Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a implementar a la brevedad las acciones de barrido contra la Tuberculosis y Brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del estado de Michoacán a fin de evitar que las enfermedades o plagas causne daños a la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortíz García, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, se caracteriza por la formación de tubérculos que afecta a bovinos y a otros animales domésticos, también se considera una zoonosis por ser transmisible al hombre, es decir quien la contrae al ingerir productos lácteos contaminados y no pasteurizados o por el contacto con animales infectados. Disminuye la producción láctea y de carne, lo que significa grandes pérdidas a los ganaderos cuando se decomisan canales o partes de los mismos debido a la presencia de lesiones de esta enfermedad1 .

Se han emprendido acciones para erradicar esta enfermedad2 , mismas que han sido necesarias para inhibir los riesgos de contraerla, lo que ha permitido mejorar la productividad de los bovinos y así, evitar pérdidas económicas y restricciones a la movilización de animales, tanto nacional como internacionalmente.

En prácticamente 16 años de campaña, se ha avanzado considerablemente en erradicar la prevalencia de tuberculosis bovina. Tal como lo estableció la visión incluida en el Plan Estratégico Campaña Nacional contra Tuberculosis Bovina en México 2008-2012, al menos el 82% del territorio nacional tiene una prevalencia menor de 0.5% de tuberculosis bovina, con el beneficio de mejorar la producción, favorecer la salud pública y continuar las exportaciones de bovinos a los Estados Unidos y a otros países.

De acuerdo a cifras oficiales, en el año 2012 se incluyeron 407, 178 hatos con 18´240,603 cabezas, lo que corresponde al 54.46 % del total de hatos en el país y al 60.78% de la población ganadera nacional; por lo que hay que destacar que el trabajo para combatir la tuberculosis bovina permitió que los ganaderos mexicanos tengan un escenario positivo y las condiciones para comercializar al extranjero sus becerros.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el mes de agosto del año 2012, precisó que se alcanzó el récord histórico de un millón 500 mil 577 cabezas de ganado comercializadas, la exportación de becerros en pie a Estados Unidos lo cual mostró un incrementó del 18.37 por ciento en relación con el ciclo anterior cuando se comercializaron un millón 271 mil 913 reses.

El estatus sanitario de México, ha propiciado la apertura de nuevos mercados para el ganado mexicano de engorda y sacrificio que actualmente se exporta a países como Jordania y Turquía; productores de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, han aprovechado estos mercados, donde han podido vender más de 64 mil cabezas de ganado, y otras 3 mil 829 cabezas enviadas a Jordania, han permitido fortalecer una apertura de mercado.

Sin embargo situaciones como lo acontecido en el estado de Jalisco, donde derivado de que en entidades como Michoacán y Zacatecas no hay homologación de criterios para el movimiento de ganado, tres animales enfermos de procedencia zacatecana exportados por Jalisco, fueron causales para que este estado no pudiera exportar ganado a Estados Unidos3 . Hechos como éste nos exhorta a continuar trabajando conjuntamente para cumplir cabalmente con las medidas sanitarias necesarias.

Recordemos que al no brindar la atención oportuna, la presencia de la tuberculosis bovina ocasiona serias pérdidas al sector productivo4 :

Primero. Pérdidas Directas de Producción: Reduciendo eficiencia productiva, disminución de fertilidad así como del peso, reducción de inmunidad y predisposición de la inmunidad.

Segundo. En el Comercio interior y exterior: el diferencial de precios percibido por el productor por la venta de sus productos provenientes de animales enfermos, y las regulaciones sanitarias que influyen en mercados internacionales.

Tercero. En lo concerniente a la salud pública, origina pérdidas productivas por invalidez parcial o total de los trabajadores ligados al sector lácteo y ganadero; y quizás lo más importante y difícil de medir es la repercusión de la enfermedad en los consumidores de productos cárnicos y lácteos.

En el pasado mes de mayo del 2012, la ganadería de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, decretó a 2 mil 100 hatos en cuarentena por contraer tuberculosis y 300 vacas tuvieron que ser sacrificadas; las cabezas enfermas de ganado fueron inmovilizadas y quedó prohibido comercializar carne de estos animales por lo que la alerta roja se encendió entre los ganaderos que se dedican a la producción de los derivados como la leche y el queso por considerarse como un riesgo a la salud pública.

En base a documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria la zona con menor afectación fue Álvaro Obregón con sólo un hato ganadero de 9 cabezas con la sintomatología de tuberculosis bovina, mientras que en el municipio michoacano de Cojumatlán se inmovilizaron cuatro hatos con 234 cabezas de ganado, no obstante, en Buenavista se decretó la cuarentena en mil 627 cabezas de ganado en 30 ranchos, y en Apatzingán 473 cabezas de ganado de 6 ranchos del municipio.

En la medida que se vaya reduciendo el número de cuarentenas, la prevalencia irá bajando, pero en caso de detectar mayor número de hatos enfermos la ganadería en el estado se verá reducida. Es de destacarse que Michoacán tiene 62 mil hatos de ganado bovino con un total de 2 millones de cabezas5 .

