Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3612-IV, jueves 27 de septiembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que reasigne los recursos no erogados en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Aída Fabiola Valencia Ramírez, Carmen Lucía Pérez Camarena, Rocío García Olmedo y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, y 115, párrafos 1, fracciones II y IV, 1 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, numeral 1, 6, numeral 1, fracciones I y IV, 65, numeral 4, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición de urgente y obvia resolución con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no erogados en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres (Fodeimm), asignados al Instituto Nacional de las Mujeres, con base en los siguientes
Antecedentes
Una de las líneas estratégicas adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín 1995, es la transversalidad de la perspectiva de género, o gender mainstreaming, en todas las políticas públicas, como la estrategia para superar las discriminaciones sociales de género y alcanzar mayores niveles de igualdad.
A partir de esa fecha, los Estados parte han venido implementando una serie de estrategias y acciones para buscar el adelanto de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre los géneros, que van desde acciones afirmativas, modificaciones legislativas y programas de gobierno hasta políticas y presupuestos públicos para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género.
Los presupuestos públicos se han formulado desde un enfoque “neutral” que no reconoce las diferencias y la diversidad, y particularmente es ciego a las diferencias existentes en las condiciones de vida de mujeres y de hombres.
Por ello si consideramos que los presupuestos son la herramienta política más importante de todas las que usa el gobierno, para incidir en el éxito de la ejecución de todas las demás políticas, y se constituyen en medios para alcanzar objetivos planteados en las políticas, mediante la asignación de recursos a las acciones necesarias para cumplir con los compromisos del gobierno frente a la sociedad, se convierten en acción prioritaria para avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género y con ello en una herramienta fundamental para volver eficiente el gasto, a fin de lograr una distribución más equitativa de los recursos que coadyuve a superar las desigualdades en que diferentes sectores sociales viven, particularmente las mujeres respecto de los hombres, de diferentes edades y diversas condiciones socioeconómicas (Unifem, 2006, Los presupuestos sensibles al género en la práctica).
En México se ha venido avanzando en la construcción de presupuestos etiquetados sensibles al género, y a partir de 2008 hay en el decreto de Egresos de la Federación un anexo específico, que contó en esa ocasión con 7 mil 281 millones de pesos, para atender 75 acciones o programas gubernamentales, en 23 dependencias públicas federales. Para este año, el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, prevé 16 mil 735 millones de pesos, para atender 145 acciones o programas en 27 dependencias públicas federales.
Este año se aprobaron reformas de las Leyes de Planeación, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de iniciar una nueva etapa en el país al trascender más allá del reconocimiento de la importancia de contar con “presupuestos etiquetados” porque establece el mandato de que la igualdad de género es un principio que debe orientar la planeación del desarrollo, pero además se incluye como una clasificación funcional y programática del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Planteamiento del problema
En la presente anualidad, en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación quedaron etiquetados 230 millones de pesos respecto al Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Entidades Federativas, se etiquetaron también, 100 millones de pesos al Fodeimm, y 15.2 millones para el fortalecimiento de la estructura del programa de transversalidad, desde luego cada rubro sujeto a reglas de operación.
A la fecha, de esos recursos no se han podido ejercer aproximadamente 130 millones de pesos, precisamente porque las reglas de operación que se establecieron para su ejecución han sido incumplibles, o han tendido a discriminar a determinadas entidades federativas, lo cual tiene como resultado un trato desigual; estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012.
De los recursos del Fodeimm, no fueron asignados a gran cantidad de instancias municipales que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos que no pudieron cumplir los requisitos jurídicos establecido en las reglas de operación principalmente los considerados en el apartado de las instancias municipales de las mujeres en los incisos a y l del punto 5.1.1 y que a la letra dicen:
5.1.1. Tratándose de IMM centralizadas:
a. Documento vigente que expide el Servicio de Administración Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
(...)
l. El municipio, a través de la presidenta o presidente municipal o de la tesorera o tesorero municipal, deberá contar con una cuenta de cheques mancomunada con la titular de la IMM, por lo cual deberá remitir al Inmujeres carta original, membretada y firmada por gerente o subgerente de banco o institución financiera en donde se incluya el número de cuenta de cheques y clabe interbancaria a 18 dígitos mencionar que la misma deberá estar a nombre del Municipio, no obstante ello, la misma podrá incluir un carácter adicional para diferenciarla de otras cuentas que tenga dicho municipio.
Sera responsabilidad exclusiva del municipio y de la IMM mantener activa la cuenta durante todo el proceso, por lo que el Inmujeres no será responsable en ningún momento si la cuenta de cheques es cancelada o bloqueada por cualquier motivo.
La serie de requisitos citados y de carácter obligatorio según las reglas de operación de dicho programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011, vuelve prácticamente inasequible el recurso para algunos municipios, principalmente rurales e indígenas, donde los medios y las vías de comunicación son escasos y complejos, además de que dichas circunstancias implican la obligación de abrir una cuenta bancaria sin previa aceptación, revisión y aprobación del proyecto.
A la fecha, los “lineamientos de cierre fiscal” para este año, se ha considerado a esos recursos en subejercicio.
Estas medidas administrativas han afectado la ejecución del gasto, destinado a estos rubros, disminuyendo con ello la viabilidad de las políticas públicas para la igualdad, particularmente en las entidades federativas y municipios que presentan mayores brechas de desigualdad.
No obstante, se destaca que esos recursos han sido blindados en la ley para que no tengan otro destino y que cumplan su objetivo, para lo cual es de relevancia tener en cuenta los siguientes
Considerandos
Primero. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 establece en el artículo 28:
La asignación y distribución de los montos autorizados en los programas y actividades para la igualdad entre mujeres y hombres señaladas en este Decreto, no deberá modificarse durante el ejercicio fiscal 2012, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y coordinación no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas.
Segundo. Que en las reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el último párrafo del artículo 58 se estableció:
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.
Tercero. Que conforme al último párrafo del artículo 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece:
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.
Cuarto. Que de una interpretación integral a los fundamentos legales citados se desprende que los recursos del Programa de Transversalidad y del Fodeimm no sean utilizados con otro fin, y que la Secretaría de Hacienda tiene la capacidad de reasignarlos, y cumplan su objetivo, destinándolos a
1. Las entidades federativas que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, otorgándoles 100 por ciento del recurso que les corresponde; tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.
2. De manera homogénea a los 32 estados para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.
3. De los recursos del Fodeimm a las instancias municipales de las mujeres que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos y no les fueron asignados recursos.
Con base en lo planteado, y ante la inminencia del cierre fiscal, se plantea a la Cámara de Diputados la proposición de urgente y obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.
Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que considere reasignar esos recursos en subejercicio a fin de cumplir su objetivo a
1. Las entidades federativas que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, otorgándoles 100 por ciento del recurso que les corresponde; tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.
2. De manera homogénea a los 32 estados para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.
3. De los recursos del Fodeimm a las instancias municipales de las mujeres que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos y no les fueron asignados recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.
Diputadas: Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Rocío García Olmedo, Carmen Lucía Pérez Camarena y Martha Lucía Mícher Camarena.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar a intervenir a fin de que Grupo Azucarero Gonzas, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague a los productores afectados la liquidación de la zafra 2011-2012, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II, artículo 79 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:
Consideraciones
En México más de 300 municipios producen caña de azúcar en 15 estados del país, más de 165,000 productores de caña; 2.5 millones de mexicanos viven de forma directa e indirecta de la caña, representan el 0.4% del producto interno bruto, el 7.3% del producto interno bruto agropecuario y los cañeros de México aportan el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional.
Hoy las crisis recurrentes de la agroindustria azucarera han desaparecido, la Azúcar tiene precio y la Caña También; Los empresarios hoy no pueden argumentar que están en crisis, pues su producción de azúcar la pignoran antes de iniciar la zafra.
En esta Zafra 2011-2012 en México, se cosecharon 703,761 hectáreas, se molieron 46, 231,229 Toneladas de Caña y se produjeron 5, 048,469 toneladas de Azúcar en 54 Ingenios que zafraron; con Rendimientos promedio en Campo muy bajos, 65.69 Toneladas por Hectárea y Rendimiento promedio en fábrica bajos también de 10.92%.
Sin duda los bajos Rendimiento en Campo son producto de la falta de infraestructura hidráulica y créditos: suficientes, oportunos y baratos; y los bajos rendimiento en fábrica es la falta de inversión de los empresarios en la agroindustria azucarera; es cierto que hay empresarios que han modernizado sus fabricas pero otros siguen siendo verdaderas chatarras.
La zafra 2011-2012 terminó en el mes de mayo; a la fecha 52 de los 54 ingenios, ya pagaron la liquidación final a sus productores de caña; pero hay 2 ingenios de Veracruz que a la fecha no han pagado la liquidación final: ingenio Nuevo San Francisco ubicado en Cd. Lerdo de Tejada, Veracruz, y el ingenio San José de Abajo.
El Ingenio Nuevo San Francisco cosechó una superficie de 5,800 hectáreas, molió 346,000 Toneladas, produjo 28,700 toneladas de azúcar y cuenta con 2,000 productores de Caña, mismos que a la fecha no les ha liquidado su producción. Pues han pasado 4 meses que término la zafra y este grupo azucarero Gonzas irresponsablemente, violenta los derechos de los productores.
No puede argumentar que no tiene dinero, pues produjo 28,700 toneladas de azúcar que multiplicadas por el precio oficial del kilogramo de azúcar $10.5999, esto produce 304, 217, 130.00 pesos, cantidad suficiente para pagar la liquidación final de los productores que asciende tan solo a 60 millones de pesos.
La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en su artículo 61 establece el sistema de pago.
Artículo 61. Los ingenios pagaran las cañas conforme a las siguientes reglas:
I. Una preliquidación equivalente al 80% de la caña Neta recibida, sobre la base del promedio ponderado de porcentaje de azúcar recuperable base estándar obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias y aportaciones que correspondan con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña por Contrato sea en la segunda quincena del mes anterior, y el día último del mes cuando la terminación del corte de la caña de azúcar por contrato sea en la primera quincena del mismo mes, y
Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva; del saldo deberán descontarse las obligaciones pendientes que no se hubieren descontado durante la preliquidación. Este saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir del día de la terminación de la Zafra.
En conclusión el ingenio deberá pagar la liquidación final 30 días después de haber finalizado la zafra, este ingenio nuevo san francisco terminó la zafra el 28 de mayo; de acuerdo a la ley la liquidación se debió de haber pagado el 28 de junio sin embargo han transcurrido 120 días e irresponsablemente el grupo azucarero Gonzas no ha liquidado a sus 2000 productores de caña.
Esta irresponsabilidad ha generando incertidumbre y desde luego movilizaciones sociales que desgastan a los productores.
Las disposiciones legales y del contrato establecen claramente que si una de las partes no paga en tiempo tendrá que pagar intereses moratorios.
En efecto el Contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar con base en lo dispuesto en el artículo 10 frac. II, 50 y demás relativos de la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, establece:
Clausula octava. Cuando el ingenio no cumpla en tiempo y forma con la entrega o entero de los importes que correspondan, en términos pactados en él o los contratos de créditos respectivos deberá cubrir al abastecedor de caña, intereses moratorios sobre el importe retenido y no pagado o enterado, según sea el caso: Dicho interés moratorio será igual a la tasa moratoria que se haya pactado entre el abastecedor de caña y la institución financiera acreditante. Lo anterior, sin detrimento de lo establecido a favor del abastecedor de caña en la clausula decima octava. De este contrato uniforme.
Clausula decima octava. Cuando el ingenio no haga el pago de las preliquidaciones o la liquidación final en las fechas pactadas en el presente contrato, pagará, al abastecedor de caña, una tasa de intereses a razón de 2.5 veces la tasa de interés TIIE, que determine el banco de México, para operaciones denominadas en moneda nacional a plazo de veinte ocho días, publicado en el diario oficial de la federación que rija durante el tiempo de retraso. Facultando al comité de producción y calidad cañera para acordar la fecha a partir de la cual se considera exigible la aplicación de la tasa señala en el pago.
En el evento de que el atraso en el pago sea más de 45 días, el ingenio garantizará el cumplimiento de la obligación mediante la entrega de certificados de depósito de azúcar, con bono de prenda emitido por almacén general de depósito, endosados en garantía, por un volumen equivalente al adeudo vencido que tenga, más un 20%.
Por todo lo anteriormente expuesto somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución:
Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el grupo azucarero Gonzas, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012, a los productores afectados.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de septiembre del 2012.
Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali y de Tlaxcala para que se consideren locales, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo y María Guadalupe Sánchez Santiago, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente aprobó el dictamen, emitido por la Tercera Comisión, relativo a la necesidad de homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 para que fueran consideradas como llamadas locales.
El dictamen antes referido constaba del siguiente resolutivo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que tenga a bien instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.
Este exhorto, que la Comisión Permanente emitió el año pasado, se suma a otros que han sido aprobados por el Congreso de la Unión sobre la temática; por ejemplo:
• El 31 de mayo de 2006, los entonces diputados federales Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la empresa Teléfonos de México, a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica en los 125 municipios del estado de México, e integrarlos al servicio local con el Distrito Federal, que fue dictaminado y aprobado por el pleno de la Comisión Permanente el 7 de junio de 2006.
• El 14 de junio de 2006 se aprobó el dictamen correspondiente al punto de acuerdo, presentado por el entonces diputado Tomás Trueba Gracián, por medio del cual se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica del valle de Orizaba, Fortín y Córdoba, en Veracruz.
Como se puede observar, desde hace años el tema de reconsiderar las tarifas de larga distancia en algunas partes del país ha estado presente en la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional debido a que, por sus características y necesidades únicas, existen zonas del país en las que es menester apoyar a la población con medidas de este tipo y, sin embargo, no hemos encontrado respuesta satisfactoria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por esta razón es que el día de hoy se recuerda el punto de acuerdo que presentó Fernando Castro Trenti, el año pasado, siendo senador de la República por Baja California, sobre la homologación de las tarifas en las llamadas realizadas en las comunidades del valle de Mexicali, ya que se exhortó a las autoridades federales a fin de que tomaran medidas para aliviar la situación de los habitantes de nuestro estado que resultaron afectados por el terremoto ocurrido el 4 de abril de 2010, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades exhortadas, no obstante que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Permanente y ya ha pasado más de un año desde que se hizo la petición.
La cuestión es que, por ejemplo, para realizar una llamada telefónica desde la capital estatal al puerto de San Felipe, ésta se cobra como local, mientras que a la zona norte del valle de Mexicali, que en kilómetros de distancia está más cerca de la ciudad, la llamada se realiza como de larga distancia nacional.
Esta situación afecta doblemente a los bajacalifornianos, primeramente, porque consideramos que el manejar distintas tarifas telefónicas en una misma zona resulta discriminatorio y en segunda instancia, porque debido a este acto inequitativo se afecta la economía de los ciudadanos del lugar.
Además de lo anterior, esta situación lesiona la economía de muchos jóvenes que se trasladan del valle de Mexicali a la capital del estado para realizar sus estudios puesto que, al comunicarse con sus familiares, están obligados a pagar llamadas de larga distancia.
Pero este no es el único caso en el que, las llamadas telefónicas que debieran cobrarse como locales, se cobran como de larga distancia, y como ejemplo podemos mencionar el caso específico de Tlaxcala, un estado muy pequeño, territorialmente hablando (poco más de 4 mil kilómetros cuadrados), cuenta con 52 distintas claves de larga distancia.
Situaciones como la antes descrita se han presentado con anterioridad y han sido resueltas favorablemente para los usuarios de los servicios telefónicos. Recordemos que hasta hace algunos años, las llamadas que se realizaban desde el centro de la Ciudad de México hacia las delegaciones más alejadas como Milpa Alta y Tláhuac, o los municipios conurbados del estado de México, tenían un costo de larga distancia y, conforme se ensanchó la mancha urbana, pasaron a ser cobradas como llamadas locales.
Si esta situación pudo resolverse en la capital de país, no vemos impedimento para que no pueda hacerse lo mismo a favor de los bajacalifornianos, máxime que, desde el Poder Legislativo, hemos hecho nuestra tarea y se han emitido exhortos a las autoridades competentes, lamentablemente, parece ser que hemos regresado a la dinámica viciosa en la que el Congreso de la Unión emite exhortos y las autoridades exhortadas no los acatan.
