Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3600-IV, martes 11 de septiembre de 2012
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del Ejército y la fuerza pública federal en Nezahualcóyotl y la zona oriente del estado de México por la presunta comisión de actos de delincuencia organizada, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la creación de una comisión plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de energías renovables, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de aduanas y comercio exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy 132 y la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del Ejército y la fuerza pública federal en Nezahualcóyotl y la zona oriente del estado de México por la presunta comisión de actos de delincuencia organizada, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la fuerza pública federal y el Ejército Mexicano para frenar el descontrol que se vive en los municipios de la zona oriente del estado de México, bajo los siguientes
Antecedentes
1. El pasado 5 de septiembre del presente año alrededor del mediodía, el enfrentamiento ocurrido entre mototaxistas y bicitaxistas por la disputa de las bases de servicio en 3 unidades habitacionales, en San Vicente Chicoloapan, municipio de la zona oriente del estado de México, dejó como saldo 2 personas muertas (una de ellas fallecido en el lugar y una más en la madrugada de este domingo), 35 heridos y 5 detenidos, según el reporte oficial de las autoridades del estado. Derivado del enfrentamiento y como represalia por los muertos y heridos, el kilómetro 21 de la carretera federal México-Texcoco fue bloqueado por los grupos inconformes violentando el libre tránsito de vehículos y peatones.
2. La crisis que comenzó en Chicoloapan se propagó por los municipios de La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, como consecuencia de rumores de que grupos vandálicos que coordinados asaltaban, quemaban y disparaban contra los negocios establecidos, ocasionando el cierre de escuelas, comercios y centros de trabajo, así como parálisis del transporte público generando con ello el miedo y la psicosis entre los pobladores de estos municipios.
3. 24 horas después de los hechos el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastre, dio un mensaje para asegurar que la información vertida en redes sociales y en periódicos locales y nacionales era falsa. Ese día el alcalde de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, informó que no tenía reporte de desmanes y culpó el mal uso de las redes sociales, principalmente twitter y facebook, de estos rumores.
4. A decir de los ciudadanos y comerciantes afectados, los grupos vandálicos y la delincuencia organizada aprovechando esta psicosis colectiva han recurrido a las amenazas, las extorsiones y a generar el pánico entre la sociedad valiéndose de la poca vigilancia y el escaso interés de las autoridades locales y estatales.
5. El permanente estado de excepción que vive nuestro país demanda de las autoridades el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la seguridad, la paz, el bienestar y el orden en todos los ámbitos de la sociedad.
Bajo este orden de ideas, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución por el que se solicita la intervención de la fuerza pública federal y del Ejército Mexicano y la intervención del Ministerio Público de la federación y las autoridades judiciales federales por las posibles comisiones de delitos de delincuencia organizada y con esto cumplimentar las obligaciones de las autoridades locales y estatales.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la intervención de la fuerza pública federal, del Ejército Mexicano, la intervención del Ministerio Público federal y las autoridades judiciales federales por las posibles comisiones de delitos de delincuencia organizada en el municipio de Ciudad Nezahualcoyotl y la zona oriente del estado de México.
Dado en el Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2012.
Diputada Julisa Mejías Guardado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la creación de una comisión plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, representado por la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometían a resolver tres asuntos y con ello el SME daba por concluido un plantón en el zócalo de la Ciudad de México que se había mantenido durante más de seis meses.
En dicho acuerdo se estableció que se encontraría una solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que hasta la fecha no han sido liquidados, en el sector eléctrico; y que se agilizarían la liberación de los 12 presos políticos del sindicato y la resolución de diversos asuntos pendientes que afectan derechos contractuales adquiridos de los jubilados del SME.
Un año después, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas están estancadas, ante la actitud obstinada del gobierno federal de continuar “administrando” el conflicto, manteniendo como rehenes a los presos del SME, sin resolver los problemas de fondo, entre los que destacan
1. Ninguna propuesta alternativa de solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 electricistas que no se han liquidado.
Lo que se ha planteado de manera informal por el gobierno es la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto en una mega empresa contratista de SA.
2. En el caso de los presos políticos, el gobierno sólo ha facilitado la liberación de un preso, Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado de 72 años, mediante el recurso de retirar todos los cargos y acusaciones en su contra, quien quedó en libertad el pasado 11 de julio.