Cabe señalar que se han tomado acciones por las autoridades municipales de Apatzingán, Buenavista, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec del estado de Michoacánm donde se han pronunciaron por un mayor apoyo que dé continuidad a la ejecución de la Campaña de Tuberculosis, respondiendo así a la petición que organismos ganaderos y sus asociados a fin de garantizar la sanidad de los hatos y asegurar la salud de la población consumidora de los productos cárnicos, lácteos y sus derivados.

Conforme a lo proyectado por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán, AC, la importancia de dar continuidad a esta campaña, se lograría atender un total de 201,730 cabezas de ganado bovino en 6,330 hatos en esta región, tomando en cuenta por adición la demanda de los productores para elevar el estatus sanitario de sus hatos y obtener un estatus sanitario superior acreditable.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que implemente a la brevedad las acciones de barrido contra la Tuberculosis y Brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del Estado de Michoacán con el objeto de impulsar medidas efectivas y acciones sanitarias para evitar daños a la ganadería estatal.

Notas:

1 Información obtenida del sitio oficial de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria [En línea] http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. (Consulta: 15/11/2012)

2 Entre las acciones: "se aplican estrategias de difusión y promoción de las actividades de la Campaña; capacitación del personal involucrado en estas actividades, diagnóstico de campo (en el 100 % de los hatos*), aplicación de cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico, etc.", Para más información consultar el sitio http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. [En línea]. (Consulta: 15/11/2012)

3 Barba Vizcaíno, Francisco (2012) “Preocupados en la Zona Norte por la brucelosis y la tuberculosis” [En línea] Información obtenida de Barragán Martínez Alfredo, Tesorero de la Unión Ganadera del Estado de Jalisco el 17 de agosto de 2012. (Consulta: 15/11/2012). Para mayor consulta http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2659875.htm

4 Silva Romero, Erandy Yovana, “Tuberculosis Bovina y su Impacto en los Animales”, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México. Pp. 16-20.

5 Para más información consultar el sitio. http://www.cefppmich.org.mx/CGI-BIN/index.php. (Consulta: 16/11/2012

6 “Ampliación Territorial de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina en el estado de Michoacán”, Información obtenida de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación delegación de Michoacán. (Consulta: 14/11/2012)

Anexo: Inventario Ganadero

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputado Salvador Ortíz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, la información acerca de las desaparecidas y asesinadas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María de Lourdes Amaya Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, con el trámite de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace dos décadas, los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el caso más representativo de los asesinatos de mujeres en México y la comunidad internacional, no sólo por el número de asesinadas, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos, como lo señaló el Informe Final de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua de 2006, instancia hoy extinta.

Sin embargo, más allá de la frialdad de los números, el dolor de las familias que han tenido la desgracia de perder a sus hijas, madres, esposas, debe volvernos sensibles y corresponsables en la búsqueda de soluciones que den fin a los crímenes y violencia contra las mujeres que, en pleno Siglo XXI, siguen subsistiendo en nuestras sociedades, producto de múltiples factores como la exclusión, la pobreza, la falta de educación integral, políticas públicas sin perspectiva de género, impunidad y un deficiente sistema de impartición de justicia, entre algunos otros.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de brindar apoyo total a las demandas de justicia y de corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que den fin a la violencia de género en contra de las mujeres de cualquier parte del país.

En este sentido de responsabilidad, hemos escuchado las demandas de la organización de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación conformada por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Sus inicios están registrados a partir de febrero de 2001 con una serie de protestas públicas provocadas por la impotencia y la indignación que se agregan al dolor de perder un ser querido en estas circunstancias, en este caso fue especialmente relevante la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, quien luego de sufrir intensas torturas durante cinco días, fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un lote baldío.

En relación con lo anterior, el pasado 18 de febrero del presente año, la organización social, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, cuyos objetivos son la búsqueda de justicia a través de la denuncia, el apoyo a las familias afectadas y la educación en derechos humanos y derechos de las mujeres –se dirigieron a la Fiscalía General, zona norte, del estado de Chihuahua, a través de un oficio turnado al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito, para solicitar información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.

De manera concreta, esta organización solicitó:

1. El número de reportes que se recibió durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

2. Cuántas de estas mujeres fueron localizadas.

3. Cuántas aún están desaparecidas.

4. En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba.

5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados.

6. Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares.

7. Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez.

8. Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos.

9. Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos.

10. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar.

Asimismo, la organización también solicitó copia de las aplicaciones del Protocolo Alba que se hayan llevado a cabo en dicha ciudad.

México ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, para que el gobierno esclarezca todos los casos, y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como erradicar la violencia contra las mujeres y la impunidad.

La Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por sus siglas en inglés– dice que los Estados deben alentar “la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.”

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH– insiste en señalar que “un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres.”

Al respecto, cabe destacar que ya en noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– había dado a conocer la sentencia conocida como: “Caso González y otras (Campo Algodonero) versus México”, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, así como también, por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

De acuerdo con esta sentencia –en especial en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21–, el Estado Mexicano tenía un año para entre otras cosas, crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres, con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se han obtenido avances.

En la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. La información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, no sólo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permitan conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez.

