Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3749-IX, martes 16 de abril de 2013
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete como municipio fronterizo Anáhuac, Nuevo León, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013, y exhorta a los Congresos de Guerrero y Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a distintas dependencias federales que intervengan y corrijan la tendencia a la evasión fiscal generalizada con motivo de la transición a la facturación digital iniciada este año, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas sobre las violaciones y el abuso sexual contra niños y adolescentes, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo, signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones de prevención y atención de la rickettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno a colaborar en la aceptación y observancia de la recomendación 007/2013, emitida por la CDHDF; y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura locales, a aceptar y cumplir las similares dirigidas al Poder Judicial capitalino, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incorporar entre sus objetivos el combate de la obesidad infantil, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas locales a fortalecer en el nivel básico escolar la enseñanza de las fechas cívicas como parte integral del valor de la historia conmemorativa como nación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional y a la PGR a instaurar acciones conducentes a disminuir los secuestros de ganaderos del país, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe del gobierno del DF, a los presidentes municipales, a los jefes delegacionales y a la Sagarpa a aumentar su coordinación operativa y los recursos financieros destinados a enfrentar y contrarrestar los incendios forestales, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición del edificio del IFE, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir en los libros de texto gratuitos un capítulo específico de la cultura alimentaria y nutricional, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cambiar la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”; y el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, por Centro de la Memoria y de la Paz, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a llevar a cabo un programa permanente de vigilancia tanto en las fronteras como en los puertos marítimos y los aéreos para evitar el tráfico de personas u órganos y, en general, la comisión de cualquier delito, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPDF, a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Gobierno del DF a cumplir las recomendaciones de la CDHDF sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de la operación policiaca del 1 de diciembre de 2012, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SE que en las Reglas de Operación del Fondo Pyme aumente los montos de apoyo en el programa para micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que los industriales de la cadena productiva maíz-tortilla puedan obtener mayor financiamiento y modernizar su industria, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para instruir a la ASF y exhortar al Ejecutivo federal a fin de que se realice una investigación exhaustiva y se determinen las probables responsabilidades en torno de los sobreprecios y retrasos en la conclusión de la obra Túnel Emisor Oriente, a cargo del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, a cargo de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y al Fideicomiso México Emprende a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a sumarse al esfuerzo del GDF que, con la delegación Iztapalapa, ha invertido para resolver el problema del agua en la demarcación, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a anular toda concesión otorgada a la minera canadiense Esperanza Resources Corporation por la afectación ambiental, social y cultural que la explotación a cielo abierto genera en las comunidades circundantes al área arqueológica de Xochicalco, Morelos, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado a la Segob para que colabore en el proceso de normativa democrática entre el gobierno del estado de México y las organizaciones sociales que preserve el desarrollo social, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a instruir a los titulares de la Sagarpa, de la Conagua, de la Semarnat, de la SHCP, de la Ssa y del Sistema Nacional de Protección Civil para que solucionen el azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, en Tututepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados de la Coordinación de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.
La frontera con mayor extensión, en México, es la norte, ya que cuenta con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la cual está definida por el río Bravo, que es el más largo del país. Además, es la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo, con 50.23 por ciento de cruces peatonales desde 2002, e ilegales con casi 12 millones.1
La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo e inicia en la desembocadura del Río Bravo con el Golfo de México, y corre a lo largo de éste sobre un punto entre El Paso y Ciudad Juárez hasta Tijuana.
La región a lo largo de la frontera es caracterizada por los desiertos, las montañas, y dos ríos importantes el Colorado y el Río Grande (Río Bravo del Norte).
En ella, los estados estadounidenses son California, Arizona, Nuevo México, y Texas; y los mexicanos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.2
Delimitando el objeto de estudio del presente proyecto, Anáhuac es el único municipio fronterizo de Nuevo León.
Está a 200 kilómetros de la capital del estado. Limita al norte con Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, al sur con Lampazos de Naranjo y Vallecillo Nuevo León; al oriente con Guerrero, Tamaulipas, y al poniente con Juárez, Coahuila.3
Pese a ser un municipio fronterizo la ley no lo califica como tal, por ello el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que Anáhuac sea decretado como municipio fronterizo y por ende, reciba los derechos que el marco jurídico confiere a estas circunscripciones.
En este tenor, es menester señalar que el pasado mes de diciembre, en el Congreso de Nuevo León se aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que realice las gestiones correspondientes, para que Anáhuac goce de los derechos que el marco jurídico vigente les concede a las regiones fronterizas.
Esta proposición fue presentada por el diputado José Antonio González Villarreal, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Los beneficios o estímulos fiscales y económicos que la federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga a las personas físicas y a las morales establecidas en la referida zona son
El impuesto al valor agregado, en los términos de la ley de referencia:
Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.
Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Los impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias, en los términos de la Ley Aduanera.
El impuesto sobre nómina que favorece al desarrollo económico de estas circunscripciones territoriales, principalmente en obra pública.
Impuestos sobre la adquisición de inmuebles.
Impuestos prediales estatales y municipales.
Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.
Impuestos de la tenencia o uso de vehículos.
Servicios públicos municipales.
Servicios de catastro y usos del suelo.
La estrategia programática del ramo 28, es decir, si en un municipio se llevan a cabo actividades de comercio exterior es susceptible de solicitar los recursos previstos en el fondo de 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.
En consecuencia, dada la ubicación geográfica de Anáhuac, Nuevo León, solicitamos respetuosamente sea considerado con la mayor brevedad como municipio fronterizo.
Por lo expuesto nos permitimos someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo.
Notas
1 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo” , en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.
2 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo”, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.
3 http://www.nl.gob.mx/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputados: María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor García García, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución por el que los diputados de la LXII Legislatura reiteramos nuestro respaldo a la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013; y por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
En diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, el Ejecutivo federal presentó junto con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión con un amplio consenso (72% de los diputados federales y 88% de los senadores votaron a favor). Del mismo modo, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, por lo que el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo de la reforma educativa es garantizar la educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los medios para alcanzar el citado objetivo son los concursos de oposición de los maestros, tanto para el ingreso y permanencia en el servicio docente, como para la promoción a cargos administrativos o de supervisión. Así mismo, la reforma en materia educativa establece, desde la Constitución, la evaluación universal a los profesores a través de un órgano autónomo y con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.
La evaluación del sistema educativo permite detectar sus deficiencias para la implementación de soluciones, e incentiva a los maestros a mantenerse actualizados en lo relativo a contenidos y a las mejores prácticas pedagógicas. Las implicaciones de la evaluación universal, por lo tanto, son positivas: mayor transparencia del estado que guarda la educación, docentes más capacitados y competitivos, niños y jóvenes mejor preparados.
La evaluación en ningún caso supone una vulneración de los derechos laborales de los profesores. Al contrario, los profesores conocen bien sus ventajas puesto que ellos la aplican a sus alumnos para medir su desarrollo pedagógico. A través de la evaluación y del proceso de capacitación que la precederá, los profesores adquirirán nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, serán personas más preparadas y mejor formadas en un mundo cada vez más competitivo. Podrán educar mejor a los niños y jóvenes, quienes recibirán una instrucción de mucho mejor calidad.
A pesar de lo anterior, aún existen en México grupos que anteponen sus intereses a los intereses de la nación; grupos que, con tal de preservar sus privilegios, están dispuestos a sacrificar el futuro del país. De este modo, un reducido número de profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero, recientemente y haciendo uso de tácticas de chantaje político, han pretendido echar atrás la recién aprobada reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales.
En Oaxaca, unos cuantos maestros – que no representan ni el 10% del gremio de la entidad – adheridos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado calles, carreteras y casetas, han ingresado a las instalaciones de radiodifusoras y han bloqueado centros comerciales y edificios públicos, afectando la actividad económica y turística de la entidad. Este reducido grupo, además, emprendió una campaña para desinformar a la sociedad con respecto a los fines y los alcances de la reforma en comento. Lo más grave: llevaron a cabo un paro de labores que afecta a más de un millón 300 mil alumnos.
Entre las demandas planteadas por los que se manifiestan se encuentra la entrega de novecientas veinte plazas, sin una previa evaluación. Asimismo se manifiestan en contra de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares).
En Guerrero la situación no ha sido diferente: pocos maestros – que buscan mantener sus privilegios y seguir con la política de vender y heredar plazas – han recurrido al paro de labores, a las manifestaciones, a los bloqueos de carreteras y a la toma de edificios públicos como maniobras para presionar a los poderes públicos del estado a que cedan a sus demandas. En este sentido, el pasado 22 de marzo la autopista del sol fue bloqueada durante más de nueve horas. La pretensión: que la entidad, en los hechos, permanezca exenta de los alcances de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año.
Las conductas descritas han significado una sistemática violación al Estado de Derecho, que debe ser sancionada conforme al orden normativo aplicable. No obstante, ante la ausencia de determinación por parte de las autoridades, los grupos mencionados que incurren en estas faltas se aprovechan y buscan negociar algo innegociable: la aplicación de la ley suprema de nuestro país, la Constitución Política.
A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se produzca en el país y ésta no la puede contradecir. La supremacía de la Carta Magna no puede estar sujeta a chantajes políticos, así como su aplicabilidad en todo el territorio nacional no acepta ningún tipo de exención. Sin embargo, en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, sucumbió a las presiones e hizo suya la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para reformar la Ley Estatal de Educación; iniciativa a todas luces inconstitucional, que pretende otorgar plazas a normalistas de manera automática – sin concurso de por medio – y evadir la evaluación a la que por disposición constitucional están obligados todos los maestros.
Tras la reforma educativa aprobada, el artículo tercero de la Constitución establece claramente, en su fracción IX, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.
La prueba ENLACE ha evidenciado la mala situación en la que se encuentra el sistema educativo en los estados de Oaxaca y Guerrero, los cuales en 2006, en el rubro de matemáticas, tenían los porcentajes más altos de alumnos con bajo nivel. En 2012 la situación para Guerrero mejora, y sin embargo, más de la mitad de los alumnos permanecen en niveles de aprovechamiento bajos.
Ceder a los chantajes de las cúpulas sindicales implica condenar a los alumnos de dichas entidades al subdesarrollo y al atraso, además de representar flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo tercero constitucional que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El periodo de elecciones en México es el tiempo establecido por la ley que permite que los ciudadanos acudan a las urnas para ejercer su derecho al voto y manifestar su voluntad en la elección de sus gobernantes. Es así, y bajo esta dinámica que se abre paso a la consolidación de la democracia.
Sin embargo, durante muchos años hemos visto con tristeza que la mayoría de la elecciones se llevan a cabo en condiciones inequitativas, debido a las múltiples irregularidades y delitos electorales que se cometen durante el proceso.
Los órganos electorales quienes fungen como encargados de vigilar y garantizar que las elecciones se den bajo el marco normativo, no han cumplido con las mínimas expectativas ciudadanas. Han actuado con ligereza y opacidad, siendo cómplices en la concreción de una elección totalmente irregular.
Tal es el ejemplo de la pasada elección presidencial, donde gobernadores y presidentes municipales del Partido Revolucionario Internacional echaron mano de la publicidad gubernamental, programas sociales y recursos públicos que le permitieran la compra de voluntades, aprovechándose de la necesidad de los mexicanos sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) actuara conforme a derecho.
Además de las múltiples pruebas presentadas ante el IFE por el candidato de la coalición Movimiento Progresista que demostraban el rebase de los topes de campaña, la compra de votos y demás irregularidades, se hizo caso omiso, dando paso a un proceso electoral deficiente.
Ahora bien, durante este año se celebrarán elecciones en 14 estados de la República Mexicana, incluyendo la elección de gobernador en Baja California, por lo que es necesario garantizar que estas se lleven a cabo conforme la establece la ley.
Poner en activo la comisión especial de programas sociales para que dé seguimiento a las elecciones locales, reforzaría considerablemente las acciones realizadas por los órganos electorales, la cual en coadyuvancia con las fiscalías especializadas para la atención contra delitos electorales de los estados blindarían los procesos electorales de los 14 estados de la república.
De esta manera, se evitará que los gobiernos locales manipulen los programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el gobierno federal a favor de su partido y atiendan la normatividad vigente en función de retirar la publicidad gubernamental en 45 días antes de la elección.
Recordemos que la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente de la República contó con poca fuerza y legitimidad debido a la gran opacidad que existió en el proceso electoral.
La falta de procesos electorales limpios ponen en entre dicho la existencia de democracia en el Estado mexicano, por lo que debemos actuar con responsabilidad y poner en marcha acciones que nos ayuden a contar con elecciones más justas y limpias.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, donde se celebraran elecciones este año, para que no se manipulen los programas sociales, ni ningún otro servicio público en beneficio de ningún partido político o candidato, para blindar las elecciones.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y locales, donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección, suspendan toda la publicidad gubernamental, en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados envía un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, se instruya a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para coadyuvar con las Procuradurías de Justicia locales, donde se celebrarán elecciones este año, en la investigación y persecución de delitos electorales.Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
(Rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a distintas dependencias federales que intervengan y corrijan la tendencia a la evasión fiscal generalizada con motivo de la transición a la facturación digital iniciada este año, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Mirna Hernández Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primero de enero de este año entró en vigor la disposición que establece el sistema de digitalización de facturación de todos los contribuyentes otorgadores y prestadores de bienes y servicios dirigidos al público consumidor.
Las prácticas derivadas de este programa han propiciado que los contribuyentes prestadores de bienes y servicios realicen prácticas violatorias de distintos ordenamientos y normas que regulan la captación de impuestos por parte del estado y las actividades de consumo de la población en general.
Así, se viene generalizando una experiencia de la evasión fiscal pues el prestador de un bien o un servicio n o cumple con la obligación legal de enviar las facturas por vía electrónica al consumidor.
Cada vez es más frecuente que el consumidor tenga que regresar al establecimiento comercial a requerir de su comprobante fiscal porque el prestador de un bien o servicio no le hizo llegar el comprobante por vía electrónica como se le prometió. En otras ocasiones se tiene que contar con un equipo adecuado con los programas con frecuencia más sofisticados para bajar la factura electrónica. En estas operaciones se obliga al consumidor a adquirir equipos de computación e internet modernos para adquirir su comprobante fiscal.
Se le obliga a aportar tiempo para descargar las facturas digitales de prácticamente todas las tiendas comerciales en donde realiza sus compras y consumos sean de productos básicos, gasolinas. Muebles, inmuebles.
Hablamos de un programa que al consumidor y ciudadano le complica su existencia pues ahora tiene que realizar operaciones que anteriormente venía efectuando el comerciante y que ahora éste utiliza como un argumento para evadir impuestos, al no enviarle el documento digitalizado, o enviarlo bajo la condición del uso de un programa de computación que con frecuencia el consumidor en general no tiene en sus computadoras.
Es decir, que el consumidor para adquirir el comprobante digital de sus compras y consumos ahora tiene que otorgar más tiempo y costo personal que no utilizaba con el mecanismo anterior cuando en el mismo establecimiento se le entregaba su comprobante fiscal.
Por eso, es importante que intervengan las autoridades fiscales, de procuración fiscal y de defensa del consumidor para regular esta situación que francamente está generalizando una práctica de evasión fiscal por parte de gran parte de los contribuyentes tanto consumidores como de los prestadores de servicios y bienes.
Refiero a la ley del impuesto al valor agregado que puntualiza que están obligadas a cumplir con este cargo las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido que es el IVA.
Aquí la evasión se da pues el contribuyente omite dar al comprador o consumidor la factura digital y por lo tanto no declara la retención que supuestamente hizo al consumidor al momento de la compra del bien o servicio. Al final de estas operaciones omitidas y evasivas los resultados arrojarán mecánicamente saldos a favor del contribuyente que supuestamente retiene y entera a las autoridades de hacienda sobre los impuestos devengados que se quedan en las arcas del prestador del servicio afectando al consumidor pero también al erario público.
Se viola entonces sistemáticamente el artículo 32 de esta ley en su fracción III ya que no se expiden comprobantes fiscales pero si eroga el consumidor lo correspondiente al IVA. Es decir el contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales señalados en este precepto legal.
Se omite, entonces la restitución del impuesto correspondiente que su puestamente debe hacerse constar en un documento que contenga en forma expresa y separada la contraprestación y el impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese restituido, así como los datos de identificación del comprobante de la operación original.
Del código fiscal de la federación se viola el artículo primero ya que no se cumple con la disposición de que las personas físicas y las morales, contribuyan obligadamente a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.
Se viola igualmente el artículo 29 ya que no se cumple con la obligación de emitir comprobantes fiscales. No se cumple la fracción V que señala que el contribuyente está obligado a entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación impresa del comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado.
Además no se está cumpliendo con el Artículo 33 de este código aquí citado que obliga a las autoridades fiscales a efectuar reuniones de información con los contribuyentes especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales que es el caso que analizamos.
Igualmente se viola el artículo 2o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria pues no se está cumpliendo con la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público y de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
En este sentido tampoco se cumple con lo establecido en el artículo 7o. de esta ley que faculta al Servicio de Administración Tributaria recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; tampoco se está cumpliendo con la función de vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales ni se están ejerciendo las facultades de comprobación pues la práctica de evasión que aquí se cuestiona sigue operando desde que entró en vigor la disposición del facturaje digital.
Tampoco se da cumplimiento al artículo 10 de esta ley pues el programa anual de mejora continua previsto en este artículo está omitiendo analizar que no hay mejora en la administración tributaria en este momento y no se está mejorando la calidad del servicio al contribuyente y no está operando el mecanismos de incrementar la recaudación porque se combata a la evasión de impuestos.
Se viola igualmente el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Defensa del Contribuyente pues no se garantiza el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal. De esta misma ley se destaca la limitante de que la procuraduría de defensa del contribuyente solo atiende y resuelve solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales; es decir solo actúa esta procuraduría a petición de parte.
De igual modo, se omite promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa que estén al alcance del contribuyente.
De la Ley federal de los derechos del contribuyente no se da cumplimiento al artículo 1º ya que no se regulan los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales.
Tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 2o. sobre los derechos del contribuyente a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.
De igual manera no se da cumplimiento del artículo 6o. de este ordenamiento ya que las autoridades fiscales no han realizado campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente en esta etapa de transición a la etapa de digitalización. Hace falta construir esa cultura contra la evasión en este momento en que se está generalizando y convertir patrones culturales adversos en una nueva actitud educativa que obliga a estimular la obligación de los contribuyentes de entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen como lo establece el artículo 11 de esta última ley aquí citada.
Se viola también la ley federal de protección al consumidor pues no se promueven ni protegen los derechos y cultura del consumidor ni tampoco se procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores como lo establece el artículo primero de este ordenamiento.
Tampoco se da suficiente información a los consumidores para la defensa de sus derechos y mucho menos no se otorga la protección debida al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología. Por lo tanto se viola la disposición que establece la obligatoriedad de respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.
