Comunicaciones oficiales
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Comunicaciones oficiales

Del diputado Carlos de Jesús Alejandro

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2013.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

LXII Legislatura

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para comunicarle la decisión de retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de un servidor, presentada el 6 de febrero de 2013, misma que fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión de Asuntos Indígenas; por lo anterior le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se haga el trámite correspondiente en tiempo y forma.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)


Del diputado Ricardo Monreal Ávila

México, DF, a 11 de abril de 2013.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

Presente

De conformidad con el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi iniciativa que reforma el artículo 3o. y adiciona los artículos 2-Bis y 4-Bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada el día 7 de febrero de 2013 y turnada a la Comisión de Justicia.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, dos con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

México, DF, a 11 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1285 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/ 027 /2013 suscrito por José María Tapia Franco, director general para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a que se emita la declaratoria de emergencia y a liberar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, para los municipios de los estados de Guanajuato y Michoacán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica)

Titular de la Unidad


México, DF., a 11 de abril de 2013.

Héctor Hugo Olivares Ventura

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio SEL/300/224/13, de fecha 21 de marzo del año en curso, enviado por el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, dirigido inicialmente a la Coordinación General de Protección Civil -hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil- (CNPC)1 , por medio del cual el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace del conocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2013, y en cuyo punto resolutivo primero se señala:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia correspondiente para los 22 municipios del estado de Guanajuato y municipios del estado de Michoacán, afectados por las heladas, para que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, para la atención de necesidades alimenticias, de abrigo y de salud a la población afectada en términos similares al tratamiento que se dio a las afectaciones provocadas por las heladas que sufrió el estado de Sinaloa...”

Sobre el particular, y considerando que la solicitud que nos ocupa fuera turnada a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales -hoy Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR)2 con la finalidad de que se brindara a la misma la atención correspondiente, nos permitimos efectuar las consideraciones siguientes, mismas que se emiten en el ámbito de las atribuciones y competencia que el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación otorga a esta unidad administrativa:

Si bien es cierto, en el marco del instrumento del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), denominado Fondo para la Atención de Emergencias Fonden se autoriza la adquisición de suministros de auxilio3 (insumos) para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores, comunicamos que la autorización de tales se encuentra invariablemente sujeta al procedimiento establecido para esos efectos en el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN” 4 (en lo sucesivo los Lineamientos), que es del tenor siguiente:

• Primeramente, diremos que de conformidad con el artículo 5 de los lineamientos, los fenómenos naturales perturbadores cuya ocurrencia permite que las entidades federativas soliciten a la Segob una declaratoria de emergencia, y así acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, son los siguientes:

Geológicos: a) Alud; b) Erupción volcánica; c) Hundimiento; d) Maremoto; e) Movimiento de ladera; f) Ola extrema; g) Sismo, y h) Subsidencia5 .

Meteorológicos e hidrometeorológicos: a) Tormenta tropical; b) Huracán; c) Vientos fuertes; d) Lluvia severa; e) Nevada severa; f) Granizada severa; g) Helada severa; h) Inundación fluvial; i) Inundación pluvial, y j) Tomado.

Otros: Incendio forestal.

• El artículo 9 de los lineamientos establece la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la CNPC, de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, el periodo específico de la ocurrencia del mismo y, en su caso, una descripción de la situación de emergencia; los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la; población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 8 de los lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

• Hecho lo anterior, y una vez recibida la solicitud, la CNPC la remitirá inmediatamente a la instancia técnica facultada que corresponda6 , a efecto de que corrobore la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador que puede generar una situación de emergencia en los municipios u órganos político-administrativos incluidos en la solicitud (artículo 10fracción I de los Lineamientos).

• La instancia técnica facultada, una vez recibidos los documentos mencionados, enviará su dictamen técnico a la CNPC en un término máximo de 2 días hábiles, corroborando o no la existencia del fenómeno natural perturbador que puede generar una situación de emergencia, precisando para ello los municipios u órganos político-administrativos considerados (artículo 10 fracción II de los Lineamientos).

