Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR a considerar la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos cometidos contra migrantes nacionales y extranjeros en territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a publicar en el DOF un acuerdo que autorice modificar las tarifas de electricidad con la eliminación de mayo, junio y octubre como parte del lapso de aplicación de la cuota de horario de verano en periodo punta para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar por la Secretaría de Salud medios especiales para atender a personas que presentan impedimentos económicos y enfermedades terminales y crónico-degenerativas en la región de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a instruir la creación e implantación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de esta soberanía, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar un programa de empleo temporal por la difícil situación del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora del DIF a emprender un proceso de coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales y los municipales encaminado a simplificar los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI

William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

En los últimos años, el aumento de la temperatura a nivel global se ha convertido en un severo problema a resolver por parte de los gobiernos y organismos internacionales dado que los estragos del cambio climático afectan al equilibrio de los ecosistemas y directamente a la producción del sector primario de la economía, donde las intensas y prolongadas sequias que se han registrado han dejado pérdidas incalculables en el sector agropecuario a escala mundial.

En torno a este problema, los diversos gobiernos han tomado una serie de medidas que garanticen contrarrestar los efectos nocivos de este fenómeno, siendo que a México la sequía lo ha transformado de ser un país exportador a ser un importador de diversos productos como por ejemplo lo es el caso del Maíz.

Este problema se transmite a toda la cadena productiva ya que siendo el campo el primer afectado, posteriormente viene la escalada de precios en la industria que depende de insumos agrícolas, de la carne y textiles, lo que en suma provoca que sea el consumidor quien finalmente lo resiente en el bolsillo. Sin embargo, el problema no es solamente económico, también la sequía se presenta como uno de los factores que detonan enfermedades relacionadas con la contaminación por estancamiento del agua como lo es la cólera, infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, rotavirus y hepatitis tipo A, entre otras.

Por ello es que el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.

En este sentido, el pasado 10 de enero el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó el llamado Programa Nacional Contra la Sequía, en dos grandes líneas de acción, el primero se basa en un sistema de alertamiento, el cual ha iniciado en una primera etapa desarrollando indicadores, basados en los índices de precipitación y escurrimiento, que con el apoyo de 20 universidades e institutos de investigación dará a conocer la situación de sequía en el país, y en una segunda etapa es el desarrollo de 26 programas de atención a las sequias en correspondencia a las 26 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional .

El problema fundamental, estimadas compañeras y compañeros diputados, radica en que los 26 programas de atención a la sequía se tienen proyectados para estar listos en el mes de junio, para que posteriormente en coordinación con los municipios, organismos operadores y distritos de riego se realicen programas focalizados en cada región según informó el Doctor Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Conagua en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero.

Es decir, debemos de recordar que a pesar de que los esfuerzos en la planeación de la alerta temprana se están llevando a cabo, el problema ya está frente a nosotros, presentándose en diversas entidades del territorio nacional, los productores no pueden esperar hasta junio para recibir la atención a una realidad cada día más adversa.

En el mes de febrero las 170 presas más importantes se encontraban en un 56 por ciento de su capacidad de llenado, lo que representa 14 por ciento menos que el promedio histórico, lo que, aunado al pronóstico del próximo trimestre abril, mayo y junio, hace necesario tomar medidas contra la sequía, pues se espera hasta 30 por ciento menos lluvia que el promedio histórico.

En este sentido los problemas no se circunscriben solo a la falta de la infraestructura que valga decir, como señalo el director de Conagua David Korenfel Federman, fue construida bajo viejas normas de calidad, además es necesario y urgente revisar y rehabilitar las 115 presas con alto riesgo e inspeccionar 5 mil km de bordos.

En reunión con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de ésta Cámara de Diputados, el director de Conagua también añadió que de los 604 municipios que han empezado a ser monitoreados por cuestiones de sequía, la mayor parte se concentra en la frontera con estados Unidos, y que del total de municipios del país, el 30 por ciento presenta algún indicio de sequía.

Siendo la falta de lluvias o precipitaciones, el principal factor de la sequía, la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales del líquido se están presentando cada vez con mayor intensidad en ciclos climáticos donde antes no se presentaba, llegando en casos extremos a la aridez que azota poblaciones enteras, tanto es así que el pasado 25 de marzo el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto al Gobernador del estado para que instruya al titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario a que implemente el Programa de Apoyo Emergente para la Sequía, así mismo se incluye que la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la entidad realice las acciones necesarias para contrarrestar los daños.

En el estado de Tamaulipas, el director de la cuenca Golfo Norte de la Conagua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, señaló que según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos tres meses los niveles de lluvia serán muy bajos en relación a la media histórica, las estadísticas muestran que durante el mes de marzo la media histórica es de 19.2 milímetros de humedad, sin embargo, hasta el momento no se alcanza ni el 8 por ciento debido a las escasas lluvias, ese mismo panorama se vislumbra para el mes de abril, en el que la media histórica es de 39.4 milímetros de humedad y en esta ocasión se espera que las lluvias apenas dejen 23.8 milímetros de humedad y finalmente para el mes de mayo, los pronósticos tampoco son nada alentadores, pues de 76.9 milímetros de lluvia que se registraban en promedio, esta vez se estima que se podrá captar menos del 50 por ciento de esta cantidad de agua.

Sin embargo, debo ser claro en que el problema de la sequía no solo es un problema de los estados del norte del país, también en la región centro se han empezado a sentir los estragos de la temporada de sequía, por lo que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, conociendo los pronósticos climatológicos para esta región que indican que habrá poca presencia de lluvias, entregó el pasado 2 de abril apoyos preventivos a mil 500 productores de los municipios de Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Jilotepec y Polotitlán, dentro de su programa emergente para la sequía en el norte de su estado, sin embargo el problema de fondo se encuentra en el abastecimiento de presas, como lo es el caso de la presa de Huapango, que permite el riego de 5 mil hectáreas en la región y que en estos momentos solo se encuentra al 22 por ciento de su capacidad, por lo que este ciclo agrícola solo alcanzará para 400 hectáreas.

Por lo que respecta al sureste del país, en mi estado Yucatán, en el municipio de Peto, en la unidad de riego “Jol-Lum”, unos 35 productores que trabajan 33 hectáreas con diversos cultivos, pasan apuros por la sequía, además de esto su sistema de riego se dañó desde hace 20 días; en el municipio de Tzucacab los estragos de las altas temperaturas ya se comenzaron a reportar graves efectos donde los campesinos afirman que el calor sofocante y la falta de agua en el monte ocasiona la muerte de fauna silvestre.

El estado de Yucatán, aún no se recupera de la sequía que le azotó el año pasado y ya estamos nuevamente ante una ola de sequía, ésta es la razón por lo que los productores se encuentran alarmados, ya que no cuentan con los recursos suficientes por lo que se hace necesario el apoyo de recursos federales para mitigar el problema ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se repitan los acontecimientos de años anteriores, cuando se registró la muerte de miles de cabezas de ganado y la no producción de cientos de hectáreas agrícolas.

El peligro latente de incendios forestales, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, la muerte de millares de cabezas de ganado y los riesgos a la salud que implica la sequía, es la razón por la que estando a tiempo de llevar a cabo las acciones conducentes para impedir que en unos meses nos enfrentemos a la repetición de las terribles imágenes de 2009, 2011 y 2012 donde este fenómeno dejo los mayores índices de daños que se haya tenido registro desde 1941.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para agilizar los planes y programas contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía, a fin de contrarrestar a la brevedad los problemas derivados del aumento en la temperatura y escasez de líquido en diversas regiones del territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 09 de marzo de 2013.

Diputado William Renán Sosa Altamira

Fuentes:

1. Revista de Investigación y Desarrollo, Diseñará Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en http://www.invdes.com.mx/ciencia/2695-disenara-pronacose-estrategias-pa ra-enfrentar-la-sequia-en-mexico

2. Inforural, Diseña Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en

http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118389

3. Conagua, Se reúnen autoridades del Agua en el estado en http://www.conagua.gob.mx/OCGN07/NotaP/Comunicado%20005_2013%20Se%20reu nen%20autoridades%20el%20Agua%20en%20el%20estado.pdf

4. Milenio Novedades, Anticipan medidas contra la sequía en Yucatán en http://sipse.com/milenio/anticipan-medidas-contra-la-sequia-en-yucatan- 18871.html

5. Academia Mexicana de Ciencias, Establecen acciones para evitar sequia en México en

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/establece n-acciones-para-enfrentar-la-sequia-en-mexico/

6. Conagua, Se prevé hasta 40% menos lluvia en los próximos tres meses: SMN en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-preve-hasta-40-menos- lluvia-en-los-proximos-tres-meses-smn/

7. CDJ, Establecen acciones para enfrentar la sequía en México en http://www.cdj.com.mx/notas.php?id_n=192238

8. Conagua, En 2013 actuamos preventivamente ante la sequía; en http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2205&n2=NotaP

9. Conagua, En 2013 actuaremos preventivamente ante la sequía (Ronda de preguntas y respuestas):

http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Comunicados/Pregunta syRespuestasdelaConferenciadePrensa-IniciodetemporadadeEstiaje18-02-201 3.mp3

10 El Sol de México, Entregó Eruviel Ávila 14.9 mdp contra la quía en

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2933463.htm

11. El Mañana, Conagua desarrolla estrategia contra sequía en Tamaulipas en http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=321448

12. Congreso de Nuevo León, Pide congreso del estado a las autoridades implementar programa contra sequía en http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/pide_congreso_del_estado_ a_las_autoridades_implementar_programa_contra_sequia.php

13. La jornada, Participan 20 universidades e institutos en programa nacional contra la sequía en

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/ciencias/a03n1cie

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y Juan Bueno Torio, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Los lamentables acontecimientos ocurridos en el edificio administrativo de Pemex, en el que perdieron la vida personas trabajadoras deben ser esclarecidos, considerando la importancia que tiene esta empresa para la subsistencia de centenas de familias de las personas que ahí trabajan, o de las que tienen negocios en los alrededores de dicho edificio.