Sin embargo, para el caso de los 10 presos políticos del SME que se encuentran en el reclusorio oriente y que fueron acusados de los mismos delitos, en tiempo y circunstancias iguales, el gobierno ha recurrido a procedimientos burocráticos y dilatorios, a fin de retrasar la liberación.
Por lo que se refiere a otro preso del SME recluido en el penal de San Miguel, Puebla, la actitud del gobierno federal ha consistido en cambiarlo de juzgado y de juez a fin de retrasar su sentencia, pese a que la PGR y la CFE como parte acusadora obligadamente se acogieron a la jurisprudencia de la ley que más favorezca al reo, pues el delito más grave que le imputan (artículo 366 del Código Penal Federal) fue derogado en noviembre de 2010.
3. En el caso de los derechos contractuales adquiridos de más de 21 jubilados miembros del SME, el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento obligatorio de su cuota sindical, con el afán de dejar en la indefensión económica al SME, frente a múltiples obligaciones que van desde el pago de las cuotas obrero-patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del SME, etcétera.
Los avances en el tema son mínimos, pues se reducen prácticamente a pagos sobre derechos adquiridos, que el gobierno bloqueó durante más de dos años, como los pagos de compensación por antigüedad.
Sin embargo, de forma obstinada se niegan a informarle al SME sobre el monto de los Fondos de Reserva para la Jubilación y el Seguro Sindical, recursos económicos que pertenecen al SME y a sus trabajadores, que en el caso de los jubilados el SAE sigue descontando de sus ingresos catorcenales y que conforme a los estados financieros de 2008 ascienden a más de 102 mil millones de pesos. Conforme al contrato colectivo de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno federal, tiene la obligación de informar al detalle del monto y los movimientos de estos fondos de reserva.
Mientras tanto, los temas de fondo del conflicto electricista siguen pendientes de solución. El gobierno de Calderón pretende seguir administrando al más bajo nivel, en estos tres meses que restan a su gobierno, mientras continúa avanzando el proceso de privatización de la industria eléctrica y el supernegocio de la privatización de la fibra óptica.
El saldo de la presencia de la CFE y sus empresas contratistas en la zona de Luz y Fuerza del Centro es un fracaso absoluto: pésimo servicio y elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras.
El próximo 11 de octubre vence el plazo de tres años de la inconstitucional figura de comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura de patrón sustituto, tema que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución.
El SAE y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorias que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de Luz y Fuerza del Centro.
Los datos son irrefutables: la CFE avanza hacia una quiebra económica y financiera como consecuencia de la presencia mayoritaria del capital privado internacional en materias exclusivas de la nación.
Al desastre eléctrico nacional y en la región central del país se suma la criminal posición del gobierno de Calderón de arrebatar el empleo a más de 44 mil trabajadores electricistas y colocar en la indefensión a más de 21 mil jubilados.
Muchos de ellos han visto rotas sus esperanzas de vida, ya en la pobreza extrema e impedidos de encontrar un trabajo digno, pues su despido arbitrario e ilegal en los hechos los hizo quedar boletinados en el mercado laboral, por sus antecedentes de haber laborado en LFC.
Es trágico observar cómo decenas de miles de trabajadores electricistas, bien capacitados, técnica y profesionalmente en la prestación del servicio público de energía eléctrica, son despreciados por sus antecedentes laborales y sindicales y obligados a deambular en el amplio sector de la economía informal.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes a reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de 2011.
Segundo. Que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de “comodato” que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Tercero. Así como la integración de una comisión plural de diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica que recupere los principios constitucionales y de origen de la CFE, en beneficio del pueblo y la economía nacionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de energías renovables, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
Erick Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial de energías renovables.
Consideraciones
El malestar ciudadano derivado de los altos costos de la energía, a pesar de contar con subsidios aplicados de forma integral a este sector, ha conducido a muchos países incluyendo a México, hacia la exploración de nuevas alternativas que satisfagan las necesidades energéticas, algunas veces motivados por la necesidad de abatir los costos y otras veces por la conciencia ecológica para reducir los niveles de contaminación, lo cierto es que, las reservas petroleras y de otros insumos que se emplean en la generación de energía se han ido disminuyendo considerablemente pese al optimismo que se tiene por los descubrimientos que incrementan nuestras reservas, nuestro país, no debe dar marcha atrás en el desarrollo de un plan más ambicioso, que tenga como objetivo central, disponer de una reserva alterna de energía.