El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

La falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en aquella región del país, no sólo es prueba de la ineficiencia y la indiferencia de nuestras autoridades, sino que la ausencia de datos obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad, bajo el cobijo de la violencia institucional que, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país, publicada en el año 2007, alude a todos “los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce de los derechos humanos de las mujeres así como su pleno acceso a las políticas públicas orientadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra ellas”. Además, brindar información oficial es una obligación del Estado mexicano para cumplir con la sentencia dictada por la CIDH y con la obligación constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos como señalado en la reforma constitucional de 2011.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 2008 a la fecha, que la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó el pasado 18 de febrero del 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás, Fiscal Especial para la Investigación y Persecución del Delito.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, –Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México–, relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a aplicar de manera urgente y conforme a la normativa vigente cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia, provisionales y definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputados Adolfo Orive Bellinger, integrante del Partido del Trabajo y Presidente de la Comisión de Competitividad; Mario Sánchez Ruiz, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Economía; Víctor Serralde Martínez, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; José Rubén Escajeda Jiménez, coordinador de la diputación federal del sector agrario del Grupo Parlamentario del PRI; José Antonio Rojo García de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Salvador Barajas del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Ganadería; Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Pesca; Kamel Athié Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, con fundamento en los artículos 3o., numeral 1, fracción XIX, 6o., numeral 1, fracción I, 65, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea de diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero principalmente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el modelo económico prevaleciente ha puesto el énfasis en la inserción de México en la economía mundial mediante la apertura comercial y financiera, lo que ha llevado, entre otros aspectos, a la firma de 44 tratados de libre comercio. Siendo notable el dinamismo exportador.

Que la economía mexicana adolece, desde hace tiempo, de un magro crecimiento económico. Si bien se ha logrado la estabilidad de las variables macroeconómicas, manteniendo baja la tasa de inflación.

Que el empleo, por su parte, también ha observado tasas muy bajas de crecimiento de sólo el 1.18 por ciento. Esto muestra claramente que el bono demográfico se está desperdiciando.

Que la capacidad productiva instalada se encuentra desperdiciada y por lo tanto está semi obsoleta, principalmente en sectores como la pesca donde más impacta y se nota actualmente en el país.

Que el modelo económico imperante también ha provocado otros efectos nada deseables en la economía nacional, tales como: nulo crecimiento económico, desempleo, pobreza y desigualdad en aumento, escaso valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas (prendas de vestir 36.9 por ciento, automóviles 35.2 por ciento, autopartes 26.7 por ciento, equipo eléctrico 24.7 por ciento, equipo de audio y video 13.5 por ciento, y equipo de cómputo y periférico 9.1 por ciento), alta elasticidad en el ingreso de las importaciones, inversión pública y privada escasa, poco financiamiento al aparato productivo primario y secundario, incremento nulo de la productividad total de los factores, desindustrialización, perdida del nivel y calidad de vida de la población y varios más.

Que aunado a lo anterior, es menester señalar que por lo que hace a ciertos sectores económicos, la autoridad ha sido omisa en implementar medidas legales que los defiendan de prácticas desleales de comercio internacional de otros países, como lo muestran los siguientes ejemplos, que con datos del Inegi, se mencionan:

1. Industria Siderúrgica: la producción siderúrgica nacional cayó un 2 por ciento en 2012, esto como consecuencia de que las importaciones desleales provenientes de Corea del Sur, China, Rusia y otros países crecieron un 38.1 por ciento entre 2011 y 2012. Otras naciones, como Estados Unidos y la Unión Europea, han tomado medidas antidumping sobre esta materia. Es ineludible que la Secretaría de Economía aplique cuotas compensatorias provisionales y definitivas para restablecer las condiciones de competencia leal en este sector.

2. El crecimiento de las importaciones totales de cerdo han desplazado a la planta productiva nacional ante la apertura comercial indiscriminada; la Confederación de Porcicultores Mexicanos afirma, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, que las importaciones han crecido de 1995 al año 2012 un 1,720 por ciento, pasando de 30 a 516 mil toneladas. Concentrándose estas importaciones en las piernas y espaldillas, ya que tan sólo de las primeras han aumentado un 70.8 por ciento en los últimos 5 años. Esto ha tenido como consecuencia que las importaciones sustituyan un equivalente a 350 mil vientres, que representan el 50 por ciento del hato en producción. Lo que se traduce en la pérdida de 175 mil empleos directos y 875 mil indirectos, derivando también que se haya reducido el consumo de toneladas de grano forrajero hasta en 2 millones de toneladas, en términos monetarios esto equivaldría a aproximadamente 1,225 millones de dólares. La importación de carne de cerdo sustituye al 42 por ciento de la producción nacional.

3. Sector lechero: con la apertura comercial indiscriminada se han importado leche y sobre todo de fórmulas lácteas. Al respecto organizaciones lecheras, como el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC, con datos del Inegi, SIAP, SE y Sagarpa, señalan que del año 1994 al 2007 se importaron 383 mil 897 toneladas de leche, y que fuera de cupo se les condonó a los importadores el pago de 8 mil 650 millones de pesos por concepto de arancel; en el recuento, se afirman que en el año 2010 las importaciones de leche en polvo llegaron a 560 mil toneladas, en el 2011 pasó a 618 mil toneladas y para el tercer trimestre de 2012 esas 600 mil toneladas ya habían sido rebasadas. Lo anterior ha tenido como consecuencia la quiebra de más de 600 mil unidades de producción.

4. El sector pesquero y acuícola se ve impactado por tres rubros importantes, según datos proporcionados por el sistema producto nacional tilapia las importaciones de dicho producto son de dudosa calidad y a precios inferiores a los nacionales; es de ejemplificar que la importación y control del mercado nacional de tilapia proveniente de Taiwán, Estados Unidos, Argentina, China y Costa Rica condujo a que en el año 2011 se importaran 23 mil 300 toneladas, con un valor superior a los 60 millones de dólares, representando el 89 por ciento del consumo total nacional. Asimismo, el Sistema Nacional Producto Bagre reporta que la importación de bagre variedad basa ha representado un valor de importación para 2011 superior al 40 por ciento de la producción nacional, con un valor de importación de 12 millones de dólares aunado a esto se debe considerar el control de la producción nacional de diferentes especies acuícolas por parte de extranjeros que principalmente se han asentado en la región sureste del país.

5. Los productores de manzana del país llevan más de díez años gastando cuantiosos recursos en litigios para denunciar ante las autoridades las prácticas de dumping. En el año 2012 entró al país una cantidad sin precedentes de manzana, 240 mil toneladas o lo que es lo mismo 12 millones de cajas de 20 kilogramos cada una provenientes el 96 por ciento de Estados Unidos. Lo que ingresó equivale al 50 por ciento de la producción nacional. Al estar libres de aranceles, las importaciones han aumentado año con año y cada vez son de menor calidad. En los últimos 5 años, el aumento ha sido del 49 por ciento. En 2012 aumentó 17 por ciento respecto a 2011. Además de lo anterior, ocurre la clonación de documentos de un mismo permiso, para introducir dos o tres veces la cantidad registrada.

6. La importación de los insumos es un área sumamente sensible que afecta y encarece la producción nacional agropecuaria y forestal, un caso concreto es el de la industria de fertilizantes donde el sulfato de amonio, que es una de sus principales materias primas, es importado a precios dumping, principalmente de los Estados Unidos, siendo su precio promedio de 208.3 dólares por tonelada métrica, cuando su precio nacional es de 281.5 dólares por tonelada métrica.

7. El pasado 23 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifican tarifas y aranceles de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que cerca del 60 por ciento de productos agropecuarios tuvieron modificación. Lo anterior, va en detrimento de la agroindustria nacional, ya que se reducen los aranceles con la justificación de abastecer el mercado nacional, así como abatir costos y con ello propiciar la competitividad y mejores precios al consumidor final.

Con la reducción de aranceles a diversos productos, entre ellos 315 productos relacionados con el campo, de los cuales se encuentran 175 productos pesqueros, 29 productos de aves, 8 productos lácteos, 29 cereales, entre otros, se está yendo en contra de nuestra Seguridad Alimentaria y, por lo tanto, de nuestra Seguridad Nacional.

Por ello en el estudio de economía global y estrategia titulado El aumento de los precios de los alimentos que viene, se define que México es de los países de América más vulnerables en el tema alimentario. En el Índice de Vulnerabilidad de Alimentos México ocupa el lugar número 31 de 80 países y es uno de los 10 países más expuestos al impacto inflacionario por los alimentos, en donde ocupa el lugar número 8.

Que ante este contexto es de destacar las opiniones de especialistas de la CEPAL, quienes propusieron la necesidad de un cambio estructural de la planta productiva con el objetivo de que la economía mexicana pueda ser competitiva no sólo en los mercados internacionales sino también en los mercados domésticos donde, en la actualidad, está viéndose rebasada por las importaciones, principalmente del este asiático. También plantean impulsar el cambio estructural hacia sectores intensivos en tecnología y conocimiento, articulándolos con sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para garantizar la expansión del empleo, sin perder de vista las restricciones externas de este nuevo modelo de crecimiento; modelo alternativo al predominantemente que no ha generado ni crecimiento económico ni suficiente empleo. Insistiendo en el papel clave que tienen las políticas y la inversión públicas en la promoción del cambio estructural al inducir inversiones privadas complementarias e identificar sectores y actividades de mayor crecimiento en el futuro.

Que la problemática del nulo crecimiento económico y la falta de empleos deben, en consecuencia, tener un papel central en las acciones del nuevo gobierno. El Estado mexicano tiene que recuperar la rectoría del desarrollo nacional conforme a lo mandatado por el artículo 25 constitucional.

Que resulta ineludible que el ejecutivo federal aplique, por conducto de la Secretaría de Economía, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero. Esto último en pleno ejercicio de la facultad establecida en el párrafo segundo del artículo 131 constitucional que lo habilita para “aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación... y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos”, así como en los artículos 1, 3, fracción III, 4, fracción II, 5, fracciones II y VII, 28, 45, 49, 57, fracción I, 59, fracción I, 62, 75, 78 y demás aplicables de la Ley de Comercio Exterior.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, principalmente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputados: Adolfo Orive Bellinger, Mario Sánchez Ruiz, Víctor Serralde Martínez, José Rubén Escajeda Jiménez, José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Barajas del Toro, Alfonso Inzunza Montoya, Kamel Athié Flores (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a suscribir acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el INM y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema de los migrantes para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de ellos, así como los principales problemas y delitos cometidos en su contra, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, traduciéndose en la búsqueda de satisfactores de necesidades básicas para mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar, donde, de entre sus principales causas se encuentran el ámbito laboral, situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales; aunado a ello, la globalización y los avances tecnológicos han alentado paulatinamente el deseo de las personas a trasladarse.

II. La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta; en muchas culturas y grupos religiosos se encuentran vestigios, mitos y referencias a las migraciones, que se remontan a tiempos muy antiguos.

III. En la historia de la humanidad se documentan grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos de la población, tanto espontáneos como inclusive de manera forzada derivados de situaciones naturales o por guerras.

IV. En nuestro país, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional, y por otro, se convoquen a los países principalmente de éste continente para crear el entramado legal e institucional necesario.

V. Actualmente se estima que México cuenta con más de una decena de millón de ciudadanos en el exterior, y por ende, es en Estados Unidos de América donde se concentra la mayor cantidad de migrantes connacionales, así, nuestro país se destaca como la nación con la mayor cantidad de población migrante en el mundo; de un total mundial estimado de 110 millones de personas que residen en un país que no es el de su origen, de apenas una decena de países es donde se concentra poco más del 50% de migrantes en el mundo, la lista de éstos países la encabeza los Estados Unidos con alrededor de 43 millones de residentes originarios en el exterior, incluyendo un estimado de 12 millones de inmigrantes indocumentados; en consecuencia, Estados Unidos tiene más inmigrantes que el total de las cinco principales naciones europeas receptoras de extranjeros, incluyendo Rusia con 12.5 millones; Alemania con 10.9 millones; Francia con 6.8 millones y Reino Unido con poco más de 6.5 millones. Aunado a lo anterior, recientemente se destacan otros países que de igual manera son receptores de migrantes, como Arabia Saudita con poco más de 7.3 millones, seguido muy de cerca por Canadá con alrededor de 7.2 millones; España con 6.5 millones; India con 5.5 millones y Ucrania con 5.4 millones de inmigrantes.

VI. La política de vinculación del estado mexicano con sus migrantes en el exterior ha evolucionado profundamente en los últimos 20 años, a pesar de las diferentes políticas públicas adoptadas con el devenir de los sexenios y cambios de gobierno y transiciones, pues a través de diversos mecanismos y programas se han promovido y aplicado importantes políticas de atención a migrantes principalmente en Estados Unidos; sin embargo, aún hoy resulta prematuro señalar si las políticas migratorias de México han sido un exitosas desde la perspectiva de los países de origen, de destino o inclusive en la del propio migrante y sus organizaciones.

VII. En cuanto a la relación de nuestro país con Estados Unidos concretamente, los ataques del 11 de septiembre de 2001, cimentaron una serie de lamentables consecuencias que por mucho afectaron negativamente expectativas que con antelación se encontraban ya formuladas y que permitían dilucidar avances significativos en materia migratoria entre las dos naciones; y en ello, está implícita la aplicación de diversos mecanismos en las severas políticas migratorias que el vecino del norte adoptó.

VIII. Los habitantes de algunas comunidades latinoamericanas, especialmente de México, trabajan en Estados Unidos y regresan anualmente a sus poblaciones de origen al vencerse su contrato en la llamada migración cíclica, pues realizan el mismo desplazamiento de manera regular y constante; aunque muchos otros migran a Estados Unidos por la vía ilegal, pagando los servicios de polleros o coyotes, y viajando en condiciones en las que ponen en alto riesgo su vida.

IX. Hoy en día, las mujeres migrantes son quienes que más cambian su residencia, y en primera instancia, dentro del país, mientras que aquellas que emigran del país representan alrededor del 49 por ciento con respecto a los migrantes hombres y, anteriormente referido, normalmente lo hacen a Estados Unidos, concentrándose en mayor cantidad en los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. Ahora bien, del total de mexicanos que se van, sólo regresa alrededor del 14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e Hidalgo.

X. Nunca es fácil abandonar nuestro país de origen, nuestro hogar, nuestra gente; pero, aún lo es menos cuando encontramos dificultades en el país receptor a causa de las diferencias de idioma, costumbres y cultura; aunado a ello, dificultades económicas y sociales. Y no obstante a todo lo anterior, se añaden las cada vez más habituales manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población inmigrante.

XI. Los esfuerzos en la aplicación de programas, políticas públicas y el activismo de los migrantes a través de organizaciones públicas, privadas y mixtas, no han sido suficientes en la promoción primaria de fomentar la conciencia de las autoridades y pobladores de las naciones para respetar desde los derechos humanos fundamentales de las personas, hasta el desarrollo de entornos óptimos que permitan el acceso a condiciones equitativas que permitan a los migrantes desempeñarse como personas productivas en los países donde se establecen, pues su estancia en muchas de las veces les expone a condiciones inhumanas y trato como si fueran delincuentes, cuando NO lo son.

XII. Se han documentado innumerables ataques a la integridad y a la vida de migrantes y sus familias inclusive por autoridades fronterizas, pues al parecer la condición de ser migrante, subsume a las personas a no pertenecer a país alguno, como si la identidad de las personas se supeditara solamente a la residencia; y no obstante a ello, quienes regresan de visita a sus comunidades de origen, encuentran tanto en el camino de ida, como de vuelta, los mismos riesgos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, el Instituto Nacional de Migración y Organizaciones Civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob, a la PGR, a la SCT, a la STPS y a la SE a resolver de manera satisfactoria el conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Secretaría de Economía, todas ellas del gobierno federal, para que resuelvan de manera satisfactoria el conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, en beneficio de los 8 mil 640 empleados, así como de los jubilados de la misma empresa. Además de investigar las irregularidades presentadas durante las administraciones, las cuales originaron un desastre económico y de transportación, además de inseguridad laboral en la empresa, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ayúdenos para sacar a volar la empresa;

Ayúdenos a encontrar una solución completa y total, para tener un trabajo y una vida digna, no nos merecemos este trato;

Ayúdenos para tener una pensión segura;

Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que se les dé a los inversionistas la oportunidad de expresarse y demostrar su plan de negocio.

Trabajadores de la Empresa Mexicana de Aviación

Hablar de Mexicana de Aviación, es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.

A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario El Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la república y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.

Mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente, Adolfo de la Huerta crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año, en octubre, también se construyeron las Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público , que normaba la actividad aérea comercial en la república mexicana.

Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la Sección Técnica de Navegación Aérea fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre la Ciudad de México y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.

De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un Servicio de Transportación Aérea, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea , S L, a: Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Es aquí donde nace Mexicana de Aviación, la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.

Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la aviación comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación SA.

A partir de este hecho la empresa realizó fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.

La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones bimotor.

En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos, cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.

Mexicana de aviación enfrenta en los años 60 la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.

En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.

La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos; en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación trasladó a más de 11 millones de pasajeros: 6.6 millones en rutas domésticas, y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.

Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho qué desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.

Sin embargo ante el regreso de Mexicana de aviación, en los años noventa, a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como bancos y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Las nuevos retos hacen que la aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de MasterCard Internacional.

La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005, por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa, y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.

La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.

A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:

1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.

2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal “Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando”. Para sumarla a las exigencias de solución.

3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución .

Primero. Se exhorta al titular del gobierno federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, además de ensombrecer el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que realicen una investigación que incluya a las administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para deslindar responsabilidades.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, todas de la administración pública federal para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, que esté integrada por todas las partes involucradas, que pueda facilitar la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación, y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/ DGA/ DRMSG/ CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pasada administración del gobierno del Distrito Federal, estuvo envuelta en escándalos por construcciones de obras y compras, cuyos pagos excedieron por mucho los costos estimados. En este sentido encontramos un programa inconcluso que implicó un significativo gasto.

En noviembre del año 2010, la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitó la adquisición de cincuenta mil receptores especiales de la marca Sarmex por medio de adjudicación directa.

La justificación de la compra, fue la implementación de medidas preventivas de apoyo ante un movimiento telúrico de magnitud mayor a los cinco grados Richter.

Los equipos deberían instalarse en las escuelas de educación básica, hospitales y oficinas del gobierno del Distrito Federal. Hasta la fecha no todos ellos han sido colocados en sus debidos lugares.

El contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 estableció el precio que debía ser pagado, el cual ascendía a 56’034,960.00 (cincuenta y seis millones, treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 MN).

El plazo para la entrega por parte de la empresa Mdreieck, SA de CV, inició el día de la firma del contrato, y debió finalizar el día 31 de marzo del año 2011.

La página de internet de Sarmex señala como uno de sus clientes al Distrito Federal; asimismo, de la información contenida en el vínculo http://codigomx.com/proyectos/sarmex/?page_id=250, se puede deducir que según la empresa, ya cumplieron con las obligaciones, toda vez que dan a entender que todas las instituciones en sus respectivas delegaciones, están cubiertas con la seguridad propuesta.

Sin embargo, actualmente la mayoría no están instaladas en todas las escuelas del Distrito Federal, poniendo en una situación de peligro a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Recientemente, un medio de difusión realizó un muestreo en 50 escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal, en 6 delegaciones políticas, en el 20 por ciento de las escuelas, sus autoridades confirmaron no tener conocimientos de las alertas Sarmex, y en cinco casos, sí los tienen, pero no están instalados, en 35 escuelas solamente tienen un dispositivo instalado. De acuerdo al mismo medio informativo, actualmente existen 10 mil alertas de las cincuenta mil que no se sabe en dónde están.

Por lo anterior, y toda vez que en este tema está involucrado directamente el orden público y uno de sus elementos, la tranquilidad pública, creemos pertinente que esta Cámara de Diputados incida en este asunto, pues no se debe poner en riesgo a las personas, a los niños y en general, a cualquier persona, mucho menos si la intencionalidad de una política pública como la que se discute es la prevención.

En este contexto y de conformidad con lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la jefatura de gobierno del Distrito Federal a instalar con brevedad las alertas sísmicas restantes de las cincuenta mil previstas, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, cuya finalidad es alistar un evento telúrico instantes antes de que suceda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reubicación de los vendedores ambulantes de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúa con negligencia en torno al problema de comerciantes ambulantes que hacen un auténtico tianguis, todos los días, a orillas de diversas carreteras del país.

A mitad de la carretera se apostan para ofrecer a los automovilistas un sinfín de productos, entre los que destacan alimentos, frutas de temporada, bebidas, cigarros, revistas, así también, productos u objetos oriundos del lugar, como canastos, artículos de madera, crucifijos y artesanías, pese al riesgo de sufrir algún accidente de graves consecuencias.

La economía informal no es un fenómeno nuevo, su crecimiento se asocia primordialmente a dos factores: en primer lugar, al incremento de la población, y en segundo lugar, al escaso desarrollo económico del país.

La falta de generación de empleos en el país es la causa de que un considerable número de personas trabaje en el sector informal; pues un elevado porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) encuentra en las calles, explanadas, transporte público y en las diferentes vías de comunicación del país, el medio por el cual pueden sufragar sus necesidades más elementales.

Actualmente, el 65.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector informal, porcentaje equivalente a 29.8 millones de personas, de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las cifras hablan por sí solas, el ambulantaje es un problema que va en ascenso. Y sin duda alguna, representa un conflicto legal, económico y de política pública; por lo que resulta imperante la intervención del Estado para encontrar una solución.

Así, a través de este Punto de Acuerdo, nos pronunciamos respecto a la situación que prevalece en la autopista Cuernavaca-Acapulco, también llamada “Autopista del Sol”, que es uno de los escenarios del país, en el que el ambulantaje tiene mayor presencia.

Cierto es que sería inconsciente pensar en arrebatarles la fuente de empleo a todas aquellas personas que laboran en la informalidad a las orillas de las carreteras; sin embargo, lo más justo y correcto es que se les reubique, debido al peligro que enfrentan al estar en situación de riesgo.

En este sentido, la intervención de las autoridades competentes de los Estados de Morelos y Guerrero, Entidades por las que cruza esta Autopista, resulta por demás necesaria, con motivo de las consecuencias que ésta problemática trae consigo.

Empero la participación de los Gobiernos implicados para la reubicación de los vendedores ambulantes no sólo tiene que ver con la prevención de accidentes, sino también con que la venta de artesanías, reviste un contenido de considerable importancia, pues no olvidemos que es por medio de las expresiones artesanales como se transmiten realmente los valores de la sociedad y la singularidad cultural de nuestra nación.

Este esfuerzo de reubicación sólo puede llevarse a cabo a través de las acciones coordinadas de los gobiernos Estatal y Municipal en conjunto, mediante la creación y establecimiento de políticas públicas que permitan avanzar sobre este problema social, encaminados a regular a los integrantes de este sector, claramente vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Protección Civil y demás Autoridades competentes de los Estados de Morelos y Guerrero, a fin de que en el marco de sus respectivas competencias implementen las acciones necesarias para la reubicación de los vendedores ambulantes de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de abril de 2013.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en las localidades, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diversos congresos estatales para que de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, los gobiernos estatales y municipales favorezcan la implementación de una estrategia integral de movilidad en sus localidades al tenor de los siguientes

Antecedentes

En los últimos 25 años nuestro país ha sufrido un crecimiento inédito en sus principales ciudades, debido a un constante proceso de centralización económica y a un considerable aumento en los servicios urbanos. Esto ha incentivado a las personas del medio rural a emigrar a las ciudades, en el año 2010 el 76.8 por ciento de la población mexicana habitaba en zonas urbanas. El rápido crecimiento de las ciudades ha significado una expansión horizontal de las mismas, ocasionada entre otras cosas, por la mala definición de los usos de suelo. Como consecuencia de este crecimiento se ha producido un fenómeno de migración hacia la periferia, en busca de una mejor calidad de vida en zonas de menor densidad. En esas zonas es donde el transporte público no es capaz de ofrecer un servicio tan eficiente como en el centro de la ciudad, por lo que se genera una fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte aumento del nivel de motorización.

Los estudios muestran una tendencia a utilizar más el transporte público en aquellas ciudades donde el uso del vehículo privado es menor. Sin embargo, las largas distancias que se recorre diariamente entre las zonas urbanas y las periferias requieren de un transporte público eficiente, lo cual no sucede en la mayoría de los casos. En estas circunstancias el uso del vehículo particular se convierte en el medio de transporte idóneo y seguro para el traslado de las personas que acuden a los centros urbanos por razones laborales, escolares o de esparcimiento.

Por ejemplo, en el caso de Europa existen estudios que señalan que en los últimos 30 años se han duplicado estas distancias, y se ha producido una fuerte expansión metropolitana al margen, en la mayoría de los casos, de la evolución demográfica, dando lugar a lo que se conoce como ciudad difusa. En este tipo de ciudades no solo resulta más cara y consume mucha más energía, sino que también margina a aquellas personas que no conducen, porque no pueden o no quieren tener un automóvil.