Las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las autoridades, pero más aún, la información que permita a la sociedad conocer puntualmente las causas que motivaron la explosión, así como las acciones que las autoridades están llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos, debe ser dada a conocer.

Sin embargo, de acuerdo a los oficios emitidos por Petróleos Mexicanos, con número DG-ST-058-2013 y DG-ST-059-2013, mediante los que responde a dos solicitudes de información, la empresa señala que ha reservado por un periodo de 12 años información relacionada con la explosión, al solicitársele las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo ubicado en Marina Nacional de los días 28, 29, 30 y 31 de enero.

De igual manera, también fueron declarados como reservados por el mismo número de años los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2.

En los oficios en los que Pemex da respuesta a dichas solicitudes,1 se responde que la divulgación de la información señalada podría afectar las investigaciones respectivas.

Entendemos que existe una averiguación en proceso, sin embargo debemos exigir que ésta sea concluida lo antes posible, para que con los datos arrojados, las autoridades puedan emprender de manera inmediata todas aquellas acciones mediante las cuales se garantice la seguridad tanto de los trabajadores del edificio administrativo, como de las personas que habitan en los alrededores.

De este modo, no podemos aceptar que la información que ayude a esclarecer el hecho sea considerada como información reservada, y menos aceptable, que ésta haya reservada por un periodo de 12 años.

Los mexicanos a los que representamos, y más aún, los trabajadores, las familias afectadas y los vecinos del complejo administrativo de Pemex tienen el derecho de conocer toda la información sobre las causas del accidente, así como de las instalaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país.

La sociedad tiene el derecho a la información. No encontramos justificación para negar la información que se solicita, ya que estos ciudadanos no podrían afectar las investigaciones que se están llevando a cabo, y además, tampoco encontramos razones que justifiquen la reserva de la información por doce años.

Más aún, no encontramos justificación, si la explicación que se dio en el momento, fue que se había tratado de una explosión de gas, versión que corroboró el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al señalar que “... hoy se sabe lo que pasó el 31 de enero, cuando se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2. Los peritajes no dejan lugar a dudas”.2

Por lo tanto, debemos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de mantener informada a la sociedad y esclarecer lo antes posible los hechos acontecidos en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero, para garantizar la seguridad a la sociedad y para cumplir también con las obligaciones de transparencia en el ejercicio de sus actividades y en el manejo de los recursos, que el marco jurídico actual mandata.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que mediante las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero del presente año.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a emitir un pronunciamiento para no reservar dicha información.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que con la brevedad, se pronuncie con certeza sobre la información emitida respecto de la explosión en el edificio administrativo de Pemex, e informe verazmente a la ciudadanía y al pueblo de México los hechos que originaron dicho accidente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que realice una auditoría a Pemex para revisar todos los gastos que ha celebrado la empresa en las investigaciones realizadas al mantenimiento de sus instalaciones por la explosión en su edificio administrativo, incluyendo los peritajes e investigaciones que han contratado , así mismo auditar si los peritajes e investigaciones entregados corresponden cabalmente a los gastos contratados por Pemex.

Notas

1 Véase http://aristeguinoticias.com/1903/mexico/reservan-grabacion-y-estudios- periciales-de-explosion-de-pemex/

2 México guardará en su memoria a trabajadores de Pemex fallecidos y el heroísmo de rescatistas. Febrero 8 de 2013. Boletín 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputados: Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.

Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ayúdenos para sacar a volar la empresa;

Ayúdenos a encontrar una solución completa y total, para tener un trabajo y una vida digna, no nos merecemos este trato;

Ayúdenos para tener una pensión segura;

Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que se les dé a los inversionistas la oportunidad de expresarse y demostrar su plan de negocio... Trabajadores de la empresa Mexicana de Aviación.

Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.

A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.

Mediante la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas El presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaba la actividad aérea comercial en la República Mexicana.

Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.

De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un servicio de transportación aérea a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico, para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Es aquí donde nace Mexicana de Aviación: la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.

Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la aviación comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.

A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.

La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.

En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.

Mexicana de aviación enfrenta en los años 60 la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.

En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.

La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.

Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.

Sin embargo ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.

Las nuevos retos hacen que la aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de Master Card Internacional.

La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005 por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.

La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.

A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación, persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:

1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.

2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando. Para sumarla a las exigencias de solución.

3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, que ensombrecen el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa, además para que realicen una investigación que incluya a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para deslindar responsabilidades.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, que esté integrada por todas las partes involucradas, que pueda facilitar la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR a considerar la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos cometidos contra migrantes nacionales y extranjeros en territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de marcada evidencia que derivado del artículo 1o. de la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en noviembre de 1969 por el Estado mexicano en la conferencia especializada interamericana en San José de Costa Rica, la actualización de nuestra norma suprema cobra vigencia a través de su reforma al artículo primero constitucional, elevando a la supremacía el respeto irrestricto de los derechos humanos y estableciendo de facto, la obligatoriedad del control de convencionalidad estipulado en el párrafo segundo del citado precepto.

Asimismo a través de lo establecido en el párrafo tercero del artículo precitado, la reforma constitucional estipula el carácter obligatorio para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, indicando además la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Dado que el artículo 2o. del también llamado Pacto de San José, que a la letra estipula “si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1o. no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, además en el artículo 5o. de la convención citada establece que “ toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La nueva Ley de Migración en su artículo 2o. sostiene como uno de los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sin distingo alguno.

Prosiguiendo con este orden de ideas, es factible señalar que sin lugar a dudas, con la nueva Ley de Migración y la reforma al artículo 1o. constitucional se presenta un gran avance en los ordenamientos jurídicos para la protección y salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes, lo que de manera histórica ha exigido el Estado Mexicano a través de la cancillería al gobierno de los Estados Unidos de América y que nos obliga en el contexto actual, a aplicar el conocido adagio que reza “el buen juez por su casa empieza”.

Es de trascendencia considerar y hacer visible la situación que actualmente padecen los indocumentados, tomando en cuenta que el fenómeno migratorio en México se ha multiplicado y adquirido una complejidad mayor, rebasando inclusive los límites como tema de seguridad nacional, para convertirse en una industria del secuestro, maltrato, abuso y masacre de migrantes, con una ruta marcada de corrupción, por lo que resulta indispensable la atención a este sector, a través de políticas públicas que tengan como fin a disminuir la incidencia de los delitos hacía el sector de migrantes.

Aún cuando la responsabilidad mayor recae sobre el Instituto Nacional de Migración, del cual se hace indispensable su renovación a una instancia moderna, eficiente, en este sentido, es necesario la participación de los tres órdenes de gobierno, para evitar los constantes ilícitos que se cometen en sus personas, por ello es necesario que la política migratoria del Estado mexicano, sea una política con visión de derechos humanos, que garantice el acceso de los indocumentados a la justicia.

Sólo por citar un dato “las migraciones masivas no comenzaron en este siglo, se calcula que entre 1846 y 1930 dejaron Europa unos 52 millones de personas de las cuales el 72 por ciento viajó a Estados Unidos, 21por ciento a América Latina y 1 por ciento a Australia, tal sólo por citar ejemplos generales de esta forma los flujos migratorios encuentran justificación en las necesidades del humano y la búsqueda por satisfacer a las mismas”.1

“Setenta años después, las Naciones Unidas estiman que hay 191 millones de migrantes internacionales, incrementándose paulatinamente, en información reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se indica que en el siglo XXI, en lo particular en el año 2007, la migración permanente en los países desarrollados aumentó a una tasa anual aproximada del 10 por ciento”.2

En la actualidad emigrar ya no es una opción sino un destino fatal para millones de personas, en México la delincuencia se ha apoderado de la migración de indocumentados, de las rutas de polleros, de los medios de transporte y desde luego del secuestro de migrantes, por lo que es urgente prevenir, atacar y reducir los delitos que se comenten en contra de los migrantes, y que mejor que con la creación de una Fiscalía que atienda esta problemática, para revertir la incidencia delictual, haciendo posible que los migrantes tengan acceso a la justicia, y en consecuencia lograr que les sean respetados sus derechos humanos.

Por lo que el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en delitos cometidos contra los migrantes, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan durante el territorio mexicano.

Notas

1 J. Carpizo y D. Valadez, El voto de los maxicanos en el extranjero, Instituto de Investigaciones Jurídicas, segunda edición, México 1999, página 44.

2 Ídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se contemple una mayor participación de los ciudadanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para la adecuada operación de diversos programas sociales así como de fondos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se expide por parte de la administración pública federal, las denominadas Reglas de Operación, que detallan la manera como dichos programas deben ejecutarse.

A partir del Presupuesto de Egresos de 2006 se asignaron recursos para el fondo metropolitano del Valle de México, en el ejercicio de 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Sucesivamente, y derivado del crecimiento de los municipios y su urbanización, se han venido incorporando nuevas zonas hasta llegar a las 47 zonas que existen actualmente.

Para el PEF de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de abril de 2012, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, mismas que se siguen aplicando para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2013, ya que de conformidad con el artículo Primero Transitorio, se establece: “Las presentes reglas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se continuarán aplicando en los subsecuentes ejercicios fiscales, en lo que no se opongan a las disposiciones y normativas aplicables.” Luego entonces dichas reglas se aplican para el presente ejercicio fiscal al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

En el actual ejercicio fiscal, se previó en el anexo 19. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, lo relativo a los fondos metropolitanos. En dicho anexo se contemplan 47 zonas metropolitanas en todo el país.

Una zona metropolitana es el “conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración.” (Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.)

Para el logro de dicho fin, se establecieron las reglas de operación del Fondo Metropolitano, es el encargado de financiar la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, los cuales: a) demuestren ser viables y sustentables, b) orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio, c) impulsen la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; d) coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, y e) incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

En las citadas reglas se establece que las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en las que se delimitara cada zona metropolitana que reciba recursos del Fondo Metropolitano, constituirán un consejo para el desarrollo metropolitano, que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinaran los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, conforme a las disposiciones federales y locales aplicables.