Existen intereses creados que impiden el desarrollo de la bioindustria, la cual se ha estado enfrentando a no ser considerada como una opción prioritaria en los presupuestos de egresos de la federación, aunque se tiene que reconocer que sí existen fondos diversificados para apoyar este tipo de iniciativas, el problema va más allá de los presupuestos que se han estado destinando a este sector, y que tienen que ver con una gran estrechez cultural, conciencia ambiental, visión de corto plazo y desinterés de la mayoría de los gobiernos locales para destinar esfuerzos hacia bioproyectos que mucho ayudarían a su desarrollo regional.
Impulsar el desarrollo de la bioindustria, traería consigo un enorme impacto social, toda vez que la cantidad de empleos que se estaría alcanzando supera lo que actualmente se genera en todo el sector energético, esta tesis se apoya en que la bioindustria, abarca: cultivo de semillas que contienen aceite vegetal, entre ellas; jatropha, higuerilla, girasol, etcétera. Lo cual implicaría el aprovechamiento de millones de hectáreas ociosas que tenemos en el país, de ahí, que la industrialización de estas semillas, exigiría la instalación de biorefinerías y demás industria que por añadidura se tendría que generar.
En tal circunstancia:
El objetivo de asegurar el abasto energético del país, necesariamente deberá pasar por la sustentabilidad, a través de estrategias de diversificación hacia fuentes renovables que no comprometan la calidad de vida de generaciones futuras, que deberán encaminarnos a minimizar los daños al medio ambiente y a la salud humana.
A pesar de que México posee altos niveles de producción de hidrocarburos, es imprescindible acelerar el desarrollo de la bioindustria, impulsando de manera decisiva proyectos de generación de energía, a partir de energías renovables.
El país debe aprovechar todas las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias que nos sea de utilidad pública y realizarlo dentro de un marco de estrategia nacional para la transición energética, mediante la cual se promueva la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.
Uno de los elementos derivados de este sector son las políticas de sustentabilidad energética que busca incrementar la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en México, con una visión de largo plazo.
El Programa Sectorial de Energía 2007-2012, retoma los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y propone, dentro de sus nueve objetivos, dos que están relacionados con el impulso a las energías renovables:
El primero de ellos es “equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía”, y tiene como indicador cuantitativo aumentar la participación de las energías renovables en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 por ciento a 26 por ciento, contemplando proyectos hidroeléctricos de más de 30 mega watts.
El segundo objetivo es “fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables”, y retoma el indicador del objetivo anterior.
Derivado de la Estrategia Nacional de Energía 2010, conformada por tres ejes rectores: seguridad energética, eficiencia económica y productiva, y sustentabilidad ambiental. A partir de los ejes rectores, han establecido: “Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias”; “Reducir el impacto ambiental del sector energéticos”, los cuales están implícitamente relacionados con fuentes renovables de energías. Estos objetivos han definido líneas de acción específicas, de las cuales la meta de una “Capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias de 35 por ciento”, tiene relevancia para energías renovables. En la estrategia, de las “tecnologías limpias” incluyen energías renovables, grandes hidroeléctricas y energía nuclear.
En lo que comprende la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se elaboró este documento que servirá como mecanismo para impulsar las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a alcanzar una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, de igual forma promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.
Además, el Programa Especial de Cambio Climático, integra dentro de sus objetivos y estrategias el desarrollo de las energías renovables y así aprovechar su potencial para la reducción de los gases de efecto invernaderos.
Las energías renovables en México actualmente cuentan con un marco legal específico: la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), donde establece la obligación de la Secretaría de Energía de elaborar un programa especial para el aprovechamiento de energías renovables, así como una estrategia nacional para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía.
Para ello el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, integra todos los indicadores que esperan ser alcanzados y referidos sobre la participación de fuentes renovables en la capacidad instalada y generación de energía eléctrica en México.
Entre fuentes renovables de energía se encuentran: biogás, biomasa, geotermoeléctrica, eoloeléctrica, minihidro eléctrica 18 por ciento.
Excluye exportación e importación.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía.
La tendencia global en materia de bioenergéticos, apunta a los países que buscan fortalecer su seguridad energética, diversificando las fuentes de energía, y ampliando el acceso a los sistemas de energía; esto por ende nos lleva a crear fuentes de trabajo y aumentar el ingreso en zonas rurales mediante el fomento a la producción de insumos para bioenergéticos, comercialización.
Esta son las motivaciones que dan impulso a los bioenergéticos:
a) Diversificación energética;
b) Desarrollo agrícola, y
c) Medio ambiente.
La actual política energética considera la necesaria diversificación de la generación de energía mediante el impulso y desarrollo de tecnologías que optimicen las fuentes primarias de energía, ya que la ubicación geográfica y orográfica permite a nuestro país disponer de un potencial de generación con energía renovable.
Por esa razón México debe apostar al aprovechamiento de los cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y los recursos geotérmicos, así como la explotación de minerales asociados a los yacimientos geotérmicos, para la producción de energía eléctrica.
Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida.
Para ello es importante impulsar desde el Poder Legislativo reformas que impulsen el desarrollo de mayores instrumentos más eficientes que coadyuven a potencializar las energías renovables. Esto, siempre y cuando sigamos sumando esfuerzos los sectores sociales, académico, industrial, y gubernamental.
De igual manera, esta comisión contribuirá con opiniones al respecto, y dentro del ámbito de sus atribuciones, con las comisiones ordinarias que tenga relación dicho tema.
La Comisión Especial de energías renovables tendrá como objetivo formular estudios y opiniones en el ámbito de su competencia, esto con el propósito de consolidar el sector energético, en particular a las energías renovables, es de suma importancia alcanzar los consensos con sus integrantes para realizar el diseño y elaboración de reformas de ley que permitan un desarrollo sustentable, mediante la búsqueda de sistemas de energía compatibles con el medio ambiente.
Por lo anteriormente señalado, solicito a esta honorable asamblea para que con la intervención que corresponda a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de energías renovables.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la creación de la Comisión Especial de energías renovables.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de energías renovables será garantizar la sustentabilidad política-energética a través de estrategias de diversificación hacia fuentes renovables que no comprometan la calidad de vida de generaciones futuras, además nos permitan minimizar los daños al medio ambiente y a la salud humana.
Tercero. La Comisión Especial de energías renovables estará formada por 12 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La Comisión Especial de energías renovables tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria al 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.
Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tenor de las siguientes
Consideraciones
La CFE es la segunda empresa más importante del sector energético para el país. En años recientes se han impulsado en ella cambios con miras a su modernización y mejor funcionamiento.
Sin embargo, algunos de esos cambios han redundado en todo lo contrario, ofreciendo un mal servicio a los usuarios, cobrando tarifas altas y excesivas, permitiendo que funcionarios de primer nivel cometan actos de corrupción y nepotismo que difícilmente son sancionados.
En la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados se integró un grupo de trabajo para investigar los actos de corrupción en la CFE que habían sido denunciados públicamente y que estaban siendo investigados por la Procuraduría General de la República desde 2009 y 2010.
El grupo de trabajo se centró en solicitar información a Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la propia Procuraduría General de la República a efecto de poder supervisar las investigaciones que se habían presentado contra diversos funcionarios de la paraestatal por la entrega de licitaciones millonarias de manera irregular, la aceptación de sobornos tanto en efectivo como en especie para favorecer a algunas empresas y, sobre todo, la grave afectación del patrimonio de la paraestatal.
En 2011, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se integró una comisión especial sobre los servicios de suministros y altos cobros de energía eléctrica en el Distrito Federal. Tenía como principal objetivo la revisión del sistema de cobros y la fijación de las tarifas por la paraestatal a los usuarios del Distrito Federal.
La comisión especial se constituyó como un canal institucional entre la ciudadanía y la paraestatal para atender y canalizar las múltiples quejas e inconformidades que presentaban los usuarios por las altas tarifas que cobra la CFE desde 2009 en el centro del país y desde hace más de 10 años en el resto.
La atención directa de la ciudadanía por la ALDF a través de la comisión especial permitió documentar y registrar serias deficiencias institucionales en la paraestatal, entre las que destacan:
• La fijación del esquema tarifario por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que considerar criterios como ingresos, nivel socioeconómico, índice de desarrollo y otras variables sociales y no sólo indicadores de tipo económico del mercado de los energéticos.
• Es urgente un nuevo esquema tarifario para todo el país en el que participe directamente el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados.
• La CFE tiene que ser una empresa de servicio público en beneficio de todos los mexicanos, no sólo una agencia prestadora de un servicio básico.
• Es urgente establecer una instancia de regulación, supervisión y revisión de las quejas e inconformidades en la CFE para que pueda dar certeza jurídica a los usuarios.
• Es indispensable establecer procedimientos de quejas claros, transparentes y asequibles para todos los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica y modificar el sistema electrónico de ingreso y tramitación de quejas.
• No puede permitirse el cobro por consumo “estimado”, es necesario modificar el reglamento de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica para eliminar esa posibilidad, pues genera incertidumbre y desproporcionalidad en los cobros.
• Eliminar de las prácticas de la CFE los “reajustes” o “refacturaciones” sobre consumos o lapsos que no fueron cobrados en su oportunidad por la paraestatal.
• Establecer un sistema claro de sanciones a funcionarios de la paraestatal directos o indirectos que violenten o no respeten los derechos de los usuarios y la adopción de un protocolo modelo de atención a escala nacional, así como los que participen en actos de corrupción.
• Solicitud y ejecución de auditorías externas al patrimonio de la CFE de los últimos 10 años a la fecha.
• Modificar el marco regulatorio de licitaciones, contratos y prestaciones de servicio en la paraestatal para fijar mayores y mejores controles en el otorgamiento de estos contratos para evitar actos de corrupción.
A raíz de los cobros excesivos por la CFE a escala nacional se formó en 2009 la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica,1 que ha denunciado las prácticas irregulares que se desarrollan en la paraestatal, denuncia por la que algunos de sus integrantes han sido encarcelados e incluso declarados presos de conciencia por instancias internacionales como Amnistía Internacional.2
Paralelamente a estos procesos de inconformidad, en el centro del país hemos tenido que enfrentar la problemática derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, como suministrador del servicio de energía eléctrica en el valle de México y en algunas entidades federativas cercanas. Desde 2009, cuando el presidente Felipe Calderón decidió extinguir dicha empresa se generó un vacío legal y real sobre el patrimonio y la responsabilidad de la paraestatal en esta región del país.
Dicho vacío legal ha afectado directamente el patrimonio de la CFE –patrimonio nacional– y generado falta de certeza jurídica a millones de usuarios que por no tener una obligación contractual con la paraestatal son forzados a pagar por el suministro del servicio de energía eléctrica sin que medie documento alguno para formalizar y legalizar dichos pagos.
El conflicto persistente con el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la sustitución patronal ha colocado a miles de trabajadores no sólo en el desempleo sino en la franca desprotección legal, sin que las autoridades del ramo hayan formulado propuestas u opciones de solución viables en beneficio de dichos trabajadores y de sus familias.
Hay en la CFE innumerables procedimientos y procesos que tienen que ser revisados por este órgano legislativo, tanto los relacionados con los procedimientos para la atención de usuarios y la tramitación de quejas e inconformidades por servicios y altos cobros de la energía eléctrica como los relacionados con los actos de corrupción en el otorgamiento de contratos y licitaciones de manera irregular como los actos que han afectado también el patrimonio de la paraestatal a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y de su relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Resulta indispensable que este órgano legislativo forme una comisión especial plural capaz de dar seguimiento a ésas y otras problemáticas relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de que las gestiones realizadas desde este órgano legislativo redunden en mejor atención de los usuarios, en una fijación tarifaria mas justa y en un mecanismo más eficiente para el resguardo y desarrollo de su patrimonio, que constituye el de todos los mexicanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo. Los objetivos de la comisión especial serán entre otros la promoción y revisión de las auditorías y ejercicios de supervisión del patrimonio de la paraestatal y la formulación de propuestas para mejorar dichos procesos, la revisión del esquema tarifario impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la forma en que dichas tarifas son fijadas y cobradas por la paraestatal proponiendo mecanismos alternativos para la fijación y los cobros, el seguimiento y supervisión de las denuncias y quejas impuestas contra funcionarios de la paraestatal por presuntos actos de corrupción o de favorecimientos a empresas y prestadores de servicios y el seguimiento, la atención y la gestión en las consecuencias legales y laborales derivadas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Tercero. La comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Cuarto. La comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.
Notas
1 Esta red está integrada por aproximadamente 32 mil usuarios de la CFE a escala nacional y tiene presencia en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Baja California, Puebla, Distrito Federal y México.
2 Consúltese http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/040/2010/en/0032df43-d99a -4d5f-afec-31a4c777692c/amr410402010en.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de aduanas y comercio exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales Carlos Alberto García González y Glafiro Salinas Mendiola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de aduanas y comercio exterior.
Exposición de Motivos
Durante mucho tiempo, el comercio exterior ha sido una fuente de ingresos muy importante para el país. En los últimos años, ha representado aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto recaudándose por dichas operaciones aproximadamente el 19% de la recaudación nacional y el 45% del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, la gestión y reforma de las Leyes Aduaneras que pueden coadyuvar a un mejor posicionamiento del país en temas de competitividad internacional, ha sido poco abordado en la Cámara de Diputados, teniendo como consecuencia que parte del crecimiento económico en México proveniente de comercio exterior, esté detenido.
Durante la década de los ochenta, las relaciones comerciales del país sufrieron cambios estructurales muy importantes. México ingresó al GATT en 1985, conocido actualmente como Organización Mundial del Comercio, y poco después, firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este tipo de políticas, han resultado en éxito. Hoy, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio (acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración; como consecuencia, las exportaciones crecen en promedio 12% cada año, y debido a la proporción que representan de la economía (60% actualmente), se han convertido en un motor fundamental para el crecimiento y el desarrollo industrial, tecnológico y social del país.
Más de 70,000 empresas al interior de México, se encuentran inscritas en el padrón general de importadores y alrededor de 6,700 tienen autorizado un programa de fomento al desarrollo empresarial, de inversión extranjera y de generación de empleo, otorgados por parte de la Secretaría de Economía. Adicionalmente, se participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial de Aduanas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio.
Como resultado de lo anterior, se sostiene que el comercio exterior es una de las piezas fundamentales para nuestro crecimiento. Aunado a ello, el beneficio de los consumidores al tener a su disposición una gran variedad de productos y de marcas a precios menores, resulta en una mayor calidad de vida. Por el lado de las empresas, se fomenta la competitividad, la innovación y la asignación eficiente de los recursos, por la adaptación que exige el hecho de competir en sólo un mercado, el mercado internacional. En tal sentido, es imperativo facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica en las operaciones de comercio exterior, a través de una legislación que mejore el entorno de los negocios en esta materia.
En México, existen 49 aduanas entre marítimas, interiores y fronterizas. En ellas, cada día se realizan alrededor de 18 mil operaciones de comercio exterior, se atiende a más de 33 mil pasajeros que transitan por los aeropuertos y a más de un millón de personas que cruzan las fronteras. La labor realizada en las aduanas, es de suma importancia para el país, pues representan los únicos lugares autorizados para el ingreso y egreso de mercancías, acciones que coadyuvan a preservar la seguridad nacional. Entre sus funciones, destacan las siguientes:
i. Fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que éstas son transportadas.
ii. Recaudar impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio exterior.
iii. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se emitan.
iv. Hacer cumplir las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones, migratorias y fitosanitarias, entre otras.
La aduana mexicana tiene un reto muy importante, encontrar un equilibrio entre la facilitación del comercio exterior y el control de la entrada de las mercancías. Por ello, desde el año 2007 se implementó el Plan de Modernización Aduanera 2007-2012, mismo que consiste principalmente en la incorporación de equipo de última tecnología para llevar a cabo satisfactoriamente sus funciones.
La trascendencia que ha tenido en el país el comercio exterior ha sido tal, que incluso el propio Reglamento Interior de la Servicio de Administración Tributaria, ha sido reformado recientemente para crear una nueva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior.
Con lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia y el impacto que tiene el comercio internacional en el desarrollo del país, se torna necesario exponer qué sucede en la Cámara de Diputados. Los asuntos relativos al despacho aduanero y de comercio exterior son delegados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, misma que representa una de las Comisiones Ordinarias que más iniciativas recibe durante la Legislatura, dada la naturaleza de los temas fiscales y hacendarios, por ejemplo en la pasada Legislatura recibió 699 iniciativas de ley, logrando dictaminar apenas el 9% de las reformas propuestas.
En consecuencia, es por ello que las reformas a la Ley Aduanera, y las demás leyes que tiene una incidencia en el despacho aduanero han quedado relegadas por el gran cúmulo de asuntos que tiene que procesar esa Comisión, a pesar de que es un tema toral para la economía del país.