Hay que destacar que en estas operaciones los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atentan contra los derechos del consumidor violándose flagrantemente también el artículo 9 de esta ley última referida.
Finalmente no se cumple con lo establecido en el artículo 12 de esta ley que señala:
Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.
Honorable soberanía:
Por lo anteriormente apuntado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las autoridades que se citan corrijan esta tendencia a la evasión generalizada que se está causando con el traslado de facturación digital que dio inicio en este año de 2013.
Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a realizar las acciones que sean pertinentes, de carácter informativo y de coordinación interinstitucional, para dar dirección adecuada a la operación del sistema de emisión de facturas digitales que inició con el comienzo de este año de 2013. A fin de evitar el clima de evasión fiscal que se está generando y generalizando con la implementación de este nuevo programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Mirna Hernández Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas sobre las violaciones y el abuso sexual contra niños y adolescentes, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Dos de los delitos más denigrantes y atroces lo son la violación y el abuso sexual. Las consecuencias presentes y futuras para las personas que lamentablemente lo viven son difíciles de sobrellevar e irreparable el hecho. La mayoría de estas agresiones de acuerdo a investigaciones especializadas, se cometen principalmente hacia las niñas, y son perpetradas mayoritariamente por un familiar cercano, padre, padrastro, tíos, primos o vecinos.
La mayoría de las o los afectados no reciben justicia, y menos aún apoyo emocional de manera profesional. La víctima de un ataque sexual carga con un sentimiento de culpa, vive aterrorizada, sin metas personales y con escasas posibilidades de recuperar su anterior vida, por falta del apoyo adecuado.
Lo preocupante es que la mayoría de los violadores son reincidentes, quienes en gran porcentaje nunca reciben el castigo que la ley marca, y en los casos en que son llevados a juicio, son liberados ante las deficiencias en los procesos.
En 2010, la Organización Mundial de la Salud indicó que 20 por ciento de las mujeres y de 5 a 10 por ciento de los hombres manifestaron haber padecido abuso sexual.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el sexto lugar mundial en cuanto al número de violaciones; sin embargo, ninguna institución oficial cuenta con estadísticas sólidas acerca del número de estos delitos y la mayoría de los estudios que a ello hacen referencia, funden las cifras de violaciones con las de abuso sexual o con otros delitos.
De acuerdo con el informe Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009, en el país se cometieron 27 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres en 2009, estadísticas que han ido en aumento.
La investigación indica que el nivel de incidencia de violaciones sexuales varía con la entidad federativa, por lo que en muchos casos el alto número de denuncias ocurre en los estados con mayores indicadores de violencia.
Así, estados como Chihuahua, Baja California y México tienen un alto índice de asesinatos de mujeres, también presentan una alta tasa de violaciones. En Quintana Roo, Tabasco, Morelos y Baja California Sur, que no presentan tasas tan altas de homicidio, se registraron más de 40 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres.
Se menciona que de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación por año.
Las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que alrededor del 99 por ciento de los sentenciados por este delito son hombres, lo que permite determinar que la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque el dato exacto también es desconocido, de acuerdo con el estudio.
Pero aún no existen estadísticas claras por la falta de denuncia consecuencia de la mala aplicación de la ley, por lo que no se tienen los datos contundentes acerca de la dimensión del problema en nuestro país, y en particular del embarazo adolescente por violación, además tampoco existe, una política pública que atienda la salud física y mental de las niñas y mujeres víctimas de una violación.
Durante 2011, según datos del Inegi, 11 mil 512 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y de esa cifra 318 tenían 10 años. Estos datos de por si son preocupantes, grave lo es si consideramos que muchos de ellos, probablemente son producto de violaciones.
La niñez es un grupo en situación particularmente vulnerable, ya que por su naturaleza se encuentra al cuidado de adultos, que deberían velar por ellos.
El Código Penal Federal señala en el artículo 265
Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
Además, el artículo 261 puntualiza:
A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días de multa.
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
El artículo 262 del mismo código establece: “Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión”.
La Convención de los Derechos del Niño precisa en el artículo 19: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Es decir, contar con medidas encaminadas a prevenir en todo momento cualquier situación que atente contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, el artículo 34 de la misma convención marca: “Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
El país sigue teniendo una gran deuda con la niñez, a quien no se le ha dado la importancia que requiere, en el discurso destaca la preocupación y la prioridad, pero en los hechos no es así, ya que todo queda en letra muerta.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, derivado del análisis del tercer informe de México, en 2006 realizó algunas recomendaciones a nuestro país relacionadas con la legislación en la materia, exhortando a nuestro país para que tanto la legislación federal y las locales sean, acordes.
Asimismo, la Constitución señala en el artículo 4o., párrafo octavo:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Por ello es responsabilidad de todos nosotros gobierno y sociedad, el velar porque se cumplan todos sus derechos, principalmente y como lo marca la Constitución en el artículo 4o., siempre mirando por el interés superior del menor.
Así, en el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes describe:
Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:
Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.
Asimismo, la ley mencionada, como ordenamientos primordial para la niñez, marca por ejemplo en el artículo 3o.: “La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.
De igual manera, el artículo 4o. menciona:
De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el artículo 28 tutela: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos”.
La ley que protege a nuestra niñez detalla en el artículo 21: “Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por
A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
Sabemos que el embarazo en las niñas y adolescentes va en aumento, convirtiéndose en un problema de salud pública. Lamentablemente podemos observar, cada vez más casos de niñas embarazadas. Si bien es cierto son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más temprano de la sexualidad en las y los niños y adolescentes y como consecuencia embarazos tempranos que ponen en grave riesgo la vida de la niña o adolescente.
Tenemos conocimiento de que la etapa más importante para todo ser humano, es la niñez, porque en ella es en la que se desarrollan los valores y las virtudes de todo ser humano, es principalmente, en donde se forja la conciencia de lo bueno y de malo de nuestras acciones, hechos que marcarán en gran medida el resto de su vida.
Su desarrollo se da principalmente dentro de la familia, la cual es la coadyuvante en su desarrollo, pero primordialmente la responsable de su bienestar pleno, y quien junto con el Estado, deben ser los garantes del respeto de cada uno de sus derechos, como lo son el derecho a la vivienda, la educación y salud, entre otras más. Y es ahí, en donde se debe vigilar en todo momento su bienestar.
Como éste y otros casos similares nos preocupa y nos debe ocupar, ya que de acuerdo a datos del Estado Mundial de la Infancia 2007, las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de 20 años. Si una madre tiene menos de 18 años la probabilidad de que su bebé muera durante el primer año de vida es un 60 por ciento; incluso en caso de que sobreviva existe una mayor probabilidad de que sufra de bajo peso al nacer, de desnutrición o de retraso en el desarrollo físico y cognitivo. Asimismo, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser madres solteras enfrentando la ausencia e irresponsabilidad de los padres del niño o niña.
Sabemos que esta etapa significa el comienzo de anhelos y metas, y que en un futuro serán los que conduzcan los destinos de nuestra patria, por ello, en cada paso que damos y que dejamos de dar a favor de sus derechos, es y será en perjuicio de su presente y futuro, junto con el nuestro.
Mañana ellos dirigirán los hilos de esta patria y si no les brindamos una mejor vida, seremos responsables de la historia que marque a nuestra nación; ante estos hechos solicitamos que las autoridades correspondientes cuenten con información pertinente, clara y puntual sobre estos delitos.
La infancia exige y requiere el respeto pleno de sus derechos, quienes día a día nos piden redoblar esfuerzos para garantizarles la aplicación de cada uno de ellos, ya que solo de esta manera se podrán garantizar mejores condiciones para su pleno desarrollo.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia estatales y a General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de este grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo, signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La firma del Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, representa un avance importante, para detonar la integración económica, social y productiva en la zona sur-sureste de México.
El acuerdo contempla, la creación de infraestructura productiva, social y comunicaciones, a través de la construcción de un corredor transístmico del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, para detonar el desarrollo regional de esta zona de la república mexicana, la cual representa un alto potencial para la inversión pública y privada.
Además, la construcción de un puente terrestre ferroviario de 303 kilómetros, que aminoraría diez días el viaje de buques y contenedores hacia Indonesia, así como otros países asiáticos y europeos. Esto representaría un ahorro a los empresarios, calculado en dos mil millones de dólares en traslado, ya que el Istmo, se ubica 8 mil kilómetros más cerca que el Canal de Panamá, el referente de traslado transoceánico más inmediato en América Latina.
Se estima que para la operación del Corredor se requiere una inversión de 10 mil millones de pesos, recurso de origen federal que de acuerdo a los estudios realizados se recuperaría en dos años, si se trasladaran tres millones de contenedores al año.
Segunda. El Istmo de Tehuantepec es una región comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz en México. Se trata de la zona más angosta entre los dos océanos: Pacífico y Atlántico, que posee nuestro país. Es una zona rica en petróleo y en recursos naturales. También es una de las regiones con mayor presencia indígena del país.
La importancia geoestratégica y económico-productiva del Istmo lo han convertido en un espacio de confluencia de intereses empresariales nacionales y extranjeros, dirigidos a posibilitar el movimiento interoceánico para el tráfico internacional de mercancías y aprovechar, al mismo tiempo, los recursos naturales y humanos existentes. La concentración de infraestructura industrial en los enclaves asociados a la transformación y movimiento de productos petroleros y petroquímicos, así como de las actividades portuarias en Coatzacoalcos y Salina Cruz, han llevado a catalogar a estos sectores productivos como prioritarios, dentro de los numerosos planes federales de desarrollo económico enfocados a la región.
Basta decir que actualmente la región del Istmo se erige como uno de los polos de generación, refinación y distribución de hidrocarburos más importantes del país, y desde luego, como un referente contemporáneo de generación de energía eólica, que mucho contribuye a la lucha mundial contra el calentamiento global.
En este sentido, con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), es importante señalar que de los 22 proyectos eólicos proyectados en México desde 1994 hasta el 2013, dieciséis de ellos se concentran en Oaxaca, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Además, el recurso eólico se mide en clases que van del uno al siete, y en la región del Istmo se localizan los mejores vientos clase 5 y 7.
También la región posee dos importantes puertos de altura en Coatzacoalcos y Salina Cruz; las refinerías General Lázaro Cárdenas y Antonio Dovalí; las instalaciones aeroportuarias de Minatitlán y ciudad Ixtepec, y desde luego, el Ferrocarril Transístmico, inaugurado por el presidente Porfirio Díaz en el año de 1907.
Tercera. No obstante tenemos que reconocer, que esta región con grades potencialidades económicas, también concentra fuertes expresiones de pobreza, altos niveles de desempleo, escasez de servicios básicos e infraestructura productiva, así como elevadas tasas de mortalidad infantil y desnutrición. Las deficiencias en infraestructura y servicios asociados a la producción, que repercuten en altos costos al sector empresarial son las principales causas del rezago económico de la región.
Por ello, debemos abogar por la creación de infraestructura que se convierta en la herramienta de transformación, y que nos permita cerrar la brecha de desigualdad entre las regiones del país, reactivar la dinámica económica de la región, estimular la generación de empleos, y desde luego, que proporcione a nuestras comunidades los servicios que mejoren y dignifiquen la calidad de vida de la población.
El importante potencial productivo de esta región sólo será capitalizable y generador de riqueza social, cuando se cuente con las vías de comunicación que integren social y productivamente a todas las entidades que la conforman.
Nuestros aparatos productivos alcanzarán mayor dinamismo, modernidad y competitividad, cuando seamos capaces de consolidar polos de desarrollo, a través de proyectos estratégicos de gran visión, que aprovechen las ventajas comparativas que esta región ofrece para el comercio internacional, para el turismo de clase mundial, para la pesca y la producción agroindustrial, entre otras actividades.
En síntesis, la región del Istmo de Tehuantepec, es una de las más importantes de México y el mundo, por sus ventajas geoestratégicas para el desarrollo del comercio global, actividad turística y el despegue industrial, agroindustrial y la política energética del país.
Sin embargo, su potencial productivo sólo será capitalizable y generador de riqueza social, cuando existan las vías de comunicación que integren social y productivamente a todas las entidades que la conforman.
Por lo antes expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a que incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo un apartado de proyectos de infraestructura en la región sur-sureste y de forma específica el desarrollo de infraestructura ferroviaria en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, para detonar el desarrollo económico en la región del Istmo de Tehuantepec.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones de prevención y atención de la rickettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos surgidos de forma contingente, que en materia de salud, amenazan la vida de las personas o la calidad de la misma.
Como fenómenos que se presentan dentro del territorio nacional, y que amenazan la salud de las personas, es de relevancia hacer mención de los hechos ocurridos en las primeras semanas del mes de enero del presente año en el municipio de Mexicali, Baja California.
De acuerdo con lo establecido en algunos reportes de prensa escrita, la muerte de los menores, Brayan Ramsés ocurrido el 4 de enero, y el de Esmeralda García López el pasado 24 del mismo mes con tan solo 11 años de edad, se le atribuye al conjunto de bacterias denominados Rickettsia. Esta enfermedad según se ha dado a conocer, es sumamente agresiva, y presenta diversa sintomatología, y realizar un diagnóstico oportuno ha resultado sumamente complicado para las instituciones de salud en el estado.
La Secretaría de Salud federal, en un estudio elaborado en 2009, señala que la Rickettsia es considerada una enfermedad estacional, que se presenta con mayor frecuencia en los meses de abril a septiembre, y que tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días; la sintomatología que presenta, de acuerdo a un estudio elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede variar dependiendo del tipo de Rickettsia del que se trate y pueden presentarse escaras, fiebre, cefalea, mialgia/ artralgias y linfadenopatía.
La presencia de aparentemente dos casos relacionados a esta enfermedad en lo que va del año dentro del citado municipio, y que por la dificultad de su diagnóstico y tratamiento se ha convertido en un fenómeno preocupante en la región, hace necesario el desarrollo de acciones en materia preventiva y reactiva que ayuden a contrarrestar los fenómenos negativos que origina, y que además son de preocupación toda vez que esta enfermedad no suele presentarse con frecuencia en estos meses del año.
El caso de la Rickettsia en Mexicali, salió a la luz pública en 2009; los antecedentes de esta enfermedad se remontan al inicio de dicho periodo, en el cual se detectó dentro del municipio de Mexicali, Baja California, la presencia de la enfermedad provocada por el parásito intracelular Rickettsia rickettsii y prowasekii, transmitido por la garrapata Riphicefalus sanguineus (de acuerdo con lo establecido dentro del estudio realizado por la Secretaría de Salud federal, en 2009).
En esa ocasión de acuerdo a la información que se retoma, se estudiaron mil 453 casos sospechosos, 734 probables y 278 confirmados; y que derivaron en ese año en un total de 8 fallecimientos confirmados por la Rickettsia, cuestión que además de ser lamentable, es preocupante, toda vez que un diagnóstico a tiempo hubiese generado resultados probablemente distintos.
Valdría la pena mencionar en referencia a estos datos, que el rango de edades en el que se presentó el mayor número de casos sospechosos, comprendió de 1 a 24 años de edad; asimismo se mostró que la distribución por sexo fue de 58 por ciento mujeres y 42 por ciento en hombres.
El ayuntamiento de Mexicali, con apoyo del gobierno estatal, implementó acciones contingentes para hacer frente a los contagios por Rickettsia: se realizaron tareas de limpieza de predios, fumigación de casas y baldíos, que en ese tiempo representaron un total de 5 mil 514 toneladas de basura. Además de estas acciones de limpieza, se llevaron a cabo brigadeo casa por casa, para la detección de casos que presentaran sintomatología atribuible a la Rickettsia, las cuales fueron instrumentadas por empleados federales, personal de empleo temporal y del propio ayuntamiento.
Retomando lo encontrado dentro de los documentos elaborados por la Secretaría de Salud federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece que la dificultad de identificar los síntomas de la referida enfermedad, dificultan su tratamiento oportuno, lo que genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso lo pueden llevar a la muerte (en este estudio, se señala en 50 por ciento el índice de mortandad, sobre todo en los casos donde el tratamiento de la Rickettsia fue después del sexto día).
Además de que la falta de acciones preventivas concretas y continuas para la atención de esta enfermedad, inciden en que se puedan seguir presentando casos de este tipo, en donde estará en riesgo la salud e incluso la vida de las personas.
Lo expuesto dentro de los párrafos anteriores, denota dos cuestiones importantes, por un lado se muestra la gravedad de la enfermedad, y por el otro, la dificultad que existe en hacer un diagnóstico preciso, que establezca con claridad la sintomatología de la misma, así como la morbilidad en cuanto a los casos directamente relacionados a la Rickettsia, que desprenda acciones precisas para la prevención, control y tratamiento de la enfermedad y de los casos que se presenten dentro del municipio de Mexicali, así como en las demás regiones del país proclives a presentar esta enfermedad dentro de su población; y que de acuerdo a las observaciones de organismos internacionales como la OPS y la OMS, en referencia al padecimiento de la Rickettsia, y a las variantes de este padecimiento que se puedan presentar en algunas regiones de nuestro país se deben de implementar acciones tendientes a:
1. Prevención, atención, tratamiento y control de la enfermedad.
2. Establecer métodos efectivos de diagnóstico y de vigilancia activa.
3. Difundir mediante los medios que se crean convenientes los métodos de prevención, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento.
4. Establecer protocolos para la identificación de población o zonas de riesgo de epidemias o casos relacionados a este padecimiento.
5. Diseñar e implementar protocolos de atención y contingencia con métodos apropiados de diagnóstico.
6. Establecer e implementar protocolos para el estudio de los agentes trasmisores de la Rickettsia y de sus variantes.
7. Diseñar e implementar, los demás instrumentos que se consideran indicados para contrarrestar la presencia de este tipo de contingencias dentro del municipio de Mexicali, y en las demás entidades que sean proclives a este tipo de padecimientos.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal y del estado de Baja California, a fin de poder establecer acciones pertinentes para lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención, de la Rickettsia y sus variantes, para atender de forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio de Mexicali, y demás zonas vulnerables del territorio nacional propensos a esta enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Imaginen por un segundo que son asesinados por el simple hecho de ser diferentes a una mayoría. Piensen que en su trabajo son constantemente humillados y agredidos por tener una orientación distinta a la de su jefe. Supongan que van caminando por la calle y que 4 policías los detienen y les piden sexo oral a cambio de que no los golpeen.
Lamentablemente, no hace falta recurrir a la imaginación para observar estos casos. Tampoco es necesario situarnos en otras latitudes del mundo; los planteamientos mencionados son reales y ocurren todos los días dentro de nuestro país.
Quetzalcóatl Lejía, defensor de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero, fue asesinado por golpes contusos en la cabeza; Agnes Torres, defensora de derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual, fue encontrada muerta con heridas a lo largo del cuello, con huellas de tortura y con quemaduras; Christian Sánchez Venancio, activista LGBT en la Ciudad de México, fue hallado debajo de su cama con múltiples heridas provocadas por armas punzocortantes.