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano será un órgano colegiado que tendrá por objeto definir los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana; será una instancia de interés público y beneficio social, que apoyará la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano y regional, y contribuirá a una adecuada coordinación intergubernamental para la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a resolver de manera oportuna, eficaz, eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el desarrollo de las zonas metropolitanas, a través de los gobiernos locales competentes a los que se destinarán los recursos del Fondo Metropolitano.

Las Reglas de Operación señalan que las facultades del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, son las tendientes a eficientar los trabajos relacionados con las zonas metropolitanas, hacer transparente su operación y tomando en cuenta la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía.

Se indica que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integre por funcionarios del máximo nivel posible para un adecuado funcionamiento y toma de decisiones, pero al mismo tiempo establece en el artículo 33 que “podrán participar todas las instancias del ámbito público, social y privado que se relacionen con la materia del objeto y funciones del consejo, tales como la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, las comisiones competentes del congreso local respectivo, las asociaciones o colegios de académicos, científicos, profesionistas, empresarios o ciudadanos, cuyos conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los asuntos que se relacionen con el mismo.”

El Consejo de Desarrollo Metropolitano, se integrará, como mínimo, por los siguientes representantes o su equivalente, quienes tendrán el nivel de subsecretario o equivalente.

De las Entidades federativas:

a) Gobernador, quien presidirá el consejo;

b) Secretaría de Gobierno;

c) Secretaría de Hacienda;

d) Secretaría de Planeación y Desarrollo;

e) Secretaría de Desarrollo Metropolitano;

f) Secretaría de Desarrollo Social;

g) Secretaría de Medio Ambiente;

h) Secretaría de Obras; y

i) Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo.

Del ámbito Federal:

j) Secretaría de Desarrollo Social (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio); k) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Subsecretarías competentes).

Con lo anterior se concluye que, se hace presente la falta de representación directa de la ciudadanía en dicho consejo, para lo cual se hace la presente propuesta:

Con la finalidad de contribuir con la transparencia en la asignación de apoyos del Fondo Metropolitano, vigilancia del cumplimiento de los objetivos del proyecto y la rendición de cuentas, se debe incluir en el consejo a cinco ciudadanos destacados de cada uno de los municipios o demarcaciones territoriales que comprendan la respectiva zona metropolitana.

La elección de dichos ciudadanos será conforme a las propuestas que se presenten para tal fin siempre y cuando cuenten con conocimientos de la zona en cuestión, y sean habitantes de cada municipio y no tengan ningún cargo de dirigentes en algún partido político.

Con base en lo anterior se realiza la presente propuesta, que tiene como finalidad incorporar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en la elaboración de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2013, se incorpore la participación de cinco ciudadanos de cada municipio o demarcación territorial de la zona metropolitana respectiva del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.

Segundo. De la misma forma, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que elabore y publique cuanto antes las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a publicar en el DOF un acuerdo que autorice modificar las tarifas de electricidad con la eliminación de mayo, junio y octubre como parte del lapso de aplicación de la cuota de horario de verano en periodo punta para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados por el Estado Libre y Soberano de Baja California: Adán David Ruíz Gutiérrez, Ana Lilia Garza Cadena, Andrés de la Rosa Anaya, Jaime Bonilla Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra, Ricardo Medina Fierro, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez; integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

• Marco conceptual

Las tarifas eléctricas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son un elemento importante del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mismo que ha evolucionado hasta formar un sistema integrado por regiones geográficas independientes, para lograr incrementar la capacidad de producción de energía eléctrica, así como para utilizar mayor tensión en las transmisiones y unificar la frecuencia 60 hertz (Hz).

Con relación a la regionalización del SEN, el país está integrado por siete zonas: centro, occidente, noroeste, norteste, sur-sureste, Baja California, Baja California Sur. Cabe destacar que tanto Baja California, como Baja California Sur, son las únicas regiones que no están interconectadas con la red nacional. No obstante, en lo relativo a Baja California, se encuentra interconectada al sistema eléctrico de la región occidental de Estados Unidos de América, situación que permite realizar operaciones de importación y exportación de energía.

Regionalizar las tarifas eléctricas es una necesidad que deriva de la naturaleza y circunstancias en que se da la producción, transmisión y consumo de la energía eléctrica, en las diversas regiones, climas, y momentos de demanda de energía eléctrica.

CFE utiliza una variedad de equipos en sus centrales con uso de diversos combustibles (fósiles, no fósiles, y de fuente renovable) así como tecnologías y sistemas para producir y transmitir la energía eléctrica, la cual, por su naturaleza, no puede almacenarse. En la producción de la energía eléctrica inciden factores económicos, sociales, climáticos, físicos, en consecuencia el costo de producción varía con base en la región en que se produce y consume, el clima en que se genera el consumo, y la intensidad o demanda de energía eléctrica.

La situación anterior es reconocida en la implementación de los periodos estacionarios (verano y no verano) y empleo de tarifas eléctricas horarias, aplicables a cada región que conforma el SEN.

Las tarifas eléctricas tienen tres funciones: financieras, económicas, y de política social. La función financiera, permite asegurar los costos de explotación e inversión. La función económica, permite promover la eficiencia del consumo de la energía e influir en el perfil de la demanda. La función político social se refiere a que la energía eléctrica en México representa un instrumento de gran peso en la económica y sociedad mexicana, forma parte de un servicio público y por lo tanto en la configuración de las tarifas eléctricas debe ser utilizadas como una herramienta para apoyar la competitividad de la industria mexicana y mejorar la distribución del ingreso.

Con fundamento en las tres funciones de las tarifas eléctricas, tenemos la razón de ser de la estructura tarifaria horaria:

El costo del kilowatt por hora no es igual, varía en cada hora, día, semana, con base en los requerimientos de la demanda, región en la que se genera la demanda, por lo cual el precio de la energía eléctrica represente la venta de una curva de carga. Se regula de conformidad con la oferta a la demanda de energía eléctrica.

CFE en su estructura tarifaria busca cumplir con los siguientes requisitos:

Neutralidad: lo que comprende que las tarifas eléctricas deben dar igual tratamiento para los usuarios ante costos iguales en su producción y distribución para CFE.

Costo marginal: consiste en que las tarifas debe reflejar un mayor costo cuando efectivamente el usuario use una unidad adicional de energía eléctrica en sus actividades industriales, en consecuencia el costo marginal debe reflejar un cambio efectivo en la estructura del consumo.

La estructura tarifaria presenta varias clasificaciones una ella es la tarifa general para la industria, la cual se divide la forma siguiente:

• Generales en media tensión (industrial): O-M, H-M y H-MC.

• Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF.

• Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L.

• Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF y HT-LF.

• Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-RM.

• Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF y HT-RM.

• Servicio interrumpible: I-15 e I-30.

Adicionalmente a lo anterior, la estructura tarifaria refleja las normas mexicanas en lo relativo a reserva de planeación (6 por ciento) sobre el total de su capacidad enviar una señal tarifaria de contenido económico, para regular la demanda de energía eléctrica en determinadas horas, a fin de conservar un margen de reserva, así como prever los mantenimientos necesarios a las instalaciones de CFE y los productores independientes de energía.

Esta señal tarifaria se logra mediante el establecimiento de los horarios pico, semipico y base .

Tarifa horaria general servicio de alta tensión. Es esta tarifa horaria, donde se aplica e impacta el periodo pico por consumo de energía eléctrica en la industria mexicana, durante el verano.

Las reglas que conforman la aplicación de esta tarifa horaria están contenidas en los diversos acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Planteamiento

Es importante mencionar que aunque se han realizado diversas modificaciones a las tarifas eléctricas que contienen reducciones de 50 y 15 por ciento en la facturación incremental por demanda y energía de punta, respectivamente, para los usuarios de las tarifas horarias en alta tensión que incrementen su demanda y consumo de energía en el periodo de punta, a partir de enero de 2012 Baja California, sin razón alguna no fue incluida en tales beneficios.

Efectivamente, si bien la base de horario punta en verano es reflejar los costos marginales de producción, así como regular la demanda para conservar el margen de reserva de planeación, es el caso que derivado de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California, encontramos serias discrepancias, las cuales no justifican el establecimiento de cuadros del horario punta, asimismo la división de CFE en Baja California, proporcionó información de carácter oficial donde nos presenta los más recientes datos estadísticos: la reserva de planeación fue de 19.47 por ciento (misma que se compone por el rubro de decrementos que fue de 1.65 por ciento, contingencia 11.6 por ciento, regulación 1.11 por ciento y clima 5.10 por ciento).

Sobre el particular tenemos dos anotaciones, en primer lugar la norma nacional es de 6 por ciento, y la referencia de la norma internacional que aplica el sistema eléctrico del oeste de Estados Unidos de América, es de 15 por ciento.

No obstante, esta reserva de planeación tan alta en 2010 y 2011, tenemos información oficial que los datos duros de la demanda en Baja California sólo rebasó la línea de la reserva algunos días en los meses de julio, agosto y septiembre, siendo importante notar que la disminución de la reserva en varias ocasiones está motivada por una disminución en la oferta por mantenimientos importantes.

Asimismo tenemos indicadores en los que el periodo de 2010-2012, sólo una hora se alcanzó la demanda a la máxima capacidad con base en la curva de duración de la carga, además durante los meses de mayo, junio y octubre, la demanda máxima está muy por debajo de la capacidad instalada incluyendo la reserva de planeación.

Por lo que se refiere a las importaciones que CFE realiza para cubrir demandas de energía, resulta que el costo de importación de energía es significativamente menor a los precios de venta a los industriales de Baja California, en dichos periodos punta (46 dólares estadounidenses promedio en 2011, sin incluir porteo, contra 166 dólares estadounidenses precio tarifa a usuario industrial Baja California).

