Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a dar a conocer a los productores el programa diseñado para comercializar el frijol en el periodo agrícola primavera-verano de 2012, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado, Adolfo Bonilla Gómez, Óscar Bautista Villegas, María Concepción Navarrete Vital, Juan Manuel Rocha Piedra, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, la pobreza extrema, rural y urbana expresan una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.

Dentro de esta perspectiva de razonamiento, el Estado debe de ejercer a plenitud el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional expresado en la autodeterminación para producir, industrializar y distribuir alimentos; sustentado en el derecho humano fundamental a la alimentación y nutrición adecuadas a un sano desarrollo humano.

El campo mexicano ha jugado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población, también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, al resto de la economía del país.

Esto ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir alrededor del 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000.

Ante una situación de esta naturaleza y frente a las negativas consecuencias en torno al campo que ha traído el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre las que solamente destacamos algunos aspectos sobre las importaciones agropecuarias de México; éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 179, reconoce como producto básico y estratégicos entre otros a el frijol, debido a la importancia que han tenido en la dieta tradicional de la población mexicana, y a que han constituido cultivos donde se han concentrado los esfuerzos productivos de la gran mayoría de los productores rurales y, en esa medida, han sido elementos básicos de su alimentación y de su ingreso.

La motivación que induce al presente punto de acuerdo es la de solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) a que informe a esta soberanía las previsiones y provisiones presupuestales para atender el esquema de comercialización de frijol para el ciclo agrícola primavera-verano 2012.

La experiencia de años pasados, bajo los esquemas de comercialización que se han implementado, no han sido satisfactorias para los principales productores de frijol, lo que provoco una serie de desvíos de recursos, mostrando que no son eficientes y motivando y fomentando la corrupción.

Los principales productores de esta leguminosa son Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas que en su conjunto suman 1,067,834 hectáreas de riego y 61,658 hectáreas de temporal, entre las variedades negros, claros y pintos; en la mayor parte de los estados se encuentran en la etapa fenológica de floración y guía, por lo que es importante establecer un mecanismo de trabajo que nos permita establecer un serio programa de comercialización, en la que los productores salgan beneficiados.

Esta leguminosa involucra a un importante segmento de la población rural y que contribuyen de manera sustantiva al ingreso de la población rural, están sujetos a las variaciones del mercado internacional, en el caso del frijol se han importado bajo el pretexto de la sequia.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tienen los cultivos señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar a conocer en forma urgente a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.

Segundo. Es con fundamento al Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de protección civil, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevo ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el que se solicita la creación de la Comisión Especial de protección civil, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley General de Protección Civil, establece que esta es “la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”.

Por lo tanto, y de manera práctica, es dable establecer que la protección civil, es o al menos debe ser, un sistema integral mediante el cual, los tres ámbitos de gobierno, de manera coordinada y concertada con todos los sectores sociales, definen estrategias programas y presupuestos para la educación, estudio, prevención de riesgos, así como, el apoyo, auxilio y rescate en eventos desastrosos sean naturales o artificiales, procurando en todo momento la conservación de vidas y bienes, sin dejar de mencionar la conservación de los hábitat naturales.

Tal conjunto de acciones exigen una concurrencia gubernamental, sustentada en políticas de estado y con una activa participación del Poder Legislativo, debidamente estructurada y con representación de los grupos parlamentarios que lo integran.

Los eventos ocurridos durante el año 2011, como las inundaciones en los estados de Hidalgo y México con un saldo cercano a las 2 mil familias afectadas y pérdida de 80 vidas; los deslizamientos en Oaxaca en donde se perdieron vidas humanas; los sismos en Guerrero, Colima, Morelos, entre otros, las explosiones en las instalaciones de Pemex, en las minas del norte del país, en factorías de pirotecnia, en centros educativos, son sólo algunos ejemplos de la exigencia de mantener un trabajo legislativo para dar respuesta e instrumentos que den certeza y seguridad a la población del país en sus vidas y bienes en tan delicado tema.

La protección civil, es parte integrante de la seguridad pública, es base de la convivencia social y sustento de una certeza familiar.

Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa y sólo por citar un referente:

A pesar de que la legislación municipal establece la obligatoriedad de que los municipios cuenten con una unidad de protección civil, de los más de 2 mil 400 municipios que hay en México, solo el 20 por ciento se puede considerar que cuentan con una unidad de protección civil debidamente estructurada.

En el resto operan a base de voluntarios bien intencionados, cuyo equipo consiste en una camioneta añeja y dos tambos de 200 litros con agua, sin capacitación, sin estudios de riesgos, pero llenos de buena voluntad y valor.

Sumado a lo anterior, no existen estudios de los diversos riesgos regionales de las zonas rurales sean volcanes, ríos, presas.

En los municipios urbanos y zonas metropolitanas, también hay problemas, no se cuenta con atlas de riesgos por municipio o zona metropolitana actualizados o simplemente no hay.

Es decir, se habla de que debe haber sistemas municipales, que deben estar armonizados con los sistemas estatales y la suma nos da un todo: El Sistema Nacional de Protección Civil.

¿Cómo lograr esto si no hay políticas gubernamentales articuladas? ¿Cómo lograr esto si no hay un proyecto y trabajo Legislativo que permita realizar análisis y adecuaciones jurídicas; que permita definir programas y presupuestos; que permita trabajar con las autoridades estatales y municipales, entre otros?

Es de celebrase que el 6 de junio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Protección Civil, con lo que se fortalece lo relativo a este tema.

Entonces, continuemos con el esfuerzo, sumando al este Poder Legislativo mediante la creación de una Comisión Especial de protección civil, responsable de atender, proponer y resolver lo aquí expuesto

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados elevo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se crea la Comisión Especial de protección civil, cuya vigencia será el periodo constitucional de esta LXII Legislatura.

Segundo: El número de integrantes, presidencia y secretarías será conforme lo determine la Junta de Coordinación Política, reflejando, en todo caso, la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 25 de 2012.

Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y castigar a los servidores públicos estatales involucrados, en el periodo 2005-2011, en la gubernatura de Humberto Moreira Valdez, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Alberto Dávila Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En seis años, las deudas de los estados y de los municipios registraron en promedio un crecimiento de 148 por ciento. Desgraciadamente, el de Coahuila fue uno de los gobiernos cuyos pasivos experimentaron un mayor aumento entre 2006 y 2012.

Sin duda, Coahuila es el caso emblemático, pues su deuda creció 9 397.5 por ciento, en términos reales: pasó de 384.3 millones de pesos en 2005 a 36 mil 499 millones al final del segundo trimestre de 2012.

Lamentablemente, es y será un episodio de lo más vergonzoso en la historia de la administración pública del país el moreirazo, término utilizado para describir la megadeuda adquirida por el ahora ex gobernador y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Humberto Moreira Valdez, quien mediante falsificación de documentos y con engaños embarcó por un monto de 36 mil millones de pesos las finanzas del estado.

Durante la administración de Moreira Valdez fueron presentados decretos falsos del Congreso de Coahuila y publicaciones del Periódico Oficial. Además, se dieron actos de corrupción, ocultamiento de información, maquillaje de cifras, obras públicas inexistentes o sólo inauguradas, y compra millonaria de voces de los empresarios y de espacios en los medios.

El caso de la megadeuda de Coahuila representa uno de los peores fraudes contra la administración pública, debido a la cantidad de personajes involucrados y las cantidades exorbitantes de recursos desviados durante el periodo. Por ello, los coahuilenses exigimos que nos digan dónde está ese dinero y a qué se destinaron esos recursos, así como que se investigue y castigue a los funcionarios estatales involucrados en el periodo 2005-2011, durante el mandato del gobernador Humberto Moreira Valdez.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y castigar a los funcionarios estatales involucrados en el periodo 2005-2011, durante el mandato del gobernador Humberto Moreira Valdez, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer la investigación sobre los posibles hechos delictivos en que se encuentran involucradas camionetas propiedad de la empresa Televisa, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con el trámite de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El 20 de agosto del año en curso, en un operativo contra el narcotráfico 18 personas que viajaban en seis camionetas fueron detenidas en Nicaragua con 9.2 millones de dólares y cocaína. Los detenidos aseguraron que trabajaban para la empresa mexicana Televisa.

2. Cinco días después la primera comisionada, Aminta Granera, jefa de la Policía de Nicaragua, informó durante la inauguración de la 31 Reunión Extraordinaria de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica, el Caribe y México que se celebró en Managua, que los detenidos eran sospechosos de participar en actividades ilícitas y se identificaron como periodistas. Confirmó que se identificaron como trabajadores de la empresa Televisa y que al momento de ingresar a su país llevaban por lo menos seis unidades con logotipos de la misma empresa.

3. El señuelo que utilizaron los sospechosos fue que iban a cubrir el juicio que se inició en dicho país hermano contra el empresario Henry Fariñas, por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo las propias fuentes judiciales de aquel país corroboraron que no existía solicitud de periodistas mexicanos y menos de Televisa para dar cobertura al juicio.

4. Por su parte el Grupo Televisa emitió boletín de prensa en el que rechazó que los vehículos retenidos en Nicaragua, en la investigación iniciada por las autoridades nicaragüenses por lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de drogas, hayan sido adquiridos o registrados ante autoridad alguna por la empresa. También negó que los detenidos sean empleados de Televisa y se deslindó de toda responsabilidad del caso.

5. De acuerdo con lo que ha trascendido, el pasado 29 de agosto esta empresa presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana Las Manos, en Nicaragua, hayan sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de esta empresa. Con motivo de la denuncia, la PGJDF inició una averiguación previa en la que Televisa solicitó expresamente que se investigaran los hechos y, en su caso, se ejerciera acción penal contra los responsables.

6. Por su lado las autoridades policíacas nicaragüenses informaron que trabajan “en comunicación permanente” con sus similares en México y en Centroamérica en la investigación e identificación de los nombres de los detenidos, así como de sus nacionalidades.

7. Sin embargo, diversos medios de comunicación mexicanos han dado a conocer recientemente que las camionetas involucradas en el posible tráfico de drogas y lavado de dinero están registradas a nombre de Televisa SA de CV, con domicilio en avenida Chapultepec 18, colonia Doctores del Distrito Federal.

8. Frente a tal revelación, de ser cierta, y dada la importancia de la detención de una supuesta banda del crimen organizado que utilizaba vehículos identificados con la empresa televisiva más grande del país, las y los diputados debemos exigir a las autoridades federales mexicanas que atraigan la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por estar bajo el supuesto de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a atraer la investigación que permita esclarecer los hechos denunciados por la empresa Televisa ante las autoridades del Distrito Federal, frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana Las Manos, en Nicaragua, el pasado mes de agosto, hayan sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de esta empresa, y en los que se encuentran involucradas 18 personas detenidas en ese país, sospechosas de participar en actividades de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, que se identificaron como trabajadores de la televisora.

Segundo. Asimismo, solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a hacer del conocimiento público si existe alguna investigación a su cargo respecto a presuntas actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero en el asunto materia del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ernesto Núñez Aguilar, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Corresponde al Congreso de la Unión la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es, la definición y precisión de proyectos y asignaciones específicas para la promoción del desarrollo económico nacional, si bien es cierto, la actividad económica que se regula por las disposiciones del presupuesto de egresos, es el principal instrumento y política pública del Estado mexicano, también debe corresponder a las diferentes propuestas y observaciones que los niveles de gobierno hacen llegar a esta representación soberana, que es el Congreso.

Como parte de las políticas de desarrollo en la promoción de incentivar la inversión, la administración pública promueve la construcción de infraestructura estratégica modificando el entorno, despertando el interés de inversionistas nacionales o extranjeros, en el complemento de acciones que se traduzcan en creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, actividad exportadora y sobre todo, sustentabilidad del entorno geográfico y socio-económico.

El desarrollo económico es, pues, la suma de esfuerzos de capital social, público y privado, nacional e internacional, que tiene como propósito, promover la sustentabilidad, dotando de oportunidades de realización y estabilidad, como protagonistas del desarrollo, a las personas, en su aspiración por un futuro de más oportunidades, sobre todo para sus hijos.

Una forma de complementar las disposiciones presupuestarias, es la contratación de deuda pública, misma que debe observar lo dispuesto en el artículo 117, fracción VIII segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra dice “Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas” y aunque este artículo obliga a que las legislaturas locales establezcan las bases, conceptos y montos de endeudamiento, lo cierto es que las disposiciones en las leyes estatales de deuda pública, en varios casos, no atienden la disposición constitucional, permitiendo endeudamientos que hoy tienen en riesgo a varias administraciones estatales.

Esto, es en sí delicado, porque nos habla de una omisión de las leyes que aprueban los congresos y que publican los gobiernos estatales, situación que este Congreso, debe analizar y tomar las medidas necesarias para evitar la contratación de deuda, para pagar más deuda o para sustentar déficit presupuestal, sobre todo, por el exceso burocrático que se advierte en varios gobiernos estatales.

Esta Cámara de Diputados, tiene la facultad para crear una comisión especial, plural y representativa, que se encargue, a la brevedad, de conocer, estudiar, analizar y proponer a esta soberanía, sobre la base de un diagnóstico puntual, las condiciones crediticias de los estados y las posibles responsabilidades de quienes participan en la contratación de deuda pública, lo mismo legisladores y funcionarios estatales.

El endeudamiento de los estados y municipios cobró fuerza a partir de los procesos de descentralización del gasto de las entidades federativas que surge durante los años noventa en la administración del presidente Ernesto Zedillo ya que debido a ese proceso tuvieron más facilidad para endeudarse.

La descentralización se puede observar desde dos aristas: por un lado, se redujo la discrecionalidad en la ejecución del gasto y las entidades federativas pueden tener mayor certeza al momento de realizar su planeación financiera. Por otro, ese cambio logró una mayor ejecución del gasto ya que gran parte de los recursos transferidos están etiquetados y no tienen flexibilidad a la hora ejecutar esos recursos, lo que ocasiona que algunos gobiernos locales tengan que incrementar su gasto para cubrir algunas otras áreas por lo que se ha recurrido al endeudamiento. Sin embargo a la par de esa descentralización tuvo que existir transparencia de los recursos solicitados.

Actualmente la deuda de las entidades federativas se ha convertido en un tema de prioridad en la agenda nacional que pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas de este país, debido a que las obligaciones financieras de los gobiernos locales se cubren en su gran mayoría con cargo a las participaciones federales, y estas son en ocasiones diametralmente diferentes entre los estados, dando pie a allegarse de recursos a través del mecanismo del crédito como lo menciona el documento México, mejores políticas para un desarrollo incluyente , que recientemente le entregó el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) al presidente electo Enrique Peña Nieto, y en la que da algunas recomendaciones con respecto a este tema, como “incentivar a los gobiernos locales a incrementar sus ingresos, se deben limitar las transferencias del gobierno federal y permitir que los estados retengan un mayor porcentaje de lo que pueden cobrar, aun cuando sea marginal”.

El hecho de que los estados y municipios no cuentan con suficientes fuentes de ingresos propios y que, por tanto, la mayor parte de sus recursos provengan de las participaciones federales, complica aún más su autonomía en el ejercicio del gasto y los hace dependientes de la política de ingresos adoptada por el gobierno federal.

La importancia de los mecanismos de deuda con que cuentan para llegarse de recursos y de la regulación que se implementa a su alrededor se debe evitar que los gobiernos estatales caigan en la insostenibilidad de sus finanzas públicas a través de transparencia, disciplina y eficiencia en el uso de sus recursos ya que actualmente tienen déficits muy graves en sus finanzas.

Actualmente este problema es grave y relevante, ya que el monto total de obligaciones financieras representan 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), si se atiende de manera consciente, en el futuro evitará problemas similares a los que hoy se enfrentan los estados debido a que, en nuestros días no se cuenta con techos de crédito ni la etiquetación de esos recursos solicitados y eso hace poco transparente el uso de los mismos.

El endeudamiento cada vez es mayor, es por eso que se necesita de una comisión especial que analice e investigue, así como proponga mecanismos de disciplina fiscal y de transparencia; además de responsabilidad en el manejo de las finanzas estatales y que las nuevas administraciones tengan en cuenta su propio límite de endeudamiento y sean más responsables en cuanto a sus finanzas.

Si bien no se puede prohibir la solicitud de deuda, por lo menos que haya límites bien establecidos del monto de recursos que sean solicitados.

El endeudamiento continúa elevándose, en seguida se puede apreciar una lista de entidades federativas con respecto a su relación porcentual con el total de obligaciones financieras al segundo trimestre de 2012 según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenándose de la siguiente manera:

Es importante precisar que la deuda manifestada ante la SHCP dista mucho de la deuda real, dado que no se consideran otros pasivos, como la deuda a proveedores, contratos, demandas laborales, pasivos contingentes, etcétera.

En el caso de mi entidad la deuda declarada es de 16 mil 472.3 millones de pesos, y la deuda real asciende a 40 mil 000 millones de pesos. Con estos datos podemos observar la magnitud de la diferencia respecto a la información oficial.