De lo anterior, se desprende que aun cuando las entidades federativas son, en una primera instancia, las encargadas de incluir en sus correspondientes solicitudes de Declaratoria de Emergencia, los municipios u órganos político-administrativos que, consideren, se encuentran de manera particular ante la situación de Emergencia de que se trate, atentos a lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de los propios Lineamientos, corresponderá de manera exclusiva a las instancias técnicas facultadas el corroborar mediante dictamen técnico enviado a la CNPC, la existencia de un fenómeno natural perturbador que puede generar una situación de Emergencia en una fecha y lugar determinado (lo cual implica que no necesariamente todos los municipios u órganos político-administrativos incluidos en una solicitud de Declaratoria de Emergencia podrían ser corroborados como afectados por un fenómeno natural perturbador).

• En caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CNPC a más tardar al día siguiente de recibido el mismo, emitirá la Declaratoria de Emergencia, que se difundirá a través de un boletín de prensa y por cualquier medio de comunicación disponible, e informará a la entidad federativa solicitante del contenido del mismo y, en su caso, a la dependencia o entidad federal que se considere necesario (artículo 10 fracción III de los Lineamientos).

• Asimismo, la CNPC contará con seis días hábiles siguientes a la emisión del boletín de prensa a que se refiere el punto anterior, para publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Emergencia de que se trate (artículo 10 fracción IV de los Lineamientos).

Como puede apreciarse, la labor que desempeña la CNPC en el marco de los Lineamientos, se circunscribe a la emisión de la Declaratoria de Emergencia (con base en el dictamen técnico enviado) a través de Boletín de Prensa ya su correspondiente publicación en el DOF, procediendo a declarar como zona de emergencia única y exclusivamente a los municipios que, habiendo sido incluidos en una solicitud de Declaratoria de Emergencia fueron corroborados por la Instancia Técnica Facultada respectiva, como municipios que han sido o pueden ser afectados por la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador.

• La Dirección General de Protección Civil (Unidad Administrativa adscrita la CNPC), dentro de las 24 horas a partir de la difusión del boletín de prensa, enviará a la DGGR un reporte de la cantidad estimada de población vulnerable afectada o susceptible de ser afectada por la emergencia y la demás información que en su caso se considere relevante para la valoración de las solicitudes de insumos que presente la Entidad Federativa. La información contenida en tal reporte tendrá una vigencia de diez días naturales, razón por la que deberá actualizar la al menos cada diez días mientras permanezca abierta la Emergencia (artículo 11 de los Lineamientos).

• Una vez recibida la solicitud de insumos, la DGGR, tomando en consideración los criterios de racionalidad y proporcionalidad emitidos por la CNPC, analizará su viabilidad y, en caso de determinarse procedente, enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la requisición de los insumos que se autorizan, para que en el ámbito de su competencia realice las compras respectivas y la entrega de los mismos en la entidad federativa (artículo 17 de los Lineamientos).

• En el caso que una entidad federativa declarada en emergencia estime indispensable seguir recibiendo los apoyos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, deberá solicitar por escrito a la CNPC, dentro de los 10 días naturales siguientes a la difusión del boletín de prensa, la continuación de la vigencia de la Declaratoria de Emergencia justificando dicha solicitud con información respecto de su incapacidad operativa y financiera para retomar el proceso de atención de la emergencia, así como la situación presente en que se encuentra la población afectada y el diagnóstico actualizado de necesidades (artículo 11 de los Lineamientos).

• La CNPC, en su caso, notificará a la DGGR y a la entidad federativa de la permanencia de la vigencia de una Declaratoria de Emergencia las veces que se justifique por la persistencia de sus efectos, lo que hará por intervalos de diez días naturales. Esto, sin perjuicio de que si en un plazo inferior se considera que han cesado los efectos de la emergencia, ésta pueda darse por concluida.

• La CNPC para emitir el aviso de término y dar por concluida la vigencia de una emergencia deberá tomar en cuenta al menos una de las tres causas siguientes:

a) Que ha desaparecido la situación de emergencia.

b) Que la autoridad local y sus municipios o delegaciones políticas han recuperado su capacidad operativa y financiera, lo que les permitirá hacerse cargo de la emergencia sin el apoyo federal, o

c) Que el gobierno de la entidad federativa no solicite a la CNPC la continuación de vigencia de la emergencia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la difusión del boletín de prensa o de la última autorización.