También es importante considerar que es procedente incorporar en la Estructura de las Tarifas Eléctricas, situaciones político sociales y ecológicas, como lo es que Baja California y en especial Mexicali y Valle de Mexicali, son líderes productores a nivel nacional de energía geotérmica , asimismo apuntala el hecho de representar el cuarto país a nivel mundial en potencia de generación instalada, según informe preparado por la Comisión Reguladora de Energía, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en 2011, situación que a la fecha no es reconocida dentro de la estructura de tarifas.

Que es parte de la política del Partido Verde Ecologista de México, apoyar el crecimiento de la industria, el uso de energías limpias, disminuir los impactos ambientales, promover el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático, así como el desarrollo de energías renovables, la promoción del ahorro de energía y potenciar la industria nacional.

Por lo cual y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información y elementos suficientes, no se ha emitido un acuerdo que autorice la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, modificando la tarifa eléctrica aplicable a Baja California, eliminando el periodo punta en los meses de mayo, junio y octubre, por lo cual conforme a lo expuesto me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que lo antes posible, publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario de verano en periodo punta para la industria de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputados: David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Adán David Ruíz Gutiérrez, Ana Lilia Garza Cadena, Andrés de la Rosa Anaya, Jaime Bonilla Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra, Ricardo Medina Fierro, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI

María Leticia Mendoza Curiel, diputada federal, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a actualizar el reglamento de asociaciones de padres de familia en el marco de la reforma educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La última reforma constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, constituye indudablemente un gran avance en el camino de los cambios estructurales que se requieren para aspirar a una mejor generación de mexicanos y un mejor país.

Las nuevas disposiciones establecidas en dicha reforma, obligan a replantear una gran diversidad de temas que han quedado pendientes en la agenda educativa y que requieren de modificaciones en los ordenamientos normativos correspondientes para hacer realidad el objetivo de alcanzar una mayor calidad en la educación.

Es indudable que la Ley General de Educación tendrá que ser reformada en todos los aspectos necesarios que coadyuven a lograr los objetivos planteados en la reforma constitucional. Al respecto, los principios jurídicos que rigen el comportamiento de los actores involucrados en la educación básica, deberán ser parte de los cambios esenciales a realizarse en las leyes secundarias establecidas para ello.

Uno de los actores implicados en la educación de los niños que cursan el nivel básico, son sin duda, los padres de familia o tutores cuya colaboración constituye un pilar fundamental para alcanzar las metas planteadas en cualquier reforma educativa que se desee implementar en una nación. Su participación activa en las decisiones que buscan mejorar el desempeño de los educandos, resulta de vital importancia en el marco de una participación social que involucre a las autoridades educativas, maestros, padres de familia o tutores y alumnos; además de los actores que integran el entorno de la comunidad escolar.

La aportación de los padres de familia en la tarea educativa es una de las prioridades establecidas recientemente por la propia Organización de Estados para la Cooperación Económica (OCDE) en materia educativa, al sugerir a las autoridades escolares de los Estados miembros, mayores esfuerzos para construir redes que promuevan la comunicación entre la escuela y los padres de familia por el bien de los estudiantes (OECD, 2012: Education Today 2013: The OECD Perspective).

En México, los dispositivos vigentes para que los padres de familia puedan colaborar con las autoridades educativas al interior de los planteles escolares son los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y las Asociaciones de Padres de Familia (APF); las últimas constituyen el vínculo más directo de las escuelas con el entorno familiar de los estudiantes.

La integración y funcionamiento de los CEPS quedaron establecidos con el Acuerdo 535 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Junio de 2010, pero las Asociaciones de Padres de Familia aún operan con un marco normativo bastante obsoleto cuyo Reglamento data del 31 de marzo de 1980, el cual fue publicado el 2 de abril del mismo año en el Diario Oficial de la Federación con una única reforma publicada el 16 de octubre de 1981. Las reformas que se han llevado a cabo en la Ley General de Educación, el nuevo Acuerdo 535 y la reciente reforma constitucional en materia educativa han rezagado en gran magnitud al reglamento que rige el funcionamiento de las APF, y con ello, el surgimiento de muchos problemas por la falta de su adecuación a las transformaciones en la política educativa nacional.

Por un lado, la mayoría de las APF en México han mantenido una actitud pasiva al participar sólo en las asambleas convocadas, generalmente por el director del plantel, y no por iniciativa de los propios miembros de las asociaciones o por integrantes de las mesas directivas. Además, raramente realizan reuniones de trabajo para planear y discutir los asuntos que competen a la calidad de la educación y otros de similar relevancia, ya que generalmente se asiste a reuniones de trabajo convocadas por las autoridades educativas del plantel escolar para tratar como asunto principal el financiamiento a las necesidades de infraestructura y mantenimiento de las instalaciones escolares.

Por otro lado, existe una inconformidad generalizada de los padres de familia por la falta de transparencia sobre las actividades que realizan las APF al interior del plantel escolar y el manejo de los recursos financieros obtenidos por la vía de las cuotas voluntarias y/o cooperativas escolares. La falta de regulación en estos aspectos ha generado una gran opacidad sobre la operatividad que realizan los miembros de estas asociaciones y el destino real de las aportaciones en dinero o especie por parte de los padres de familia.

Así las cosas, para fomentar una participación más activa de las APF, se requiere de un fortalecimiento de los vínculos de trabajo de estas asociaciones con los CEPS de acuerdo con algunos lineamientos del Acuerdo 535. La comunicación armoniosa entre estas dos asociaciones relevantes en materia de participación social al interior de los planteles escolares, resulta fundamental para que se concrete una reforma educativa en beneficio de la educación de calidad en México, tal y como lo establece el Art. Quinto transitorio del Decreto publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación:

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

I. y II. ...

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

El fortalecimiento del trabajo coordinado entre las APF y los CEPS en el reglamento de las APF, propiciaría mejores condiciones de participación social, y con ello, auguraría una mayor efectividad en la implementación de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de la educación, asegurar una alimentación saludable y nutritiva y rescatar la formación de los valores, tal y como lo establecen, el párrafo tercero; el párrafo segundo y la fracción II inciso c) del Art. 3° Constitucional y; el Quinto transitorio fracción III, inciso c), que a la letra señalan:

Párrafo tercero:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Párrafo segundo y fracción II inciso c):

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

Quinto transitorio fracción III, inciso c):

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Lo anterior significa que el reglamento de APF deberá reflejar un trabajo colaborativo y estrecho entre las propias APF y los CEPS, especificando las atribuciones -tanto de los miembros como de las mesas directivas de las APF- que les permita realizar actividades orientadas a la consecución de los objetivos de la reforma educativa dando prioridad a la calidad de la educación, la formación de valores y la alimentación sana y nutritiva.

Las actividades que realizan las mesas directivas de las APF y el manejo de los recursos financieros constituyen otro de los ejes por clarificar en el reglamento de dichas asociaciones. Uno de los problemas más recurrentes que se han suscitado como resultado de las demandas de los padres de familia en todo el país, corresponde a los constantes abusos relacionados con las “cuotas voluntarias” y las “cooperativas escolares”. Los altos cobros injustificados, los métodos coercitivos para realizarlos, la deplorable calidad de los servicios que prestan las cooperativas, especialmente cuando se trata de alimentos y la falta de transparencia, constituyen las denuncias principales ante diferentes instancias de gobierno y medios de comunicación.

Las deficiencias en infraestructura en muchos planteles escolares y la falta de mecanismos para transparentar los ingresos obtenidos ha dado pie para que, en muchos casos, los directores de los planteles escolares de escuelas públicas, consideren estos recursos como su “caja chica” con la complacencia de las mesas directivas de la asociaciones de padres de familia para financiar inversiones en infraestructura física, comprar materiales y accesorios, y otros usos discrecionales de los que nunca se informa o se rinde cuentas. Por ello, algunos de estos directivos llegan al extremo de condicionar las inscripciones o entrega de boletas escolares a cambio del pago de dichas cuotas, violando así el precepto constitucional en su Art. 3° fracción IV, que a la letra dice:

Artículo 3o.

IV “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;”.

La falta de información en las escuelas de educación básica en todo el país sobre la operatividad interna de las APF, la cantidad que recaudan por cuotas escolares y el uso que le dan a los recursos financieros, imposibilitan estimar con precisión el tamaño del problema. El 4 de octubre de 2009, el periódico “El Universal” realizó una denuncia pública sobre la red de intereses que propiciaba desviación de fondos de las asociaciones de padres de familia; en él destacaba que “en las escuelas públicas de educación básica en México cada año se recaudan más de 17 mil millones de pesos a través de “cuotas voluntarias”, comedores y tiendas o cooperativas, los cuales son manejados en su gran mayoría con discrecionalidad en beneficio personal o incluso hurtados por directores de planteles o integrantes de asociaciones de padres de familia”.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato bajo el expediente de queja 345/06-S emitió una recomendación al Secretario de Educación de la entidad para implementar mecanismos y acciones tendientes a evitar situaciones irregulares provocadas por las llamadas “cuotas voluntarias”. El argumento central de dicha recomendación fueron las denuncias constantes de los padres de familia al ser condicionados o amenazados de no entregarles boletas de calificaciones o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar con el fin de utilizar dichas cuotas en beneficio de los planteles escolares pero, el propio organismo reiteró que tal función le correspondía en forma primigenia al Estado.

En efecto, la inversión en infraestructura y el mantenimiento físico de las escuelas públicas de educación básica es una de las atribuciones inherentes a la función del Estado, razón por la cual se agregó el Párrafo Tercero al Art. 3° Constitucional, en el Decreto de reforma publicado el 26 de febrero de 2013, y que a la letra dice:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

En este sentido, la reforma constitucional al Art. 3° resuelve en parte, lo que se planteó en la iniciativa de reforma de la Ley General de Educación presentada el 23 de noviembre de 2004 en esta H. Cámara de Diputados (Gaceta Parlamentaria 1632-I) en la que revelaba que la falta de claridad en la normatividad generaba situaciones de fraude y engaño al condicionar el servicio educativo público a cambio de realizar mejoras en los planteles escolares con lo recaudado de las cuotas voluntarias, exponiendo como ejemplo el caso de Guanajuato donde se presentaron más de 100 casos documentados en ese mismo año.