Por parte de los municipios encontramos a Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 680.7 millones de pesos, Tijuana, Baja California, 2 mil 539.9 millones de pesos, Monterrey, Nuevo León, 2 mil 146.1 millones de pesos, Zapopan, Jalisco, 2 mil 146.1 millones de pesos, Benito Juárez, Quintana Roo, mil 365.9 millones de pesos, Nuevo Laredo, Tamaulipas, mil 114.7 millones de pesos, León, Guanajuato, mil 014.7 millones de pesos, Mexicali, Baja California, 950.2 millones de pesos, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 901.8 millones de pesos y Tlaquepaque, Jalisco, 845 millones de pesos.

Los datos anteriores confirman la gravedad de esta situación, y reflejan que los municipios siguen los pasos de los gobiernos estatales y se endeudan utilizando los ingresos que reciben de participaciones federales. Los ayuntamientos toman los recursos no etiquetados que les envía la federación como garantía de pago de sus crecientes contrataciones de deuda.

Tan simple como parece la exigencia de respetar el texto constitucional a que estamos obligados todos y cada uno de los que ostentamos, por decisión ciudadana, la representación popular, un asunto de ética elemental es como lo señala nuestro juramento “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

Por tanto, podemos dar cuenta que no es un fenómeno nuevo y que a pesar de que existen diagnósticos que preveían su agravamiento, no se tomaron las medidas correctas que abatieran el problema. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que es un problema multifactorial y que su trasfondo es de estructura, es decir, las reformas parciales y los factores políticos de corto plazo han ocasionado el mantenimiento de reglas flexibles y complejidad en el sistema de coordinación fiscal, que sigue manteniendo el monopolio fiscal e injerencia en los asuntos estatales y municipales, por consiguiente la dependencia de estos niveles de gobierno es cada vez mayor debido al incremento de sus poblaciones, de sus nóminas y los servicios que brinda.

Esta situación nos obliga como legisladores comprometidos a dotar de las herramientas jurídicas necesarias para coadyuvar a las instancias involucradas a dar una solución en el corto y mediano plazo al problema del endeudamiento.

No cumplir el compromiso que libremente asumimos, es una afrenta a la sociedad y una derrota moral que los diputados no podemos permitir, en este sentido, la creación de esta comisión especial, nos dará la información para obtener certidumbre como por ejemplo ¿Para qué se contrató la deuda pública? y ¿por qué estos montos rebasaron la capacidad de pago del propio estado contratante?

Esta situación se agrava ya que estos compromisos económicos, obviamente se heredan a la nueva administración en situaciones irresponsables, en donde lo que importa es poner la primera piedra, otorgar el contrato y festinar mediáticamente una acción que lamentablemente queda en la realización incierta, pero con responsabilidades que gravitan en la limitación de servicios y oportunidades para las nuevas generaciones.

No es el caso ampliar consideraciones, como sí lo es compartir la preocupación de esta situación que afecta el desarrollo y viabilidad de varios estados y municipios, y consideramos que parte de nuestra responsabilidad es, atenderlo de fondo, superando medidas paliativas con la reasignación de recursos en el presupuesto, para atender coyunturas, y seguir posponiendo las resoluciones.

Compañeros legisladores, considero que con voluntad política podemos contribuir propositivamente, es imprescindible crear una comisión especial que analice de manera exhaustiva y con conocimiento de causa este grave fenómeno que impacta a nuestras entidades y municipios. Mediante la elaboración de diagnósticos oportunos se podrá legislar en la materia y pugnar porque la nueva administración lo traduzca en instrumentos de política pública viables.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde por mi conducto, propone al pleno el siguiente proyecto, para la creación de una comisión especial que atienda a la brevedad este grave problema de caracter nacional, al tenor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales.

Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que considere la Junta de Coordinación Política en proporción a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en esta Cámara de Diputados y tendrá las siguientes funciones:

a) Elaboración de un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales.

b) Analizar las legislaciones de las entidades federativas y municipios para contextualizarlas y mediante iniciativas de reforma armonizarlas con las leyes federales.

c) Coordinar sus actividades con la colegisladora, las dependencias del Ejecutivo federal, los congresos locales, las entidades federativas y municipios, para compartir información y experiencias, la realización de mesas de trabajo, coloquios, foros y simposios.

d) Proponer medidas e instrumentos sistematizados que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas en los órdenes de gobierno estatal y municipal.

e) Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política.

Tercero. La comisión especial deberá contar con recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento. Lo anterior, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, José Soto Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en tenor de las siguientes

Consideraciones

En México la industria azucarera es una de las actividades con una larga tradición económica y social, y representa el 11.6 por ciento del valor del sector primario, aportando el 2.5 por ciento del PIB manufacturero como lo menciona el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 de la Sagarpa.

La importancia de esta actividad económica genera más de 450 mil empleos directos y beneficios a una población total que se estima en 2.2 millones de personas. Además, se sabe que esta actividad tiene un alto impacto en 227 municipios del país, de acuerdo con datos contenidos en el programa antes citado.

La producción de caña se realiza en 664 mil hectáreas que abastecen a 57 ingenios de 15 estados cañeros entre los que destacan Veracruz, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa que en conjunto contribuyen con más del 60 por ciento de la producción nacional.

El valor generado de la producción de azúcar es por más de 3 millones de dólares anuales y el 57 por ciento se distribuye entre los 164 mil productores de caña y el consumo aparente es de 4.8 millones de toneladas anuales (promedio 2001-2006) con un consumo per cápita de 47.9 kilogramo/año lo cual nos otorga el sexto lugar a nivel mundial.

Sin lugar a dudas, se trata de una actividad económica preponderante en el sector primario, además de las implicaciones sociales que conlleva, debido al alto número de empleos directos e indirectos que acompañan a dicha actividad.

Consideramos que la industria azucarera constituye un eslabón fundamental en la actividad productiva nacional; por ello al inicio de la LXII Legislatura proponemos a las legisladoras y a los legisladores de esta soberanía asumir un papel de corresponsabilidad con la industria azucarera nacional. Estamos convencidos que desde el poder legislativo podemos coadyuvar al impulso y desarrollo de dicha industria.

Cabe destacar que, a partir de la LVIII Legislatura, en esta honorable Cámara de Diputados, se creó la Comisión Especial para Analizar la Problemática de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar. Durante la LIX, la LX y la LXI Legislaturas, esta comisión también se constituyó y trabajó a lo largo de las mismas.

Con esos antecedentes, sometemos a las compañeras diputadas y diputados integrantes de esta LXII Legislatura, así como a sus órganos de gobierno dar continuidad a los trabajos emprendidos en esta soberanía a favor de un tema tan importante, como es la caña de azúcar.

Resulta indudable que debe proseguirse con los trabajos de análisis que se han realizado en tan importante tema, pues la apertura comercial indiscriminada emprendida por el gobierno mexicano ha afectado a diversas actividades económicas, de manera particular a la agroindustria azucarera.

Por tanto, reiteramos la necesidad de contar con una Comisión Especial que prosiga con las tareas emprendidas en Legislaturas anteriores, con objeto de llevar a cabo una serie de tareas articuladas desde el poder legislativo, de las cuales emerjan propuestas que puedan convertirse en políticas públicas cuya instrumentación se traduzca en beneficios para el sector y para la economía nacional en su conjunto.

Punto de Acuerdo

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la Constitución de la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar; misma que deberá contar para su desempeño con los recursos materiales y humanos necesarios y se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado José Soto Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar tanto lo establecido en los artículos 1o. y 123 constitucionales como en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano respecto al derecho de los trabajadores y, en consecuencia, en la Ley Federal del Trabajo en todas sus acciones, planes y programas de gobierno, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita diputada federal, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Carta Magna, en su artículo 1o. dispone que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Ahora bien, hago un llamado a la reflexión a los miembros de ésta asamblea y les pregunto ¿Están dispuestos a hacer cumplir lo establecido por nuestro marco jurídico federal? De ser así, el presente punto de acuerdo deberá ser aprobado por unanimidad en este órgano legislativo.

El presente mes, fue turnado por el titular del Poder Ejecutivo federal para su análisis, discusión, y posterior dictamen en la Cámara, un paquete de iniciativas preferentes donde se incluye una en materia laboral.

Las condiciones actuales de trabajo, empleo y desempleo en México no pueden combatirse con una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal que entre otras cosas:

• Reduce la estabilidad del empleo;

• Legitima las contrataciones por hora que vulnera los derechos de estabilidad, antigüedad y prestaciones;

• Facilita los despidos;

• Limita el derecho de huelga de los trabajadores; y

• Pretende suprimir la responsabilidad patronal a través de una subcontratación sin protección.

Por estas razones y preocupados por la situación de emergencia, dado que eso es, una emergencia, el querer violentar los derechos de los trabajadores mexicanos, bajo el manto de la transición, a escondidas del pueblo, es que hacemos un llamado a razonar nuestra posición frente a la aprobación de la reforma laboral del Ejecutivo federal.

En el Partido del Trabajo estamos conscientes que es necesaria una reforma laboral, una que se adecúe a las necesidades actuales de los patrones y los trabajadores, sin embargo no estamos dispuestos a ceder las conquistas históricas ganadas con sangre de los trabajadores mexicanos, estamos abiertos al dialogo, por una reforma progresista que convierta al trabajador en un verdadero sujeto de derechos laborales y claro está en que no permitiremos que sean despojados de los pocos beneficios que les son otorgados a costillas de patrones explotadores.

Por estas razones exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal y al Poder Legislativo en su conjunto para que en todas sus acciones sean respetados los derechos laborales de los trabajadores, desde luego también los correspondientes a los empleadores, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. La aprobación de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal no debe ser el pago a los grandes capitales que patrocinaron las campañas y los fraudes electorales de 2006 y 2012.

En términos específicos, consideramos necesario, un análisis profundo acerca de la situación que vive la población en condiciones de desempleo, toda vez que el artículo 123 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Si la Constitución reconoce el trabajo como un derecho, entonces, estamos obligados a garantizar que toda persona tenga la posibilidad de gozarlo, sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, edad, u otra condición.

Sin embargo, si tomamos en cuenta los datos de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos que dicen que el desempleo en México continuará durante este año en niveles superiores al 5 por ciento, lo que significa que el número de personas sin trabajo en México rondará en unos 2.5 millones y si consideramos que en nuestro País laboran unos 13 millones de personas en condiciones precarias, sin seguridad social, ni salarios fijos, que si se suman a los 2.5 millones de desempleados y los 4 millones de subocupados; en el país hay unos 19 millones de mexicanos trabajando en condiciones inseguras contra los 15.7 millones de personas que laboran en la formalidad, es entonces cuando consideramos limitada la iniciativa en materia laboral del Ejecutivo Federal y hacemos énfasis en su análisis y discusión para lograr una verdadera seguridad económica, disminuir y eliminar la pobreza, impulsar el mejoramiento del sistema de seguridad social, fomentar la participación económica y una verdadera protección a los derechos de los trabajadores mexicanos.

Lo mencionado anteriormente es debido a la imposibilidad de algunos sectores poblacionales para conseguir empleo, ya no digamos un empleo digno y un salario justo, solamente, un empleo. Caso es el de las madres solteras, los adultos mayores de 50 años y personas en situación de vulnerabilidad, en los que se tienen prejuicios laborales y donde hay muy pocas empresas que cuentan con programas de inclusión laboral para dichos sectores.

Cabe señalar, que el presente punto de acuerdo se pone a su consideración el día de hoy como resultado del dialogo con el pueblo, durante la campaña electoral anterior, y así pues, cumpliendo con nuestros compromisos y tareas como representantes populares, es que estamos aquí.

Ante éste tipo de problemáticas, en el Partido del Trabajo buscamos soluciones reales, es por eso que en Diciembre de 2010, nuestro grupo parlamentario en la LXI Legislatura presentó una iniciativa con la finalidad de crear la Ley del tercer empleo, que buscaba “facilitar la oportunidad de trabajar a ciudadanos pensionados y jubilados mayores de 50 años y propiciar su contratación por las empresas privadas y públicas y dependencias gubernamentales” y para ello se sustentaba en los siguientes datos:

“México desde el año 2000, ha crecido en 1.9 por ciento en promedio anual la población económicamente activa (PEA, el ingreso por habitante activo prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles, el crecimiento promedio de los empleos formales ha sido de 1.1 por ciento, han ingresado la PEA en promedio 783 mil trabajadores por año, se han generado 200 mil empleos anuales a través de los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

En el segundo trimestre de 2010 existían 2 millones 485 mil trabajadores desocupados, un 144 por ciento de incremento en estos 10 años, existían 3 millones 978 mil sub ocupados, un incremento del 164 por ciento en estos 10 años y se reporta que hay 12 millones 612 mil trabajadores en el sector informal.”

Ante la realidad apremiante para el pueblo mexicano, donde la edad y el género se han convertido en una condición que dificulta el acceso a un empleo, es que decidimos presentar este punto de acuerdo, para solicitar ante esta alta tribuna, lo que millones de personas en muchos casos suplican, la creación de políticas que verdaderamente beneficien al pueblo, a la gente, a las familias mexicanas.

Compañeros legisladores ¿en qué sociedad nos hemos convertido, donde hace años las personas mayores a nosotros eran el ejemplo de lucha y experiencia de vida y las madres de la niñez mexicana eran respetadas como figura indispensable para el desarrollo de nuestros infantes y ahora los desplazamos cual si fueran simples objetos o mercancías inútiles para el servicio de este sistema global y económico? Compañeros, en nuestras manos está trabajar por las familias y el pueblo mexicano.

Así pues, por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición de

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a respetar lo establecido en el artículo 1o. y 123 constitucionales, así como lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, en lo relativo al derecho de los trabajadores y por consecuencia lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en todas sus acciones, planes y programas de gobierno.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, los programas y las acciones necesarias para disminuir el desempleo en México.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a las comisiones de dictamen legislativo, tengan a bien analizar la totalidad de las propuestas en materia laboral y de derecho al trabajo, especialmente las dirigidas a promover el empleo de las personas mayores de 50 años, madres solteras y personas en situación de vulnerabilidad, para incluirse, en su caso, en el dictamen de la iniciativa preferente propuesta por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial forestal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La extensión territorial del país es de 1’ 964,375 kilómetros cuadrados, con una superficie continental de 1´959,248 kilómetros cuadrados y una insular de 5, 127 kilómetros cuadrados; esta magnitud ubica México en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor riqueza geográfica.

En ella, la vegetación forestal representa 138 millones de hectáreas, sumando el 70%de la superficie nacional. Con relación a su situación jurídica, el 80% de la superficie forestal es propiedad ejidal y comunal, 15% propiedad privada y 5% es propiedad de la nación.

La clasificación forestal arroja varios datos: la superficie total de bosques de pino-encino con que cuenta el país es de 30.7 millones de hectáreas; en cuanto a la extensión de selva, ésta oscila los 25 millones de ha. Tales datos establecen que 21.6 millones de hectáreas tiene potencial comercial. Desafortunadamente, de esta superficie, sólo se aprovechan actualmente 8.6 millones de ha.

Sin embargo, se calcula que existen 16 millones de hectáreas de terrenos forestales susceptibles a la reforestación. En estos terrenos es urgente realizar trabajos de reforestación de diferentes tipos y es posible que, en la mayoría de ellos, sólo puedan hacerse reforestaciones con fines de protección y recuperación.

La Constitución establece una precisa rectoría del Estado y una amplia participación social y comunitaria, en el cuidado y aprovechamiento de nuestras riquezas forestales. Es cuestión de seguridad nacional, la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país. A pesar de ello, la enorme riqueza natural de México ha sido utilizada en forma irracional al seguir un modelo de crecimiento económico basado en una continua extracción de los recursos naturales por considerarlos inagotables y por suponer que el entorno natural tiene la capacidad de asimilar cualquier tipo y cantidad de contaminación. Grave error, que hipoteca la sustentabilidad y el futuro de la nación.

Esta actitud ha resultado en una severa pérdida y degradación de nuestros recursos y del entorno natural, porque la estrategia de desarrollo económico no ha sido sustentable. De no revertirse esta tendencia en el corto plazo, estará en peligro el capital natural del país.

Sin duda, la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales son la consecuencia de otros problemas de gravedad, que ya estamos padeciendo, como son: la pérdida de fertilidad de terrenos agropecuarios y la erosión; la sedimentación de ríos; el desarrollo de extremidades climatológicas como son las constantes inundaciones, o bien, la falta de agua; la pérdida de capacidad para producción de servicios ambientales en bosques y selvas; el aumento de pobreza y la migración a ciudades; así como los incendios extensos y continuos, con pérdidas irrecuperables en cientos de años.

Los datos estiman que el 45% de los suelos presentan algún tipo de degradación, 39% de la degradación es ocasionada por la agricultura, 38% por el sobrepastoreo, 17% por la deforestación, así mismo el 6% por efecto del urbanismo, la industria y el turismo. Aunado a ello, en el presente año sufrimos de una extrema sequía, los daños aun continúan, por lo cual aun no tenemos los numero exactos de la superficie afectada en los estados principalmente del norte del país.