Es necesario revertir esta dinámica viciosa en la que nos encontramos envueltos, en la que los exhortos emitidos por Poder Legislativo tienen el poder vinculatorio de las llamadas a misa. Es tiempo de exigir el cumplimiento de nuestras solicitudes y demandas. Por esto, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que, de manera inmediata, cumplan con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que –de manera inmediata– efectúen los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país que, por su disposición geopolítica, debieran ser consideradas como llamadas locales, en especial, en las comunidades del estado de Tlaxcala.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, María Guadalupe Sánchez Santiago.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Sagarpa a redoblar las acciones preventivas sobre el “virus del oeste del Nilo”, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, numeral 3 del artículo 62, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud, a efecto de que se redoblen las acciones preventivas tendentes a prevenir el contagio y propagación de la enfermedad producida por el “virus del oeste del Nilo”, así como para que se reactiven los cercos sanitarios en los principales aeropuertos, centrales de autobuses y lugares de concentración masiva del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención Epidemiológica y Prevención de las Enfermedades de la Secretaría de Salud federal (Cenavece), la infección por virus del oeste del Nilo (VON) es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus miembro de género flavivirus denominado virus del oeste del Nilo o virus del Nilo occidental, el cual es mantenido en la naturaleza en un ciclo que envuelve la transmisión entre aves y mosquitos, pertenecientes estos últimos al género culex . En los humanos el virus también puede ser transmitido por medio de trasfusiones de sangre, trasplante de órganos, lactancia materna y durante el embarazo.
La infección por VON puede ser asintomática en casi el 80 por ciento de las personas infectadas, o presentar fiebre del oeste del Nilo o enfermedad severa en el restante 20 por ciento. Las personas con enfermedad leve presentan cuadro clínico que incluye fiebre cefalea, artralgias, mialgias, náusea y vómito; es común la erupción cutánea en pecho, estomago y espalda. Los síntomas duran solo unos días.
En las formas graves la meningoencefalitis es una complicación ocasional, ya que sólo una de cada 150 personas infectadas por VON enfermará de gravedad. Los síntomas graves pueden incluir fiebre alta, rigidez en el cuello, aletargamiento, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión entumecimiento y parálisis y ocasionalmente la muerte.
Estos síntomas pueden durar varias semanas y los efectos neurológicos llegar a ser permanentes. Las personas mayores de 50 años tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave.
Siguiendo con la información del Cenavece, el virus del oeste del Nilo fue identificado por primera vez en 1937 en Uganda, al este África, y actualmente está extendido en África, América del Norte, Europa, el Oriente Medio e India. Es también causante de encefalopatía equina y en aves, en quienes ocasiona elevada mortandad con reporte de brotes en Canadá, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India, Israel, República Checa y Rumania.
En América, este padecimiento se presenta durante casi todo el año y se recrudece en verano y otoño. Los primeros casos ocurrieron en la ciudad de Nueva York en 1999 cuando se notificaron 62 enfermos, a partir de entonces y hasta la fecha actual se han notificado 31,352 casos, con un periodo de mayor intensidad en 2003, cuando se identificaron 9,866, habiéndose documentado 1,263 defunciones, con una letalidad del 4 por ciento.
En el caso de nuestro país, durante el periodo de 2003 a la semana 33 del 2012 fueron confirmados solamente 11 casos de VON, siendo los estados más afectados Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Sonora; el 63.3 por ciento de los casos se concentraron en el estado de Chihuahua, no habiendo sido notificadas defunciones por causa de este padecimiento.
El grupo de edad mayormente afectado fue el de 25 a 44 años con el 45 por ciento de los casos y el resto de ellos en casi todos los grupos etarios. En el periodo de 2003 a 2006 mediante la vigilancia epizootiológica se identificó la circulación de VON en 22 estados del país; en 19 estados se aisló de equinos y en nueve de aves.
Sin embargo, el Cenavece dio a conocer el 20 de agosto pasado que los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América y el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informaron de la notificación hasta el 14 de agosto del presente año de 693 casos de VON, incluidas 26 muertes, lo que representa la cifra más alta de casos registrados en este periodo desde que se identificaron los primeros casos en EUA.1
De acuerdo con lo anterior, tan sólo durante este año se encuentran afectados por VON el 42 por ciento de los estados de la Unión Americana, de los cuales Texas concentra el 48 por ciento de la totalidad de los 693 casos del país, seguido por Mississippi con el 8.5 por ciento y Louisiana con el 7.5 por ciento. De los casos notificados 409 (59 por ciento) son clasificados como enfermedad, neuroinvasiva (meningitis o encefalitis) y 287 (41 por ciento) como no neuroinvasiva.
En México y ante el incremento de casos de VON en los EUA, el Cenavece ha considerado necesario mantener la adecuada vigilancia ante la posible ocurrencia de casos de este padecimiento y evitar brotes o defunciones, por lo que ha recomendado dar total cumplimiento a las acciones descritas en la Guía para la vigilancia, prevención y control del virus del oeste del Nilo, con énfasis en las siguientes:
• Capacitación en materia de vigilancia epidemiológica del personal médico en las unidades de salud de todo el sector;
• Vigilar la adecuada aplicación de los procedimientos de vigilancia epidemiológica de VON para la oportuna detección y seguimiento de casos;
• Búsqueda intencionada de casos sospechosos con fiebre más signos y síntomas neurológicos en la localidad;
• Ante casos probables:
– Verificar el diagnóstico clínico de presunción;
– Notificar inmediatamente a la DGE los casos probables, que presenten fiebre igual o mayor a 38° Celsius acompañada de signos o síntomas neurológicos (encefálicos o meníngeos) y con resultados de LCR compatibles con infección viral (presión normal/alta, aspecto claro, células /mm3 < 300 mn, proteínas 40-100 mg/dl, relación de glucosa en LCR en sérica es normal)
– Tomar muestra de suero a los casos, asegurando su recepción y procesamiento en Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Indre.
– Realizar el estudio de caso hasta su diagnóstico final.
– En caso de brote realizar de manera inmediata el estudio e informar a autoridades correspondientes de la evolución del mismo hasta su resolución final.
– Emitir aviso epidemiológico a las unidades médicas correspondientes sobre la situación de VON.
– Mantener actualizada la situación epidemiológica del padecimiento en todos los niveles técnico administrativos mediante el análisis en los comités de vigilancia epidemiológica.
– Coordinarse con las instancias correspondientes para realizar la vigilancia epizootiológica.
• Difundir toda esta información a todas las unidades de salud de los estados para orientar la detección y manejo adecuado de posibles casos y a los Comités Estatales para la Vigilancia Epidemiológica (CEVE) y las delegaciones estatales o regionales de las instituciones del Sector Salud.
Con relación a lo anterior, y si bien es cierto hace apenas algunos días el titular de la secretaría de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, sostuvo que en México no se han registrado casos del virus del oeste del Nilo, ni hay alerta por esa causa, lo cierto es que esto no debe ser pretexto para que las autoridades sanitarias del país bajen la guardia ni para que se reduzcan las acciones de vigilancia epidemiológica por el brote que se presenta en Estados Unidos.
Cabe recordar que la propia Organización Mundial de la Salud ha alentado a sus Estados miembros para que consideren la posibilidad de poner en práctica medidas de salud pública pertinentes destinadas a minimizar las repercusiones de un posible brote de VNO en los países en riesgo”.
En esta tesitura, y toda vez que no hay vacuna contra esta enfermedad, la única manera de reducir la frecuencia de la infección en los seres humanos es mediante la concientización acerca de los factores de riesgo y la educación de la gente con respecto a las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición al virus.
Debido a lo anterior se propone exhortar al titular de la Secretaria de Salud, a efecto de que se redoblen las acciones preventivas tendientes a prevenir el contagio y propagación de la enfermedad producida por el “virus del oeste del Nilo”, así como para que se reactiven los cercos sanitarios en los principales aeropuertos, centrales de autobuses y lugares de concentración masiva.
Por lo anterior expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaria de Salud, a efecto de que se redoblen las acciones preventivas tendientes a prevenir el contagio y propagación de la enfermedad producida por el “virus del oeste del Nilo”, así como para que se reactiven los cercos sanitarios en los principales aeropuertos, centrales de autobuses y lugares de concentración masiva del país.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretaría de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que investiguen de manera coordinada la presencia del virus del oeste del Nilo en aves migratorias y de corral, así como en equinos.
Notas
1 Recuperado de http://www.cenave.gob.mx/von/archivos/aviso_virus_nilo210812.pdf Consultado el 23 de septiembre de 2012.
2 http://www.who.int/csr/don/2011_08_16/es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a desplegar medidas de seguridad en los penales de sus respectivas demarcaciones y constante vigilancia de los mandos penitenciarios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción i del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79, todos del reglamento de la cámara de diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tarde del pasado lunes 17 de septiembre, el Gobierno de Coahuila confirmo la fuga de 132 internos del Centro de readaptación Social (Cereso) Del Municipio de Piedras Negras, siendo ésta la segunda más grande del sexenio, ya que el primer lugar corresponde a la fuga registrada el 17 de diciembre de 2010, en donde 151 internos escaparon del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Estado gobernado por el PRI y que es la entidad con mayor número de fugas de prisioneros en el país, con más del 50%, que junto con Nuevo León, Coahuila y Veracruz, son Estados curiosamente también gobernados por el PRI y concentran más del 80% de fugas de reos en el país.
Debe quedar claro que las fugas no se dan por sobrepoblación de los penales ya que las entidades con mayor número de presos en custodia no presentan este tipo de situaciones. Es la corrupción el común denominador. En la cárcel de Piedras Negras estaban recluidas 734 personas, y tiene capacidad para más de 1000 reos.
Es a nivel estatal y no federal en donde ocurren estas fugas y casi siempre, si no es que cada una de las veces que éstas se han presentado, es porque los reos cuentan con la complicidad de custodios. Custodios corruptos y Directores de penales ausentes o cómplices que permiten que estos hechos sucedan.
El abandono de las autoridades locales se refleja en la vulnerabilidad de las instituciones de justicia estatales. Es inaceptable que se tenga que enfrentar, una vez más, una fuga por la incapacidad y opacidad que se vive dentro de estas cárceles.
En el caso en particular de Piedras Negras, independientemente de las medidas pecuniarias que ofrece el Procurador por la información que lleve a la captura de los internos, se debe de llegar a los verdaderos responsables de éste incidente, resulta difícil creer que los mandos penitenciarios no se dieron cuenta que existía un túnel dentro del taller de carpintería del Cereso, con 1.20 metros de ancho y 7 de largo, camino que llevaba hacia una torre de vigilancia y después hacia un terreno baldío.
En los últimos 6 años se han fugado más de 1000 reos de penales estatales. De los penales federales ninguno, 2010 fue el año que más internos se fugaron de penales en México, dando una cifra de 318, entre ellas la fuga de tres internos de Santo Domingo, Tehuantepec, registrada el 12 de julio de ese año.
La fuga más caótica se llevo a cabo el 19 de febrero del presente año, cuando 30 presuntos miembros del Cártel de los Zetas se fugaron del Penal de Apodaca, dejando un saldo de 44 internos muertos en un enfrentamiento.
Es claro que existe una severa crisis en el sistema penitenciario mexicano, no sólo por falta de espacio, sino por las formas de impartición de la justicia. Se necesitan autoridades honestas y comprometidas con la protección de los mexicanos y no de los delincuentes.
Es cierto que se tiene que agilizar la construcción de más penales, pero también es de suma importancia el garantizar que los custodios y autoridades encargadas de estos centros de rehabilitación sean funcionarios confiables.
Para ello es urgente la evaluación y certificación de las fuerzas de seguridad de cada Estado, tarea que ha sido postergada por las autoridades dando paso libre a la corrupción y a la opacidad de la impartición de justicia.
Por el momento, exigimos la investigación a fondo del director y custodios del penal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que sean desplegadas las medidas de seguridad correspondientes, en los penales estatales y del Distrito Federal, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputaado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; y a los congresos locales y a la ALDF, a armonizar su legislación con base en ese ordenamiento, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
México es Estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de su Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, habiendo ratificado ambos instrumentos desde marzo de 2003, la aplicación de estos instrumentos vinculantes debería detonar en acciones coordinadas entre las instancias federales, estatales y municipales de manera transversal en los tres ámbitos de gobierno para atender en su amplia dimensión y con todas sus consecuencias el delito de trata de personas.
Sin embargo, la realidad de este país refleja que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes y quizás tampoco los más eficaces para erradicar este delito de alto impacto social:
Entre los resultados reportados en el sexto Informe de Gobierno federal, se informa que del 1 de septiembre de 2011 al 30 de julio de 2012, a través de la Fevimtra, se dio inicio a 55 averiguaciones previas por el delito de trata de personas; de estas averiguaciones previas se determinaron 26 y se consignaron únicamente 12. Los anteriores son resultados ínfimos si se considera que –desde la creación de la Fevimtra, en 2008– únicamente se ha logrado una sentencia condenatoria a nivel federal y para este año se le otorgó un presupuesto de 69 millones de pesos.
De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, entre los principales problemas detectados que motivan la ineficiencia del gobierno federal para el combate del delito de la trata de personas, es que la fiscalía especializada de la PGR tiene claras limitación en su ámbito de competencia para realizar las investigaciones, tales como
– Cuando el delito de trata de personas se inicia o produce efectos en el extranjero investiga la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero (UEDE) de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.
– Cuando el delito se comete únicamente dentro de un territorio determinado (no es un delito federal) investigan las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas.
Además de lo anterior, desde el 13 de este mes entró en funcionamiento mediante al acuerdo A/ 219 /12 de la PGR, la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de Trata de Personas, como instancia responsable de la investigación y persecución de los delitos de trata de personas cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, quedando adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Es decir, la Fevimtra ha visto disminuida sus facultades al grado de convertirse en una instancia del gobierno federal que se dedica únicamente a la búsqueda y localización de mujeres y niñas; ya que en el tema de atención a víctimas de trata con la creación de Províctima (el año pasado) los recursos humanos, financieros y materiales relativos a los Centros de Atención Integral (Caza) fueron transferidos de la Fevimtra a dicha dependencia. 1
Mientras el Ejecutivo federal no termina de organizar el funcionamiento de sus áreas para lograr una investigación de este delito con la debida diligencia y salvaguardar a las víctimas, la situación en México cada vez más se agrava:
– Se carecen de cifras oficiales sobre el número de personas que son víctimas de trata en el territorio.
– Se estima que más de 20.000 niñas y niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata cada año, especialmente en zonas fronterizas y turísticas.
– Después de Tailandia, México es el segundo país en mandar más víctimas de “trata de personas” a Estados Unidos.2
– De acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) realizado por la American Bar Association (ABA) en el país se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral.
– Los estados de origen son principalmente Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo.3
– Los principales puntos de destino en México son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.4
La trata de personas es un delito complejo porque en él intervienen diversos factores y su comisión es de tracto sucesivo es decir se perpetúa en el tiempo en una cadena de conductas ilícitas en las que intervienen diversos actores lesionando un conjunto de bienes jurídicos que conforman el núcleo esencial de derechos humanos de las víctimas.
Esa complejidad también dificulta el acopio de información desagregada que permita identificar a las redes de tratantes y sus patrones de comportamiento, para integrar investigaciones sólidas que concluyan con la debida sanción a los responsables.
El 14 de junio del presente año fue promulgada la nueva Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos; también se abrogó la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; y se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacion, de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta ley fue producto de un esfuerzo legislativo importante, tiene como uno de sus objetivos: brindar un marco jurídico adecuado para la investigación y sanción de este delito, así como efectiva atención las víctimas. De acuerdo con el artículo cuarto transitorio, el Ejecutivo federal contaba con 90 días a partir de la publicación de la ley para emitir el reglamento de la misma. Sin embargo, a más de 100 días de la promulgación de la ley, el Ejecutivo federal no ha dado cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento.
Asimismo, esta ley también considera en su artículo décimo transitorio que los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del DF deberán realizar “las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas”, a fin de armonizar su legislación con lo establecido en la nueva ley.
Para dar una plena vigencia a lo establecido en la ley citada, resulta fundamental que el Ejecutivo federal, los Congresos locales y la Asablea Legislativa cumplan con lo establecido en la misma.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos.
Segundo. Se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico.
Notas
1 De acuerdo con los artículos transitorios cuarto y quinto del decreto de creación de Províctima, folio 0001700010212, oficio número DJAI/DGAJ/1163/2012.
2 Eva Reyes Ibáñez, consultora legal de la Organización Internacional para la Migración.
3 Kumar Acharya, Arun, Perspectivas del tráfico de personas en México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Citado en revista Proceso, “Trata de personas: impunidad legalizada”, consulta en internet: http://www.proceso.com.mx/?p=300276
4 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en las entidades federativas a fin de prevenir, atender, sancionar y reparar los daños de los feminicidios, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Martha Beatriz Córdoba Bernal, diputados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las acciones emprendidas por los autoridades competentes en las entidades federativas para prevenir, atender, sancionar y reparar los daños de los feminicidios en México, con base en los siguientes
Antecedentes
En la zona fronteriza de México, en Ciudad Juárez, desde la década de 1990 se empezaron a registrar casos de mujeres brutalmente asesinadas, la mayoría desaparecidas, y algunas encontradas mutiladas y con muestras de tortura, jóvenes sin mayor culpa que buscar en esa zona una oportunidad de empleo. Las madres y familiares se organizaron para su búsqueda, ante la respuesta indolente de autoridades alzaron la voz y fueron escuchadas más allá de nuestras fronteras, donde encontraron apoyo y respaldo.
Se organizaron marchas y caravanas hasta la capital del país, se conoció a México en el mundo como el lugar en el que la vida de las mujeres no costaba nada.
Esos fueron los primeros indicios de la descomposición social, eran una alerta roja de lo que estaba sucediendo en esa parte del país, poco después se vio azotada por el crimen organizado y la ingobernabilidad. Las autoridades no hicieron caso, ni tomaron las medidas correspondientes para acabar con ese fenómeno.
Fueron diez años después que en esta Cámara, en 2003, se tomó la decisión de instalar una comisión especial nombrada por su iniciadora, la doctora Marcela Lagarde, como “comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones y acciones relacionadas con los feminicidos en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada”.
De los trabajos de esa comisión se obtuvo una investigación exhaustiva de la situación de los feminicidios en el país.
Dos de las aportaciones más importantes, resultado de esas investigaciones, fueron en primer lugar, nombrar a ese tipo de asesinatos de mujeres como feminicidios, e identificarlos como una de las formas más extremas de la violencia de género.
Otra de los resultados trascendentes fue sacar a la luz que los feminicidios no eran exclusivos de Ciudad Juárez, sino que era una realidad que persistía en todo el país, en mayor o menor medida en todas las entidades federativas.
En el trasfondo hay una cultura de violencia de género que no es exclusiva de Ciudad Juárez. “La violencia basada en patrones de masculinidad se está convirtiendo en una epidemia”, ha dicho la diputada Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de Feminicidios de la LXI Legislatura.
Asimismo confirmó que la principal característica que atraviesa estos delitos es la impunidad. “La impunidad es la culpable de todo, no es posible llegar a la verdad porque el sistema de justicia no existe y hay una ineficacia absoluta del resguardo de pruebas”, asegura la dramaturga Rocío Galicia, estudiosa del fenómeno.
Según datos de la comisión especial en la anterior legislatura, cada año hay unas 15.000 violaciones en México, sólo en el 25 por ciento de los casos se castiga al agresor y únicamente hay sentencia en el 1 por ciento de todos los expedientes por homicidio.
Se estima que entre 1985 y 2009 hubo 34 mil 176 muertes de mujeres con presunción de homicidio. A razón de ello México recibió 200 recomendaciones de organismo internacionales defensores de los derechos humanos.
Es de destacarse la sentencia sobre el Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó en 2009 al Estado mexicano por tres casos en particular: los de Esmeralda Herrera Monreal, una empleada doméstica de 15 años; Claudia Ivette González, una trabajadora de maquila de 19; y Laura Berenice Ramos, una estudiante de 17. Los cuerpos ultrajados de las tres fueron hallados en un descampado en el 2001. La sentencia da cuenta de que desde 1993 desaparecen “mujeres jóvenes, incluso niñas, trabajadoras –sobre todo de las fábricas manufactureras—, de escasos recursos, estudiantes o migrantes”.
La sentencia del caso Campo Algodonero es la que marca un antes y un después en el reconocimiento del feminicidio como término, pues por primera vez aparece en una decisión judicial. La utilización del concepto por cada una de las partes y en última instancia por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos da una idea de la relevancia de esta expresión.
Aunque ya en 2007 se había aprobado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se hacía referencia a la violencia feminicida.
A la fecha, en 16 entidades federativas y en el Código Penal Federal se ha tipificado el delito de feminicidio, en algunos casos hasta con 70 años de prisión.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos legislativos y presupuestales para atender el problema, se contrasta con la dificultad de enmarcar los asesinatos por violencia de género en el tipo penal de feminicidio y éstos siguen en aumento.
De acuerdo con estadísticas recientes divulgadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre enero de 2010 y junio de 2011 en 24 entidades del país al menos 2 mil 273 mujeres fueron victimadas.
El informe colocó a la cabeza al estado de México, con 320 casos, seguido por Colima (213), Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Chihuahua (159), Jalisco (142), Nuevo León (138), Quintana Roo (127), Veracruz (118) y Oaxaca (102).
En casi todos esas entidades los faminicidios se duplicaron, como sucedió en Nuevo León, en relación con los 12 meses anteriores, mientras que en Jalisco aumentaron 73.5 por ciento; en Tamaulipas, 64 por ciento; y en Sinaloa, 42 por ciento.
Para el Centro e Información de la Mujer, AC (CIMAC), 2010 fue el año más violento en Chihuahua. Entre 1993 y 2002 se registraron 413 homicidios de mujeres, pero sólo ese año la cifra fue de 446, es decir, asesinaron una mujer cada 20 horas.
Por ello, y como lo señala la representante de ONU Mujeres, María de Paz López: “La tipificación del feminicidio será insuficiente para saldar la deuda con las víctimas de violencia si no se fortalece la cadena de justicia”. Aunque reconoció el trabajo del ejecutivo y legislativo en el camino hacia la tipificación de este delito, señaló que el reto es ir hacia los procedimientos penales “porque el propio código no es suficiente”.
La representante de ONU Mujeres consideró urgente una revisión en los procedimientos utilizados por los jueces y el establecimiento de protocolos periciales, forenses y policiales que permitan identificar perfectamente cuándo el asesinato de una mujer se convierte en feminicidio porque eso da garantía de que el proceso de cadena de justicia cumplirá con su objetivo.
Todo esto, pone en evidencia la urgencia de atender de manera integral y coordinada, entre las autoridades competentes de la federación en los diferentes ámbitos de gobierno para dar una respuesta contundente que ponga un alto a la violencia feminicida y se comiencen a restablecer las bases del tejido social y la reparación de los daños que han quedado marcados en nuestra sociedad.
Considerandos
Primero. Que el artículo primero de la Constitución Política de México eleva a rango constitucional los derechos humanos, y que de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), toda violencia de género contra las mujeres implica una violación de los derechos humanos y a las garantías individuales de las mujeres, es una obligación de todos los órdenes y niveles de gobierno trabajar en garantizar esta norma.
Segundo. Que conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es
...la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Tercero. Que recientemente el Congreso de la Unión aprobó reformas al Código Penal Federal, que ya están en vigor, para tipificar el delito de feminicidio e introducir medidas para la reparación del daño.
Cuarto. Que a la fecha existen 16 entidades federativas que han realizado reformas a sus códigos penales a fin de introducir el tipo penal de feminicidio.
Quinto. Que a pesar de los esfuerzos legislativos y presupuestales, con forme a las cifras de obtenidas por las sociedad civil organizada, la violencia feminicida sigue en aumento y se requiere de un mayor esfuerzo coordinado e integral para hacerle frente.
Tomando en cuenta los antecedentes y consideraciones vertidas, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados acuerde la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en las entidades federativas para prevenir, atender, sancionar y reparar los daños de los feminicidios en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para garantizar la subsistencia del hábitat de hibernación de la mariposa monarca, y la reactivación de la actividad económica de los habitantes de la reserva especial de la biosfera Mariposa Monarca, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscrito, diputado Luis Olvera Correa, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para garantizar la subsistencia del hábitat de hibernación de la mariposa monarca, y la reactivación de la actividad económica de los habitantes de la Reserva Especial de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
México es mundialmente conocido por su diversidad geográfica y cultural, nuestro país alberga una gran cantidad de ecosistemas dentro de los cuales podemos ser testigos de milagros de la naturaleza de diversa índole; todos ellos enmarcados en los magnificentes paisajes que alberga el territorio nacional.
Uno de los más grandes y característicos fenómenos naturales que ejemplifican lo mencionado, es el de la Danaus plexipus, comúnmente conocida como mariposa monarca. Se trata de un insecto que realiza un viaje de más de cuatro mil kilómetros de distancia, desde la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hasta los bosques de oyameles ubicados en el estado de Michoacán, colindantes con el estado de México.
El largo camino que recorre la monarca, es un viaje de aproximadamente 3 mil a 4 mil 200 kilómetros en tan sólo 25 días, por lo que empiezan a llegar a los bosques mexicanos de oyameles en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La estancia de la mariposa monarca en nuestro país es de aproximadamente cinco meses, tiempo durante el cual millones de personas acuden a los denominados “santuarios” para disfrutar del espectáculo que ofrecen.
Durante el mes de febrero después de cumplir su ciclo reproductivo inician la travesía de regreso a su lugar de origen (Estados Unidos de América), para continuar con su ciclo de vida.
Esta especie de artrópodo característico de los bosques michoacanos, con tan solo medio gramo de peso, cumple parte de su ciclo de vida (de entre seis y siete meses) en el territorio nacional, a pesar de que no existe consenso respecto a la razón científica acerca de las explicaciones del porqué millones de ellas regresan año con año a los mismos bosques del estado de Michoacán y del estado de México, se tienen evidencias de que ésta migración ha tenido lugar desde hace miles de años, pero no fue sino hasta hace poco más de 30 años que el gobierno mexicano empezó a tomar acciones relacionadas con la protección de dicho fenómeno natural; mediante el decreto de creación de una reserva de refugio de fauna silvestre promulgado en 1980.
En 1986 se logró el reconocimiento de los lugares de hibernación de la mariposa monarca como área natural protegida, mediante el Decreto de Creación de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca, del 9 de abril de 1986, que abarca 16 mil 100 hectáreas en las que se asientan cinco refugios de hibernación ubicados en los estados de Michoacán y México.
Del total del territorio comprendido dentro del decreto, 72 por ciento corresponde a zonas de amortiguamiento en las que se permite realizar algunas actividades productivas; en el restante 28 por ciento, se ubican seis zonas núcleo, en las cuales las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales fueron prohibidas. La reserva se conforma por 5 polígonos; cuatro corresponden a santuarios cercanos entre sí, son el del cerro del Campanario, Sierra Chincua, Chivatí-Huacal y Cerro Pelón, y el quinto es el santuario del cerro Altamirano localizado a 50 kilómetros de los primeros.1
Actualmente, estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han revelado que el número de mariposas que invernaron en México durante 2011 se redujo a una cuarta parte en comparación con 2009, esto obedece en una primera aproximación a dos condiciones del entorno: el cambio climático y la deforestación, principalmente, aunque también existen otros factores que debe ser considerados como la extinción de la fauna silvestre por la cacería no regulada causando desequilibrios en el ecosistema y afectando rotundamente la actividad de la monarca.
Ante tal situación, la protección de la mariposa monarca ha sido uno de los temas que se ha posicionado de manera controvertida entre los ambientalistas mexicanos, existen diferentes opiniones acerca de la atención que debe prestarse a la situación de peligro que atraviesa la monarca y que se refleja en una disminución de su afluencia al territorio mexicano.2
Uno de los compromisos fundamentales del Estado mexicano en años recientes, ha sido con el tema del desarrollo sustentable, buscando en todo momento que se protejan, se respeten y se exploten de manera adecuada y consciente los recursos naturales; es así que en el marco de ésta propuesta, la mariposa monarca es uno de los temas que por su importancia sustantiva para el estado michoacano requiere de ser considerado además de patrimonio natural del país, un recurso que debe ser potencializado en todos los sentidos.
En el mismo sentido pero orientado a la sustentabilidad, se presenta otro reto; la situación económica de los habitantes de la región de la monarca, hay evidencias de insuficiencia de recursos productivos, como por ejemplo la escasez y pobreza de los suelos agrícolas y el deterioro de los recursos forestales. Escasean las industrias forestales, agropecuarias o de otro tipo; de hecho, generando situaciones de precariedad que conllevan problemas de pobreza e inseguridad. La situación se agudizó a partir de la promulgación del decreto de creación de la reserva, con el cierre de las tres empresas creadoras de la mayor cantidad de empleos en la región: Cariflor (productora de flores), la mina de oro de Angangueo y las tres plantas de procesamiento de madera de la Unión de Ejidos Melchor Ocampo.
Es importante mencionar que 86 por ciento de las tierras de la reserva son propiedad social: 50 por ciento son ejidos y 36 por ciento pertenecen a comunidades indígenas; y aunque de manera formal la creación de la reserva no modificó sus condiciones de tenencia de la tierra, en la práctica observamos que se alteró la estructura de control de los territorios y recursos naturales.
Por generaciones, los habitantes de las localidades presenciaron la llegada de la mariposa monarca como un elemento natural de su entorno, sin embargo la situación que cambió cuando científicos canadienses y estadounidenses hicieron público el descubrimiento de los refugios invernales de las mariposas; esto impulsó la promulgación de los decretos de 1980 y 1986, afectando a las comunidades mediante restricciones en el uso de recursos naturales, limitando su forma habitual de subsistencia, que era la explotación de los bosques.
Lo anterior decantó en una política de restricción gubernamental de la explotación de los recursos forestales, y tal y como sucede en otras regiones forestales de nuestro país, las comunidades sujetas a este tipo de política, enfrentaron las denominadas vedas provocando, la aparecieron prácticas y redes de clandestinaje forestal.3 Esto generó que de 1993 a 1994 disminuyeran las comunidades de la reserva que realizaron aprovechamientos forestales consistentes, es decir, con permisos oficiales y basados en planes de manejo forestal pensando en el desarrollo sustentable y sostenible de la reserva ecológica.4
Uno de los factores que estimulan de manera permanente el clandestinaje en la explotación forestal en la región, obedece a dos factores esenciales: primero: la demanda de materia prima de la industria regional, cuya capacidad instalada sobrepasa las posibilidades de abasto sustentable de los bosques regionales.5 Y por otro lado la falta de cultura ecológica que se manifiesta en el desinterés de los habitantes por conservar y proteger sus recursos que se acompaña de un incumplimiento de la ley.
De acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores, es evidente que las medidas tomadas por el gobierno mexicano no han sido suficientes para asegurar el desarrollo sustentable y sostenible de las regiones, en especial las del estado de Michoacán en donde se localizan las mariposas monarca; por lo que se requiere establecer como prioridad en la agenda legislativa y ejecutiva acciones coordinadas para la atención integral de las problemáticas referidas.
En tal sentido, las propuestas para la atención de estos asuntos, va dirigida fundamentalmente a la generación de oportunidades reales de desarrollo económico que combinen las nociones de sustentabilidad y sostenibilidad, es decir, que se apoye la explotación de los bosques de manera ordenada por un lado, y por el otro que se incrementa la tarea de promoción y difusión en la ciudadanía para alcanzar niveles adecuados de corresponsabilidad ciudadana frente a la labor gubernamental atendiendo a la necesidad de contar con una visión integral para la atención del problema.
Desde la perspectiva anterior, las actividades para la protección de la mariposa monarca deben incluir de manera activa y comprometida a las diferentes instituciones como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de vincularse de manera directa con estados y municipios de tal suerte que se generen políticas públicas que garanticen la atención sistémica de la situación actual de la mariposa monarca y atiendan las necesidades de desarrollo económico de la región.
Conscientes de las transversalidad con la que debe atenderse la situación que prevalece en el territorio de la monarca, nuestra labor debe estar encaminada a mejorar la legislación vigente e innovar en la instrumentación de políticas públicas para el desarrollo económico de la región que de manera eficiente y bajo criterios de viabilidad protejan los recursos naturales para que se garantice que año con año siga arribando a los bosques mexicanos la mariposa monarca.
Por último, debemos actuar de manera responsable y congruente respecto del medio ambiente y los recursos naturales, una atención integral con visión prospectiva que atienda en todo momento los principios del desarrollo sustentable y sostenible es sin duda materia de esta legislatura y propósito fundamental de la creación de esta comisión especial.
Bajo tal orden de ideas, esta comisión especial pretende entre otras cosas, impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de la región comprendida dentro de la Reserva Especial de la Biósfera Mariposa Monarca, buscando un equilibrio entre el aseguramiento de los bosques en los cuales hiberna y el desarrollo de actividades económicas debidamente reguladas que garanticen la subsistencia de los habitantes de la misma.
En tal virtud, la comisión especial para garantizar la subsistencia de la mariposa monarca haría uso de las facultades legislativas y de gestión depositadas en sus integrantes, a fin de promover proyectos de colaboración con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, con los representantes del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, impulsar mecanismos de articulación entre la sociedad civil y las autoridades, así como adecuar el andamiaje jurídico en la materia a efecto de:
• Fomentar el uso eficiente de los recursos naturales.
• Impulsar el desarrollo sustentable de la región.
• Promover mejoras a la economía de la localidad.
• Impulsar políticas públicas que garanticen la reactivación económica de los habitantes de la reserva.
• Objetivar los principios contenidos en el desarrollo sustentable y sostenible.
• Vigilar la ejecución y correcta aplicación de los recursos destinados a los programas y proyectos que coadyuven al desarrollo de la zona.
• Evitar la tala clandestina, asegurando de esta manera que los productores locales autorizados encuentren respuesta a sus necesidades económicas.
En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto de suma importancia para nuestro país y los Estados Unidos y Canadá, debemos conjuntar esfuerzos para garantizar la subsistencia del hábitat de hibernación de la mariposa monarca, así como impulsar mecanismos para la actividad económica de los habitantes de la Reserva Especial de la Biósfera Mariposa Monarca, es que se plantea ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura se constituya la comisión especial para garantizar la subsistencia del hábitat de hibernación de la mariposa monarca, y la reactivación de la actividad económica de los habitantes de la Reserva Especial de la Biósfera Mariposa Monarca, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable y sostenible de manera integral de la región.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable en la región.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Segundo. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Notas
1. La superficie forestal total de la reserva es de 9,834 hectáreas, de las cuales el 55% corresponde a bosque denso, 28% bosques cerrados y 15% bosques abiertos, es importante señalar que en 1986 el bosque cubría más de 50% de los territorios de 48 de las 54 comunidades incluidas en la reserva.
2. Esta problemática, se debe al hecho es que los bosques de la reserva soportan diversas presiones, dentro de las cuales debemos mencionar el clandestinaje forestal, los problemas de la tenencia de la tierra, el control del acceso a los recursos naturales, la pobreza y la falta de oportunidades productivas para la población así como la ausencia de esquemas de manejo para la reserva y los bosques de la región.
3. La historia forestal ha demostrado que en las zonas en que se realizan aprovechamientos forestales regulares, el deterioro de los recursos es menor al de zonas vedadas, en las que se desarrolla de manera activa el clandestinaje.
4. Desarrollo sustentable, entendido como el proceso por el cual se preservan los recursos naturales y se protege el medio ambiente, definición que apareció por primera vez en la Declaración de Estocolmo(1972, Principio 2), significando que es un “proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Desarrollo sostenible: se entiende como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras, definición que nace en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002).
5. Sólo en el área de la reserva que corresponde a Michoacán, la capacidad de la industria maderera es siete veces superior al volumen producido por los aprovechamientos autorizados, los cuales únicamente abastecen 13 por ciento de la demanda regional de la industria maderera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputados: Salvador Romero Valencia, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Blanca María Villaseñor Gudiño, Ernesto Núñez Aguilar (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones conducentes a cumplir la NOM-041-SSA2-2011, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”, con hincapié en el apartado 6, relativo a la consejería y el acompañamiento emocionales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita diputada federal, Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El cáncer de mama es hoy día uno de los desafíos más importantes para la salud pública en nuestro país, siendo la primera causa de muerte por tumor maligno, el cual, constituye una grave amenaza para la fortaleza y el bienestar de las familias, así como para la sociedad en su conjunto.
En México, se ha observado una tendencia ascendente, de manera que en el 2006 desplazó al cáncer cérvicouterino como la principal causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres de 25 años y más, lo cual se ha demostrado a través de las diversas estadísticas.
Para cada una de las mujeres que lo padecen, y para sus familias, tiene un impacto significativo tanto emocional, social y económico, entre otros más, ya que en su mayoría se detecta en etapas muy avanzadas.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2009, el Distrito Federal presentó las tasas más altas de morbilidad hospitalaria por cada 100 mil habitantes por cáncer de mama (64.74). Indicando además, que para ese mismo año, en las mujeres, el cáncer de mama constituyó la principal causa de morbilidad hospitalaria representando el (22.00 por ciento).
Con respecto a las políticas llevadas a cabo, la Secretaría de Salud amplió y aumentó la normatividad relativa al control del cáncer de mama a través de las directrices técnicas en diversas Normas Oficiales Mexicanas. Se establecieron criterios más rigurosos para vigilar los servicios de salud públicos y privados en la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad. Para promover la detección temprana, las directrices hacen énfasis en la autoexploración, el examen clínico y la mamografía.
En febrero de 2007, cuando se empezó a atender esta enfermedad a través del Seguro Popular, ya para finales del 2011, se había dado tratamiento a 26 mil pacientes, que representa una inversión de más de cuatro mil millones de pesos. La atención de enfermedades consideradas como catastróficas se otorga a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).
Antes de este sexenio, una de cada cuatro mujeres; es decir, 25 de cada 100 con cáncer, se veían en la necesidad de abandonar el tratamiento, para el año 2011, sólo abandonaban el tratamiento tres de cada 100.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, cada año, 13 mil mexicanas, 35 por día, son diagnosticadas con cáncer de mama, 5 mil fallecen anualmente a causa de esta enfermedad, es decir, 14 mujeres mueren diariamente por cáncer de mama.
Ante esa situación, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con el apoyo de la Fundación Tómatelo a Pecho, Funsalud y el Instituto Nacional de Salud Pública, desarrollan cursos de capacitación a miles de trabajadores de la Secretaría de Salud, para que orienten a las mujeres sobre esta enfermedad.
Además, a partir de la atención del cáncer de mama por el Seguro Popular, se ha alcanzado los siguientes resultados:
El porcentaje de sobrevivencia es de 80 por ciento a 30 meses de seguimiento; y gracias al Seguro Popular se ha logrado que se atiendan cada vez más mujeres.
La adherencia al tratamiento se incrementó de 79 por ciento a 98 por ciento.
Es alentador que miles de personas puedan tener una mejor atención contra el cáncer de mama, sin embargo queremos poner puntual atención en el acompañamiento emocional que cada uno de los pacientes requiere, siendo un proceso de atención integral a las posibles implicaciones emocionales de los pacientes de cáncer de mama en especial para la mujer, en cualquiera de las etapas del proceso de atención: diagnóstico, tratamiento y seguimiento al post-tratamiento, con la finalidad de ayudarle a explorar esas emociones, entenderlas y asumirlas. El proceso de atención contribuye a que la o el usuario desarrolle una respuesta adaptativa favorable en todo el transcurso de la enfermedad, permitiéndole tener el máximo control de la situación, siendo capaz de tomar las mejores decisiones con respecto a su tratamiento y percibirse respetada en su integridad y autonomía.
Constituye un gran acierto que el cuerpo normativo de la NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama se haya puesto especial atención en el uso de un lenguaje incluyente, así como en el tema del acompañamiento emocional, como coadyuvante a las mujeres antes, durante y después de su diagnóstico positivo y su tratamiento, lo cual puede significar un gran beneficio para las mujeres en materia de la detección, mejora de los procesos de diagnóstico, tratamiento oportuno y adecuado del cáncer de mama, así como en el acompañamiento al que tienen derecho, que deberá proporcionarse atendiendo los siguientes lineamientos:
6. Consejería y acompañamiento emocional
6.1. La consejería es un elemento de apoyo a la mujer para llevar a cabo la detección y atención integral del cáncer de mama.
6.1.1. Mediante la consejería se debe proporcionar información y orientación a la paciente y en su caso a sus familiares, a fin de aclarar las dudas que pudieran tener acerca del cáncer de mama, en cuanto a los siguientes aspectos: anatomía y fisiología de la glándula mamaria, factores de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones de tratamiento médico, psicológico y acompañamiento emocional, así como las ventajas, riesgos, complicaciones, rehabilitación y reconstrucción.
6.4. Acompañamiento emocional
6.4.1. El acompañamiento emocional se dirige especialmente a personas con sintomatología clínica o detección de cáncer de mama con resultados anormales y debe brindarse durante el proceso de diagnostico y tratamiento médico. Tiene como propósito orientar la toma de decisiones informada, favorecer el apego al tratamiento, el empoderamiento de pacientes y mejorar la calidad de vida.
6.4.2. El acompañamiento emocional debe permitir la exploración y expresión de los sentimientos, tales como: angustia, temor, ambivalencia, depresión, ira y negación, con objeto de disminuir estos para facilitar la toma de decisiones y poner en práctica la acción a seguir.
6.4.3. El acompañamiento emocional será brindado por personas capacitadas, para el manejo y la facilitación de la expresión de sentimientos y emociones; antes, durante y después del diagnostico de cáncer de mama, con una visión de desarrollo humano, lo cual se brindara individualmente o se canalizara a grupos de apoyo dentro o fuera de la institución tratante.
Ser diagnosticada o diagnosticado con cáncer es una terrible experiencia, tanto física como emocional. En esos momentos, se sobrevienen sentimientos que van de un lado para otro y en su mayoría para muchas personas cáncer significa, sufrimiento y muerte.
Al momento del diagnóstico las personas sufren un impacto psicológico muy fuerte que va acompañado de frustración, tristeza, impotencia y de miles de preguntas sobre el proceso médico que deberán llevar, por ello resulta de especial relevancia el cuidado de los aspectos relacionados con el proceso emocional de aceptación y respuesta a la enfermedad, por lo que es importante que el personal de salud idóneo se encargue de ello.
Dentro de este proceso seguramente se sienten vulnerables, permanentemente deprimidas, enojadas e incluso no atendidas como merecen, no comprendidas, preguntándose que pasara ahora en su vida, con su familia, con sus hijos, con todos sus seres queridos y peor aún, sintiéndose devaluadas como personas y como mujeres.
Es importante que al tener un diagnostico con cáncer de mama puedan recibir un acompañamiento emocional, que les permita llevar de la manera más positiva su enfermedad, a través de profesionales que les puedan ofrecer en todo momento un consejo, una mano amiga, que actúe como guía y que sirva de enlace con la familia, es decir, de un profesional que les brinde salud emocional.
Ante ello, queremos que se redoblen esfuerzos para que en todo el país se trabaje en el aspecto emocional, en el acompañamiento que deben tener durante toda la enfermedad, antes durante y después.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones para el cumplimiento de lo marcado en la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, con especial énfasis en lo prescrito en el apartado 6 de la misma, relativo a la consejería y el acompañamiento emocional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de promover acciones contra la obesidad y el sobrepeso, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Andrés Eloy Martínez Rojas, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La obesidad ha dejado de ser un problema exclusivamente estético, y poco a poco comienza a considerarse una enfermedad, a grado tal que la OMS la ha denominado como “una epidemia del nuevo siglo”.
La obesidad, contra la antigua creencia, no sólo afecta a la población adulta. Este dato se vuelve más importante cuando sabemos que hay una predisposición del individuo a mantenerse obeso en la etapa adulta si padeció obesidad o sobrepeso en la infancia. Se estima que un niño que es obeso a los 10 años de edad tiene un riesgo asociado de 70 por ciento de ser un adulto obeso; el riesgo se incrementa a 81 por ciento si el individuo llega a ser adolescente obeso.
En México, 70 por ciento de los adultos padece obesidad o sobrepeso. La condición se ha agravado en niños de edad escolar, que aumentaron de 18.4 por ciento en 1999 a 26.2 en 2006. Es decir, el problema crece a razón de 1.1 anual. Además de la elevada mortalidad, el tratamiento de enfermedades sumamente ligadas al sobrepeso y la obesidad, como la diabetes y sus complicaciones, cuesta al Estado cerca de 80 mil millones de pesos al año, más el efecto en la economía familiar y el sufrimiento humano que esto trae consigo.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, por los índices de obesidad y sobrepeso en el país, en los próximos 10 años será necesario aplicar casi todo el presupuesto asignado a salud, es decir, 167 mil millones de pesos, únicamente a la atención de las enfermedades derivadas de la obesidad.
Año con año se crean programas para remediar problemas derivados de las dos enfermedades mencionadas. Sin embargo, poner fin al incremento de las tasas de obesidad en México no significa limitarse a crear programas descriptivos que incluyan recomendaciones, o bien, a desarrollar programas que atiendan a la población que ya tiene la enfermedad sino que es necesario transformar la mentalidad de la sociedad y eliminar las complicaciones económicas y sociales que una activación física significa para los niños y los adolescentes en México. (Fuentes: Encuesta Nacional de Salud 2011, estadísticas de la OMS, UNICEF, Cámara de Diputados, INSP.)
El sedentarismo y los malos hábitos alimentarios son sin duda las principales causas del incremento del porcentaje de personas afectadas por sobrepeso y obesidad en México. Y ambas resultan perfectamente controlables.
Para que un niño crezca sano, necesita estar bien alimentado y hacer ejercicio regularmente desde temprana edad, a fin de asegurar los procesos de crecimiento y desarrollo, prevenir padecimientos futuros y contribuir a reducir los bajos niveles de aprovechamiento y rendimiento escolares debido a condiciones deficientes de salud.
Los padres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la formación de los hijos, pues además de promoverles el hábito de desayunar antes de ir a la escuela, enviarlos con refrigerios adecuados a su edad y actividad, y darles de comer y cenar a sus horas, deben fortalecer la vigilancia de lo que éstos consumen en la casa y fuera de ella, orientándolos a una alimentación correcta, en la que se fomente la ingesta de frutas y verduras, granos enteros y agua simple.
La prevención del sobrepeso y la obesidad requiere acciones que van más allá del sector salud y del educativo, ante la evidente necesidad de una política integral de Estado a través de la cual se desarrollen estrategias multisectoriales, intersectoriales y multinivel, por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, con la participación activa de otros representantes del sector público y las asociaciones privadas que apoyen el combate de la obesidad infantil.
Acciones
1. Atacar las causas de la obesidad, los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo en los mexicanos menores de 14 años de edad.
2. Generar una comisión encargada de difundir e implantar un plan de concienciación, instruido por especialistas de la salud y de la nutrición, que informe y alerte a los mexicanos acerca de las enfermedades que la obesidad desarrolla de manera secundaria, dejando claro la calidad de vida que estas enfermedades ofrecen a quienes las padecen, al mismo tiempo que se les invita a participar en el programa de combate de la obesidad infantil en México.
3. Brindar asesoría especializada y sistematizada en nutrición a las madres de familia. En cada una de las asesorías se determinarán los índices de masa corporal de cada uno de los individuos y se proporcionará a las madres una guía para planear una ingesta que permita a los hijos tener un cuerpo sano y sin exceso de peso, logrando con esto que la ingesta diaria de los niños sea acorde con su tipo de cuerpo, talla, edad y actividad física.
4. Proporcionar un programa sistematizado de activación física, instruido por especialistas del deporte, donde cada uno de los miembros de dicho programa participe de manera activa al menos 300 minutos por semana.
El trabajo conjunto del plan de concienciación, la asesoría nutricional sistematizada y el programa sistematizado de activación física permitirán que los índices de masa corporal de los niños menores de 14 años disminuyan, mejorando la expectativa y calidad de vida de éstos en su adultez. Al mismo tiempo, se evitará que para los próximos 10 años sea necesario aplicar más 167 mil millones de pesos en atender y controlar únicamente las enfermedades asociadas a la obesidad, de acuerdo con los pronósticos de especialistas de la Secretaria de Salud.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que a través de la representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Junta de Coordinación Política se proponga, en virtud de que es un tema trascendental, de relevancia, la creación de la comisión especial encargada de promover acciones contra la obesidad y el sobrepeso en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de desarrollo del campo, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Heriberto Galindo Quiñones. Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdez, Sergio Torres Félix, Raúl Santos Galván , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del estado de Sinaloa, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en el articulo 79, numeral 2, del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en el que se solicita la creación de la Comisión Especial de desarrollo al campo.
Antecedentes
El cambio climático es una realidad en el mundo, y México no está exento de esta situación. Tan sólo en 2011 enfrentamos, al mismo tiempo, heladas, sequías e inundaciones.
La problemática de campo mexicano es sumamente compleja y multifactorial. En el tema del agua, la escasez de este recurso, la falta de infraestructura para un mejor aprovechamiento en cuencas altas y los excesivos dispendios por las insuficientes obras para riego tecnificado; los subsidios al diesel; las políticas de pésima comercialización en el agro; las coberturas en la agricultura por contrato; el proteccionismo y los costos de la energía eléctrica, los sub ejercicios son algunos de los problemas fundamentales que se deben de atender de manera prioritaria para mejorar las condiciones generales para los productores agrícola.
La actual crisis alimentaria global, el déficit en la producción mundial de alimentos, nos vislumbran riesgos que ya se dibujan para la seguridad nacional.
Consideraciones
Se requiere un marco de política pública que responda al cambio de los escenarios. Como integrantes del H. Congreso de la Unión tenemos una responsabilidad histórica en este tema, porque en este recinto se definen directrices trascendentes que inciden en el desempeño productivo del campo, como la discusión y aprobación del presupuesto, programas y reglas de operación en beneficio del desarrollo en los diferentes sectores productivos.
Ante la apremiante necesidad de recursos financieros para el sector agropecuario, el presupuesto de la Sagarpa debe mantener un crecimiento real , sobre todo porque el apoyo al sector agrícola de nuestros socios comerciales lejos de bajar, se incrementa año con año. Los apoyos a la comercialización deben garantizar niveles de rentabilidad y de operatividad.
Se debe insistir, en que si bien el manejo de los recursos debe hacerse honesta y transparentemente, ya no es posible que sigamos permitiendo subejercicios y/o ejercicios tardíos del gasto bajo ninguna circunstancia, para ello será fundamental que se elaboren y hagan públicos informes periódicos sobre el ejercicio del presupuesto.
El campo mexicano demanda que actuemos con sensibilidad y objetividad en el impulso de una estrategia que reactive la producción agrícola nacional., tenemos que dejar atrás los viejos esquemas, dotando a los productores de mecanismos y apoyos que les den certidumbre, rentabilidad y protección contra catástrofes , que nos sorprenden cada vez con mayor asombro, por las terribles consecuencias derivadas del cambio climático y el calentamiento global.
Se requiere invertir más en el campo, sobre todo tener más cuidado con el sector productivo de la agricultura comercial, que es donde se produce el 70% de las cosechas nacionales.
La situación reclama una tarea legislativa de mayor compromiso, que no se limita al ámbito sectorial, sino también al blindaje de los impactos nacionales que la debilidad estructural o coyuntural de la agricultura genera.
El tema de los transgénicos, los altos costos en los insumos y los cupos de importación de productos del campo, son también retos que tenemos que replantearnos desde esta trinchera legislativa y resolver en la medida de lo posible con mejores propuestas.
Se requieren establecer políticas públicas de estado con visión integral y de largo plazo, con criterios de desarrollo regional con base en la vocación de la tierra, diferenciando las políticas por tipo de agricultura y con apoyos presupuestales suficientes.
En la actualidad, ante la temporada de estiaje, es necesario profundizar las medidas que nos ayuden a atender y proteger a la población más vulnerable, a adoptar medidas que salvaguarden su capacidad productiva, y garantizar el abasto de alimentos a la población.
Hemos sufrido recientemente las consecuencias de la sequía más severa de los últimos 70 años, además padecimos heladas e inundaciones en donde se perdieron el patrimonio logrado el esfuerzo de muchos años, de cientos de productores y campesinos a lo largo del país.
19 estados fueron afectados por la sequia, estamos hablando de más de dos millones de hectáreas siniestradas y de cientos de miles de animales muertos en el Norte del país. Con la llegada del nuevo gobierno que se encuentra en el proceso de transición, estamos convencidos que ante este tipo de catástrofes naturales ocasionadas por el cambio climático, se implementaran nuevos mecanismos económicos además de los establecidos para apoyar a los productores afectados por estos siniestros naturales, tales como heladas sequías e inundaciones, además de priorizar la ejecución de obras que coadyuven al mejor aprovechamiento de los recursos y que contribuyan a la disminución de riesgos.
El 80% de la superficie potencialmente cultivable es literalmente improductiva en nuestro país y ello es una verdadera tristeza. Buena parte de la gente que vive en el campo se dedica únicamente al autoconsumo, principalmente de maíz, de frijol y de avena y carecen de todo tipo de oportunidades. Seguimos en deuda con los campesinos, tenemos que apoyar a este sector tan vulnerable y tradicionalmente marginado, que nos ha dado tanto.
El objeto de esta propuesta de Comisión Especial de desarrollo al campo, es promover la implementación de mejoras en los diferentes programas o reglas de operación, encaminadas al desarrollo del campo mexicano, en la búsqueda de elevar la productividad procurando la suficiencia alimentaria y una mayor calidad de vida de las familias que viven de esta actividad primaria.
Enfatizamos en atender de manera integral a las distintas ramas de producción, como lo son los productores de cultivos cíclicos tales como maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, a los productores de caña de azúcar, del café, a los productores de leche y huevo, a los productores de carne bobina y porcina, a los apicultores, acuicultores, fruticultores, en resumen a toda la gran gama de productores de alimentos mexicanos.
Por lo anterior, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en el que se solicita la creación de una nueva Comisión Especial de Desarrollo del Campo.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita de la manera más respetuosa a la Junta de Coordinación Política, la creación de la Comisión Especial de desarrollo al campo, con el objetivo es el de promover la implementación de mejoras en los diferentes programas, reglas de operación teniendo como eje la búsqueda constante de elevar los niveles de eficiencia, para alcanzar la seguridad alimentaria nacional, sin descuidar el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes trabajan en actividad primaria.
Segundo. La Comisión Especial de desarrollo al campo, tendrá Vigencia durante la presente Legislatura, o en su caso cuando se haya cumplido el objeto.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputados: Heriberto Galindo Quiñones, Blas Ramón Rubio Lara, Raúl Santos Galván, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Marcos Aguilar Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados.
Consideraciones
El 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, autorizándose a la Cámara de Diputados un gasto por 5 mil 944 millones198 mil 699 pesos, es decir, casi 6 mil millones de pesos, por lo que se hace necesario que haya un debido cuidado, observación y vigilancia sobre el mejor uso que se pueda dar a tales recursos públicos para lograr una labor legislativa y parlamentaria de excelencia.
Es por ello, que Acción Nacional propone la creación de una comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, cuya función será garantizar que haya un ejercicio de gasto público con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de los recursos públicos con los que cuenta la Cámara de Diputados.
Dentro de los fines de esta propuesta es mandar una señal clara a la sociedad de que los propios diputados estamos preocupados por el ejercicio correcto de los recursos públicos en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Cabe mencionar que ha sido una constante en todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer principios, reglas e instituciones que tengan por objeto que el gasto público se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados los recursos públicos, por lo que la creación de una comisión especial como la que se propone se encuentra en la misma sintonía y congruencia.
No es óbice mencionar que la propuesta se engloba dentro del marco constitucional, al respecto se cita los párrafos primero y segundo del artículo 134 constitucional, de acuerdo a lo siguiente:
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.”
...
Por tanto, la comisión especial que se propone igualmente tiene por objeto vigilar que el tamaño y costo de la administración de la Cámara de Diputados no aumente y que se hagan más eficientes las estructuras existentes, así como una vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de tal gasto.
Si desde el propio Poder Legislativo, que es donde se construye el presupuesto creamos instituciones de seguimiento de los recursos públicos, y somos ejemplo, se elevará la legitimidad y la imagen de los legisladores, en consecuencia, la creación de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, será un esfuerzo permanente al interior de esta Cámara por integrar un presupuesto federal sano y equilibrado.
Igualmente, esta comisión tendrá como función investigar, estudiar, medir y proponer un conjunto de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos recomendando posibles medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan al interior de la Cámara, lo que permitirá darle un verdadero sentido republicano al gasto público.
Es de destacar, que esta comisión especial se complementaría con las instituciones que ya existen hacía el interior del Congreso, como la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, los Comités de Administración y Transparencia de la propia Cámara de Diputados e inclusive la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, con el objeto de aportar una visión especializadísima sobre el ejercicio del Gasto Público en la propia Cámara de Diputados.
Finalmente, hago votos para que apoyemos e impulsemos la creación de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, que sea una institución que evite despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al estado, y que los impuestos se transformen en mejores leyes y decretos, así como en mejor atención y gestión de las demandas ciudadanas que se elevan a los legisladores, caminemos en el sentido de fortalecer la confianza en las instituciones, refrendando el compromiso público que los ciudadanos nos otorgaron con su voto.
Por lo anteriormente señalado, solicito a esta honorable asamblea para que con la intervención que corresponda a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo para la creación de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la creación de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de la comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados será garantizar que haya un ejercicio de gasto público con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de los recursos públicos con los que cuenta la Cámara de Diputados.
Tercero. La comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados estará formada por 12 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La comisión especial de fiscalización y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria al 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a pagar la prima de antigüedad a los jubilados y pensionados de la educación, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Gisela Raquel Mota Ocampo, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Consideraciones
El 2 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos “Tierra y Libertad”, el decreto número 1877, por el que se reformó el artículo primero de la Ley de Ingresos del gobierno del estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2012, así como los artículos décimo primero, vigésimo segundo, vigésimo sexto y vigésimo octavo del Decreto número 1642, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2012.
En dichas reformas, se asignaron recursos presupuestales por 100 millones de pesos, al pago de la prima de antigüedad a los maestros jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, delegación Morelos.
El 26 de julio de 2012 el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de su Consejero Jurídico el Lic. Manuel Díaz Carvajal, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la demanda de Controversia Constitucional a efecto de solicitar la invalidez de las resoluciones emitidas por el Congreso del Estado que modificaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos. Dicha controversia fue radicada con el número 70/2012 y recayó bajo la ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza. El Ministro acordó otorgar la suspensión provisional para el efecto de que se provisionaran los recursos económicos materia de la Reforma, pero que no se aplicaran hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto. El proceso se encuentra en trámite.
No obstante, la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo estatal suscribió acuerdo con la comisión negociadora de los maestros jubilados a través del cual se pactó la realización de pagos conforme al siguiente esquema:
Primer pago de 25 millones el 15 de septiembre del presente año, que ya venció.
Segundo pago a realizarse el 15 de octubre.
Tercer pago por 50 millones en enero o febrero de 2013.
Por lo que el ejecutivo estatal encabezado por Marco Antonio Adame Castillo, corrige de facto, su acción de controversia. Cabe señalar que el titular del Ejecutivo estatal termina su gestión el 1 de octubre de 2012. Por tal razón y ante su inminente salida es que solicitamos que éste punto de acuerdo pueda establecerse como de urgente y obvia resolución.
Una de las tareas más nobles que se puede desempeñar es la del mentor. Ellos han formado a los ciudadanos de hoy y de ayer y en este preciso momento están formando a los mexicanos del futuro. Los maestros inculcan los valores patrios, el comportamiento cívico. Son la primera ventana al funcionamiento de la sociedad, el gobierno y la noción de patria.
Desde el 17 de septiembre los profesores jubilados de Morelos están desarrollando legítimas acciones de protesta y presión. Aunque resulte difícil imaginarlo, miles de ellos han tenido incluso que bloquear las autopistas del estado, muchos de ellos son adultos mayores.
Cuernavaca particularmente se ha visto paralizada en los últimos días y no podemos menos que reconocer su dignidad, a pesar de la afectación que pueden provocar a las actividades cotidianas.
¿Qué necesidad hay que nuestros mentores, jubilados ellos, pero dignos al fin, tengan que llegar a tomar ésta medidas para poder ejercer su derecho a un retiro digno?. ¿Qué gobierno puede anteponer la disponibilidad de liquidez, a costa de negar sus derechos a los mentores jubilados?
Dicho conflicto viene a agravar además, el precario nivel de gobernabilidad de Morelos. Sumido en los últimos años por la violencia del crimen organizado y en las últimas semanas por el surgimiento de diversos conflictos entre el Ejecutivo estatal y sus pobladores como son los conflictos con las comunidades de Huesca y Tepoztlán.
Por lo anterior, se somete al pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Morelos y particularmente a su titular Marco Antonio Adame Castillo, a honrar la palabra de los acuerdos suscritos con los maestros jubilados y realizar, antes que termine su gestión, el pago comprometido de la prima de antigüedad referida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abrir por la Segob, la SHCP y la SCT los carriles de confinamiento de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, Jalisco, hasta en tanto no se efectúen estudios que garanticen la no afectación de los conductores y del desarrollo socioeconómico de Tonalá y de la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura, y con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 58, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, tomando en cuenta los siguientes
Considerandos
En el sur de Tonalá, Jalisco, municipio integrante de la zona metropolitana de Guadalajara, se ha venido ampliando la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, concesionada a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO). Ésta, con el argumento de la ampliación, construye por ambos sentidos dos carriles de confinamiento con una extensión de 4 kilómetros, que van desde el nodo Revolución hasta el entronque con la cabecera municipal de Tonalá y que están diseñados exclusivamente para el ingreso y el egreso de la cabecera municipal citada.
Dicho confinamiento, construido mediante barreras de concreto y metálicas, aísla por completo el tránsito vehicular, y su ejecución se ha dado sin los más mínimos estudios que respondan a
• Impacto de movilidad;
• Afectación o no de actividades familiares, sociales y económicas en los tramos confinados;
• Adecuaciones viales que se realizarían por normativa, en los puentes peatonales y vehiculares afectados por el confinamiento que provoca la obra;
• Medidas de seguridad relativas, tanto en la ejecución como una vez en operación;
• Congestionamiento en los cruces y entronques de estos carriles con la superficie de la autopista y avenidas alimentadoras;
• Impacto ambiental;
• Asistencia vial, en caso de accidente o falla mecánica;
• Balizamiento y señalización; e
• Intersecciones de carril y autopista de los habitantes del municipio.
Lamentablemente, los concesionarios y las autoridades responsables han hecho caso omiso de las justas demandas de los sectores social y económico, que en múltiples ocasiones han manifestado la necesidad de respuesta de sus requerimientos y observaciones de que estos carriles perjudican a toda la zona metropolitana y ponen en riesgo los bienes y vidas de quienes conducen por estos carriles, sobre todo porque es un ingreso de carácter federal, que entronca con un ingreso metropolitano y avenidas municipales, sin que haya un mínimo de señalamiento preventivo.
A esos reclamos no se ha formulado respuesta institucional, y los problemas crecen día a día. Aun más, la comunicación se basa en mentiras y evasiones, y la obra continúa, sin tener comunicación con los vecinos y los conductores.
Baste decir que en los carriles de salida de Tonalá hacia Guadalajara, que corren de oriente a poniente del municipio, el confinamiento primero es de dos carriles y al estar próximo al entronque con Tlaquepaque, se reduce a un estrecho carril, que de manera paralela a la izquierda se integra a la autopista y de la derecha recibe carga vehicular de la vía para acceder a la carretera libre a Zapotlanejo; es decir, es un punto donde se dan tres intersecciones con vía libre tanto a la derecha como a la izquierda de los tres tramos referidos.
Es fácil imaginar lo que sucede y puede suceder en un punto donde convergen el tráfico pesado y el ligero de tres rutas y además se carece de señalamientos verticales y horizontales e iluminación adecuada, y que está a metros de avenidas y calles urbanas. Obviamente, nunca hay personal vial ni de seguridad que apoye a los automovilistas.
Lo anterior, sin dejar de mencionar que en el tramo donde se reduce a un carril de confinamiento no hay opción de desahogo y cuando se da una descompostura o accidente, no hay manera práctica de auxilio y, en su caso, retiro del vehículo averiado.
La situación es tal que de manera cotidiana se presentan congestionamientos viales cuya extensión es de, prácticamente, los mismos 4 kilómetros y la consiguiente pérdida de horas-hombre con todas sus afectaciones.
En los carriles de ingreso en Tonalá, es decir, de poniente a oriente, son similares las condiciones de rodamiento.
Es claro que la obra se realizó con una visión eminentemente comercial y a todas luces discriminatoria para la parte oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y sin mayor sustento técnico, con la única intención de ganar dinero.
Éste es el ingreso en Guadalajara de la carretera a la Ciudad de México, con conexión a Michoacán y el Pacífico; es decir es un ingreso para toda la zona metropolitana de Guadalajara y no sólo de Tonalá. La afectación es en la misma proporción.
Los problemas generados y las soluciones rebasan por mucho los aspectos eminentemente técnico-carreteros, ya que su alcance es financiero-hacendario, social y político.
Así, la apertura de los carriles confinados y la ejecución de las posibles adecuaciones y acciones legales y administrativas pueden generar la necesidad de otorgar suficiencia presupuestal y, en su caso, se necesitará la concurrencia de las autoridades correspondiente en razón de la materia, como lo es, en este punto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, por ser un conflicto social, que crece conforme pasan los días y que puede salirse de control institucional, también es necesario que las autoridades responsables de la política interior se sumen a la solución de las justas demandas que las organizaciones productivas y sociales de Jalisco han presentado, por lo que es de vital importancia la participación de la Secretaría de Gobernación.
En consecuencia, es clara la importancia y urgente necesidad de la intervención directa de las dependencias técnicas, administrativas y políticas para la solución de lo aquí presentado, por lo que, con fundamento en los artículos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, y solicitando que se apruebe en una obvia y urgente resolución, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, en uso de sus facultades se proceda a la apertura de los carriles de confinamiento referidos en el cuerpo del presente acuerdo, hasta en tanto no se efectúen los estudios y las adecuaciones necesarios que garanticen la no afectación de los conductores y del desarrollo social y económico de Tonalá, Jalisco, en particular y de la zona metropolitana de Guadalajara en general.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para vigilar la administración y el destino por el SAE de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1; 79, numerales 1 y 2; y 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión especial para vigilar la administración y destino, por parte del SAE de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
Consideraciones
Uno de los frentes más importantes en la lucha contra el crimen organizado, es aquel que tiene como objetivo primordial resquebrajar el patrimonio económico de cada banda criminal.
Sin duda, la estrategia del presidente Calderón ha sido sistemática y se ha dirigido, entre otros puntos, a debilitar la economía del crimen organizado y, como consecuencia lógica, mermar la capacidad armamentista y operativa de los criminales.
De esta forma, las autoridades federales han logrado asegurar y decomisar una gran cantidad de bienes provenientes de los grupos delincuenciales, mismos que son administrados y por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El SAE tiene por objeto promover la eficiencia y eficacia del Sector Público en el manejo de activos y en particular, a reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal.
Así, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 el SAE tenía en custodia un total de 9 mil 87 inmuebles con un valor estimado de 4 mil 403.5 millones de pesos; asimismo, tenía en administración alrededor de 41.6 millones de bienes muebles de los cuales 22.4 millones son asegurados.
Un ejemplo más se dio cuando el 27 de abril de 2012, el SAE emitió la convocatoria para la subasta pública presencial de aeronaves, vehículos y mercancía diversa. En este caso, destacan cinco aeronaves: una marca Cessna, modelo Citation III 650, que tiene un precio base de 4,311,000.00 pesos; dos tipo Sabreliner, una modelo 75A con un precio base de venta de 702,000.00 pesos y la otra modelo NA-265-60 con precio de salida de 383,000.00 pesos; y dos jet Beechraft: un Super King Air con un precio base de 5,794,000.00 pesos y un bimotor Beech King Air C90 1972, a partir de 2,090,000.00 pesos.
Por virtud de la importancia de su actividad administradora, las operaciones del SAE deben apegarse a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia establecidos en su ley.
El Congreso de la Unión no puede mantenerse al margen de aquellas actividades que implican la administración de bienes que pertenecieron a particulares.
Por ello, el Congreso de la Unión, a finales de 2002, aprobó el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
De esa forma, el Poder Legislativo federal promovió la eficiencia y eficacia del sector público en el manejo de activos y en particular, a reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal.
Sin embargo, la actividad de está Cámara de Diputados no puede limitarse a la mera expedición de leyes.
Como Diputados, debemos tener una visión más amplia y convertirnos en garantes de la adecuada administración de los bienes que han sido asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
La elevada cantidad de bienes del crimen organizado que hoy se encuentran a disposición del SAE, implica una responsabilidad de la mayor importancia para el pueblo de México.
Su correcta administración, debe mantenerse alejada de la corrupción y de la ambición de algunos servidores públicos.
Por ello, es necesario que está Cámara de Diputados cuente con una comisión especial que se encargue de vigilar la forma en que los bienes asegurados y decomisados al crimen son administrados.
Además, es indispensable que la comisión que ahora se propone, sea activa en la generación de reformas a nuestro marco jurídico que permitan una eficaz administración de los bienes ya señalados.
Con la creación de esta Comisión, esteremos dando certeza de que el SAE cumple de forma efectiva con la administración, enajenación o devolución de los bienes que hubiesen sido materia de aseguramientos y que le hayan sido transferidos.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que constituya una comisión especial para vigilar la administración y destino, por parte del SAE de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
Segundo. Los objetivos de esta comisión serán los siguientes:
1. Vigilar la administración y destino, por parte del SAE de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
2. Promover la generación de reformas legislativas que armonicen el marco jurídico nacional en materia de administración de bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
3. Realizar foros de discusión en los que se aborde este tema, contando con las perspectivas de entidades de la administración pública, organizaciones de la sociedad civil, así como reconocidos académicos a fin de ofrecer un espacio a las propuestas de la sociedad.
Tercero. La comisión especial, se integrará por 15 diputados distribuidos atendiendo a la pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Cuarto. La comisión especial contará con una mesa directiva integrada por un presidente y dos secretarios.
Quinto. La comisión especial tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2015 y presentará de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su defecto, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para analizar la agroindustria azucarera, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Leopoldo Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y 205, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano; que el azúcar como producto es un bien de consumo necesario por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo y la cosecha hasta la industrialización, son de interés público.
La agroindustria azucarera sigue manteniéndose como un referente en el sector agrario nacional, por el esfuerzo de toda la cadena productiva que va desde los abastecedores de caña hasta los industriales que fabrican el endulzante para llevarlo listo a los supermercados y las demás industrias que lo usan como insumo.
Durante las últimas tres décadas, la falta de inversión, la contracción del consumo de azúcar, la liberalización de su precio y el atraso tecnológico en este campo han limitado la competitividad interna de los ingenios mexicanos.
Los factores principales que incidieron en la caída de la producción de azúcar fueron la sequía, el incremento del precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, y el manejo indiscriminado y anárquico de los financiamientos, entre otros.
Mientras tanto, las dificultades estructurales que enfrenta el sector azucarero son el atraso tecnológico, la falta de financiamiento, la inexistencia de una comercializadora única para las exportaciones; y hacen que se reste competitividad a tan importante actividad productiva.
A la problemática debe agregarse el aumento de la importación de fructosa proveniente de Estados Unidos, orientando que disminuya la producción de azúcar.
Esta situación no es exclusiva de México, pues diversos acontecimientos, tanto en el mercado nacional como en el entorno mundial, han modificado sustancialmente las expectativas para el sector. Hay un déficit relevante en el mercado mundial del azúcar; en otras palabras, se espera que el consumo supere la producción, pero no sólo ocurrirá este año sino también el siguiente.
La importación de la fructosa sustituyó el mercado mexicano de azúcar y, con ello, deterioró la de por sí precaria economía del trabajador de la caña de azúcar; los altos precios de combustibles y fertilizantes hacen que los costos de producción se encarezcan y, en consecuencia, se reduzca la productividad laboral; así también, el poco financiamiento para los ingenios, las obsoletas instalaciones, maquinaria y transportes deteriorados agravan el problema, sin dejar pasar el cuidado del ambiente, ya que se tiene que buscar con el apoyo de la tecnología y la investigación para que cada vez se dañe menos el planeta.
Por lo expuesto se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que se apruebe la creación de la comisión especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del campo cañero mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.
Segundo. El país requiere que desde el Congreso de la Unión se haga una revisión puntual del marco jurídico que regula el sector de la agroindustria azucarera y, mediante el ejercicio de la facultad de control constitucional que tienen las Cámaras, se dé seguimiento exhaustivo a las políticas públicas, apoyos y programas otorgados a los productores.
Tercero. La comisión especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera estará integrada por el número de diputados que la Junta de Coordinación Política de la Cámara considere pertinente, con base en la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la componen, y su junta directiva estará formada por un presidente y los secretarios que se consideren convenientes.
Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no cerrar el acceso al país por la garita de San Ysidro, Baja California, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, 62, 65, 79, numeral 2, fracción III, 113 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1. La garita de San Ysidro se encuentra en la frontera norte de nuestro país, colinda al norte con la ciudad de Chula Vista, California y, en nuestro país, con la ciudad de Tijuana. Esta Garita también es denominada Puerta México debido a la importancia que tiene a nivel nacional e internacional.
2. La garita de San Ysidro está considerada como la frontera más transitada de todo el mundo, con alrededor de 50 millones de cruces al año la convierten en parte medular de las visitas que tenemos en la zona de la frontera norte del país. Sin embargo, el tiempo de los cruces fronterizos se incrementa conforme pasa el tiempo, haciendo necesaria la modernización y ampliación de la garita.
En el censo realizado en 2008, se estimó una población total de casi 5 millones de habitantes, lo que representa el área metropolitana binacional, más importante de toda la franja fronteriza entre México y Estados Unidos; aunado a esto, se suman los miles de visitantes que llegan al sur de California y cruzan hacia nuestro país, así como el alto número de connacionales que cruzan hacia territorio americano, por motivos personales, de empleo, educación, entre otros.
Todo esto, incrementa el tráfico y la afluencia en esta Garita, misma en dónde se accede a nuestro país, proveniente de los Estados Unidos, por la carretera interestatal 5 y la cual cruza todo ese país ya que corre desde su frontera con Canadá y culmina con la frontera de México, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
3. El gobierno mexicano ha iniciado las obras de construcción de una nueva garita en la ciudad de Tijuana, en donde se pretende desviar el tráfico que confluye actualmente por la Puerta México hacia esta nueva garita de “El Chaparral”, tal como se dio referencia en un comunicado enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno estadounidense para desviar el tráfico hacia El Chaparral, entrando en vigor esta nueva ruta a finales de este mes septiembre y principios de octubre, con la finalidad de realizar obras de modernización sobre la Puerta México.
Esta decisión del gobierno federal no ha considerado los resultados negativos que varios sectores han dado cuenta, entre los mismos, destacan estudios de entidades públicas, como la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag) por sus siglas en inglés, así como por Servicios Generales de Administración (Caltrans) y representantes de los sectores empresariales y comerciales de la ciudad de Tijuana, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de Comercio y el Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, entre otros.
En dichos estudios, se vislumbra un incremento considerable en el tráfico y el tiempo de espera en los cruces fronterizos, inhibiendo el turismo y en general las principales actividades del estado de Baja California, afectando a las más de 4.5 millones de horas laborales que actualmente se pierden, así como los más de 70 mil empleos perdidos y la caída hasta en 22.4 por ciento de las visitas a esta frontera norte. De igual manera, el gobierno estadounidense no ha presupuestado la ampliación de las diversas avenidas y carreteras que colindan con este puerto fronterizo, tal como la avenida Virginia y la Interestatal 5.
4. En diversas ocasiones, se ha externado a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores la preocupación de los bajacalifornianos por el posible cierre de la garita de San Ysidro, a través de similares presentados con antelación desde las tribunas del Congreso de la Unión. A su vez, consideramos que esta medida agravará los resultados que otras medidas implementadas con antelación nos afectan, tales como la implementación del Sistema de Revisión Vehicular (Siave), la restricción del uso de dólares, implicaciones económicas, entre otros.
5. El año pasado se contabilizaron un aproximado de 40 millones de vehículos, 260 mil autobuses y más de 100 millones de personas aproximadamente, por lo que en 2011 hubo 48 millones de cruces, teniendo pérdidas económicas importantes en perjuicio de las economías de México y Estados Unidos.
6. Todo esto en su momento fue considerado por el entonces diputado federal Francisco Arturo Vega de Lamadrid el pasado 27 de marzo del año en curso, desde donde expuso las diferentes consecuencias que este cierre significaría para la población de la región.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a que por ningún motivo se cierre parcial o totalmente la garita de San Ysidro, en Baja California.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el desarrollo del proyecto logístico del istmo de Tehuantepec, en Veracruz y Oaxaca, a cargo del diputado Joaquín Caballero Rosiñol, del Grupo Parlamentario del PRI
Joaquín Caballero Rosiñol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude ante el pleno de esta soberanía para presentar proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la comisión especial para el desarrollo del proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec en los estados de Veracruz y Oaxaca con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Istmo de Tehuantepec, que comparten los estados de Veracruz y Oaxaca, con un ancho de 302 kilómetros, es la fracción de tierra más angosta entre los océanos Atlántico y Pacifico, después del Istmo de Panamá el cual cuenta con el canal del mismo nombre con longitud de 80 kilómetros. En el extremo norte del istmo, se encuentra Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, teniendo en el extremo sur la ciudad de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.
Desde hace años se ha detectado la importancia estratégica del istmo de Tehuantepec, Hernán Cortés solicita al rey de España ser nombrado Marques del Valle de Oaxaca incluyéndolo en sus tierras, con la visión de convertir ese estrecho en paso estratégico de comunicación entre los dos océanos, en lo que llamó El secreto del estrecho.
El proyecto fue dejado en el olvido, hasta que después de la Independencia de México, en plena Guerra de Reforma, mediante el tratado McLane-Ocampo, Estados Unidos de América reclaman la soberanía sobre el istmo, lo cual no se concreta al no aceptar el Senado de dicho país la ratificación del tratado.
Los estadounidenses no renunciarían a dicha pretensión de controlar el istmo, hasta que dándose cuenta que no seria posible dada la resistencia de los gobiernos mexicanos, comienzan la construcción y en 1915 inauguran el Canal de Panamá lo que da inicio a la decadencia del corredor establecido de comunicación entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
La historia del desarrollo del puerto de Coatzacoalcos se entrelaza con los principales acontecimientos que han influido con la configuración de la región. En 1858 se cubre por primera vez la ruta marítima Nueva Orleáns-Minatitlán por el buque Quaker City y, para 1896, dan inicio los trabajos de dragado de la barra y el canal de entrada al puerto; 1905 marca el inicio de la construcción de muelles y bodegas.
Las obras portuarias de la época, se relacionaron con otros proyectos de la región, igualmente importantes, como fueron la construcción del ferrocarril transístmico negociado desde 1857 y el establecimiento de la primera refinería en Minatitlán en 1906; para 1908 ya se puede considerar a la zona Coatzacoalcos-Minatitlán, como un área económica privilegiada e identificada con actividades petroleras y comerciales fundamentalmente.
La Revolución Mexicana de 1910 y el inicio de operaciones del Canal de Panamá en 1914, provocaron el descenso del intercambio comercial vía ferrocarril entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. No obstante, Coatzacoalcos pudo mantener su nivel e importancia económica gracias al petróleo y a las actividades agrícolas. Posteriormente, una vez dirimido el conflicto armado e iniciado la etapa constructiva del nuevo régimen, destaca la inauguración del oleoducto Minatitlán-Salina Cruz y de la nueva refinería de Minatitlán en 1939 y en 1956, respectivamente, así como la construcción del primer muelle en la dársena de Pajaritos en 1968. Todo ello a cargo de la empresa Petróleos Mexicanos.
En la década de los setenta, la misma empresa realiza su primer embarque de exportación de petróleo crudo (1974) y mediante la construcción de terminales especializadas de contenedores, se inicia el servicio multimodal transístmico entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en 1976.
En el decenio siguiente, destacan la reconstrucción de los muelles fiscales, la construcción del muelle No. 8 y la terminación de los complejos petroquímicos de la Cangrejera y Morelos.
En la última década del siglo se consignan, como hechos relevantes, la extinción de la empresa de Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, SA de CV, en 1993 y la creación de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, SA de CV, el 25 de julio de 1994.
Cuatro años después, con un enfoque nuevo sobre la administración portuaria en el país, el puerto de Coatzacoalcos alcanza el nivel más elevado en el manejo de carga en toda su historia, al superar los 3 millones de toneladas.
La historia de Salina Cruz se inicia desde la edificación del faro de Cortés; primero en su espacio construido en el Océano Pacífico.
En el año de 1907 llegó a Salina Cruz Porfirio Díaz, el cual, seguro de la riqueza de este puerto puso en marcha la Línea Férrea del Istmo uniendo a Salina Cruz y Coatzacoalcos; unión de dos océanos o mares, el Pacífico y el Atlántico, para el transito comercial marítimo de México con las naciones hermanas del viejo mundo.
Con todo este movimiento el puerto de Salina Cruz abarca una época de oro, de esplendor y prosperidad; alcanzando un papel muy importante en la expropiación petrolera.
La historia moderna empieza con la construcción de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en donde se refina gran parte del petróleo extraído en el país y se exporta a todo el mundo a través de barcos petroleros que llegan y se abastecen en boyas ubicadas en alta mar; es por esto que el puerto se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional y es reconocido a nivel mundial.
Las grandes inversiones carreteras, portuarias, de parques industriales, que han permitido la generación de empleo y desarrollo, se han dado preferentemente en los estados del norte del país, lo cual ha creado un desequilibrio en los niveles de ingreso de la población, con un contraste entre un norte del país en pujanza con un sur en condiciones de pobreza y marginación.
Está claro que la función de un gobierno es facilitar la inversión productiva que genere los empleos que este país tanto necesita, en la región del istmo existen más de 2 millones de habitantes, que requieren cada vez mas fuentes de trabajo, que en la actualidad no existen y la infraestructura es fundamental para el logro de dichos empleos.
De acuerdo con el anexo del sexto Informe de Gobierno del presidente Calderón, en la franja del istmo se mencionan dos obras importantes:
1. Construcción de acceso al puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz.
2. Modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa, en Veracruz y Oaxaca.
Ambas obras tienen más de 6 años que se iniciaron y no tienen fecha real factible de terminación.
Las Administraciones Portuarias Integrales de los dos puertos, hacen obras locales de mantenimiento y ampliación de acuerdo a necesidades propias, sin tomar en consideración la visión global del istmo y sin que formen parte de una planeación metodológica de actividades y obras para que de manera gradual se genere un verdadero proyecto logístico del istmo.
Actualmente dos de las principales rutas logísticas del continente americano han llegado a su punto de saturación, el corredor de Norteamérica y el Canal de Panamá, presentando esta última diversas desventajas y limitantes como su ancho de aproximadamente 34 metros ya que actualmente existen barcos cargueros mucho más grandes que por obvias razones no pueden atravesarlo, así como el alto consumo de agua dulce que requiere para operar las esclusas la cual esta acumulada en un lago artificial y es regulada por una represa dependiendo de la temporada de lluvias para mantener su nivel óptimo.
El proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec no presenta dichas complicaciones y además presenta ventajas como la posibilidad de carga, descarga, manejo, almacenaje o elaboración, transformación o reparación en recintos fiscales y fiscalizados, así como en parques industriales que serian el factor principal de generación de empleos que tanto se requieren en la región.
El proyecto busca promover en forma directa el desarrollo económico de la región del Istmo de Oaxaca y Veracruz y de la competitividad de sus productos agrícolas, manufactureros, mineros, pesqueros y turísticos mediante un acceso eficiente a los mercados regionales, nacionales e internacionales, además que provoque un efecto multiplicador en le generación de empleos aprovechando la mano de obra local.
Se plantean como objetivos estratégicos:
1. El mejoramiento y modernización de las vías de comunicación carretero y ferroviario.
2. Instalación de centros de manufactura y centros logísticos de distribución global de mercancías mediante la figura de recintos fiscalizados estratégicos.
3. Explotación con valor agregado de recursos naturales.
4. Promoción de nuevos giros de negocios en la región.
5. Adecuación de los puertos de la zona y la promoción de servicio regular programado.
A la fecha se cuentan con grandes avances que permiten y hacen viable el Proyecto Logístico del Istmo de Tehuantepec, como la existencia y funcionamiento de los puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz y la red carretera y ferroviaria entre ambos municipios y así lo confirma el estudio que se realizó mediante la contribución de los gobiernos de Oaxaca y de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual enumera las acciones prioritarias a realizar para su factibilidad.
El resultado del estudio mencionado en el párrafo anterior, es la definición de una serie de acciones y obras de infraestructura, así como de adecuaciones legales que de manera ordenada y sistemática permitirán que se logre el tan anhelado proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec.
El proyecto logístico no significa pérdida de soberanía en lo absoluto sobre los territorios que se influyen, por el contrario, debe identificarse como un proyecto que para el país entero significa fortalecer su economía interna y por tanto mejorar la posición de México ante la comunidad internacional.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo del Proyecto Logístico del Istmo de Tehuantepec en los estados de Veracruz y Oaxaca para articular los esfuerzos de las diferentes dependencias y entidades en miras de optimizar las condiciones actuales y crear las necesarias para ser un proyecto funcional aprovechando las oportunidades geográficas y representar una alternativa eficiente y real al Corredor de Norteamérica y al Canal de Panamá.
La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la integración de ésta Cámara de Diputados y de acuerdo a los resultados que se obtengan se determinará la permanencia o la conclusión de los trabajos de dicho grupo.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a privilegiar la industria naval mexicana en los procesos de licitación de construcción de sus flotas menor y mayor, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Martín Alonso Heredia Lizárraga, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Dada su ubicación geográfica, México debería ser un país marítimo por naturaleza, pues se encuentra entre los dos mayores océanos del mundo: el Atlántico y el Pacífico.
México tiene fronteras virtuales con más de 70 países, cuyos litorales comparten ambos océanos, lo que significa igual número de posibilidades de intercambio político, económico y social.
Sinaloa es el estado con mayor concentración de astilleros en México, con 6 en operación y otro en vías de iniciar. Cuenta con la flota de pesca de camarón y de atún más importante de la república y tiene 2 puertos de altura: Mazatlán y Topolobampo. La ciudad cuenta con un grupo que desde hace 100 años ha dedicado 4 generaciones a la industria naval auxiliar, Fundiciones Rice y Metalmec.
No obstante, en general de la industria naval mexicana se tiene una limitada percepción y apreciación de su influencia y papel como elemento esencial en términos de desarrollo social y económico, y como fuente potencial de excelentes oportunidades de empleo, derrama económica, avance tecnológico y competitividad internacional en un mundo cambiante.
La marina mercante, el sector marítimo petrolero, la pesca comercial, la investigación pesquera oceanográfica son parte de la industria del futuro, y el sector marítimo debe ser ya un catalizador clave para el desarrollo socioeconómico.
Desgraciadamente, México no ha desarrollado este poderío latente y hemos sido incapaces de reconocer la magnitud y, por tanto, de evaluar y potencializar lo que valen los intereses marítimos. Hoy, cada subsector, pesca, transporte marítimo, puertos y terminales, industria naval e industria auxiliar, sólo vela y ve por sus intereses; los de mayor poder económico y de cabildeo son los que influyen en las políticas públicas.
México requiere muchas embarcaciones. Por ello no se precisa de proteccionismo ni de subsidios, pero sí de igualdad de condiciones para competir, pues no es posible que mientras un buque importado susceptible de ser construido en México no paga IVA, un astillero mexicano está obligado a cobrarlo si vende a una empresa de aquí.
Hoy, Pemex Refinación tiene la necesidad de renovar su flota menor, entre ellos 14 remolcadores que, según reporta el diario La Voz de Galicia, Petróleos Mexicanos formalizó ya en Galicia, noroeste de España, los contratos de los que se desprende que de dicha flota 7 se construirían en España y 7 en México, en una operación valorada en 380 millones de dólares.
Incluso, el gobierno de Galicia informó en un comunicado que la firma se celebró en Santiago de Compostela, capital gallega, lo que permitirá generar en España 3 mil empleos en 30 meses en los astilleros de Barreras, en el puerto de Vigo, y el de Navantia en Ferrol.
No se niega la necesidad de efectuar alianzas estratégicas y de cooperación tecnológica, pero tampoco debemos aceptar que esta riqueza en empleos y divisas se fugue del país. Además de estos remolcadores, se requieren barcazas, lanchas empujadoras y diversas embarcaciones. Toda esa flota menor es viable de ser construida en territorio nacional, donde se calcula que podrían concretarse alrededor de 300 o 400 empleos por cada embarcación.
Pemex Exploración y Producción, por su Consejo de Administración y sus comités, ha sido el organismo que en la última licitación, en proceso todavía, ha finalmente incentivado la construcción y el contenido nacional. Sin embargo, es insuficiente, pues está licitando buques para arrendar a los dueños de barcos. Incluso, en sus bases de licitación otorgan 60 puntos en la evaluación técnica y 40 en la económica. De esos 60 puntos se otorgan 5 si se construyen en México y 5 al ofertante con mayor contenido nacional. Las proporciones no son adecuadas ni suficientes para incentivar la industria naval en el país.
Incluso, Pemex tiene programadas para los próximos meses dos licitaciones, por lo que se hace imperativo hacer un llamado para que en las referidas licitaciones se dé preferencia al impulso de la industria naval mexicana.
Con lo expuesto se pone de manifiesto la necesidad de crear todo un clúster naval particularmente en el puerto de Mazatlán, que sea la punta de lanza para comenzar a desarrollar cadenas productivas relacionadas con el sector, junto con otros actores, como el gobierno, empresarios, asociaciones, instituciones académicas que permitan el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector naval.
Como legisladores, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar para impulsar políticas públicas portuarias del país que le permitan aprovechar sus ventajas competitivas de mejor manera en un contexto globalizado.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a Pemex, y concretamente a su Consejo de Administración y comités, con el propósito de que en los procesos de licitación para flotas mayor y menor considere principalmente la fabricación y reparación de embarcaciones en astilleros del territorio nacional.
Segundo. Se exhorta al Consejo de Administración de Pemex para que en las subsecuentes licitaciones sea incrementada la proporción a 20 por ciento si las embarcaciones se construyen en México y 20 por ciento al ofertante con mayor contenido nacional.
Tercero. Se exhorta al director general de Pemex para que, de haberlo, se cancele el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia, España, mediante el cual se concreta la construcción de 14 remolcadores: 7 en astilleros gallegos, y 7 en colaboración con astilleros mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de septiembre de 2012.
Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y –en su caso– rediseñen los programas en favor del campo, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano no está siendo interpretado con responsabilidad por el gobierno. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.
Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.
Con una cosecha que para este año agrícola se estima será de 21.6 millones de toneladas y una superficie de siembra de 7.1 millones de hectáreas, México ocupa el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos, China y Brasil.
No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año en curso se estima sea de 9 millones de toneladas.
Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.
Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), México acordó con los Estados Unidos y Canadá el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.
Estos acuerdos, establecieron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.
Contrario a lo establecido y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyecta será de 9 millones, que equivale a un 360 por ciento más de lo previsto.
Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.
Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, ya que de enero a junio se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.
Sucede entonces que existe mucha oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.
Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.
Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad.
Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En el 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en el 2012 suma 163 millones de pesos.
Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.
En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.
Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.
Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que la dependencia determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que la dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del café, a cargo del diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Hugo Mauricio Pérez Anzueto, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado soberano de Chiapas en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205, y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el año de 1718, desde la colonia holandesa de Surinam, dio inicio, a lo largo del centro y sur del Continente Americano, la distribución del cafeto.
Desde entonces, esta enigmática y exquisita bebida, cuyas propiedades estimulantes han logrado conquistar los paladares del mundo, se ha posicionado como uno de los más importantes y exitosos cultivos de consumo alimenticio y de placer, dentro del mercado internacional.
El promedio de consumo mundial de café por persona es de 1,3 kilogramos. Sin embargo, en Finlandia se consumen 12 y España se coloca en el lugar 19 del ranking mundial con 4,5 Kilos por persona mientras que el puesto 20 es para Estados Unidos con 4,1 kilogramos de consumo anuales por persona. Aunque en la última década, el consumo per cápita de café en México se ha duplicado, actualmente sólo se consume 1.2 kilogramos por persona al año.
La Organización Internacional del Café (ICO), por sus siglas en inglés, estima una producción global de 7.91 millones de toneladas de café verde al cierre del ciclo 2011/2012; 1.8% menor a la cosecha previa. Siendo que las regiones de América producen el 60% del total mundial.
La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café (AMECAFE), indica que México está en el sexto lugar de producción de café del mundo, con el 3% del total; esto representa entre 4.2 y 4.4 millones de sacos de un quintal que corresponden a 100 libras cada uno, o en su defecto a 46 kilogramos, de los más de 135 millones del total producidos en más de 50 países. Es decir 202.4 millones de kilogramos.
México es el undécimo país exportador; sólo el 40% de la producción se queda en el país, al producir 2.8 millones de sacos anuales, lo que representa, 900 millones de dólares en ingreso de divisas. El 60% del aromático que sale del país se destina a los Estados Unidos; el resto, a Europa, Asia, Latinoamérica y otros países; en total 42 naciones.
Mientras la bebida registra un mayor consumo en los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa, en los llamados mercados emergentes, ubicados principalmente en el continente asiático, se observa un importante crecimiento, tanto comercial como industrial, en torno a lo que ellos consideran, una “nueva” cultura del café.
Sólo en el mes de julio del año en curso la ICO, señaló que México es el noveno exportador de café del mundo, al haber alcanzado la cifra de producción de más de 330,000 costales de 60 kg.
Derivado de la reciente modificación mundial en el precio del café, del crecimiento de los mercados emergentes y de la preferencia por el consumo internacional de productos orgánicos; el desempeño comercial del aromático se encuentra, por ahora, en una de sus mejores etapas.
En el mercado nacional, el negocio del café resulta uno de los más redituables; se puede invertir relativamente poco y la recuperación se da, en la mayoría de los casos, en menos de un año. En la actualidad existen en México, alrededor de 72,000 cafeterías, y este número sigue en aumento.
De acuerdo con la Comisión Estatal para el Desarrollo y Fomento del Café, del Estado de Chiapas; éste tiene el primer lugar mundial en producción de café orgánico y ahí el cultivo del grano se ha perfeccionado hasta lograr los mejores estándares de calidad, certificados por las principales firmas internacionales.
También en Chiapas, se construyó una de las 15 plantas liofilizadoras existentes en el mundo, cuya tecnología de punta es utilizada para procesar el café a temperaturas bajo cero, lo que permite conservar todas las propiedades del grano sin afectar el medio ambiente.
Uno de los mayores compromisos adquiridos con nuestros representados, radica en promover y apoyar, en todos los sentidos, acciones específicas para impulsar las actividades productivas, en aquellos sectores de la industria, el comercio y la agricultura que lo requieran.
Si bien las condiciones comerciales y de producción de la industria cafetalera se han visto mejoradas de manera reciente, es importante recordar que en fechas pasadas, más de 5 mil hectáreas cafetaleras, fueron devastadas por diversas heladas, en la región de la Huasteca, donde más 7 mil productores de café se vieron perjudicados. Esta es una de las principales razones por las cuales será siempre necesario estar al pendiente de las posibles afectaciones del sector.
Por otra parte, se deberá concentrar la atención a la problemática de la cadena productiva del café, haciendo énfasis en la actividad de los más de 280 mil campesinos, quienes laboran en las más de 770 mil hectáreas de campo, distribuidas, de acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero 2010, en 398 municipios de 12 estados de la República Mexicana.
Como dato adicional, se calcula que más de 3 millones de personas en el territorio nacional, participan dentro de la cadena productiva del café.
El objeto primordial por el que debe crearse la Comisión Especial del Café, será el de promover acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano, como también la de, contribuir a la consolidación de los mecanismos que permitan impulsar la actividad comercial de este importante sector agrícola, tanto en el mercado interno como en el internacional. Además de estar al pendiente de cualquier contingencia o afectación ocasionadas por eventos climatológicos para encontrar oportunamente, desde el congreso, las medidas necesarias para su restablecimiento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial del Café, misma que funcionará durante la LXII Legislatura, cuyo objeto será el de promover acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano, y para contribuir de manera puntual a la consolidación de los mecanismos que permitan impulsar la actividad comercial de este importante sector agrícola, tanto en el mercado interno como en el internacional.
Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2012.
Diputados: Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Simón Valanci Buzali (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI
Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo solicitando la creación de la comisión especial sobre el daño ecológico y social generado por Pemex.
Consideraciones
Desde el inicio de su objeto, la paraestatal Petróleos Mexicanos ha impactado positivamente en el progreso nacional; sin embargo, las muy diversas actividades industriales que lleva a cabo producen un daño ecológico y social que no solo debe ser estudiado y atendido con las medidas y soluciones pertinentes, sino también con acciones preventivas para preservar los ecosistemas y en general el medio ambiente y las condiciones de vida de la población mexicana.
No obstante los esfuerzos realizados, en la actualidad Pemex desarrolla su importante actividad sin el mantenimiento adecuado y oportuno que requieren sus instalaciones. Persiste la falta de cuidado y en ocasiones la negligencia o impericia en la explotación intensiva del petróleo, en sus procesos de refinación y en la transportación no solo de la materia prima sino, de los diversos derivados y productos para el consumo nacional e internacional.
En los estados de Campeche, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca y otros diez de la república, se padece contaminación por la presencia de diversos residuos provenientes de hidrocarburos, solventes, metales pesados, azufre, plaguicidas e incluso, diversos residuos peligrosos como el plomo, el mercurio, el arsénico, el cromo, grasas y aceites quemados que están provocando reacciones químico biológicas de efectos nocivos a la salud y daños irreparables al medio ambiente.
Uno de los efectos negativos más notorios e impactantes del daño ecológico y social generado por Pemex, además de los derrames de petróleo al mar que afectan la vida marina, lo es la constante fuga en la red de ductos de transportación de gasolina, bien sea por encontrase ya en muy mal estado de conservación o por la acción delincuencial del robo de ese preciado combustible que incluso provoca incendios de graves consecuencias no solo en lo ambiental, sino también para la población circundante que habita en esas zonas.
No menos impactantes son los siniestros causados por accidentes y derrames del crudo y sus derivados. Basta recordar el accidente en la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, el 23 de octubre de 2007, donde fallecieron 22 trabajadores debido a deficiencias en la capacitación y el equipo, fallas en los sistemas de seguridad; así como a una serie de omisiones y negligencias en la paraestatal.
Como olvidar que un 19 de diciembre de 2010, aproximadamente a 60 kilómetros del Distrito Federal, tuvo lugar un incendio de enormes proporciones, por la fuga de combustible de un ducto en el complejo de Pemex de San Martín Texmelucan, Puebla. Al menos once personas perdieron la vida y muchas más resultaron lesionadas, causándose daños a viviendas y otros bienes en general, afectaciones a cultivos, a canales de riego y al río Atoyac, y también, alto impacto ambiental por residuos y desechos contaminados, que implicaron el pago a casi un año de distancia, de poco más de 389 millones de pesos a cargo de Pemex.
El pasado 11 de agosto, en la costa del Istmo de Tehuantepec tuvo lugar un derrame de petróleo. Aproximadamente dieciocho mil litros de petróleo crudo cayeron al mar y contaminaron las playas del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, con evidentes daños ambientales, económicos y sociales. Lo grave de esta situación es que Pemex ha demostrado serias deficiencias en la atención de todos estos siniestros. Se aplican tardíamente las acciones correctivas y las preventivas brillan por su ausencia.
Ahora en este mes de septiembre, un accidente más. Explotó una parte del centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, en Tamaulipas. Lamentablemente ya suman 26 personas fallecidas de las que cuatro se reporta que eran trabajadores de Pemex y las demás de las compañías contratistas que se encontraban trabajando en el mantenimiento de los ductos. Independientemente de que se logre determinar la causa de este incendio, ya se ha mencionado la urgente necesidad de que esta importante empresa petrolera no otorgue licitaciones a empresas que no garanticen seguridad a las estructuras e instalaciones y especialmente a los trabajadores.
Es por todo lo antes señalado que consideramos importante crear una comisión que de seguimiento a los daños ambientales, económicos y sociales generados por Pemex, a fin de impulsar el perfeccionamiento y el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y de los sistemas de prevención y corrección; así como, de vigilar que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para el saneamiento del impacto ambiental y la oportuna indemnización a los afectados.
Ya en pasadas legislaturas –como la LIX, LX y LXI– de esta Cámara de Diputados se instituyó una comisión especial del daño ecológico y social generado por Pemex, cuya creación estamos proponiendo en esta LXII Legislatura, a partir del reconocimiento de la trascendencia y la importancia que reviste el objeto y la misión de esta comisión y su coadyuvancia en el estudio y la determinación de las causas y los efectos; así como, de las conclusiones, propuestas y recomendaciones para desplegar oportunamente diversas medidas correctivas y también, desde luego, aquellas de orden preventivo, de indemnización en su caso y de restauración ecológica, con motivo del daño ecológico y social generado por esta importante paraestatal.
Por lo antes señalado, solicito a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura poner a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo para la creación de la comisión especial sobre el daño ecológico y social generado por Pemex.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la creación de la Comisión Especial sobre el Daño Ecológico y Social generado por Pemex.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial sobre el Daño Ecológico y Social generado por Pemex será investigar, estudiar y detectar las causas y los efectos de daño ambiental y social que genera la paraestatal en las entidades federativas donde tiene ubicadas sus instalaciones y su actividad industrial, para proponer acciones legislativas y otras diversas de corrección y prevención que garanticen la conservación y en su caso, la restauración del medio ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y en general el mejoramiento de la calidad de vida.
Tercero. La Comisión Especial sobre el Daño Ecológico y Social generado por Pemex estará formada por doce integrantes que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La Comisión Especial sobre el Daño Ecológico y Social generado por Pemex tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales de la Coordinación de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En México, 2.5 millones de personas se encontraban ocupadas, por lo que la tasa de desempleo pasó de 4.96 por ciento en el primer trimestre de 2012 a 4.85 por ciento durante el periodo de abril-junio, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato registrado durante el periodo en cuestión y el del último trimestre de 2011 (4.85 por ciento), representan los niveles más bajos desde que el Inegi comenzó a realizar esta estadística en 2010.
Por sexo, el desempleo en hombres toca mínimo histórico, el cual fue de 4.82 por ciento. Por el lado de las mujeres, el indicador aumentó a 4.90 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2011.
Cabe señalar que la población económicamente activa rompió otro récord, al aumentar a 50.9 millones de personas, es decir, 59.7 por ciento, la más alta registrada en la serie.
A pesar del buen desempeño del empleo, los datos de subocupación e informalidad arrojan otras perspectivas.
En la serie de tiempo disponible, el sector informal alcanzó el nivel más alto recopilado, el cual fue de 29.35 por ciento de la población económicamente activa (PEA).
La tasa de subocupación se situó en 8.9 por ciento durante el segundo trimestre, es decir, alrededor de 4.3 millones de personas. Este indicador mide el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo.
Consideraciones
Cifras del sexto Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón consignan que en los siete meses iniciales de 2012 se generaron 13 mil 925 nuevos empleos a través del programa nacional de promoción y acceso al financiamiento de la Secretaría de Economía (SE), en contraste con los 20 mil 890 trabajos creados en los mismos meses del año pasado.
También se redujo en 24.9 por ciento el número de Mipyme que recibieron financiamiento con este programa, ya que en el lapso referido pasaron de 38 mil 838 negocios a 29 mil 170, es decir 9 mil 668 menos.
En términos comparativos, en los siete meses mencionados de 2012 se han gastado más recursos públicos para un número menor de negocios financiados y nuevos trabajos generados con ese programa respecto a años anteriores.
Así, por ejemplo, cada empleo creado en las Mipyme apoyadas por la SE entre enero y julio de este año electoral implicó una inversión de 187 mil 95 pesos, la mayor cifra del sexenio para dicho fin y que representa un alza de 107.5 por ciento respecto a los 90 mil 162 pesos gastados por cada trabajo nuevo en el sector en igual periodo de 2011.
La cifra preliminar de 2012 representa siete veces los 26 mil 931 pesos que se gastaron en 2007 por generar un nuevo empleo, triplica los 55 mil 270 invertidos en 2008, es 2.5 veces los 76 mil 301 correspondientes a 2009, y duplica los 85 mil 687 pesos de 2010, según la división que se hace entre los recursos asignados a las Mipyme entre los nuevos puestos de trabajo reportados por las autoridades en esos años.
El presupuesto total que la SE prevé asignar a las Mipyme en 2012 asciende a 3 mil 591.9 millones de pesos, y hasta julio se tenía un avance de 72.5 por ciento. En cambio, para el mismo mes se cubrió apenas 49 por ciento de las 29 mil 869 Mipyme previstas para apoyar y 46.6 por ciento de los 59 mil 68 nuevos empleos fijados como meta.
Además, las metas para el programa 2012 son las más bajas de todo el sexenio de Calderón, tanto en número de empresas apoyadas como en empleos generados, pese a que el monto de los recursos no difiere mucho de los asignados en los dos años anteriores. Resultan 31 y 23 por ciento menores en cuanto a Mipyme financiadas y empleos creados respecto a las alcanzadas en 2011.
El apoyo que se otorgue a las Mipymes será clave para garantizar el crecimiento sostenido de la economía mexicana, el cual favorecerá la creación de empleos y garantizará un crecimiento económico sostenido para el futuro.
Es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de generar los empleos que México y los mexicanos demandan. Una política económica solida no es suficiente para propiciar el desarrollo armónico y pleno de la sociedad, por lo que debe complementarse con una estrategia eficaz de superación de la pobreza y la marginación.
Señoras y señores legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es impostergable mejorar la situación de los desempleados, evitar la precarización del trabajo formal, favorecer el mercado interno, crear mejor capital humano para atender las necesidades de los empleadores y cubrir su planta laboral en un contexto de globalización de alta competencia.
La creación de esta comisión especial tendrá el ineludible compromiso de coadyuvar, garantizar y dar seguimiento a la reactivación del sector productivo del país para la generación de empleos y el combate a la pobreza, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el capital humano a través de intervenciones de política pública y de un enfoque que contemple intervenciones en las distintas variables macroeconómicas, institucionales, productivas e históricas que determinan la situación actual.
Con base en lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura la creación de la Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos, cuyo objetivo será legislar en materia de generación del empleo, analizar y dictaminar las iniciativas de ley que sean presentadas ante este órgano legislativo y que contribuyan a la reactivación del sector productivo del país, con ello se propone de manera urgente la necesidad de continuar, con los trabajos que venía realizando la Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos en la anterior legislatura, de tal forma que se atiendan a la brevedad los asuntos de este sector.
Segundo. La comisión se integrará con un grupo plural de diputadas y diputados pertenecientes a las distintos grupos parlamentarios que conforman esta LXII Legislatura, con base en el criterio de representatividad que se tiene ante en el pleno.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.
Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Sergio Torres Félix (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a aplicar los recursos aprobados en el PEF de 2012 a la ampliación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y concluir la obra antes de diciembre, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En los últimos días las protestas por la inconclusión de la obra carretera Mozimba-Pie de la Cuesta se ha intensificado: marchas y bloqueos son la constante, ante la dilación y la indolencia de las autoridades federales. Resulta indispensable, hacerles un llamado desde esta soberanía, para que sin mayor pretexto, concluyan de una vez por todas con esta obra que agilizaría el tránsito hacia la zona poniente de Acapulco.
Con toda certeza, habremos de asignar recursos significativos, que en los últimos 12 años se le han negado a nuestra entidad, sin embargo, no podríamos permitir, que se dejen de aplicar los recursos aprobados para Acapulco en el presupuesto de egresos 2012, porque como es sabido, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los recursos no pueden trascender el año fiscal en el que fueron autorizados, y que de no aplicarse en este ejercicio fiscal, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo cual no podemos admitir.
Por ello es de vital importancia que se apliquen estos recursos, y que el gobierno federal obligue a la empresa ejecutora y/o contratista en este tramo carretero, a que intensifique sus trabajos, día y noche, sin demérito de la calidad que debe tener la obra pública, para que concluya antes del primero de diciembre.
Es un hecho que la modernidad en las entidades del país, se ha generado a través de la apertura de mejores vías de comunicación, esto es lo que se espera con una carretera estratégica como la ampliación de Mozimba a Pie de la Cuesta.
De todos es sabido, que el balneario de Pie de la Cuesta, colindante con Coyuca de Benítez, es uno de los principales atractivos turísticos de Guerrero. La puesta de sol es de fama mundial, y se han establecido pequeñas y medianas empresas que proporcionan trabajo a miles de lugareños.
La calzada Pie de la Cuesta, tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Costa Grande y como zona de inversión en la zona poniente de Acapulco.
Debe informarse, que el retraso e inconclusión de la obra, ha generado un impacto negativo en la vida turística y económica del Puerto, ha propiciado pérdidas económicas, quiebre de negocios, disminución en los niveles de calidad de vida de la población y merma en los niveles de competitividad turística de la zona.
Actualmente existe una exigencia unánime en la zona, de autoridades locales, comisarios, delegados municipales, representantes de organizaciones sociales, de colonos, de planteles educativos, de restauranteros, hoteleros, comerciantes y ciudadanos, para que concluya de una vez por todas esta obra; indignados se han manifestado recurrentemente, sintiéndose engañados y abandonados, el agravio de los costeños, es un agravio para todos. Por ello, sin mayor excusa ni pretexto, debe hacerse justicia, aplicar los recursos y concluir la obra.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, a que aplique los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 2012, para la ampliación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y concluya la obra antes del mes de diciembre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil doce.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con motivo del 28 de septiembre, conmemoración del Día Internacional de la Despenalización del Aborto, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
En 1990 durante el quinto Encuentro Feminista de la Latinoamérica y el Caribe celebrado en Argentina, se eligió el 28 de septiembre como fecha para conmemorar la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
Desde entonces las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil mujeres y del movimiento feminista, hemos alzado la voz para visibilizar nuestro legítimo reclamo, nuestra justa exigencia de respeto al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, demanda que en el contexto de los derechos humanos de las mujeres ha ido cobrado más relevancia al mismo ritmo en que se agudiza la polarización de las posturas políticas frente al aborto.
En nuestro país el parteaguas se dio en 2007 cuando en la Ciudad de México se legalizó y reguló el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, hecho que desató la reacción de los sectores más conservadores, quienes impulsaron una acción de inconstitucionalidad que no fue favorecida por el fallo de la Corte, en contra de las reforma que despenalizo la ILE, así como modificaciones a constituciones locales, hasta ahora 17, para “proteger la vida desde la concepción”.
A pesar de esa embestida que sin medir las consecuencias criminaliza el aborto por decreto, los datos oficiales permiten calcular que cada año se practican cerca de 875,000 abortos y que entre 100 y 400 mujeres mueren por complicaciones de un procedimiento mal realizado (GIRE) en contraste con la Ciudad de México único lugar del país donde la interrupción legal del embarazo es un derecho, hasta agosto de este año, han solicitado información sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo 130 000 personas y 82 418 mujeres han ejercido su derecho libremente, bajo consentimiento informado y de manera segura.
Lamentablemente la inmensa mayoría de mujeres en este país ha sido excluida y discriminada por políticas conservadoras y leyes locales que penalizan la autodeterminación de las mujeres por un lado y mantiene como tema tabú el tema de la educación sexual y el uso de anticonceptivos.
El Estado mexicano ha sido omiso en su obligación de garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, de ello dan cuenta las recomendaciones al 7 y 8 informe consolidado de México ante la CEDAW donde el Comité de seguimiento expresa su preocupación por la aplicación diferenciada de la ley dependiendo si se ha realizado la armonización legislativa conforme al principio de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres, situación que ha derivado en disposiciones locales discriminatorias sobre el aborto, entre otros temas.
Para el PRD es inaceptable que en este país existan ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, lo que constituye el agravio comparado que prevé la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que el pleno goce de sus derechos, depende del lugar en el que residen, por la sencilla razón de que la normatividad local impide el pleno ejercicio de los sus derechos humanos, razón suficiente para emitir la declaratoria de Alerta de Género, mecanismo que hasta hoy no ha logrado surtir efecto ni transformar las condiciones que agravian sistemáticamente a las mujeres en diversos estados del país plenamente identificados.
El propio Comité de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés CoCEDAW, desde 1999 ha recomendado al Estado mexicano las siguientes medidas:
a) Armonizar las legislaciones federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan el aborto legal y asimismo ampliar el acceso al aborto legal, a la luz de la reforma constitucional de los derechos humanos y de la Recomendación general Nº 24 del Comité (1999);
b) Informar a los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado las causales de aborto legal y también informar acerca de sus responsabilidades; y
c) Asegurar en todos los Estados, que las mujeres tengan acceso a los servicios de atención médica seguros y asegurar la aplicación correcta de la mexicana oficial estándar NOM-046-SSA2-2005, cuando la ley les permita el aborto, especialmente el acceso de las mujeres víctimas de violación para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, el aborto y la anticoncepción de emergencia.
En ese sentido el GP-PRD se pronuncia por colocar la discusión sobre el aborto en la dimensión que le corresponde, bajo la premisa de que el aborto forma parte de los derechos reproductivos que se encuentran anclados en los derechos humanos y que comprenden básicamente dos grandes principios; el derecho a la atención en salud reproductiva y el derecho a la autodeterminación reproductiva.
Desde esa perspectiva se distinguen una serie de bienes jurídicos como la integridad física, la intimidad, el derecho a planificar la propia familia, y el derecho a estar libre de todas las formas de violencias y coerción que afectan la vida sexual o reproductiva de las mujeres, que en su conjunto constituyen el derecho humano a la autodeterminación reproductiva, derecho que a las y los legisladores aquí presentes nos corresponde institucionalizar, regular y garantizar su progresividad.
No podemos dar pasos atrás, no permitamos que avancen las campañas por la penalización del aborto, en contra de los anticonceptivos y de la educación sexual.
En este día expresamos nuestro enérgico rechazo a la doble moral y al conservadurismo de algunos sectores que sólo abonan al aumento de la de por sí alarmante cifra de muertes por abortos inseguros y de embarazos adolescentes
En México los embarazos en mujeres menores de 18 años representan el 20 por ciento de todos los embarazos en el país y este grupo requiere de información sexual y sobre cómo protegerse. No podemos eludir los Compromisos del Milenio de la ONU suscritos en 2000, cuyo objetivo cinco es mejorar la salud materna, entre los indicadores están precisamente la tasa de natalidad entre las adolescentes y la de uso de anticonceptivos, ambos factores de riesgo de muerte materna.
Por ello en este día en el que en toda Latinoamérica se une en pro de la despenalización del aborto, insisto en que todas y todos debemos asumir la responsabilidad de impulsar la reforma legal para ejercer nuestro derecho a la maternidad libre y voluntaria, nuestros derechos reproductivos y la igualdad de las mujeres en México como lo establece el artículo 4o. constitucional.
Muchas gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)