Esta misma problemática derivada de las “cuotas escolares” también ha sido ampliamente analizada y discutida a través de diferentes puntos de acuerdo en el Senado de la República, como el del Senador Adrián Rivera Pérez (publicado en la Gaceta del 6 de marzo de 2012), Diputado Balfre Vargas Cortez (publicado en la Gaceta el 23 de junio de 2010), Dictámenes a discusión por la Segunda Comisión (publicados en la Gaceta el 14 de julio de 2010 y 29 de julio de 2009) y el Senador Tomás Torres Mercado (publicado el 22 de Agosto de 2012) entre los más recientes.

Al respecto, la reforma al Art. 3° Constitucional viene a fortalecer a la Ley General de Educación que en su art. 67, fracción III referente al objeto que tienen las Asociaciones de Padres de Familia, en el cual se establece:

III. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

Lo anterior significa que las autoridades escolares, por ningún motivo podrán obligar o ejercer presión alguna para que los fondos recaudados de los padres de familia a través de las “cuotas voluntarias” sean utilizados para las prioridades que los directores discrecionalmente decidan, cuando las propias APF cuentan con su propio plan de actividades con objetivos de trabajo específicos que también requieren financiamiento.

Por ello, es necesario establecer claramente en el reglamento citado, que las autoridades escolares, en este caso los directores de los planteles escolares o quien ejerza esa función, en ningún momento podrán condicionar o utilizar métodos coercitivos en el uso de las cooperaciones en numerario y de bienes y servicios propiedad de las asociaciones de padres de familia para construcción de infraestructura o para mejoras de las instalaciones escolares.

Lo anterior debe fortalecerse con el tema de la transparencia en el uso de estos recursos por parte de las APF, cuya regulación también se encuentra ausente en el propio Reglamento de las APF. El establecimiento de la obligatoriedad de transparentar los recursos, los mecanismos para llevarla a cabo y el establecimiento de un sistema de sanciones, son indispensables en la norma reglamentaria para disminuir en gran medida los abusos que hasta ahora han sido reclamados por los padres de familia al inicio de cada ciclo escolar.

Además de lo anterior, es importante integrar como parte de los derechos de los miembros de las APF el de conocer por parte de los directores de los planteles escolares, información relacionada con las cooperativas y comedores escolares como la contratación de proveedores, la calidad y precio de los productos ofrecidos, especialmente cuando se trata de alimentos y el uso de los recursos obtenidos; así como toda la información necesaria para al registro de la APF ante las autoridades educativas estatales y federales.

Como parte de los mecanismos para crear la cultura de la transparencia en las APF, también resulta indispensable establecer en el reglamento correspondiente, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de las mesas directivas (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales); con ello, se fortalecen de manera colateral las actividades de planeación y el desempeño de sus funciones, al generarse planes de trabajo e informes de actividades y financieros, así como acciones de coordinación con las autoridades escolares en las áreas prioritarias de la políticas educativa nacional que pueden atender de manera coordinada con los organismos escolares designados para fomentar la participación social como los CEPS.

Finalmente, para llevar a cabo una actualización integral del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, se propone reubicar en el mismo reglamento, las atribuciones de las asociaciones de la educación para adultos y adecuar la terminología del tipo de asociaciones que los representan. Al respecto, el Reglamento vigente generaliza las asociaciones de padres de familia incluyendo a los centros de educación para los adultos; sin embargo la normatividad del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) no establece esta figura de participación social; la representación más cercana que menciona es la llamada “figura solidaria”, la diferencia es que ésta no refiere a padres o tutores sino asesores. Por ello, se propone integrar en el reglamento a las “figuras solidarias” en sustitución de los padres de familia o tutores con derechos para constituir asociaciones pero con las atribuciones que se establecen en el Capítulo Sexto para el caso de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria, cuyo objetivo principal es igual que el del INEA: disminuir el rezago educativo.

Por todo lo anterior, es indudable que el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia requiere de una actualización profunda que tome en cuenta las reformas realizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en La Ley General de Educación (todavía Ley Federal de Educación en el reglamento de APF) y los lineamientos del Acuerdo 535.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputado, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa, se considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia como parte de las modificaciones a los diferentes ordenamientos normativos en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2013.

Diputada María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Leticia López Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El 14 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la entrada en vigor de dicha norma significó un avance histórico en la lucha a favor de la libertad y la dignidad del hombre y la mujer.

Con ella, se han abierto grandes expectativas en el combate de delito de trata de personas, el cual es un grave problema social que lamentablemente forma parte de la realidad cotidiana de nuestra sociedad. Pero lo más grave es que es un crimen que lastima lo más valioso de cualquier sociedad, a las personas, sin importar edad o condición social, o cualquier otra situación, daña a todos por igual.

La trata de personas tiene como raíz y consecuencia otra serie de delitos o condiciones a los cuales está asociada; problemas como la desintegración familiar, violencia, impunidad, pobreza, acoso, bullying, corrupción, adicciones, inseguridad, desempleo y bajo nivel educativo, entre otras. O delitos tales como la delincuencia organizada, el secuestro, narcotráfico, feminicidios, cobro por derecho de piso, extorsión, prostitución, piratería, entre otros.

Existen criminales sin escrúpulos que se dedican a secuestrar, a robar, a esclavizar jóvenes y a niños, a mujeres. Criminales que los arrebatan del seno de sus familias, a través de la violencia o del engaño; que las obligan a prostituirse, a trabajar, a pedir dinero en las calles; a soportar golpes y constantes amenazas y maltratos.

Las víctimas de trata se localizan en un escenario poco favorable para ejercer sus derechos, generalmente este tipo de delitos se comete en un contexto de impunidad y de cierta tolerancia social, por tanto, rara vez se castiga. Las víctimas no conocen sus derechos, o se encuentran amenazadas, ya que en muchos casos son rehenes de la delincuencia organizada. La trata de personas es uno de los delitos que más ofende a la sociedad y que más daña a la dignidad humana, y debe ser combatido con todo el poder del Estado.

En nuestro país el problema es serio, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México está catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Siendo los grupos más vulnerables a ser víctimas de este delito las mujeres, los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.

En México, se estima que cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, 85 mil son usados en actos de pornografía y en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

En el mismo sentido, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 50 por ciento de las víctimas de trata son niños y niñas; a quienes arrebatan del seno de sus familias, para ser traficados y explotados sexual y laboralmente, principalmente. Tan sólo en el país el turismo sexual infantil ha tenido un alza en ciudades como Acapulco y Cancún, y en zonas fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez.

En las fronteras el delito se agrava, los migrantes que ingresan a territorio mexicano son presa fácil de las redes de organizaciones criminales, por ello, no resulta extraño que las víctimas tratadas en el país sean extranjeras, provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador, y su destino sea el comercio sexual, en países como Estados Unidos, Canadá, e incluso Europa en menor medida.

De acuerdo con el diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) realizado por la American Bar Association (ABA), en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral.

Desde 2007, el país cuenta con un marco jurídico en materia de trata de personas, pero a pesar de ello y de ser una de las naciones que ha firmado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia, hay en el país sólo cuatro personas sentenciadas en el fuero federal por este delito y 9 en el fuero común.

En junio del 2012, se actualiza el marco jurídico vigente a la fecha, se crea la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a efecto de hacer cumplir el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, señala que en el país todo individuo gozará de las garantías que la misma otorga, y prohíbe la esclavitud, salvaguardando la dignidad humana como valor intrínseco e inalienable de todo ser humano. Estableciendo atribuciones para los gobiernos municipales y estatales, un esquema de corresponsabilidad, enfoque de perspectiva de género, y pleno respeto a los derechos humanos.

Dicha Ley abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007. Con esta nueva ley tenemos un marco jurídico para combatir más eficazmente la trata de personas.

En dicha ley se establece que la Federación, los estados y los municipios, el Distrito Federal, están obligados a coordinarse para prevenir la trata. Y por tratarse de una ley de carácter general, las autoridades de todos los niveles de Gobierno estamos obligadas a atenderla.

Los Ministerios Públicos y los policías deben actuar de oficio contra este delito. No es necesario de que haya una denuncia, el solo hecho de conocer la existencia de esta conducta, obliga a los policías y a Ministerios Públicos a investigarla y, dado el caso, a sancionarla.

Además, la ley define con mucha amplitud, en qué consiste la trata de personas. Define en qué consiste el tipo delictivo, sus diversas modalidades y cómo debe sancionarse.

Asimismo, se establecen sanciones, también, a quienes contraten espacios en periódicos o en páginas de Internet para publicar anuncios que promuevan la trata de personas. Se regula la reparación del daño a las víctimas, de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva.

Se instituyen competencias para coordinar a las autoridades en materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

En suma, con esta ley, contamos con una legislación moderna y sólida para combatir este grave flagelo. Los legisladores atendieron el justo reclamo de miles de personas desde la sociedad, que exigían una legislación estricta en esta materia. Esta ley cierra lagunas legales que, por supuesto, eran aprovechadas por los delincuentes para actuar en franca impunidad.

Sin embargo, la operación de la nueva ley se ha visto limitada en función de que su reglamento aún no ha sido emitido, aún cuando se estableció en el cuarto transitorio del decreto que el Ejecutivo Federal contaría con 90 días a partir de su publicación para emitir el Reglamento de la misma. Dicho plazo se cumplió desde el pasado 2012, sin que a la fecha exista dicho reglamento.

Lo anterior, implica un desfase de 298 días sin reglamento de la ley en comento, ignorando lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la ley.

