Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3595-IV, martes 4 de septiembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear por la Sagarpa, la SHCP y la SE un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A-H7N3, en beneficio de los productores avícolas afectados, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Cecilia González Gómez, en nombre propio y con el apoyo de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional del estado de Jalisco de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de junio de 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad exótico para México, identificado por pruebas diagnósticas moleculares como tipo A, subtipo H7N3, el cual es trasmisible a las aves a través de contacto directo o indirecto por animales, productos y subproductos derivados de animales expuestos e infectados.
Este fenómeno constituye una verdadera tragedia para la avicultura del país, pues ha venido a afectar a una actividad que hasta entonces se había distinguido por su prosperidad y dinamismo, a diferencia de otras que están relacionadas con el sector agropecuario.
De acuerdo con las autoridades de la Sagarpa, durante los primeros días de la implementación de un dispositivo de emergencia se detectaron 2 millones 518 mil 700 afectadas, de las cuales casi un millón murieron por la enfermedad o fueron sacrificadas. Sin embargo, el problema ha ido agudizándose y el propio presidente de la República reconoció que han perecido hasta 11 millones de aves de postura sobre todo en el estado de Jalisco, donde existían hasta antes de la contingencia 80 millones de estos animales. Tal despoblación ha traído como consecuencia una baja importantísima en la producción de huevo que alcanza hasta un 50 por ciento.
En un país como el nuestro, donde el huevo no sólo constituye una de las principales fuentes de proteína de origen animal para la población, sino que su producción deriva en importantes beneficios para la economía nacional, una situación como la presente, insistimos, es una verdadera tragedia.
Esto se afirma, pues la contingencia sanitaria ha traído consigo un aumento vertiginoso en el precio del huevo a lo largo de las últimas semanas, habiéndose registrado incrementos de hasta un 100 por ciento, lo que no sólo ha repercutido en las expectativas que sobre la inflación se tenían previstas, sino en la economía de millones de mexicanos.
La postura oficial ante este fenómeno ha consistido en achacar el alza a la especulación y el acaparamiento. “Estaremos apoyando, precisamente, el abasto nacional, y haremos todo nuestro esfuerzo para impedir que las familias mexicanas padezcan las consecuencias de acciones especulativas que pongan en riesgo la nutrición de sus hijos. Eso no lo vamos a permitir”, declaró el presidente de la República.
Incluso, Bruno Ferrari, secretario de Economía, advirtió a proveedores, comerciantes y distribuidores que de continuar con la especulación en el precio del huevo, podrían ser acusados de un delito y enviados a la cárcel.
Sin embargo, no debemos olvidar que el precio del producto depende de una cadena de distribución que permite llevarlo a las mesas de los consumidores finales, por lo que si existiera tal fenómeno especulativo, éste no podría ser atribuible a los productores, sino a los intermediarios.
Para explicar más a fondo el alza en el precio del huevo debe establecerse que a pesar de que el virus se encuentra contenido dentro del cerco sanitario, ha comenzado a registrarse un problema de menor oferta de huevo para plato en el mercado, pues por el despoblamiento, la producción se contrajo hasta en la mitad.
Por otra parte, desde hace cinco años los precios internacionales de los granos iniciaron una curva ascendente que no se ha detenido. El precio del kilogramo de maíz para los productores se ubica actualmente en 5.50 pesos; en tanto que el de la pasta de soya en casi 9.60 pesos por kilogramo, lo que representa en promedio 40 por ciento de incremento de julio a la fecha y estos dos insumos representan el 50 por ciento del costo de la producción.
Asimismo, el precio de los insumos básicos que ocupa la industria avícola, como el maíz y la pasta de soya, se ha incrementado por las siguientes razones:
• La volatilidad en el tipo de cambio peso-dólar.
• La sequía que ha afectado a gran parte del planeta, pero principalmente a Estados Unidos, que ha vivido la peor de los últimos 60 años: el 63 por ciento de sus tierras cultivables se ha visto asolado por esa sequía.
• Datos recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indican que la cosecha de soya en ese país se redujo de 87 a 79 millones de toneladas.
• En 2011, el 40 por ciento de las reservas de maíz de Estados Unidos se destinaron para la producción de agrocombustibles, como el etanol. Se espera que en 2012 ese porcentaje se incremente. Por consecuencia, hay una menor oferta de maíz proveniente de ese país.