El año 2013 se ha caracterizado por una serie de hechos homofóbicos que merecen especial atención. César Rivero, Felipe de Jesús Martínez y Roberto Zamudio fueron víctimas de crímenes por homofobia al salir de bares para personas homosexuales.
Cecilio Efraín Cruz, “Karen”, fue asesinado a cuchilladas al interior de su estética; la trabajadora sexual transgénero Diana fue encontrada degollada, mutilada y apuñalada en el estado de Tlaxcala; mientras que en Chiapas fue privado de la vida un hombre homosexual por no ser del “agrado” de sus agresores.
Con base en lo anterior, podemos observar que la homofobia es una conducta que no distingue entre clases sociales, regiones del país y edades. Los crímenes derivados de este comportamiento no son incidentes azarosos sin conexión entre sí, responden a una manifestación de rechazo latente hacia personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual.
Si bien no todos los actos homofóbicos concluyen en homicidios, vale la pena mencionar que existen numerosos casos de acoso, humillaciones y despidos injustificados que no pueden pasar desapercibidos.
Hasta el momento, el tema se ha caracterizado por la falta de políticas públicas que tengan como propósito prevenir, erradicar y combatir la homofobia. Aún cuando en el 2008 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reconoció, por primera vez en México, un crimen de odio derivado de esta conducta, el gobierno federal se ha distinguido por la inacción y omisión de medidas que reviertan estos casos.
A la fecha, son innumerables las denuncias ante el Conapred sobre este tema, sin embargo, en ninguna de ellas se ha logrado que los quejosos sean resarcidos; esto se debe a que las personas que son denunciadas ante esta institución pueden negarse a comparecer, ante lo cual no se puede ejercer ninguna acción penal.
Como observamos, existe aún un largo camino por recorrer para lograr un verdadero impacto contra la homofobia. El primer paso consiste en tomar conciencia de que esta situación no puede ser vista de manera aislada, es un problema social que nos involucra a todos.
¿Cuántas personas más necesitarán perder la vida para darnos cuenta de que se requieren múltiples esfuerzos de parte del gobierno y de la sociedad civil para terminar con una práctica atroz que denigra en lo más profundo a la condición humana?
Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos al gobierno federal a establecer el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, el cual nace ante la supresión de la homosexualidad, por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, del listado oficial de enfermedades mentales.
No podemos seguir ignorando un problema que aqueja a tantas personas, utilicemos todos los instrumentos a nuestro alcance para hacer frente a este tipo de discriminación.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno a colaborar en la aceptación y observancia de la recomendación 007/2013, emitida por la CDHDF; y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura locales, a aceptar y cumplir las similares dirigidas al Poder Judicial capitalino, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos siguientes:
Exposición de Motivos
El 1 de diciembre de 2012, se realizaron manifestaciones de protesta en torno a la ceremonia de trasmisión de poderes y toma de protesta del Ejecutivo Federal, que estuvieron envueltas en situaciones de violencia y el uso irracional de la fuerza, en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo cual dio por resultado varios heridos de gravedad, jóvenes detenidos arbitrariamente y disturbios que generaron diversos daños a locales comerciales.
El pasado 3 de diciembre, el Ministerio Público consignó a 69 personas, 11 mujeres y 58 hombres, quienes fueron remitidas a los reclusorios norte y oriente de la Ciudad de México.
Del testimonio, la protesta e inconformidad ciudadana por las detenciones arbitrarias sucedidas el 1º de diciembre de 2012 y de pruebas audiovisuales que se aportaron se acreditó la detención ilegal de varios de estos, que sin hallarse en los lugares de los disturbios fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público. En diversos medios de comunicación se criminalizó a los detenidos y a grupos juveniles como #Yo Soy 132. Ante ello se dio la movilización permanente de familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos que asumieron su defensa y aportaron las pruebas de descargo
El 19 de diciembre de 2012, la Junta de Coordinación Política acordó solicitar a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de la Ciudad de México información relativa al estado que guarda el proceso e investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 1º de diciembre de 2012. Así mismo, se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que resguardara los derechos de los detenidos y de las víctimas consecuencia de los hechos violentos señalados hasta la conclusión de los procesos penales correspondientes.
El 10 de abril de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/12/D7581 y 15 expedientes acumulados por el caso “Violaciones a derechos Humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por las autoridades del Distrito Federal “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional”, constituyendo la recomendación que se contiene en el expediente 07/2013, en la que informa que de las dieciséis investigaciones se desprenden los hechos siguientes:
1. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal planeó y organizó el operativo con la misión de garantizar durante los actos públicos del 1 de diciembre de 2012 el orden público, la integridad física y patrimonial de las personas, la protección de lugares considerados estratégicos y la prevención de conductas delictivas.
2. La policía de Investigación del Distrito Federal, también participó en el operativo.
3. El operativo del 1 de diciembre de 2012 se vio superado por causas de facto, que afectaron la seguridad personal tanto de los manifestantes como de los servidores públicos que participaron en el operativo, así como bienes públicos y privados.
4. La CDHDF documentó que en el marco del operativo, al menos se detuvo a 99 personas, de las cuales solo 97 fueron puestas a disposición de la Fiscalía Central de Investigación de la PGJDF, bajo el argumento que fueron detenidas cuando cometieron daños a personas y bienes tanto públicos como privados.
5. Algunas de las personas detenidas presentaron lesiones y golpes.
Por lo que determina dirigir nueve recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; seis recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cuatro recomendaciones a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; así mismo, determina dos recomendaciones al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Por lo expuesto y atendiendo al contenido de la recomendación que se contiene en el expediente 07/2012 y los hechos públicos del primero de diciembre de dos mil doce, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de que exhorte, con pleno respeto a su autonomía, al jefe de gobierno del Distrito Federal para que la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, todas del gobierno del Distrito Federal, acepten y cumplan todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la recomendación contenida en el expediente 07/2013.
Segundo. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de que exhorte al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con pleno respeto a su autonomía, acepten y cumplan todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la recomendación contenida en el expediente 07/2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incorporar entre sus objetivos el combate de la obesidad infantil, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, la C. Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numerales 1, fracción III y, 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita de manera atenta a la Secretaria de Desarrollo Social, priorice en sus objetivos el combate a la obesidad infantil ya que no solo se debe tratar de un intento de erradicar el hambre que prevalece en un importante sector de la población, sino, que además puedan recibir una mejor alimentación e información que contribuya a iniciar acciones para contrarrestar las consecuencias de la obesidad, principalmente de la población infantil, misma que ha ido en aumento en México, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa afectando de manera alarmante, el estado de salud de cualquier individuo, donde su índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla.
Recordemos que en la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) se identificaron prevalencias de peso excesivo de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% en adolescentes de sexo femenino 34.1% en adolescentes varones, y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar, donde debido a estos resultados la académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y directora Ejecutiva del International Life Sciences Institute de México, informaron que México es el país con más niños obesos en el mundo y el Distrito Federal es la entidad con más sobrepeso del orbe, lo que en el actual momento de transición epidemiológica nos pone en una situación riesgosa.
En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes aumentó de 33.4 a 35.8%. En el caso de los hombres adolescentes la prevalencia creció un punto en los últimos seis años, pasando de 33 a 34.1%; además se sabe que se sabe que 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso.
Como bien sabemos, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, lo que ha producido:
• Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y
• Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización.
Es importante mencionar que a mediados del 2001, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Confederación Nacional de Pediatría de México advirtieron el crecimiento de esta epidemia, por ello, el IMSS lanzó una campaña en los medios para la que la gente cuidara su dieta, hiciera ejercicio y acudiera al médico pero, las advertencias y campañas del sector salud fueron sólo eso y no se establecieron controles sobre el contenido de la comida industrializada ni la publicidad engañosa con la que se promovió.
Y menos pensar, que en ese momento se hubieran emprendido acciones concretas para prevenir este mal, ya que se continuo omitiendo cualquier tipo de información nutricional clara que advirtiera a la gente sobre los peligros de consumir grasas, azúcares, sales y carbohidratos en exceso y sobre lo dañino que pueden ser los aditivos como saborizantes y colorantes artificiales.
Situación que contribuyó a agilizar las consecuencias que hoy se viven sobre el desorden alimenticio con un IMC elevado, detonante de factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como:
• Enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción;
• Diabetes;
• Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
• Enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción;
• Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).
Actualmente, y en el caso particular de la obesidad infantil, {esta se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta, pero además, de los anteriores efectos negativos, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
La obesidad infantil es un problema muy serio de salud pública. Las cifras y estadísticas proyectan un escenario poco alentador, ya que es muy probable que nuestros infantes cuando lleguen a la juventud se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y trabajar.
En el 2007, Alejandro Calvillo quien fuera Director de la Organización El Poder del Consumidor declaro:
“Esto es el resultado de un deterioro en los hábitos alimenticios. Vemos los resultados de que las escuelas se volvieran el imperio de las empresas de bebidas refrescantes, de la comida basura y de que no se haya aplicado ningún tipo de regulación a la publicidad que se dirige a niños. Por otro lado no ha habido campañas de orientación alimentaria. Toda la dieta tradicional en México, que era muy nutritiva (el maíz y el frijol daban una proteína excelente), se está perdiendo con la urbanización y la comercialización. Lo que gana mayor presencia son todos los productos procesados industrialmente. Hubo un desplazamiento y en catorce años cayó un 30% el consumo de frutas y verduras, en veinte años cayó un 50% el consumo de frijol que era el pilar de la alimentación junto con el maíz y en catorce años aumentó 40% el consumo de refrescos. Entre la población más pobre, el consumo de refresco en catorce años creció 60%. Esto tenía que impactar en algo y lo hizo en la salud.”
Estimados compañeros, y qué hemos hecho al respecto si continuamos permitiendo que nuestros pequeños consuman comida rápida, pues quién no recuerda las leyendas de diversos empaques de frituras: “come frutas y verduras” sin que en ello se indicara los efectos de su consumo.
En los artículos “La obesidad infantil en México: una cuestión de peso” y “Sobrepeso y Obesidad en el Niño y el Adolescente” publicados a principios de este año por de la Facultad de Medicina de la UNAM, se señala que:
“De no establecerse estrategias que detengan el avance del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes [...] enfermedades tales como la hipertensión, cardiopatía isquémica, infarto al miocardio, dislipidemias, diabetes, patología músculo esquelética y algunas neoplasias, cobrarán numerosas víctimas.”
Lo anterior, se suma al costo económico que generará para los Sistemas de Salud Pública, el brindar la atención y tratamiento de los enfermos con este padecimiento y en algunos de los casos, atender de por vida las enfermedades asociadas con la obesidad, como será el caso de que jóvenes que antes de cumplir treinta años, padezcan severos problemas de vista o ceguera permanente, derivados de diabetes.
El 25 de enero del 2011, el ex presidente Felipe Calderón anunció que a lo largo de ocho años se incrementó en más de 60% la atención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, y el gasto para atender esos males pasó de casi mil quinientos millones de euros a más de dos mil trescientos treinta mil millones de euros, el equivalente a lo invertido en el Seguro Popular durante 2009.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza la obesidad y el sobrepeso son problemas ineludibles en la agenda pública que deben ser atendidos por todos los sectores de la sociedad: desde el académico hasta el médico y el empresarial, pues de la participación de una sociedad en conjunto dependerá la salud de una nación entera.
En consecuencia, consideramos que una obligación de las autoridades debe ser cuidar la alimentación de nuestras niñas, niños y adolescentes, basada en una alimentación nutritiva a base de proteínas, minerales y vitaminas que contribuyan al bienestar y salud de la población.
Por lo tanto, debemos considerar que la nutrición es el proceso por el cual el organismo obtiene de los alimentos la energía y los nutrientes necesarios para el sostenimiento de las funciones vitales. Este proceso inicia desde la ingestión de alimentos hasta la excreción de sustancias no indispensables para el organismo.
Recordemos que la buena alimentación debe incluir carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes que aporten los requerimientos energéticos y nutricionales necesarios, muchos de los cuales se obtienen en de una alimentación balanceada y nutritiva.
Por su parte, una mala nutrición como consecuencia de una ingesta inadecuada de alimentos, problemas en la absorción de nutrientes o recursos limitados para obtener alimentos saludables, puede alterar el buen desarrollo del organismo y manifestarse en un retardo en el crecimiento o en la presencia de alguna enfermedad. Una alimentación inadecuada puede limitar el desarrollo y propiciar una desnutrición y/o padecer enfermedades recurrentes.
No olvidemos que un crecimiento adecuado entre los 5 y 11 años de edad, es decisivo para consolidar nuevas capacidades, adquirir conocimientos, mejorar el desarrollo motriz y estimular la creatividad y convivencia social.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, afirmamos que el sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran parte prevenibles a través de programas de salud efectivos, que generen conciencia, así como del acompañamiento de buenas políticas gubernamentales, de campañas de educación y concientización, para lograr un cambio significativo, que sirvan de apoyo a las personas para orientar a las personas a optar por una alimentación balaceada y saludable y a realizar alguna actividad física periódica. Ello, sin duda, puede contribuir a prevenir la obesidad y el sobrepeso, y a un generar un desarrollo integral de nuestra niñez.
Desde el Poder Legislativo asumimos nuestra responsabilidad en la atención al problema de obesidad y sobrepeso. Consideramos que en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre es imperante que tratemos el tema de la alimentación más allá de la propia provisión de los alimentos.
En efecto, el pasado 22 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, dicho sistema tiene por objeto implementar estrategias de inclusión y bienestar social a partir de un proceso participativo que incluye a la federación, los estados y municipios; así como sector público, social y privado, nacional e internacional. El propósito principal del programa es atender a “las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”1
Ahora bien, después de recordar las causas y efectos de la obesidad y sus repercusiones en la salud de nuestra niñez, cómo podemos comprender los diversos convenios que se vienen firmando al día de hoy entre la Secretaria de Desarrollo Social y las Organizaciones Empresariales, entre las que destaca Pepsico, Nestlé, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, donde la propia titular de la Dependencia, Rosario Robles Berlanga, señaló en esta última ocasión: “El combate a la pobreza conviene a la democracia, a la seguridad, a la gobernabilidad, a la salud del tejido social, a la economía, a las empresas y a los emprendedores, ya que lo económico y lo social van de la mano y se fortalecen mutuamente”, enfatizó.
La situación nos obliga a tomar decisiones contundentes, que cambien la prevalencia de la obesidad y sobrepeso infantil. Es un asunto de salud pública que obliga al Estado mexicano a implementar acciones destinadas a cumplir con el imperativo categórico establecido en nuestra carta magna que en su artículo 4º establece que, “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Por lo anteriormente expuesto, presentó ante este honorable pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social, en su calidad de Presidenta de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a incluir como uno de sus objetivos, el combate a la obesidad infantil, dando prioridad al principio del interés superior de la niñez en el diseño y ejecución de las políticas públicas, garantizando de manera plena sus derechos como lo es la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Segundo. Que la Secretaria de Desarrollo Social en su calidad de Presidente de la Comisión intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre como sus integrantes, den a conocer el número de organizaciones empresariales con las que se han firmado convenios; cuáles fueron los criterios para la intervención de las organizaciones empresariales y que expliquen el tipo de colaboración que tendrán en el Marco de la Cruzada contra el Hambre.
Nota
1 Secretaría de Desarrollo Social. Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Diario Oficial de la Federación. Edición Matutina, 22 de enero 2013, consultado en: http://dof.gob.mx/index.php?year=2013&month=01&day=22
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril de 2013.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas locales a fortalecer en el nivel básico escolar la enseñanza de las fechas cívicas como parte integral del valor de la historia conmemorativa como nación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales a que en el nivel básico escolar se fortalezca la enseñanza de las fechas cívicas como parte integral del valor de nuestra historia conmemorativa como nación al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 17 de enero de 2006, el presidente constitucional de la república, Vicente Fox Quezada, decretó que la mayoría de los días señalados como festivos dentro del calendario escolar correspondientes a fechas cívicas deberían recorrerse al lunes próximo más cercano a la fecha de los mismos.
Lo anterior en primera instancia correspondía a la intención de implementar los fines de semana denominados “largos” con el objetivo de regularlos, impedir el ausentismo de los llamados “puentes” que eran aquellos en los que cuando una fecha cívica conmemorativa marcada en el calendario como día festivo recaía por ejemplo un jueves, se habituaba tanto en el ámbito laboral como escolar faltar también el día viernes y tomarse el descanso de fin de semana integrado por 4 días.
Lo mismo sucedía con el día lunes para el caso de que la fecha memorable y festiva se celebrara en los días martes; llegando incluso al extremo de que algunas ocasiones si la fecha festiva aplicaba en el día miércoles el ausentismo podría extenderse con gran facilidad y privaba también para los días jueves y viernes siguientes.
Además, el otro argumento que fundamentaba esta nueva disposición y su puesta en práctica era que de cierta manera se impulsaba y fomentaba el turismo en el país, con la subsecuente derrama económica para las actividades secundarias relacionadas con este importante sector y necesitado de un rescate urgente.
Es decir, tanto las familias como los prestadores de servicios turísticos ya sabían y tenían la certeza de los fines de semana “largos” reconocidos por el calendario escolar y esa certidumbre permitía a ambas partes planificar de mejor manera el disfrute de estas fechas y por ende aprovechar las posibles ofertas o promociones que beneficiarían a todos por igual.
Al entrar en vigor la disposición presidencial debemos reconocer que de manera inmediata y efectiva lo que se argumentaba como sustento de la misma sucedió.
Se eliminó el ausentismo y sus acometidas justificaciones para hacerlo, se logró que se respetan irrestrictamente los días que integran esos llamados fines de semana largos, las promotoras turísticas y los prestadores de servicios de este sector se preparan para esas fechas y tienen tiempo suficiente para que en un ejercicio de sana competencia busquen con ofertas y promociones atractivas atraer al turismo a sus lugares de recreación.
Además, se conocen con precisión los días marcados en nuestro calendario como de descanso obligatorio, generando por ejemplo que los padres de familia conozcan las fechas en las que sus hijos y todos por igual disfrutaremos del goce de días de asueto y puedan ser planeadas las finanzas familiares o personales para disponer de la capacidad económica suficiente para ese efecto.
Sin embargo, hay voces que alertaron de un suceso que se desarrollaría a la par de estas ventajas atinadas, que de igual forma sucedió.
En estos años se fue revelando que desde ese momento y hasta la fecha, ese suceso representaba la pérdida de nuestra memoria histórica que como mexicanos orgullosamente debemos mantener vigente en todo momento.
Todos en el país sabemos cuáles serán los fines de semana largos durante el año, se esperan con ansia y hemos desarrollado una asombrosa habilidad para la distribución de múltiples actividades que nos permitan aprovechar al máximo esas fechas; en otras palabras somos una sociedad experta y especializada en el disfrute de días festivos.
Pero desafortunadamente cada año que pasa muy pocos recuerdan y aún menos saben, cuál es la conmemoración histórica específica, sus protagonistas y la fecha exacta por la cual en el calendario se marcó un día de asueto nacional.
Esta particularidad está afectando irremediablemente nuestra memoria colectiva, al grado de hacerla perder fuerza dentro de las nuevas generaciones; motivando en ellas un claro conflicto y escollo ideológico.
De seguir así y no hacer algo al respecto dejando que esta situación continúe, nos plantamos nosotros mismos en un futuro lindante, la necesidad de hacerle frente al lúgubre panorama de no contar con los mecanismos intrínsecos para resucitar o al menos mantener medianamente viva esa conciencia histórica con su trascendencia y sentido, que nos proveyó de identidad como una verdadera y firme nación.
La solución no es perjudicar gravemente al ya de por si deteriorado sector turístico del país que apenas se está componiendo nuevamente; regresando las fechas conmemorativas y festivas a los días de calendario en la semana que le corresponden. Lo que requerimos como sociedad es rejuvenecer nuestra memoria histórica colectiva.
Requerimos en un principio de cuentas, que en todas las escuelas del país de nivel básico escolar –preescolar, primaria y secundaria– se ahonde de manera afanosa la enseñanza y el estudio de los hechos históricos y sus protagonistas, que se han presentado a lo largo del tiempo en este país y su sociedad.
Es imprescindible que con lo anterior, busquemos de manera decidida lograr el objetivo de retomar el valor y significado de una fecha conmemorativa, por encima del enfoque de que se trata solamente y de manera exclusiva de un día dedicado a descansar.
Enseñemos a las nuevas generaciones en las aulas y por consiguiente en el seno familiar, que efectivamente los fines de semana largos son días de descanso pero que esa fecha representa una festividad y significa un día de asueto nacional que tiene un sentido.
Recordemos a la infancia de este país que no se trata solamente de días de descanso con un vacío de sentido, destinados únicamente a la diversión, pendientes o labores en familia y del hogar.
Revaloricemos nuestras tradiciones y fechas cívicas históricas, pues nosotros no sólo somos resultado de éstas sino también parte de ellas; les debemos lo que en conjunto disfrutamos y anhelamos, por ello tenemos identidad, un territorio y un gobierno que se acerca cada vez más a lo que deseamos y necesitamos como sociedad civilizada.
Integremos desde los espacios educativos de nivel de enseñanza básico en todas las entidades federativas del territorio nacional, una nueva juventud que comparta el amor, el respeto y la admiración que sentían nuestros abuelos por su país, sus símbolos patrios y los forjadores de sus luchas e historia; y dotémosla al mismo tiempo de la invaluable y ventajosa capacidad que les permita equilibrar sus inquietudes y sus dudas con el conocimiento y la memoria de su pasado.
Finalmente, no podemos ni debemos bajo ninguna circunstancia o argumento alguno como sociedad con muy largas, profundas y centenarias raíces históricas, permitir que la inopia se instale cómodamente junto con la arrogancia y el glamur en la memoria individual y colectiva; y sustituyan en ella lo particular de rememorar y solemnizar algún suceso que nos hizo lo que hoy somos y de lo que como mexicanos integrantes de una nación libre y soberana, disfrutamos.
La austeridad intelectual en materia histórica para una sociedad, no únicamente condena al entierro del olvido su caudaloso pasado motivo de honra; también lo hace al mismo tiempo con su futuro.
Hay que recordar que mantener vigente nuestra historia a través de su enseñanza, su conmemoración y su estudio; es una de las formas más efectivas como nación y sociedad de salvaguardar nuestra independencia efectiva y una sólida democracia.
Por ello si desde esta soberanía unimos esfuerzos e insistimos y garantizamos que en nuestro nivel escolar básico en todo el país se profundice en la enseñanza, el valor, la conmemoración y el significado de las fechas cívicas que construyeron nuestra historia, estamos como sociedad en conjunto dando un paso significativo e importante en el logro y alcance de ese supremo y valioso propósito.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales a que en el nivel básico escolar se fortalezca la enseñanza de las fechas cívicas como parte integral del valor de nuestra historia conmemorativa como nación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional y a la PGR a instaurar acciones conducentes a disminuir los secuestros de ganaderos del país, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al subsecretario de Planeación y Protección Institucional y a la Procuraduría General de la República a instaurar acciones para disminuir los secuestros de ganaderos del país.
Considerandos
México cuenta con cerca de 197 millones de hectáreas, en un mosaico de regiones ecológicas que dan la principal característica a su ganadería; esto es, una gran biodiversidad de sus recursos genéticos.
La ganadería constituye el principal uso del suelo en el país, desarrollándose en una superficie de 113.8 millones de hectáreas, lo que representa 58 por ciento del territorio nacional.
Sin embargo, la actividad ganadera en el país pasa por momentos difíciles no obstante los grandes problemas y desafíos que enfrenta; existe otro flagelo que amenaza a este sector, me refiero al secuestro de ganaderos.
El secuestro en México es uno de los problemas que preocupa a la mayoría de la población. Actualmente, este tipo de delitos no sólo afecta a empresarios o a personas con solvencia económica sino que alcanza a personas de todos los niveles económicos de la sociedad.
En los últimos años, el secuestro se ha convertido en uno de los más grandes temores de los habitantes del país. Se cree que hay alrededor de 400 bandas de secuestradores profesionales, y los noticiarios dedican gran parte de sus espacios a mostrar los secuestros que se suscitan.
Un promedio de 72 personas fueron secuestradas diariamente en México durante los últimos 8 meses, y en muchos casos se vieron presuntamente involucrados cuerpos policiales.
Por si fuera poco, las aprehensiones de los dirigentes de las bandas de secuestradores son sucesos muy importantes por las autoridades.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, a realizar las acciones pertinentes y coordinadas con los gobiernos estatales a fin de garantizar la integridad física de los ganaderos del país en materia de secuestro.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a dar seguimiento a las averiguaciones previas e investigaciones en materia de secuestro y en perjuicio de los ganaderos del país, a fin de que dejen de ser víctimas de este delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Leonor Romero Sevilla (rubrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ayúdenos para sacar a volar la empresa;
Ayúdenos a recuperar nuestra fuente de empleo y tener una pensión segura;
Ayúdenos para que Mexicana vuelva a ser la empresa pionera en la aviación, no permitan que malos administradores destruyan su historia y que a sus trabajadores los dejen sin empleo y sin pensiones;
Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que los inversionistas tengan la oportunidad de expresarse y demostrar que Mexicana sí puede volar.
Trabajadores de Mexicana de Aviación
Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.
A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la república y Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre la materia.
Mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaban la actividad aérea comercial en la República Mexicana.
Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inició a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la Sección Técnica de Navegación Aérea fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.
De esa forma, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921 la primera concesión de un Servicio de Transportación Aérea, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
Aquí nació Mexicana de Aviación, la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.
Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en 1928 se dio el impulso definitivo al desarrollo de la Aviación Comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además, el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.
A partir de ese hecho la empresa realizó fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a Los Ángeles, California.
La modernidad entra en la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones con bimotor.
En 1950 creó la Escuela para Sobrecargos, cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.
Mexicana de Aviación enfrenta en los años sesenta, la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.
En 1968 Mexicana es una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.
La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de 3 millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de 8 millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación trasladó a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.
Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.
Sin embargo, ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa, a la iniciativa privada con Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.
Las nuevos retos hacen que la Aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de MasterCard Internacional.
La última administración de Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005, por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario de 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.
La falta de experiencia en aeronáutica por los administradores de Compañía Mexicana de Aviación la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.
A más de dos años de suspender operaciones Compañía Mexicana de Aviación persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental
1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de Compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.
2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: “Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando”. Para sumarla a las exigencias de solución.
3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del gobierno federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de Mexicana de Aviación, que afecta uno de los ejes de transportación básicos para la nación, además de ensombrecer el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que realicen una investigación para transparentar los fideicomisos a favor de los trabajadores y que estos no sean desviados o desaparecidos, además de investigar a los administraciones que precedieron a la quiebra de Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para fincar y deslindar responsabilidades.
Tercero. Se exhorta a la Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, integrada por todas las partes involucradas, para que se facilite la expresión de todos los inversionistas interesados en Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar”, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe del gobierno del DF, a los presidentes municipales, a los jefes delegacionales y a la Sagarpa a aumentar su coordinación operativa y los recursos financieros destinados a enfrentar y contrarrestar los incendios forestales, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
Lourdes Adriana López Moreno, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el distrito electoral federal 1 en el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a los gobernadores de los estados, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los presidentes municipales y jefes delegacionales, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a aumentar su coordinación operativa y los recursos financieros destinados para enfrentar y contrarrestar los incendios forestales en territorio nacional, mismos que están resultando en un desastre natural para el país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. México es un país cuya conformación biogeográfica lo hace megadiverso en términos del número de especies de flora y fauna que coexisten en los distintos tipos de bosques y ecosistemas naturales dentro de sus fronteras. Cerca del 12 por ciento de la biodiversidad del planeta, se encuentra dentro de las fronteras de nuestro país.
2. Alrededor de 138 millones de hectáreas, las cuales significan casi 71 por ciento del territorio nacional, están ocupadas por distintos tipos de vegetación forestal, los cuales se integran con a) matorrales xerófilos, 41.2 por ciento; b) selvas, 22.8 por ciento; c) bosques templados, 24.2 por ciento; y D) otras asociaciones de vegetación forestal, 11.8 por ciento.
3. Que para el caso de nuestro país, se calcula que los costos monetarios del deterioro ambiental incluyendo los desastres naturales, significan un promedio anual en el periodo 1996-2003 de aproximadamente 10.36 por ciento del PIB nacional.
4. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Forestal, en el país en promedio hay 8 mil incendios forestales al año, de los cuales 98 por ciento tienen su origen en actividades humanas, y únicamente 2 de cada 100 son de origen natural como parte de los procesos en los ecosistemas.
5. Que la cifra de hectáreas siniestradas por cada incendio en promedio en el país entre 1997-2011, era de 35.6 hectáreas, y en 2012 fue de 48.43 hectáreas en promedio por cada incendio.
6. El desarrollo del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2013, así como el trabajo del Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección contra Incendios Forestales; el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales; los Centros Estatales de Control de Incendios Forestales y los Comités de Protección contra Incendios Forestales en los tres órdenes de gobierno, son las autoridades competentes y responsables en materia de incendios forestales, de acuerdo al artículo 123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
7. Que debido al porcentaje de incendios por causas humanas, existe la Norma Oficial Mexicana NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA 2007, que contiene las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en terrenos forestales y terrenos de uso agropecuario, así como la prohibición del uso del fuego para fines cinegéticos, o para provocar la dispersión y salida de animales silvestres de su hábitat con el propósito de darles captura o muerte.
8. Que Las sanciones a las faltas no mencionadas en el punto 7 de este exhorto, están previstas en el Código Penal Federal en sus artículos 420 y 420 Bis.
9. Se requiere de fortalecer económicamente al sector ambiental del país, para que a través de sus estructuras y órganos en todos los órdenes de gobierno, puedan llevar a cabo una vigilancia, inspección y sanción efectiva en contra de quienes provoquen incendios de forma intencional.
10. Que se requiere proteger y salvaguardar el Patrimonio Natural de México, y la contribución que esta salvaguarda significa para la biodiversidad global.
11. México cuenta con metas de reducción de emisiones de toneladas de CO2 equivalentes en el corto, mediano y largo plazo dado el compromiso ante la comunidad internacional en términos de enfrentar el cambio climático global.
12. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, juega un papel fundamental en el control de los programas y acciones en materia de quemas agrícolas, aumento o mantenimiento de las superficies de agostadero y producción, así como el control y disminución de las emisiones de CO2 asociadas al cambio de uso de suelo de productivo.
13. Que los recursos financieros, humanos y materiales para enfrentar los incendios forestales en el país por medio de brigadas, monitoreo remoto, vigilancia continua, brechas cortafuego, capacitación a productores, educación y cultura ambiental requieren incrementarse significativamente.
14. Que ya existen documentalmente, las medidas y estructuras que permitan una reacción ante las eventualidades que significan los incendios forestales en México.
15. La restauración y recuperación de hábitats que fueron siniestrados, es una actividad urgente y que atiende los pasivos ambientales del país.
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, esta proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los presidentes municipales y jefes delegacionales, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a aumentar su coordinación operativa y los recursos financieros destinados para enfrentar y contrarrestar los incendios forestales en territorio nacional mismos que están resultando en un desastre natural para el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición del edificio del IFE, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La utilización de los recursos públicos siempre ha sido un tema polémico; la desviación de estos consiste en que un funcionario encargado de la administración de fondos estatales, destine los mismos a un cometido público distinto de aquel al que estuvieren jurídicamente destinados.
Esta figura delictiva ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento, ya que la sociedad cada vez exige más transparencia en el manejo de estos recursos que, se supone, debe de ser para el servicio de todos. Con todo y los organismos de transparencia que se han creado en años pasados, el acceso a la información y la disposición de recursos públicos parece ser todavía un tabú entre la sociedad.
En la Quinta Encuesta Global sobre Delitos Económicos llevada a cabo en el año 2009, por Price Water House Coopers junto con la Escuela de Negocios in Sead, se publicó que México fue ubicado en el sitio número cinco de cincuenta y cuatro países avanzados y en vías de desarrollo en que se cometen un mayor número de fraudes económicos y delitos financieros.
Un claro ejemplo del tema en comento es la construcción del monumento emblemático llamado “Estela de Luz”. Sabemos que fue un derroche y un gasto torpe, existiendo mejores proyectos. Esta obra inicialmente costaría 200 millones de pesos; pero finalmente representó una inversión total de mil treinta y cinco millones de pesos; es indignante que en nuestro país existan necesidades básicas pendientes de subsanar y que el Gobierno Federal gaste los recursos públicos en una construcción arquitectónica llena de irregularidades.
Otro caso evidente es la construcción del moderno edificio sede del Senado, ubicado en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Inmueble construido en total corrupción, incurriendo en pagos anticipados, erogaciones en exceso, deficiencias en la aplicación del ajuste de costos y trabajos de mala calidad.
La controvertida sede del Senado cuyo presupuesto debió incurrir en mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos termino costando tres mil doscientos setenta y seis millones de pesos, arrojando un costo final de cuarenta y tres mil pesos metro cuadrado para cada uno de sus 75 mil metros, por eso hoy la nueva sede está bajo la lupa y conforme aparecen los números crecen las preguntas sobre sus costos y las muy cuestionables decisiones que se tomaron para su majestuosa construcción
La nueva casa del senado fue construida con materiales insensibles a la problemática y demandas de la ciudadanía, ya que, mientras la crisis golpeaba los bolsillos de millones de trabajadores, se aprobó para su construcción un cincuenta y dos por ciento más del presupuesto destinado.
El propósito de este punto de acuerdo es destacar el caso de la adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa en la Ciudad de México por el Instituto Federal Electoral (IFE) en base a un avalúo realizado por Banobras, que proyectó la cantidad de doscientos sesenta y dos millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General del IFE, una de las dos áreas del edificio fue adquirida en doscientos sesenta y dos millones de pesos. Sin embargo, el Órgano de Fiscalización subraya que la Escritura No. 51617, de diciembre del año 2007, consignó que las dos áreas del mismo edificio estaban valuadas en cuarenta y cinco millones de pesos.
Sobre las acciones realizadas para adquirir el inmueble rentado en el año 2008 y comprado en el año 2009, se afirma que había un Acuerdo de la Junta General Ejecutiva que señalaba que para instalaciones arrendadas solamente se podían hacer inversiones no mayores a 550 mil pesos. A su vez, existe un Acuerdo del Consejo General del IFE, que facultaba a la Secretaría Ejecutiva a fin de realizar las inversiones y ejercicios que fueran necesarios para cumplir con sus obligaciones legales.
La Contraloría manifiesta que para la compra del inmueble de mérito, no se consideraron recursos presupuestales suficientes, se estableció la adquisición mediante adjudicación directa, se desechó la modalidad del pago mediante arrendamiento financiero, no se consideró la situación legal y administrativa del inmueble y no se efectuó un análisis económico del costo de los pisos a adquirir en copropiedad.
A pesar de que el Contralor del IFE, Gregorio Guerrero, presento un expediente de 456 cuartillas muy claro y preciso en cuanto al rechazo del primer avalúo por 118 millones de pesos y la solicitud de uno nuevo para justificar la compra.
Los ocho consejeros electorales con derecho a voto en el máximo órgano de dirección del IFE declararon improcedente el expediente administrativo en el que el Contralor General, proponía sancionar al funcionario Fernando Santos Madrigal quien fungió como Director Ejecutivo de Administración del organismo, concluyendo que no hubo irregularidad alguna en la compra del edificio.
La determinación de exonerar al funcionario y la resolución de los consejeros es sin lugar a dudas, indigna ya que no hay congruencia con la postura pública sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al consejo General del IFE, a reconsiderar el desechamiento del informe presentado por el contralor General, referente a la adquisición de un inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, en el Distrito Federal, por resultar a todas luces un grave casi de corrupción.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie las investigaciones correspondientes, por la probable comisión de diversos delitos, en el caso del informe del contralor General del IFE sobre el tema de la compra de un edificio ubicado en la Avenida Acoxpa en el Distrito Federal
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril de dos mil trece.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir en los libros de texto gratuitos un capítulo específico de la cultura alimentaria y nutricional, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1980 la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo, por ello representa un grave problema de salud pública pero puede y debe prevenirse.1
65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que la insuficiencia ponderal.
En 2008, mil 500 millones de adultos (de 20 y más años), tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.
En 2010 alrededor de 43 millones de niñas y niños menores de cinco años tenían sobrepeso y en los países desarrollados viven cerca de 35 millones de infantes con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.2
En consecuencia, cada año fallecen, por lo menos, 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso u obesidad, de los cuales, 44 por ciento se debe a diabetes, 23 por ciento a cardiopatías isquémicas y entre 7 y 41 por ciento del origen de algunos cánceres atribuibles al sobrepeso.
En la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud expone las medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física periódica.3
El Plan de Acción 2008-2013 de la Organización Mundial de la Salud representa la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y establece un régimen alimentario, actividad física y proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de estas enfermedades.4
Por los argumentos anteriormente vertidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reitera que el sobrepeso y la obesidad representan el quinto factor principal de riesgo de defunción a nivel mundial.
En el caso de nuestro país las cifras no son nada alentadoras, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa la segunda posición de sobrepeso y obesidad en adultos, sólo superado por Estados Unidos de América, pero en 2018 podría ocupar el primer lugar.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensaut), 2012, entre 2006 y 2012, el aumento en el sobrepeso fue de 2 por ciento y la obesidad de 10.7 por ciento., debido a que 33 por ciento de las personas pasan dos horas diarias o menos frente a una pantalla, mientras que 39.3 por ciento dedicaba más de 2 y menos de 4 horas diarias, y 27.7 por ciento cuatro o más horas al día en esta actividad sedentaria.5
En consecuencia, 7 de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso u obesidad, las cuales son causales de diabetes, hipertensión y otros problemas cardiovasculares y representan 1 de cada 3 muertes en México.