Dicha situación genera incertidumbre jurídica no podemos darnos el lujo de permitir. Se debe subsanar esta situación, ya que quien padece la trata de personas es víctima de una verdadera esclavitud que debemos combatir con toda firmeza.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento del mandato expreso del artículo cuarto transitorio del decreto de Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, emita el Reglamento correspondiente a dicha ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputada Leticia López Landero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar por la Secretaría de Salud medios especiales para atender a personas que presentan impedimentos económicos y enfermedades terminales y crónico-degenerativas en la región de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción II, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo “por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, habitantes de la región de Tierra Caliente y Costa del estado de Michoacan”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La prevención y atención de enfermedades es un derecho de todos los que habitamos el Estado Mexicano, pero ¿cómo lograr su cobertura total, esa es la pregunta? si no se está asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, se tienen pocas alternativas, y si bien es cierto que en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos, para lograr la cobertura total en cuanto a la seguridad social con la implementación del Seguro Popular, no fue suficiente, además de que dicho seguro en la mayoría de los hospitales y clínicas no cuentan con la infraestructura necesaria, equipos, personal especializado y medicamentos, aunado a que la mayoría de las clínicas están muy distantes de los centros de población.

Claro está, que el cuasi seguro popular en la mayoría de los casos cobran por el servicio, lo cual resulta totalmente contradictorio con el objetivo principal para el cual fue creado, “atender a las familias de escasos recursos y personas que trabajan por cuenta propia tenga la seguridad que cuando se enfermen no tendrán que preocuparse de cómo pagar la atención médica ni los medicamentos” .

Como puede apreciarse y verse en el contexto actual de nuestra Nación, la cobertura total en materia de seguridad social, es por demás ficticia, tal y como se nos trató de hacernos creer a partir de la alternancia en el poder, lo cierto es que no se ha dado cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo cuarto establece que “... toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Ante este panorama poco alentador, tiene aparejado un problema quizá, todavía mayor como lo es el panorama epidemiológico que a nivel nacional ha dejado atrás las enfermedades transmisibles agudas, para dar paso a la predominancia de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Las cuales tienen graves efectos en quienes las padecen, pues van mermando su salud en ocasiones de manera casi imperceptible, pero si no son atendidas de manera debida, pueden concluir fácilmente en la muerte del paciente.

Dentro de las diferentes enfermedades crónicas degenerativas, una de las más gravosas para los pacientes y sus familias, es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que puede tener su origen en la diabetes y la hipertensión arterial, enfermedades que tienen como característica el avance silencioso, en razón de que los pacientes no la perciban, hasta que el daño a los riñones sea irreversible, por lo que es necesario un tratamiento de diálisis y hemodiálisis, ante la falta de donadores de riñón, y de servicios médicos cerca de los centros de población y comunidades más cercanas.

En el caso de Michoacán, dada su orografía, las distancias que existe en la mayoría de las poblaciones cercanas a los centros, clínicas u hospitales, que brindan el servicio de salud pública, es de por lo menos cuatro horas de recorrido por vía terrestre, en razón de que estos centros de salud, por lo general se encuentran en las capitales de los estados.

Además la mayoría de sus derechohabientes son de escasos recursos, y debido a que el tratamiento de diálisis y hemodiálisis, consiste en un mínimo de tres sesiones semanales, es por demás inverosímil y oneroso cumplir con el tratamiento, en razón de que el costo estimado por la atención de un paciente con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), ronda alrededor de cuatro mil quinientos pesos en moneda nacional, acorde a los estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM, sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, lo cual conlleva a gastos mensuales de por lo menos quince mil pesos en moneda nacional, sin considerar los gastos de alimentación y traslados, que por cierto tienen que realizarse para dos personas al menos, pues después de una sesión de hemodiálisis el paciente no puede abandonar la clínica por sus propios medios, por lo cual los costos para la atención de estas enfermedades son mayores a los veinte mil pesos en moneda nacional.

Además de lo anterior se recomienda estar un tiempo en reposo, en virtud de que es habitual la sensación de cansancio durante unas horas, y al tenerse que trasladar en más de tres ocasiones a la semana a los hospitales donde se les da la atención, les ocasionan un desgaste emocional, físico y sobre todo económico, que trae como consecuencia que los tratamientos en muchas ocasiones no se lleven a cabo debidamente.

No obstante que esta problemática se presenta a nivel nacional, acorde a la tasa de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este problema representa para los habitantes de la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, en tal sentido acorde a la última información publicada por el INEGI, respecto del año de dos mil once, el nivel de casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el estado de Michoacán ha crecido, representando un total de once mil novecientas veinte muertes, sin contar otras enfermedades que requieren de especialidad, tales como enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado, entre otras que también han tenido un crecimiento del 30% anual en los casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Tabla de mortalidad del estado de Michoacan del año 2011

Principales causas: Defunciones

Total: 590,693.00

Enfermedades del corazón a: 105,710.00

Enfermedades isquémicas del corazón: 71,072.00

Diabetes mellitus: 80,788.00

Tumores malignos: 71,350.00

Accidentes: 36,694.00

De tráfico de vehículos de motor: 16,612.00

Enfermedades del hígado: 32,728.00

Enfermedad alcohólica del hígado: 12,162.00

Enfermedades cerebrovasculares: 31,235.00

Agresiones: 27,213.00

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 18,487.00

Influenza y neumonía: 15,034.00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal b: 14,825.00

Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal: 6,626.00

Insuficiencia renal: 11,920.00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 9,527.00

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales: 7,977.00

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma: 5,718.00

Lesiones autoinfligidas intencionalmente: 5,481.00

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 5,043.00

Septicemia: 3,978.00

Anemias: 3,455.00

Enfermedades infecciosas intestinales: 3,379.00

Síndrome de dependencia del alcohol: 2,487.00

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte: 11,297.00

Las demás causas: 86,367.00

Fuente: Inegi.

Si desea obtener más información acerca de las principales causas de mortalidad por entidad federativa, edad y sexo, se sugiere consultar el tabulado Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido, donde podrá generar de manera dinámica la combinación de variables de su preferencia, con datos de periodos anteriores.

Como puede apreciarse es urgente la atención de este sector de la población, de recibir atención especializada para los enfermos de Insuficiencia Renal en sus comunidades, en razón de que de acuerdo al presupuesto 2013, no se destinó recurso para la construcción de algún centro o centros de especialidades que queden estratégicamente cerca de los centros de población y sus alrededores en donde se está presentando dicha incidencia.

Por lo antes expuesto y afecto de que se dé cumplimiento a lo mandatado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que pueden establecerse entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73”...(sic) de nuestra Ley Fundamental el cual prevé que el Congreso de la Unión, tiene la facultad de “ dictar leyes... sobre salubridad general de la República”... (sic), para lo cual existe un Consejo de Salubridad General que dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país, sometemos a consideración de esta soberanía, con el carácter la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a instruir la creación e implantación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de esta soberanía, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

Erick Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a destinar recursos del presupuesto asignado a esta H. Cámara de Diputados a efecto de crear e implementar un programa de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables en las instalaciones a cargo de la Secretaria General, al tenor de las siguientes consideraciones:

Actualmente la energía eléctrica se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Sin ella, no alcanzaríamos a imaginar los niveles de progreso que nuestro planeta ha alcanzado.

La energía eléctrica que utilizamos, está sujeta a distintos procesos de generación, transformación, transmisión y distribución, unos naturales y menos costosos, otros sumamente complicados y caros. Así pues, no es lo mismo generar electricidad mediante combustibles fósiles que con energía solar o nuclear, o transmitir la electricidad generada por pequeños sistemas eólicos y/o fotovoltaicos que la producida en las grandes hidroeléctricas, que debe ser llevada a cientos de kilómetros de distancia y a muy altos voltajes.

En México utilizamos energía eléctrica de 110 voltios en nuestros hogares, en la industria y otras actividades se emplean, hasta 220 voltios, e incluso voltajes superiores para mover maquinaria y grandes equipos. En países europeos lo normal es el uso de 220 voltios para todos los aparatos eléctricos del hogar.

Es importante señalar que la energía eléctrica se mide en Watts-hora. El Watt es una unidad de potencia y equivale a un Joule por segundo. Para efectos prácticos, en nuestra factura de consumo de energía eléctrica se nos cobra por la cantidad de kilowatts-hora (kWh) que hayamos consumido durante un periodo determinado (generalmente, dos meses).

Algunas equivalencias nos muestran pueden ser que un kilowatt-hora equivale a la energía que consumen:

• Un foco de 100 watts encendido durante diez horas

• 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora

• Una plancha utilizada durante una hora

• Un televisor encendido durante veinte horas

• Un refrigerador pequeño en un día

• Una computadora utilizada un poco más de 6 horas y media

En nuestro país, los edificios públicos son altos consumidores de energía eléctrica

Por ejemplo; en el caso de la H. Cámara de Diputados durante 2012 consumió 10, 817, 258 KWH y gasto más $20, 284, 379. 42 de pesos en Energía Eléctrica

México cuenta con el potencial para generar energía eléctrica sustentable, y ser autosuficiente, además de exportarla. Las condiciones atmosféricas y geográficas para generar electricidad aprovechando el viento es de alrededor de 40 mil megawatts, equivalentes a la energía eléctrica que produce la CFE.

Es importante mencionar, que dentro de la generación de energía eléctrica la quema de combustibles fósiles impacta directamente en el medio ambiente, lo que ha ocasionado fenómenos como el efecto invernadero y el cambio climático por el aumento de la retención de calor y, por consecuencia, la temperatura global del planeta.

Podríamos decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que hace es provocar que le energía que llega a la Tierra sea “devuelta” más lentamente, por lo que es “mantenida” más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura.

En el último siglo la concentración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la atmósfera ha ido creciendo constantemente debido a la actividad humana:

• A comienzos de siglo por la quema de grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo

• En los últimos decenios, por el uso masivo de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, para obtener energía y por los procesos industriales.

La concentración media de dióxido de carbono se ha incrementado desde unas 275 ppm antes de la revolución industrial, a 315 ppm cuando se empezaron a usar las primeras estaciones de medida exactas en 1958, hasta 361 ppm en el 2000.

Los niveles de metano se han doblado en los últimos 100 años. En 1800 la concentración era de aproximadamente o.8 ppmv y en el 2000 era de 17. Ppmv.

El Cambio Climático, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías.

Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto, principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema.

Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las formas en como actualmente experimentamos la variación interanual e interdecadal del clima. Eventos de El Niño más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o frías más pronunciadas son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar las alteraciones climáticas resultado de la actividad humana.

Para ello, nuestro país ha implementado la eficiencia energética, que busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

En México se busca aplicar la eficiencia en tres sectores primordiales:

• Iniciativa del sector público.

• Programas del consumidor final.

• Desarrollo de capacitación.

El objetivo es ahorrar energía y dinero, en efecto si consumimos menos energía será más barato y gastaremos menos.

México está comprometido con la eficiencia energética; Eficiencia Energética: una opción viable y rentable.

A partir de compromisos adquiridos por México, se implementaron los mecanismos:

• “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” 2008.

• Creación de la “Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía” 2008.

• El “Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía” 2009.

La transición energética busca diversificar el portafolio energético y promover la eficiencia y sustentabilidad energética.

México está desarrollando otras fuentes de energía y eficiencia energética para hacer frente a la seguridad energética y la concientización del clima global.

A raíz de esta creciente preocupación en la reducción de consumo de energía eléctrica en nuestro país, y de los esfuerzos por hacerle frente a estos fenómenos energéticos, considero conveniente que este Poder Legislativo, participe de los esfuerzos que como país se están implementando. Por ello propongo se implementen acciones concretas como la adquisición de equipos y programas basados en energías renovables, que nos ayuden a una mayor eficiencia energética en la H. Cámara de Diputados. Esta proposición tiene como objetivo, aquellos cambios que resulten viables para lograr una reducción de la cantidad de energía utilizada, para un mismo nivel de actividad, ya que ello, además de ahorrar energía, disminuirá el impacto ambiental.

Estas medidas podrían enfocarse en:

• Reducir el consumo de los edificios , mediante equipos de bajo consumo energético o rehabilitándolos según criterios de eficiencia energética.

• Disminuir el consumo de los procesos productivos en los centros de actividad industrial, a través de nuevas tecnologías de alta eficiencia energética.

Los edificios demandan energía dependiendo de aspectos como la envolvente, los cerramientos, la orientación y su ocupación. Esa demanda de energía es satisfecha a través de equipos e instalaciones que operan con un rendimiento energético determinado. Del cociente entre la demanda y el rendimiento se obtiene el consumo energético del edificio.

Existen numerosas acciones que permiten reducir el consumo de los edificios, como usar equipos de bajo consumo energético para conseguir ahorros de hasta el 80%;

Garantizar que los nuevos edificios tengan el menor consumo energético posible con la instalación de aislamiento o de vidrio dobles, elementos de protección solar;

Rehabilitar los edificios según criterios de eficiencia energética, incorporando vidrios dobles en ventanas, aislamientos en cerramientos, elementos para reducir la radiación solar;

Realizar una adecuada gestión energética, y un correcto mantenimiento, uso del edificio mantenido y las instalaciones eficientes.

En virtud de lo anteriormente señalado, exhorto a la Junta de Coordinación Política, a designar una partida presupuestal, con la finalidad de implementar los criterios de eficiencia energética convenientes, en todos los edificios que comprenden la Cámara de Diputados, con la finalidad de ahorrar energía y recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a destinar recursos del presupuesto asignado a esta H. Cámara de Diputados e instruya a la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía mediante eficiencia energética en las instalaciones en la Cámara de Diputados que genere el ahorro de energía y recursos públicos, y de igual manera la disminución del impacto ambiental.

Dado en la ciudad de México, recinto legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar un programa de empleo temporal por la difícil situación del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones II, III, IV, V y VI, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y costa de Michoacán, y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implante un programa de restauración de los ecosistemas afectados, en esta zona de Michoacán, al tenor de las siguientes consideraciones:

De acuerdo al informe del panorama económico 2008-2018, elaborado por diversas universidades públicas y privadas del país de las cuales se destacan el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad de Sinaloa, más otras once universidades que se integraron en el 2009 al proyecto denominado Agroprospecta, que surgió por la necesidad de tener un análisis y prospectiva que sirviera de herramienta para la toma de decisiones de política pública de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) formándose tomas de unidades representativas de producción (URP), con la finalidad de hacer proyecciones de mediano y largo plazo para la generación de análisis económicos de política pública de manera objetiva y oportuna respecto a los mercados agroalimentarios de México, como son los cultivos básicos (arroz, frijol, trigo y sorgo), cultivos intensivos (pepino y tomate), frutas templadas (durazno, manzana y nogal), frutas tropicales (aguacate y limón mexicano), industriales (café y caña de azúcar), bovinos para la producción de leche y carne, caprinos, ovinos, porcinos, acuacultura (camarón cultivo, tilapia y trucha), y la pesca.

Agroprospecta señala que el sector pesquero de nuestro país, año tras año está empeorando, “en razón de que en el año 2009, 12 de las 20 unidades representativas de producción analizadas (60 por ciento) enfrentan una situación económica favorable y 3 desfavorables (15 por ciento). Bajo el escenario económico considerado, para el año 2018, la situación económica empeora, manteniéndose 12 URP en situación económica favorable (60 por ciento) y pasa a 5 el número en situación económica desfavorable (25 por ciento).

En lo referente a liquidez, para el año 2018, 11 URP tienen baja probabilidad de enfrentar flujo en efectivo negativo (menor o igual al 25 por ciento), esta probabilidad es media (más del 25 por ciento y menor o igual al 50 por ciento) para URP y alta (más de 50 por ciento de probabilidad) para las 7 URP restantes.

Finalmente, en cuanto a la probabilidad de descapitalización, para 14 URP es baja, para 1 media y para 5 alta. Esto significa que el sector pesquero por lo que se refiere al desarrollo de esta actividad por lo menos hasta el año 2018, no se estará en posibilidades de obtener recursos acuíferos suficientes, que son el sustento de muchas familias que se dedican a la pesca.

En este sentido la Comisión de Pesca de Michoacán, coincide de manera general con Agroprospecta, dando a conocer la problemática pesquera de la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, en el cual si bien es cierto que se han implementado programas y proyectos que han sido financiados por la Comisión de Pesca de Michoacán y la Sagarpa, no ha sido suficiente para contrarrestar el desempleo que es ocasionado por el descuido y deterioro del sector pesquero, no sólo en Michoacàn, sino a nivel nacional.

La presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, se localiza entre Michoacán y Guerrero, y fue construida en el año de 1962, por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual se abastece de los ríos Balsas, Tepalcatepec, Cupatitzio, Márquez, Huetamo, Tacámbaro, Cutzamala, San Antonio y Zicuirán.

La presa El Infiernillo, en sus inicios tuvo como objetivos la generación de energía eléctrica, el aprovechamiento para el riego, y aunque no fue considerada para la producción pesquera desde hace más de dos décadas se ha podido desarrollar esta actividad de manera importante.

Actualmente, la referida actividad en la presa El Infiernillo, la realizan 2 mil 500 pescadores legalmente constituidos en Michoacán integrados en 36 organizaciones, mientras que por Guerrero existen 12 organizaciones con 500 pescadores, lo que da un total de 48 organizaciones y 3 mil pescadores, sin embargo es importante considerar que existen aproximadamente mil 500 pescadores que no están legalmente constituidos, además, de otros tantos que se dedican al fileteo y acopio de los productos pesqueros.

Esto demuestra la gran importancia económica y social que representa la actividad pesquera, no sólo en esta región, que por cierto es una de las principales fuentes de empleo, para los municipios ribereños de Arteaga, Churumuco, La Huacana, y Múgica por Michoacán, y el municipio de Coahuayutla de Guerrero. Sino que es de importancia para todo el país, debido a que se han obtenido niveles únicos de producción, principalmente de tilapia llegando a alcanzar en 1987, una producción de 23 mil 841 toneladas anuales; sin embargo, de la década de los noventas a la fecha su producción promedio ha venido decreciendo de manera alarmante, hasta llegar de 10 mil a 8 mil toneladas anuales, esto representa el 63 por ciento de pérdida de producción, lo que refleja la urgente necesidad de establecer acciones a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a reactivar la actividad pesquera de la zona.

Por lo que es evidente que este decremento en la producción pesquera de la zona que contempla, por cierto, otras serie de pescados como son la carpa, el bagre, y el pez diablo, principalmente, ha ocasionado que el empleo en la zona haya decaído casi en su totalidad, por lo que es de extrema urgencia u obvia resolución apoyar a este sector de la población que se encuentra en una situación más que complicada.

No omito en señalar que se han realizado algunas acciones para contrarrestar esta problemática, entre las cuales se destacan:

• La difusión de la Norma 027 (concientizar a los pescadores de la zona para lograr una explotaciòn responsable)

• La colocación de anuncios en las zonas de reproducción natural de la tilapia, establecidas en la norma 027

• El apoyo a las labores de inspección y vigilancia en la presa El Infiernillo

Pero no ha sido suficiente, en razón de que la problemática de la disminución de la producción del sector pesquero, obedece a diversos problemas como:

• La falta de un programa permanente de inspección y vigilancia

• Gran número de pescadores libres;

• Falta de alternativas para disminuir el esfuerzo pesquero;

• Falta de infraestructura para dar valor agregado al producto para el beneficio directo de los pescadores;

• Falta de apoyo a la comercialización

• Falta de equipamiento pesquero;

• El desconocimiento de la información, obligaciones y derechos, por parte de las organizaciones, y

• La contaminación de los lagos, ríos, costas, lagunas y puertos.

Sólo por citar un ejemplo de la contaminación que se ha venido generando, está el puerto de Lázaro Cárdenas, en el cual la Comisión Federal de Electricidad utiliza como patio de carbón y depósito de cenizas el río Balsas, mientras que en los muelles de carga de carbón se sigue arrojando carbón al lecho del río.

En este sentido ha habido diversas empresas como Mittal, antes Sicartsa, Sadcom, que de forma permanente contaminan el puerto de Lázaro Cárdenas, y por consecuencia los demás ecosistemas del agua.