Durante las pasadas tres Legislaturas, se han presentado diversas reformas a la Ley Aduanera que no han prosperado por la razón antes citada, salvo algunas de impacto menor. A mayor abundamiento, les presento unos datos que describen la cantidad de reformas que no han podido ser atendidas y aprobadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público por no poder hacer un análisis con mayor profundidad y detenimiento respecto a lo que se presenta en el comercio exterior de nuestro país.
Ahora bien, también cabe destacar que en la actualidad, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la propia Secretaría de Economía, de forma discrecional, emiten Reglas de Carácter General con observancia obligatoria. Es claro que dichas Reglas recogen criterios de operación y aplicación de la legislación existente en materia de aduanas y de comercio exterior, siendo que en algunas ocasiones rebasan las disposiciones generales contenidas en la legislación del comercio exterior.
Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Ejecutivo Federal estará facultado para regular la entrada y salida de mercancías de comercio exterior, del territorio nacional, también se considera cierto y necesario que el Poder Legislativo intervenga y conozca sobre la materia, por ello la necesidad de la creación de la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior que se propone.
Propuesta para Crear la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior
En suma, compañeras y compañeros Diputados, el comercio entre los países es fundamental para la prosperidad económica del mundo. El comercio exterior e incluso la visión de las aduanas a nivel mundial ha cambiado en los últimos años para atender dos preocupaciones sustanciales de los países: la seguridad y la facilitación.
Es por ello que resulta fundamental emprender una nueva generación de reformas de comercio exterior para potenciar sus bondades y las ventajas que tiene México, sustentada en una Unidad Legislativa encargada de elaborar, procesar y opinar fundadamente las normas que regulan nuestro comercio exterior, el cual impacta de manera directa e indirecta en otros sectores de la economía, como son por ejemplo el transporte y la industria manufacturera, entre otras.
Por todo lo anterior, se propone crear la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior, como una Comisión encargada de emitir la opinión fundada y motivada para dictaminar las leyes relativas al despacho aduanero y de comercio exterior.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior será la encargada de analizar de manera integral y profunda los ordenamientos legales, normas reglamentarias y administrativas sobre nomenclatura, regulaciones y restricciones no arancelarias, cupos arancelarios, preferencias arancelarias, regímenes aduaneros, infracciones, sanciones, y demás disposiciones aplicables al despacho aduanero y de comercio, para realizar las adecuaciones legislativas que atiendan la armonía normativa, estándares internacionales y que, a su vez, inyecten competitividad a la aduana mexicana.
Tercero. La Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior estará integrada por un Presidente y al menos 2 Secretarios y el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporcionalidad de la composición de la Cámara.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2011.
Diputados: Carlos Alberto García González, Glafiro Salinas Mendiola (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Trinidad Morales Vargas, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79 numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) del año 2006 al 2010, en la zona carbonífera de Coahuila sucedieron diversos accidentes mortales que dieron como resultado 113 fallecidos; 65 en Pasta de Conchos y 67 en los “pocitos”, tajos, minas subterráneas y plantas de beneficio y de transporte de mineral. Otras fuentes hablan de 213 muertos en el mismo periodo.
En el mes de agosto del presente año, la industria minera nuevamente se cubrió de luto al presentarse la dolorosa e indignante muerte de 7 mineros, en una mina de carbón de la compañía el Progreso; días más tarde, otros 6 mineros perdieron la vida en la mina 7 de la empresa Minerales Monclova, SA, (Mimosa), localizada en la comunidad de Barroterán, municipio de Múzquiz, ambos en Coahuila. Dichos accidentes se sumaron a los cientos de fallecidos de los últimos años en las minas del país debido sobre todo a las pésimas condiciones de trabajo, lo que al mismo tiempo, ha acarreado múltiples conflictos laborales.
Es inconcebible que en México, existan únicamente 776 inspectores para 830 mil 705 patrones según datos del IMSS; esto contra la recomendación de la OIT, que recomienda 4 inspectores por cada 100 mil trabajadores como mínimo. Nuestra proporción es de apenas 1.77 por cada 100 mil trabajadores.
Pero no son los únicos conflictos mineros, sólo por enumerar algunos, mencionaremos los ocurridos en: En el ejido La Sierrita en 2008, municipio de Tlahualilo, Durango, propiedad de Excellon de México, SA, de CV, filial de Excellon Resources Incorporate, la mina denominada Virgo, localizada en Las Ánimas; y la mina “Guadiana”, localizada en el sector de Maturana, en estado de Chihuahua, la zona carbonífera de Coahuila, las subsidiarias de Grupo México y las compañías canadienses asentadas en la Reserva Minera Nacional del área de Wirikuta. En cuanto a Grupo México y sus subsidiarias, que controlan gran parte de las concesiones, ninguna autoridad ha actuado conforme a derecho en contra de este grupo.