Somos representantes de la nación y ella no merece un futuro de empobrecimiento y degradación de los bienes naturales que nos heredaron nuestros padres y que les debemos a nuestros hijos. Debemos actuar de forma inmediata ante la pérdida constante del capital natural del país. Frente a ello, se advierte que no existe un contrapeso que exija resultados específicos, acordes a la importancia de este sector, a las autoridades. El vacío y la ambigüedad que prevalecen, sobre todo de manera insostenible en el Poder Legislativo, ha generado descoordinación, falta de información, dispersión jurídica, debilidad presupuestal, así como falta de confiabilidad en los inventarios y datos del sector forestal, que permitan estrategias eficaces en todos los ámbitos de gobierno.

Para tal fin, proponemos un órgano colegiado especial, en el seno de esta Cámara de Diputados, que vigile, analice, evalúe y discuta la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, a fin de promover acciones legislativas, un espacio de discusión pública, el aglutinamiento de las investigaciones generadas en centros públicos y privados y, entre otras, que permita también la propuesta e integración presupuestal, el control evaluatorio y mejores políticas públicas para proteger, restaurar y aprovechar nuestra riqueza natural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a este Pleno, la siguiente proposición, conforme a los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que someta a consideración del Pleno, la creación de la Comisión Especial Forestal para vigilar, analizar, evaluar y discutir la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país.

Segundo. La Comisión Especial estará formada, de manera plural, por los Diputados de la LXII Legislatura, de manera proporcional a su representación popular, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. Derivado de ello, analizará la legislación vigente y propondrá las adecuaciones que pudieran ser necesarias; estudiará y presentará propuestas de inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y realizará, por sí misma o solicitará a los organismos competentes acciones de transparencia y adecuada fiscalización.

Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. La Comisión Especial funcionará durante el periodo correspondiente a la LXII Legislatura o hasta que se agote su objeto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de septiembre de 2012.

Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de integración y atención a personas con discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1; el artículo 79, numerales 1 y 2; y los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita la creación de la Comisión Especial de integración y atención a personas con discapacidad.

Consideraciones

1. De acuerdo con las cifras oficiales, en México viven más de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sensibilizados por esta cifra contundente, Diputados de la LVI Legislatura promovieron la creación de la comisión especial para la atención y apoyo a discapacitados, desde la cual se impulsó un marco jurídico que atendiera a este sector de la sociedad, derribando las barreras que limitan su desarrollo y abriendo un espacio a la participación de la sociedad civil organizada. Ha quedado inscrito que durante la LVI Legislatura, se promovieron el mayor número de reformas que abordaban los retos de las personas que viven con discapacidad en nuestro país.

2. Gracias a esta Comisión Especial y el trabajo que realizó conjuntamente con la sociedad civil participativa, se logró integrar un Consejo Consultivo en el seno de la misma, a través del cual se impulsaron ambiciosas modificaciones al marco jurídico. La Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Aduanera, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley Federal de Protección al Consumidor, Código Civil, entre otras, fueron reformadas para abordar de forma integral los retos que la sociedad debe resolver para favorecer la inclusión de los grupos con discapacidad.

3. Durante la administración del presidente Vicente Fox Quezada, en el año 2001, se llevó al Pleno de la Organización de las Naciones Unidas la Convención acerca de las Personas con Discapacidad, adoptada recientemente por la ONU y la que México firmó en marzo pasado. México tiene hoy la signatura pendiente de ratificar este instrumento internacional.

4. En México, todos los Estados de la República cuentan con leyes de integración social para personas con discapacidad, sin embargo, dichos ordenamientos requieren una mayor efectividad en su implementación, que se puede lograr a través de alcanzar la armonización interna y con respecto a los acuerdos internacionales de los que México es parte.

5. México cuenta el día de hoy con un marco jurídico de vanguardia a nivel mundial, que busca generar las mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y ofrecerles las oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la realidad dista de lo plasmado en nuestras leyes y se requiere fortalecer el trabajo que se realiza a nivel federal, estatal y municipal para instrumentar el espíritu de estas leyes.

6. Nuestro país enfrenta un problema serio de coordinación para la armonización jurídica de la Convención Internacional, la Ley Federal y las Leyes de los Estados. Por su naturaleza, esta soberanía tiene una responsabilidad para favorecer y en su caso, promover esta armonización. México, como promotor de la Convención Internacional y uno de sus primeros firmantes, guarda una particular responsabilidad para promover esta armonización, y sobre la cual, nosotros como legisladores debemos jugar un papel esencial.

7. Como ejemplo de la falta de armonización y congruencia de los diferentes marcos jurídico se muestra, que, en la legislación de distintas Entidades Federativas del país existe como instituto de las personas con discapacidad, lo que en otras se maneja como consejo, o en otros como una ley de integración social; otro caso recurrente es, que en el marco normativo carece de su reglamentación como parte fundamental para la creación de la misma comisión especial . Por ello se requiere de un solo criterio para su incorporación y la aplicación de los recursos en los tres órdenes de gobierno, de una manera transversal para su mejor aprovechamiento, con un enfoque que los incluya en la sociedad.

8. Lo anterior hace necesaria nuestra intervención como legisladores para ponerle fin a las acciones aisladas y concretar esfuerzos conjuntos para dar soluciones concretas a esta problemática de diez millones de mexicanos.

9. Ante este panorama, se requieren acciones claras que se traduzcan en mayores garantías jurídicas para las personas con discapacidad, por lo que consideramos indispensable conformar una Comisión Especial que atienda y dé un puntual seguimiento a esta problemática, que promueva la incorporación a la sociedad a miles de personas que viven una discapacidad y que no se encuentran en situación de vulnerabilidad, entendiendo esto como aquel que tiene una discapacidad y no requiere de la asistencia social. Una Comisión que promueva el desarrollo de millones de personas que más allá de externar necesidades y apoyos, solicitan inclusión en la vida productiva del país y mayores garantías y respeto a los derechos por los que tanto han luchado durante tantos años sin el resultado esperado, porque una inclusión a medias no es inclusión; una atención a medias no es atención.

10. Creemos pertinente y necesario resaltar esta diferencia con el trabajo que realiza la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ya que el 50% de las numerosas iniciativas que recibe ésta para su dictaminación, refiriere únicamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, sin remarcar la importancia de generar las condiciones para su completa inclusión en la vida social y productiva de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, constituya una Comisión Especial de integración y atención a personas con discapacidad.

Segundo. Los objetivos de esta Comisión serán los siguientes:

a) Generar con un carácter de corresponsabilidad entre autoridades y la sociedad civil, propuestas concretas que busquen ofrecer soluciones para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

b) Sensibilizar a la Sociedad sobre las capacidades y aptitudes de este sector social, subrayando los aspectos productivos y su participación en la economía y las finanzas públicas.

c) Promover la generación de reformas legislativas que armonicen el marco jurídico nacional con la convención internacional, permitiendo la transversalidad de los planes y programas al interior de las distintas dependencias y órdenes de gobierno.

d) Realizar foros de discusión en los que se aborde este tema, contando con las perspectivas de organismos empresariales, entidades de la Administración Pública y organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de ofrecer un espacio a las propuestas y difundir los retos y las grandes capacidades de este sector de la sociedad.

e) Generar las acciones necesarias para incentivar la incorporación al trabajo productivo, garantizando cumplimiento del derecho constitucional al trabajo digno y las prerrogativas que les otorguen acceso a seguridad social, vivienda y fondo de retiro.

Tercero. La Comisión Especial, se integrará por 15 Diputados distribuidos atendiendo a la pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Cuarto. La Comisión Especial contará con una mesa directiva, integrada por un presidente y dos secretarios.

Quinto. La Comisión Especial tendrá vigencia hasta el 31 de Agosto de 2015 y presentará de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o en su defecto ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario del PRD

La ciudadana Lorena Méndez Denis, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, por el estado de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se constituya la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta para promover el desarrollo sustentable e integral de la región e impulsar y fomentar los proyectos hidráulicos que eviten o mitiguen el impacto de las inundaciones periódicas de la zona de influencia de esta cuenca.

Consideraciones

La LX y LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, propusieron, cada una en su momento, la creación de la Comisión Especial de la región cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, cuyo objetivo fue dar seguimiento al proyecto integral de la cuenca y realizar las acciones legislativas necesarias para un desarrollo más sustentable, la preocupación e interés de una servidora por seguir los planes y proyectos de esta comisión, no son proyectos particulares, son proyectos para un Estado que se encuentra en constante riesgo y peligro para sus habitantes.

Sabedores que la gran cuenca Grijalva-Usumacinta representa una de las regiones más privilegiadas del país en cuanto a recursos naturales, pero también por sus características hidrometeorológicas, el calentamiento global y las amenazas que imprevistamente se presentan por el desalojo de las presas, anualmente la planicie Tabasqueña, se ve amenazada por las inundaciones que impactan a esta gran región, los últimos años dan cuenta de ello: las inundaciones de 1995 causadas por los ciclones Opal y Roxanne, las inundaciones de 1999 que afectó a mil 70 localidades; y la de 2007 que impactó a 1 millón 215 mil habitantes que soportaron una pérdida económica calculada por la Cepal en 32 mil millones de pesos, en esta ocasión se desbordaron los ríos de la sierra el Grijalva, el Carrizal y el Samaria. En 2008 se desbordó el río Usumacinta, ocasionando grandes pérdidas a la agricultura, ganadería e infraestructura carretera, como también en servicios de salud, educativos y primordialmente el suministro de agua potable que es tan vital para todo ser humano y que se ve afectado, tanto en temporada de lluvias por la contaminación de la misma, como en temporada de sequía, asimismo la pérdida de miles de viviendas que se ven afectadas tanto parcial como en su totalidad.

La gran cuenca Grijalva-Usumacinta está conformada por seis cuencas hidrológicas integradas por los ríos Usumacinta, Lacantún, Chixoy, Grijalva, Tonalá y Coatzacoalcos.

El agua que corre por estos ríos se origina en su mayoría en la Sierra Madre de Chiapas y de Guatemala, en las cuales se tienen altitudes de hasta 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar; todos sus escurrimientos superficiales drenan hacia la vertiente del golfo de México, es decir, hacia la planicie de Tabasco, del sur de Campeche y de Veracruz.

La región cuenta con el sistema hidroeléctrico Grijalva que incorpora cuatro grandes presas sobre la parte alta del cauce del río del mismo nombre; La Angostura, Chicoasen, Mal Paso y Peñitas, las que en su conjunto tienen una capacidad de generación del orden de 12 mil 817 gwh. Es decir, 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Por citar una fecha en noviembre del 2007, el estado de Tabasco experimentó quince días de lluvias intensas que lo dejaron con el 80% de su territorio cubierto de agua. La cantidad de lluvia, equivalente a lo que la capital de México recibe en un año y medio.

La necesidad de prevenir inundaciones de esta magnitud en el futuro, es que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Coadyuven con el Plan Hídrico Integral de Tabasco, (PHIT) el cual lo integra una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, que permite por un lado, ordenar las acciones inmediatas en materia hidráulica para mitigar el riesgo de inundación de la ciudad de Villahermosa y otras poblaciones afectadas y por otro lado, definir el conjunto de acciones y programas de mediano y largo plazo que permitan mitigar la vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura se constituya la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable e integral y la seguridad para cada uno de sus habitantes.

La Comisión Especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de acuerdo a la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

Para su integración, deberá tomarse en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y en su caso, afectadas como lo es el estado de Tabasco y la cual contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: Lorena Méndez Denis, Hugo Jarquín, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Carlos de Jesús Alejandro, María Fernanda Romero Lozano, Socorro Ceseñas Chapa, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Luisa María Alcalde Luján, Agustín Barrios Gómez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo con el titular de la SHCP el rescate de Acapulco mediante un fideicomiso que impulse su desarrollo económico, social y cultural, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Victor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79 ,numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante estas ultimas dos administraciones federales panistas, la imagen del municipio de Acapulco ha sido manchada por una ola de violencia, sangre y miedo que continua esparciéndose por todo el territorio nacional, como consecuencia de la pésima estrategia de seguridad contra el crimen organizado por parte del Ejecutivo federal.

Según datos del operativo guerrero seguro (OGS) el mes de agosto fue el segundo más violento de lo que va del año, al registrarse 98 muertes, solo superado por el mes de mayo con 114 homicidios.

Aunado al clima de inseguridad que se percibe en el extranjero no existe una política de estado que fomente la percepción de México, como un país seguro y con grandes atractivos; una muestra de que no hay rumbo en materia turística es que de los 50 millones de paseantes que se recibían cada año, sólo 24 millones han visitado el país a tan solo 4 meses de que acabe el año.

México ha perdido 14 lugares en el ranking mundial, por la imagen negativa que tenemos en materia de seguridad.

A este conglomerado de problemas que afectan severamente al país, se suma en el municipio de Acapulco, la falta de capacidad por parte de las autoridades municipales para atender las necesidades de la población, así como un dispendio brutal de recursos “supuestamente” para el desarrollo y proyectos de infraestructura, que han sido manejados con total opacidad

La inacapacidad por parte de las autoridades municipales en garantizar los servicios elementales como la recolección de basura, el tratamiento de las aguas negras con apego a los procesos técnicos y a las normas oficiales en la materia, el bacheo y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores en el ayuntamiento agravan la ya de por si descompuesta imagen del puerto a nivel nacional e internacional.

Datos de la Secretaría de Administración y Finanzas del puerto revelan que la deuda que será heredada por la administración saliente asiende a más de 423. 8 millones de pesos.

Los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar y de garantizar servicios de calidad a los habitantes de Acapulco, no parches inmediatos que tratan de resarcir problematicas de fondo; sólo el 50 por ciento del alumbrado con el que cuenta el puerto funciona, y lo hace deficientemente; existe un atraso en el pago de salarios y prestaciones a problemática la policía y de bomberos, que arriesgan su vida sin contar con las herramientas elementales para el desempeño de sus funciones.

Principio del formulario

El nuevo presidente municipal recibirá un Acapulco devastado por la inseguridad, saqueado y olvidado por las autoridades municipales.

No podemos permitir que un paraíso con proyección mundial condene su desarrollo económico, social y cultural por el actuar de unos cuantos; por este motivo pido respetuosamente el apoyo de los Diputados integrantes de la LXII Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercico fiscal 2013, juntos logremos el rescate financiero de Acapulco.

El Acapulco de los lunamieleros, de los artistas, el Acapulco de las discotecas y restaurantes, de las bellezas naturales, el de sueños y alegrías de grandes y pequeños. Ese que necesita de la ayuda de esta honorable Cámara y que requiere de un rescate con urgencia de 1,500 millones de pesos para que este 1 de octubre se dé inicio a su reconstrucción.

Que sirva lo que ocurre en Acapulco para que no se repita en otros municipios del país, sea partido de izquierda , derecha o tradicional. Desde hace tres años he insistido a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto a fin de que se castigue a los responsables de la tragedia por la que a traviesa el municipio de Acapulco.

No permitamos actos que atenten contra el patrimonio de los mexicanos, regresemos la alegría al puerto y a la gente que depende directa e interectamente del turismo de la zona

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal, en coordinación con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo el rescate de Acapulco a través de un fideicomiso que impulsará el desarrollo económico, social y cultural de la zona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para atender el problema de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para solicitar la creación de la comisión especial de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE), la cuenca Lerma-Chapala constituye un paradigma de desarrollo económico sin planificación ambiental, que ha dado lugar a múltiples problemas sociales, políticos y ambientales. Ante la situación, la Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas emprendió estudios con un enfoque interdisciplinario para entender las causas y las consecuencias de la problemática, en vistas de impulsar un plan de manejo integral para la cuenca.

Según datos del instituto, la cuenca comprende en su hidrografía entre el río Lerma, el lago de Chapala y el río Santiago se encuentra en 204 municipios en 5 entidades, distribuidos de la siguiente manera: Guanajuato, 43.75; Michoacán, 30.26; Jalisco, 13.42; estado de México, 9.8; y Querétaro, 2.76. Abarca 830 mil hectáreas de riego.

La cuenca Lerma-Chapala-Santiago reviste gran importancia porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo con el INE, y también por el alarmante grado de contaminación que presenta. Diversos estudios arrojan como resultado un gran daño a los ecosistemas derivados de la contaminación, la sobreexplotación y el desperdicio en el uso de la cuenca. Además del daño ecológico, el deterioro ha provocado graves enfermedades en la población dedicada a la actividad pesquera, gran proliferación del lirio acuático, que tienen por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano y animal sea insalubre, también representando daños a la cría de diferentes especies de ganado, haciendo énfasis de que la mayoría de la población que habita en la colindancia de la cuenca (32 por ciento) se dedica a actividades del sector primario de la economía.

Por ello, el Legislativo reformó la Ley de Aguas Nacionales a fin de crear grupos colegiados y ciudadanizados para que se abocaran al análisis y la atención de los problemas de la cuenca. Dichos grupos son las comisiones de cuenca y los comités técnicos de aguas subterráneas. Estos organismos se crearon a fin de que se conviertan en una institución de gobernanza del agua que promueva políticas públicas, que influya en la ejecución de esas políticas y de los programas gubernamentales, y que contribuya a centrar los esfuerzos para ordenar la cuenca, consolidar la gobernanza en materia hídrica y alcanzar el uso eficiente del agua.

Con la creación de este órgano de apoyo legislativo se establecerá un diálogo constante con los organismos mencionados, con las autoridades involucradas y, por supuesto, con la sociedad civil que tenga el legítimo derecho para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en materia hidráulica.

También es importante mencionar que derivado de los problemas de sequía, es necesario incrementar el volumen de tratamiento de aguas negras y reusarla, por lo que las entidades federativas deben tomar cartas en el asunto para para que construyan o reactiven la infraestructura de saneamiento. Este órgano fungirá como interlocutor entre los gobiernos locales para analizar la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica a fin de que puedan ser incorporados al Presupuesto de Egresos de la Federación.

La importancia de la creación de esta comisión se fundamenta en que en las tres anteriores legislaturas en la Cámara de Diputados se han dado resultados que generaron las reformas necesarias en la Ley de Aguas Nacionales, así como en el constante intercambio de información de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre sus funciones de inspección y vigilancia en el cumplimiento de las normas ambientales aplicables, a los asentamientos humanos, a las parcelas de cultivo y a todas las empresas que se encuentran en zonas aledañas a la cuenca.

De la misma forma, es fundamental para este órgano del Poder Legislativo dar seguimiento a los programas hidráulicos que se aprueban en el Presupuesto de Egresos, pues para el saneamiento de la cuenca hay varios proyectos inconclusos.

Esta soberanía tiene muy claro que el derecho de las personas a un ambiente, concebido como un derecho de tercera generación y que se encuentra vigente en la norma suprema de la república, el cual será cabalmente cumplido sólo si se atienden las problemáticas y emprenden acciones concretas para sanear nuestras aguas, logrando con esto no sólo mayor sustentabilidad sino, también, un alineamiento del desarrollo económico de la región, al mismo tiempo que se promueve su desarrollo social.

Así, podemos observar que las tareas fundamentales de esta comisión consistirían en la formulación de un diagnóstico sobre la situación tanto de la cuenca como de sus subcuencas; revisión de los proyectos de infraestructura hidráulica, el correcto abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento con que cuenta la población, tratamiento de las aguas residuales y de las que no reciben tratamiento previo a su descarga en los cuerpos receptores; y el análisis de la posibilidad de crear políticas e instrumentos para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de la cuenca.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención y el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la frontera norte del país, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando la creación de la Comisión Especial para la atención y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la frontera norte de nuestro país; bajo los siguientes:

Considerandos

1. La región fronteriza del norte del país, es una zona que se ha caracterizado por por su fuerza económica y social, que en razón de su determinada ubicación geográfica, ofrecen un intercambio económico y comercial de vital importancia no solo para dicha zona, sino para el resto de la República.

Sólo por ejemplificar la importancia de esta zona, durante los últimos dos años, los estados fronterizos del norte, han recibido aproximadamente el 20 por ciento anual de la inversión extranjera directa del total entrante al país.

A su vez, dichos estados han demostrado una sólida recuperación de la dura crisis del año 2009, siendo que la mayoría de las grandes empresas nacionales e internacionales establecidas en sus ciudades, sobre todo las maquiladoras, han ampliado sus operaciones, lo cual se traduce en una importante derrama económica, así como una constante generación de empleos.

2. Por ello, proponemos a esta asamblea, considere la integración de una comisión especial que de seguimiento a las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la frontera norte del país, que nos permita impulsar a los legisladores propuestas, políticas e instrumentos que fortalezcan el desarrollo integral de esa región.

3. Es oportuno señalar que los representantes ciudadanos, particularmente los que vivimos en esa zona, debemos cuidar y preservar que se siga consolidando el desarrollo de la región fronteriza, hoy se escucha en diversos foros y en diversas agrupaciones empresariales de estados fronterizos como Baja California, el temor de que se proponga la homologación del IVA que le reste competitividad a los estados fronterizos con respecto a los estados de la misma zona pero del vecino país, y con los consecuentes efectos negativos para la economía de la región.

Más aún, cuando se han estado haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y los sectores productivos, para generar una zona económica estratégica que detone en un mayor desarrollo económico.

Homologar dicha tasa de impuesto sería de bastante afectación a esta zona económica estratégica, por citar un ejemplo, proyecciones preliminares del impacto solamente en Baja California, indican que homologar el IVA del 11 al 16 por ciento, disminuirá los beneficios de la zona económica estratégica en alrededor de un 25 por ciento, de la siguiente manera: La expectativa del impacto en el PIB estatal pasaría 0.7 por ciento a 0.5 por ciento, es decir, de 2 mil 169 millones de pesos a mil 627 millones de pesos; los empleos generados pasarían de 20 mil 484 (1.4 por ciento de la PEA) a 15 mil 363 (1.05 por ciento de la PEA); y se pasaría de una captación de 692 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB estatal) en recursos fiscales a 519 millones de pesos (0.15 por ciento del PIB estatal). Asimismo, se estima un impacto negativo en la ocupación de entre 58 mil y 62 mil personas desocupadas, que representan un importante impacto de aumento en la tasa de desocupación de entre 3.9 por ciento y 4.2 por ciento.

Por tanto, estaríamos en una situación de desventaja con relación a los estados colindantes del país vecino, lo cual significaría un serio daño para los diversos sectores económicos de la zona fronteriza.

4. Ante estos eventuales escenarios y en el propósito de contribuir al desarrollo de la región fronteriza norte, además atendiendo nuestra obligación como representantes de los ciudadanos, de velar por sus intereses y su bienestar, es que se propone la integración de la Comisión citada.

Por lo expuesto y debidamente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la atención y seguimiento de las políticas publicas relacionadas con el desarrollo de la frontera norte de nuestro país, con el objetivo referido en los considerandos.

Segundo. La comisión se integrara por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Tercero. La comisión funcionara por el termino de esta legislatura y el acuerdo entrara en vigor el día siguiente al de su aprobación.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a la explosión en el centro receptor de gas y condensador de Pemex Exploración y Producción, así como las condiciones de seguridad de las instalaciones de la paraestatal, en específico las de exploración y producción, a cargo del diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del PRD

Roberto López González, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado martes 18 de septiembre de 2012 ocurrió una explosión en el centro receptor de gas y condensador de Pemex Exploración y Producción (PEP), localizado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey.

Los medios de comunicación dan cuenta de 29 personas muertas, expresando que eran trabajadores tanto de la paraestatal como de las compañías contratistas Lansa, Galcor del Norte, Inorcosa, Merco y Apolo, además de 46 heridos; cifras que van en aumento desconociéndose el número real de muertos y heridos.

En este sentido, el diario La Jornada publicó en su edición del 20 de septiembre de 2012 que

...fuentes no oficiales cercanas a las labores de rescate mencionaron que habrían sido localizados al menos otros 10 cadáveres de obreros que perdieron la vida durante la conflagración. De ser así, sumarían 39 las bajas derivadas del siniestro ocurrido el pasado martes. Algunos medios informativos incluso dieron versiones de que serían 41 las personas que perdieron la vida.1

A estás cifras se suman los siete trabajadores desaparecidos, número que fue reportado a través de la cuenta verificada de Twitter @pemex, informó el diario La Razón. 2

En la Memoria de Labores de 2011,3 y específicamente en el apartado “Seguridad Industrial”, se dice

El Sistema para la Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA) de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios tiene como objetivo la transformación de la cultura organizacional, que permite lograr mejoras en los principales indicadores de accidentalidad, y reducir la gravedad de los accidentes , para que la industria petrolera mexicana se ubique en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el mundo y sea reconocida por realizar las mejores prácticas en la materia.

En el informe anual 2011 y sobre el mismo tema –seguridad industrial– nos indican que

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, el índice de frecuencia de accidentes acumulado para el personal de Pemex, se ubicó en 0.54 accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas (MMhh), a la vez que el índice de gravedad de lesiones acumulado, se ubicó en 29 días perdidos por MMhh. Derivado, principalmente, de los accidentes ocurridos en Pemex-Refinación, estos indicadores reportaron incrementos de 29.8 por ciento y 14.8 por ciento, respectivamente, ante lo cual en el segundo semestre de 2011 se tomaron medidas para robustecer los sistemas de seguridad entre los que se pueden mencionar la implementación de una campaña de cero tolerancia de actos y condiciones inseguras, aunado a un sistema de reconocimientos y sanciones, el cual se realiza con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Que si atendemos a los dos documentos anteriores, podemos inferir que la “seguridad industrial” en Pemex y atendiendo a sus indicadores de accidentalidad, y reducción de la gravedad de los mismos, es inmejorable.

En pocas palabras, no hay accidentes en Pemex.

Contrastemos esta aseveración con las siguientes estadísticas:

a) El 15 de septiembre ocurrió otro percance en la refinería Francisco I. Madero, en la planta catalítica, donde dos trabajadores de una compañía privada resultaron con quemaduras y donde murió un empleado de una empresa que trabaja para Pemex;

b) El 2 de septiembre, un incendio se registró en las instalaciones de la misa refinería, con un saldo de cuatro trabajadores heridos;

c) El 12 de agosto en la misma refinería sufrió la explosión de dos tanques de almacenamiento de gas, debido al sobrecalentamiento en una caldera de la planta hidrodesulfuradora U300 que tiene capacidad para producir 186 mil barriles por día (bpd) de crudo, sin que se registraran víctimas.

Además, en otras refinerías y ductos se han dado explosiones:

a) En julio de 2011, dos trabajadores fallecieron en un incendio durante el proceso de arranque de la planta reductora de viscosidad del sector 1 en la refinería Miguel Hidalgo de Tula;

b) El peor accidente ocurrió en diciembre de 2010, cuando explotó un ducto en San Martín Texmelucan, Puebla, en el que murieron 29 personas y decenas de casas resultaron dañadas;

c) El 7 de septiembre se registró una explosión ocasionada por fuga en el compresor 3800 de recirculación de hidrógeno de la planta hidrodesulfuradora de gasóleos de la refinería de Nuevo León.

Por su parte, el Congreso de Tamaulipas demandó a Petróleos Mexicanos para que cumpla con su responsabilidad y refuerce la seguridad en sus instalaciones ubicadas en municipios de dicha entidad, ya que son cuatro los accidentes registrados en plantas de la paraestatal en el estado en los últimos 30 días; así lo manifestó la diputada Griselda Carrillo Reyes.

Nos preguntamos: ¿Quién miente en materia de seguridad industrial? ¿Quiénes son responsables de tal tragedia?

Al secretario de Energía le corresponde ordenar que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos, organismos y empresas del sector , y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.4

El instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios , en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno5 le corresponde al director general de Petróleos Mexicanos.

Es atribución del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el emitir las directrices que normen las relaciones operativas entre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o entre estos mismos, en materias financiera, crediticia, fiscal, presupuestaria, contable, de seguridad y demás que resulten procedentes.6

El director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y el subdirector de la Región Norte y el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, tienen atribuciones en la materia.

Entonces nos preguntamos: ¿Nadie es responsable de la tragedia?

No es posible que ante una tragedia de tales magnitudes no haya responsables.

Consideramos señoras y señores legisladores que esta Soberanía debe conocer en el Centro Receptor que ocurrió y de que de existir responsabilidades solicite la intervención de las autoridades competentes.

Asimismo, esta representación nacional debe conocer y atender los legítimos reclamos de los familiares de los trabajadores de Pemex y demás empresas que fallecieron, los lesionados y desaparecidos, a efecto de ser atendidos con dignidad, se les indemnice conforme a derecho, según sea el caso.

Señoras y señores legisladores es lo menos a que estamos obligados los miembros de esta Soberanía sin importar de qué institutos políticos venimos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con la fundamentación antes señalada, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados acuerda crear la comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos con motivo de la explosión en el centro receptor de gas y condensador de Pemex Exploración y Producción (PEP), así como a las condiciones de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en específico, a las de exploración y producción (PEP).

La comisión especial estará integrada de manera plural y tendrá por objeto reunir toda la documentación a efecto de informar las causas de este fatal accidente, así como, de manera general, las condiciones de “seguridad industrial” en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), es específico, de las de exploración y producción (PEP).

De igual manera, ordinaria y/o extraordinariamente, podrá realizar visitas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en específico, a las de Exploración y Producción (PEP), en las diversas entidades del país.

Notas

1 La Jornada, “Aumentan a 29 los muertos por la explosión en planta de Pemex”, 20 de septiembre de 2012, en http://www.jornada.unam.mx/2012/09/20/economia/025n1eco

2 La Razón, “Reportan siete desaparecidos tras explosión en Reynosa: Pemex”, 21 de septiembre de 2012, en http://www.razon.com.mx/spip.php?article139674?

3 La Memoria de Labores es uno de los documentos de referencia mediante el cual Petróleos Mexicanos informa a la comunidad petrolera, académicos y público en general, de sus principales resultados operativos, financieros y presupuestales.

4 Artículo 33, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5 Artículo 31, fracción XIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos.

6 Artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Roberto López González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición del ciudadano Aleph Jiménez Domínguez, vocero del movimiento #YoSoy132, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Desde los gobiernos priístas existe en nuestro país una deuda de justicia con los familiares y a la sociedad en general por los casos de desaparición forzada de personas.

En México no existe una ley que esté apegada a los estándares internacionales en la materia para garantizar el esclarecimiento de las desapariciones del pasado y del presente en nuestro país, convirtiéndolo en un asunto de urgente e impostergable solución.

El artículo2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por México el 6 de febrero de 2007 en París, Francia define a este delito de la siguiente manera:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Según el informe Misión a México , elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU , sobre las desapariciones forzadas o involuntarias del 18 al 31 de marzo de 2011, reporto que en nuestro país la impunidad para los delitos en general , y para las desapariciones forzadas en particular permanece como el reto principal a nivel federal y local , ya que menos del 25% de los delitos son denunciados y solo un 2% resulta con sentencia condenatoria. Por su parte la SCJN en el mismo documento informó que, de los más de 64, 000 casos que ha conocido desde 1995, solo uno trataba de desaparición forzada, algo inaceptable.

La CNDH y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), han sido las encargadas en sacar a la luz, la verdad sobre las desapariciones forzadas durante la “Guerra Sucia”. Sin embargo esta última no ha dado los resultados esperados desde su creación.

Por su parte la CNDH, con la recomendación 26/2001, documento más de 532 casos de presuntas desapariciones forzadas, de las cuales 275 fueron víctimas de detención, interrogatorio y una posible desaparición perpetrada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales señalando la responsabilidad del estado.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentó en 2011, un estudio preliminar sobre las desapariciones forzadas en México, en el que recoge los casos reportados por las organizaciones civiles, el cual registraba más de 3,000 casos desde 2006, cuando inició el mandato de Felipe Calderón.

El más reciente de los casos fue el del compañero Aleph Jiménez Domínguez integrante y vocero del movimiento nacional #YoSoy132.

Por la forma en la que se dieron los hechos, se presume que el compañero Aleph Jiménez Domínguez es víctima de desaparición forzada, al menos, por parte de las autoridades municipales de Ensenada, Baja California, ya que el 15 de septiembre durante una protesta realizada en el marco de la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada del Centro de Gobierno de Ensenada, fue detenido, por policías municipales, junto con unos 20 miembros más de la Asamblea de Ensenada del Movimiento #YoSoy132.

El 17 de septiembre Aleph Jiménez Domínguez realizó un desmentido público contra el Alcalde de Ensenada Enrique Pelayo Torres, debido a que autoridades a su cargo justificaron la detención arbitraria del día 15, acusando a los miembros del #132 de haber provocado a la policía.

Los miembros de #YoSoy132 sostienen que asistió a la inauguración de la Baja Seafood Expo, comentando que el compañero Aleph Jiménez Domínguez había sido objeto de amenazas luego de lo ocurrido la noche del 15 de septiembre pasado, cuando fueron reprimidos por la Policía Municipal durante la celebración del Grito de Independencia en la explanada del Palacio en este puerto.

La última vez que se le vio a Aleph Jiménez fue el jueves 20 de septiembre a las 16:00 horas (local) en el banco HSBC de la carretera transpeninsular de Ensena.

El compañero Aleph Jiménez, ya había interpuesto una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por represión y agresiones físicas por parte de las autoridades, y solicitó que se investigue a los que participaron en los hechos violentos del 15 de septiembre pasado.

El 24 de septiembre del año en curso, se hace pública la desaparición del compañero Aleph Jiménez Domínguez, vocero de #YoSoy132 en el puerto de Ensenada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) ya emitió una orden de localización, pero hasta el momento no se tienen avances, ni información que nos ayuden a dar con su paradero.