Además de lo anterior, ha habido diversos derrames significativos en el puerto de Lázaro Cárdenas, como el caso del Buque Tanque Betula, que en el año de 1993 fue el más grande acontecimiento ecológico, habiéndose derramado más de 9 mil toneladas de ácido sulfúrico, ocasionando daños irreversibles al medio ambiente, aunado a una gran cantidad de derrames derivados de hidrocarburos, como son chapopote, combustóleo y diesel de sus buque-tanques, como el caso del Tolteca, el cual atracó en el muelle de metales y minerales, vertiendo miles de galones de combustóleo, lo que provocó la mortandad de aves y especies marinas y serias afectaciones a redes, motores y embarcaciones.

Otro hecho lamentable fue el encallamiento del buque Maerks en el año 2007, el cual ocasionó destrozos de varios arrecifes naturales.

Como puede apreciarse, los anteriores acontecimientos han ocasionado daños ambientales irreversibles, tanto en la flora y fauna. En consecuencia, cada día que pasa es más complicada la actividad pesquera, en razón de que se tienen que realizar recorridos muy distantes para poder obtener cantidades de especies comerciales suficientes, que son el sustento de los pescadores y de sus familias, lo que ocasiona que el costo y operación vayan en aumento, y que las ganancias vayan disminuyendo, al grado de que muchos pescadores están quedando sin recursos para poder realizar esta actividad.

Como base en lo anterior, puede verse que la problemática el sector pesquero del estado de Michoacán, está inmerso en un contexto de pobreza, de marginación y de falta de oportunidades. Sólo por citar un dato, en esta región ribereña del país el nivel educativo es bajo, en razón que el 44 por ciento de los pescadores no fueron a la escuela, el 25 por ciento no tienen primaria terminada, apenas el 20 por ciento terminaron la primaria, el 4 por ciento no tiene secundaria, y sólo el 4 por ciento la termina, mientras que el 2 por ciento termina la preparatoria, por lo que ante este escenario y la disminución de la producción pesquera, por la falta de acciones solventes por parte de las autoridades, esta actividad ha caído en el abandono de esta actividad, alcanzando un déficit del 80 por ciento.

Por ello es que se propone un programa de empleo temporal, para poder apoyar a los pescadores y familias dedicadas a actividades de este sector en la zona de Tierra Caliente y la costa de Michoacán, que por la falta de inversión y capacitación principalmente se ha descuidado esta actividad, provocando que el desempleo vaya creciendo año con año, a tal grado que muchos pescadores han tenido que desertar de este trabajo.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y la costa de Michoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente un programa de restauración de los ecosistemas afectados, en dicha zona de Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora del DIF a emprender un proceso de coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales y los municipales encaminado a simplificar los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El año pasado conmemoramos un aniversario más de la Convención de los Derechos del Niño misma que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, a través de su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989.

Este instrumento recogió el interés de los líderes de las naciones del mundo por poner atención en los niños, como un grupo especial que requiere de máxima protección.

A través de la suscripción de este instrumento, y con su ratificación en 1990, México refrendó su compromiso con los derechos de las niñas y niños.

En el preámbulo de la Convención se reconoce que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Los artículos 20 y 21 se aborda específicamente el tema de a adopción:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

En un esfuerzo para fortalecer la normatividad a favor del derecho a crecer en el seno de una familia, el 21 de febrero pasado, esta Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para reformar el artículo 391 y derogar del 402 a 410 del Código Civil Federal, para eliminar la modalidad de adopción simple y garantizar al adoptado su incorporación absoluta a la familia, con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo.

Es ampliamente conocido que en nuestro país existe un importante problema que obstaculiza la realización del derecho a crecer en una familia de un gran número de niñas y niños que, por circunstancias adversas, se ven privados de ella: el prolongado tiempo que implica el proceso de adopción.

Por ejemplo, de acuerdo con Manuel Alcocer Heredia, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, de acuerdo con una nota periodística del año 2012, el proceso puede tardar entre ocho meses y hasta más de cinco años.1

De acuerdo con datos expuestos en el proyecto de decreto antes referido, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en México, más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en casas cunas y casas hogar, y se proyecta que para 2050 serán alrededor de 33 mil.

Se calcula que actualmente existen 34 mil niños en espera de ser adoptados.

Como se menciona en el estudio del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Marco jurídico estatal referente a la figura de la adopción, “actualmente, en la legislación mexicana la figura de la adopción se encuentra establecida en el Código Civil Federal y en los códigos civiles estatales y leyes familiares, lo que genera que puedan encontrarse algunas variantes en la regulación de la misma figura. Asimismo, los aspectos concretos de las adopciones se encuentran, en algunos casos, en los Códigos de Procedimientos Civiles Estatales y en los Reglamentos de Adopción de Menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de cada entidad estatal”.

En consideración de esta realidad y de la urgencia de atender la problemática que afecta a las niñas y niños en posibilidad de ser adoptados y a las familias que buscan adoptar, es pertinente formular un atento exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que, como cabeza institucional, con base en la función que le confiere el artículo 9, fracción XIV, de la Ley de Asistencia Social, como coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, de “supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores”, y en armonía con las funciones que se señalan en su Estatuto Orgánico, artículo 2, fracciones IV y XXX, para promover el desarrollo de la familia y de la comunidad y de coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, respectivamente; emprenda un proceso de coordinación con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, para la simplificación de los procesos de adopción.

Preocupa especialmente la problemática de los bebés recién nacidos.

Es una trágica paradoja la oposición entre la realidad que enfrentan las familias en proceso de adopción y la realidad del abandono infantil.

Aunque no se cuenta con información sistematizada acerca de cuántos bebés son abandonados en nuestro país y en qué condiciones, hay testimonios de personas involucradas en el tema y numerosas fuentes hemerográficas, que perfilan un panorama que, por las características que comporta, resulta muy preocupante.

De acuerdo con declaraciones realizadas el año pasado por Carlos Modesto Toriz Jarquín,2 director del Programa de Acogimiento en la Ciudad de México de la organización Aldeas Infantiles SOS, el abandono de niños y niñas en México crece debido a la pobreza y a las “nuevas cadenas de violencia”; refirió que de 2008 a mayo de 2012, se documentaron 30 mil casos de menores privados de cuidados parentales.

Los testimonios que ofrece la prensa3 dan cuenta de numerosos casos de bebés, de horas y días de nacidos, abandonados en la vía pública, en botes de basura, en iglesias, en rellenos sanitarios, en hoteles; bebés que son encontrados sufriendo hipotermia, paros cardiacos, asfixia, infecciones causadas por la falta de cuidados neonatales; desnudos, envueltos en chamarras, cobijas, en cajas de zapatos o en bolsas de plástico.

El daño psicológico y emocional que sufren éstos bebés es incuantificable.

Entendemos que dependiendo del lugar donde suceden los abandonos, conforme al marco normativo aplicable, estos eventos dan lugar investigaciones de carácter penal o administrativo, que implican la imposibilidad de proveer a los bebés abandonados la oportunidad inmediata de ser candidatos para la adopción, razón por la que hablamos de una situación contradictoria. Por un parte, tenemos la auténtica, lícita y profundamente humana necesidad de procreación, y por otra, la necesidad de los cuidados familiares que urgen los bebés abandonados, dejados en la más absoluta y completa indefensión y vulnerabilidad; en oposición una de otra, las barreras legales o administrativas que imposibilitan acercar unos a otros.

Es por esta razón, que se estima preciso emprender una revisión de los procedimientos, dispositivos y mecanismos que serían necesarios par agilizar los procedimientos que permitan que las familias en proceso de adopción puedan acoger, en el menor tiempo posible, a los bebés abandonados.

Es preciso considerar que en la medida en que los niños y niñas, especialmente los bebés de hasta 18 meses de edad, en condiciones de ser adoptados logren, en un tiempo razonable, incorporarse al seno de una familia, se alcanza el doble beneficio de ahorrar a las instituciones los recursos invertidos en los gastos de manutención del tiempo que permanecen custodia y, más importante aún, el de potenciar los beneficios de una integración exitosa para ellos y sus nuevas familias.

Consideremos que los bebés que aún no aprenden a hablar, seamos nosotros, los legisladores, la voz de ellos; que ellos ya hablarán en el futuro por nosotros.

Fomentemos la adopción, que tanta falta nos hace como país.

En consideración de lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que emprenda un proceso de coordinación, con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción, con el fin de abreviar el tiempo de espera entre su inicio y su conclusión.

Segundo. En atención del principio del interés superior de la infancia y de la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran los menores abandonados, se solicita la revisión y adecuación de los mecanismos existentes y, en su caso, la implementación de medios de colaboración con las Fiscalías estatales e instituciones públicas, con el objetivo de facilitar la adopción de niñas y niños abandonados de hasta 18 meses de edad.

Notas

1 http://www.novenet.com.mx/seccion.php?id=267311&sec=3&d=24&m=10&y=2012

2 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6bc5ee9e737adc876bed38b816f31a4d

3 Localizan a madre de la bebe abandonada en templo.- El Observador

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Actualizan datos bebé abandonada.- Televisa.com

www.televisaregional.com/.../Actualizan-datos-bebe-abandonada-203285 1...

Rescatan a bebé abandonado en San Ángel Inn.-Azteca Noticias

Rescata policía a bebé abandonado en la delegación Iztacalco.- La Crónica de Hoy

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Rescatan a bebé abandonado en hotel - El Universal

www.eluniversal.com.mx/notas/857202.html

Con los dientes le habrían cortado el cordón umbilical a bebé ...

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Bebe abandonado en vía pública asistido por elementos ... - policía df

policiaciudaddemexico.blogspot.com/.../bebe-abandonado-en-via-public ...

Bebé, abandonado en hormiguero - El Piñero de la Cuenca

www.elpinerodelacuenca.com.mx › Inicio › Policiaca

Encuentran bebé abandonado |Grupo Mi Radio

www.grupomiradio.mx/portal/?p=69561

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2013.

Diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez