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un servicio de transportación aérea a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico, para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Es aquí donde nace Mexicana de Aviación: la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.

Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la aviación comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.

A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.

La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.

En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.

Mexicana de aviación enfrenta en los años 60 la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.

En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.

La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.

Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.

Sin embargo ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.

Las nuevos retos hacen que la aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de Master Card Internacional.

La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005 por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.

La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.

A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación, persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:

1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.

2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando. Para sumarla a las exigencias de solución.

3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, que ensombrecen el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa, además para que realicen una investigación que incluya a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para deslindar responsabilidades.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, que esté integrada por todas las partes involucradas, que pueda facilitar la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos y a los Poderes Ejecutivos locales a emprender acciones para el reconocimiento del grafiti artístico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos y Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para el reconocimiento del grafiti artístico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos de descomposición social, desintegración familiar y erosión institucional que nuestro país ha padecido en años recientes, han generado un ambiente adverso para la el desarrollo y promoción de la adolescencia y la juventud.

Más de 40 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad sufren de condiciones de pobreza extrema, alta marginación y exclusión social.

En algunos casos, los espacios que proveen la familia y la escuela, se convierten en ambientes hostiles, donde adolescentes y jóvenes padecen desatención, abuso o maltrato. Por su parte, las instituciones gubernamentales, no han logrado aún constituirse como un referente de oportunidad y desenvolvimiento para este sector de la población.

Es importante entender bajo este contexto, la emergencia de formas de expresión social como el grafiti.

El grafiti es una expresión juvenil que tuvo su aparición en el mundo desde la década de los setenta, con fuerte influencia en nuestro país, y que cobra auge en momentos de crisis económicas o agudización de contradicciones económicas y sociales. Materialmente, consiste en una pinta o inscripción de símbolos, textos o dibujos, realizados con aerosol, a brocha o pincel, con pintura líquida, crayón, plumón o cualquier substancia u objeto que deje marca; realizados generalmente sobre mobiliario urbano.

La necesidad de los jóvenes de manifestar su presencia, su individualidad y sus expectativas, su inquietud por participar activamente en la colectividad, sus ideas políticas y sociales, encuentra cauce en estas formas de expresión.

Ciertamente, existen opiniones antagónicas respecto del grafiti. Por una parte, conforme la tendencia prevaleciente desde los orígenes de esta práctica, están quienes opinan que estas manifestaciones constituyen un fenómeno siempre indeseable, derivado de actos vandálicos, que se realizan con una actitud destructiva y que debe suprimirse a toda costa.

Por otra parte, en años más recientes emerge el reconocimiento de la validez de las inquietudes que animan la expresión callejera y su apreciación como una forma de expresión cultural. En este sentido, se empezó a reconocer el valor artístico de estas piezas, realizadas con un gran sentido de urbanidad, en equilibrio y respeto con el medio circundante, que deleitan a quienes las admiran y visten el paisaje.

A este respecto es útil establecer una distinción entre lo que debe ser considerado como un delito, y lo que puede considerarse como una expresión artística.

Esencialmente el criterio de diferenciación lo constituyen las condiciones bajo las cuales se realiza, siendo el atributo más importante, el permiso de los propietarios de los inmuebles sujetos a intervención.

Hablamos de un delito cuando la obra se realiza sin consentimiento o en contra de él, lesionando con ello el derecho de terceros o atentando contra el patrimonio de la sociedad, usualmente para realizar manifestaciones ofensivas o con la intención de infligir un daño patrimonial o moral.

Por el contrario, cuando el propietario del inmueble, otorga su consentimiento para la realización del proyecto, podemos hablar de grafiti artístico.

A partir de esta diferencia, es evidente que aquéllas conductas constitutivas de delitos deben desalentarse y sancionarse conforme a la ley.

Con estas consideraciones, buscamos poner de relieve, por una parte, la existencia de una evidente necesidad y derecho de expresión de los adolescentes y jóvenes en nuestro país, y por otra, la utilidad social de la discusión del paradigma tradicional, para fomentar una posición más abierta y responsable en la que podamos dar posibilidades para el cauce de estas inquietudes.

Es necesario reconocer la genuina validez de la expresión juvenil y la exploración de posibles adecuaciones a los marcos regulatorios para reglamentar aquéllas obras que se realicen con respeto a la propiedad ajena y pública; asimismo, se estima conveniente abrir más espacios al desarrollo de las aptitudes artísticas de los jóvenes que practican el grafiti conforme a este principio y otorgarles reconocimiento social y estímulo como creadores.

La legislación que encuadra estas actividades en los estados de la República es heterogénea; hay pocos estados que brindan reconocimiento al grafiti artístico y a sus creadores con una reglamentación específica.

Consideramos que éste es un debate importante pendiente. Es necesario propiciar una reflexión para entender la existencia de una amplia gama de expresiones culturales cumplen con una importantísima función social y que no lesionan el patrimonio social, sino por el contrario, lo enriquecen.

Valga la pena hacer una pausa para contextualizar este debate, que al parecer, sigue dominado por una visión poco comprensiva hacia la juventud.

En general, tendemos a seguir considerando los temas que afectan a los jóvenes bajo cartabones rígidos, con esquemas sancionatorios, restrictivos y prohibitivos.

Son necesarios mayores esfuerzos sociales e institucionales: flexibilidad, comprensión, tiempo y una gran creatividad, para ofrecer sistemas de canalización, prevención y orientación, en esté y todos los ámbitos de desenvolvimiento de la adolescencia y la juventud.

Un sociedad moderna, consciente de su papel en el mundo global, con una visión cosmopolita, que aspira a constituirse plenamente incluyente, requiere ensanchar sus márgenes de juicio, con criterios más amplios, desde los que pueda ofrecer soluciones adecuadas para sus jóvenes, formuladas en consideración de su perspectiva y no desde el particular punto de vista adulto.

Los jóvenes son una parte esencial de la modernidad y evolución de toda sociedad. Quienes formamos parte del gobierno y de los espacios de deliberación, debemos mantenernos atentos del cambio social y sostener la capacidad aprehender estas realidades, y sobre todo de proveer las condiciones propicias para conjugar los objetivos para la convivencia armónica de la sociedad y los requerimientos para el pleno desarrollo de la personalidad de cada uno de los individuos que la conforman.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento de la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a

1. Los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de reconocimiento y fomento del grafiti artístico, en clara diferenciación de actos constitutivos de delitos; y

2. A los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para apoyar, difundir e integrar el grafiti artístico en sus programas de difusión cultural, como una expresión de arte urbano.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SCT y la Comisión Federal de Competencia un estudio de las rutas aéreas y aplicar medidas que permitan condiciones para reducir las tarifas en los servicios de aviación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Humberto Armando Prieto Herrera, diputado a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia, para que realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones de competencia que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La aviación es un medio de transporte muy importante para nuestro país, ya que a través de éste, los usuarios pueden recorrer largas distancias en poco tiempo, así como también permite el traslado de mercancías u objetos de poco volumen, que por su valor, fragilidad o importancia requieren de su utilización.

México cuenta con una extensa red aeroportuaria que le da cabida a las aerolíneas y que atienden la demanda de la sociedad, tan sólo cabe destacar que se tienen registrados 76 Aeropuertos,1 de los cuales 12 otorgan servicio nacional y 64 internacional, además de 1,387 aeródromos2 los cuales se ubican a lo largo y ancho del país.3

En la prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular,4 se cuenta con 6 aerolíneas que prestan sus servicios en los diferentes Aeropuertos y aeródromos en el país, siendo el caso de: Grupo Aeroméxico, Interjet, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, y Magnicharters.

Es importante señalar que las aerolíneas atienden la demanda que se genera, producto del desarrollo y crecimiento regional de cada entidad. Sin embargo, hay líneas aéreas que son las únicas que proporcionan el servicio de transportación en ciertos aeropuertos, y ofrecen tarifas demasiado altas que se hacen inaccesibles para los usuarios que requieren de estos servicios.

Como referencia ante esta situación, es preciso señalar el caso de los servicios de transportación aérea que se tienen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto de Ciudad Victoria, en el que una sola línea aérea presta el servicio, y las tarifas que oferta son demasiado altas comparadas con las de otros destinos más lejanos, en donde existen condiciones de competencia.

Otro ejemplo es el que se presenta en los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto de la Ciudad del Carmen en el Estado de Campeche, en donde dos aerolíneas prestan los servicios y las tarifas son más altas si las comparamos con las que se ofrecen en destinos más lejanos como es el caso de de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Cancún en el Estado de Quintana Roo.

Es una realidad que las tarifas altas en los servicios de transportación aérea inhiben la actividad y se vuelven discriminatorias para la mayoría de la sociedad y en este caso sólo son accesibles para un estrato social selecto de usuarios.

No se puede seguir con una política de falta de competencia en los servicios de transportación aérea, vale la pena señalar que la Ley de Aviación Civil (LAC) establece que la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, es de jurisdicción federal, y en consecuencia se requiere de concesión que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular.

El artículo 42 de la LAC establece que los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.

Asimismo, el artículo 43 de la LAC establece que cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria . Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

En la regulación, la Secretaría tiene la facultad de establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.

Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones.

Con base en lo anteriormente señalado, es urgente que se realice por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Comisión Federal de Competencia un estudio de las rutas aéreas y se tomen medidas que permitan que las tarifas que se ofertan sean accesibles para los usuarios cuando no existan condiciones de competencia o existan distorsiones de mercado que afecten los servicios de transportación aérea.

Acción Nacional se ha caracterizado por ser un impulsor y promotor de la aviación nacional en el país, ya que considera que esta actividad es determinante debido a que permite la conectividad y con ello el desarrollo económico y social de las regiones. En este sentido, es prioritario que las tarifas que se cobran por los servicios de transportación aérea sean accesibles para que cada vez más ciudadanos tengan acceso a estos.

Por lo que se solicita a todos los partidos a que voten a favor de esta proposición, a fin de atender esta demanda ciudadana a la que se suma Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia, para que realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones de competencia que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación.

Notas

1 Aeropuerto: Aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves (donde se prestan servicios de transporte aéreo comercial regular). Fuente SCT.

2 Aeródromo: Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Fuente SCT.

3 Cifras del Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 2012.

4 El servicio público de transporte aéreo nacional regular es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a concesión y a las rutas nacionales, los itinerarios y las frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados. Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

Palacio legislativo a 22 de abril del 2013.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a extender el programa a trece de los municipios más pobres de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 22 de enero del año en curso, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que establecen el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con base en una serie de tratados y convenios internacionales en los que México forma parte, así como en distintas leyes de nuestro marco normativo nacional.

El decreto publicado determina que la “Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, con la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales”.

La Cruzada contra el Hambre está orientada a la población en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presenta carencia de acceso a la alimentación, para el cumplimiento de sus objetivos se establecen cinco metas principales a saber:

• Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada;

• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

El mismo decreto determina que la Cruzada contra el Hambre se implementará en una primera etapa, en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial , que para el caso del Estado de Chihuahua, se incluyó únicamente a cinco municipios que son: Juárez, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Chihuahua y Morelos, sin que en su totalidad cumplan con los criterios establecidos para ser considerados como de urgente atención.

Lo cual propició que se excluyeran sin ninguna razón, a trece municipios chihuahuenses con los más altos porcentajes de población en situación de pobreza, pobreza extrema, sin acceso a la alimentación y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo , de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resultados del 2010.

Según el Coneval, los resultados de la Medición de la Pobreza 2010, para el caso de Chihuahua, arrojan por ejemplo, que el municipio de Chihuahua tiene tan solo el 2% de su población en situación de pobreza extrema y Juárez el 4.8% ; mientras que municipios como Batopilas tiene población en pobreza extrema en razón del 55.4%; Maguarichi el 47% y Guazapares el 40.5, sin que estén incluidos en la Cruzada contra el Hambre implementada por la Secretaría de Desarrollo Social. Datos que se muestran de manera más amplia en la tabla siguiente:1

Como se puede observar, los cinco municipios seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social para formar parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre , si bien tienen algún tipo de pobreza, no cumplen con todos los criterios e indicadores establecidos en el mismo decreto que le dieron origen, ni tampoco son los más necesitados , por lo que se hace necesario incluir a los municipios de Chihuahua que realmente lo requieren para erradicar el hambre.

La erradicación del hambre y la pobreza no se van a resolver con la imposición de criterios o decisiones políticas, sino con un apego absoluto a la realidad y a las necesidades de los municipios. Al respecto, el CONEVAL ha sido muy preciso en cuanto a las cifras y porcentajes de la población chihuahuense que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad ante el hambre y la pobreza.

Es por ello que se propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que dicho programa se amplíe hacia los municipios de Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi, por tratarse de municipios que tienen al menos, el 64% de su población en situación pobreza; el 13% como mínimo de su población en pobreza extrema; en el mejor de los casos con tan solo el 40% de su población con acceso a la alimentación; y con el menos el 35.8% de su población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que se incluyan en dicho programa, a trece de los municipios de Chihuahua con mayores índices de pobreza, pobreza extrema, escaso acceso a la alimentación y con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, como son: Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi.

Nota

1 Fuente: datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición Municipal de la Pobreza 2010, http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Mun icipio.aspx

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de abril de 2013.

Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar las cooperativas de productores y de consumidores de bienes o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracciones II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerada de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como señala la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre tiene como objetivo, citando el artículo 1 de los lineamientos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, “regular la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, como una instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural, en la que convergen los sectores público, privado y social, con el objeto de generar a través del diálogo, acuerdos, para fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre”.

Con lo anterior, el gobierno federal cumple con el propósito de incorporar el sector privado, sin embargo, no prioriza la calidad de alimentación para los mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria, el convenio con trasnacionales productores de alimentos chatarra y refrescos, ofrecen tanto productos dañinos como saludables, como los yogures Greek de Nestlé y curiosamente Nestlé es parte de este convenio, así como, Pepsico y Quaker; otra cuestión son los refrescos. Coca-Cola y Pepsico controlan cerca de 40 por ciento del mercado mundial de bebidas gaseosas, y como consecuencia es la obesidad entrada de alimentos chatarra a una población que puede caer en problemas de obesidad con las peores consecuencias metabólicas.

Por todo lo anterior, “no queremos que excluyan a productores mexicanos, de organización social con principios de solidaridad y principalmente productores cien por cierto mexicanos y de calidad nutricional, un ejemplo, es la cooperativa Alimentos Nutrientes de Amaranto Quali, la Sociedad Cooperativa Productores de Amaranto Huautli, entre otras, por lo tanto, es necesario integrar las cooperativas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la inclusión de las sociedades cooperativas de productores de bienes o servicios y las cooperativas de consumidores de bienes o servicios, por la contribución que tiene con la sociedad mexicana, la alimentación de calidad y la organización que representa el movimiento cooperativo. Estas sociedades cooperativas, además de distribuir sus productos de calidad nutricional, contribuyen a fortalecer la economía de los pueblos de regiones marginadas, donde generan empleo al producir y procesar en industrias regionales el producto, por lo tanto el beneficio, es nutricional y económico mejorando directamente las condiciones de vida de los productores agrícolas.

Hasta ahora no se han visto iniciativas para que los 7.4 millones de mexicanos incluidos en la Cruzada tengan en su mesa maíz, frijol, amaranto y hortalizas o que promuevan la lactancia materna, por lo tanto exponemos, que la cooperativa productores de bienes o servicios contribuyen en un trabajo en común para la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. Así mismo destacamos el objetivo de las cooperativas de producción las cuales tienen por objeto actividades no económicas y persiguen fines desinteresados: culturales, sociales, políticos, deportivos, etcétera, en tanto que el objeto de las cooperativas siempre será una actividad económica. Aunque se sostenga que la cooperativa no tiene fines de lucro, lo cierto es que actúa en el campo económico: en la producción, la transformación o comercialización de bienes.

Las cooperativas de consumo no son empresa del gobierno federal como es Liconsa; sin embargo, contribuyen a la responsabilidad social. Por otro lado, las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda; así mismo contribuyen a la alimentación y nutrición de las familias mexicanas, mejorar su calidad de vida, apoyar a su desarrollo físico y mental y generar el crecimiento del capital humano que necesitamos para el desarrollo de un país sano.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a las cooperativas de productores de bienes o servicios y las cooperativas de consumidores de bienes o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2013.

Diputados: José Arturo López Candido (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo, Lilia Aguilar Gil, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Araceli Torres Flores (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Ricardo Cantú Garza.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Octavio Paz es el mexicano más universal del siglo XX. Su obra poética y ensayística lo hizo acreedor a los más diversos e importantes reconocimientos, entre los cuales destaca el premio Nobel de Literatura en 1990.

El próximo 31 de marzo de 2014, se cumple el centenario del natalicio del poeta. En función de ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es una obligación cívica hacer un reconocimiento a quien puso el nombre de México en el lugar más alto de la cultura, además de ser un pensador que enriqueció el debate nacional desde una posición democrática y liberal plenamente congruente.

Consideramos ineludible que la Cámara de Diputados se sume a los festejos que el centenario del natalicio del maestro Paz suscitará en México y el mundo. La dimensión del personaje amerita, sin lugar a dudas, la creación de una comisión especial que organice las actividades conmemorativas.

La misma decisión de crear la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, constituirá la primera acción fundamental de la Cámara de Diputados para rendir homenaje al poeta.

¿Por qué la Cámara de Diputados tendría que celebrar de manera activa el centenario del Nobel de Literatura mexicano?

Octavio Paz es el poeta e intelectual mexicano más universal de los tiempos modernos. Fue un hombre con una conciencia lúcida de su tiempo y, en particular, del tiempo mexicano. Su poesía reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para, a partir de ella, hacer una aportación apreciable a la cultura. Como escritor, fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica. Fue además, un gran impulsor de publicaciones y proyectos culturales que siguen siendo referencia para las generaciones actuales.

Cuando se le otorgó a Octavio Paz el premio Nobel de Literatura en 1990, el poeta declaró: “El premio Nobel no es un pasaporte a la inmortalidad. La relativa inmortalidad de las obras literarias y artísticas la da la calidad.” Esta sencilla declaración permite advertir el carácter del poeta mexicano más reconocido a escala mundial. Para Octavio Paz, lo decisivo no era obtener la gloria, sino la claridad, la luz y la libertad.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta de la mayor importancia no sólo recordar a Octavio Paz, sino, a través de su memoria y, en homenaje a su vida luminosa, recuperar su perspectiva de un México democrático, ajeno a la violencia y plenamente afirmado en su cultura, como parte de las grandes culturas del mundo.

A nivel mundial, Octavio Paz es referente de la poesía más profunda y capaz de abrir el mundo. Pero también encontramos en la obra de Paz un modelo de prosa poética y de investigación rigurosa, como en Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Fe , un libro extraordinario dedicado al conocimiento de la vida y la escritura de la gran poeta mexicana.

La obra crítica del maestro Paz es, hasta la fecha, reconocida como parte fundamental del debate de las ideas políticas de los últimos cincuenta años. La evolución del pensamiento político social de Octavio Paz le permitió formular una concepción clara del mundo y de México. El Laberinto de la Soledad, El Ogro Filantrópico o Tiempo Nublado son ensayos fundamentales que apuntan a la conformación de una sociedad de libertades, culta y democrática. Los debates que Paz sostuvo con intelectuales y políticos de México y de todo el mundo, en torno a la libertad, los extremos ideológicos y el papel transformador de la poesía, son un ejemplo de inteligencia y pasión crítica.

Es por todo ello que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de la celebración de los cien años del nacimiento del Nobel de Literatura mexicano. La creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz es indispensable para estar a la altura de las circunstancias.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero . Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

Segundo. El objeto de la comisión especial será definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de poetas, coloquios de intelectuales, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas, y demás similares, en torno a la vida y obra de Octavio Paz.

Tercero. La comisión especial estará integrada por doce diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto . La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación, hasta el final de la LXII Legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la creación del programa nacional de atención de menores víctimas de la violencia delictiva, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, la que suscribe, María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ordene la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“los niños reflejan los proyectos de vida y no pueden, ni deben truncarse por la violencia criminal”

El objetivo de este punto de acuerdo tiene como finalidad impulsar la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, que coordine a las instituciones de seguridad y justicia para que los niños, niñas y jóvenes involucrados en situaciones de violencia criminal reciban un trato digno y atención especializada, pues al ser víctimas de agresión física y psicológica, requieren el respaldo del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que forman parte integral de la misma, recogen un amplio margen protector de los derechos humanos de los menores y de las víctimas del delito.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece claramente la obligación de garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, así como salvaguardar el derecho que niños y niñas tienen para crecer en un ambiente de sano esparcimiento, tal y como textualmente se transcribe a continuación:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La resolución 44/25 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 39 expresa: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

Como es bien sabido, la presencia de violencia y la cruel acción de los grupos criminales en algunos estados de la república, resultado de la declaración de “guerra” que formuló el gobierno federal anterior, ha afectado directamente a las niñas y los niños y a las y los jóvenes; muchas de las veces, privándolos de su derecho a la vida o a vivir con tranquilidad porque han visto a sus familiares perder la vida violentamente sin importar si se trataba de personas inocentes.

Este sector tan vulnerable merece nuestro respaldo incondicional, requiere de unir esfuerzos, y sumar acciones a fin de que el actuar de los delincuentes no continúe afectando injustamente el futuro de tantos niños, niñas y adolescentes. Además, de apoyar a quienes han caído en la delincuencia y se han visto forzados a participar en actos criminales, ya que es bien es cierto que uno de los objetivos de los criminales es reclutar a jóvenes, incluso siendo niños o niñas, para actividades de consumo o venta de sustancias ilegales, por ello el objetivo que pretende este punto de acuerdo, es la protección de las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran en este supuesto, para que también reciban atención especializada y sean rehabilitados.

Hablar de niñas, niños y adolescentes, es hablar de desarrollo, de futuro, de esperanza, y por lo mismo también es hablar de su protección. Todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser felices, a vivir protegidos y con oportunidades para desarrollarse de forma sana, con libertad y dignidad; es por eso que debemos sentar las bases para otorgar una protección efectiva en el día a día en sus casas, en el día a día en sus escuelas, en el día a día en la comunidad donde viven y también en el día a día en las circunstancias especiales e incluso en situaciones extremas, a ser tratados como niñas, niños y jóvenes.

Todos y todas, en esta legislatura sabemos, que sociedad y gobierno, autoridades y organizaciones, podemos trabajar de manera eficaz y coordinada con una visión integral, que incluya, sin duda el amor hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, y enfrentemos la adversidad que hoy muchos niños, niñas y adolescentes en México viven, con eficacia y con inteligencia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una coalición de organizaciones civiles, estima que entre diciembre de 2006 y fines de 2011 han muerto alrededor de mil 500 niños por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico.

Los datos de la organización se basan en recuentos hemerográficos ante la falta de datos oficiales precisos sobre los menores. Se señala también, que durante 2011 se contabilizaron 418 muertes de niños, un 40 por ciento más que en 2010 que registró 174 muertes.