La Secretaría de Salud asevera que actualmente la diabetes afecta a más de 6 millones de mexicanos y diariamente mil personas son diagnosticadas con este mal. 18 millones de hombres y mujeres en México tienen hipertensión.6
En cuanto a nuestros niños, desafortunadamente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, por ende, el doctor Eduardo González del Instituto Mexicano del Seguro Social considera que la obesidad es una enfermedad que ha alcanzado el grado de pandemia.
Por lo anterior, al analizar estas tendencias, podemos observar que 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad.
La organización civil El Poder del Consumidor, aseveró que el sobrepeso y la obesidad en niños de entre 5 y 11 años en nuestro país aumento 40 por ciento entre 1999 y 2006.7
Los daños físicos que trae consigo la obesidad generan graves consecuencias y sin duda ponen en peligro la vida pero no podemos dejar a un lado el daño psicológico y moral que produce esta enfermedad.
Pocas cosas pueden resultar más deprimentes que enfrentar día a día las miradas, el rechazo social y las burlas relacionadas con la obesidad. Esto puede incitar a que las personas con esta enfermedad sean presas de los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia o bien decidan hasta quitarse la vida.
Es por ello que debemos tomar cartas en el asunto, ya que si bien es cierto debemos fomentar una cultura de prevención para erradicar esta enfermedad no podemos ser indiferentes ante el dolor y la discriminación de las cuales son objeto las personas que padecen obesidad.
En este orden de ideas, en el marco del foro Obesidad en Latinoamérica, que tuvo verificativo el pasado mes de noviembre de 2012 en la Ciudad de México, se sostuvo que la evidencia científica sobre las causas básicas, subyacentes y directas de la obesidad son suficientemente sólidas para generar medidas efectivas que ayuden a controlar la epidemia .
Entre esas medidas están las siguientes:
• Crear en la escuela un ambiente alimentario óptimo y promotor de la salud .
• Favorecer en los centros de trabajo gubernamentales la disponibilidad de frutas y verduras y restringir el acceso a bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías.
• Proteger a los niños de la publicidad de bebidas azucaradas y productos comestibles envasados usando medidas regulatorias efectivas .
• Promover la lactancia materna .
• Establecer etiquetados frontales que identifiquen claramente los productos envasados y las bebidas no recomendados por su alto contenido de sal, sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y calorías.
• Adoptar políticas fiscales efectivas , como subsidios que estimulen el mayor consumo de frutas y verduras; y cuando sea posible, destinar esta recaudación tributaria a fines vinculados a temas de salud pública .
• Desarrollar estrategias de información y comunicación que ayuden al público a adoptar conductas saludables como el consumo de una dieta saludable, y que alerten sobre los peligros de un consumo habitual de productos procesados y bebidas que aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.
• Se recomienda que las autoridades públicas nacionales que decidan actuar para proteger a los niños de la epidemia de obesidad , lo hagan mediante decretos gubernamentales o leyes, de suerte que la implementación de estándares sea obligatoria y efectiva .
• Garantizar el monitoreo y la evaluación efectiva de políticas públicas en la materia. 8
En consecuencia, el objetivo del presente punto de acuerdo consiste en exhortar al secretario de Educación Pública, a efecto de que implemente o fortalezca en sus planes y programas de estudio la cultura alimentaria y nutricional para prevenir la obesidad y obtener una mayor calidad de vida.
No olvidemos que el sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos. Esto implica que los esfuerzos para prevenir y abatir este problema deben ser prioritarios en las políticas públicas, al mismo tiempo es menester que se implementen esfuerzos multisectoriales y la participación social.
El fundamento jurídico de esta pretensión se debe a que la Secretaría de Educación Pública, en términos del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene como propósito esencial conducir la política educativa. Por su parte los artículos 7, fracción IX, y 48 de la Ley General de Educación aseveran:
“Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
...
IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;
...”
“Artículo 48. La secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la república mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.
Para tales efectos la secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.
Las autoridades educativas locales, previa consulta al consejo estatal técnico de educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.
La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.
Los planes y programas que la secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.”
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayfett Chemor, para que, en ejercicio de las prerrogativas previstas en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 7, fracción IX, y 48 de la Ley General de Educación, implemente en los libros de texto gratuitos un capítulo específico de la cultura alimentaria y nutricional a efecto de prevenir la obesidad y obtener una mayor calidad de vida.
Notas
1. http://www.who.int/es/
2. http://www.who.int/es/
3. http://www.who.int/mediacentre/events/2012/wha65/es/index.html
4. http://www.who.int/mediacentre/events/2008/wha61/issues_paper2/es/index .html
5. http://ensanut.insp.mx/
6. www.ssa.gob.mx
7. http://www.elpoderdelconsumidor.org/
8. http://www.luxcronicapotosina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3800:conclusiones-foro-sobre-obesidad-en-latinoamerica&catid=45:nacional&Itemid=55
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cambiar la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”; y el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, por Centro de la Memoria y de la Paz, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente u obvia resolución, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
La Estela de Luz es el resultado de un proyecto multidisciplinario elegido dentro del concurso para constituir un Monumento que conmemorara el Bicentenario de la Independencia Mexicana y el Centenario de la Revolución Mexicana; idea que, inicialmente, fue controvertida por múltiples especialistas en arte, historia y arquitectura.
La Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, estableció en la convocatoria que el proyecto ganador concluiría su construcción en septiembre de 2010, y sería inaugurado el 15 de ese mes en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
De igual forma, cabe mencionar que en ningún lugar de la convocatoria se mencionaba la construcción de una “Estela de Luz”, por lo que el proyecto fue socialmente conocido como “Arco del Bicentenario” o “Arco Bicentenario”. A partir del anuncio del proyecto ganador, el Gobierno Federal se refirió a la obra como “Estela de Luz”, como llamó el Arquitecto Pérez Becerril al elemento vertical del proyecto original, que” comprendía además una plaza cubierta, un espacio público con fuentes y jardines de 2 mil metros cuadrados que unirían el Altar a la Patria, la Plaza de la Secretaria de Salud, la Torre Mayor y el Parque Ariel; así como sala de exhibiciones subterránea.
No obstante, múltiples errores y actos de negligencia por parte de autoridades y particulares, motivaron que la obra se concluyera hasta diciembre de 2011 y fuera inaugurada el 7 de enero de 2012, con lo que el proyecto se vació de significado. A la entrega tardía de la obra se suma un costo exorbitante de más de 1,050 millones de pesos, cifra que resulta casi el cuádruple del presupuesto original de alrededor de 280 millones de pesos y que implicó una serie irregularidades detectadas en la adjudicación directa a la constructora.
De tal forma, el monumento Estela de Luz enfrentó graves cuestionamientos de la sociedad y de los actores políticos. En vez de cumplir con la intención inicial de celebrar los procesos históricos y fortalecer la identidad, la construcción ha sido renombrada popularmente de múltiples maneras que aluden a la corrupción, a la impunidad, al desaseo o a su semejanza con una galleta.
Como sostiene la petición firmada por defensores y defensoras de derechos humanos, escritores, artistas y personalidades, con fecha 2 de abril de 2013: “Lejos de ser un referente legítimo de la identidad compartida y de los anhelos de justicia social que la fecha de 2010 evocó, ha sido motivo de burla, escarnio y humillación, una afrenta en el rostro de la patria que hay que lavar resignificándola”.
El ex titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, declaró que la Estela de Luz sería un emblema de la nueva era para México, donde florecería una nación más segura, justa y próspera. Sin embargo, esa nueva era no ha llegado, pues la injusticia, inseguridad e impunidad permean nuestra sociedad, lo que se refleja en un monumento sin significado político y carente de reconocimiento ciudadano.
Los procesos de verdad histórica comprometen al Estado con la sociedad civil y requieren de una colaboración permanente entre ambos a fin de que el reconocimiento de los hechos, las víctimas y los culpables evolucione a un proceso social, colectivo, por una paz real y duradera.
Es por todo lo anteriormente descrito que hacemos nuestra la propuesta generada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que fue entregada al Titular del Poder Ejecutivo el 9 de enero de 2013, para transformar el nombre, la función y el significado del complejo arquitectónico de la “Estela de luz”.
Estamos plenamente convencidas y convencidos que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías, monumentos, que sobrecogen a cada visitante desde el primer contacto sensorial. Por los acontecimientos de los últimos años, que significaron la muerte de varias decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de memoria retomando las experiencias de naciones hermanas.
En nuestro continente, los conflictos armados internos y gobiernos autoritarios que han derivado procesos de paz, tienen un componente de justicia, tanto para los responsables de violaciones como para las víctimas de la violencia, pero también se han fundado en el pilar de recuperación de la memoria histórica.
Desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.
Es necesaria una decisión de Estado a partir del planteamiento de la sociedad civil, para que a la vez de renombrar logre resignificar la “Estela de Luz”. Con su altura y su luz en un lugar destacado de la capital, la “Estela de Paz” se convertiría en un símbolo público que reconozca y recuerde con dignidad a todas las víctimas de la violencia de nuestra nación, como ha manifestado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en varias movilizaciones y actos en dicho monumento.
Consideramos que el Memorial inaugurado en las cercanías del Campo Marte no cumple con la legitimidad entre la sociedad civil ni con las características necesarias para recordar y detener el flagelo de la violencia que incluye también la “Guerra Sucia”, la represión contra activistas y personas que han sido consideradas simples “daños colaterales”.
Cabe mencionar que el 16 de septiembre de 2012 fue inaugurado el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, un espacio para actividades artísticas que se ubica debajo al monumento. Consideramos que el Centro Cultural debe mantener sus objetivos de difusión, educación, producción y contacto cultural, pero a la vez debe desarrollar actividades como centro para la cultura de la paz y derechos humanos, por su vinculación directa con el Monumento y por la posibilidad de que esta interacción detone un proceso social de paz y de justicia, en atención a una de las obligaciones constitucionales del Estado para promover los derechos humanos.
Estamos conscientes que la emergencia nacional amerita un sinnúmero de medidas legislativas y políticas públicas que destierren la impunidad y frenen la violencia. Con este acto singular, es posible que en memoria de las víctimas se haga un firme compromiso para que los lamentables hechos y los inocultables fenómenos que hoy nos ocupan no se repitan más.
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que en el ámbito de sus atribuciones modifique la denominación del “Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz” por la de “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”, y ponga en marcha a la brevedad los procedimientos administrativos necesarios para transformar el “Centro de Cultura Digital Estela de Luz” en “Centro de la Memoria y de la Paz”.
Segundo. Para efectos del resolutivo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a convocar conjuntamente a una mesa de trabajo con los movimientos y organizaciones de víctimas para instalar un Consejo Directivo Ciudadano para el diseño y la aprobación de los lineamientos generales para la creación y operación del espacio cultural “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz” y el “Centro de la Memoria y de la Paz”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2013.
Diputados: Margarita Elena Tapia Fonllem, Crystal Tovar Aragón, Joaquina Navarrete Contreras, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Luisa María Alcalde Luján, Teresita Borges Pasos, Trinidad Morales Vargas, Socorro Ceseñas Chapa, Zuleyma Hidobro González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Roberto López Suárez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Teresa Mojica Morga, Jhonatan Jardines Fraire, Alejandro Carbajal González, José Arturo López Cándido, María del Carmen Martínez Santillán, Jaime Bonilla Valdez, José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Cantú Garza, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Alliet Mariana Bautista Bravo, Marino Miranda Salgado, Guadalupe Flores Salazar, Julisa Mejía Guardado, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a llevar a cabo un programa permanente de vigilancia tanto en las fronteras como en los puertos marítimos y los aéreos para evitar el tráfico de personas u órganos y, en general, la comisión de cualquier delito, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia, tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado lunes primero de abril, la niña Valeria Hernández fue despojada del cuidado de su madre quien se encontraba instalando un puesto en un mercado, en el municipio de Texcoco estado de México.
Según algunos medios de difusión, la menor acompañó a una persona quien le prometió darle un obsequio, fue entonces cuando la prima de Valeria, quien jugaba con ella, acudió a notificarle lo sucedido a la mamá de la niña sustraída, inmediatamente después, otros familiares, y comerciantes del mercado comenzaron a buscar a la pequeña, lamentablemente no dieron con ella.
En este marco, y mientras transcurrían las horas e incluso los días, se fue incubando en la comunidad nacional y en los familiares de la menor que el caso pasaría a engrosar las lamentables estadísticas de menores desaparecidos, haciendo de este modo todavía más cruenta la situación de la seguridad pública en el país; sin embargo, a 12 días de que fuera desaparecida en la Plaza Bicentenario Nicolás Bravo, en Texcoco, Valeria, de tan sólo cuatro años de edad, fue encontrada en San Antonio de Sonsonate, en El Salvador.
Todavía no queda claro cómo fue la localización, de hecho la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), informó que un agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador, encontró el viernes a la menor en la calle y; de igual manera, se habla de una persona residente en Texas quien informó de una niña mexicana en el Salvador.
Por lo pronto, noticias recientes expresan la detención de Ison Vladimir de Valencia Masin, de 43 años, por agentes policiales en San Antonio, en la ciudad occidental de Sonsonate, a unos 55 kilómetros de la capital, asumiéndole parte de la responsabilidad de la detentación de la niña1 .
Seguramente en las próximas horas seguirá produciéndose mayor información sobre el tema, pero lo que sí parece ser un hecho es la existencia de un trasfondo misterioso, en donde vidas inocentes y padres son los más perjudicados con este tipo de acontecimientos.
Es imposible no asumir una postura de angustia y preocupación ante los hechos de este tipo. No podemos hacer caso omiso respecto a la procuración de los derechos del niño, y no nos referimos solamente a la sustracción de menores, sino en todos los rubros en donde lamentablemente se ven imbuidos, por ejemplo, recientemente, se han emitido datos informando del aumento en el número de inmigrantes menores de edad que viajan solos hacia los Estados Unidos, el cual se disparó 81 por ciento2 .
Otro acontecimiento de este tipo, es el caso de una mujer quien es identificada en los medios periodísticos como Dulce María, quien expuso recientemente a través de una red social, su intención de “regalar” a su hija por no contar con los medios económicos para su manutención3 , afortunadamente el suceso fue evidenciado y se tomaron las consideraciones pertinentes.
En conclusión, apreciamos con la descripción del caso de la niña Valeria Hernández; con la menor que pretendía ser dada a otra familia; o la de los migrantes y viajantes en solitario sin el acompañamiento de un mayor; que los niños son de interés para las bandas del crimen organizado; y además que éstos son presas de cualquier ilícito gracias al abandono social.
Recordemos que uno de los delitos más significativos para el crimen organizado, es la trata de personas, de hecho se identifica desde hace años4 a este ilícito, como el tercero más fructífero para los criminales5 , calculándose que actualmente 2.4 millones de personas sufren de este problema. Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), calificó hace unos días, a este fenómeno, como una forma moderna de “esclavitud”6 .
Lo anterior no es cosa menor, máxime porque se identifica a los niños y principalmente niñas como los sujetos pasivos de estos actos, ello implica una desatención social hacia los pequeños, y además evidencia el incumplimiento del deber de atender a los menores por parte de la sociedad en su conjunto.
En este orden de ideas es propicio recordar uno de los mandamientos dados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en concreto, el artículo 19.
“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado”.
En este sentido, y con la intención de hacer patente la necesidad de procuración de justicia y atención para los niños, emitimos en este documento diversos llamamientos a través de la siguiente propuesta de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República lleve a cabo un programa permanente de vigilancia en las fronteras, puertos y aeropuertos del país para evitar el tráfico de personas, de órganos y, en general, cualquier comisión de delitos en contra de persona alguna con especial énfasis en los menores de edad, sean estos niños o jóvenes.
Segundo. Se exhorta a todos los gobiernos, tanto el federal como a los de las entidades, a establecer eficientes centros de desarrollo integral infantil, para asegurar el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad, en los términos indicados en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Notas
1. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/13/9230488-encuentran-en-el- salvador-a-nina-extraviada-en-texcoco/235148633-detienen-en-el-salvador -a-presunto-secuestrador-de-nina-en-texcoco
2. http://www.reforma.com/nacional/articulo/695/1389745/
3. http://www.nortedigital.mx/39077/investigan_por_trafico_de_menores_a_la _mujer_que_vendio_a_su_hija/
4. http://www.jornada.unam.mx/2007/06/08/index.php?section=politica&ar ticle=016n1pol
5. http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2947408.htm
6. http://www.eluniversal.com.mx/notas/843283.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPDF, a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Gobierno del DF a cumplir las recomendaciones de la CDHDF sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de la operación policiaca del 1 de diciembre de 2012, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En días recientes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó, ante autoridades capitalinas, la recomendación 7/2013 sobre el caso de “violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional , y que responde a la reacción de las autoridades frente a las protestas de cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que se manifestaron en la capital del país, en contra de la protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
La recomendación va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF), la Procuraduría local (PGJDF), al Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y a la Secretaría de Gobierno, por ser las autoridades responsables de la implementación del operativo.
Según su titular Luis González Placencia, uno de los hechos que contempla la CDHDF en su recomendación, es que “El operativo del 1 de diciembre, se vio superado por causas de facto, que afectaron la seguridad personal tanto de los manifestantes como de los servidores públicos que participaron en el operativo, así como bienes públicos y privados”, dando como resultado que en el documento presentado por la CDHDF se tenga documentada la violación del derecho a la seguridad ciudadana; a la libertad y seguridad personales en relación con el debido proceso legal; a la integridad personal y a la manifestación y a la protesta, de al menos, 102 personas.
“Por su parte Mario Patrón Sánchez, primer visitador general de la CDHDF, sostuvo que la inoperancia de la policía generó que no se detuviera a las personas que se tenían que detener, deteniendo de manera arbitraria a personas que no tenían relación con los hechos. Patrón agregó que se detectó un “uso irracional y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía capitalina, durante el operativo.”
La CDHDF en miras de realizar el informe y la recomendación mencionada, realizó entrevistas a más de 40 servidores policiales, recabó 160 testimonios y analizó más de 2 mil horas de videograbaciones de las cámaras del programa Ciudad Segura, así como más de 7 horas de mensajes de radiocomunicación de algunos elementos de la policía encargados del operativo.
“González Plascencia dijo que la policía mostró desorganización pues no logró detener a quienes realizaron actos vandálicos en comercios y monumentos del centro de la capital, pero mostró una actitud desproporcionada con la detención de más de 100 personas, de las cuales 99 lo fueron de manera arbitraria, sin vinculación con los hechos imputados”.