En nuestro país, de acuerdo con el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, en la zona metropolitana del valle de México el tiempo promedio de un desplazamiento es de una hora con 21 minutos. En el mismo informe se señala que “se estima que las personas pierden en promedio 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo”.

Esta necesidad de trasladarse ha obligado que los ciudadanos y el gobierno busquen opciones de movilidad, como el aumento del uso de bicicleta y la expansión de la oferta de transporte público.

Distintas fuentes hemerográficas han contabilizado que durante los últimos seis años, por lo menos 160 personas perdieron la vida en la Ciudad de México en accidentes en los que estuvieron involucrados unidades de transporte público. Este tipo de transporte es el peor calificado en las encuestas de satisfacción a personas usuarias, ya que 77 por ciento se encuentra insatisfecho con este servicio; sin embargo, es el que concentra la mayor cantidad de viajes 63.7 por ciento.

Lamentablemente, estos accidentes no se han dado sólo en el Distrito Federal, existen casos en toda la república donde la falta de infraestructura y de educación vial ha matado a cientos de personas. En el México del siglo XXI es vital contar con políticas claras de movilidad para favorecer a los ciudadanos de manera igualitaria y garantizar el traslado de cualquier ciudadano a cualquier zona de su lugar de residencia de una manera económica, segura y oportuna.

La movilidad puede ser una importante herramienta de inserción y cohesión social o, al contrario, una potente vía de exclusión de los ciudadanos que habitan un territorio.

Consideraciones

Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.

La movilidad debiera ser uno de los principales derechos sociales de las personas que habitan un territorio. La movilidad urbana es un derecho social que el Estado debe de preservar y ampliar de forma igualitaria. Establecer las condiciones necesarias para que el espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los habitantes de un territorio.

La movilidad bien entendida:

• Permite que las necesidades básicas de acceso de las personas se cumplan de manera segura y consistente con la salud humana y del ecosistema y equitativamente entre generaciones.

• Es alcanzable, opera razonablemente, y soporta una economía en crecimiento.

• Limita las emisiones y los desperdicios dentro de la habilidad del planeta para absorberlos; optimiza el consumo de recursos (no renovables y renovables); reutiliza y recicla sus componentes; y minimiza el uso de la tierra y la producción de ruido y contaminación visual.

La movilidad, se ocupa, entonces, de garantizar los flujos de personas y de carga a través de las diferentes infraestructuras del espacio público y de los modos que por las mismas circulan. Resulta ésta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en tanto que las distancias y exigencias de movimiento se hacen evidentes y necesarias para su realización; este es el enfoque que le da el informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012.

La movilidad de las ciudades se está orientando a incorporar criterios de sustentabilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, mismos que permitirán a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con desplazamientos seguros y que economicen tiempo y energía.

El papel de los gobiernos a la hora de promover la transición hacia un modelo de movilidad urbana sustentable es básico, con la responsabilidad de crear mecanismos y estructuras necesarios para lograrlo. Es vital también la participación de los ciudadanos, ya que el cambio de hábitos de movilidad se basa en el conjunto de decisiones individuales que todos ellos toman cotidianamente.

En la movilidad el ciudadano es el eje rector de las decisiones de política y la movilidad es un derecho para avanzar hacia la equidad, contener la segregación social, económica, espacial y cultural, y aportar elementos efectivos para el acceso justo de todos los ciudadanos a su espacio urbano.

Cada alternativa de desarrollo físico espacial de la ciudad recomienda un sistema de movilidad que permita la prestación de un servicio eficaz, seguro, oportuno y económico. Las fortalezas y debilidades del sistema inducirán un desarrollo urbano, por lo que debe existir una coordinación de objetivos entre el desarrollo del sistema de movilidad y el desarrollo físico espacial. En primera instancia se logran reducciones en los tiempos de viaje de los pasajeros, disminuciones en los costos de operación vehicular y reducción de los índices de accidentes, entre otros beneficios.

Así mismo, los derechos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las leyes que de ella emanan y en la actuación de las entidades gubernamentales deben garantizar que todas las estrategias de seguridad y gestión del riesgo sirvan de base para la atención integral de accidentes viales.

Por todo esto, el firmante considera apropiado instar a las instancias gubernamentales de los estados de la república a priorizar la movilidad como un derecho social del siglo XXI que debe de ser atendido según la capacidad técnica, humana y financiera, y con base en los planes integrales de desarrollo de cada entidad. Todo esto debe de tener algunos productos específicos, entre los cuales se hallan:

– Campañas de concienciación y generación de incentivos desde los gobiernos para fortalecer una cultura vial.

– Provisión de bicicletas públicas, y los espacios para utilizarlas.

– Aumento de presupuestos para cobertura y calidad del transporte público para garantizar la movilidad igualitaria desde cualquier parte de la ciudad.

– Buscar que las tarifas del transporte público sean accesible a todos los ciudadanos

– Asegurarse que todas las ciudades y los pueblos de sus estados sean transitables a pie y en bicicleta por medio de la creación de infraestructura peatonal y ciclista.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, a favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)