Visto el procedimiento que antecede, y aun cuando en el marco del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden los estados de Guanajuato y de Michoacán, al día de la fecha, no han solicitado Declaratoria de Emergencia, comunicamos que la DGGR se muestra atenta a brindar el apoyo inmediato a través de dicho instrumento, a cualquier solicitud de Declaratoria de Emergencia que pudieran presentar dichos estados, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se dispone en los lineamientos.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas

1. La referencia hecha a la Coordinación Nacional de Protección Civil obedece al artículo Quinto Transitorio de Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en vigor a partir del 3 abril de 2013, (antes Coordinación General de Protección Civil). En ese orden de ideas, cabe señalar que en términos del Artículo Quinto Transitorio del ordenamiento en cita, las menciones y referencias que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas hagan de unidades administrativas cuya denominación, funciones o atribuciones se vean modificadas con motivo de la entrada en vigor de dicho Reglamento Interior, se entenderán referidas a las unidades administrativas que, conforme al mismo, sean competentes en la materia que se trate.

2. La referencia hecha a la Dirección General para la Gestión de Riesgos obedece a la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en vigor a partir del 3 abril de 2013 (antes Dirección General de Fondo de Desastres Naturales). En ese orden de ideas, cabe señalar que en términos del Artículo Quinto Transitorio del ordenamiento en cita, las menciones y referencias que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas hagan de unidades administrativas cuya denominación, funciones o atribuciones se vean modificadas con motivo de la entrada en vigor de dicho Reglamento Interior, se entenderán referidas a las unidades administrativas que, conforme al mismo, sean competentes en la materia que se trate.

3. Entre los que se encuentran artículos de abrigo y protección, tales como colchonetas, cobertores , laminas, bolsas para cadáveres,) linternas, costales y hule para evitar que traspase el agua proveniente de lluvias o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados.

4. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de julio de 2012.

5. Para efectos de los incisos c, e, g y h, no se consideran aquéllos producidos por actividad antrópica, tales como el llenado o la falla de presas, minería, explosiones, extracción de materiales, extracción de agua del subsuelo, túneles, obras de ingeniería, líneas vitales en malas condiciones, disposición inadecuada de aguas residuales en laderas, taludes improvisados, tránsito de vehículos con peso excesivo, vibración por maquinaria pesada, obra hidráulica, canalizaciones, cortes, deforestación, actos vandálicos, derrames químicos, etc.

6. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el caso de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para el caso de incendios forestales, o bien el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para d caso de los fenómenos geológicos.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.


José María Tapia Franco (rúbrica)

Director General


México, DF, a 9 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-1293, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112. 2. 228/ 2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a crear e implantar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo


México, DF, a 2 de abril de 2013.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo

Director General Adjunto de Estudios Interinstitucionales

Presente

Hago referencia a su atento oficio, de fecha 22 de marzo de 2013, enviado al licenciado Jesús Aguilar Padilla, subsecretario de Agricultura, mediante el cual remite el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para establecer un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.

Sobre el particular, le comento que la Sagarpa tiene plena conciencia de la importancia que tiene para el país la producción de la caña y la industrialización y comercialización del azúcar y está atenta a la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector actualmente, ante el exceso de azúcar que existe tanto a nivel nacional como internacional y la baja de precios mundial. De hecho, le informo que se han llevado a cabo un sinnúmero de reuniones con representantes de la Sagarpa y la Secretaría de Economía con productores de caña y la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, en búsqueda de posibles soluciones. A continuación, me permito hacer las siguientes observaciones y comentarios respecto a las medidas que propone la Cámara de Diputados:

1. Búsqueda de nuevos mercados para los excedentes de azúcar

• A la fecha se ha puesto en operación el Fideicomiso Maestro para la Exportación de Excedentes de Azúcar, en el que la Financiera Rural funge como fiduciaria. Mediante ese instrumento, los ingenios adheridos se comprometen a exportar el volumen de azúcar que acuerden todos los representantes de la industria y, con ello, disminuir la sobreoferta del mercado nacional. Cabe señalar que a la fecha, los 54 ingenios se han adherido al programa de exportación.

• El fideicomiso llevará cabo las exportaciones de los ingenios que no cuenten con los mecanismos necesarios para concretarlas.

• Seguimiento continuo de las variables de producción, exportaciones y rendimientos, a fin de establecer medidas que permitan un desplazamiento ordenado del producto en los mercados internos y externos, a efecto de propiciar el mantenimiento de los precios internos.