El compañero fue privado ilegalmente de su libertad, pero para el Estado esos casos nunca serán desapariciones forzadas, a pesar de que México ha firmado tratados internacionales que le exigen reconocer este delito sin prescripción. Sólo ocho de las 32 entidades han tipificado este crimen, considerado de lesa humanidad.

Las desapariciones forzadas aumentan de forma “alarmante” en muchos estados de México, donde la prensa está silenciada y la denuncia ante autoridades “incompetentes” es una excepción.

Los familiares que acuden a denunciar la desaparición forzada se topan con la respuesta del Ministerio Público de que es un delito inexistente. Se están tocando intereses muy importantes y se está favoreciendo la impunidad”.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano condenamos y repudiamos tal acontecimiento, así como los miles de casos que se han dado en la historia de nuestro país, por parte de las autoridades o de los gobiernos represores del sentir de la nación.

Por ello, es de suma importancia que las autoridades responsables presenten de inmediato ante la autoridad competente a Aleph Jiménez Domínguez, para evitar que sea objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su contra.

Exhorto a todos los diputados integrantes de la LXII Legislatura, para que se sumen a este reclamo y se puedan tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Aleph Jiménez Domínguez, así como de todos los integrantes de la Asamblea de Ensenada del Movimiento #YoSoy132, ¡No más represión a nuestros jóvenes! ¡Que la historia nos enseñe a que se repita una masacre como las sucedidas en los años 68 y 70’s.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a las autoridades correspondientes, a fin de que se incrementen todas los esfuerzos para que regrese con vida el compañero Aleph Jiménez Domínguez vocero del movimiento #YoSoy132, que desapareció el jueves 20 de septiembre , en Ensenada, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2012.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el fortalecimiento de la cuenca baja del río Pánuco, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe la presente, diputado Jorge Terán Juárez, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la cuenca baja del río Pánuco, en razón de la siguiente

Exposición de motivos

Dar respuestas a las demandas propias del crecimiento de complejas necesidades de una nación es un ejercicio contundente que el Gobierno debe concretar; el incremento de la población y sus consecuencias son tareas que no se pueden postergar.

Todos los sectores de la sociedad mexicana han sufrido una serie de transformaciones en las últimas décadas que pueden identificarse con el llamado cambio climático. Cambios que se expresan en términos de una realidad regional.

Los recursos naturales al ser indispensables para el desarrollo de las sociedades en cualquier lugar y época resultan por demás relevantes y particularmente el recurso hídrico, como base del desarrollo de todas las actividades del hombre. Cuando nos referimos al tema del agua subrayamos que se trata del elemento clave para el desarrollo en dos dimensiones; la del desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible y sus múltiples esferas, sociales, económicos, ambientales etc. El agua es literalmente una cuestión de vida, esencial para la salud humana y un bien económico y bien social indispensable al que todo ser humano debe tener acceso, es por algunos incluso considerado un derecho humano. Sin la eficiente administración de éste recurso el desarrollo de cualquier nación y de la humanidad en general se compromete.1

Dentro de la lógica del desarrollo en lo relacionado al recurso hídrico, se contempla, entre otros, el combate a la pobreza desde la perspectiva de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se entiende como el aseguramiento de la sobrevivencia frente a la escasez, en éste concepto entran las variables relacionadas con el tiempo, la incertidumbre de la producción y la disponibilidad son determinantes para la conformación de las reservas alimentarias necesarias para el abastecimiento y por tanto el equilibrio social que genera la carencia.

En México, garantizar la producción de alimentos resulta una tarea fundamental del gobierno, ante los nuevos escenarios del desarrollo y de la desigualdad, se requiere del diseño y la implementación de una serie de políticas estratégicas preventivas, en el marco de la seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, alcanzar un manejo integral, sustentable y sostenible del agua en la actualidad, es uno de los retos pendientes del Estado Mexicano. Dentro de la sustentabilidad las metas a coro, mediano y largo plazo están enfocadas a tres acción fundamentales; 1) estabilizar los acuíferos, 2) limpiar los cauces, 3) disminuir efectos de los fenómenos meteorológicos. En el presente la Conagua lleva a cabo tareas concretas en lo que corresponde a los Programas hidroagrícolas, programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, aplicación de normas y reglamentos, veda y reglamentación del uso de acuíferos y estudios técnicos.

Dentro de estas acciones se destaca la actividad para la agricultura bajo riego, que sin duda representa una condición sine qua non para el desarrollo de los sectores económicos primario, secundario y terciario.2

Adicional a ello, el uso y aprovechamiento de dichos recursos naturales como el agua, requiere de acciones puntuales y comprometidas de múltiples actores, en concreto la administración de los recursos naturales los sectores, particularmente del sector encomendado a satisfacer las demandas de la población; es decir, el poder político, materializado en los representantes populares.

Por ello, los recursos hidrológicos resultan por demás indispensables para satisfacer los requerimientos, más importantes del desarrollo nacional. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje de sustentabilidad ambiental define las estrategias para una administración eficiente y racional de los recursos naturales, que permitan el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

Así mismo, se señala en el Plan que resulta además impostergable incrementar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, ya que esta actividad significa la principal usufructuaria del recurso, cuya eficiencia promedio es de apenas el 46%.3

Con base en lo anterior, es que adquiere mayor relevancia la presente propuesta, pues su razón de ser es aprovechar de manera integral el recurso hídrico para una zona estratégica del país como lo es la zona de la Cuenca del Río Pánuco, con el objeto específico de impulsar el desarrollo de la región, dotar de mayores oportunidades a las familias que ahí habitan, así como estimular la planta productiva nacional, reactivando la producción agrícola, lo que sin duda significará un aumento en la producción de los granos, evitará la importaciones y sentará las bases para la soberanía alimentaria del país.

Cabe señalar que como parte de las actividades ya implementadas por el Estado de San Luis Potosí, luego de 34 años de parálisis y abandono, el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, inició el rescate del sistema de riego Pujal Coy, con una meta de irrigación de más de 35 mil hectáreas, esto significó un impulso a la agricultura por contrato, generación de nuevas agroindustrias que tienen como meta fundamental proyectar a la huasteca norte como una de las economías más dinámicas del universo agropecuario del país.

Los alcances de la Primera Fase4 se abocaron a la construcción de infraestructura hidroagrícola en 72 mil hectáreas de la planicie huasteca-, la Segunda Fase a la ampliación de la superficie a 300 mil hectáreas de “temporal tecnificado”. Hoy el objetivo es ampliar los avances en el desarrollo del propósito inicial del sistema de riego Pujal Coy fases I y II para dar paso a un proyecto más ambicioso que por su importancia y trascendencia, requiere de la concentración de esfuerzos conjuntos de los distintos actores políticos, de los gobiernos estatales y municipales, pero particularmente se requiere que desde el Poder Legislativo se impulse y fortalezcan las actividades que comprenden este proyecto por tratarse de una actividad estratégica que beneficiará a un número importante de la población.

Este proyecto contempla la fase III Pujal Coy que comprende la cuenca baja del río Pánuco, en los Estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. El impacto de éste importante proyecto de rehabilitación y modernización de los equipos, maquinaria y canales del Distrito de Riego 092 Panucó, Unidad Puja Coy, supone superar problemas como los de la obsolescencia de equipos, maquinaria, canales, infraestructuras, provoca un uso limitado y deficiente del riego con baja productividad y rentabilidad, con éstas obras se incrementarán las hectáreas cultivadas de 18,000 hectáreas A 37,000 has en tres años y poder sembrar cultivos más rentables como oleaginosas, granos y hortalizas. La producción actual en esta zona es de 98 mdp. Al rehabilitarse y modernizarse la producción sería de 425 mdp. Tendrá como efecto triplicar la productividad para beneficio de los productores.5

Consideraciones geográficas

La cuenca del Río Pánuco pertenece a la vertiente del Golfo de México y se configura como una de las regiones hidrográficas más importantes del país con una superficie que ocupa 84, 956 Km2 y que la sitúa en cuarto lugar de la República Mexicana; mientras que por el volumen de sus escurrimientos se ha posicionado en el quinto sitio a nivel nacional con 73, 549 Mm3 al año.

Se encuentra limitada al norte por la cuenca del río Soto la Marina y la región de El Salado, al sur por la del río Balsas, al oeste por la del Lerma y al este por la de los ríos Tuxpan, Cazones y Tecolutla.

Por su parte, la cueca del bajo Pánuco incluye territorio veracruzano y estados vecinos como San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo; por lo que “forma parte de una amplia red hidrográfica en la que, además, destacan los ríos Moctezuma y Tamesí. El Moctezuma el principal afluente del Pánuco, tiene sus orígenes en los ríos San Juan y Tula, que después de un recorrido de 174 km recibe tal denominación hasta la confluencia del río Tempoal. Desde aquí hasta su desembocadura en el golfo de México, es conocido como río Panuco. El río Tamesí es otro de los afluentes relevantes del Pánuco y en su recorrido por Tamaulipas es conocido en parte como Guayalejo”6

Así mismo, posee una gran extensión de terrenos en la llanura costera apropiados para el riego, lo que aunado a los grandes volúmenes de agua dulce existente, nos obliga a potencializar el aprovechamiento hidráulico de la zona, mediante soluciones integrales y consensadas entre los distintos órdenes de gobierno y la comunidad, orientando así el uso adecuado del agua hacía un desarrollo sustentable de la región, en pro del bienestar social.

Por otro lado, esta zona presenta una alto índice de incidencia ciclónica, lo que ocasiona severas inundaciones, generando situaciones de riesgo para diversas poblaciones y sus áreas productivas.

En vista de esto se han generado diversos proyectos hidroagrícolas para aprovechar los recursos naturales dentro de la cuenca, ante la creciente necesidad del país en materia alimentaria e insumos para la industria, y el control de avenidas en el Pánuco y sus afluentes, tales como:

• Sistema Guayalejo-Tamesí en que se agrupan los proyectos Xicotencatl, Las Animas y Tamesí, Edo de Tamaulipas.

• Sistema Tampaón-Coy integrado por los proyectos Tansabaca y Pujal Coy, estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Aproximadamente 300,000 hectáreas.

• Sistema Pánuco-Chicayán conformado por los proyectos Chicayán. Tamacuil y obras de encauzamiento, protección y regulación aprovechando el sistema lagunario, estado de Veracruz.

• Sistema Tempoal, compuesto por los proyectos Hules-Calabozo, Camaiclán y Huejutla, estado de Hidalgo.

• Sistema Moctezuma en el que se agregan los proyectos Los Moctezuma, Tancuilín, Tierra Blanca y Temamatla, estado de San Luis Potosí.

Así y de acuerdo con la Comisión de Seguimiento para el Proyecto Pujal Coy III fase, de la cuenca baja del río Panuco, en Los Estados de San Luis Potosí, Veracruz Y Tamaulipas (Dirección Local San Luis Potosí), únicamente se han ejecutado los siguientes:

Bajo el anterior orden de ideas, esta Comisión pretende entre otras cosas impulsar el desarrollo sustentable para la agricultura bajo riego Pujal Coy Fase II, cumplimentado así una demanda social de más de 30 años.

En suma, los escurrimientos del rio Tampaón como parte de la cuenca del río Pánuco, hace vigente la necesidad de contar con un sistema hidráulico que garantice el encausamiento de los escurrimientos generados en la Cuenca, concibiéndose el Proyecto Pujal Coy primera y segunda fase, el cual consideraba la oportunidad de irrigar de manera integra en riego agrícola 292,242 has en dos fases.

De lo anterior se inicia la construcción del proyecto como primera fase instalando la Planta de Bombeo El Porvenir, con infraestructura hidroagrícola, para beneficio en riego de 72,242 has, en los estados de San Luis Potosí y Veracruz, quedando pendiente la segunda fase que en la actualidad opera como Distrito de temporal tecnificado en 220,000 hectáreas. Derivado de lo anterior la dirección local de Conagua propuso un esquema de desarrollo denominado “Desarrollo Sustentable para Agricultura Bajo Riego Pujal Coy III Fase”, para beneficiar en el ámbito territorial del estado de San Luis Potosí 83,000 has nuevas al riego bajo las siguientes opciones:

Primera.- Proseguir con el Programa de Rehabilitación de la Planta de Bombeo El Porvenir en beneficio de las 72,242 has que en la actualidad son susceptibles de riego. Se ha estimado en 160 millones de pesos en varias etapas de los cuales a la fecha se han invertido 50 millones de pesos, teniendo como objetivo principal modernizar los equipos de bombeo y la subestación eléctrica, buscando aplicar la mayor eficiencia electromecánica.

Segunda.- La construcción de la presa Coy sobre el río coy afluente de río Tampaón para beneficiar 53,000 has en la margen derecha del rio en mención en los municipios de Tamuín y San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí.

Tercera.- La creación de un distrito de riego operado con una batería de pozos profundos sobre la margen izquierda del rio Tampaón en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, beneficiando 30,000 has

En tal virtud, la Comisión Especial para el fortalecimiento de la cuenca baja del río Pánuco haría uso de sus facultades legislativas y de gestión por parte de sus integrantes a fin de promover la colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la sociedad civil en general, a efecto de:

• Fomentar el uso eficiente del agua con fines agrícolas.

• Impulsar el desarrollo sustentable de la región.

• Promover mejoras a la infraestructura hidráulica de la zona.

• Fomentar el desarrollo de áreas de temporal tecnificado.

• Dar seguimiento a los programas y proyectos que coadyuven al desarrollo agropecuario de la zona baja del Pánuco.

• Impulsar y Fortalecer la producción regional agrícola.

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto de suma importancia para el desarrollo regional hidroagrícola de las entidades mencionadas, es que se plantea ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura se constituya la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Cuenca Baja del Rio Pánuco, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable e integral de la región.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación e impulsar y fomentar programas y proyectos de desarrollo hidrológico, económico y social, así como analizar la legislación de aguas y de obras públicas, para fortalecer los programas para esa región, realizar foros y eventos de consulta e integrar propuestas específicas en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación que se presenten a esta Legislatura.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Segundo. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Notas

1 Por desarrollo sustentable se entiende el proceso por el cual se preservan los recursos naturales y se protege el medio ambiente, Aparece por primera vez en la Declaración de Estocolmo (1972, Principio 2) significando que es un “proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Por su parte, el desarrollo sostenible desde la Declaración de Johannesburgo sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE (2002), se entiende como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.

2 La realidad de nuestro México contemporáneo identifica un desequilibrio en el sector primario particularmente la agricultura y la ganadería; y acciones que permitan su desarrollo sustentable tiene como base observar las potencialidades de la riqueza natural con la que cuenta el país.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

4 El distrito de riego se localiza en el noreste de la República Mexicana, dentro de la región agro económica de las Huastecas; en la parte norte del estado de Veracruz, en el municipio de Pánuco y al oriente del estado de San Luis Potosí, en los municipios de Ébano y Tamuín; en la región hidrológico – administrativa numero IX. Cuenta con una superficie de 69,716 hectáreas de riego, distribuida en 9 módulos de riego, con 5,000 usuarios que tienen concesionado un volumen de 115 millones de metros cúbicos de agua para riego; están organizados en 9 Asociaciones Civiles de Usuarios y una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Del total, 38,000 hectáreas, corresponden al estado de San Luis Potosí.

5 Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Conagua

6 Análisis integral de los recursos hidráulicos en la Cuenca del Río Pánuco, uso público en comunidades urbanas y rurales . Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.

http://www.csva.gob.mx/biblioteca/estudiosProyectos/en_p roceso/Panuco/TDRPAN.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Jorge Terán Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a privilegiar la industria naval mexicana en los procesos de licitación de construcción de sus flotas menor y mayor, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, debido a su ubicación geográfica debería ser un país marítimo por naturaleza, pues se encuentra entre los 2 más grandes océanos del mundo: el Atlántico y el Pacífico.

México tiene fronteras virtuales con más de 70 países, cuyos litorales comparten ambos océanos, lo que significa igual número de posibilidades de intercambio político, económico y social.

Mazatlán por ejemplo es la ciudad y puerto con mayor concentración de astilleros en México, teniendo 6 operando y un séptimo en vías de iniciar, que cuenta con la flota de pesca de camarón de atún más importantes en la república, y tiene 2 puertos de altura: Mazatlán y Topolobampo, no menos importante señalar que esta ciudad cuenta con un grupo que desde hace 100 años le ha dedicado 4 generaciones a la industria naval auxiliar, Fundiciones Rice y Metalmec.

No obstante, en general de la industria naval mexicana se tiene una limitada percepción y apreciación de su influencia y papel como elemento esencial en términos de desarrollo social y económico, y como fuente potencial de excelentes oportunidades de empleo, derrama económica, avance tecnológico y competitividad internacional en un mundo cambiante. La marina mercante, el sector marítimo petrolero, la pesca comercial, la investigación pesquera oceanográfica son parte de la industria del futuro, y el sector marítimo debe ser ya un catalizador clave para el desarrollo socioeconómico.

Desgraciadamente, México no ha desarrollado este poderío latente y hemos sido incapaces de reconocer la magnitud y, por lo tanto, de evaluar y potencializar lo que valen los intereses marítimos; hoy cada sub sector, pesca, transporte marítimo, puertos y terminales, industria naval e industria auxiliar únicamente velan y ven por sus propios intereses, siendo aquellos con mayor poder económico y de cabildeo los que influyen en las políticas públicas.

México requiere de muchas embarcaciones, por ello no se requiere de proteccionismo ni subsidios, pero sí tener igualdad de condiciones para competir, pues no es posible que mientras un buque importado susceptible de ser construido en México no paga IVA, un astillero mexicano está obligado, si vende a una empresa mexicana a cobrar este impuesto.

Hoy en día Pemex Refinación tiene la necesidad de renovar su flota menor, entre ellos 14 remolcadores que según reporta el diario La Voz de Galicia, Petróleos Mexicanos formalizó ya en Galicia, noroeste de España, los contratos de los que se desprende que de dicha flota siete se construirían en España y siete en México, en una operación valorada en 380 millones de dólares.

Incluso, el Gobierno de Galicia informó en un comunicado que la firma se celebró en Santiago de Compostela, capital gallega, lo que permitirá generar en España 3,000 empleos en 30 meses en los astilleros de Barreras, en el puerto de Vigo, y el de Navantia en Ferrol.

No se niega la necesidad de efectuar alianzas estratégicas y de cooperación tecnológica, pero tampoco debemos aceptar que esta riqueza en empleos y divisas se fugue de nuestro país. Además de estos remolcadores se requieren barcazas, lanchas empujadoras y diversas embarcaciones, toda esa flota menor viable de ser construida en territorio Nacional en donde se calcula se podría concretar alrededor de 50 mil empleos directos y alrededor de 180 mil indirectos.

Pemex Exploración y Producción ha sido el organismo que en la última licitación, en proceso todavía, ha finalmente incentivado la construcción y el contenido nacional. Sin embargo, es insuficiente, pues está licitando buques para arrendar a los dueños de barcos. Inclusive, en sus bases de licitación otorgan 60 puntos en la evaluación técnica y 40 puntos en la evaluación económica. De esos 60 puntos se otorgan 5 si se construyen en México y 5 al ofertante con mayor contenido nacional. Porcentajes que no son adecuados ni suficientes para incentivar la industria naval en el país.

Con todo lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto la necesidad de crear todo un cluster naval que sea la punta de lanza para comenzar a desarrollar cadenas productivas relacionadas al sector junto con otros actores como el gobierno, empresarios, asociaciones, instituciones académicas que permitan el desarrollo e innovación tecnológica en el sector naval.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad y responsabilidad de trabajar para impulsar políticas públicas portuarias del país que permitan a nuestro país aprovechar sus ventajas competitivas de mejor manera en un contexto globalizado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de Pemex con el propósito que en sus procesos de licitación para su flota mayor y menor considere principalmente la fabricación y reparación de embarcaciones en astilleros del territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al titular de Pemex para que cancele el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia, España, mediante el cual se concreta la posibilidad de compra de un barco flotel y la construcción de 14 remolcadores de los cuales 7 se construirían en astilleros gallegos y siete en colaboración con astilleros mexicanos.

Tercero. Se exhorta al Consejo de Administración de Pemex para que en las subsecuentes licitaciones sea incrementado el porcentaje a 20 por ciento si las embarcaciones se construyen en México y 20 por ciento al ofertante con mayor contenido nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, así como al gobernador de Veracruz, a intervenir a fin de resolver el pago por el ingenio Nueva San Francisco a los productores afectados, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo para exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, al comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y al doctor Javier Duarte de Ochoa gobernador constitucional del estado de Veracruz, a intervenir para que el “grupo azucarero Gonzas” propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague inmediatamente la liquidación de la zafra 2011-2012, a los 2000 productores afectados; sometemos la presente propuesta al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México más de 300 municipios producen caña de azúcar en 15 estados del país, más de 165,000 productores de caña; 2.5 millones de mexicanos viven de forma directa e indirecta de la caña, representan el 0.4% del producto interno bruto, el 7.3% del producto interno bruto agropecuario y los cañeros de México aportan el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional.

Hoy las crisis recurrentes de la agroindustria azucarera han desaparecido, la azúcar tiene precio y la caña también; Los empresarios hoy no pueden argumentar que están en crisis, pues su producción de azúcar la pignoran antes de iniciar la zafra.

En esta zafra 2011-2012 en México, se cosecharon 703,761 hectáreas, se molieron 46, 231,229 toneladas de caña y se produjeron 5, 048,469 toneladas de azúcar en 54 ingenios que zafraron; con rendimientos promedio en campo muy bajos, 65.69 toneladas por hectárea y rendimiento promedio en fábrica bajos también de 10.92%.

Sin duda los bajos rendimiento en campo son producto de la falta de infraestructura hidráulica y créditos: suficientes, oportunos y baratos; y los bajos rendimiento en fábrica es la falta de inversión de los empresarios en la agroindustria azucarera; es cierto que hay empresarios que han modernizado sus fabricas pero otros siguen siendo verdaderas chatarras.

La zafra 2011-2012 termino en el mes de mayo; A la fecha 52 de los 54 ingenios, ya pagaron la liquidación final a sus productores de caña; pero hay 2 ingenios de Veracruz que a la fecha no han pagado la liquidación final: ingenio Nuevo San Francisco, ubicado en Ciudad Lerdo de Tejada, Veracruz, y el ingenio San José de Abajo.

El ingenio Nuevo San Francisco cosechó una superficie de 5,800 hectáreas, molió 346 mil toneladas, produjo 28,700 toneladas de azúcar y cuenta con 2,000 productores de caña, mismos que a la fecha no les ha liquidado su producción. Pues han pasado 4 meses que término la zafra y este grupo azucarero Gonzas irresponsablemente, violenta los derechos de los productores.

No puede argumentar que no tiene dinero, pues produjo 28 mil 700 toneladas de azúcar que multiplicadas por el precio oficial del kilogramo de azúcar 10.5999 pesos, esto produce 304 millones 217 mil 130 pesos, cantidad suficiente para pagar la liquidación final de los productores que asciende tan sólo a 60 millones de pesos.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en su artículo 61 establece el sistema de pago.

Articulo 61. Los ingenios pagaran las cañas conforme a las siguientes reglas:

I. Una preliquidación equivalente al 80 por ciento de la caña Neta recibida, sobre la base del promedio ponderado de porcentaje de azúcar recuperable base estándar obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias y aportaciones que correspondan con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña por contrato sea en la segunda quincena del mes anterior, y el día último del mes cuando la terminación del corte de la caña de azúcar por contrato sea en la primera quincena del mismo mes, y

II. Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva; del saldo deberán descontarse las obligaciones pendientes que no se hubieren descontado durante la preliquidación. Este saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir del día de la terminación de la zafra.

En conclusión el ingenio pagará la liquidación final 30 días después de haber finalizado la zafra, este ingenio nuevo san francisco termino la zafra el 28 de mayo; de acuerdo a la ley la liquidación se debió de haber pagado el 28 de junio sin embargo han transcurrido 120 días e irresponsablemente el grupo azucarero Gonza no ha liquidado a sus 2000 productores de caña.

Esta irresponsabilidad ha generando incertidumbre y desde luego movilizaciones sociales que desgastan a los productores.

A pesar de las disposiciones legales y del contrato que establece claramente que si una de las partes no paga en tiempo tendrá que pagar intereses moratorios.

Contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar con base en lo dispuesto en el artículo 10, fracción II, 50 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Clausula octava de dicho contrato: cuando el ingenio no cumpla en tiempo y forma con la entrega o entero de los importes que correspondan, en términos pactados en él o los contratos de créditos respectivos deberá cubrir a él abastecedor de caña, intereses moratorios sobre el importe retenido y no pagado o enterado, según sea el caso: Dicho interés moratorio será igual a la tasa moratoria que se haya pactado entre el abastecedor de caña y la institución financiera acreditante. Lo anterior, sin detrimento de lo establecido a favor del abastecedor de caña en la clausula decima octava de este contrato uniforme.

Clausula decima octava: Cuando el ingenio no haga el pago de las preliquidaciones o la liquidación final en las fechas pactadas en el presente contrato, pagará, al abastecedor de caña, una tasa de intereses a razón de 2.5 veces la tasa de interés TIIE, que determine el banco de México, para operaciones denominadas en moneda nacional a plazo de veinte ocho días, publicado en el diario oficial de la federación que rija durante el tiempo de retraso. Facultando al comité de producción y calidad cañera para acordar la fecha a partir de la cual se considera exigible la aplicación de la tasa señala en el pago.

En el evento de que el atraso en el pago sea más de 45 días, el ingenio garantizara el cumplimiento de la obligación mediante la entrega de certificados de depósito de azúcar, con bono de prenda emitido por almacén general de depósito, endosados en garantía, por un volumen equivalente al adeudo vencido que tenga, más un 20%.

Por todo lo anteriormente expuesto somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el grupo azucarero Gonzas, propietario del ingenio nuevo san francisco pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012 a los productores afectados.

Segundo. Se exhorta al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz, su intervención con garantías suficientes para crédito al grupo Azucarero Gonzas, propietarios del ingenio Nuevo San Francisco, para que pague liquidación e intereses moratorios inmediatamente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a veinticinco de septiembre del 2012.

Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación, a cargo de la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Kamel Athie Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 79, numerales 1 y 2, 205 y 207, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el marco de un mercado abierto a nivel global, un país competitivo es aquel que genera riqueza, crecimiento económico, que brinda un clima de negocios propicio, que otorga más y mejores empleos y que mejora el nivel de vida para la población.

Sin embargo, para que existan condiciones para la libre competencia en un país debe existir un esfuerzo conjunto del estado y de la iniciativa privada. Por su parte, el estado tiene la obligación de componer los escenarios que permitan a los actores privados el generar valores agregados a sus procesos y servicios para convertirse en actores activos de la economía, lo cual tendrá como consecuencia inmediata que las empresas generen esfuerzos para obtener mejores ventajas competitivas sustentables que marquen una pauta respecto a sus competidores.

La estabilidad económica, la apertura y accesos a mercados internacionales, las regulaciones tributarias, las tasas de impuestos, el acceso a los créditos, la seguridad y el control de la economía son sólo algunos ejemplos de cómo el sector gobierno puede coadyuvar a que las empresas sean competitivas en mercados globales plenos de competencia.

Consciente de este importante ejercicio de colaboración, en tiempos recientes el Estado mexicano ha trabajado de la mano con la industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX), permitiendo con ello la generación de una capacidad elevada de competencia convirtiéndose en un pilar para la atracción de negocios, ofreciendo alternativas de desarrollo a pesar de la creciente competencia con países como China, Hungría, Brasil, India, Costa Rica y Panamá, entre otros, los cuales continúan posicionándose como grandes desarrolladores de oportunidades para las empresas al ser competitivos en costos, facilitación comercial y certidumbre fiscal.

La elaboración de un plan de trabajo mutuo sin duda ha conseguido que la IMMEX “se ha consolidado como un pilar de nuestra economía. Sobre todo, se ha convertido en sector estratégico para el futuro por su alto valor agregado, su vocación de innovar y su gran dinamismo, tan sólo por citar un ejemplo de su enorme potencial, su participación en las exportaciones totales, pasó de 73 por ciento al 77 por ciento entre 2007 y 2010”. (Palabras de la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Lorenza Martínez Trigueros, en el foro Reforma al decreto IMMEX; 2 de febrero de 2011).

La IMMEX, además de ser impulsora del desarrollo económico regional y de la transferencia de tecnología, es una de las más importantes fuentes generadoras de empleo a nivel nacional con un promedio de salario de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que está por encima de otros sectores. Esto debido a la estrecha relación del sector con industrias de alto contenido tecnológico y de valor agregado que requiere personal más capacitado y, por lo tanto, mejor remunerado.

Ejemplo de la importancia a nivel social del sector exportador son las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de abril del presente año, en el que se muestra que el personal ocupado promedio de la IMMEX fue de 2 millones 190 mil 730 personas; monto 4.8 por ciento mayor respecto a la del mismo periodo de 2011.

Los trabajadores se concentran principalmente en cinco estados: Chihuahua, con 12.5 por ciento, Baja California, con 12.1 por ciento, Nuevo León con 10.8 por ciento, Coahuila con 9.0 por ciento y Tamaulipas con 8.3 por ciento. Esto se explica puesto que originalmente la IMMEX formó parte de una estrategia temporal del gobierno mexicano, para abatir el desempleo en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América; sin embargo, al paso del tiempo se convirtió en una pieza fundamental del desarrollo industrial, adquiriendo una importancia enorme tanto para la economía mexicana como para las empresas estadounidenses, ya que les permitió reducir drásticamente sus costos laborales, al instalarse en una región geográfica cercana ofreciendo salarios competitivos; ello, independientemente de que actualmente hay empresas IMMEX en todos los estados de la República Mexicana, lo que demuestra la importancia de este sector para la economía nacional y la estabilidad social.

Así, el “modelo maquilador”, diseñado como un recurso de emergencia, se fue transformando hasta convertirse en la base del desarrollo industrial en la región norte de México y en el frente más dinámico de las exportaciones del país contribuyendo con 54 por ciento del valor de las exportaciones totales de nuestro país, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, AC (index), organismos rector del sector exportador.

En la IMMEX, las actividades que han mostrado un mayor crecimiento son la fabricación de autopartes y la confección, aunque la industria eléctrica-electrónica se ha mantenido como la mayor concentradora de plantas y empleados, además de la manufactura vinculada a los sectores aeronáutico y médico, en los cuales nuestro país está teniendo una participación importante a nivel global.

Por lo anterior, resulta necesaria la creación de una comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación, ya que a pesar del desarrollo de este sector, se requiere el apoyo del Poder Legislativo para que continúe evolucionando como hasta ahora, a través de mejores regulaciones que incentiven la economía, el empleo y por lo tanto, el desarrollo social.

Es menester que el Poder Legislativo asuma un papel protagonista y genere acciones que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes y, por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas y a la economía nacional, dejando de lado la escasa coordinación entre el gobierno federal, los estatales y municipales, que sólo inhibe la inversión productiva.

En esta tesitura, consideramos que la comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación, deberá evaluar la pertinencia de trabajar en las siguientes tareas:

- Proponer medidas para la modernización del sistema aduanero;

- Mantener condiciones de competitividad internacional, entre las que resulta de importancia la logística y el pago razonable de contribuciones;

- Promover precios competitivos de los energéticos;

- Impulsar el desarrollo industrial y económico de nuestro país;

- Promover mayores recursos para la capacitación laboral;

- Democratizar los fondos de fomento a la atracción de inversión; con una mayor participación de las asociaciones tales como la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), que debe funcionar como un consejo y la representación del Poder Legislativo, del cual por lo menos debe contar con el visto bueno de la Comisión de Desarrollo Económico;

- Promover reglas claras que incluyan la participación de otros niveles de gobierno y de instancias civiles como las cámaras, en la ejecución de incentivos del fondo Pro México;

- Impulsar la certidumbre fiscal para que las empresas y los inversionistas puedan llevar a cabo una planeación a largo plazo;

- Promover reglas claras, sencillas y funcionales que faciliten la importación de insumos, partes y componentes, así como la exportación de productos terminados;

- Mejorar las políticas públicas en materia de tarifas eléctricas;

- Exhortar a los gobiernos locales para que la operación de los servicios nacionales de empleo se administren bajo las secretarías de desarrollo económico locales, buscando con ello una alineación completa de la política pública de desarrollo económico y de generación de empleo;

- Legislar para un adecuado funcionamiento de la vinculación académica con el sector productivo del país;

- Impulsar un presupuesto federal que desarrolle infraestructura industrial, como lo son: puertos ferroviarios, aéreos, marítimos, carreteras, terminales multimodales, entre otras;

- Promover la seguridad de la zona fronteriza, e

- Impulsar la generación de empresas proveedoras de insumos nacionales para las empresas manufactureras y maquiladoras de exportación, reforzando la incubación y aceleración de aquellas para que también tengan acceso a los mercados de exportación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que someta a consideración del pleno, la creación de la comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación.

Segundo. El objetivo de la comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación será estudiar a fondo las necesidades de la industria ante el entorno legal, político, financiero y social actual, tomando como base su importancia a nivel económico y laboral. Asimismo tendrá la facultad de proponer e impulsar acciones que promuevan su desarrollo.

Tercero. La comisión especial para la industria manufacturera y maquiladora de exportación, estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, tomando como base los estados de la república en donde tenga una mayor presencia el sector y que a su vez refleje la proporción que guarda la composición del pleno de la presente legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.

Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones

Quinto. La comisión especial durará la totalidad de la LXII Legislatura o hasta que se agote su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Kamel Athie Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de prospectiva y estudios del futuro de México, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 79, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de prospectiva y estudios del futuro de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los constantes cambios y transformaciones políticas, culturales y sociales que acontecen en México, impactan de manera significativa en las políticas públicas y en el quehacer del gobierno.

