Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete como municipio fronterizo Anáhuac, Nuevo León, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a implantar un programa para colocar un escalón extra en el ascenso y el descenso del transporte público, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a realizar acciones para controlar y combatir los descortezadores Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei, que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal de Chihuahua, suscrita por la diputada Minerva Castillo Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales que no han implantado el sistema de justicia penal acusatorio a hacerlo con la mayor brevedad, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer un programa urgente de atención dirigido a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para ampliar y fortalecer la asistencia médica de las personas con insuficiencia renal crónica, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a implantar medidas administrativas y operativas para prevenir, controlar y erradicar el bullying, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Efemérides

• Con motivo del 16 de abril, conmemoración del 318 aniversario luctuoso de sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados de la Coordinación de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.

La frontera con mayor extensión, en México, es la norte, ya que cuenta con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la cual está definida por el río Bravo, que es el más largo del país. Además, es la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo, con 50.23 por ciento de cruces peatonales desde 2002, e ilegales con casi 12 millones.1

La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo e inicia en la desembocadura del Río Bravo con el Golfo de México, y corre a lo largo de éste sobre un punto entre El Paso y Ciudad Juárez hasta Tijuana.

La región a lo largo de la frontera es caracterizada por los desiertos, las montañas, y dos ríos importantes el Colorado y el Río Grande (Río Bravo del Norte).

En ella, los estados estadounidenses son California, Arizona, Nuevo México, y Texas; y los mexicanos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.2

Delimitando el objeto de estudio del presente proyecto, Anáhuac es el único municipio fronterizo de Nuevo León.

Está a 200 kilómetros de la capital del estado. Limita al norte con Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, al sur con Lampazos de Naranjo y Vallecillo Nuevo León; al oriente con Guerrero, Tamaulipas, y al poniente con Juárez, Coahuila.3

Pese a ser un municipio fronterizo la ley no lo califica como tal, por ello el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que Anáhuac sea decretado como municipio fronterizo y por ende, reciba los derechos que el marco jurídico confiere a estas circunscripciones.

En este tenor, es menester señalar que el pasado mes de diciembre, en el Congreso de Nuevo León se aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que realice las gestiones correspondientes, para que Anáhuac goce de los derechos que el marco jurídico vigente les concede a las regiones fronterizas.

Esta proposición fue presentada por el diputado José Antonio González Villarreal, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.

Los beneficios o estímulos fiscales y económicos que la federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga a las personas físicas y a las morales establecidas en la referida zona son

El impuesto al valor agregado, en los términos de la ley de referencia:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Los impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias, en los términos de la Ley Aduanera.

El impuesto sobre nómina que favorece al desarrollo económico de estas circunscripciones territoriales, principalmente en obra pública.

Impuestos sobre la adquisición de inmuebles.

Impuestos prediales estatales y municipales.

Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.

Impuestos de la tenencia o uso de vehículos.

Servicios públicos municipales.

Servicios de catastro y usos del suelo.

La estrategia programática del ramo 28, es decir, si en un municipio se llevan a cabo actividades de comercio exterior es susceptible de solicitar los recursos previstos en el fondo de 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.

En consecuencia, dada la ubicación geográfica de Anáhuac, Nuevo León, solicitamos respetuosamente sea considerado con la mayor brevedad como municipio fronterizo.

Por lo expuesto nos permitimos someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo.

Notas

1 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo” , en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.

2 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo”, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.

3 http://www.nl.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.

Diputados: María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor García García, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución por el que los diputados de la LXII Legislatura reiteramos nuestro respaldo a la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013; y por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

En diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, el Ejecutivo federal presentó junto con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión con un amplio consenso (72% de los diputados federales y 88% de los senadores votaron a favor). Del mismo modo, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, por lo que el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo de la reforma educativa es garantizar la educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los medios para alcanzar el citado objetivo son los concursos de oposición de los maestros, tanto para el ingreso y permanencia en el servicio docente, como para la promoción a cargos administrativos o de supervisión. Así mismo, la reforma en materia educativa establece, desde la Constitución, la evaluación universal a los profesores a través de un órgano autónomo y con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.

La evaluación del sistema educativo permite detectar sus deficiencias para la implementación de soluciones, e incentiva a los maestros a mantenerse actualizados en lo relativo a contenidos y a las mejores prácticas pedagógicas. Las implicaciones de la evaluación universal, por lo tanto, son positivas: mayor transparencia del estado que guarda la educación, docentes más capacitados y competitivos, niños y jóvenes mejor preparados.

La evaluación en ningún caso supone una vulneración de los derechos laborales de los profesores. Al contrario, los profesores conocen bien sus ventajas puesto que ellos la aplican a sus alumnos para medir su desarrollo pedagógico. A través de la evaluación y del proceso de capacitación que la precederá, los profesores adquirirán nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, serán personas más preparadas y mejor formadas en un mundo cada vez más competitivo. Podrán educar mejor a los niños y jóvenes, quienes recibirán una instrucción de mucho mejor calidad.

A pesar de lo anterior, aún existen en México grupos que anteponen sus intereses a los intereses de la nación; grupos que, con tal de preservar sus privilegios, están dispuestos a sacrificar el futuro del país. De este modo, un reducido número de profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero, recientemente y haciendo uso de tácticas de chantaje político, han pretendido echar atrás la recién aprobada reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales.

En Oaxaca, unos cuantos maestros – que no representan ni el 10% del gremio de la entidad – adheridos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado calles, carreteras y casetas, han ingresado a las instalaciones de radiodifusoras y han bloqueado centros comerciales y edificios públicos, afectando la actividad económica y turística de la entidad. Este reducido grupo, además, emprendió una campaña para desinformar a la sociedad con respecto a los fines y los alcances de la reforma en comento. Lo más grave: llevaron a cabo un paro de labores que afecta a más de un millón 300 mil alumnos.

Entre las demandas planteadas por los que se manifiestan se encuentra la entrega de novecientas veinte plazas, sin una previa evaluación. Asimismo se manifiestan en contra de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares).

En Guerrero la situación no ha sido diferente: pocos maestros – que buscan mantener sus privilegios y seguir con la política de vender y heredar plazas – han recurrido al paro de labores, a las manifestaciones, a los bloqueos de carreteras y a la toma de edificios públicos como maniobras para presionar a los poderes públicos del estado a que cedan a sus demandas. En este sentido, el pasado 22 de marzo la autopista del sol fue bloqueada durante más de nueve horas. La pretensión: que la entidad, en los hechos, permanezca exenta de los alcances de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año.

Las conductas descritas han significado una sistemática violación al Estado de Derecho, que debe ser sancionada conforme al orden normativo aplicable. No obstante, ante la ausencia de determinación por parte de las autoridades, los grupos mencionados que incurren en estas faltas se aprovechan y buscan negociar algo innegociable: la aplicación de la ley suprema de nuestro país, la Constitución Política.

A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se produzca en el país y ésta no la puede contradecir. La supremacía de la Carta Magna no puede estar sujeta a chantajes políticos, así como su aplicabilidad en todo el territorio nacional no acepta ningún tipo de exención. Sin embargo, en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, sucumbió a las presiones e hizo suya la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para reformar la Ley Estatal de Educación; iniciativa a todas luces inconstitucional, que pretende otorgar plazas a normalistas de manera automática – sin concurso de por medio – y evadir la evaluación a la que por disposición constitucional están obligados todos los maestros.

Tras la reforma educativa aprobada, el artículo tercero de la Constitución establece claramente, en su fracción IX, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.