2. Apoyo para la reconversión de la industria para utilizar la caña de azúcar

• La producción de azúcar en el ciclo 2012-2013 será de aproximadamente 6.2 millones de toneladas (mt), nivel nunca antes observado. Esta producción se logrará con la mayor superficie sembrada (cerca de 800 mil hectáreas) y un rendimiento en campo de los más altos de la historia (71 toneladas de caña por hectárea).

• Aunque se han analizado usos alternativos para la caña de azúcar, primero es necesario evaluar si la producción se mantendrá en las siguientes zafras, sobre todo en las condiciones actuales de precios a la baja que puede generar cambios en el uso de la tierra hacia otros cultivos más rentables.

• La producción de biocombustibles que utilicen como insumo a la caña de azúcar es una solución de mediano plazo, que se está analizando y en la que deberán concurrir la Sagarpa, Semarnat, SHCP, Pemex e inversionistas del sector privado.

3. Medidas de ajuste y subsidios mientras se logran los objetivos planteados

• Actualmente, los productores de caña solicitan el apoyo vía recursos presupuestales. Sin embargo, es necesario conocer el efecto de las medidas que se han aplicado y la evolución futura de la producción nacional e internacional y de precios, antes de considerar un monto de recursos para resarcir a los productores.

• Ante caídas de precios en el sector agropecuario, el otorgamiento de apoyos para compensar ingresos está fuera del alcance de la Sagarpa ante la restricción presupuestal. Además, sentaría precedentes para que los productores de otros cultivos soliciten tratamientos similares ante la caída en precios de mercado, lo que equivaldría a esquemas de ingreso mínimo garantizado.

• Adicionalmente se han propuesto esquemas de financiamiento de la banca de desarrollo para atender las necesidades de capital de trabajo del sector azucarero.

• También se ha ofrecido apoyo por Aserca para la cobertura de precios.

Por último, le comento que la Sagarpa, con otras instituciones del sector público federal, las organizaciones de abastecedores de caña y los industriales trabajan en estrecha coordinación en diferentes grupos que atienden la planeación y programación del sector, la política comercial y el mejoramiento del campo cañero.

En espera de que los comentarios y observaciones antes expuestos sean de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Sergio Fadl Kuri (rúbrica)

Coordinador


México, DF, a 4 de abril de 2013.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En atención de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 459/ 13, del 21 de marzo de 2013, por el que nos remite punto de Acuerdo aprobado durante la sesión ordinaria del día de 20 de marzo, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implantar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contempla los siguientes ejes: Uno. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación del excedente de azúcar, de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.- Dos.- El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar.- Tres.- Las medidas de ajuste y subsidios a los productos de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar la Subsecretaría de Agricultura, mediante el oficio número 300. 03. 051/ 2013, del 2 de abril de 2013, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica)

Director General Adjunto de Estudios Interinstitucionales

De la Secretaría de Gobernación, dos con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso

México, DF., a 11 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-357 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/4.3/4S.3/268/2013 suscrito por ingeniero Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a establecer las acciones necesarias para la difusión de las especies invasoras que incluya datos sobre su control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p.ara reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo


México, DF, a 8 de abril de 2013.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

México, Distrito Federal

Presente

Me refiero al oficio D.G.P.L. 62-II-3-360, suscrito por la senadora Hilda Flores Escalera, en su calidad de vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante el cual, respetuosamente, exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para establecer las acciones necesarias para la difusión de las especies invasoras incluyendo daros sobre su distribución, biología, impactos opciones de control.

Sobre el particular, me permito acompañar el oficio emitido en esta misma fecha, mediante el cual, se hacen del conocimiento de la senadora Hilda Flores Escalera las siguientes consideraciones:

1. Las facultades específicas de la Profepa se encuentran enfocadas en la ejecución de la política en materia de inspección y vigilancia.

2. En este orden de ideas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es la autoridad que se encuentra encargada de Coordinar el tema que nos ocupa, publicando en 2010 la “Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México: prevención, control y erradicación”, con el objeto de contribuir a la conservación del capital natural y el bienestar humano a través de acciones orientadas a la prevención y erradicación de especies invasoras en México, con una visión al 2020.

En este sentido, le solicito atentamente, que de no existir inconveniente legal alguno se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de hacerlo llegar al destinatario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica)

Director General


México, DF, a 8 de abril de 2013.