• Se ha registrado una mayor demanda de granos de países y economías emergentes como la de China, que consumen más proteína animal y, por consecuencia, mayor utilización de granos para la alimentación de animales.
• Las reservas internacionales de cereales para uso animal han disminuido en los últimos años.
• De acuerdo con datos del Banco Mundial, los precios de futuros del maíz se han incrementado desde junio en un 45 por ciento y el de la soya en un 30 por ciento.
• México no es autosuficiente en su consumo de granos por lo que es necesario importarlos y 88 por ciento de esas importaciones provienen de Estados Unidos.
• Dentro del costo total de producción de huevo, el costo del alimento de las aves representa el 68 por ciento por lo que la industria avícola se ha visto afectada en sus gastos operativos.
Como respuesta a la contingencia planteada por la influenza, la actual administración determinó abrir los cupos de importación libre de arancel a 211 mil toneladas de huevo fresco para consumo humano, y 24 mil 400 toneladas de huevo para uso industrial. Hasta el 26 de agosto habían ingresado, procedentes de Estados Unidos, casi 1,650 toneladas de huevo.
Con relación a esto debe señalarse que la importación no va a solucionar por sí misma la tragedia generada por la influenza en el sector avícola, pues por principio de cuentas, el intercambio internacional de huevo de gallina a nivel mundial es muy escaso y representa menos del 1 por ciento de la producción mundial.
Aunado a lo anterior, no existe en el mundo la capacidad para satisfacer la creciente demanda del mercado mexicano, ya que nuestra producción es comparable a la de los países desarrollados, pues participamos con casi el 4 por ciento de la producción mundial, después de China (37.4 por ciento), Estados Unidos (8.5 por ciento), India (5.3 por ciento) y Japón (3.9 por ciento), países que destinan la mayor parte de su producción a satisfacer su demanda interna.
De persistir la administración actual en su pretensión de salir delante de esta tragedia a través de la importación de huevo, lo que va a provocar sin duda es revertir la autosuficiencia que hasta ahora habíamos logrado en este alimento, provocando con ello el cierre de empresas, el desempleo y una disminución sensible en el bienestar de las regiones dedicadas a la actividad avícola, tal y como ya ha ocurrido con otras actividades agropecuarias.
Resulta menester proteger la producción de huevo, toda vez que la popularidad de este alimento ha traído consigo la pujanza de la industria avícola nacional, lo que ha derivado en importantes aportaciones de este sector a la economía nacional y regional.
De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, durante el año 2009 la producción avícola generó 1 millón 142 mil empleos, de los cuales 190 mil fueron directos y 952 mil indirectos. Dicha producción representó casi el 20 por ciento del producto interno bruto agrícola y 0.8 por ciento del producto interno bruto nacional.
En 2009, el sector avícola representó 63.3 por ciento (pollos, 34 por ciento; pavo, 0.2 por ciento, y huevo, 29.1 por ciento) de toda la producción pecuaria de México. Del total de esta producción, la carne de pollo de engorda representó el 92 por ciento, mientras que tres cuartas partes de la producción de huevo se concentró en tres estados: Jalisco (55 por ciento), Puebla (22 por ciento) y Sonora (7 por ciento).
La importación de huevo para plato entre 2000 y 2009 fue poco significativa, por lo cual su proporción respecto al consumo nacional aparente fue muy bajo, lo que implica que el abasto nacional se satisfizo durante ese periodo gracias a la producción interna.
El consumo per cápita del huevo en México ha venido creciendo durante los últimos años hasta ubicarse en los 22 kilos por habitante, cifra que ubica a nuestro país como el líder en cuanto al consumo per cápita, seguido por Japón, Taiwán, China y Francia.
De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, durante el año pasado se alcanzó una producción de casi 2.5 millones de toneladas de huevo para plato, cuyo precio por kilogramo alcanzó en promedio los 13.22 pesos, mientras que el valor de la producción rondó los 33 mil millones de pesos.
Para ilustrar la importancia del huevo en la dieta de los mexicanos, baste decir que dos piezas de tamaño mediano satisfacen el 25 por ciento de las necesidades proteínicas diarias de una persona adulta de 65 kilogramos de peso; 50 por ciento de la lisina que requiere; 40 por ciento de triptófano, fósforo y vitamina A.