El proceso de democratización, la pluralidad política, la interacción de la economía global, el fenómeno migratorio, los rezagos existentes en materia de pobreza, nos obliga a reflexionar respecto de las realidades imperantes, resultando necesario la búsqueda de la institucionalización del pensamiento reflexivo continuo y de largo plazo con la finalidad de construir una visión común de país.

El esfuerzo permanente para encontrar coincidencias y propiciar espacios de diálogo con una visión plural e incluyente que adopte la diversidad social y cultural forja las bases para la construcción de nuestra causa común. Los esfuerzos particulares deben coordinarse para que se enriquezcan y retroalimenten, contribuyendo así a la construcción de esta visión de manera ordenada y sistémica.

Por otro lado, la visión de corto plazo daña las oportunidades hacia el futuro y elimina los esfuerzos colectivos que cualquier país puede concretar para convertir su realidad en un futuro más prometedor. Es por eso que la planeación a largo plazo debe considerarse como una herramienta de política pública fundamental en pos de un mejor proyecto de país. Una clara visión de futuro de México, permitirá superar tanto las necesidades inmediatas como la satisfacción de las demandas futuras.

La prospectiva, entendida como el conjunto de herramientas que proporciona para diseñar un futuro deseado y para crear medios para aproximarlo, se vuelve un componente esencial de la planeación para el futuro de México.

Uno de los problemas que enfrenta la visión a largo plazo en nuestro país es que el Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 22 de la Ley de Planeación), está limitado en su vigencia y rango de acción, ya que no puede exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueban, lo que origina que no se puedan realizar programas que vayan más allá de una administración, lo que a su vez provoca una falta de continuidad en los programas iniciados.

Por tal motivo, la noción de planeación en México debe cambiar sus paradigmas, de manera que el Plan Nacional de Desarrollo, pueda hacer uso de las herramientas prospectivas, así como también construir una agenda legislativa institucional que conforme el marco para una política de Estado a largo plazo

En este orden de ideas resulta improrrogable forjar las bases para la elaboración de un plan de largo plazo que coadyuve a:

• Mejorar las instituciones, el estado de derecho y la justicia social.

• Otorgar certidumbre al rumbo económico del país.

• Impulsar el empleo e incrementar el ingreso per cápita de los mexicanos.

• Potenciar el desarrollo humano sustentable en lo económico, político y social.

• Promover la competitividad, la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro.

• Instaurar un marco de referencia jurídica para la planeación en diversos niveles de gobierno y regiones del país.

• Estimular el desarrollo regional, donde predominen los consensos en materia de bienestar nacional.

• Construir indicadores de desempeño de la actividad gubernamental que permitan evaluar los avances de las actividades realizadas.

Los antecedentes legislativos en materia prospectiva, nos remontan a las siguientes legislaturas:

LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. El 3 de junio de 2004 fue instalada la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.

Entre sus actividades resaltaron la recopilación de información estadística para realizar los diagnósticos sobe cada rubro de interés nacional, apoyándose con los centros, instituciones y áreas de investigación, estudio y análisis.

LX Legislatura de la Cámara de Diputados. El 18 de diciembre de 2006, el pleno votó a favor de la constitución de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.

Dentro de las actividades de la Comisión Especial durante la LX Legislatura, destacaron diversas reuniones de trabajo con funcionarios de gobierno, especialistas en temas de prospectiva, académicos e interesados en el tema, con quienes se hicieron llegar de instrumentos de conocimiento e intercambio de experiencias para la elaboración de diagnósticos y estudios, así como Foros y encuentros con universidades, organizaciones y dependencias de gobierno.

Finalmente, nuestra actual Legislatura necesita promover la continuidad de una agenda legislativa común, que contenga un proyecto de gran visión el cual permitirá ir de lo general a lo particular en el diseño de instituciones, planes, políticas y estrategias, así como la integración de objetivos comunes a partir de la concurrencia de proyectos individuales.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial de prospectiva y estudios del futuro de México.

Segundo. La Comisión Especial de prospectiva y estudios del futuro de México, tendrá por objeto realizar los estudios y análisis prospectivos que permitan detonar acciones y procesos para coadyuvar en el diseño del futuro del país mediante la elaboración de documentos que contengan proyectos, propuestas y recomendaciones para los actores políticos con una visión a largo plazo, con la finalidad de alcanzar las metas de progreso y desarrollo para México.

Tercero. La Comisión Especial de prospectiva y estudios del futuro de México, tendrá como objetivo secundario apoyar en la supervisión de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Para el cumplimiento de este objetivo, se podrá hacerse llegar de toda la información necesaria a través de las dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal.

Cuarto. La Comisión Especial de prospectiva y estudios del futuro de México deberá tener, para el cumplimiento de su objeto, las siguientes funciones:

a) Recopilar información cualitativa y cuantitativa para la realización de diagnósticos y estudios sobre cada rubro de interés nacional, apoyándose en los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, así como de dependencias y entidades públicas de los tres niveles de gobierno, instituciones privadas, educativas, sociales y de investigación, tanto nacionales como extranjeras.

b) Reunir grupos de expertos y ciudadanos para nutrir los procesos de análisis prospectivo.

c) Allegarse de las herramientas prospectivas que se utilizarán para el proceso de creación de escenarios.

d) Definir escenarios prospectivos para aprovechar y potencializar los recursos del país con una visión de futuro.

e) Crear una campaña de difusión masiva en diversos medios, tanto electrónicos como impresos, para divulgar los resultados del proceso.

Quinto. La Comisión Especial deberá estar integrada por quince miembros propuestos por los grupos parlamentarios bajo los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Sexto. La Comisión Especial contará con una Junta Directiva que se conformará por un Presidente y Tres secretarios.

Séptimo. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, financieros y materiales indispensables para cumplir con las funciones derivadas de su objeto de creación.

Octavo. La Comisión Especial tendrá una vigencia hasta el 31 de agosto de 2015. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe de actividades que será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2012.

Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que emita una opinión sobre la constitucionalidad de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Martí Batres Guadarrama, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto de la constitucionalidad de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada el 1 de septiembre pasado por el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Consideraciones

I. El pasado 1 de septiembre la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo federal, que propone:

1. Anular la estabilidad del empleo con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial.

2. Facilitar la imposición de bajos salarios y prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo.

3. Condicionar la permanencia en el empleo a quién tenga mayor productividad.

4. Desaparecer los contratos de planta al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo”.

5. Anular el pago de indemnizaciones por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia de trabajo.

6. Abusar de los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas al poder repetirse continuamente por el cambio de tipo de contrato o actividad.

7. Legalizar las renuncias en blanco al no prohibirlas.

8. Pulverizar el salario volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por horas que no generan el pago de prestaciones sociales ni prima de antigüedad.

9. Exportar mano de obrar barata a través de contratos por hora o eventuales.

10. Legalizar la libre subcontratación (empresas outsourcing) y anular la responsabilidad solidaria entre las empresas que se benefician del trabajo obrero.

11. Acortar el pago de los salarios caídos a un año y otorgar a cambio un interés mínimo del 2% mensual con un límite de 15 meses de salarios, propiciando que los trabajadores sean quienes sufran la prolongación y costos de los juicios laborales.

12. Permitir despidos arbitrarios sin garantía de audiencia por reclamos de clientes o proveedores de patrón.

13. Cancelar todo tipo de protección a trabajadores domésticos.

14. Permitir la movilidad total del trabajador al interior del centro de trabajo y legalizar el trabajo multihabilidades a través de tareas “conexas o complementarias” sin el pago proporcional del salario de acuerdo al incremento de trabajo.

15. Retirar la obligación del patrón de la entrega personal del aviso por escrito.

16. Retirar la sanción al patrón de considerar el despido injustificado cuando no entregue el aviso de despido al trabajador.

17. Otorgar mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos permitiendo el archivo de los expedientes.

18. Permitir a la autoridad determinar si se estalla una huelga o no.

19. Permitir a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de sesenta días de estallada la huelga.

20. Permitir decidir si reconoce o no a los sindicatos mayoritarios al interior de los centros de trabajo.

21. Acorazar aún más a “los contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos independientes.

22. Permitir la intromisión de los patrones para definir quién es el sindicato mayoritario.

23. Facilitar la creación de los sindicatos patronales, llamados también “sindicatos blancos”.

24. Impedir a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando ingresan a laborar al desaparecer la cláusula de exclusión por ingreso y separación.

25. Desaparecer de la Ley Federal del Trabajo la Tabla de Enfermedades y Riesgos de Trabajo otorgando facultades a la Secretaría del Trabajo, con la opinión del sector obrero y empresarial su expedición y modificación.

26. Permitir el aumento de accidentes de trabajo condicionar el empleo a cambio de mayor productividad.

27. Establecer un régimen desigual de transparencia al no obligar al patrón a informar sobre sus finanzas y sí a los sindicatos.

28. Mantener en perjuicio de los trabajadores la carga probatoria en materia de riesgos de trabajo.

29. Cancelar el carácter tutelar a favor del trabajador.

30. Anular la bilateralidad en las relaciones de trabajo anulando la intervención sindical.

31. Privatizar las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir cumplimiento de las normas laborales de manera unilateral.

II. Al plantear estas regresiones en materia de derechos sociales, esta iniciativa viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos previsto en el artículo 1o. de la Constitución, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

Específicamente, la progresividad se establece en estos términos:

Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

Artículo 5

...

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

Artículo 1

Obligación de adoptar medidas

Los Estados parte en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo.

El principio de progresividad de derechos debe interpretarse de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976, que es ejecutable por el Protocolo del 10 de diciembre de 2008.

Los Principios de Limburgo sobre la Implementación del PIDESC, adoptados por las Naciones Unidas entre el 2 y el 6 de junio de 1986, y los Principios de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen la jurisprudencia internacional en la materia.

El PIDESC establece la obligación de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al igual que otros instrumentos internacionales. En contraposición, dicha obligación contiene la prohibición de regresividad.

La noción de progresividad abarca dos sentidos complementarios: por un lado el reconocimiento de la noción plena de que los derechos establecidos en el pacto supone una cierta gradualidad.1 Dicha noción tiene un segundo sentido: de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, las medidas que el Estado debe adoptar para la plena efectividad de los derechos reconocidos “deben ser deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el Pacto”. (OG número 3 punto 2.)

La obligación mínima a que está sujeto un Estado al respecto es la de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de ser adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora “progresiva”. Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes. La obligación asumida por el Estado es ampliatoria, de modo que la reducción o derogación de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido.

Los Principios de Maastricht consideran violatorios de los derechos económicos, sociales y culturales “la derogación o suspensión de la legislación necesaria para el goce continuo de un derecho económico, social y cultural del que se goza (Principio 14 a), la adopción de legislación o de políticas manifiestamente incompatibles con obligaciones legales preexistentes relativas a esos derechos, salvo que su propósito y efecto sean el de aumentar la igualdad y mejorar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales para los grupos más vulnerables” (principio 14 d) y “la adopción de cualquier medida deliberadamente regresiva que reduzca el alcance en el que se garantiza el derecho (principio 14 e).

La obligación de no regresividad constituye una limitación que los tratados de derechos humanos pertinentes, y eventualmente la Constitución, imponen sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo a las posibilidades de reglamentación de los poderes económicos, sociales y culturales. Se trata de la obligación de veda al legislador y al titular del poder reglamentario la adopción de reglamentación que derogue o reduzca el nivel de los derechos económicos sociales y culturales de los que goza la población.

Se trata de la irreversibilidad de las conquistas sociales alcanzadas. Podría decirse que es el equivalente colectivo del principio de no retroactividad que reconoce los derechos adquiridos individualmente.

Desde el punto de vista del ciudadano, esta obligación constituye una garantía de mantenimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de que goza desde la adopción del PIDESC, y de su nivel de goce, a partir de dicha adopción y de toda mejora que hayan experimentado hasta entonces. Se trata de una garantía sustancial, es decir, de una garantía que tiende a proteger el contenido de los derechos vigentes al momento de la adopción de la obligación internacional, y el nivel de goce alcanzado cada vez que el Estado, en cumplimiento de su obligación de progresividad, haya producido una mejora.

Justamente la obligación del Estado mexicano en el establecimiento de la progresividad de sus derechos económicos, sociales y culturales, y su correlativa prohibición de regresividad, y no lo que ahora se propone la iniciativa en materia laboral presentada por el Ejecutivo de la Unión.

En consecuencia, de aprobarse, se estaría violando nuestra Constitución y los instrumentos internacionales señalados.

En tal virtud, con el fin de evitar colocar al Congreso de la Unión en la hipótesis de una controversia constitucional o del recurso de inconstitucionalidad, o incluso de la observación de los organismos internacionales de derechos humanos, de acuerdo con los argumentos aquí expuestos, solicito se someta a consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México emita opinión sobre la constitucionalidad de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo federal el pasado 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, con base en el principio de progresividad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

Nota

1 La interpretación más específica de esa gradualidad se encuentra contenida en la OG número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ciudad de México, DF, a 25 de septiembre de 2012.

Diputado Martí Batres Guadarrama (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar el uso por el gobierno federal de marcas registradas en nombre del ciudadano Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social; y, en su caso, a aplicar las sanciones a que haya lugar, a cargo del diputado Sergio Torres Félix y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Coordinación de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que sea investigado el uso por parte del gobierno federal de marcas registradas a nombre del Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social, y en su caso se proceda a aplicar las sanciones a que haya lugar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas (Marcanet), a través del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), permite consultar información de marcas, nombres y avisos comerciales, registrados y en trámite, se sabe que las marcas “Jóvenes Emprendedores”, “Empresas Tractoras” y “México Emprende”, se encuentran desde hace varios años registradas a nombre del Heriberto Félix Guerra. Lo anterior nada tendría nada de extraño de no ser porque las denominaciones de las citadas marcas son homónimos de otros tantos programas gubernamentales y porque el trámite para registrarlas fue realizado a nombre de la referida persona, cuando ésta se desempeñaba como servidor público.

En efecto, Félix Guerra fue nombrado el 14 de diciembre de 2006 como subsecretario para la Pequeña y Mediana Industria, dependiente de la Secretaría de Economía, pero tres días antes solicitó el registro de la marca México Emprende ante el IMPI, habiéndole correspondido los números de expediente y de registro 824511 y 968680, respectivamente. La fecha de concesión del registro fue el 19 de ese mismo mes y año y tiene vigencia hasta el 11 de diciembre de 2016.

Cabe recordar que México Emprende es un fideicomiso público diseñado por la Secretaría de Economía con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de las micros, pequeñas y medianas empresas.

El portal Marcanet señala que el 26 de mayo de 2003 se presentó ante el IMPI la solicitud para registrar la marca Jóvenes Emprendedores, cuyo registro fue otorgado el 8 de julio de ese mismo año con una vigencia hasta el 26 de mayo de 2013. Justo en ese momento, Félix Guerra se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa.1

Jóvenes Emprendedores es un componente del Programa Nacional de Emprendedores que busca fomentar el espíritu emprendedor en nuestra sociedad, con la implementación, el desarrollo y el fortalecimiento de un programa que incentive la cultura empresarial en el país, esto de acuerdo con la página electrónica oficial www.mexicoemprende.org.mx.

El Programa Nacional de Empresas Tractoras es una estrategia que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Se fundamenta en la oportunidad de proveeduría que las grandes empresas compradoras, llamadas empresas tractoras ofrecen a sus proveedores de categoría “gacela” de responder de manera competitiva a la demanda de productos y servicios, las cuales tienen la capacidad de arrastrar a cientos o miles de Pyme.

Sin embargo, y también de acuerdo con Marcanet, el 25 de agosto de 2003 se presentó la solicitud para registrar la marca Empresas Tractoras, a la que correspondió el número de expediente 618223. El registro 818411 fue concedido a Heriberto Félix Guerra, entonces titular de la Sedeco de Sinaloa, el 23 de enero de 2004, y su vigencia llega hasta el 25 de agosto de 2013.

Resulta insólito que la denominación de diversos programas gubernamentales coincida plenamente con la de marcas registradas ante el IMPI, pero más sorprendente lo es aún que el titular de tales denominaciones lo sea justamente un alto funcionario federal, por lo que resulta necesario que las autoridades aclaren si el gobierno federal se ha visto precisado a pagar alguna cantidad de recursos por el uso de tales marcas a su titular y, de ser este el caso, a cuánto ascienden dichas cantidades y por qué, en todo caso, no se ha cambiado la denominación de dichas políticas públicas, a efecto de evitar erogaciones innecesarias.

No obsta a lo anterior el hecho de que el titular de la Sedesol haya anunciado hace unos cuantos días que había cedido la titularidad de las marcas en comento a la Secretaría de Economía, toda vez que ello no explica la coincidencia entre el registro de las marcas y su ejercicio de diversos cargos públicos, ni tampoco si el gobierno federal tuvo que pagar alguna cantidad por el uso o cesión de las mismas.2

De conformidad con lo anterior, y toda vez que la conducta atribuida al secretario Félix Guerra podría resultar violatoria de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se investiguen los hechos señalados a lo largo de la presente proposición, y en su caso se fijen las sanciones que en derecho resulten aplicables.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de colaboración entre los poderes, gire sus instrucciones al secretario de la Función Pública a efecto de que sea investigado el uso por parte del gobierno federal de marcas registradas a nombre del Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social, y en su caso se proceda a aplicar las sanciones a que haya lugar.

Notas

1 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Oficina_del_C_Secretario

2 “Presenta Heriberto Félix pruebas de cesión de marcas”. Recuperado de http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=812921

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Sergio Torres Félix, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local, a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Raquel Jiménez Cerrillo, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con exhorto al gobernador de Querétaro, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, a hacer del conocimiento público la información y la razón por la cual se desató una ola de secuestros y desapariciones de personas, que azota a este estado, así también para que conmine al licenciado Arsenio Durán Becerra, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, para que guarde profundo respeto por la situación que viven las personas desaparecidas, sus familiares y amigos, y se apegue a cumplir estrictamente y sin omisión alguna, las tareas que las leyes le asignan, y al Congreso de Querétaro para que realice los trabajos legislativos pertinentes para tipificar en esta entidad el delito de feminicidio.

Consideraciones

Durante los últimos diez años, en el proceso de construcción de un régimen de democracia plena en nuestro país, el marco jurídico para garantizar la seguridad de las personas, tanto en sus propiedades como en sus vidas, se ha ido delineando cuidadosamente, para de esta manera prevenir y eliminar actos que atenten en contra de las mujeres, de los hombres, niñas, niños, ancianos y de las familias enteras.

La absoluta mayoría de las mexicanas y mexicanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos hemos coincidido en la urgente necesidad de eliminar la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y adolescentes, y hacia todas las personas en condición de vulnerabilidad.

Nuestro país se ha dotado de una serie de leyes nacionales y de acuerdos internacionales para el combate al secuestro, a la desaparición forzada, la discriminación y el uso de la violencia en contra de la población.

Esta tendencia nacional de construcción del marco normativo adecuado ha ido acompañada de insistentes llamados hacia las autoridades correspondientes a cumplir con honestidad y apego a la ley cada una de sus tareas. Hemos insistido y llamado la atención en el sentido de que toda ley, por muy de avanzada que aparezca en su letra, no tendrá frutos si las autoridades son omisas en su aplicación o se corrompen aliándose a la delincuencia organizada.

Contrario a este proceso nacional, en el estado de Querétaro estamos viviendo la gravísima situación del incremento de hechos de violencia hacia la sociedad, situación que se agrava con la omisión de las autoridades gubernamentales en su trabajo de proteger a la población, proporcionar información objetiva, fidedigna, confiable y actualizada sobre una serie de delitos violentos entre los que resalta la desaparición forzada de las personas, en especial de mujeres menores de edad.

En Querétaro existe un problema que va en aumento día con día, el cual, las autoridades gubernamentales tratan de ocultar. Nos referimos a la desaparición de cientos de personas de la sociedad queretana, que para el mes de octubre del año 2011 sumaban ya 330, y al momento se desconoce la cifra total porque la Procuraduría estatal se niega sistemáticamente a informar, tanto a legisladores como a familiares de desaparecidos, sobre las cifras actualizadas.

En diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, se ha informado, que de dos años a la fecha, Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 años que simplemente ‘desaparecen’ ha aumentado exponencialmente a partir de 2010.

Las desapariciones han ido en aumento año con año. En 2006 se registraron 5 personas desaparecidas, para el 2007 fueron 9, al año siguiente ya fueron 26, en el 2009 se registraron 25, y en el año 2010 la cifra se disparó a 126 y en los primeros diez meses del año pasado ya se habían reportado un total de 139 personas.

El número de las personas desaparecidas ha sido trastocado indebidamente por las autoridades del gobierno estatal, llegando incluso a borrar de las páginas de internet las cifras que habían publicado.

Ante esta falta de información por parte de las autoridades, legisladores de Acción Nacional han pedido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro un informe de la situación. Así lo hizo el diputado de la pasada legislatura estatal, Juan Fernando Rocha Mier, al procurador Arsenio Durán, obteniendo de este funcionario la promesa de entregar el informe, pero esa palabra empeñada nunca fue cumplida. Por el contrario, el diputado Rocha Mier empezó a recibir constantes amenazas telefónicas para que dejara de insistir en el tema.

Ante la falta de cumplimiento de sus tareas por parte de la Procuraduría estatal, son las familias de las personas desaparecidas, acompañadas de organismos promotores y defensores de derechos humanos, los que se dan a la tarea de averiguar las causas de este problema, y especialmente de mujeres, que opera en nuestro estado.

Esta problemática acentúa su gravedad debido a que la Procuraduría estatal ha caído en constantes contradicciones respecto a sus declaraciones, las cuales llegan a obstaculizar e incluso impedir la adecuada investigación judicial de estas desapariciones.

Un ejemplo de esto es la actitud de calificar de manera despectiva, a los desaparecidos. En el caso de las menores de edad, en muchos expedientes afirman que la causa de la desaparición es debido a que son “adolescentes rebeldes” que “tendían a irse de sus casas”, y bajo este entendido, no se procede a su búsqueda por parte de las autoridades. Así las cosas, este hecho desvía el objetivo de la investigación y es un uso ilegal de violencia por parte de la Procuraduría en contra de las víctimas y de sus familiares.

Al caso de las personas desaparecidas en nuestro estado, debemos agregar el penoso tema sucedido en marzo de 2010 en que desaparecieron 40 hombres, que se dice, salieron de sus casas con el objetivo de ir a Estados Unidos en busca de trabajo.

Aquí existe una grave omisión por parte de las autoridades estatales, ya que de los 40 desaparecidos, 33 son queretanos, y el gobierno local no ha participado activamente en las indagaciones del destino de los trabajadores, a pesar de que en mayo del ese año el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa prometió que mantendría comunicación con los gobernadores de otros estado involucrados e informaría a la sociedad de nuestro estado.

Es importante señalar un dato: según los registros oficiales proporcionados a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, las personas desaparecidas en esa ocasión, y reportadas fueron supuestamente sólo ocho, lo que abre otra interrogante para el gobierno de Querétaro, respecto a la modificación de la cifras.

Aún sin cifras actualizadas a este 2012, queremos resaltar que del total de los 330 desaparecidas y desaparecidos, 265 casos ocurrieron prácticamente en año y medio (2010 y 7 meses del 2011) y el gobierno de Querétaro, se ha encargado de manipular y ocultar la información.

Resultan lamentables y totalmente fuera de lugar las declaraciones hechas a la prensa por parte del procurador, licenciado Arsenio Durán, y publicadas hace unos días, en las cuales reconoce que se han iniciado en la entidad averiguaciones previas por trata de personas y que hay un número, el cual no precisó, de personas desaparecidas y agrega de manera insensible “aunque esto no representa una problemática importante para el estado”.

El titular de la PGJQ afirmó que desde 2009 la dependencia ha iniciado “algunas averiguaciones” por trata de personas, en las que “se han ejercido las acciones correspondientes”, pero insistió en negar que esto represente “una problemática” para el estado.

Esta situación de violencia generalizada de las cuales han sido víctimas principalmente mujeres menores de edad, entre 13 y 16 años, se ve acompañada de una serie de deficiencias y omisiones en las políticas públicas de gobierno, así como de deficiencias en la actualización del marco normativo estatal. Diversas voces han expresado la urgente necesidad de que el gobierno estatal presente y ejecute de inmediato protocolos para localizar a las personas desaparecidas, y de igual urgencia es que en nuestro estado se tipifique el delito de feminicidio establecido en el actual Código Penal Federal en su artículo 325, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 21 federal.

Ante estas consideraciones, me permito presentar a esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Uno. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al gobernador de Querétaro, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, a hacer del conocimiento público la información y la razón por la cual se dio un grave incremento de secuestros y desapariciones de personas en el estado, así también, para que conmine al licenciado Arsenio Durán Becerra, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, a cumplir sin omisión alguna con las tareas que las leyes le asignan, a informar a detalle a esta soberanía sobre cada uno de los casos denunciados con apego a la verdad y a referirse con respeto a familiares y víctimas.

Dos. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Congreso de Querétaro a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar en esta entidad el delito de feminicidio, establecido en el actual Código Penal Federal, en el artículo 325, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 21.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de las reglas de operación de los programas previstos en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, conforme a lo establecido en el PEF de 2012, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Blanca Jiménez Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a revisar desde la perspectiva de género las reglas de operación de los programas federales contenidos en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2012, “Erogaciones para la igualdad para mujeres y hombres”, con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de la Función Pública define que las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

Las reglas de operación detallan las formas de interrelación e interlocución entre el Estado con la población objetivo de los programas sociales –personas, grupos u organizaciones– y llegan a constituirse como mecanismo de corresponsabilidad. Por ello, los programas regidos por reglas de operación deben establecer con claridad quién o quiénes son sujetos de recibir los apoyos; en qué consisten éstos y cuáles son los requisitos para obtenerlos; cómo contribuyen al desarrollo personal, comunitario y organizacional o institucional; y cuáles son los medios para vigilar que los recursos públicos se apliquen conforme a los objetivos establecidos en esos programas (Inmujeres, Reglas de operación con perspectiva de género. Guía práctica para elaborar reglas de operación de programas sociales con perspectiva de género, diciembre de 2011).

La estructura general de las reglas de operación tiene una secuencia que define el marco legal, los antecedentes y los objetivos del programa, así como su alcance. Del mismo modo, las reglas definen el funcionamiento del programa y los mecanismos para su seguimiento y evaluación.

En el proceso de elaboración, autorización y publicación de las reglas de operación concurren varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como entidades rectoras de los lineamientos para la formulación, y autorización de las reglas de operación y, por supuesto, las dependencias de la administración pública federal encargadas de operar los programas. Por lo anterior, estas tres dependencias son fundamentales en el proceso de elaboración, aprobación y publicación de estos instrumentos normativos.

Por otra parte, es conveniente aclarar que desde el ejercicio fiscal de 2008, el PEF ha incluido un anexo específico que detalla las erogaciones etiquetadas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género. En dicho anexo se concentran todos los programas presupuestarios que la administración pública federal destina para atender las necesidades y problemáticas que viven las mujeres en el país, ya sea en materia de salud, educación, desarrollo social, violencia de género y trata de personas, agencia económica, discriminación y violación de derechos, etcétera.

Respecto al ejercicio fiscal de 2012, el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del PEF de 2012 incluye 30 programas sujetos a reglas de operación. Muchos programas, desde la naturaleza de su concepción y por el tipo de funciones que realiza la unidad responsable de su ejecución, ya incorporan una visión de género en sus reglas.

Programas sujetos a reglas de operación en el anexo 10 del PEF de 2012

Entre estos programas se pueden definir el S010, Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; y el S229, Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres”, ejecutados por el Inmujeres, así como el S181, Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, y S239, Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, ejecutados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estos programas desde su misma denominación llevan implícitos el objetivo de atender las necesidades de las mujeres o actuar en favor de la igualdad de género.

El resto de los programas ha sido diseñado desde la mismas funciones que realizan las unidades responsables, y esto hace invisibles las diferencias existentes entre hombres y mujeres en los ámbitos de ejecución de cada programa, ya sea por ejemplo en el acceso a créditos para proyectos productivos, la atención de problemáticas comunitarias o de espacios públicos, o atención de problemas de desarrollo sustentable y sostenible.

La importancia de analizar desde la perspectiva de género las reglas de operación radica en que durante la elaboración o actualización permite la reflexión sobre los resultados de los programas y las políticas públicos y su efecto en la vida de mujeres y de hombres, de tal forma que en su formulación puedan plantearse criterios y acciones que favorezcan la igualdad de género, así como conocer si hombres y mujeres obtienen un beneficio equivalente en términos de derechos y oportunidades o, por el contrario, se producen situaciones de desigualdad y discriminación.

Esta necesidad de analizar desde la perspectiva de género y que se incluya el principio de igualdad en las reglas de operación se ha manifestado desde la misma aprobación del PEF de 2012, pues en el artículo 28 establece lo siguiente:

...

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres, revisará las reglas de operación de los programas del anexo 10 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, en los términos de las disposiciones aplicables.

...

Pese a que se pide el cumplimiento de la política nacional de igualdad mediante la ejecución de los programas, las reglas de operación en la mayoría de los casos no tienen visión de género, lo cual implica que se siga discriminando a las mujeres o que se sigan reproduciendo los papeles históricos de la mujer como responsable de las funciones reproductivas de la familia.

Por esta razón es importante que desde el diseño de las reglas de operación se incluya el análisis desde la perspectiva de género, con el objetivo de erradicar todas las situaciones que perpetúen las desigualdades de género y los rezagos en la condición de vida de las mujeres.

Por lo expuesto se plantea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a cumplir la revisión de las reglas de operación de los programas contenidos en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de la Función Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que emitan los lineamientos a fin de que todas las reglas de operación de los programas de la administración pública federal consideren el principio de igualdad de género en su elaboración o actualización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 23 de septiembre, conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de los grupos parlamentarios

Día Internacional contra explotación sexual y trata de personas

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en el marco de esa fecha y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comparto con ustedes algunas reflexiones para honrar la memoria de tantas víctimas y recordar algunos temas pendientes en la materia.

Como sabemos, México es estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de su Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, habiendo ratificado ambos instrumentos desde marzo de 2003.

Instrumentos vinculantes para el Estado mexicano cuya correcta aplicación debería detonar acciones coordinadas entre las instancias federales, estatales y municipales de manera transversal en los tres ámbitos de gobierno para atender en su amplia dimensión y con todas sus consecuencias el delito de trata de personas.

Sin embargo la realidad de este país refleja que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes y quizás tampoco los más eficaces para erradicar este delito de tan alto impacto social, y lo menciono porque hay aspectos que no pueden pasar desapercibidos, cuando se buscan razones para explicar tanta impunidad. Por ejemplo ¿Cómo entender que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) –fiscalía especializada creada para la persecución de este delito– no sea competente para intervenir en los casos de delincuencia organizada y tampoco tenga clave presupuestal de tal suerte que no puede decidir el ejercicio de su presupuesto?

Mientras las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo, definir competencias y acabar con la corrupción en las instancias responsables de prevenir y combatir este delito, en este país 20 mil niñas y niños son sujetos de explotación sexual, cada año 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe un lucrativo turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, tercer lugar que no ha sido alcanzado de manera gratuita, sino que ha costado la vida de miles de niñas, niños, adolecentes, mujeres principalmente, a quienes se les ha lacerado su libertad, su dignidad e integridad física y emocional con total impunidad.

La trata de personas es un delito complejo porque en él intervienen diversos factores y su comisión es de tracto sucesivo, es decir, se perpetúa en el tiempo en una cadena de conductas ilícitas en las que intervienen diversos actores lesionando un conjunto de bienes jurídicos que conforman el núcleo esencial de derechos humanos de las víctimas.

Esa complejidad también dificulta el acopio de información desagregada que permita identificar a las redes de tratantes y sus patrones de comportamiento, para integrar averiguaciones previas sólidas que concluyan con la debida sanción a los responsables.

Por ello en el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que, para erradicar este flagelo social, en principio debe visibilizarse, a través de información precisa y sistematizada, que permita diseñar con mayor asertividad y precisión una estrategia que favorezca el rescate de las víctimas y atender de manera focalizada y con carácter urgente los puntos neurálgicos del problema.

Apenas hace unos meses se aprobó una nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, lo cual requiere un amplio ejercicio de armonización legislativa en el resto del país para homologar conceptos y tipos penales que permitan combatir la impunidad de este delito, por lo que hacemos también un llamado a las y los diputados para que sean portavoces de la necesidad de realizar acciones legislativas en sus entidades federativas.

Asimismo expresamos la necesidad de dar un giro estratégico en la manera en la que hasta hoy se ha abordado este delito, desde la izquierda consideramos que más allá del ámbito del derecho penal y de la seguridad ciudadana, debemos atender las causas, transformar las condiciones sociales que colocan a grandes sectores de la población en situación de vulnerabilidad frente a esta amenaza.

Según reciente diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la mayoría de las víctimas provienen de entornos de pobreza, marginación, desigualdad o exclusión social; son personas que han vivido en contextos de violencia familiar o comunitaria; padecen adicciones o abandono; presentan deserción escolar o analfabetismo; y su condición económica se ha caracterizado por bajos ingresos, trabajos precarios, riesgosos, mal remunerados o la informalidad.

Finalmente hago un llamado a todas y todos los compañeros legisladores, a reflexionar en torno a la seguridad humana como una estrategia para blindar a las mujeres, a la juventud y a las niñas y niños contra la trata, transformando las condiciones sociales de su entorno.

Desde nuestro ámbito de competencia podemos contribuir en la prevención de este delito si reordenamos nuestras prioridades presupuestales y asignación de mayores recursos al desarrollo humano y social de este país.

Me pregunto y los dejo con esta muy oportuna reflexión ¿Qué pasaría si apostamos por menos armas, menos balas y más escuelas, más y mejores empleos y salarios dignos?

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)