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura

Presente

Me refiero a su similar D.G.P.L. 62-II-3-360, mediante el cual, refirió la sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día dieciséis de enero pasado, con la que se aprobó el acuerdo consistente en que, respetuosamente, se exhortara a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para establecer las acciones necesarias para la difusión de las especies invasoras, incluyendo datos sobre su distribución, biología, impactos y opciones de control.

Sobre el particular, me permito señalar las siguientes consideraciones del caso que nos ocupa:

1. Las facultades específicas de la Propepa se encuentran enfocadas en la ejecución de la política en materia de inspección y vigilancia.

2. En este orden de ideas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es la autoridad que se encuentra encargada de coordinar el tema en cuestión, publicando en 2010 la “Estrategia nacional sobre especies invasoras en México: prevención, control y erradicación”, con el objeto de contribuir a la conservación del capital natural y el bienestar humano a través de acciones orientadas a la prevención y erradicación de especies invasoras en México, con una visión al 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica)

Director General


México, DF, a 9 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-384 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/263/2013 suscrito por la licenciada Pilar Torre Canales, directora general adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo


México, DF, a 5 de abril de 2013.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/0170/13, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 30 de enero de 2013, que establece:

Único. La Comisión Permanente exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respecto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Al respecto, por instrucciones del licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social; me permito acompañar oficio 1014, suscrito por el doctor Carlos Humberto Álvarez Lucas, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, así como copia del oficio CN/072/03/2013 suscrito por la licenciada Berenice Santamaría González, directora de Coordinación y Vinculación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Pilar Torre Canales (rúbrica)

Directora General Adjunta


México, DF, a 25 de marzo de 2013.

Licenciada Pilar Torre Canales

Directora General Adjunta de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Presente

Me refiero a su oficio número 170/UCVPS/DGAVS/167a/2013, por medio del cual solicita proporcionar la información necesaria para solventar el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión del miércoles 30 de enero del 2013, que a la letra dice:

Único. La Comisión Permanente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnostico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Sobre el particular me permito informarle que, desde la creación de esta Comisión Nacional contra las Adicciones, se ha dado la más alta prioridad a la prevención y atención de las adicciones a drogas tanto legales como ilegales, velando siempre por el respeto a los derechos humanos de que gozan los individuos que sufren alguna adicción.

Lo anterior, con el propósito de enfrentar el incremento en el consumo de drogas que se había registrado en las últimas décadas; para ello, se fortaleció la capacidad institucional y se multiplicaron los recursos para hacer frente a esta problemática.

Bajo esta tesitura, los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, son importantes para detectar incides de consumo en las diferentes regiones del país, grupos vulnerables o con mayor consumo de las mismas, así como de las substancias a las que la población tiene uso, consumo o adicción y elaborar programas adecuados para dar una solución a dichos problemas; argumento por el cual, reducir el periodo en el cual se realiza dicha encuesta es acertada, ya que podría brindar mayor y expedita información que se refiere en las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones en el país.

Derivado de esta preocupación, se ha puesto en marcha el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (Omextad), sistema de información de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), el cual se constituyo como una herramienta de consulta de las instituciones involucradas en los temas de reducción de la demanda y control de la oferta, facilitando la toma de decisiones en materia de política pública y de estrategias preventivas.

El sistema permite recopilar, integrar y organizar información de múltiples fuentes de datos, de tal manera que la información que proporcione sea objetiva, confiable y comparable sobre la reducción de la demanda y la oferta de drogas. El Omextad fue conceptualizado en los siguientes módulos:

• Módulo de vigilancia epidemiológica y estudios de prevalencia en adicciones: se permite conoce el tipo de droga que se consume y el perfil de los usuarios, con lo que se identifican los grupos vulnerables y las poblaciones en riesgo por área geográfica.

• Módulo de control de la oferta de sustancias psicoactivas: permite conocer el tipo de droga y precursores químicos que se decomisan.

• Módulo de Compromisos Institucionales de prevención y formación de recursos: permiten orientar a las instituciones con información del Omextad, y a su vez retroalimentar el diagnóstico situacional para planear nuevas políticas y estrategias para reducir la demanda.