Si seguimos analizando, encontraremos ambigüedades en la Constitución federal, en leyes reglamentarias y reglamentos, es decir, en este vacío e incoherencia jurídica muchos grupos empresariales, empresas transnacionales, quienes se han beneficiado de la extracción, no promueven cambio alguno en la legislación. Un ejemplo claro, es el Informe Final de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos constituida durante la LXI Legislatura, en referencia concreta a los “pocitos”, se propusieron las siguientes acciones y recomendaciones:
Acciones:
• Incluir a los “pocitos” dentro de los programas de verificación, y crear un programa de apoyo financiero para el desarrollo de medidas de seguridad y fortalecimiento productivo a los mismos. Otorgarles la mención como “empresas sociales”.
Proposiciones:
• Solicitar al IMSS que de manera inmediata se registre al régimen obligatorio a los trabajadores de los “pocitos”, ya que de acuerdo a la minuta de la reunión celebrada en el Museo del Carbón, del 27 de abril de 2004, se reconoce que “muchos no están inscritos en las diferentes instituciones, correspondiendo esto a 1000 trabajadores”. Esta Proposición debió ser presentada y verificada por las Comisiones de Trabajo y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados.
Exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las demás Instituciones de la Administración Pública Federal, a que inmediatamente se proteja con la ley a los “pocitos”, así como, iniciar una extraordinaria verificación sobre la seguridad de estos con la participación de la Secretaría de Economía y del IMSS.
Ninguna de estas medidas se llevó a cabo.
También, durante la LXI Legislatura, se puso de manifestó la preocupación por esta problemática surgida por conflictos mineros en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas; muchos de los cuáles aún continúan, dando lugar, a la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país, misma que se instaló el 23 de febrero de 2010 y tuvo una vigencia hasta el 31 de agosto de 2012.
Por ello, y en vista de la existencia de múltiples conflictos en las minas del país, que no han podido ser resueltos, y en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para Dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País.
Segundo. Para el debido seguimiento de los asuntos en cartera, se deberán entregar los archivos generados durante la LXI Legislatura y anteriores sobre la materia, a fin de atender debidamente la problemática minera y allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La comisión especial, deberá presentar semestralmente, un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o bien ante la Junta de Coordinación Política.
Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy 132 y la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
México, como nación, ha vivido momentos históricos, desde el movimiento de Independencia en 1810, la Revolución Mexicana en 1910 o, la noche de Tlatelolco en 1968, el Jueves de Corpus en 1971 o, lo que vivimos en pleno 2012 con el movimiento #yosoy132.
Movimiento que es conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, ya sea de escuelas públicas o privadas, a los cuales se han sumado amas de casa, obreros, intelectuales, artistas, así como la ciudadanía en general, con el firme propósito de buscar la democratización de los medios de comunicación a fin de que publique la verdad; la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales,(mismo que se realizó con la participación de 3 candidatos a la presidencia) y la razón más importante: el rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto como vencedor de las pasadas elecciones.
Muchos de los que hoy estamos aquí representando a la ciudadanía, muy bien sabemos que durante 6 años se llevó a cabo una campaña televisiva millonaria con recursos públicos, usando programas de gobierno, dando tarjetas de prepago para supermercados; influyendo de esta forma tramposamente en la opinión pública, y así realizar la compra de votos a favor de Peña Nieto.
Sin embargo, como ya lo vimos en días pasados, se le otorgó la constancia de mayoría, pero quiero decirles que México NO GANO, porque cuando se trata de una imposición ni la misma democracia gana, es la razón principal por la cual el movimiento #yosoy132 continua en pie de lucha, y somos nosotros, los diputados de la LXII legislatura, quienes debemos comenzar a dar un nuevo rumbo a las atenciones de la ciudadanía, dar oportunidad de ser escuchados a los jóvenes que se preparan día a día y ponen en la mesa importantes temas.
Es por ello que exhorto al titular de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a crear una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yosoy132, a fin de atender las demandas que como ciudadanos organizados presentan para el beneficio del país.
Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante esta honorable Cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia cree una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yosoy132.
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 10 de septiembre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)