El precio del huevo es comparativamente más barato que el de la carne o del pescado, sin contar con que su adquisición es mucho más rápida y sencilla, lo que, aunado a su versatilidad en la cocina ha contribuido a su integración en la dieta de grandes sectores de la población.
En el caso concreto del estado de Jalisco, hasta mediados del presente año se tenía pensado que las exportaciones de huevo procesado provenientes de ese estado aumentarían alrededor de 30 por ciento en comparación con el 2011, con lo cual la entidad podría confirmar su liderazgo nacional como el principal productor y exportador del país, esto en virtud de que en México se producen anualmente 140 millones de cajas de blanquillo, de los cuales Jalisco aporta 59.4 millones, es decir, 55 por ciento del total.
La actividad es tan febril en este rubro, que si Jalisco fuera país, sería el sexto productor de huevo en el mundo, tan sólo detrás de China, los Estados Unidos, Rusia, Japón e India.
Asimismo, se esperaba que al cierre del año, las empresas jaliscienses del sector venderían en los mercados internacionales 2.5 millones de cajas de huevo procesado, las cuales se transportan actualmente a 25 países de Europa, además de Rusia y Japón en presentaciones líquida, congelada y en polvo.
Con 80 millones de aves de postura hasta antes de la contingencia, esta actividad representa para la entidad una derrama económica de aproximadamente 2 mil millones de dólares al año y genera 250 mil empleos. Prueba del vigor y dinamismo de esa actividad es el crecimiento de plantas industrializadoras de huevo que se han instalado en la región de Los Altos, principalmente en los municipios de Tepatitlán y San Juan de los Lagos.
Como consecuencia de lo anterior, lo que se requiere es una política de corto, mediano y largo alcance que permita estabilizar los precios de manera definitiva, superar la emergencia planteada por la influenza y reactivar esta actividad a la mayor brevedad posible.
Si bien es cierto la liberación de aranceles va a permitir una baja en los precios, debemos insistir en que la gripe sólo fue uno de varios factores que influyeron en el incremento del precio de este producto, por lo que se hace indispensable recuperar la producción de insumos tales como el maíz, la soya y el sorgo, respecto de los cuales padecemos una terrible dependencia hacia el exterior, fenómeno que se ha agravado por la sequía persistente que afecta a nuestro principal proveedor, es decir, los Estados Unidos.
Reconocemos y apreciamos las acciones anunciadas el 24 de agosto por el presidente de la República, a fin de proteger la economía familiar, entre las que se cuentan algunas destinadas a fortalecer las capacidades productivas de los avicultores del país, tales como el apoyo a los productores para que recuperen en los próximos tres meses la parvada que tenían antes del brote de influenza aviar y la integración de apoyos financieros a favor de los productores afectados por la contingencia.
En este sentido, nos parece valioso el anuncio presidencial en el sentido de que se han movilizado alrededor de tres millones de aves hacia las granjas que han quedado libres del virus, a fin de que la repoblación alcance un ritmo mensual superior a los 4.5 millones de aves, mensualmente, a partir del mes de septiembre, con lo que se espera recuperar la capacidad productiva totalmente en el mes de noviembre.
Dicho anuncio debe resaltarse, toda vez que si tomamos en cuenta los tiempos marcados por el titular del Ejecutivo federal, tenemos entonces que la resolución del problema del despoblamiento de aves quedará resuelto antes de que concluya la presente administración, lo cual constituye un gesto de responsabilidad presidencial.
De igual forma, apreciamos en lo que vale la disposición del presidente para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Banca de Desarrollo, integre un paquete de apoyos financieros por 3 mil millones para los productores afectados con los siguientes componentes:
• Facilidades de pago para que quienes tienen un crédito contratado con la Banca de Desarrollo y han resultado afectados, lo puedan reestructurar;
• Respaldo financiero a tasas de crédito preferenciales para la compra de gallinas ponedoras y reposición de la parvada;
• Apoyo crediticio para incremento de las capacidades de compra de alimentos para uso avícola;
• Respaldo financiero para ampliar y mejorar el equipamiento de granjas y para instalar otras nuevas; y
• Apoyo crediticio para integrar esquemas de bioseguridad que blinden a las granjas frente a cualquier riesgo sanitario.
Sin embargo, y aun cuando apreciamos lo hecho por el gobierno federal a fin de apoyar a los productores avícolas afectados, no podemos dejar de señalar que tales acciones deben ser complementadas con otras adicionales que contribuyan a la solución del problema en forma integral.