Dentro de los logros del Omextad se tiene la implementación de la plataforma y sitio web del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas; así como la capacitación en las mismas plataformas a los responsables de los Observatorios Estatales (Oestades), efectuado en agosto.

Asimismo se presentaron los informes en los avances de los compromisos institucionales, derivados del Programa de Acción Especifico (PAE) 2011-2012, donde intervienen más de 50 instituciones que en los programas de Alcohol, Tabaco y Farmacodependencia realizan actividades de prevención de las adicciones, cubriendo de esta forma los tres programas, 7 objetivos, 34 líneas de acción y más de 50 metas en cada una de las instituciones.

Por otro lado se realizaron las visitas programadas a los Observatorios Argentino y Europeo con el objetivo de intercambiar experiencias, de esta forma se concretó el programa de trabajo que la Conadic diseño, complementado la estructura del sistema en línea del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas.

Cabe destacar que la Comisión Nacional contra las Adicciones coincide en la conveniencia de reducir la periodicidad de la Encuesta Nacional de Adicciones, que se aplico en 2011 con un lapso de tres años y se estima conveniente mantener el periodo en virtud del costo de la realización de ésta.

La comisión nacional coincide en la necesidad de que se realice la Encuesta Nacional de Estudiantes sobre el Consumo de Sustancias durante el presente año, para lo cual estaremos solicitando al Instituto Nacional de Psiquiatría y a la Secretaría de Educación Pública se tomen las medidas al respecto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Berenice Santamaría González (rúbrica)

Firma en Ausencia del Comisionado Nacional contra las Adicciones, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, la Directora de Coordinación y Vinculación Operativa.


México, DF, a 21 de marzo de 2013.

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga

Titular de.la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Presente

En respuesta a sus oficios 170/UCVPS/DGAVS/O51/2013 y 170/UCVPS/DGAVS/167b/2013, que presentaron los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual exhortan al titular de la Secretaría de Salud y a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias; me permito enviarle en documento anexo la opinión correspondiente al Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Carlos Humberto Álvarez Lucas (rúbrica)

Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud

México, DF, a 7 de febrero de 2013.

Doctor Carlos Humberto Álvarez Lucas

Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Presente

En respuesta a su oficio número 328, a través del cual solicita comentarios con respecto al punto de acuerdo que presentaron los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general; a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adiciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Me permito adjuntar los comentarios de competencia de este centro nacional.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Maestra Celina Alvear Sevilla (rúbrica)

Directora General


Comentarios con respecto al punto de acuerdo que presentaron los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual exhortan al titular de la Secretaria de Salud se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a )a brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Con relación a la Encuesta Nacional de Adicciones en Población Estudiantil (ENAPE), la Secretaría de Salud se encuentra elaborando el proyecto para el levantamiento de la misma este año, con representatividad estatal, para que puedan beneficiarse de ella las entidades federativas.

De acuerdo a las políticas públicas para la prevención y atención de las adicciones y considerando a los adolescentes como el grupo de mayor riesgo para el consumo de sustancias, concordamos con la propuesta de tener mecanismos de evaluación sistemáticos que permitan evaluar los avances e impactos en la implementación de las políticas públicas de manera oportuna, para en su caso hacer los ajustes pertinentes. Es un propósito mantener una aplicación bianual de esta encuesta a partir del 2014, aunque esto estará sujeto a contar con los recursos presupuestales.

Con relación a la Encuesta Nacional de Adicciones corresponde el levantamiento de la misma en el 2014, y se analizará la factibilidad de acortar los periodos de levantamiento de ésta.

Maestra Celina Alvear Sevilla (rúbrica)

Directora General

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a esta soberanía a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 una partida especial para la ampliación, los servicios y el mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, presentada por Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 11 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara De Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofía Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar una partida extraordinaria de presupuesto para que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses pueda atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero y segundo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnaran a la Cámara de Diputados; y el tercero, a la Comisión de Salud.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente


El suscrito, senador de la república Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la pobreza y la marginación son dos grandes problemas que enfrenta México, y de manera particular Guerrero, y que la salud es una condición y un derecho lejano para millones de mexicanos. Estos elementos determinan en mayor medida que la población que la padece no tenga oportunidad de acceder a una vida digna.