En dicho tenor, “el ombudsman capitalino, afirmó que la investigación confirma que las personas aprehendidas (el 1 de diciembre) son inocentes porque fueron aseguradas en horarios y lugares distintos a los de las acusaciones hechas ante el Ministerio Público.”
Asimismo, cabe mencionar que “entre los puntos recomendatorios destaca modificar el recién publicado Protocolo de Control de Multitudes para emitir uno nuevo sobre cadena de custodia, así como una reforma democrática de la policía del Distrito Federal y un diagnóstico de su estructura y marco normativo.”
Ante ello, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado, y lo seguirá haciendo, en contra de la criminalización de la protesta social, seguiremos exigiendo que los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los diversos tratados internacionales que nuestro país ha firmado en la materia, sean respetados y se garantice su pleno cumplimiento.
En la Ciudad de México se deben seguir privilegiando los derechos humanos de todas las personas e implementar políticas públicas encaminadas al pleno ejercicio y disfrute de estos derechos, de entre los que se encuentran el de manifestación libre de las ideas, y el respeto a los derechos de terceros. De esta forma y a sabiendas de la urgente necesidad de que la Ciudad de México siga siendo ejemplo en materia de derechos, proponemos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Superior de Justicia, y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a cumplir cabalmente con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el caso Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SE que en las Reglas de Operación del Fondo Pyme aumente los montos de apoyo en el programa para micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que los industriales de la cadena productiva maíz-tortilla puedan obtener mayor financiamiento y modernizar su industria, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Economía en las Reglas de Operación del Fondo Pyme, dentro del Programa para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que implemente las adecuaciones necesarias para que los industriales de la cadena productiva maíz-tortilla se beneficien de manera más amplia y consolidada de los apoyos que brinda este programa para la modernización de su industria bajo las siguientes
Consideraciones
En nuestro país existen poco más de 65 mil tortillerías con una derrama económica superior a los 70 mil millones de pesos en donde se benefician más de 2.3 millones de personas y genera poco más de 150 mil empleos en unidades económicas que producen este alimento que es pieza fundamental de nuestra dieta.
Hace varios años, la industria del maíz y la tortilla, presentó una severa crisis no sólo por el incremento constante en el precio del kilogramo de tortilla, sino por los costos de los insumos que esta industria necesita, como el gas y la energía eléctrica. Esta crisis también tuvo como origen una alta concentración en zonas urbanas, un crecimiento desordenado; la operación por debajo de su capacidad instalada así como prácticas desleales de muchas unidades económicas que trabajan en la informalidad.
Aunado a ello se combina el rezago tecnológico, un alto consumo de energía, agua y gas; fuerte impacto de desechos con efectos contaminantes y se acentúa la carga de los costos en un solo producto. Finalmente tener establecimientos con mala imagen e insalubres y falta de acceso al financiamiento impacta en los ingresos de los mismos y en una baja capacidad en su administración.
Debido a ello, en el gobierno federal se implementó un programa por medio de la Secretaría de Economía, denominado “Mi Tortilla”, destinando recursos del Fondo Pyme cuyo objetivo es la modernización de la industria de la masa y la tortilla por medio del ordenamiento, de la reducción en el costo de los insumos y de la inversión en nuevas tecnologías, en síntesis una modernización tecnológica, administrativa y comercial.
Los pilares de esta modernización fueron el financiamiento y la capacitación sustentado en el ahorro de energía y tecnologías parta disminuir la contaminación; el incremento de la productividad; nuevas tecnologías para la producción; integración y agrupamiento; diversificación de productos; cumplimiento de la norma y la modernización comercial.
Sin embargo en un importante número de tortillerías en todo el país no han tenido la posibilidad de acceso a los recursos del fondo Pyme, además de que quienes han conseguido recursos del mismo no han sido debidamente capacitados o la capacitación no se concluyó.
Es importante señalar que el Fondo Pyme tiene como uno de sus objetivos que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen en ventas, en empleo, mejoren la productividad, aumenten la competitividad y mejoren su posicionamiento en el mercado, así como el acceso a nuevos mercados, así mismo incrementen la calidad de los productos y/o servicios, tengan una mayor cobertura y una mayor facilidad para hacer negocios
Por otro lado los montos de financiamiento son muy por debajo de las necesidades de las tortillerías en muchos casos ya que existen industriales de la masa y la tortilla que han buscado mayores apoyos de la Secretaría de Economía sin obtener respuesta. Como ejemplo, las Reglas de Operación del Fondo Pyme para este año están autorizando dentro de las “Categorías de Apoyo” en el numeral cuatro “Programas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, en la modalidad de “Formación de Capacidades” un monto máximo de 70 mil pesos por empresa; cuando el precio promedio de una maquina tortilladora es de 170 mil pesos
Por ello es que solicito a esta Soberanía si apoyo para que la Secretaría de Economía implemente las adecuaciones que crea convenientes en las reglas de operación del Fondo Pyme para que los industriales de esta cadena productiva tengas mayores opciones para que sean objeto de los beneficios de este programa, además de consolidar los procesos de capacitación para un mejor servicio a las familias mexicanas en un producto que es fundamental en nuestra alimentación.
Por lo que someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Secretaría de Economía que en las Reglas de Operación del Fondo Pyme, dentro del Programa para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, implemente las adecuaciones necesarias para que los industriales de la cadena productiva maíz-tortilla, se beneficien de manera más amplia y consolidada, de los apoyos que brinda este programa, para la modernización de esa industria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 2013.
Diputado Noé Barrueto Barón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para instruir a la ASF y exhortar al Ejecutivo federal a fin de que se realice una investigación exhaustiva y se determinen las probables responsabilidades en torno de los sobreprecios y retrasos en la conclusión de la obra Túnel Emisor Oriente, a cargo del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Carlos Reyes Gamiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, en su numeral 1, fracción II, y numeral 2, en su fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, cuyos resolutivos se proponen de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:
1. La construcción del Túnel Emisor (TEO) fue publicitada como una de las obras más emblemáticas del pasado sexenio. La publicidad oficial afirmaba que se trataba de la obra de drenaje más grande del mundo y que con la operación de dicho Túnel se daría una solución definitiva a las inundaciones que ocurren en el Valle de México.
2. Desde sus inicios, el TEO fue proyectado con una longitud de 62 km y un diámetro de 7 metros para desalojar un volumen de hasta 150 metros cúbicos por segundo. El proyecto original contemplaba también un portal de salida y 25 lumbreras por donde se introducirán equipos y maquinarias a profundidades que van de los 26 a los 150 metros.
3. En esencia y a la fecha, dichas proyecciones no cambiaron, lo que sí cambió -y por completo- fueron los costos de construcción de la obra, misma que inicialmente se consideró bajo un costo total de 9 mil 595 millones 580 mil pesos para incrementarse hasta 19 mil 546 millones de pesos bajo un escenario de conclusión al 100%, terminación que originalmente estaba contemplada para el 15 de septiembre de 2012 y que fue modificada para el 17 de octubre de 2014.
4. El incremento de los costos y del tiempo de entrega fueron amparados bajo convenios modificatorios del contrato SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD con la autorización de la Secretarias de Hacienda y de la Función Pública del propio gobierno calderonista en beneficio del Consorcio Comisa mismo que integran empresas como Carso, de Carlos Slim, o ICA, de Bernardo Quintana.
5. Ante Comisiones del Congreso, el ex Director General de la Conagua, José Luis Luege Tamargo justifico la prontitud y laxitud de las autorizaciones emitidas para modificar los costos y plazos de terminación de la obra, así como la asignación directa de la misma, como un asunto de seguridad nacional y de imperiosa y urgente necesidad para evitar grandes inundaciones . Incluso en comparecencia efectuada el 30 de agosto de 2011 ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente justificó las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (en el sentido de que eran las empresas constructoras y no la Conagua quienes debieron adquirir los 6 escudos de perforación para la excavación del TEO) argumentando que dicha operación permitiría adelantar los tiempos de entrega previstos para el 2014 ejecutando 6 frentes de obra y con ello evitar subsecuentes inundaciones.
6. En visita de inspección realizada ante la presencia de medios de comunicación nacionales el ex Director General de la Conagua declaró el 26 de octubre de 2011, que el avance de las obras del TEO representaba un 47% del total .
7. A su vez y durante la entrega del primer tramo del TEO que va de la Lumbrera Cero, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero a la Lumbrera Cinco, localizada en el municipio de Ecatepec, ex Director General de la Conagua aseguró el 23 de septiembre de 2012 , que el avance de las obras del TEO alcanzaba el 55% del total . Así lo consignaron los medios de comunicación y el propio Comunicado Oficial de Prensa número 307-12 emitido por la institución el mismo domingo 23 de septiembre.
8. Todo lo anterior cobra relevancia y es motivo de la mayor preocupación y alarma a la luz de la afirmaciones emitidas por el nuevo Director General de Conagua Dr. David Korenfield cuando aseguró categóricamente, - en reunión de trabajo efectuada el pasado jueves 4 de abril ante la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de esta H. Cámara de Diputados - que recibió las obras del TEO con un avance global de apenas el 26% y que dicha obra podrá concluirse sólo hasta el año 2019 ó el 2021 con el respectivo incremento de costos.
Otorgando crédito y el valor que corresponde por Ley a las aseveraciones emitidas por el representante de la máxima autoridad del agua del país se presume y se considera lo siguiente:
I. Que las bitácoras de obra presentadas a la Auditoría Superior de la Federación fueron falseadas a efecto de simular mayores avances a los efectivamente logrados.
II. Que las estimaciones de costos presentadas por las empresas constructoras no corresponden al avance físico de las obras y que los funcionarios responsables de la supervisión y ejecución nunca debieron autorizarlas.
III . Que los sobreprecios asociados a una mayor celeridad de las obras de construcción del TEO representan un quebranto a la hacienda pública de la Federación.
IV - Que existen diversas irregularidades e inconsistencias no detectadas en las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación hacia las Obras del túnel emisor oriente que de igual modo supondrían un quebranto a la Hacienda Pública de la Federación.
V. Que en este caso aplica lo previsto por el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que faculta al Auditor Superior a solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.
VI. Que con el severo retraso de la obras de túnel emisor oriente, los habitantes de la Ciudad de México y principalmente de los municipios de la zona conurbada del Estado de México quedan expuestos a daños patrimoniales como los sufridos durante las inundaciones provocadas por la ocurrencia de lluvias durante los años 2010 y 2011.
Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Cámara de Diputados LXII Legislatura instruye a la Auditoría Superior de la Federación a reformular y ejecutar auditorías a las obras de construcción del túnel emisor oriente en los ejercicios fiscales anteriores al de la cuenta pública actualmente en revisión y determine si ha existido quebranto o daño en perjuicio de la Hacienda Pública Federal así como las responsabilidades consecuentes.
Segundo: La Cámara de Diputados LXII Legislatura, solicita a la Auditoría Superior de la Federación incorpore en su Programa Anual de Auditorías una investigación pormenorizada que compare bitácoras de obra contra avances físicos del “túnel emisor oriente”, así como probables inconsistencias en las estimaciones de costos en la construcción del mismo.
Tercero: La Cámara de Diputados LXII Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública (ó de la autoridad responsable que sustituya a esta dependencia del Ejecutivo en las funciones de fiscalización de la gestión pública y rendición de cuentas) a iniciar una exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades de funcionarios involucrados en la autorización de los sobreprecios de los costos de construcción así como la permisión de los retrasos en la conclusión de la obra “túnel emisor oriente”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado Roberto Carlos Reyes Gamiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, a cargo de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Cristina Ruiz Sandoval, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno esta soberanía la proposición con punto de acuerdo materia del Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primero de noviembre de 2005, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 en la que se designa al 27 de enero, el Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, con la finalidad de recordar al mundo las lecciones adquiridas durante el Holocausto a fin de prevenir actos genocidas futuros.
En la resolución citada anteriormente, se faculta a las oficinas centrales de la organización, así como a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a conmemorar este día, reafirmando que el holocausto resultó en la muerte de un tercio de la población judía, así como otros grupos entre los que destacan gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados, pueblos eslavos como polacos y rusos, y grupos políticos e ideológicos como comunistas y socialistas, entre otros. Al recordar este hecho, la ONU advierte a toda la humanidad sobre los peligros que existen derivados por el odio, la intolerancia, el racismo y el prejuicio.
Ante ello, el 27 de enero fue elegido por este organismo internacional para ser el Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, esto debido a que en esta fecha en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio Nazi, ubicado en Auschwitz-Birkenau.
Conmemoración a nivel internacional
Este 2013, el tema para conmemorar este día fue “rescate durante el holocausto: el valor de proteger”. Los eventos en diferentes Estados miembros fueron desde ceremonias solemnes, hasta proyecciones de películas relativas al tema, aludiendo a los siguientes valores: coraje, compasión, ingenio, cooperación, integridad, responsabilidad social y liderazgo moral.
En Paraguay, conmemoran este día con una ceremonia solemne que tiene lugar en el Congreso Bicamaral del Estado. Esta ceremonia comienza con canciones de Paraguay e Israel, seguidas por un minuto de silencio en honor a las víctimas del holocausto. Posteriormente, un congresista emite unas palabras, al igual que los invitados especiales. En República del Congo se conmemora este día invitando a estudiantes y a la sociedad civil a ver una serie de películas que tiene como finalidad generar conciencia en la sociedad. En Grecia, estudiantes participan en eventos organizados por el Ministerio de Educación. De la misma manera, crean postales que sirven como recordatorio por los peligros de odio, no tolerancia y racismo.
Conmemoración a nivel nacional
En la Ciudad de México se conmemoró este día de diversas maneras: el Centro de Información de Naciones Unidas y diversas organizaciones, incluidas escuelas y centros académicos, organizaron dentro de algunas universidades una exhibición denominada La catástrofe en Europa. De igual manera, se realizaron eventos tanto en el Museo de Antropología e Historia como en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
En la honorable Cámara de Diputados, por primera vez, la Comisión de Relaciones Exteriores impulsó esta efeméride para darle formalismo a un evento que ya se venía realizando en esta soberanía desde al menos 5 años atrás. Este evento tuvo una especial relevancia ya que se convocó a diplomáticos de diversos países involucrados en este hecho, a sobrevivientes del holocausto, a organizaciones de la sociedad civil y desde luego a legisladores federales y locales.
La conmemoración en este año tuvo una especial relevancia para México ya que la Comisión de Relaciones Exteriores destacó la notable participación del diplomático mexicano, Gilberto Bosques Saldívar, cónsul general de nuestro país en Francia de 1939 a 1944, posición desde la que ayudó a huir del régimen franquista y nazi a refugiados españoles republicanos, judíos franceses, libaneses y otros perseguidos, entre ellos líderes políticos europeos de oposición y miembros de la resistencia antifascista, ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana. Todo ello en el tenor del tema de este año que fue “rescate durante el holocausto: el valor de proteger”.
Ante ello, vale la pena reconocer que el 9 de septiembre de 2010, el Senado de la República acordó la celebración del 27 de enero de cada año, a partir de 2011, con la finalidad de realizar una ceremonia con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las Víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar. Esta moción fue impulsada por senadores que cumplieron su mandato pero que hoy son legisladores en esta honorable Cámara de Diputados.
Como se ha mencionado anteriormente, México no ha pasado por alto tan lamentable suceso, pues en ese día reiteramos nuestra fidelidad a los derechos humanos; este impactante suceso histórico no basta con sólo recordarlo, debemos de crear una cultura para que las nuevas generaciones reafirmen su compromiso con los derechos humanos y fomentar a que todos los pueblos gocen, promuevan, y defiendan los citados derechos, pues toda persona que tenga conocimiento de la historia, sin lugar a dudas, evitará a toda costa otro suceso como éstos que marcaron por siempre a la humanidad.
Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que en el marco de sus atribuciones promueva que la Comisión de Relaciones Exteriores, en coadyuvancia con la Comisión de Derechos Humanos, estimule la conmemoración anual y de manera permanente en este Palacio Legislativo de San Lázaro del 27 de enero en términos de la resolución número A/RES/60/7 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2005.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 16 de abril de 2013.
Diputados: Eloy Cantú Segovia, Cristina Ruiz Sandoval, Miriam Cárdenas Cantú, Adriana Hernández Íñiguez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y al Fideicomiso México Emprende a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 6, 79 y 156 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, entregue al gobierno del estado de Oaxaca, los recursos federales comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 19 de agosto de 2011, el gobierno federal puso en marcha el Fondo Migrante, con el objeto de asignar recursos a proyectos productivos en las regiones del país que presentan los índices más dramáticos de migración, relacionada con la pobreza y condiciones de nulo o bajo desarrollo.
Este fondo se integra de una garantía aportada por el Fideicomiso México Emprende que asciende a 50 millones de pesos, mismos que proporcionarán una derrama total de hasta 500 millones de pesos en créditos productivos para el emprendimiento de negocios en estas regiones.
Para el estado de Oaxaca se tienen etiquetados de este fondo, recursos por un total de 18.4 millones de pesos, de los cuales, 9.9 millones están destinados al beneficio de mil 380 trabajadores migrantes y sus familias, y se prevé sean aplicados para el desarrollo de proyectos productivos y 8.5 millones de pesos a la indemnización de 858 ex trabajadores migrantes.
De esta forma, los recursos beneficiarán a aproximadamente 60 por ciento de la población migrante en Oaxaca, estimada en 4 mil 470.
A partir de diciembre de 2012, con el objetivo de dar cumplimiento a estos compromisos en Oaxaca, el gobierno del estado inició la entrega de apoyos con recursos estatales, previendo la llegada de los recursos federales comprometidos.
Sin embargo, hasta abril de 2013, ni la Secretaría de Economía ni el Fideicomiso México Emprende, han entregado estos recursos como se tenía previsto.
Esta situación no es sostenible y atenta contra el desarrollo de los programas sociales en el estado.
La Cámara de Diputados debe vigilar que los recursos etiquetados se asignen a los objetivos comprometidos en los programas en tiempo y forma, por lo que someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, la asignación inmediata de los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicha entrega se realizará sin dilación y de forma expedita, para el cabal cumplimiento del programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a sumarse al esfuerzo del GDF que, con la delegación Iztapalapa, ha invertido para resolver el problema del agua en la demarcación, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la Delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación. Todo ello en atención a las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Primera. Durante la presentación del Programa de Acción en Materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, el jefe de gobierno del Distrito Federal anunció que se invertirán de 300 a 320 millones de pesos anuales para resolver de manera definitiva el problema del agua en la delegación Iztapalapa.
Para ello, se informó que se encuentran ya trabajando de manera conjunta el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, licenciado Ramón Aguirre, y el licenciado Jesús Valencia, jefe delegacional, todo ello con base a una serie de acciones establecidas en el programa Decisiones por colonia” del que se derivan 13 puntos de trabajo, que consisten en:
Adicionalmente, el licenciado Jesús Valencia, titular de la delegación Iztapalapa, informó que, aparte de los recursos aportados por la delegación para esta estrategia conjunta con el GDF, su gobierno invertirá 200 millones de pesos para distintos problemas relacionados con el tema del agua.
Segunda. La delegación Iztapalapa es la demarcación más poblada del Distrito Federal; incluso a nivel municipal es la de mayor número de habitantes en el país. Esta demarcación supera en población a 10 estados de la República Mexicana; incluso si hacemos un comparativo a nivel internacional, sobrepasa la población de países como Chipre, Estonia y Montenegro, por mencionar sólo algunos.
Es innegable el impacto que sobre la población de esta delegación tendrá la solución de un problema anejo como lo es el del agua; hablamos de un problema que es ya histórico para el mayor núcleo poblacional del país; de esta manera el ejercicio de recursos federales, estatales y municipales o delegacionales se justifican tan sólo atendiendo a este único criterio poblacional.
Tercera. La referida delegación comprende un territorio de 116 kilómetros cuadrados, de los cuales kilómetros cuadrados se encuentra en riesgo ya que presenta grietas, (es decir, el 30 por ciento de su territorio); en estas zonas se registran hundimientos de 20 a 40 centímetros de por año; este problema afecta a más de 14 mil viviendas, de las cuales aproximadamente mil 200, por su condición, están consideradas como de alto riesgo.1
Existe ya un consenso generalizado por parte de los expertos de considerar que el problema de las grietas en Iztapalapa tiene que ver con la excesiva extracción de líquido que se hace a través de pozos profundos en el subsuelo. La delegación cuenta con 78 pozos de los cuales proporcionan aproximadamente el 50 por ciento del suministro; y aunque esta cantidad del líquido resulta en suma insuficiente para atender las imperiosas necesidades que se tienen la materia, si provocan muchas alteridades negativas de hundimiento de suelos y agrietamientos en diversas zonas de la delegación, haciendo del problema de agua y las grietas un gran dilema. El problema se agrava debido a que muchos de los pozos que abastecen a Iztapalapa tienen una profundidad de 400 metros y cada día aportan menos volúmenes.2 Es decir, no se están recargando los mantos freáticos debido a las sequias que hemos sufrido durante los últimos años. En Iztapalapa el futuro nos ha alcanzado y nosotros somos incapaces de mirar la magnitud del problema.
Adicionalmente a ello, actualmente la delegación cuenta con una red secundaria de agua potable que ya presenta obsolescencia ya que en su mayoría tiene una antigüedad de más de 35 años. Sobre todo en las zonas donde se presentan grietas, estas exhiben diversos grados de deterioro provocando fugas que generan la pérdida de una importante cantidad del vital líquido; por otra parte, debido a la ubicación geográfica de la Delegación, existen zonas altas donde no llega el suministro de agua por las bajas presiones en las líneas principales; año con año se presenta el estiaje que origina una mayor escasez afectando a una parte importante de la población.
Cuarta. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la disponibilidad natural media per cápita de quienes vivimos en el Valle de México se considera extremadamente baja ya que es de apenas 74 metros cúbicos, es decir, 74 mil litros por habitante al año. Esta cifra es casi la mitad de la media nacional, que es de 136 metros cúbicos por habitante al año. Si tomamos en cuenta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que una disponibilidad inferior a los 1,700 metros cúbicos por hab/año se considera una situación de estrés hídrico, situación que compromete la salud, seguridad alimentaria, desarrollo económico y la protección de la ecología de la región. Esta situación coloca a la metrópoli en condiciones similares a las de países en los que sus habitantes conviven cotidianamente en regiones semidesérticas o desérticas.
Aunado a lo anterior la inequidad del agua en el Distrito Federal es notoria ya que; “...mientras las delegaciones del sur de la ciudad reciben cerca de 300 litros diarios por habitante; a Iztapalapa o Tláhuac llegan 100 litros por día y, en algunos casos, no se alcanza esta cifra...”, indicó Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapalapa de la UAM.3
Las cifras reportan que en Iztapalapa el desabasto de agua afecta aproximadamente a 80 mil familias de 59 colonias, aparte de la inequidad en el servicio y de no contar con infraestructura, hay familias que aún teniendo acceso domiciliario al agua potable el suministro es esporádico. Los estudios realizados por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, exponen el problema “...desde hace años el suministro del agua se lleva a cabo mediante tandeo, es decir, hay quienes reciben el vital líquido sólo algunos días a la semana, y en otros casos tienen que esperar más de una semana para que llegue el agua potable a sus viviendas...”.4
Quinta. De acuerdo al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, existe una demanda, en la delegación Iztapalapa de 6 mil 230 litros por segundo y una oferta de 5 mil 400 litros por segundo, es decir, hay un déficit difícil de solucionar, donde todos los niveles de gobierno deben de actuar. El tema no sólo es de competencia delegacional o del Distrito Federal, sino que este por sus dimensiones e impacto compete sobre todo al gobierno federal.
Consciente de que el problema necesita de mayor apoyo, el licenciado Jesús Valencia, jefe delegacional de Iztapalapa, hace un llamado al Ejecutivo federal: “En Iztapalapa no sólo tenemos hambre, tenemos sed” y propuso que 1 por ciento del dinero destinado a la Cruzada por el Hambre se invierta en infraestructura hidráulica.5
Séptima. Por lo anterior, creemos que el Ejecutivo Federal está de acuerdo en que el vital líquido debe de contribuir al desarrollo económico, social y sustentable del país, y que no sólo basta fortalecer y reequipar el sistema Cutzamala6 , acción que está considerada como un “asunto de seguridad nacional”. Por ello, por este medio se hace un respetuoso llamado a las instancias responsables del tema en el gobierno federal a sumarse a las acciones adicionales que plantea el jefe de gobierno capitalino ya que los habitantes de la Ciudad de México, en especial los vecinos de la Delegación Iztapalapa, no quieren el agua gratis sino que este sea surtida efectivamente en sus casas por medio de la red pública y que esta sea de calidad.
Es momento de aprovechar las sinergias positivas y trabajar en equipo para la resolución de este problema; hoy en día que la delegación y el gobierno del Distrito Federal suman esfuerzos es menester invitar al gobierno federal para que se sume a esta iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del distrito federal, quien, en coordinación con la delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación.
Notas
1 http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/iztapalapa_grietas.pdf
2 José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Periódico El Universal, Ciudad de México martes 13 de octubre de 2009.
3 http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsd.aspx?pid=2210&return Url=javascript: history. go (-1)&repositoryUrl=noticiaslistado.aspx
4 “...el 14.39 por ciento de los habitantes del Distrito Federal, es decir, un millón 255 mil 326 capitalinos, carecen de agua potable en sus viviendas y más de un millón 443 mil reciben el vital líquido de manera irregular.” Primera evaluación a la política de acceso domiciliario al agua potable en la Ciudad de México. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM (2010)
http://www.evalua.df.gob.mx/files/recomendaciones/evalua ciones_finales/inf_agu.pdf
5 El Universal DF. Martes 9 de abril de 2013. Johana Robles.
6 http://www.eluniversal.com.mx/notas/912252.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a anular toda concesión otorgada a la minera canadiense Esperanza Resources Corporation por la afectación ambiental, social y cultural que la explotación a cielo abierto genera en las comunidades circundantes al área arqueológica de Xochicalco, Morelos, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados pertenecientes a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Morelos tiene un gran potencial de minerales no metálicos en gran parte de su territorio, principalmente en las calizas de la formación Morelos, en donde se han instalado 122 plantas para la transformación de estos como las cementeras en Jiutepec y Emiliano Zapata, caleras y plantas de trituración para agregados pétreos y carbonato de calcio en varias partes del estado; en Tilzapotla y Axochiapan se tienen aproximadamente 88 plantas para la calcinación de yeso con capacidades muy variables. En las áreas adyacentes a Cuernavaca existen bancos de basalto, tezontle y otros materiales para ser utilizados en la industria de la construcción, además se cuenta con 11 plantas inactivas. La producción de estos minerales industriales representa un valor importante para el fortalecimiento económico de la entidad. Por ejemplo, el potencial de minerales metálicos se restringe al distrito minero de Huautla, en el municipio de Tlaquiltenango, que fue importante productor de plata y plomo, y que actualmente se encuentra inactivo; además de que en las cercanías de Tilzapotla se tienen manifestaciones de oro; esta condición ha hecho que el estado de Morelos sea la segunda entidad de la república mexicana más afectada ambientalmente por la destrucción de sus ecosistemas naturales.
Morelos ha perdido más del 80 por ciento de bosques y selvas a causa de un desarrollo depredador; después de Tabasco, es el estado más afectado y destruido ambientalmente; ya que anualmente se pierden entre 3 mil y 4 mil hectáreas de ecosistemas nativos, y justamente las minas de oro quieren ser instaladas en un área de importante biodiversidad en excelente estado de conservación, la cual podría perderse para siempre si las empresas mineras se unen a colaborar en la devastación de los escasos ecosistemas que aún quedan en el estado realizando proyectos mineros.
Hoy se encuentra en riesgo la seguridad ambiental, social y cultural de diversas comunidades ubicadas dentro de los municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec, ya que la empresa minera canadiense Esperanza Resources Corporation, pretende crear siete minas de oro a cielo abierto en un área de 15 mil hectáreas alrededor de la zona arqueológica de Xochicalco, la cual es considerada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco (Unesco); la empresa recientemente presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su manifestación de impacto ambiental (MIA) para iniciar dentro de 600 hectáreas la explotación de oro y plata en el cerro El Jumil, que se encuentra a sólo un kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco, y donde existe una importante biodiversidad de flora y fauna, entre las cuales se encuentran especies en riesgo y/o peligro de extinción, además de la existencia de significativos vestigios arqueológicos no revelados.
El proyecto de la mina Esperanza Silver arrasará la región, pues se trata de una mina de tajo abierto, que en términos ambientales y sociales, ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería superficial a cielo abierto, está demostrado que contaminan en tan sólo una hora la misma cantidad de agua que una familia utiliza en 20 años. La explotación pretende desarrollarse, en un inicio, en los cerros El Jumil y Colotepec, en un área de 696.92 hectáreas pertenecientes a la comunidad de Tetlama, Morelos, a medio kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco, lo que es alarmante, en virtud de que la mina causaría un grave impacto al entorno natural y visual de la zona arqueológica, al ser devastados los cerros aledaños, ya que en el norte de Xochicalco existen grandes cavernas cuya conformación hace inestables sus capotas, ya que están formadas por lajas horizontales de rocas, en donde la vibración de las explosiones puede derribar dichas estructuras, lo que demolería una parte importante de la ciudad de Xochicalco, incluido uno de los espacios más representativos de esta región, la cueva del Observatorio, ubicado al norte de la ciudadela.
Asimismo existe un enorme riesgo a la salud de la población, ya que en cada explosión, en el área de tajo, se presentaría una columna de polvo y compuestos de los materiales explosivos utilizados que contaminan el aire con vapores de cianuro, mercurio y dióxido de azufre contenidos en gases residuales, polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones de personas y animales; además de los fuertes estruendos en kilómetros a la redonda, que también representan daños a la salud de los habitantes de la región. Ahora bien, con respecto al manejo de sustancias peligrosas, es necesario mencionar que las minas de explotación a cielo abierto siempre ponen en riesgo a las poblaciones aledañas por los escapes de cianuro al medio ambiente, que pueden ocurrir durante las operaciones de traslado o extracción.
Otra grave afectación, seria a las aguas superficiales, siendo que los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales. Asimismo afectan las aguas subterráneas o freáticas contaminándolas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento. El flujo hídrico (mantos acuíferos), tanto superficial como subterráneo, serían de los recursos naturales más severamente impactados, y esto no sólo por la enorme cantidad de agua que las minas de tajo abierto requieren para la lixiviación del mineral (que se realiza con cianuro), sino también porque una vez terminada la explotación, lo que puede tardar poco más de una década, los remanentes minerales pueden contaminar severamente el agua y los suelos de toda la región. Es importante señalar que el proyecto minero se encuentra muy cerca del río Los Sabinos (algunos tramos se localizan exactamente dentro de la poligonal del proyecto), por lo que la contaminación que generaría la mina tendría consecuencias devastadoras para la biodiversidad y los recursos hídricos de toda la región.
Aunado a toda esta catástrofe, se impactaría la flora y la fauna, causándoles daños irreversibles por la destrucción de su hábitat y contaminación, una región de selva baja caducifolia, un ecosistema maravilloso, que contiene diversas especies de flora y fauna endémicas de la región en peligro de extinción.
Por otra parte, se dañaría el tejido social, situación comprobada en otras regiones en donde se han realizado proyectos de este tipo, provocando conflictos por derechos de utilización de la tierra y dando lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos, ocasionando una problemática social importante; además de que se genera disminución en el trabajo de las labores de agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel de agua por sedimentación.
Por tal motivo, la sociedad morelense exige inmediata acción, y solución eficaz, apelando a la sensibilidad política de quienes pueden dar solución inmediata, a esta problemática para garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de las comunidades de: San Agustín Tetlama, Alpuyeca, Cuentepec, Santa Cruz Milpillas, Coaxcomac, Xochicalco, Loma Bonita, Francisco Villa, Las Flores, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Loma del Encanto, Unidad José María Morelos y Pavón, Unidad Habitacional Jardines de Xochicalco, Humberto Gutiérrez Corona y La Presa, Xochitepec (cabecera municipal). Siendo que el estado de Morelos se encuentra al comienzo de un desastre ecológico sin precedentes, ya que durante los últimos dos sexenios fueron concesionados 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera y otorgados más de 26 mil permisos para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales. Negocio que ha prosperado por la corrupción, pues la extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta a las compañías apenas de 5 a 111 pesos por hectárea, con esto, tales empresas trasnacionales, la mayoría canadienses, encuentran en México una fuente de enriquecimiento, a costa de la destrucción de nuestro país.
Morelos exige al gobierno federal, proteger y conservar los recursos naturales del estado como una necesidad imperiosa, un clamor ciudadano, al cual se le ha dado poca atención.
Los pueblos originarios de Morelos se dedican al campo y son respetuosos de la tierra, el agua y el aire de sus regiones. Sin embargo han visto cómo a lo largo de los años el gobierno ha permitido la entrada a empresas inmobiliarias, de infraestructuras carreteras, autopistas, gasolineras, centros comerciales, basureros, y demás edificaciones que devastan sus tierras, debido a que no hay planeación ni regulación alguna y se asientan en los pueblos allanando y arruinando la tierra y el agua con la que cuentan.
Esas comunidades se vuelven a hacer presentes, manifestamos que el Estado mexicano está violando el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar mediante procedimientos apropiados el proyecto de la Minera Esperanza Resources Corporation, pues no se ha realizado una consulta de todos los pueblos, que de acuerdo a los artículos 13, 14, 15 y 16 del citado convenio los habitantes son los legítimos poseedores legales de las tierras que ocupan de manera ancestral y por ello, el gobierno tiene la obligación de detener el que la minera haga usufructo de sus tierras.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta al Ejecutivo federal a cancelar de inmediato toda concesión otorgada a la empresa minera canadiense Esperanza Resources Corporation, dada la afectación ambiental, social y cultural que genera la explotación de minerales a cielo abierto, en las comunidades que rodean el área arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que gire instrucciones a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, para que se dé marcha atrás en la aprobación del proyecto Mina Esperanza Tetlama, Morelos; y a su vez apoye la propuesta para que el área circundante a la zona arqueológica de Xochicalco sea decretada Área Natural Protegida.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Morelos, y a los presidentes municipales de Temixco, Miacatlán y Xochitepec, a instruir a los funcionarios e instancias correspondientes para que se implementen de manera inmediata, las medidas necesarias que garanticen la seguridad e integridad física de los habitantes, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de los ambientalistas que defienden sus comunidades y la zona arqueológica de Xochicalco, afectadas por el proyecto Mina Esperanza Tetlama, Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputados: Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero.
Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado a la Segob para que colabore en el proceso de normativa democrática entre el gobierno del estado de México y las organizaciones sociales que preserve el desarrollo social, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La paz social se alcanza a través del respeto a los derechos individuales y sociales de las y los mexicanos, es el diálogo el instrumento por excelencia para alcanzar acuerdos y mantener a salvo las obligaciones del estado y los derechos de los ciudadanos.
Otra ruta de estrategia política, en nuestra actualidad, no tiene lugar debido al avance de los ciudadanos y de los mecanismos de política en la que la participación de estos es sustancial para avanzar en el desarrollo humano y colectivo .
Esta Cámara ha propiciado un estado de derecho en el que el equilibrio entre el derecho social y la responsabilidad estatal conviven plenamente en un ambiente de entendimiento público.
Lo ocurrido en los últimos días en el estado de México con la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), nos pone alerta y pone en duda la capacidad política para el alcance de soluciones en el marco de la democracia y el derecho.
Es preocupación de quienes suscribimos el presente acuerdo que la vía de negociación en el estado de México sea la criminalización de sus movimientos y la judicialización de la protesta social por la vía de la persecución de sus dirigentes sociales.
Lo ocurrido a la UPREZ y sus dirigentes no se debe repetir porque ante la nación nos pone como una entidad con escaso avance democrático.
Para motivar el presente acuerdo, reproducimos narrativa de los hechos ocurridos en la segunda quincena del mes de marzo de este año.
El 4 marzo de 2013 dio inicio una marcha del mercado Juárez, de la ciudad de Toluca, a la Plaza de los Mártires, de la misma ciudad, de manera pacífica y ordenada se instaló un plantón permanente, organizado y promovido por la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), solicitando entre otras cosas:
• El reconocimiento de 10 escuelas preparatorias en la entidad.
• Apoyo a grupos de campesinos con la entrega de 10 tractores, insumos para cultivos, invernaderos y créditos para proyectos productivos.
• Salarios para 200 maestros que tienen más de un año sin nombramientos y no han recibido un salario por su trabajo.
• Atención inmediata a la invasión de los predios de Lomas del Parque en Tultitlan, estado de México, y en Aguas Blancas, municipio de los Reyes La Paz. Dichos predios son propiedad de la UPREZ, que adquirió al gobierno del estado de México.
Del 4 al 14 de marzo se ignoraron completamente sus demandas y sólo aparece un desplegado de las mismas.
El 16 de marzo el consejo estatal de la UPREZ, acuerda, dada la indiferencia del gobierno, emprender una marcha en caravana del centro comercial de Santa Fe hasta la ciudad de Toluca el 19 de marzo; el 20 no se sigue con la segunda etapa, de lo acordado, en virtud de que el gobierno del estado anunció una posible apertura de negociaciones políticas para la atención de las demandas.
El 21 la organización reanudó la caravana saliendo de la Marquesa, y a escasos treinta minutos de haber iniciado, relatan testigos de la marcha, el profesor Felipe Rodríguez Aguirre, consejero nacional de la UPREZ, es retenido por un grupo armado, vestido con ropas militares y armas de alto poder, que sin identificarse, lo suben en una camioneta, sin razón social ni placas, que lo acreditará como vehículo oficial.