La prueba ENLACE ha evidenciado la mala situación en la que se encuentra el sistema educativo en los estados de Oaxaca y Guerrero, los cuales en 2006, en el rubro de matemáticas, tenían los porcentajes más altos de alumnos con bajo nivel. En 2012 la situación para Guerrero mejora, y sin embargo, más de la mitad de los alumnos permanecen en niveles de aprovechamiento bajos.

Ceder a los chantajes de las cúpulas sindicales implica condenar a los alumnos de dichas entidades al subdesarrollo y al atraso, además de representar flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo tercero constitucional que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El periodo de elecciones en México es el tiempo establecido por la ley que permite que los ciudadanos acudan a las urnas para ejercer su derecho al voto y manifestar su voluntad en la elección de sus gobernantes. Es así, y bajo esta dinámica que se abre paso a la consolidación de la democracia.

Sin embargo, durante muchos años hemos visto con tristeza que la mayoría de la elecciones se llevan a cabo en condiciones inequitativas, debido a las múltiples irregularidades y delitos electorales que se cometen durante el proceso.

Los órganos electorales quienes fungen como encargados de vigilar y garantizar que las elecciones se den bajo el marco normativo, no han cumplido con las mínimas expectativas ciudadanas. Han actuado con ligereza y opacidad, siendo cómplices en la concreción de una elección totalmente irregular.

Tal es el ejemplo de la pasada elección presidencial, donde gobernadores y presidentes municipales del Partido Revolucionario Internacional echaron mano de la publicidad gubernamental, programas sociales y recursos públicos que le permitieran la compra de voluntades, aprovechándose de la necesidad de los mexicanos sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) actuara conforme a derecho.

Además de las múltiples pruebas presentadas ante el IFE por el candidato de la coalición Movimiento Progresista que demostraban el rebase de los topes de campaña, la compra de votos y demás irregularidades, se hizo caso omiso, dando paso a un proceso electoral deficiente.

Ahora bien, durante este año se celebrarán elecciones en 14 estados de la República Mexicana, incluyendo la elección de gobernador en Baja California, por lo que es necesario garantizar que estas se lleven a cabo conforme la establece la ley.

Poner en activo la comisión especial de programas sociales para que dé seguimiento a las elecciones locales, reforzaría considerablemente las acciones realizadas por los órganos electorales, la cual en coadyuvancia con las fiscalías especializadas para la atención contra delitos electorales de los estados blindarían los procesos electorales de los 14 estados de la república.

De esta manera, se evitará que los gobiernos locales manipulen los programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el gobierno federal a favor de su partido y atiendan la normatividad vigente en función de retirar la publicidad gubernamental en 45 días antes de la elección.

Recordemos que la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente de la República contó con poca fuerza y legitimidad debido a la gran opacidad que existió en el proceso electoral.

La falta de procesos electorales limpios ponen en entre dicho la existencia de democracia en el Estado mexicano, por lo que debemos actuar con responsabilidad y poner en marcha acciones que nos ayuden a contar con elecciones más justas y limpias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, donde se celebraran elecciones este año, para que no se manipulen los programas sociales, ni ningún otro servicio público en beneficio de ningún partido político o candidato, para blindar las elecciones.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y locales, donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección, suspendan toda la publicidad gubernamental, en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados envía un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, se instruya a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para coadyuvar con las Procuradurías de Justicia locales, donde se celebrarán elecciones este año, en la investigación y persecución de delitos electorales.Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

(Rúbricas)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a implantar un programa para colocar un escalón extra en el ascenso y el descenso del transporte público, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Valdez Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tiempo irremediablemente pasa, y de modo vertiginoso, afectando las habilidades y capacidades de las personas de la tercera edad, en especial en su sistema óseo, complicándoles aún más el desarrollo de una vejez digna, en 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años, quienes sufren consecuencias de desempleo abandono y discriminación.

Todos vamos tarde o temprano a llegar a esa edad, y qué mejor que ir construyendo puentes para llegado el momento vivir más óptimamente, cabe hacer mención que las enfermedades no son exclusivas de la edad y pueden llegar en cualquier momento complicando también el desarrollo de una vida normal.

El Estado y la sociedad tienen la obligación con las personas adultas mayores al igual que con la niñez y la juventud de crear condiciones para que todos alcancen su desarrollo integral, lo más importante es no considerar la vejez como fatal que lleve a una pasividad, sino como una etapa diferente que pueda ser igual o mejor que antes.

En la Ciudad México existe transporte que va de camiones, trolebuses y micros hasta taxis, en lo que respecta a camiones, trolebuses y micros, cuando se viaja en estos, se vive la dificultad que tienen las personas mayores para subir o bajar de este tipo de transporte, debido a la altura para subir al primer escalón, donde también sufren mucho las mujeres y los niños para abordar este tipo de trasportes, volviendo muy complicado y doloroso para las personas de la tercera edad, principalmente, para viajar y trasladarse de un lugar a otro.

Por lo expuesto creemos necesario, se le coloque un escalón extra para subir y bajar a todos los camiones, trolebuses y micros, para facilitar su ascenso y descenso, por parte principalmente de las personas de la tercera edad así como de mujeres y de niños.

Por los motivos comentados se somete a consideración de la LXII Legislatura, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta con todo respeto al jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar con la mayor brevedad un programa para que se coloque un escalón extra en la parte de ascenso y descenso en transportes como trolebuses, camiones y microbuses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputado Jesús Valdez Palazuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a realizar acciones para controlar y combatir los descortezadores Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei, que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal de Chihuahua, suscrita por la diputada Minerva Castillo Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputadas y diputados federales de Chihuahua, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Abraham Montes Alvarado y Kamel Athie Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y al director general de la Comisión Nacional Forestal a realizar las acciones pertinentes para que se destinen recursos suficientes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores: Dendroctonus mexicanus así como Ips lecontei, que afecta varias especies de pino de la superficie forestal de Chihuahua, de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Chihuahua tiene una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, y dentro de ella, 7.4 millones de hectáreas se componen de bosques y selvas. Es decir, que el 30 por ciento del territorio de Chihuahua está ocupado por bosques o selvas. De todos los estados de la República, Chihuahua es el que cuenta con la mayor extensión de superficie forestal y también con la mayor extensión de bosques.

Según datos de la Semarnat, en su Anuario Estadístico de la Producción Nacional Forestal 2011, Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción maderable, con un aprovechamiento de 1 millón 6 mil 824 de metros cúbicos de madera, de las cuales 955 mil 654 metros cúbicos fueron de pino y 51 mil 170 metros cúbicos de encino, representado así el 18.3 por ciento del total de la producción nacional forestal en 2011.

En 2012, según datos de la Comisión Nacional Forestal en su Reporte semanal de incendios forestales 2012, en Chihuahua se registraron mil 479 incendios forestales, afectando una superficie de 51 mil 902.61 hectáreas, lo que provocó un fuerte estrés hídrico a los bosques y plantaciones forestales del estado.

La delegación de la Semarnat en Chihuahua ha realizado 233 notificaciones en los predios afectados por los descortezadores: Dendroctonus mexicanus así como Ips lecontei, que afecta varias especies de pino, entre estas el pino piñonero, prieto, real (engelmannii) , arizónica, ayacahuite, herrerai y durangensis que se encuentran en 10 municipios con una superficie afectada de 90 mil 608 hectáreas y un volumen de madera total de 123 mil 367 metros cúbicos.

La superficie afectada por el gusano descortezador en la zona serrana se ha intensificado, lo que resulta alarmante la rápida propagación de la plaga, toda vez que está se reproduce rápidamente y ha alcanzado a afectar fuertemente en los municipios de Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Carichí, Morelos, Batopilas y Ocampo entre otros.

La Comisión Nacional Forestal en Chihuahua destacó que el gusano descortezador de pinos de la sierra tarahumara se está convirtiendo en el problema fitosanitario más grande en el desarrollo forestal del estado, por lo que han estado aplicando controles biológicos y mecánicos para que no se siga perdiendo la fauna del bosque en el estado.

La riqueza de la biodiversidad en materia forestal en el estado es inmensa ya que en su inventario florístico reporta que existen 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y varias especies tropicales, además de diversas especies de flora y fauna solamente se encuentran en esta región, por lo que su importancia no solamente es económica, sino también ecológica; por tal motivo urge que a la brevedad se implementen medidas de control y combate de las plagas y enfermedades que en este momento están causando graves daños a los ecosistemas y a la economía del sector forestal.

El daño no es menor, ya que los bosques tienen una función en la regulación del sistema hidrológico puesto que sirven para retener y propiciar la infiltración del agua, en beneficio de las comunidades del propio estado, así como de las entidades aledañas. Chihuahua es una de las reservas forestales más importantes del país y como consecuencia uno de los productor de madera, pero además es un gran generador de servicios ambientales que beneficia no solamente a los chihuahuenses, sino a la sociedad en general por lo que es apremiante el esfuerzo de los diferentes ordenes de gobierno para controlar el problema fitosanitario que se ha generado por el ataque de diversas plagas, principalmente por los insectos descortezadores que se tienen identificados de los géneros Dendroctonus e Ips considerados de las plagas forestales más dañinas y que han causado pérdidas considerables no solamente a los propietarios de los bosques sino a todos los eslabones de la cadena productiva forestal y otras también importantes para la actividad económica de estas regiones como el ecoturismo, dejando al desamparo a las comunidades que ejercen dicha actividad y no sólo eso, sino el problema más importante es la pérdida de la cubierta vegetal provocando grandes impactos ecológicos y poniendo en riesgo la biodiversidad de sus ecosistemas, contribuyendo con esto a acelerar el proceso de desertificación.

Es sumamente necesario y urgente que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio.

Por otro lado, se requiere que se implante el Programa de Empleo Temporal, con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En virtud de las razones antes expuestas y a la importancia que tiene la actividad forestal en el estado de Chihuahua, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al director general de la Comisión Nacional Forestal, para que realicen las acciones pertinentes y se destinen los recursos suficientes, a fin de controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores: Dendroctonus mexicanus así como Ips lecontei, que afectan varias especies de pino de la superficie forestal de Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputados: Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Kamel Athie Flores, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizabal, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales que no han implantado el sistema de justicia penal acusatorio a hacerlo con la mayor brevedad, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Ana Isabel Allende Cano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional de la LXII legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62,65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como acertadamente cita Óscar Salgado Pelastre, la reforma constitucional en materia penal de 2008 representa el inicio del proceso de transformación del sistema de justicia penal mexicano y fortalece la construcción del Estado democrático mexicano.

La vacatio legis para que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio esté operando en todo el país vence el 18 de junio de 2016.

Los principios de esta reforma son

1. Oralidad. Sera verbal en todas las etapas del proceso

2. Publicidad. Deberá ser público y abierto a toda la ciudadanía.

3. Contradicción. Oposición de argumentos y razones en igualdad de circunstancias de las partes en conflicto.

4. Continuidad. Desde el inicio del proceso hasta su conclusión habrá sucesividad y secuencia lógica en sus etapas.

5. Inmediación. El juez de control personalmente participara en todo el proceso desde el inicio de la fase de investigación hasta la preparación del juicio, para vigilar que no se vulneren los derechos de las personas que intervienen en el procedimiento penal, ya sean víctimas, testigos o inculpados, así como de verificar la legalidad de las actuaciones de los involucrados.

6. Igualdad. Principio de no discriminación ante la autoridad y entre las partes.

7. Concentración. Implica que entre la recepción de las pruebas, el debate y la sentencia exista la mayor aproximación posible para no distraer al juez para que el fallo sea lo más justo y apegado a derecho.

Con este esquema se consolidan avances relevantes como

• Ampliar los derechos de la victima u ofendido.

• Privilegiar mecanismos alternativos de resolución de controversias tales como mediación, conciliación, reparación del daño o indemnización, negociación.

La prontitud en la resolución de procesos penales en beneficio de las partes interesadas lo cual permitirá despresurizar y abatir el rezago en el sistema judicial.

Proteger los derechos de los inculpados, ya que llegaran ante la autoridad con plenitud de sus derechos y libertades, sin embargo su libertad quedara a criterio del juez de acuerdo a la gravedad del delito y su proclividad a sustraerse de la acción penal, pudiendo quedar su libertad condicionada, restringida o suspendida.

Fortalecer la prevención del delito.

El planteamiento de medidas de mayor rigor para el caso de delincuencia organizada que para el resto de los delitos, tales como: Prisión preventiva automática, arraigo, reserva de la información, centros especiales, prisión distante de su domicilio, entre otros.1

A más de 4 años de distancia de su publicación, lamentablemente sólo tres entidades federativas han logrado implementar el sistema penal acusatorio: Chihuahua, estado de México y Morelos; y en operación parcial se encuentran 8 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. 2

La población mexicana sujeta al nuevo sistema de justicia penal acusatorio es de 27.6 millones de personas, que representan el 25 por ciento de la población. Por ende, podemos deducir que solamente una cuarta parte de la población del país se encuentra bajo en nuevo modelo acusatorio.3 .

3 entidades federativas más tienen ya una fecha de entrada en vigor de su nuevo Código Estatal de Procedimientos Penales Acusatorios y son Coahuila, Michoacán y Puebla.

En consecuencia, actualmente 11 entidades operan total o parcialmente este Sistema, mas 3 con fecha de inicio, que implican 14 entidades federativas, es decir menos de la mitad de los estados del país.

Según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación, México ha invertido alrededor de 2000 millones de pesos desde el 2008 en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados y defensores públicos.

En 2008, cuando se aprobó la reforma de justicia, se destinaron apenas 3 millones 480,653 pesos; en 2009, 57 millones 320,220 pesos; en 2010 se destinaron 392 millones 234,319 pesos. Para 2011, la inversión aumentó hasta los 549 millones 433,768 pesos; mientras que en 2012 destinaron 323 millones 632,464 pesos, y en 2013 serán 458 millones 943,840 pesos.

En este tenor, hace unos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), afirmó que en México se aplica un uso excesivo de la prisión preventiva, situación que ha provocado que personas inocentes actualmente estén recluidas, vulnerándose el principio de presunción de inocencia.

Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11.1 ad literam señala: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad.

En cuanto a los antecedentes de este principio, podríamos remitirnos a las máximas de derecho romano: es mejor dejar impune un delito que condenar a un inocente, que si bien no es una proposición jurídica, sí lo es ética dirigida al juzgador.

Le incumbe probar a quien afirma, no a quien niega. Si el actor no prueba, el reo debe de ser absuelto. La aludida consecuencia jurídica de absolver al inculpado actualmente en materia penal, en nuestra legislación, como en el derecho romano, es porque tampoco es posible condenar a un ciudadano sin pruebas. Debemos motivar el ánimo del juzgador quien al enfrentarse a la disyuntiva entre la justicia y el derecho, deberá optar por la justicia.

En la actualidad contamos entre los antecedentes las conclusiones del XII Congreso de la Asociación Internacional de Derechos Penales, celebrado en Hamburgo en 1979, incluyeron que la presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia penal integrado por un elemento distintivo, el cual consiste en que ante la duda la decisión definitiva debe ser la más favorable al inculpado.

En el mismo sentido se pronunció el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 14.2); la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 1969; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 23 de noviembre de 1950.

Por su parte en nuestra Constitución Política, a partir de la reforma de 18 de junio de 2008, se hace referencia expresa a la presunción de inocencia como garantía jurídico-penal del inculpado.

De igual forma, nuestro máximo Tribunal establece:

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Mayo de 2007

Página: 1186

Tesis: 2a. XXXV/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Penal

Presunción de inocencia. Alcances de ese principio constitucional.

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

Amparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Es importante señalar que el uso excesivo de la prisión preventiva se refleja en las cifras de la población penitenciaria a nivel nacional: sólo cerca del 58 por ciento de los internos ya fue sentenciado y el resto se encuentra en algún proceso judicial.

Pese a lo anterior, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron que esta medida cautelar se seguirá utilizando hasta el año 2016 cuando entre en vigor en todo el país el Sistema Penal Acusatorio, debido a que actualmente no contamos con medios diferentes a la prisión preventiva que garanticen que el inculpado estará presente en el procedimiento penal.

De acuerdo con datos del último informe del Sistema Penitenciario Federal, de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, en México, casi 223,000 reos están recluidos en 429 penales a cargo de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De ellos, 296 penales tienen un problema de sobrepoblación y, de éstos, 148 son Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Las entidades federativas se encargan de casi el 75 por ciento de las cárceles en México, mientras que el Gobierno Federal sólo administra 8 penales: el Complejo Penitenciario Islas Marías, 6 Ceferesos distribuidos a lo largo del territorio nacional y un Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi). Las autoridades municipales se encargan de 91 cárceles y la capital del país, el Distrito Federal, de 10. 4

Los estados cuyas prisiones están más sobrepobladas son el Distrito Federal, con 81 por ciento por encima de su capacidad, el estado de México, con 79 por ciento, y Jalisco con cerca del 70 por ciento. Mientras que las entidades con menos población penitenciaria son Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.

Poco más del 80 por ciento de los reos recluidos en cárceles mexicanas están procesados o sentenciados por delitos del fuero común y cerca de 21 por ciento por faltas a leyes federales. 5

De los cerca de 44,000 reos procesados o sentenciados por delitos federales en México, el 50 por ciento están recluidos en penales del Distrito Federal, estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Puebla. Poco más del 95 por ciento son hombres y el resto mujeres. 6

En 2009 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió múltiples recomendaciones al Gobierno Mexicano para mejorar el trato de los reclusos y erradicar las torturas y tratos crueles que contravienen el espíritu del artículo 18 constitucional, pero la Administración de ese momento no las acató.

Las secuelas de la reclusión son irreversibles, es momento de evitar que inocentes sigan en los diversos Centros de Readaptación Social como medida preventiva, es momento de poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal cuya base es la presunción de inocencia.

Compañeras y Compañeros Legisladores, el reconocimiento de la presunción de inocencia en la normatividad jurídica internacional como en el ámbito nacional, obli­ga a su cabal cumplimiento, de ahí la importancia de que se haya incluido como principio fundamental en nuestra Ley Suprema, porque no podemos prescindir de este mecanismo en el sistema penal.

No debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los tratados y convenios internacionales, se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las personas en reclusión el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

México tiene la gran responsabilidad, al ejercer su ius puniendo, de garantizarles seguridad y bienestar, así como de estructurar políticas penitenciarias eficientes, porque un Estado de Derecho real debe reconocer, resguardar y garantizar los derechos humanos, así como radicar en la cultura de la legalidad y el respeto pleno de la ley.

No olvidemos las palabras de Fedor Dostoievski, “el grado de civilización de una sociedad se mide por la manera en que trata sus presos”.

En consecuencia, nuestra sociedad lo que evidencia es una pérdida de principios y valores, pero sobre todo una profunda indiferencia ante la violación flagrante de los derechos humanos de las personas recluidas en los diversos Centros de Readaptación Social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales que aún no han implementado el sistema de justicia penal acusatorio, lo hagan con la brevedad a efecto de cumplir con el principio de presunción de inocencia.

Notas

1 El ABC de la reforma penal. http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/66/1/images/abc[1].p df

2 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, www.setec.gob.mx

3 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, www.setec.gob.mx

4 Datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

5 Ídem.

6 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputada Ana Isabel allende Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer un programa urgente de atención dirigido a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para ampliar y fortalecer la asistencia médica de las personas con insuficiencia renal crónica, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Esther Garza Moreno, representante del estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Como sabemos la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es una enfermedad incurable de ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de eliminar las sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre.

Las causas de este padecimiento se debe principalmente a enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares (que provocan que el cuerpo pierda proteínas y glóbulos rojos con la orina), túbulo intersticiales y uropatías obstructivas (esto es cuando la orina no puede drenar a través de un uréter). En nuestro país actualmente la causa más frecuente de esta enfermedad es la diabetes mellitus, siendo está la responsable del 50% de los casos de enfermedad renal, seguida de la hipertensión arterial.

Este mal, como muchos otros no sólo daña a la persona que la padece, sino en general a todos los seres que la rodean, familia, amigos, pareja, etc. ya que son testigos del deterioro progresivo del paciente, que va afectando su calidad de vida.

Este tipo de enfermedad requiere de elevados recursos al ser muy costoso, ya que su tratamiento va desde la sustitución de la función de los riñones a través de la diálisis (proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre), hasta la hemodiálisis (purificación de la sangre a través de un riñón artificial) o en su caso el trasplante.

El mencionado padecimiento es considerado un problema grave de salud pública, tanto en nuestro país como a nivel mundial, ya que el número de personas que padecen esta enfermedad va en aumento, principalmente en países en desarrollo, lo que incrementa progresivamente el costo de atención.

En México, 11 son las entidades que presentan las más altas tasas de mortalidad por insuficiencia renal, las cuales están por encima del promedio nacional rebasando los 10 muertos por cada 100,000 habitantes, entre las que se encuentran el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato; a diferencia de entidades como Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche donde la cantidad de muertos únicamente oscilan entre los tres y cinco por cada 100,000 habitantes.

Es a partir del año 2008, donde en el estado de Guanajuato se ha presentado una tendencia creciente en el número de enfermos por Insuficiencia Renal Crónica, aunque también es cierto que en el año 2005 se registró un alto número de egresos hospitalarios por esta causa, es decir aquellos que ocuparon una cama censable.

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, en la entidad de los 169 enfermos censados, 84 pertenecían a edades mayores de 65 años, siguiendo las edades de 45 a 64 años con 42 enfermos. Además el estado representa en promedio 3 de 100 enfermos en todo el territorio nacional.

De manera específica en el municipio de Dolores Hidalgo, en el año 2010 se registraron 23 fallecimientos a consecuencia de la Insuficiencia Renal Crónica, de los cuales 13 eran hombres y 10 mujeres, una ascendencia alarmante con respecto al año anterior, donde únicamente se presentaron 13 muertes en la región.

La Secretaría de Salud a nivel federal, tiene la visión para el año 2030 de “tener una población con un nivel de salud que le permita desarrollar sus capacidades a plenitud, alcanzando una verdadera igualdad, mediante el acceso universal a servicios de salud efectivos y seguros, a través de un sistema de salud financieramente solido y equitativo,” lo que hace necesaria la atención especializada y focalizada por región de pacientes con padecimientos tan graves como la insuficiencia renal crónica.

Recientemente en su primer informe, el gobernador del estado de Guanajuato resalto la atención prioritaria hecha a los sectores más vulnerables, con obras y programas que representan un punto de apoyo para el desarrollo y superación de cada ciudadano; así como la construcción de los hospitales de San Diego de la Unión, San Luis de la Paz y los 46 módulos de Unidades de Atención Primaria a la Salud. Sin embargo, en Dolores Hidalgo los hospitales y centros de salud que atienden a enfermos con Insuficiencia Renal Crónica, necesitan de mayor infraestructura, equipo y personal especializado, así como de mayores recursos para cada tipo de tratamiento.

Por las razones expuestas, es necesario que los tres niveles de gobierno en el sector salud, trabajen en conjunto para apoyar con mayores recursos e infraestructura la demanda presentada en el municipio de Dolores Hidalgo, y con ello atender a sus habitantes que sufren graves consecuencias de enfermedades crónico degenerativas, como la insuficiencia renal, mismos que requieren de un tratamiento médico de por vida.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del municipio de Dolores Hidalgo, con la finalidad de ampliar y fortalecer la asistencia médica de las personas con insuficiencia renal crónica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputada María Esther Garza Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a implantar medidas administrativas y operativas para prevenir, controlar y erradicar el bullying, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 76, fracción IV, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el se exhorta al secretario de Educación Pública a implantar las medidas administrativas y operativas necesarias a efecto de prevenir, controlar y erradicar el bullying y, con ello, garantizar los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes del país, previstos en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es definida “como el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o en grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos mortales, del desarrollo o privaciones”.

Por lo que la violencia se puede presentar de forma indirecta o directa. “La primera se relaciona con las prácticas de indiferencia de los actos violentos o la no denuncia de los mismos, tiene un carácter impersonal, y la gran carga de apatía, la segunda reviste un carácter personal, cara a cara y es donde se utiliza la fuerza física o la palabra, como medio para resolver frustraciones y diferencias, mostrándose de diversas maneras, como puede ser a nivel corporal, psicológico o moral, también se expresa”.1

Por lo que el bullying, acorde con lo anterior, es un tipo de violencia, que por cierto ha sido estudiado poco no sólo en México sino en toda Latinoamérica, sin embargo desde la década de los setentas se ha dado un seguimiento a esta problemática principalmente en países europeos como Inglaterra, Suecia, Noruega y España.

Atendiendo a la complejidad del concepto violencia, en donde se encuentra inmerso la figura del bullying, no es posible hablar de una definición única, al comienzo del estudio de este problema fue denominado por el psicólogo sueco Meter Heinnemann como mobbing, y lo definió como la agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que irrumpe las actividades ordinarias del grupo, de este término se pasó al concepto anglosajón de bullying, el cual deriva de la palabra bully, que literalmente significa “matón” o “bravucón”, y se relaciona con conductas que están ligadas a la intimidación, la tiranización, el aislamiento, la amenaza y los insultos, entre otros.

Por lo que el bullying tiene una amplia gama de manifestaciones, como son las burlas, las amenazas, los motes, los golpes, los empujones, las patadas, el impedir el libre tránsito de las personas, los gestos, las muecas, e incluso la muerte, siendo su principal característica la reiteración prolongada de conductas, situación que aconteció el 9 de marzo de 2013 en Guadalajara.

Si, en efecto, la muerte del niño Jonathan Ortiz Dávalos, en la comunidad de Encinillas, no fue por casualidad, como pudiéramos pensar todos aquellos que somos padres de familia, cuando en muchas de estas situaciones referimos a nuestros hijos: “en mis tiempos también lo padecí”, “eso te hará más duro”, “te prepara para la vida”, “te forja carácter”, “prefiero que vengas con un ojo en la mano a casa, a que vengas llorando porque otro te ha pegado”, “si te pegan, pégales tu más fuerte”, “el que pega primero, pega dos veces”, “deja que se enfríen las cosas, no te preocupes, pronto pasará”, manifestaciones que de acuerdo a los psicólogos especialistas en la materia son factores intervinientes que influyen en el actuar de nuestros hijos, por lo que la problemática, no necesariamente se da en las escuelas, sino el problema empieza por nosotros, que somos los padres de familia.

Lo que pasó en Guadalajara fue producto del descuido de los padres, de los maestros y por supuesto de la reincidencia física y moral del que fue objeto Jonathan Ortiz Dávalos, por parte de otro menor de edad apodado el “Beto”, el cual ya tenía antecedentes de violencia en contra de más niños, sin que alguna autoridad escolar u administrativa, previniera más hechos de violencia.

Pregunto a esta asamblea: qué esperamos, o qué tenemos que hacer para tratar de remediar este fenómeno que va en aumento, de acuerdo con la Consulta Infantil, realizada por el Instituto Federal Electoral en 2012, los alumnos entre 10 y 12 años, reportaron un mayor índice de bullying escolar alrededor de 17.8 por ciento y la tendencia es creciente.

Mientras que la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, dice que el bullying escolar es de 30 por ciento, por su parte la Dirección General de Prevención del Delito, dependiente de la Procuraduría General de la República afirma que uno de cada seis alumnos ejerce bullying . Como corolario de lo anterior se tiene que “paulatinamente se ha ido incrementando el número de suicidios en la población infantil de 10 a 14 años, en particular en las niñas, la proporción de suicidios en muertes violentas en la franja de edad citada que asiste de cuarto de primaria a segundo de secundaria en 1990 llegó a 2.1 por ciento y en 2008 alcanzó 13 por ciento”.2

Si nosotros como padres no ponemos la atención debida a nuestros hijos, si la autoridad escolar no previene, si las autoridades administrativas en sus tres ámbitos de gobierno no ejercen alguna acción para contrarrestar el problema, que podemos esperar de nuestros niños, que día con día por medio de diversos canales de comunicación, familiares, escolares, televisivos y de amistades entre otros, ven y oyen violencia ¿Qué podemos esperar? ¿Más niños sicarios? ¿Más ponchis?

A casi un mes del deceso del niño Jonathan Ortiz Dávalos, en la comunidad de Encinillas, en Guadalajara Jalisco, tal pareciera que ha sido para nuestras autoridades un hecho fortuito, en razón de que no se ha informado a esta soberanía, acerca de la implementación de algún programa o acción que tenga como fin la disminución del bullying en México.

El presente llamado lo hago con el único afán de repercutir de forma favorable a los intereses de uno de los sectores más vulnerables no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo, como son los niños, niñas y adolescentes, los cuales están plenamente reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente como derechos humanos.

Derechos humanos que con el advenimiento del capitalismo y las monarquías constitucionales, se limitaron muchos de los caprichos de los gobernantes, dándose paso a relaciones sociales mejor reguladas, más igualitarias en la vida política y económica de los países, una forma de organización que se ha conocido como Estado de Derecho, que se pretende consolidar como un modelo de Estado presidido por la ideal central de la limitación jurídica del poder, el imperio de la ley, la división de poderes y el reconocimiento de ciertos derechos y libertades.

Estos derechos sin duda tomarón su rumbo desde la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, de 1789, que sirvierón de base para la evolución posterior de las de las declaraciones de derechos y la incorporación a las mismas de nuevos derechos acordes con la evolución de las sociedades, de la división de poderes o de gobiernos de leyes, a esto se le ha denominado estado de derecho.

Por lo que si bien es cierto de que vivimos en un Estado de Derecho, no basta, ni es efectivo en muchas ocasiones, en razón de que no se alcanzan a tutelar de forma homogénea los derechos de los más desprotegidos. En este sentido lo que aconteció el pasado nueve de marzo, fecha del lamentable deceso de un niño de siete años, que pudiera ser alguno de nuestros hijos, en la Ciudad de Guadalajara, es una muestra más que nos falta mucho como país para poder alcanzar el pleno estado de derecho, y en consecuencia poder garantizar el menoscabo de los derechos de nuestros hijos.

Por ello, el Estado mexicano, acorde con lo que establece nuestro derecho interno comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias, en este caso la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aunado al derecho internacional precedido de las tres generaciones de derechos humanos, del cual emergen los derechos de primera, la segunda y la tercera generación.

Por lo que la internacionalización de los derechos humanos tuvo sus primeras manifestaciones en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, y su consolidación progresiva inició en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedidas en mayo y diciembre de 1948, las que comenzarón a modificar la idea de que lo concerniente a la tutela de los derechos humanos incumbía exclusivamente a la respectiva jurisdicción interna de los estados.

Por lo que existen múltiples tratados internacionales sobre derechos humanos, tanto en el ámbito universal, como en el regional, que limitan la esfera de actuación del Estado, y existen también tribunales que controlan el apego a Derecho la actuación de los Estados, que han dejado sin sentido la idea de que lo relacionado con los derechos humanos es un asunto que compete exclusivamente a la jurisdicción interna de los Estados.

En este contexto nuestra nación se encuentra inmerso, por lo que resulta inexplicable de que a pesar de que nuestro Estado ha signado diversos tratados internacionales y convenciones que protegen los derechos de nuestros niños y jóvenes, como es el caso de la Convención de Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que pretende asegurar el desarrollo pleno e integral, lo que implica formación física, mental, emocional, social, moral y condiciones de igualdad y de respeto, de nuestras niñas, niños y adolescentes, se estén dando fenómenos como el bullying, lo cual indica que el estado de derecho no está funcionado, en cuanto que no se está garantizando el respeto a los derechos de nuestro niños y adolescentes, en razón de que estos son violentados no sólo desde las propias familias, sino ahora desde la propia escuela.

Por lo que si bien es cierto que nuestra Carta Magna, adopto a los Derechos Humanos, tardíamente, en razón de que estos fuerón reconocidos por otros Estados desde hace mucho tiempo atrás, es sin duda un avance para nuestra Nación, en razón de que se está acorde con los parámetros internacionales en materia de derechos humanos que tradicionalmente se había pensado que eran sólo una cuestión interna de los Estados, pero desde hace un tiempo se ha venido abandonando esta concepción, gracias sobre todo a la creciente conciencia de la universalidad de los derechos.

Por lo que México no debe de quedarse a la zaga en materia de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos de los niños, niñas y adolescentes como se ha señalado, por la simple firma u adopción de diversos instrumentos internacionales, universales e interamericanos, en esta materia, cuyas normas han sido incorporadas al orden jurídico nacional, mediante la correspondiente ratificación internacional y su promulgación a través del Diario Oficial de la Federación, sino que es todavía más indispensable hacerlos valer, mediante la aplicación de los diferentes entes del Estado, de no ser así, se estaría vulnerando los derechos en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, como fue el evento de bullying suscitado en la Ciudad de Guadalajara que provocó la muerte de un niño de siete años, a pesar de que es un derecho protegido por nuestra Constitución federal y por los tratados, Pactos y convenciones signados por nuestro Estado mexicano.

Por ello resulta inexplicable que con todo el orden normativo en el que el Estado Mexicano está inmerso, se sigan dando vulneraciones en los derechos de nuestros hijos, como ejemplo de ello el evento de bullying, acontecido en Guadalajara que provocó la muerte de un niño de siete años, el cual sin duda no sólo vulnera el orden normativo internacional antes citado, sino que se afecta directamente los principios de la niñez y adolescentes previstos en el artículo tercero de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como son entre otros el interés superior de la infancia, el de no discriminación y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de garantías constitucionales.

Desde luego que los principios de protección de los derechos nuestros hijos emerge de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la normatividad y la jurisdicción internacional o regional, según sea el caso, de acuerdo con convenciones, pactos y tratados internacionales que el Estado haya aceptado, luego de haber adoptado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta última como instancia jurisdiccional de interpretación oficial y de decisión definitiva de los casos específicos de violaciones a los derechos establecidos en la convención, en 1998.

Es importante subrayar la obligación irrenunciable del Estado mexicano de garantizar, promover y respetar en primera y última instancia dicha labor, obligación que vincula a los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, incluyendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, para evitar que se sigan dando casos de bullying, el cual es una forma de discriminación prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y por la normatividad internacional que nos rige en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No omito señalar, antes de terminar mi intervención que los niños y los adolescentes, son la imagen y semejanza en la mayoría de los casos de los padres, por lo que el problema del bullying empieza en el hogar, acorde a lo que dicen los especialistas del tema, por ello es necesario que empecemos a fomentar desde nuestras respectivas responsabilidades valores y conductas ejemplares, y con ello tratar de ir eliminando poco a poco este problema, de no ser así, insisto en que este contexto del bullying, podría en unos años más ser un problema de seguridad nacional, en razón de que ya hay muchos esbozos de que niños y adolescentes, son todo unos sicarios que no tienen el menor escrúpulo por quitar vidas y cometer ilícitos como si se tratará de cualquier actividad lícita.

Para lograr una adecuada atención del fenómeno bullying, se debe elaborar y aplicar programas multidimensionales en los que sea necesaria la participación de los actores como padres o tutores, la administración educativa, justicia, seguridad pública, centros de salud mental comunitarios y servicios de atención al menor, para ir contrarrestando el problema.

Por ello es necesaria la implantación de medidas administrativas y operativas en todas y cada una de las escuelas del país para establecer una verdadera cultura del respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, y en general de todos y cada uno de los derechos humanos, que por mandato constitucional, estamos obligados a observarlos y respetarlos.

De acuerdo con lo anterior, y atención de lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 73, fracción XXIX-P, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o., 2o., 3o., incisos A, B, C y G, 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 16, 17 y 18 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sometemos a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública a implantar las medidas administrativas y operativas necesarias a efecto de prevenir, controlar y erradicar el bullying y, con ello, garantizar los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes del país, previstos en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Acevedo, Jesús. ¡Tengo miedo! Bullying en las escuelas, Trillas, primera edición, México, 2012, página 15.

2 Obra citada, página 10. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es un fenómeno creciente, con repercusiones en las unidades domésticas, trastoca roles sociales convencionalmente aceptados: la importancia del rol masculino como proveedor principal o único, como uno de los ejemplos evidentes. No podemos soslayar que en 1990, de cada 100 trabajadores, 19 eran mujeres, diez años más tarde, en el 2000, de cada 100 personas que participan en la economía, 29.9 son mujeres, esta cifra se incrementó a 33.3, de acuerdo con los datos censales de 2010.

El argumento conservador es que está incorporación laboral se ha traducido en descuido del hogar, donde la televisión desempeña un papel central de educadora... Tampoco es de menor relieve la distribución de las jefaturas por género en los hogares: en 1970, los hombres con jefatura masculina llegaban a 82.63 por ciento, en tanto la jefatura femenina alcanzaba 17.37. De acuerdo con los datos censales de 2000, las mujeres ocupaban la jefatura en los hogares en el orden de 20.6 por ciento en tanto en el conteo de 2005, la jefatura masculina ocupaba en los hogares 76.95 por ciento, mientras que la presencia femenina llegaba a 23.05 incrementándose en el 2010 a 24.6, en la evidencia empírica recabada de escuelas públicas en México se encontró que en las familias monoparentales con jefatura masculina, se dobla la violencia frente a los hijos, en comparación con las familias monoparentales con jefaturas femenina 40.54 y 17.46 por ciento, respectivamente.

No son datos que deban generalizarse, pero algo muy importante sugieren. No está disociado este conjunto de argumentos de la historia estadística de la relación matrimonio-divorcio en una línea de tiempo de un poco más de 35 años. En 1970, de cada 100 matrimonios 3.2 se divorciaban. En una tendencia acelerada al divorcio, que no es sino la expresión de la crisis del matrimonio y de la pareja, que incluye violencia intrafamiliar, cambios en las percepciones de los sujetos, la incorporación de la mujer en las actividades económicas, la emergencia de los derechos sociales de las mujeres, entre otros, en el 2000 el porcentaje de divorcios era de 7.4 por cada 100 matrimonios, en tanto que en 2005 aumentó a 11.8 por ciento. Esto significa que en un lapso de 35 años (1970-2005), el divorció creció 268.75 por ciento.

Si a esta complejidad se agrega la tendencia a la baja del peso del catolicismo, en parte debido a la disminución de la población que se presenta como católica, y por otro lado, por prácticas sociales que marcan diferencias con el pensamiento religioso: disminución en la tasa global de fecundidad, de 5.7 en 1976, a 2.2, en 2006, lo que pone en escena una idea del cuerpo y de la sexualidad que se aparta del discurso religioso, disminución del número de matrimonios religiosos e incremento del divorcio. A este mosaico complejo se le agrega la expansión del desempleo (de 2007 a 2009, con una tasa de crecimiento de 48.5 por ciento), la presencia laboral y el sector informal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

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Con motivo del 16 de abril, conmemoración del 318 aniversario luctuoso de sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

El 17 de abril del año de 1695, en una de las habitaciones del Convento de San Jerónimo, en la hoy Ciudad de México, sor Juana Inés de la Cruz murió a las cuatro de la madrugada de ese día, después de auxiliar y cuidar con dedicación, amor, pasión y entrega a las monjas que eran víctimas de una epidemia que algunos consideran que era de tifoidea, aunque otros historiadores anotan que no se ha identificado la índole de la enfermedad debido a la vaguedad de las noticias. Ella contaba entonces con cuarenta y seis años y cinco meses de edad.

En una de las obras más lúcidas e interesantes sobre la vida de sor Juana, escrita por otro ilustre mexicano, nuestro Octavio Paz, se anota que meses antes de su muerte, sor Juana había escrito en el Libro de profesiones del convento

Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios y de su Purísima Madre, a mis amadas hermanas las religiosas, que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su Madre. Yo, la peor del mundo: Juana Inés de la Cruz.

El filósofo y escritor español José Ortega y Gasset, en su fructífera vida intelectual, anotó que “la vida de un hombre cualquiera que sea su puesto social y su oficio, es una lucha por realizar su personal vocación en medio del mundo, según sea éste el tiempo de su nacimiento”. Para Ortega y Gasset, la vida es drama porque trata de cómo un ente que llamamos ‘yo’, que representa al individuo y que consiste en un haz de “proyectos para ser, de aspiraciones, en un programa de vida”, lucha por realizarse en un elemento extraño a él, denominado “circunstancia”.

Así fue la vida de sor Juana Inés de la Cruz; una intensa, interesante, productiva, apasionada y desmedida lucha por conseguir y realizar su vocación y su proyecto de vida; ser una mujer intelectual.

Y seguramente por esto, su vida es un verdadero drama porque se sucede en una sociedad cerrada, autoritaria, dominada por una masculinidad prejuiciada y violenta, que tenía por pilares la discriminación, la exclusión y el menosprecio hacia las mujeres.

Conmemorar este día el aniversario luctuoso de la muerte de sor Juana Inés de la Cruz conlleva para nosotros por lo menos tres aspectos: En primer lugar, rendir homenaje a la vocación, el espíritu, la lucidez y firmeza para forjar y lograr una vida que trascendió las acciones personales para instalarse en la vida nacional, hispanoamericana y mundial; en segundo lugar, recordar la brillantez de la obra artística, literaria, e intelectual de esta gran mujer; y tercero, insistir en que nuestro país aún guarda grandes compromisos por cumplir con nuestra sor Juana Inés de la Cruz.

Sor Juana fue una mujer extraordinaria, maravillosa e intensa, y al mismo tiempo, una mujer compleja. Tan compleja y contradictoria como muchas de nosotras y de nosotros. Su vida y su obra ha sido objeto de estudio de un gran número de historiadores, sociólogos, psicólogos, filósofos, filólogos, escritores, intelectuales y artistas. Nosotros no vamos a intentar explorar en este terreno, simplemente anotaremos algunas puntos que nos llaman la atención y que pueden llevarnos, no a una conclusión sobre La Décima Musa, y sí, a una invitación permanente a al estudio de ella.

Octavio Paz señaló a los inicios de la década de los ochenta del siglo pasado que “desde hace más de cincuenta años la vida y obra de esta mujer no han dejado de intrigar y apasionar a los eruditos, a los críticos y simples lectores”, y al tiempo, el Premio Nobel formula seis interrogantes básicas para guiar las investigaciones, reflexiones y diálogos en torno a sor Juana: ¿Por qué escogió, siendo tan joven y bonita, la vida monjil?; ¿cuál fue la verdadera índole de sus inclinaciones afectivas y eróticas?; ¿cuál es la significación y el lugar de su poema Primer sueño en la historia de su poesía?; ¿cuáles fueron sus relaciones con la jerarquía eclesiástica?; ¿por qué renunció a la pasión de su vida, las letras y el saber?; ¿esa renuncia fue el resultado de una conversión o de una abdicación?

Ante las dos versiones –que afirman, una, que Juana se incorpora a la vida del monasterio debido a sus amores frustrados, y la otra, que su incorporación se debe a su vida mística–, se ha documentado una tercera: la que afirma que sor Juana se incorpora a esta vida porque era el camino que le ofrecía mayores garantías para realizarse como intelectual. Una vida matrimonial, en donde la mujer era reducida a las labores domésticas y a la subordinación al marido, no fue opción para ella. Es por esto que Juana descartó una vida en matrimonio, porque su objetivo central, su sentido de la vida, fue constante, firme y contundente y nunca tuvo duda de él.

Desde pequeña, Juana fue inquieta y, sobre todo, curiosa. Esta curiosidad la llevó de la mano por la creación artística y por el conocimiento a la edad juvenil. El ¿qué es? infantil se fue transformando en la duda que da paso al conocimiento científico y artístico.

No debemos olvidar que en su vida conventual, sor Juana llegó a contar con condiciones que le permitieron desplegar su creatividad y talento. Lezama Lima escribió en 1957 en torno a este tema: Los polémicos 500 volúmenes que sor Juana tiene en su celda, que la devoción excesiva del padre Calleja hace ascender a 4 mil; muchos preciosos y exquisitos instrumentos matemáticos e instrumentales, el aprovechamiento que hace para Primer sueño de la quinta parte del discurso del método; el conocimiento de Ars Magna , de Kircherio... donde se vuelve a las antiguas súmulas del saber de una época, todo ello lleva su barroquismo a un afán de conocimiento universal, que le acerca a la ilustración.

En estos días ya nadie cuestiona la calidad literaria de sor Juan, su condición de intelectual, sus aportaciones a la poesía, a la música y al pensamiento social. Sin embargo, aún subsisten enfoques que pretenden encontrar en la obra de la monja neoplatónica fuertes impulsos amorosos reprimidos hacia la virreina María Luisa Manrique. Octavio Paz ha abordado este tema y ha desmontado con detalle esa supuesta masculinización de sor Juana.

La Décima Musa era una mujer que tenía razones para criticar la desigualdad de los derechos entre hombres y mujeres de su época, y no guardaba sus argumentos, muy por el contrario, ella los difundía, los explicaba y trataba de convencer.

María Luisa Bemberg, cineasta argentina, muestra en su obra fílmica Yo, la peor de todas, a la sor Juana profesora en una clase de música a niñas de alrededor de diez años, hablando con ellas, diciéndoles que no se resignen a su destino, que tienen tanto derecho al conocimiento como cualquier hombre. La profesora les dice: Aquí se os ha enseñado a leer y escribir, a bailar, a bordar, a cocinar. Todo esto es muy interesante... pero hay algo de mayor importancia. Yo quisiera que recordarais siempre, siempre, que Dios no os dio en vano curiosidad, la percepción. Que nada de eso es el coto privado de los hombres. La inteligencia no tiene sexo. Y si alguien lo dice –y muchos lo dicen– mienten.

Sor Juana hablaba, platicaba, debatía, dialogaba, argumentaba. Así lo demuestra tanto su obra como los diálogos constantes con su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda, que entre tantos cargos desempeñados destacan el haber sido rector del Colegio de San Pedro y San Pablo, así como provincial de la Compañía de Jesús durante dos años, calificador del Santo Oficio y por esto calificador de la Inquisición y guardián de la doctrina, y también prefecto de la congregación de La Purísima Concepción de la Virgen María, desde donde ejercía ministerio sobre el grupo gobernante de la Nueva España.

Sor Juana dialogaba y argumentaba frente a él, y si uno lee con detenimiento las argumentaciones presentadas en su Carta atenagórica a sor Philotea de la Cruz, en donde hace una defensa de sus inclinaciones intelectuales, entre otros temas, encontrará la capacidad argumentativa de sor Juana en todo su esplendor.

Señoras diputadas y señores diputados:

Hace 318 años falleció una de las mujeres más deslumbrantes de las letras hispanoamericanas. Antes de su muerte, tuvo que vivir momentos verdaderamente terribles, vergonzantes y humillantes, derivados del conflicto que algunos escritores a definido como la oposición entre la vida religiosa y la intelectual en donde estaba en juego el sentido de su vida y la orientación que debía darle en el futuro.

Ese equilibrio que sor Juana pudo construir durante muchos años, entre su profesión de religiosa y su vocación de escritora, de pronto, empezó a quebrarse. ¿La causa? Es indudable que fue su condición de mujer.

Si había clérigos escritores que no abordaban tratados teológicos, ¿por qué nunca fueron reprendidos? Sor Juana siempre tuvo conciencia que su condición de mujer era la causa de las censuras y amonestaciones, por esto, en la Respuesta a Philotea de la Cruz aborda los temas de la educación de la mujer y menciona a las poetas y escritoras sobresalientes de la antigüedad y de sus tiempos.

A sor Juana se le censuró por escribir romances como este:

¿Qué no he de ver tu semblante?

¿qué no he de escuchar tus ecos?

¿qué no he de gozar tus brazos?

¿ni me ha de animar tu aliento?

¡Ay, mi bien! ¡Ay, prenda mía!

¡Dulce fin de mis deseos!

¿Por qué me llevas el alma,

dejándome el sentimiento?

La contradicción que los altos mandos religiosos veían entre su condición de religiosa y su vida de intelectual y literata fue lo que quebró el equilibrio en la vida de sor Juana. Este conflicto hizo que tanto su confesor y director espiritual Nuñez de Miranda y su amigo y protector Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, se alejaran de ella. En la definición de este conflicto fue decisiva la participación del arzobispo de México, Francisco Aguiar y Seijas, conocido por sus posiciones y acciones discriminatorias y de menosprecio hacia las mujeres.

A partir del año de 1694 sor Juana entra a una etapa de fuertes presiones y emite y firma diversas confesiones a las autoridades eclesiales, así como peticiones de perdón, textos que Octavio Paz ha calificado como “tristes documentos”, uno de estos, con fecha del 5 de marzo de 1695, es rubricado con su sangre, y a juicio de algunos contemporáneos de ella, son la aceptación de la poeta a abandonar las letras y dedicarse exclusivamente a la vida religiosa.

Es en ese momento en que La Décima Musa entrega su biblioteca, sus instrumentos musicales y de ciencia al arzobispo Aguiar y Seijas para que el dinero obtenido por su venta sea canalizado “para beneficio de los pobres”. Imaginemos aquí, el impacto que tuvo para ella el haberse separado de todos estos bienes que formaban parte intrínseca y columna vertebral de su proyecto de vida.

El 17 de abril de ese 1695 sor Juana muere victima de una epidemia, pero es muy probable que la soledad, el desánimo, la frustración, la tristeza, las humillaciones recibidas y el encono de sus agresores le hayan arrebatado el “yo” espiritual con bastante anticipación.

Amigas legisladoras, amigos legisladores:

Sor Juana Inés de la Cruz es hoy propiedad de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Su obra ha contribuido a la grandeza de nuestro país. Sor Juana es también propiedad del mundo hispano y del mundo entero.

El decreto aprobado por esta Cámara de Diputados el 6 de abril de 1995, para que se inscriba su nombre con letras de oro en el Muro de Honor en este salón de sesiones, señala que “la vida y la obra de sor Juana son ejemplo y modelo de una constante lucha por la libertad. Todo lo logró sor Juana con inteligencia, con tesón, con esfuerzo, con rebeldía, pero sobre todo, con un enorme amor por la libertad”.

Hace 82 años, en 1931, don Ezequiel A. Chávez, quien entre otros cargos ejercidos, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en dos ocasiones, así como miembro fundador del Partido Acción Nacional, escribió en su célebre libro Sor Juana Inés de la Cruz, ensayo de psicología:

Sor Juana Inés de la Cruz, la encarnación mejor del verdadero Renacimiento y de la verdadera Reforma en México, de un México nuevo más unido y más consciente; no dividido en grupos antagónicos, sino todo junto, en el corazón de ella; por eso ella vive hoy en nosotros en este siglo XX, y aún mejor que hoy, vivirá en lo futuro.

Señoras legisladoras y señores legisladores:

El México moderno tiene aún enormes deudas con sor Juana Inés de la Cruz. Aún persiste el compromiso de hacer una profunda difusión de su persona y de su obra entre la población de nuestro país. Es urgente y necesario que los millones de niñas, niños, mujeres y hombres conozcan la trascendencia de esta mexicana y de su obra literaria, musical e intelectual. Entre esta difusión es indudable la necesidad de realizar un esfuerzo editorial en el que converjan diversas instituciones para ofrecer publicaciones accesibles a toda la sociedad.

Todas las mexicanas y los mexicanos debemos asumir un profundo compromiso con México, para que, por ninguna razón, ninguna mujer mexicana sea ofendida, humillada, calumniada y vilipendiada por su condición femenina.

Tenemos el compromiso de construir un país en el que ninguna mujer tenga que renunciar a su vocación de vida como obligaron a sor Juana a hacerlo los poderes autoritarios.

Debemos asumir un compromiso real, maduro, firme y de convicciones profundas para que la lucha tenaz de sor Juana por la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho de igualdad entre hombre y mujeres sea realidad viva y cotidiana en este país y en este mundo.

Todas las mujeres y todos los hombres de nuestra patria debemos comprometernos a que nunca más mujer alguna tenga que humillarse y escribir “Soy la peor que ha habido; yo, la peor del mundo”, sufriendo humillaciones y bajezas.

En 1982, nuestro Premio Nobel de Literatura escribió, en el prologo a su obra Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, “un mexicano del siglo XX lee la obra de una monja de la Nueva España del siglo XVII. Podemos empezar”, hoy, a 318 años de la muerte de sor Juana es posible anotar: Millones de mexicanos y de mexicanas del siglo XXI leen la obra de una monja del siglo XVII. Podemos comprometernos con ella y sabremos cumplir.

En este memorable día, leo ante ustedes este hermoso poema que nuestra sor Juana nos regaló hace varios cientos de años:

A una rosa

Rosa divina, que en gentil cultura

eres con tu fragante sutileza

magisterio purpúreo en la belleza,

enseñanza nevada a la hermosura.

Amago de la humana arquitectura,

ejemplo de la vana gentileza,

en cuyo ser unió naturaleza

la cuna alegre y triste sepultura.

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida

soberbia, el riesgo de morir desdeñas,

y luego desmayada y encogida

de tu caduco ser das mustias señas

con que con docta muerte y necia vida,

viviendo engañas y muriendo enseñas!

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)