Que la mortalidad materna es reflejo del rezago en salud de una población y de México, ya que diariamente mueren 3 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, es ejemplo de ello la tasa nacional de defunciones de 54 mujeres por 100 mil nacidos vivos, cifra que sigue muy lejos del compromiso asumido por México en las Metas de Desarrollo del Milenio, según el cual para 2015 la tasa de mortalidad materna debería ser de 22 por 100 mil nacidos vivos. Números de por sí altos, pero que palidecen con los de la mortalidad materna de las comunidades indígenas, pues alcanza a colocarse dentro de las más elevadas en el mundo. El 30 por ciento de las mujeres fallecidas en sus hogares por alguna razón vinculada con la maternidad, son indígenas. De hecho, las entidades con los niveles más elevados de mortalidad son las que también tienen mayor presencia de comunidades indígenas. A detalle, los datos son en Oaxaca 56 por ciento de los decesos fueron de mujeres indígenas; en Guerrero, 47 por ciento y Chihuahua, 36. En resumen, el promedio de mortalidad de las madres indígenas en México es de 151 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.

Que los mayores rezagos se concentran en los sectores de más bajos ingresos y en las poblaciones indígenas, donde hay los mayores obstáculos para el acceso a la salud. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, una de cada cuatro mujeres murieron en su casa, y hasta 15 por ciento de ellas fallecieron en la vía pública en Guerrero y San Luis Potosí.

Que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo no hay infraestructura hospitalaria suficiente. Casi 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.

Que pese a los esfuerzos estatales, muchos de ellos exitosos, como la creación de la Escuela de Parteras Profesionales donde además el gobierno estatal otorgó becas de alimentación, comida y hospedaje a mujeres estudiantes de comunidades marginadas para garantizar que puedan asistir a sus clases, el curso taller Fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres para la prevención de la mortalidad materna, realizado en noviembre pasado con el apoyo del Instituto Simone de Beauvoir, AC, la campaña permanente Código Rojo para atender embarazos de alto riesgo y la implantación de teleconsultas y telemedicina, acciones que han logrado disminuir hasta en 30 por ciento el problema con relación a 2012, pasando de 117 a 84 muertes de madres en este año, el problema sigue siendo importante.

Quiero mencionar esta ocasión en especial, el caso del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses en Tlapa, institución que se inauguró el 18 de octubre de 2005, hace ya casi 8 años, para dar atención a 19 municipios de la región de La Montaña principalmente, cuya población de influencia actual es alrededor de 311 mil 335 habitantes, de los que más de 280 mil son de pueblos originarios. El hospital hoy atiende a 110 mil familias afiliadas al Seguro Popular. La mayoría de los municipios son considerados de alta marginación, y donde los indicadores de morbilidad y mortalidad materno-infantil son los más elevados de la entidad, hasta 248 madres mueren por cada 100 mil habitantes.

En ese contexto, el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses es el único hospital especializado de segundo nivel de atención de la región. Sin embargo, actualmente por razones de presupuesto, no se cuenta con la plantilla completa, hacen falta 16 especialistas, 4 médicos generales y 14 enfermeras, así como 4 químicos, 3 técnicos radiólogos, 3 trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativas, lo que dificulta la calidad del servicio.

Es urgente la ampliación o construcción de dos nuevos quirófanos/sala de expulsión, pues sólo se cuenta con uno, claramente insuficiente.

Asimismo, resulta impostergable la construcción de una unidad de terapia intensiva para las madres, necesidad crucial para la atención de las mujeres con embarazo de alto riesgo, trasladarlas a otros hospitales implica riesgo de muerte en el trayecto.

Además de la construcción de un albergue para familiares de pacientes que han tenido que viajar desde sus comunidades, donde puedan descansar, asearse y esperar a sus familiares en condiciones dignas, disminuyendo así los costos que implica el mismo traslado y los costos remanentes al de su propia atención y la de sus familiares.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, se autorice una partida especial de recursos para el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de 2014 se considere una partida especial para la ampliación, servicios y mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que con sus buenos oficios se restituya con la mayor brevedad al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes a 2011.

Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2013.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)



Minutas

Con proyecto de decreto, que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

México, DF, a 11 de abril de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) de la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente


Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el inciso c) de la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo Único. Se adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 1o . ...

...

I. ...

II. ...

a). ...

b) . ...

c) Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m2.

III. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.-México, DF, a 11 de abril de 2013.

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente


Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica)

Secretaria