El impacto de la violencia tiene muchas expresiones: víctimas fatales, heridos, niños temerosos y aquellos que han sido utilizados y explotados por el crimen organizado.

La democracia no solamente es la vía más efectiva para generar la justicia social, también es cierto, que el ejercicio democrático, es el prisma más poderoso para visualizar con claridad, que la vigencia de los derechos humanos, no es, una concesión de la autoridad sino que se construye día a día, por la sociedad y por las autoridades, cada quien con su papel y aportando a la causa. Esta construcción implica diálogo y voluntad.

Las y los menores han enfrentado en los últimos años en México un riesgo creciente en distintas zonas del país donde se libra una lucha contra el crimen organizado, lo cual ha llevado a organizaciones nacionales e internacionales a manifestar su preocupación y pedir al Estado mexicano proteger a niños y adolescentes.

La participación efectiva y comprometida en este esfuerzo por parte de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México ha demostrado que sí es posible el diálogo democrático, respetuoso, pero, sobre todo, efectivo.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos en cualquier escenario y, ciertamente, el Estado mexicano, no sólo tiene la obligación constitucional de garantizar este derecho, sino que cuenta con la capacidad institucional para hacerlo. Y al no existir en México protocolos integrales para la seguridad de la niñez en el contexto de las acciones violentas contra el narcotráfico, es importante la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial que deberá también considerar lo señalado por la Convención sobre los Derechos del Niño; así como por los Convenios de Ginebra, los protocolos facultativos que éstos expresan para estos casos; así como por las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, todos relativos a casos como el que hoy viven niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia delincuencial.

De ahí que es importante manifestar que en el mes de febrero de 2011, el entonces titular del Poder Ejecutivo federal firmó un acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada, que desde entonces no reportó ningún avance al objetivo dado a conocer discursivamente en esa misma fecha y cuyo objetivo era “Refrendar a la niñez como población sujeta de derechos y en particular garantizar dichos derechos” y el objeto de este acuerdo señalaba “coordinar a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia para que la niñez involucrada en situaciones de violencia criminal reciba un trato digno y atención especializada” (Boletín Informativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, número 265, 2-III-2012)

Incluso, paralelamente se definió elaborar protocolos derivados del propio acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada que prevén atender a la infancia en tres momentos: durante el operativo, durante el proceso judicial y para la restitución de sus derechos (Boletín Informativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, número 265, 2-III-2012). Con lo cual –señala la misma fuente- se establecía una cadena de protección integral para niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.

De ahí que para dar cumplimiento a este objetivo previsto en el Acuerdo mencionado, se hace necesario implementar un programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, que garantice su cumplimiento y que además de incorporar a las Instituciones mencionadas, se amplíe a todas aquellas instancias gubernamentales que desarrollen acciones de política pública dirigida a niños, niñas y adolescentes para una debida coordinación interinstitucional.

Con el establecimiento del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial tanto el Poder Legislativo como el Judicial y las instituciones competentes del Poder Ejecutivo, establecerán esa “cadena de protección integral para niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada” y con ello cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ésta Constitución establece. (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. (...).

En el mismo contexto es necesario prohibir explícitamente, el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados.

Proteger los derechos de los niños y jóvenes, incluye también reconocer el papel de la sociedad civil y organizada en esta tarea; el nuestro, como representantes de la sociedad que confió en nosotros al darnos su voto, y fundamentalmente, hacerlo posible.

De ahí que este punto de acuerdo, es solo un paso, asumirlo como tal; como uno de los primeros pasos, para garantizar los derechos de la infancia. No debemos mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los cientos o miles de niñas y niños que han presenciado la muerte violenta de sus padres y que hoy viven en la orfandad y expuestos Es por ello que es necesario elaborar e instrumentar un programa especial que proporcione ayuda a los menores no solo en los casos de trauma psicológico, sino que les ayude a lidiar con la violencia cotidiana. En este contexto, reitero mi compromiso con la niñez y adolescencia para colocar sus derechos e intereses como un tema de prioridad en esta legislatura.

De ahí el objeto de este punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a la instrumentación de un programa especializado que instituya los servicios que requieran los menores de edad y que sean víctimas de hechos delictivos, a fin de que reciban de forma inmediata atención médica, psicológica, jurídica y orientación especializada y, en su caso, un lugar seguro donde vivir y desarrollarse en plena tranquilidad, de manera que estén en posibilidad de recibir un trato digno y se puedan proteger sus derechos e integridad cuando se vean involucrados en una situación de violencia como víctimas o victimarios.

Es importante destacar que este punto de acuerdo responde además, a las acciones, para que los y las menores de edad tengan un país seguro donde puedan crecer sanos y tranquilos, de ahí la importancia de actuar para impedir que se siga lastimando y victimizando a la sociedad.

La violencia es un tema que compete a todos. Los niños, niñas y adolescentes que han estado expuestos a la violencia deben recibir la protección desde el momento de su primer contacto con las autoridades o fuerzas del orden público, continuando a lo largo de procesos de procuración e impartición de justicia, y concluyendo con la efectiva restitución de sus derechos.

Por lo expuesto y con las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ordene la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, con base en el acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.

Segundo. En un marco de coordinación, los estados de la República Mexicana, a través de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales estatales, impulsarán las acciones de política pública que logren el objetivo planteado para la instrumentación del “programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013

Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a garantizar en coordinación con la PGR y el comisionado de Seguridad Pública de la Segob la integridad física de los aspirantes a los cargos de elección popular en los próximos comicios, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con exhorto al gobierno del estado de Chihuahua para que, en corresponsabilidad con las autoridades federales, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados para celebrarse el domingo 7 de julio de 2013.

Para Acción Nacional, la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana.

Para que la coyuntura política de nuestro país se desarrolle con normalidad y eficiencia, es necesario garantizar la adecuada protección para aquellos candidatos que han sido electos en sus respectivos partidos, para velar por los intereses de la sociedad dentro del correcto ejercicio de la acción política, es decir, por el debido desarrollo del proceso democrático apegado siempre y en todo momento al principio de legalidad.

El derecho a la oposición política descansa en el reconocimiento de la legitimidad de las divergencias de opinión; supone la previa aceptación del pluralismo de las ideas, como un reflejo de la heterogeneidad de la estructura social. Admitir la oposición es admitir la relatividad de las soluciones políticas y aceptar y tolerar que un ideal, por generoso y persuasivo que sea deba ser humanizado, ya que la justificación de la oposición se funda en el espíritu de tolerancia, ligado en la historia al reconocimiento del valor de la persona humana.

En el presente año, se celebrarán 14 procesos electorales en distintas entidades federativas de la República Mexicana para distintos cargos de elección popular; por lo que garantizar la seguridad tanto en el desarrollo de los comicios, como de los candidatos debe ser una prioridad para los gobiernos locales, así como para el federal.

Las elecciones estatales de Chihuahua de 2013 se llevarán a cabo el domingo 7 de julio de 2013, y en ellas serán renovados los siguientes cargos de elección popular: 67 ayuntamientos, compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato; 67 Síndicos, encargados de la fiscalización de los Ayuntamientos; 33 Diputados al Congreso del Estado, 22 electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales y 11 electos por el principio de representación proporcional.

Chihuahua es uno de los estados en donde la seguridad de los candidatos representa una preocupación especial, ya que ocupa el tercer lugar en asesinatos de alcaldes en el país; por lo que se requieren esfuerzos en conjunto por parte del gobierno estatal con el federal, a efecto de garantizar una adecuada protección de los mismos y en consecuencia, velar por el adecuado desarrollo del Estado de Derecho como legítima expresión de la voluntad popular.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Mario Vázquez Robles en donde lanzó un enérgico llamado a la Fiscalía General del estado, por el asesinato de Francisco David Carrasco Carnero, de 52 años de edad, el pasado 22 de febrero quien fuera ejecutado en el puente “El Pajarito” del municipio de Julimes, en donde afirmó que: “Es una falacia que el problema de la inseguridad esté resuelto en Chihuahua, como lo asegura el gobernador César Duarte y el Fiscal General, Calos Manuel Salas, no está resuelto y está muy lejos de estarlo”.

Asimismo en una encuesta realizada en esta ciudad, por alumnos de la Escuela de Negocios y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, en coordinación con la organización ciudadana Observatorio Ciudadano del Delito y la COPARMEX local, al cuestionar a la sociedad sobre las acciones que la autoridad debe aplicar para atenuar el problema de inseguridad, el 27% de los encuestados urgió a abatir el problema de la corrupción; el 23% contestó que lo necesario es mayor atención a víctimas, y un 16 por ciento espera una vinculación más fuerte entre comunidad y Gobierno.

Por lo tanto, el Gobierno del estado debe dejar a un lado su retórica falaz y realice las acciones pertinentes para asegurar la paz a los chihuahuenses. De esta manera, es nuestra responsabilidad como legisladores evitar la reproducción de la violencia social ante la falta de voluntad política para establecer un terreno que propicie en igualdad de condiciones, el correcto ejercicio de los procesos electorales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Exhorto al gobierno del estado de Chihuahua para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Comisionado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados a celebrarse el domingo 7 de julio de 2013 en ese estado.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a intervenir en la solución del conflicto entre ejidatarios del istmo de Tehuantepec y empresas eólicas, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Roberto López Suárez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

México, igual que otras naciones, está al borde una crisis energética, ante el desabasto del petróleo, expertos señalan que nuestro país cuenta con reservas probadas de 15 a 20 años, ante esta situación se ha buscado fuentes de energía alternas, es decir, que no dependan del petróleo. Esto ha generado opciones como el bio-combustible, la energía geotérmica o se han aprovechado fuentes el propio ambiente proporciona como el sol o el viento.

La energía eólica se presenta como una medida viable para disminuir la emisión de gases de efecto de invernadero, suministrar electricidad a comunidades rurales y marginadas, además de garantizar la seguridad energética de aquellos países que no cuentan con reservas petroleras y se exponen a la volatilidad de los precios del petróleo. Por ello la eólica se ha convertido en una fuente de energía renovable con mayor crecimiento a nivel mundial, su inversión representaba el 62 por ciento de la inversión global en 2010.

Los países líderes en la instalación de parque eólicos son China, Estados Unidos, España, India, Italia, Francia, Inglaterra, Canadá y Dinamarca; en nuestro país la energía eólica se ha investigado y desarrollado desde 1977, con el programa de aprovechamiento del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Básicamente la energía eólica se obtiene del viento que produce electricidad por medio de unas turbinas con hélices que hacen girar un eje central conectado a un generador eléctrico por medio de engranajes.

La investigación y el uso de la energía eólica en México es joven en comparación de otros países, pero según algunos estudios del IIE existen condiciones idóneas para la instalación de parques eólicos en algunos estados como Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Yucatán, debido a que tienen vientos con características comparables con las de otros países tecnológicamente avanzados en el tema. Según los especialistas el potencial eólico de nuestro país podría soportar una capacidad de generación eléctrica de 5 mil MW, cercana a 10 por ciento de la capacidad total de generación que tiene actualmente el país.1

Pese a que es una forma “limpia” de producir energía, también genera un impacto ambiental como ruido, la muerte de aves, degradación de tierras, así como contaminación de aguas subterráneas por el derrame de aceite de las torres eólicas. Empero especialistas afirman que el impacto es mínimo en comparación de otras opciones, probablemente las consecuencias más importantes que produce la instalación de estos parques eólicos se remite a cuestiones sociales.

Actualmente operan 16 parques eólicos en diferentes partes de nuestro país y la mitad fueron construidos gracias a la inversión extranjera, básicamente con capital español.

Oaxaca es uno de los ejemplos más representativos, específicamente el istmo de de Tehuantepec, donde hay uno de los mayores potenciales de generación de energía eólica, su capacidad anual es suficiente para abastecer 18 millones de habitantes de una ciudad, esto se debe la potencia del viento que circula por las zonas de la Mata, la Ventosa y la Venta. Son en estas zonas y en particular los municipios de San Dionisio del Mar, Asunción de Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio, el Espinal, Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, entre otros, en donde empresas eólicas trasnacionales, organismos financieros internacionales y el gobierno federal han desarrollado los parques eólicos que componen el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, con el argumento de generar energía limpia, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y promover el desarrollo económico de Oaxaca, uno de los estados con mayor rezago y marginación del país.

En los últimos años se ha intensificado la inversión en el istmo, los proyectos construcción de parques eólicos han cobrado mayor relevancia e interés, no obstante a pesar de los beneficios ya mencionados, la mayoría de la electricidad producida por estos parques es utilizada por las propias empresas extranjeras y las pocas nacionales ubicadas en la región. En consecuencia no se consideran los patrones de producción, consumo y suministro de electricidad, profundizando la desigualdad existente en el istmo de Tehuantepec.

Esta desigualdad se explica porque son las empresas eólicas, instituciones financieras internacionales, países desarrollados quienes otorgan el dinero para desarrollar estos parques y por lo tanto los definen según sus intereses que al parecer se orientan más a la obtención de ganancias a corto plazo en lugar de resolver la problemática ambiental. Por tanto, la instalación de estos parques eólicos no responde necesariamente a los intereses energéticos a largo plazo de nuestro país, de esta forma aunque resulte exitosa para las empresas privadas la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, no quiere decir que también sea éxitos y redituable para México.

Otro elemento que se escapa es la tendencia a depender tecnológicamente de otros países, debido a que la construcción de estos proyectos eólicos se construyen, en su mayoría, con dinero de empresas extranjeras, en consecuencia se está dejando en manos privadas un sector estratégico como lo es el energético. La mayor parte de la tecnología utilizada para construir los parque eólicos y en particular las piezas más importantes como las turbinas, son propiedad de las empresas o de los países que vienen a invertir, esto implica que México tiene que pagar por los derechos de uso de las licencias, patentes, conocimientos técnicos, marcas, franquicias, servicios financieros y técnicos desde la fase de pre inversión hasta la fase de operación de los parque eólicos.2

De igual forma, el financiamiento extranjero de los parques eólicos implica una modificación de leyes y reglamentos a fin de aumentar la participación del capital privado en la construcción, operación y prestación del servicio de electricidad, deteriorando el papel del Estado como garante de otorgar este bien en función de criterios de equidad e igualdad y no de capacidad económica. De tal forma que el predomino de intereses privados en la generación de energía eólica representa un problema de seguridad energética para nuestro país, ya que nuestras reservas petroleras están disminuyendo y es el petróleo la columna vertebral de nuestra economía, por ello es necesario diversificar nuestras fuentes de producción y garantizar a largo plazo el suministro de electricidad a la población y al aparato productivo nacional.

Pero la construcción de parques eólicos por empresas extranjeras no sólo ha provocado estos problemas que podrían parecer menores, también, y es quizás el problema más grave, está provocando un conflicto entre el gobierno mexicano, las empresas eólicas y las comunidades campesinas e indígenas, debido a los impactos sociales negativos que afectan el territorio y la calidad de vida de la población de la zona en donde se construyen estos parques. El territorio es importante porque representa la base y certidumbre material del sustento de la mayoría de la población que habita la región del Istmo de Tehuantepec, además es un elemento que construye su identidad cultural.

Por ello, la implantación de parques eólicos ha generado más rechazo que aceptación social por una parte de la población del Istmo algunas de las organizaciones que han manifestado su oposición son Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmos, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, La Ventosa Vive, Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, sólo por mencionar algunas. Estas organizaciones se inconforman debido al cambio en la posesión de la tierra que pasa de colectiva a privada por medio de contratos de arrendamiento, en los cuales se otorga el permiso a las empresas eólicas de acceder a las tierras, instalar los aerogeneradores y aprovechar el recurso eólico; las empresas “adquieren los derechos” sobre el uso de la tierra durante 30 años con posibilidad de renovar por otros 30 y así apropiarse de las ganancias generadas por los parques eólicos al fijar éstas mismas la cantidad por la cual rentan cada hectárea.

Regularmente estos contratos se firman sin que los campesinos e indígenas cuenten con información clara y veraz sobre los derechos que adquieren al rentar sus tierras y sobre lo que sucederá con las instalaciones eólicas una vez que el contrato expire. A esto se suman problemas como la cooptación y compra de representantes de las comunidades, se simulan asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas o que no aparecen en el padrón ejidal, con el fin de “agilizar” las negociaciones y firma de contrato a nivel individual y la empresa, excluyendo a las asambleas ejidales de la toma de decisiones, de esta forma los contratos se firman en clara desventaja y detrimento de la mayoría de los pobladores del istmo.

Desde 2009 se han documentado conflictos entre las empresas eólicas y los habitantes del istmo de Tehuantepec, quienes manifiestan su inconformidad ante el abuso de las empresas, la constante es la misma: la construcción de los parques sin el permiso de los ejidatarios. Por ejemplo en enero de 2009 se dio el choque entre comuneros del ejido de La Venta y un grupo de personas vinculadas a la empresa española Eurus, cuando éstos intentaban desalojarlos de manera violenta, debido a que la empresa estaba construyendo sin permiso de los ejidatarios; en julio de ese mismo año un grupo de 87 propietarios de mil 50 hectáreas que alojan el parque eólico La Ventosa desalojaron a técnicos y operadores españoles de una subestación propiedad de la empresa española Iderranova, exigiendo que se les informara cuánta energía eléctrica genera la planta y a quién se le vende, porque afirman, a seis meses de haberse iniciado las operaciones, los dueños de las tierras sólo reciben entre 25 y 100 pesos por hectárea.

En 2011, las confrontaciones no cesaron, el 23 de junio los ejidatarios de Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuantepec denunciaron que fueron amenazados por representantes de la empresa Demex quienes llegaron escoltados por agentes estatales de investigación, armados y en una camioneta sin placas, debido a que han manifestado su inconformidad porque la empresa no ha cumplido con lo ofrecido a cambio de arrendar sus tierras y para evitar más daños ambientales por la ejecución de un proyecto eólico cuya energía abastecerá a la empresa panificadora Bimbo. Aseguraron que la empresa española entró a sus tierras sin proporcionarles información completa sobre el proyecto. El 21 de octubre entraron a de nueva cuenta a la comunidad de Unión Hidalgo y amenazaron de muerte a las defensoras de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez y Maribel González, que acompañaban a los propietarios opositores al Corredor Eólico del Istmo.

Para el 4 de noviembre de ese mismo año, opositores al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuantepec, presentaron una denuncia penal por lesiones, disparo de armas de fuego, ataque peligroso y amenazas, contra el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago.

El 2012 no estuvo exento de enfrentamientos y conatos de violencia, el 6 de septiembre comunitarios de Ikoots denunciaron la incursión de empresa privada y asamblea “amañada” en San Dionisio del Mar; en noviembre unos 30 militantes priístas desalojaron en forma violenta a una veintena de indígenas ikojts (huaves) que ocupaban desde enero el palacio municipal de San Dionisio del Mar, en rechazo a la instalación del parque eólico San Dionisio, de la trasnacional Mareña Renovables.

A esta problemática se suma la intervención de grupos políticos identificados con el Partido Revolucionario Institucional, quienes son respaldados por caciques que todavía se mantienen en el estado de Oaxaca, además el estado ha vivido un histórico abandono y marginación, elementos que se conjugan creando un caldo de cultivo idóneo para un conflicto social de mayores dimensiones si no se atiende con prontitud.

La energía eólica es un proyecto noble, siempre y cuando responda a las necesidades de la colectividad y no a los de unos pocos, ya que puede generar más problemas de los que puede resolver.

Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia solución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, a atender, dentro de sus facultades, la problemática que se vive en el istmo de Tehuantepec entre los habitantes y las empresas eólicas.

Segundo. Replantear la construcción de los parques eólicos como un proyecto comunitario que beneficie no sólo a las empresas, también a los habitantes del istmo de Tehuantepec.

Tercero. Revisar el ordenamiento jurídico que regula la construcción y operación de estos parques eólicos, con el fin de tomar las medidas necesarias que garanticen al Estado un papel fundamental y así asegurar para éste el control de un sector tan importante como lo es el energético.

Notas

1 Jorge M. Huacuz Villamar. “La energía del viento”, en Ciencia y Desarrollo, Conacyt, febrero de 2010, página 36.

2 Villavicencio, Arturo (2006). “Mitos y realidades del Mecanismo de Desarrollo Limpio”, en Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 14 España, volumen 1, http://www.redibec.org/archivos/revista/articulo6.pdf. Consulta: 10 de diciembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa de difusión, orientación y, en su caso, capacitación de los productores de agave para que puedan cumplir la NOM-006-SCFI-2012, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevo ante esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 11 de febrero de la presenta anualidad, entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, con la que dejó sin efecto la anterior publicada en el año 2005.

Como es observable en su denominación, esta norma se refiere a la denominación de origen “Tequila”, pronunciada y protegida por el estado mexicano de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial.

La vigilancia de su observación y consecuente aplicación es responsabilidad, en el ámbito de sus propias facultades y obligaciones, de la Secretaria de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor

Establece las características y especificaciones que deben cumplir todos los integrantes de la cadena productiva, industrial y comercial del Tequila.

En consecuencia, se aplica a todos los procesos y actividades relacionados con el abasto de agave de la especie tequilana weber variedad azul, la producción, envase, comercialización, información y prácticas comerciales vinculadas a la bebida alcohólica destilada denominada Tequila, conforme a las especificaciones de esta NOM. Dicha bebida se encuentra sujeta al proceso que más adelante se detalla, con agave de la especie tequilana weber variedad azul, cultivado en las entidades federativas y municipios señalados en la declaración.

Asimismo, establece las especificaciones técnicas y requisitos jurídicos a cumplir para proteger a la denominación de origen “Tequila” de conformidad con la Declaración General de Protección a la denominación de origen “Tequila” vigente, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales relacionadas vigentes.

De ahí que, el productor de tequila deberá obtener de la Dirección General de Normas la autorización para producir Tequila y/o Tequila 100%, de conformidad con el trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, misma que estará sujeta al cumplimiento de la presente NOM y demás normatividad aplicable.

En general, con esta norma, se pretende que la industria tequilera defina y aplique un sistema de plantación estratégica, dando certeza a la cadena al estar la obligación de mantener el registro de hectáreas sembradas y disponibles.

Entre las obligaciones definidas en la norma, entre otras, están las de:

• Realizar el registro de agave en el primer año de plantación;

• Elaborar el reporte semestral de los cultivos de agave azul, y

• Inscribirse al padrón actualizado de productores, envasadores y comercializadores que operan en la denominación de Origen Tequila.

En consecuencia, la norma contempla al estado de Jalisco y los municipios relacionados en los estados de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas, es decir se incluye las aproximadamente 85 mil hectáreas cultivadas con agave en el país.

Sin embargo, al menos, entre los 17 mil 500 agaveros que registra el Consejo Regulador del Tequila, en el Estado de Jalisco, no hay información clara y oportuna sobre las disposiciones de esta nueva norma.

Lamentablemente, no hubo, antes de la vigencia, ni hay a la fecha, difusión sobre las obligaciones a los que ya están sujetos los productores y en consecuencia, de origen, hay un incumplimiento de la Norma, y lo más grave, no se están dando los objetivos y metas de producción y de productividad que impulsaron esta modificación a la normatividad relativa.

Tal ausencia de apoyo institucional, ha provocado que los productores no estén logrando la obligada renovación de conformidad a lo ya establecido en la Norma en comento.

Aun más, el artículo cuarto transitorio de la citada Norma, señala que “La presente norma oficial mexicana, una vez que entre en vigor, dejará sin efectos cualquier acto administrativo de carácter general como circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, o cualquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, así como cualquier resolución administrativa u oficio, que contravengan a la presente norma.”

Esto es grave ya que si se llega a dar el caso de que algún productor cuente con alguna resolución administrativa, quedó sin efecto, con las potenciales afectaciones que lo anterior conlleva.

En consecuencia es de suma urgencia implementar un programa de difusión, orientación y en su caso capacitación, de manera directa a los productores de agave, a fin de que se esté en posibilidad de cumplimentar obligaciones y acceder a los beneficios previstos, todo a favor de la cadena agave-tequila y de un autentico sistema de planeación de producción y de industrialización.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados elevo ante esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Envíese atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, a fin de que, por conducto de la delegaciones de la Sagarpa en las entidades federativas citadas en el cuerpo del presente, se implemente de manera urgente un programa de difusión, orientación, y en su caso, capacitación necesaria, de manera directa a los productores de agave, a fin de que estos estén en posibilidad de cumplimentar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para conocer las condiciones y las causas por las cuales se ordenó el cobro del Repuve, a fin de determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Fernando Angulo Parra, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Que el primero de septiembre de 2004 se público la Ley del Registro Público Vehicular cuyo objeto es establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

De la misma manera el 5 de diciembre de 2007 se publicó el reglamento de esta ley a fin de poderla operar a partir del 4 de marzo de 2008. El 3 de marzo de 2008 se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación los Procedimientos de Operación para sujetos Obligados que establece el reglamento.

Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular es un trámite gratuito ya que a la letra dice:

Artículo 6 . El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.

La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.

La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos.

Los trámites que se realicen ante las entidades federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

En el mismo orden de ideas la Ley del Registro Público Vehicular en sus artículos 19 y 21 establece que:

Artículo 19 . Estarán exceptuados de acreditar la inscripción en el Registro quienes realicen trámites inmediatos de ingreso respecto de la importación de un vehículo extranjero, el cual invariablemente deberá cumplir con el pago de los impuestos correspondientes y demás requisitos legales.

Artículo 21 . Las autoridades fiscales exigirán la inscripción en el Registro como requisito previo para cualquier trámite relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto, en los convenios que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebren con la federación, se establecerán los mecanismos que garanticen que en la recaudación de dicho impuesto federal será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el Registro.

Es el caso que a la fecha en los estados fronterizos se está cobrando el Registro Público Vehicular (Repuve) en un precio que va desde los 54 hasta los 80 dólares, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en todo el país en los vehículos nuevos en un promedio de 300 pesos, por medio de Banjército, sin que medie autorización alguna, ni que conste en la Ley de Ingresos de la Federación o los estados, así como tampoco en la Ley Federal de Derechos, por lo que no ha sido autorizado este cobro por ninguna de las Cámaras o congresos estatales, lo que lo hace un cobro ilegal e injustificado.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicitamos se cree un grupo de trabajo para realizar las investigaciones y las reuniones pertinentes con el Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a las autoridades relacionadas con Registro Público Vehicular, con la finalidad de conocer las condiciones y causas bajo las cuales se ordenó y se está cobrando el Registro Público Vehicular, así como para asegurar la determinación de los responsables de estos actos injustificados y que se inicien a la brevedad las investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputado Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del estado, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la esclavitud del siglo XXI, ya que vulnera en forma directa la dignidad y la libertad de las personas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo, define la trata de personas como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En el mundo existen 12.3 millones de personas víctimas de trata, de los cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de estas personas genera, anualmente, ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, después del tráfico de armas y del tráfico de estupefacientes.

Para Chihuahua, por su ubicación geográfica, siendo un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; y donde se encuentran instaladas gran cantidad de empresas maquiladoras, y además por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, migrantes, personas de la tercera edad, entre otras, contextos que ponen a la población en situación de de riesgo ante el delito de la trata de personas.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, identificó en Ciudad Juárez una vulnerabilidad particular, propia de las zonas maquiladoras, donde las empresas prefieren emplear a mujeres jóvenes y menores de edad, a fin de poder explotarlas laboralmente con mayor facilidad.

Además, según organizaciones de la sociedad civil, consideran que de 2008 a la fecha, por lo menos se han detectado 40 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, los que podrían estar ligados a la trata de personas, consideran que en Ciudad Juárez hay por lo menos 30 casos, mientras que en la ciudad de Chihuahua se presume la existencia de al menos unos 10 casos de feminicidios que podrían estar ligados a la comisión de ese delito.

De acuerdo a su competencia el 17 de mayo de 2011, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de Estado de Chihuahua presentaron una iniciativa de decreto a fin de crear la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua, que a la fecha no ha sido aprobada.

A nivel federal, el 14 de junio del 2012 fue promulgada la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y dicha ley en su artículo décimo transitorio establece que los Congresos de los Estados, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la ley en mención.

En busca de lograr soluciones efectivas contra al crimen de la trata de personas en el Estado, el 17 de noviembre del 2012, el gobernador constitucional de Chihuahua envío una iniciativa con carácter de decreto, la cual fue aprobada el 31 de enero del 2013, en la que se establecen reformas y adiciones en diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para llevar a cabo programas de desarrollo y acciones de asistencia social; así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Unidad Especializada para la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; además reformas a la Ley Estatal de Salud, para brindar atención médica de calidad a las víctimas del delito de trata; y adiciones a la Ley Estatal de Educación, para prevenir la comisión de delitos en materia de trata; así como se derogan y reforman disposiciones del Código Penal del Estado y se realizan adiciones al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; además se crea el Fondo Estatal de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Todo lo anterior es un avance para contribuir en la prevención y atención de los delitos relativos a la trata de personas, sin embargo al ser el Estado competente para prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos de trata de personas, cuando no se trate de delitos de competencia Federal, es necesario que exista una Ley Estatal en Materia de Trata de Personas, para contar con un ordenamiento legal local, que coadyuve en la regularización jurídica, con la finalidad atender de manera integral el crimen de la trata de personas, así como para garantizar y mejorar la efectiva atención a las víctimas de estos delitos y de sus familias.

Además, es necesario armonizar la legislación local, para hacer compatibles las disposiciones estatales con las reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011) donde se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a ampliar las fuentes y los principios que deben observarse en la creación y aplicación de la ley. Todo esto con la finalidad de evitar conflicto o contradicción normativa, lagunas legislativas o la falta de observancia y aplicación de la norma.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que se discuta y en su caso se apruebe la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua, presentada el 17 de mayo de 2011, y se armonice con base en lo establecido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua para que revise y en su caso armonice toda su legislación estatal en materia de derechos humanos y trata de personas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a implantar una campaña para que los mexicanos en el exterior participen en la formación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Angelina Carreño Mijares, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación actual del país refiere que más de 30 millones de personas de origen mexicano radican en el exterior. De ellos, la mayoría se encuentra en Estados Unidos de América. Estos connacionales tienen que enfrentar diversos obstáculos para poder acceder a servicios básicos en sus comunidades de origen, de manera fundamental a quienes radican en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se intenta la apertura de una cuenta bancaria, o enfrentan una emergencia médica o incluso tienen complicaciones ante nuestras propias representaciones consulares ya que los mexicanos que se localizan en el exterior –ya sea de forma regular o indocumentada– muchas veces no cuentan con ningún documento que les ayude a los trámites en las comunidades de origen.

De acuerdo con el índice de intensidad migratoria, que publica el Conapo, en 2010 se registraron en el país 4 entidades con muy alto grado de migración (Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit); 10 con nivel alto (Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Morelos, Colima, Jalisco y Querétaro); 8 con nivel medio (Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa); 2 con nivel bajo (Coahuila y estado de México) y 8 con nivel muy bajo (Chiapas, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Distrito Federal, Quintana Roo, Campeche y Tabasco).

Esos datos nos refieren que todo el país se encuentra envuelto en la dimensión del fenómeno migratorio; ello, sin contar la migración de otras naciones del mundo, principalmente de Centroamérica que se internan por el sur del país para llegar a Estados Unidos, principalmente.

En la actualidad, vivimos un momento histórico para la relación de ambos países, la oportunidad de acceder a una reforma migratoria ha otorgado una luz importante para nuestros paisanos en Estados Unidos, presentándose esto en contraposición a lo que se ha vivido en los años recientes con una oleada de legislaciones antiinmigrantes las cuales no solo afectan a quienes carecen de documentos si no a toda la comunidad hispana radicada en Estados Unidos.

Ante ello, desde esta soberanía hemos recalcado que no debemos escatimar en la necesidad de respaldar cualquier esfuerzo que garantice la irrestricta necesidad de proteger a nuestros connacionales que hoy se encuentran en mayor vulnerabilidad en comparación de los últimos años; pero también, ante una oportunidad política irrepetible heredada de la fortaleza social y política que han demostrado los inmigrantes en los Estados Unidos. Para nuestro país, la migración ha dejado de ser un tema del orden secundario para ocupar un amplio espacio de atención en los distintos órdenes de gobierno, hoy en día hemos visto incrementar de manera diversa las vertientes derivadas de la movilidad humana y por ello la corresponsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos y México como naciones involucradas en la partida, tránsito, destino y retorno de migrantes, debe darse de forma coordinada y cooperativa.

Hay temas muy sensibles que los legisladores tenemos que abordar con una mayor madurez y razonamiento político para que se conviertan en auténticas soluciones para los millones de mexicanos que radican en el exterior.

La LXII Legislatura ha dado un paso muy relevante al diversificar la atención del estudio y legislación en la materia migratoria al formar comisiones ordinarias para los temas de migración, asuntos fronterizos norte, asuntos fronterizos sur y población; las cuales, aunadas a la Comisión de Relaciones Exteriores tendrán que definir estrategias conjuntas para la eficacia en las legislaciones pendientes que atender dentro del espectro migratorio de México y de nuestros connacionales en el exterior.

Precisamente en la Comisión de Relaciones Exteriores se han formado grupos de trabajo, entre los que destaca el de protección de los derechos de los mexicanos en el exterior. Este órgano legislativo ha sido presentado y aprobado por el pleno de la comisión y, derivado de su propia naturaleza ha definido una línea de acción que conlleve al estudio y proposición de alternativas que beneficien a la población emigrante mexicana. Temas como las remesas, el envío y la transferencia de recursos, los derechos humanos, la seguridad fronteriza, el comercio y los derechos políticos de los mexicanos en el exterior entre otros están siendo revisados por quienes integramos esta subcomisión a fin de que esta LXII Legislatura pueda alcanzar los acuerdos pendientes heredados de al menos cinco legislaturas atrás.

Hoy, la realidad migratoria mexicana no puede ni debe obviarse, además de la posibilidad de alcanzar una reforma migratoria en Estados Unidos, México debe responder y dar muestra de su preocupación e interés por salvaguardar los derechos sociales, humanos y políticos de cualquier mexicano independientemente de donde este se encuentre y de cuál sea su estatus migratorio.

Por ello tenemos que dar muestra de que estamos preparados para asumir la corresponsabilidad de una eventual reforma migratoria en nuestro vecino del norte y por eso hoy tenemos una oportunidad de mostrar que el actual gobierno ha abierto todos los espacios y escucha a todas las voces para la integración del Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con la Constitución, el artículo 26 reza así:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración deberán regir la acción del gobierno. El Ejecutivo federal debe promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

La convocatoria ha sido amplia y reconocemos el carácter plural e integrador de esta iniciativa del Ejecutivo federal para que todo México construya el plan que moverá e impulsará a México al desarrollo pleno. Por ello resulta importante que tengamos una especial atención en el sector migrante y en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos.

Ante ello, propongo a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una notificación urgente a todas las embajadas, representaciones diplomáticas y consulados de México en el exterior para que difundan la campaña de participación e integración de propuestas para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo de tal manera que nuestros connacionales puedan aportar sus proposiciones en este importante documento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario técnico del Plan Nacional de Desarrollo a incorporar una sección especial de “derechos de los mexicanos en el exterior” en el apartado de relaciones internacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incluyan los derechos sociales, civiles, humanos, y la promoción de los derechos políticos de nuestros connacionales en el exterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada Angelina Carreño Mijares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Delfina Elizabeth Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a instituir el 25 de marzo como Día Nacional del Pueblo Afromexicano.

Consideraciones

La población afrodescendiente que habita en México se encuentra ubicada principalmente en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal. Los registros estadísticos nacionales no contienen ninguna cifra relativa al número de habitantes afromexicanos en el país. La población afrodescendiente arribó a México durante la época de la Colonia, entre 1519 y 1640, como consecuencia de un declive demográfico de la población indígena y la necesidad, por parte de los residentes españoles, de sustituir la mano de obra. Los negros poseían vigorosidad y fortaleza física evidentemente, no se les consideraba como personas con derechos, eran esclavos sin ningún tipo de privilegio. La proporción entre varones y mujeres esclavos trasladados fue la mitad de hombres y mitad mujeres, éstas tenían menor precio, pues la fuerza física masculina propia para trabajos pesados era lo que se cotizaba en el mercado esclavista. El hombre negro fue destinado a realizar una mano de obra gratuita y la mujer entró como regalía. Para el siglo XVII, esta población ya se había hecho presente de manera significativa en la mezcla racial de la Nueva España. No obstante, a partir de este momento comenzó a construirse el estereotipo de la inferioridad negra, promovido por un lado, por la literatura universal, la filosofía y la religión e incorporado plenamente en las diversas formas que adoptan las relaciones sociales y culturales que los afromexicanos establecen con su entorno.

La condición de esclavitud que se caracterizó por la explotación, la perdida de su lengua original y la imposición de nuevas conductas morales y religiosas provocó que algunos los negros huyeran a lugares alejados para formar pueblos cimarrones. Con la abolición de la esclavitud y la consumación de la Independencia en 1821, los afrodescendientes cambiaron su estilo de vida y optaron por quedarse al encontrar en las costas nacionales similitudes climáticas con sus pueblos de procedencia.

Históricamente las comunidades negras han sufrido la discriminación racial. Desde las épocas del esclavismo hasta nuestras fechas, los afromexicanos han sufrido la invisibilidad institucional, en discusiones del siglo XVII se discutía cosas tan absurdas como si los negros tenían o no alma.

Desde su llegada forzada a América, nunca se les reconoció un territorio, nunca se les reconoció una cultura propia, nunca se les reconoció una lengua propia, incluso los nombres personales y los apellidos de familia fueron cambiados.

El afromexicanismos pasó a ser la cultura mas despreciada, despreciado por los europeos esclavizantes que los trataron peor que a animales, despreciados por los indígenas que los vieron como extraños en estas tierras y despreciados por los mestizos que los veían solo como fuerza de trabajo.

Toda esta carga histórica de desprecio, de humillación, de esclavismo y de racismo, ha impactado en la forma de pensar de las propias comunidades negras, al grado de que entre ellos mismos se ha fomentado una baja autoestima y autodiscriminación.

Es claro que para la historiografía y para la historia oficial no existe el pueblo afrodescendiente o afromexicano, por lo que el mayor reconocimiento de su presencia se encuentra en la autoafirmación, que deviene de la revitalización de sus costumbres y tradiciones.

Los pueblos negros reclaman su inclusión en la historia, la cultura, la organización social, la economía y la participación política en este país a través de su reconocimiento jurídico, ya que son integrantes y conformadores y conformadores de la nación en su calidad de tercera raíz.

Sin embargo existe una “invisibilidad” alrededor de estos pueblos desde la independencia, prueba de esto, se puede encontrar la falta de datos estadísticos para dicha población, el rezago y la marginación que viven estos pueblos en México, se explica también por la falta de una política pública orientada a atacar su problemática y a ofrecerles alternativas para su desarrollo regional. Aunado a ello se encuentra el fenómeno de discriminación que cotidianamente viven.

La memoria histórica del sufrimiento del otro y de las injusticias cometidas por el hombre a sus semejantes, son parte de las preocupaciones contemporáneas que nos permiten recuperar y mantener presente la lucha del ser humano por la realización de un orden racional justo y con plena garantía del respeto a sus derechos en cuanto seres humanos.

Una forma más del olvido estructural, lo representa el hecho de que en las reglas de operación de los programas de asistencia pública y de los proyectos de desarrollo y apoyo comunitario que otorga el gobierno mexicano, no aparecen las palabras: “afromexicano”, “afrodescendiente” o “negro”, por lo que dichos apoyos son negados, en muchas ocasiones, a aquellas personas de las comunidades afrodescendientes, quienes optan por conseguir un beneficio de esa naturaleza y terminan siendo víctimas de una discriminación también estructural al ser considerados como extranjeros en su propio país.

Algunas razones a considerar:

• Los esclavos afromexicanos traídos a lo que hoy es México tuvieron una gran influencia en la vida económica de la colonia y, desde luego, en el mestizaje. Según algunos estudios, el comercio de esclavos afrodescendientes duró aproximadamente 400 años y el número de los que llegaron a América se calcula entre 30 y 40 millones.

• La preexistencia o su asentamiento en México previo a la formación de nuestra nación como país independiente. Es un hecho que los esclavos afrodescendientes fueron conducidos por la fuerza al territorio que ahora es nuestro país y se mezclaron con el resto de las etnias que lo poblaban, pero desde la Independencia a nuestros días ha sido ignorada su aportación a la construcción del Estado mexicano, con excepción tal vez, aunque no de manera explícita, del carácter pluricultural del país en la reforma constitucional de 1992.

• Su contribución a la economía. El continente americano y México en lo particular no serían lo que son sin la contribución de los pueblos afromexicanos al desarrollo económico de las naciones.

• Conformación de la multiculturalidad mexicana. Nuestra nación no está conformada por una sola cultura y, la cultura africana desde la colonia a nuestros días ha jugado un papel importante en la definición de lo que es el mexicano. El dato cultural es importante porque el ser humano necesita de la historia y de la memoria para construir su identidad.

• Violación histórica de derechos humanos y culturales. La violación a los derechos humanos de los afromexicanos y las violaciones a su dignidad han sido una constante histórica en México. Se trata de pueblos y personas marginadas de los beneficios del sistema social. La esclavitud en el pasado despersonalizó al afromexicano convirtiéndolo en cosa. Hoy en día la violación a los derechos humanos de estos pueblos, entre otras razones, porque se les niega el reconocimiento jurídico y con él, el derecho a la autodeterminación y al desarrollo colectivo e individual.

• El genocidio africano y la disolución de la identidad. Pocos pueblos en la historia de México han sufrido lo que los pueblos africanos. Aunque el origen de la esclavitud fue mercantilista ello no significa que no implicara un genocidio en contra de los pueblos africanos.

• Participación en la historia de México. Al incorporarse forzadamente la raíz africana a nuestra nación, además de promoverse el crecimiento de las fuerzas productivas se ha enriquecido la pluralidad de los bienes culturales del país: lenguas criollas, tradiciones orales, religiones sincréticas, entre otros aportes. Bien se puede decir, que la tercera raíz de nuestra identidad está visible en ellos.

Instituir el día 25 de marzo como el Día Nacional del Pueblo Afromexicano es una forma de reconocimiento, el inicio del reconocimiento federal al que estas comunidades aspiran desde hace ya muchos años. Sería también una forma de reivindicación, de hacer un reconocimiento, de saldar la deuda histórica que tiene la nación con estos pueblos, que sin lugar a dudas, existen y están presentes a lo largo y ancho de nuestro país, muchos marginados y siendo discriminados, aun por el propio gobierno.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal instituir el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el 25 de marzo como el Día Nacional del Pueblos Afromexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a adquirir unidades médicas móviles suficientes y otorgar en comodato a los estados las necesarias para realizar campañas preventivas de enfermedades en zonas de alta marginación y difícil acceso, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor García García, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente nuestro país mantiene altos niveles de pobreza, debido a las condiciones precarias tanto alimentarias, sanitarias, habitacionales, condiciones ambientales negativas, etcétera.

La desigualdad social genera que las personas con menores recursos sean los que tengan mayor dificultad para acceder a la salud, ya que si no es por servicios de salud gratuitos estatales no pueden utilizar otros.

La salud pública en México tiene graves carencias como hospitales y centros médicos en zonas de alta marginalidad o difícil acceso y por ende grandes problemas para acceder a los servicios de salud, como consecuencia no tienen acceso a insumos médicos, a una infraestructura adecuada, ni a profesionales de la medicina que puedan salvarles la vida.

La pobreza acorta la expectativa de vida de niños, mujeres, ancianos, hombres y jóvenes, así como disminuye notablemente la calidad de la misma. Para el gobierno federal y los locales debe ser una prioridad la salud pública en todo su aspecto preventivo.

En 2007 se puso en marcha el programa Caravanas de la Salud, con intervenciones de prevención y cuidados médicos focalizados en los principales problemas de salud a través de unidades médicas móviles, y a través de un enfoque intercultural para responder a las necesidades de la población mayoritariamente indígena.

El programa Caravanas de la Salud como estrategia federal, constituyó uno de los principales esfuerzos de la política de salud del gobierno de México, para consolidar la cobertura universal de los servicios de salud, fortalecer la portabilidad de los derechos a la salud, la transversalidad de los servicios entre instituciones y, fundamentalmente, garantizar la oferta de servicios de salud en las zonas de alta marginalidad.

El funcionamiento del mismo, a través de sus principales ejes rectores, proporciona servicios de promoción, prevención, atención médica y odontológica, en localidades pertenecientes a ciertas micro regiones cuyas características de ubicación geográfica y sociodemográficas, impiden o dificultan a la población que habita en las mismas, el acceso real a la red de servicios de salud, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles, que trabajan de forma complementaria, auxiliados con otros medios de transporte de personal en salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas de atención ambulatoria.

En los últimos años, la atención médica de la población que habita en los 125 municipios y localidades con menor índice de desarrollo humano (IDH), de conformidad con el catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como en localidades con alta y muy alta marginación, a pesar de los grandes esfuerzos, ha sido insuficiente y limitada.

De acuerdo al sexto informe de gobierno de la Secretaría de Salud, la cobertura actual de ese programa era de poco más de 21 mil localidades ubicadas en mil siete municipios del país con 3.8 millones de personas beneficiadas. Entre 2007 y mayo de 2012 se habían incorporado mil 448 unidades médicas móviles, con las cuales se otorgaron seis millones 894 mil 423 atenciones tan solo en el primer semestre de 2012, lo que representó 16.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las entidades federativas cuenten con unidades médicas móviles de forma permanente, las cuales sean otorgadas en comodato por el gobierno federal. El beneficio que se generará será mayúsculo, ya que se podrá cubrir con ejes importantes del Plan Nacional de Desarrollo como es la prevención en la salud y generar una cobertura universal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que adquiera unidades médicas móviles suficientes y otorgue en comodato a los estados las unidades necesarias para realizar campañas de prevención contra enfermedades en zonas de alta marginación y de difícil acceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputado Héctor García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscribimos, diputados del estado de Morelos de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 23 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la federación, diversos inmuebles que forman parte de nueve unidades industriales denominadas ingenios azucareros, ubicados en los estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se autoriza su enajenación a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, iniciando un procedimiento plagado de imprecisiones por la premura de la pretendida licitación, dada la proximidad entre dicho acuerdo y la terminación del mandato presidencial 2006–2012, por lo que en su momento se argumentó que se tendría que reponer el proceso.

Cabe recordar que 27 ingenios azucareros fueron expropiados mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 y 10 de septiembre de 2001 por causa de utilidad pública a favor de la nación, sin que la totalidad de dichos ingenios haya sido vuelta a enajenar dentro del plazo de año y medio que se preveía para tal efecto.

El gobernador constitucional del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ha manifestado que cuenta con el respaldo del Congreso del Estado de Morelos para, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, lograr que el gobierno estatal participe en el proceso de desincorporación. En este sentido, la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, encabezada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, aprobó un punto de acuerdo en donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que tome en consideración el interés legítimo de los morelenses para la adquisición y usufructo de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, ubicados en el territorio de la entidad. Lo anterior, para efectos del procedimiento que se siga para su desincorporación del patrimonio de la federación y su subsecuente enajenación.

Esta solicitud crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene el ramo azucarero para nuestra entidad, no sólo como un producto necesario para la alimentación, sino frente al potencial que tiene en la transición energética. Esta actividad económica, que debe realizarse con un manejo integral de los esquilmos del cultivo y los subproductos de la zafra para la restitución de suelos, integra regionalmente a la entidad y a la sociedad, y cuenta con varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no sólo en Morelos, sino en todas las entidades en donde se lleva a cabo esta importantísima actividad.

Los abajofirmantes buscamos, mediante esta proposición, reconocer el derecho de la sociedad, y principalmente de nuestros campesinos y agricultores organizados en cooperativas o en asociaciones de productores que históricamente han vivido de y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria, junto con el Ejecutivo estatal, participen de manera preferente en el proceso de desincorporación en curso a cargo del Ejecutivo federal, a fin de que se constituyan en los principales beneficiarios de la enajenación a título gratuito u oneroso y del usufructo de los ingenios correspondientes.

Por lo tanto, exhortamos al Ejecutivo federal a reconsiderar la desincorporación de los ingenios del país y en particular de los ingenios Casasano La Abeja y Emiliano Zapata que se encuentran en el estado de Morelos, a fin de que se considere de manera preferente al gobierno del estado para que participe en la adquisición, enajenación a título gratuito u oneroso y usufructo de los ingenios.

De conformidad con lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo estatal de Morelos de participar en el proceso de enajenación a título gratuito u oneroso, así como de todos los gobiernos estatales en donde se encuentren ingenios azucareros y que hayan mostrado el mismo interés de participar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputados: Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo, Maricela Velázquez Sánchez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago a realizar en materia de tránsito y vialidad las modificaciones conducentes a establecer como obligatorio para motociclistas el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placa, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, numeral 3 del artículo 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación el uso de cascos y chalecos estampados con el numero de placas, a los conductores de vehículos automotores (motocicletas).

Consideraciones

El vertiginoso crecimiento de nuestras ciudades así como el número de habitantes y del parque vehicular para su desplazamiento, constituyen una constante en el desarrollo demográfico en México. Lo anterior se ha convertido en un asunto de interés público y de observancia general, porque es de relevancia la solución del inconveniente y porque causa perjuicios a la colectividad.

La problemática principal, es el hecho que ha venido en aumento la cifra de población y como consecuencia inmediata la mancha urbana se agudizado, lo anterior nos obliga a buscar soluciones reales que se traduzcan en la reducción de tiempos de traslado; es decir, la reducción de tiempos al volante, para así beneficiar a la población directamente ahorrando el tiempo que invierten en sus traslados.

Aunado a la creciente en la población, el incremento de vehículos automotores; entre ellos las motocicletas, que últimamente han crecido en gran proporción y se ha convertido este hecho en un problema de seguridad pública en las calles y avenidas del Área Metropolitana. Por lo anterior, hoy hago un llamado con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad de los conductores de este tipo de vehículos, concretamente se propone establecer disposiciones dentro de los Reglamentos de Tránsito de los Estados, para que el uso de motocicletas sea seguro y responsable, además y con ello la conformación de un sistema de seguridad que garantice el tránsito adecuado tanto de personas como de vehículos. Un ejemplo real de este tipo de medidas de seguridad es el uso del casco ya que con este mecanismo se puede preservar la vida cuando se suscita un accidente grave en el que el conductor de este tipo de vehículos se ve afectado. Otra medida, eficiente a mi parecer, es adoptar el uso obligatorio de un chaleco de material resistente a la abrasión y que adicionalmente en la parte posterior se muestre la matricula o placa del vehículo automotor, para una correcta y expedita identificación del conductor.

Con la medida anterior se busca dotar al tránsito peatonal y de vehículos de seguridad vial una visualización asertiva en cuanto el conductor de dicho vehículo para un sano uso del espacio público y una correcta interrelación entre los peatones y los usuarios de vehículos automotores.

La sanción aplicable a los motociclistas por circular sin el uso del aditamento en comento será de una multa equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cabe señalar que para hacer efectiva la correcta aplicación de la normatividad de la materia, las autoridades administrativas de los Estados y en el Distrito Federal competentes para imponer las sanciones cuando se infrinjan las disposiciones de transito serán la Secretaria de Transportes y Vialidad y de Seguridad Publica de cada Estado.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas, a los conductores de vehículos automotores (motocicletas).

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su normativa para que se tenga acceso a la interrupción del embarazo legal por las causales previstas en sus códigos penales, suscrita por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas a la LXII Legislatura Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62, párrafo 2, 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, constituye un hecho histórico y un parte aguas en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Desde su regulación, el 24 de abril de 2007, hasta la fecha se ha practicado un promedio de 100 mil procedimientos en condiciones dignas, seguras e higiénicas, que han contribuido al ejercicio libre e informado de los derechos sexuales y reproductivos de esas mujeres.

Consideramos que la aprobación de las emblemáticas reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal son ejemplo de un ejercicio de armonización legislativa congruente con el principio pro persona , incluido en el artículo primero constitucional, a partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2010, así como con el principio de progresividad que busca ampliar los márgenes de la estandarización de los derechos humanos.

Desde la Cámara de Diputados trabajamos para que este ejercicio se replique en el resto de las entidades del país, con el objetivo de acabar con el agravio comparado que generan las legislaciones locales, que no sólo impiden el goce del derecho a la maternidad libre y voluntaria, sino que criminalizan la decisión de las mujeres de elegir libremente sobre sus cuerpo y su vida.

Nos inquieta la tendencia creciente en el número de procesos penales y encarcelamientos contra mujeres que interrumpen su embarazo por diversas razones. Según el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), en 2007 se documentaron 62 casos, pero entre 2009 y 2011 sumaron 679.

Es alarmante observar que en esos dos años se elevó en 163.8 por ciento el número de mujeres denunciadas por haber abortado, a partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción.

El GIRE ha denunciado que decenas de mujeres están sujetas a procesos penales por abortar. En la mayoría de los casos se trata de personas de escasos recursos económicos y de información, particularmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por lo anterior, y en el marco de la despenalización de la ILE, también hacemos patente nuestra preocupación por las legislaciones restrictivas en 18 entidades del país que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y contravienen el principio de laicidad del Estado.

En el PRD tenemos la convicción de que la ley y los derechos no se negocian, por lo que hacemos un llamado a los gobiernos estatales para que respeten y cumplan las obligaciones internacionales y tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Entre estas medidas destacamos la revocación de leyes que penalizan el aborto y criminalizan a mujeres que han tenido un aborto o intentado tenerlo.

En el quincuagésimo segundo periodo de sesiones, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por los casos de mujeres a las que se ha negado el acceso al aborto legal, incluso cuando cumplen los criterios legales restrictivos. Estas mujeres han sido reportadas a las autoridades judiciales por los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales, generando que sean privadas de su libertad y condenadas a largas penas de prisión.

En la actualidad, la norma oficial 046 señala que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia familiar y sexual, dentro y fuera del hogar, cuentan formalmente con el derecho a recibir atención médica y psicológica de manera gratuita en todo el sistema de salud. Esta norma mandata a todas las instituciones de salud otorgar asistencia y tratamientos especiales a quienes hayan sufrido violencia sexual. Es obligatorio que proporcionen tratamientos de profilaxis para VIH/sida, enfermedades de trasmisión sexual, anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo en caso de violación, con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

En el marco del sexto aniversario de la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 Semanas de Gestación en el Distrito Federal (ILE), recordamos también a las autoridades del sector salud de todos los niveles de gobierno que tienen una asignatura pendiente con el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, y de la que el GIRE ha hecho la siguiente afirmación: “A pesar de existir la obligación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) de ofrecerla en un plazo no mayor a 120 horas”, sólo 15 de los 32 estados la proporcionan, entre ellos Durango, Guerrero, Zacatecas y el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna exhorto a las autoridades a cumplir la recomendación que el Comité de la CEDAW emitió al Estado mexicano y que se conjuga en los siguientes puntos de acuerdo que someto a la consideración de esta asamblea con carácter de urgente y obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones aseguren el acceso a servicios seguros de salud a las mujeres de sus entidades a las que se les interrumpa el embarazo por cualquier motivo legal.

Segundo. Que las autoridades estatales de salud garanticen el adecuado establecimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, particularmente el acceso de píldoras contraceptivas de emergencia, aborto y atención médica de enfermedades transmitidas sexualmente y el VIH/sida para las mujeres víctimas de violación.

Tercero. Se exhorta a las legislaturas estatales a revisar y armonizar las leyes relativas a la interrupción del embarazo y eliminen los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a la maternidad voluntaria, a la luz del artículo 1o. constitucional y el principio pro persona. En particular a que especifiquen la autoridad responsable de dar certeza jurídica y seguimiento a los procedimientos de aborto legal previstos en los códigos penales de cada estado.

Cuarto. Se exhorta a las secretarias y secretarios de Salud de los estados a que prevengan a los proveedores de salud del sector público y privado, así como al personal de las áreas de trabajo social, a que se abstengan de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, en virtud de que las reformas a las constituciones locales no han abrogado los motivos para la interrupción legal del embarazo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputadas: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratifica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la prerrogativa de buscar, recibir y difundir información. De igual forma se desprende que, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

Por lo anterior, para que exista una sociedad democrática debe preceder una prensa libre, pluralista e independiente.

Así lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas 1 en la Declaración de Windhoek (Namibia, 1991).

En nuestro marco jurídico, el derecho a la libre expresión 2 se encuentra consagrado en el artículo 6o., primer párrafo, de la Constitución, que a la letra dice:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Asimismo el artículo 7o. del ordenamiento de referencia reconoce como inviolable la libertad de escribir y publicar documentos sobre cualquier materia, siempre y cuando que no atenten contra la vida privada, la moral y la paz pública, por lo que ninguna ley o autoridad podrán imponer censura previa.

Estas disposiciones determinan el marco normativo a partir del cual se reconoce y garantiza el desarrollo de las actividades periodísticas, así como de aquellas que realizan los medios de comunicación en su tarea de difusión de información.

Sin embargo, para nadie es un secreto que esos derechos son violentados en todas las latitudes del mundo y, por supuesto, nuestro México no es la excepción.

Al ejercer esta labor, los periodistas ponen en riesgo su vida, e inclusive, en múltiples ocasiones deben huir del país para resguardar su integridad y la de sus familiares, por ello estamos frente a una vulneración infame a los derechos humanos.

Christof Heyns, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias3 sostiene que los periodistas [...] están siendo asesinados en números alarmantes por actores estatales y no estatales. Otros periodistas han sido intimidados para que se autocensuren de manera que éstos se encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y su vida pueden verse amenazadas [...].

Añade que los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercer influencia en su labor sino también [...] a peligros físicos como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o los intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa, e incluso la muerte.

Estoy convencida de que los periodistas merecen especial atención no sólo por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan porque la libertad de expresión, como ha observado el relator especial, es también un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.

Según datos del Instituto Internacional de la Prensa (IIP) con sede en Viena, 2012 fue un año negro para los reporteros, 132 murieron en el ejercicio de su profesión, de ellos 25 en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con ese instituto [...] los países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, son: Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras, México y Brasil.

En América latina nuestro país encabezó la lista con siete reporteros asesinados, seguido por Brasil con cinco, Perú con cuatro, Colombia y Honduras con tres cada uno y Ecuador con uno.

Otros datos revelan la gravedad de las agresiones que sufren periodistas en nuestro país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2000 a noviembre de 2012, recibió 807 quejas por agravios a periodistas y, desde 2005, ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores. Además en los últimos cinco años, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Este Organismo Nacional ha expresado su preocupación por las agresiones a los comunicadores, que además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar debidamente informada.

Asimismo, considera de alto riesgo la labor que realizan los periodistas y comunicadores, en razón del incremento de las quejas y la gravedad de los ataques perpetrados en su contra.

Tan sólo del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, la CNDH conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, de libertad, legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y a la posesión e informa que las cinco entidades en las que se ha dado el mayor número de agravios a periodistas en este periodo fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Ante estos datos, no podemos negar que las agresiones a periodistas y medios de comunicación son problemas que deben atenderse integralmente, a partir del diseño y desarrollo de medidas efectivas que les posibiliten el ejercicio de sus actividades en un marco de garantía y respeto.

En ese contexto, considero que desde ésta, la máxima tribuna de la nación, podemos contribuir a la solución de esos problemas, no sólo elaborando el andamiaje jurídico para la protección de los periodistas y medios de información, sino también, como representantes de los ciudadanos, dando seguimiento a cada agresión que aquéllos sufran y que sea denunciada ante las autoridades.

Con base en lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para patentizar mi compromiso y respaldo con los periodistas de nuestro país, porque estamos convencidos que cualquier atentado que éstos sufran lesiona gravemente sus derechos humanos, rompe con esquemas de garantía y daña profundamente la confianza ciudadana en su gobierno. De igual manera reitero nuestro respaldo al trabajo que realizan los medios de comunicación.

Es menester señalar que en la LXI y LXII Legislatura en la Cámara de Diputados existió la Comisión para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, con carácter especial. 4

En el caso de la Cámara de Senadores, se constituyeron 5 comisiones especiales para funcionar durante la LXII y LXIII Legislaturas entre las cuales, sí se incluyó una para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, misma que fue instalada el pasado 7 de febrero del año en curso.

Considerando la viabilidad de estos antecedentes y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables; determine la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial de referencia será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial contará con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. De igual forma este órgano legislativo podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades de los tres niveles de gobierno responsables, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinta. La duración de los trabajos que realice esta comisión especial será hasta el 31 de agosto de 2015 y por la importancia del tema no será rotatoria.

Notas

1 Decisión 48/432, de 20 de diciembre de 1993, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26 sesión de la Conferencia General de la UNESCO en una resolución de 1991 sobre la Promoción de la libertad de prensa en el mundo.

2 Mensaje conjunto del secretario general de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Directora General de la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012. Disponible en la siguiente liga: http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/

3 Presentado el 10 de abril de 2012.

4 El 15 de enero de 2007 la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura, publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. A su vez, en la Sexagésima Primera Legislatura, el 10 de diciembre de 2009, se publicó en el órgano de difusión parlamentario un acuerdo por el que se crearon diversas comisiones especiales, entre ellas, una para dar seguimiento también a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

5 Mediante acuerdo publicado el 16 de octubre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la incorporación en las zonas metropolitana número 21 y 23 a los municipios de Chapala y La Barca, respectivamente, y que se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizado en el PEF de 2013, suscrita por las diputadas Patricia Elena Retamoza Vega y María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Patricia Elena Retamoza Vega y Angélica Magaña Zepeda, diputadas por el estado de Jalisco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país vive las consecuencias de un crecimiento acelerado y desorganizado de los centros urbanos de población, implicando la necesidad de regular el desarrollo de ciudades y metrópolis en alarmante expansión.

En México más de la mitad de la población habita en zonas metropolitanas, que se integran por dos o más municipios, mismos que tienen que coordinar esfuerzos para establecer una planeación común, para resolver problemas en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte y seguridad públicos, entre otros. Los problemas de las entidades se han agudizado y hecho cada vez más complejos como producto de esta conurbación.

Conforme a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en nuestro país existen 56 zonas metropolitanas y 60 conurbaciones; de estas, 14 cuentan con un promedio de 750 mil habitantes, 32 entre 100 mil y 500 mil habitantes y 9 tienen una población mayor de un millón.

Lo anterior da un total de 57 millones de habitantes, lo que representa 53 por ciento de la población del país. Las 55 zonas metropolitanas están integradas por 309 municipios, que a su vez están ubicados en 29 de las 32 entidades del país. 3 de cada 4 de estos asentamientos son precarios, lo que conlleva a que 7 de cada 10 habitantes sean marginados.

Es de destacar que la población de estos asentamientos genera cerca de 70 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional pero; asimismo, también genera 66 por ciento de los desechos sólidos de todo México.

Hoy, a 32 años de la expedición de la primera legislación marco en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos desgraciadamente necesitamos reconocer que existen graves problemas, incongruencias, contradicciones y dificultades tanto en la leyes, reglamentos, decretos programas y en actos administrativos relacionados en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

El artículo 115 constitucional instruye que, “cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con arreglo a la ley federal de la materia”.

Las áreas metropolitanas (o zonas conurbadas) dejan entonces de ser espacios en los que los niveles de gobierno puedan actuar en forma separada. De igual manera, la Constitución ordena que sean reguladas en forma conjunta.

La Ley General de Asentamientos Humanos dedica el capítulo tercero a las conurbaciones. Así, existe no sólo la obligación constitucional de regular conjuntamente las zonas conurbadas, sino además la instancia en la que ha de tener lugar de debate y han de adoptarse decisiones negociadas y obligatorias para todas las autoridades involucradas.

No obstante estos mandatos, la falta de recursos económicos no permite atender las necesidades de su población, imposibilitado la prestación de servicios y desarrollo.

En diciembre de 2005 se publicó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. Dicho presupuesto aprobaba la inclusión de fondo metropolitano, en el ramo 23, con un monto de mil millones de pesos. Para el desarrollo de acciones en infraestructura en áreas conurbanas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dicho decreto otorgaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administrar dichos recursos corresponsabilizando a los gobiernos del estado de México y Distrito Federal. Estos aportaron una cantidad igual para el referido fondo. Para el Ejercicio Fiscal de 2013, se autorizaron 8 mil 616 millones 58 mil 106 pesos; para la zona metropolitana numero 21 de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de 882 millones 112 mil 123 pesos, y para la zona metropolitana numero 21 de Ocotlán, Jalisco, 29 millones 62 mil 999 pesos.

La creación de tal fondo constituyó un acierto, pero no tomó en cuenta la existencia de otras 54 zonas metropolitanas. En razón de ello, se requiere incluir a otras zonas que se beneficien de dicho fondo, con la finalidad de avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales, y con ello se requiere incluir a otras zonas que se beneficien de dicho fondo, con la finalidad de avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales, y con ello reiniciar un proceso de construcción de una política metropolitana gubernamental, priorizando la atención de las distintas necesidades existentes en las metrópolis mexicanas.

Como es del conocimiento, existen otras zonas en el país con características similares a la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) que enfrentan los mismos rezagos, tal es el caso de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán, en el estado de Jalisco, y específicamente los municipios de Chápala y La Barca enfrentan los mismos rezagos, retos de los demás municipios que integran las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán, Jalisco, requieren condiciones de igualdad y equidad de su población, para ser considerados, incorporados e incluidos como beneficiarios del Fondo Metropolitano de dichas zonas. Lo anterior es cuestión prioritaria para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, habido de que también cuenta con instrumentos legales e instancias de cooperación y colaboración en el ámbito de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales para la atención y solución de asuntos prioritarios de carácter metropolitano, y más aun por su situación geográfica.

Sin duda los municipios de Chápala y La Barca deben ser considerados en el Fondo Metropolitano de las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco) y 23 (Ocotlán, Jalisco), especialmente bajo el criterio metodológico de municipios que integran zonas metropolitanas definidas por política urbana, utilizadas por el Conapo, con la finalidad de mejorar los niveles de bienestar de sus habitantes y que coadyuve a la solución de las problemáticas metropolitanas específicas de las ciudades en mención.

El municipio de Chápala se localiza al sur de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 43 kilómetros sobre la carretera Guadalajara-La Barca, y colinda al norte con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, exactamente en la delegación de Atotonilquillo, con la población de Atequiza que pertenece al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos donde justamente se forma un continuo urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el municipio de La Barca está a 140 kilómetros de Guadalajara, se encuentra al sur del municipio de Jamay y al este con el municipio de Ayotlán.

Chapala está a 40 minutos de Guadalajara y está conectada por una red carretera que le comunica a todo el país a saber: autopista México vía corta, México vía Morelia, Guadalajara- Manzanillo, Barra de Navidad y Nogales; y el aeropuerto se encuentra a escasos 20 minutos.

Así también es importante mencionar el índice de desarrollo humano emitido por el Conapo, donde los municipios de Chapala y La Barca ocupan el 21o. y 15o. lugares en el estado de Jalisco y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su censo de población de 2010 manifiestan que tienen una población: Chapala de 48 mil 839 habitantes, y La Barca 64 mil 269 habitantes. Además de una población de más de 10 mil habitantes extranjeros que viven en la población de Ajijic, durante 6 meses del año, y una población turística flotante de aproximadamente unos 5 mil visitantes de fin de semana que provienen de la zona metropolitana de Guadalajara, y que también demandan una serie de servicios.

En consecuencia, se propone que los recursos del fondo en cuestión se distribuyan en forma proporcional y equitativa, para su ejercicio en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y, por otra parte, es necesario avanzar legislando en materia de zonas metropolitanas y dar una mayor importancia de las zonas conurbadas y a las características particulares y su relevancia para la planeación y políticas urbanas, a fin de que superen problemas y rezagos sociales tan propios de estas zonas.

Por lo expuesto, estamos convencidas de la necesidad de someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se incorpore e incluya en las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco) al municipio de Chapala, y a la zona metropolitana numero 23 (Ocotlán, Jalisco) al municipio de La Barca, Jalisco, y para que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizados a las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco), y a la zona metropolitana numero 23 (Ocotlán, Jalisco), para que sean beneficiarios de dicho fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

Diputadas: Patricia Elena Retamoza Vega, Angélica Magaña Zepeda (rúbricas).