A las 12:40 horas, de ese mismo día, el compañero Jesús Alejandro Rodríguez Nava se adelanta a la caravana para pedir audiencia con funcionarios del gobierno estatal, y es levantado por un grupo de uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin decirle el motivo por el que lo detenían.
A las 13:30 horas, la organización convocó a una rueda de prensa con una veintena de medios, locales e internacionales, en ella se les explica todo lo ocurrido a sus dirigentes.
A las 20:00 horas se levantó el plantón y la gente se dirigió a sus instalaciones, donde empezaron a operar las medidas legales y políticas para liberar a sus compañeros. El 23 convocaron a una rueda de prensa, haciéndoles una invitación para asistir a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Toluca, en dicha conferencia se habló de la situación legal de los dirigentes y se le invitó a una siguiente para domingo.
El lunes 25 de marzo iniciaron un ayuno de 24 horas a las 10 de la mañana con más de mil compañeros pidiendo la liberación del profesor Felipe; asimismo dieron una rueda de prensa con el Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados.
Acto seguido, iniciaron una marcha del Ángel de la Independencia hacia al Zócalo de la Ciudad de México con más de 500 compañeros de la UPREZ y cerca de 20 organizaciones y grupos políticos que apoyaron de manera impetuosa e indignados por la forma en la que se resuelven las demandas del pueblo, por el gobierno estatal y federal.
El jueves 29 de marzo a las 23:25 horas, bajo fianza de aproximadamente 80 mil pesos, eliminando el delito de asociación delictuosa y culpándolo por ataques a las vías de comunicación con la agravante de pandillerismo, es liberado el profesor Felipe Rodríguez Aguirre.
Lo anteriormente expuesto nos debe preocupar y ocupar a todas y todos los actores sociales; ya que las formas de gobierno que se deben imitar son aquellas que llevan paz y desarrollo social y humano a los pueblos, haciendo gobernantes y representantes responsables y con altura de la historia de la nación.
Por lo que, quienes suscribimos, presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque el diálogo y el respeto a los derechos civiles y políticos sean el marco de la atención de los movimientos sociales organizados y pacíficos.
Segundo. La Cámara de Diputados hace un exhorto al gobierno federal para que coadyuve al restablecimiento de la normalidad social, desistiéndose por medio de la Procuraduría General de la República de la acción penal, así como de las diversas investigaciones en contra de los compañeros Felipe Rodríguez Aguirre, Jesús Alejandro Rodríguez Nava y de cualquier otro compañero dirigente o militante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata que resulten de estos hechos.
Tercero. Este órgano del Poder Legislativo federal, hace un llamado a la Secretaría de Gobernación a que intervenga coadyuvando en la instalación de una mesa de negociación de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata con el gobierno del estado de México que atiendan puntualmente el pliego petitorio que dio origen a los hechos aquí expuestos, asimismo siendo garante de los acuerdos alcanzados.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de conductor de la política nacional, a que la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atiendan puntualmente los requerimientos sociales de la organización.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Loretta Ortíz Ahlf (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Rosa Elía Romero Guzmán (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), José Humberto Vega Vazquez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Víctor Manuel Bautista López (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Delfina Guzmán Díaz (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a instruir a los titulares de la Sagarpa, de la Conagua, de la Semarnat, de la SHCP, de la Ssa y del Sistema Nacional de Protección Civil para que solucionen el azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, en Tututepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputadas y diputados en la LXII Legislatura, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Hugo Jarquín, Mario Rafael Méndez Martínez, Gloria Bautista Cuevas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Domitilo Posadas Hernández, Javier Orihuela García, Pedro Porras Pérez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Eva Diego Cruz, Yesenia Nolasco Ramírez, Cristal Tovar Aragón, Guadalupe Flores Salazar, Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática y Aída Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, Tututepec, Oaxaca.
Consideraciones
Las diversas características topográficas, climáticas y geológicas que se presentan en Oaxaca han permitido el desarrollo de una importante biodiversidad de ecosistemas que proporcionan muchos beneficios ambientales, económicos y sociales.
Las zonas de protección ecológica son reservas estratégicas que tienen una función social, ambiental y económica y es en función del interés público que se establece su protección, ya que garantizan la prestación de servicios ambientales que aseguran la calidad del aire que respiramos, la regulación del clima, la infiltración del agua pluvial para reabastecer nuestros mantos acuíferos, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo.
Las lagunas costeras están consideradas como los recursos acuáticos más valiosos, debido a sus especiales mecanismos ecológicos y flujos de energía. De aquí que el conocimiento de la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la ecología litoral, se constituyan en una pieza fundamental para la mejor comprensión en el manejo y planificación de estos recursos naturales.
Las lagunas están estrechamente ligadas en su mayoría con bosques de manglar, este es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta. Las costas de América Latina, desde México hasta el Perú se benefician de la presencia de este ecosistema, en algunas regiones del continente americano se les denomina bosques salados, por estar compuestos principalmente por especies halófitas, es decir, especies vegetales tolerantes y sujetas a inundaciones de agua salada, como los mangles.
Los manglares son especies leñosas de gran productividad biótica, que crecen y se desarrollan en zonas intermareales y terrenos anegados de los deltas y estuarios litorales, y se localizan sobre suelos salinos, arenosos, fangosos, arcillosos, con poco oxígeno y a veces ácidos, por lo que constituyen un ecosistema irremplazable y único, que alberga a una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo. Estos bosques desempeñan tareas importantes que permiten un equilibrio natural, tales como el control de inundaciones, estabilizan la línea costera o control de erosión, retención de sedimentos y sustancias tóxicas purificando el agua que llega al mar, desalinización del agua que ingresa a tierra firme, fuente de materia orgánica, producción de hojarasca y exportación de biomasa, protección contra tormentas o cortina rompevientos y estabilización de microclimas, además son un paliativo contra posibles cambios climáticos no sólo por ser fijadores de CO2, sino porque el manglar inmoviliza grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica, atrapan contaminantes tales como compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados, también purifican las aguas cloacales transportadas por los afluentes, disminuyen el cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido nitroso (gas de efecto invernadero) producto de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica a óxido nítrico o a nitrógeno molecular respectivamente.
Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 24 años, México ha perdido más de 75 por ciento de sus manglares, en 2007, según el Inventario Nacional de Manglares elaborado por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, a México le quedan 650 mil hectáreas de dichos humedales.
Las lagunas están estrechamente ligadas en su mayoría con bosques de manglar, que constituyen hábitats particularmente ricos para la avifauna (los manglares son áreas imprescindibles y estratégicas en la migración de aves provenientes de Canadá y Estados Unidos), reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas y mamíferos.
Los hábitat acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ambiental, ya que cuentan con ricos ecosistemas lagunares y una gran biodiversidad marina. Arrecifes, lagunas, pantanos y manglares se constituyen en complicados sistemas ribereños que no sólo representan a los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas tróficas marinas.
Además estos ecosistemas lagunares concentran un alto grado de endemismos y generalmente también son importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. Estos ecosistemas son los mecanismos más importantes de productividad primaria neta, la cual, se debe principalmente a la generación de biomasa directamente relacionada con el aprovechamiento de la energía solar, la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, a la presencia de diferentes fuentes de energía provenientes de diversos productores primarios, así como también a un eficiente intercambio de materiales con el mar y los ríos a través del efecto combinado de corrientes, vientos y mareas. Es por esto que las lagunas costeras, estuarios y ecosistemas de manglar están ampliamente reconocidos entre los 5 ecosistemas más productivos de la biosfera.
El parque nacional Lagunas de Chacahua, situado en la costa de Oaxaca, abarca 132 mil 73 kilómetros cuadrados, unos 30 kilómetros cuadrados están ocupados por varias lagunas como la de Chacahua, la de La Pastoría y Las Salinas o Tianguisto.
El 9 de julio de 1937, el presidente de la República general Lázaro Cárdenas del Río emitió el decreto que declaró parque nacional “Lagunas de Chacahua”, en donde se precisó lo siguiente:
Artículo Primero. Se declara parque nacional, con el nombre de Lagunas de Chacahua, los terrenos de la costa occidental del estado de Oaxaca, que comprenden la bahía y laguna de Chacahua y las lagunas de Tianguisto y Pastoría, cuyos linderos se expresan a continuación: Tomando como origen en un punto situado sobre la margen izquierda del río Verde, a trescientos metros al sur del caserío de Charco Redondo, se traza una recta hacia el oriente, franco astronómico, hasta encontrar el lindero de la hacienda de Charco Redondo de la Compañía Agrícola de Río Verde, con los terrenos de la Asociación de Tututepec. De aquí se sigue hacia el suroeste sobre el lindero de los predios antes indicados hasta llegar a una distancia de un kilómetro, tierra adentro, de la laguna de Chacahua. De aquí, continuando entre los terrenos de la Asociación de Tututepec, se trazará una línea paralela al contorno de una parte de la laguna de Chacahua, y de toda la laguna de La Pastoría, de tal manera, que se tome una faja de tierra de un kilómetro de anchura alrededor de aquella laguna, tierra adentro, continuando aquella línea sinuosa a la distancia de un kilómetro al oriente de la orilla de mar, hasta llegar a la falda del Cerro Hermoso, al océano Pacífico. De este punto se seguirá por la costa del mar, con rumbo dominante oeste, hasta encontrar la desembocadura del río Verde, de donde se continuará por la margen izquierda del mismo río aguas arriba, hasta encontrar el punto de partida. Artículo Segundo. El Departamento Forestal y de Caza y Pesca, tendrá bajo su dominio el gobierno y administración de este parque nacional, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a los gastos y productos que el mencionado gobierno y administración ocasionen.
Artículo Tercero. Los terrenos comprendidos dentro de los límites que fija el artículo primero del presente decreto, quedarán en posesión de sus dueños en tanto cumplan con los ordenamientos que sobre el particular dicte el Servicio Forestal en beneficio del parque nacional a que se refiere este decreto.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha publicado múltiples investigaciones científicas sobre los sitios de humedales con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, dentro de los cuales se encuentra el sistema lagunar Chacahua-Pastoría. La descripción técnica demuestra que cumple la función de corredor biológico, es decir, funciona como un corredor entre los sistemas lagunares de Manialtepec-Lagartero-Chacahua-Corralero, representa un corredor para aves acuáticas migratorias además de que el río Verde permite una conexión hidrológica con los humedales de esta región, además de pertenecer a los conocidos Sitios Ramsar, protegidos por la Convención sobre las Humedales de Importancia Internacional, de UNESCO.
El sistema lagunar Chacahua-Pastoría cuenta con una superficie de 4 mil 260 hectáreas, de las cuales 2 mil 261 hectáreas corresponden a la laguna Pastoría con profundidades entre 0.5 y 5.0 metros. La laguna Pastoría está comunicada con el mar por medio de un canal de 1.5 kilómetros de longitud y ancho promedio de 50 metros. Donde se encuentra la boca de Cerro Hermoso, en la cual radica el problema que afecta al parque nacional de lagunas de Chacahua.
En 1972, se construyó una escollera este, con una longitud de 112 metros, para mejorar la estabilidad de la boca barra. Entre 1996 y 1998, por primera vez se solicita el dragado de la boca barra Cerro Hermoso para darle mantenimiento.
En agosto de 2003, Sagarpa y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, autorizaron el proyecto “Rehabilitación de la escollera y construcción de espigones en la Boca de Cerro Hermoso” con el fin de incrementar la producción pesquera, dichas acciones beneficiarían a 464 familias de pescadores que supuestamente capturarían 530 toneladas anuales de especies pesqueras, con valor de 5.3 millones de pesos, pero contrario a lo previsto en su lugar las obras implicaron una catástrofe ecológica y el desastre económico para la comunidad. El proyecto se llevó a cabo entre los años 2004 y 2006; al terminar las obras de construcción se observa un banco de arena en la boca de Cerro Hermoso, por lo que a finales de 2006 se cierra totalmente la boca barra de Cerro Hermoso.
Resulta evidente que la planeación y ejecución del proyecto, lejos de arrojar los resultados anunciados, fue lo que directamente provocó el acumulamiento de arena, iniciando así la catástrofe ambiental que en estos momentos acosa al parque nacional.
Al cerrarse la boca barra de Cerro Hermoso de manera permanente, se interrumpió el ciclo natural de este ecosistema, ya que sin ese desemboque natural, las aguas del mar y la laguna ya no se juntan, la bocabarra ya no se abre y cierra para dar movilidad al agua estacionada, impidiendo así la oxigenación de las aguas del sistema lagunar, acontecimiento indispensable para el desarrollo de todas las especies que ahí habitan.
El 13 de marzo de 2008, se registró en la laguna de La Pastoría, la muerte masiva de peces de diferentes especies por asfixia. Acontecimiento que se repitió el 25 de mayo de 2012, donde se registro la mortalidad de aproximadamente cuatro toneladas de peces de distintas especies, además de la muerte de varias especies de aves con actividades acuáticas, la causa fue una bacteria encontrada en la laguna de La Pastoría, de nombre Cochlodinium polykrikoides, el diagnostico fue realizado por la Conagua, la Secretaría de Salud, la Universidad del Mar y el Comité Oaxaqueño de Sanidad Inocuidad y Acuícola.
Estos hechos volvieron a presentarse el 25, 26 y 27 de febrero de 2013, donde nuevamente se registró la mortandad masiva de peces de diferentes especies.
A principios de marzo de este año, personal de la Conagua realizó estudios con la finalidad de medir la oxigenación del agua de la laguna Pastoría y el resultado fue cero, es decir, no existe más oxigeno en dichas aguas, razón que justifica la mortandad de miles de peces y la extinción de varias especies.
A estos acontecimientos negativos se le suma además, la extinción de la flora y fauna como el mangle rojo que actúa como oxigenante, aves migratorias, camarones, tichindas, almejas y gran variedad de peces que eran el sostén de cientos de familias de pescadores y de restauranteros de la zona.
La negligencia de la dependencia federal ha ocasionado un derrame turístico y económico, irreversible, ya que la bahía natural de Cerro Hermoso desapareció totalmente del corredor turístico costero, quedando en su lugar únicamente un desierto de arena. Lejos de tomar las acciones pertinentes para contrarrestar su negligencia, en 2010 la Semarnat declara oficialmente cerrada la boca barra de Cerro Hermoso.
Estos acontecimientos obligaron a acrecentar aún más el fenómeno de migración en la zona, ya que sin poder realizar la principal actividad económica de la zona, que es la pesca, los habitantes se están viendo obligados a buscar nuevas formas de vida, ya que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades federales desde que empezó esta problemática en el año 2006, por lo que se ven forzados a irse al extranjero.
Cabe mencionar que la bahía de Cerro Hermoso acogía anualmente a miles de turistas nacionales y extranjeros que llegaban a admirar el inigualable ecosistema, que tristemente está desapareciendo ante los ojos de los pobladores que ahí quedan y de las autoridades que han omitido reiteradamente las acciones para el rescate del parque nacional.
En las dos legislaciones anteriores, la LX y LXI, fueron presentados puntos de acuerdo por parte de los diputados del distrito 11 de Oaxaca, distrito donde se encuentra el parque nacional Lagunas de Chacahua, ambos puntos de acuerdo exhortan a la Semarnat a que realice las acciones necesarias para el desazolve de la boca barra de Cerro Hermoso. La comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, vía dictamen, el 27 de mayo de 2009, exhortó a la Semarnat para que realizara las acciones urgentes para rescatar la población de manglares del parque nacional Chacahua en la laguna de Cerro Hermoso en las costas de Oaxaca y destine recursos para el desazolve. Ésta resolución fue retomada en dictamen por parte de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos en la LXI Legislatura, donde en dictamen resolvió: “Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los titulares de Sagarpa, Semarnat, Conagua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como del Sistema Nacional de Protección Civil, a que atiendan las resoluciones emitidas el miércoles 27 de mayo del 2009 por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, del honorable Congreso de la Unión”.
Después de estas acciones legislativas por parte de la honorable Cámara de Diputados y sin obtener respuesta alguna durante las dos legislaturas anteriores para la solución del grave problema, resulta necesario y emergente, realizar las acciones pertinentes para rescatar este importante ecosistema para nuestro país y el mundo, ya que como se ha constatado, esta situación de catástrofe se ha venido acrecentando al paso de los años, causando irreparables daños a nuestro ecosistema, debido a una mala planeación de un espigón, que afectó irreversiblemente los ecosistemas de la región, creando un tremendo daño a la flora y fauna de ese parque nacional y directamente la actividad pesquera y turística de las comunidades ribereñas como las comunidades de Zapotalito y Cerro Hermoso, al transformarse su paraíso en una zona fétida e insalubre.
Reiteramos la importancia de la atención que merece este asunto por parte del presidente de la República, debido a que de no atenderse, puede convertirse en un problema también de salubridad grave para los habitantes de la zona lagunar y de consecuencias lamentables, ya que se están generando bacterias en el agua estancada durante estos casi 8 años de desatención por parte del Ejecutivo federal. Es preciso señalar que el artículo 5o., fracción III, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que es facultad de la federación: “La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier estado.
Por otra parte, la norma oficial mexicana establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar (NOM-022-SEMARNAT-2003).
Refieren los habitantes de la agencia municipal del Zapotalito que en 2012 tuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Conagua y el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, entre otras instancias involucradas, sin que a la fecha haya avances.
En el problema de la Pastoría está de por medio la sobrevivencia de cientos de familias, su trabajo, su salud y alimentación. De ahí la importancia de reparar el daño ecológico de la laguna que se encuentra taponada ante los pésimos trabajos de dragado y ubicación de escolleras, siendo esta la zona de transición entre la laguna y el mar.
Los argumentos expuestos sustentan la exigencia del desazolve de la boca barra de Cerro Hermoso. Dado que aún no se han tomado las acciones necesarias, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua, de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, Tututepec, Oaxaca.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que realice una investigación sobre los hechos probablemente constitutivos de violación a los derechos humanos de los habitantes residentes en la zona en torno a la laguna de La Pastoría, ubicada en el parque nacional Lagunas de Chacahua, en las costas de Oaxaca.
Tercero. Se declare en estado de desastre natural la zona que comprende la laguna de La Pastoría, que se encuentra dentro del parque nacional Lagunas de Chacahua.
Cuarto. Se genere un fondo de emergencia, por parte del Ejecutivo federal, con la finalidad de atender de la manera más pronta y eficiente el desastre ecológico que está destruyendo el parque nacional Lagunas de Chacahua.
Palacio Legislativo, a 16 de abril de 2013.
Diputados: Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Hugo Jarquín, Mario Rafael Méndez Martínez, Gloria Bautista Cuevas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Domitilo Posadas Hernández, Javier Orihuela García, Pedro Porras Pérez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Eva Diego Cruz, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Yesenia Nolasco Ramírez, Crystal Tovar Aragón, Guadalupe Flores Salazar, Carlos de Jesús Alejandro (rúbricas).