Afirmamos lo anterior, toda vez que las acciones en comento se encuentran demasiado focalizadas en lo referente al otorgamiento o restructuración de créditos por parte de la banca de desarrollo, siendo el caso que buena parte de los adeudos de los productores son una consecuencia de créditos concedidos por instituciones crediticias privadas, respecto de los cuales no existe una política oficial que busque la restructuración de los empréstitos contratados. No desconocemos que el otorgamiento de créditos por parte de los bancos hacia los productores constituye, en esencia, un asunto entre particulares, pero tampoco podemos dejar de lado que la quiebra de las granjas avícolas del país podría convertirse en un problema de graves consecuencias sociales para diversas regiones del país, por lo que se vuelve necesario el apoyo del gobierno para ayudar al sector avícola a enfrentar esta contingencia.
Asimismo, consideramos que los apoyos no deben centralizarse en el otorgamiento de créditos bancarios, pues buena parte de los productores afectados de Jalisco quedaron descapitalizados y al haber perdido todos sus recursos, dejaron de ser sujetos de préstamo, esto aunado al hecho de que, como mencionamos con anterioridad, varios de ellos ya tenían contratados créditos bancarios y éstos corren el riesgo de ser pagados en los plazos que al efecto fueron establecidos.
De igual forma, tampoco debemos olvidar que gestionar un crédito puede llevarles varios meses a los productores afectados, mientras que la repoblación de aves es una prioridad urgente para recuperar la capacidad productiva, la cual no puede esperar los tiempos de los bancos.
Derivado de lo anterior, proponemos como una medida adicional a la anunciada por el presidente Calderón el diseño de un programa por 1,500 millones de pesos que tenga como fin el otorgamiento de créditos a fondo perdido que lleguen de manera directa a los productores afectados bajo un programa específico, desarrollado de manera conjunta entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y la Sagarpa, junto con la Unión Nacional de Avicultores y las asociaciones de avicultores locales, previa comprobación de la situación de los beneficiarios con anterioridad a la presentación de la contingencia, a través de la presentación de guías sanitarias de traslado o facturas que acrediten la compra de gallinas ponedoras procedentes de incubadoras, la compra de forraje, vacunas y/o vitaminas para las aves.
Con relación a lo anterior, consideramos que existen recursos suficientes para aplicarse de la manera en que lo proponemos, pues de conformidad con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 2012, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos presupuestarios fueron mayores en 96 mil 25 millones de pesos (5.9 por ciento), respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2011, situación que se debe a que algunos ingresos no recurrentes que ya estaban previstos para el año en su conjunto se materializaron antes de lo programado.
Tales excedentes, aun cuando deben aplicarse conforme a las disposiciones vigentes en el Presupuesto de Egresos del año fiscal en curso y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tampoco debemos de obviar que pueden ser necesarios para paliar lo que es un auténtica tragedia para el agro mexicano, misma que, de no resolverse adecuadamente, puede llegar a ocasionar el quebranto de diversas regiones que hasta ahora se habían distinguido por su dinamismo y competitividad, sobre todo en el estado de Jalisco.
No esperemos a que la miseria se apodere del campo. Si actuamos de manera atinada para resolver la crisis generada por la influenza aviar, habremos dado un paso significativo en la preservación de nuestra seguridad alimentaria y la prosperidad de vasta regiones del país.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, se proceda a la creación de un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A H7N3, a través del cual se apoye a los productores avícolas afectados en la compra de insumos, la repoblación de aves, el restablecimiento de la producción a los niveles que había hasta antes de la contingencia y el reforzamiento de medidas de higiene en las granjas.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 4 de septiembre de 2012.
Diputada Cecilia González Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de acceso digital y tecnologías de la información, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN
Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información.
Consideraciones
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala que durante el siglo XXI ninguna de las variables que influyen en el crecimiento de sus países miembros podrá considerarse como determinante por sí sola, pues las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ya son un factor determinante que complementa al desarrollo económico e influyen en el avance de los países hacia una sociedad de la información y el conocimiento (SIC).
La sociedad de la información y el conocimiento (SIC), como quedó definida en la declaración de principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en 2003 en Ginebra, es un modelo de desarrollo centrado en la capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier información, transmitida vía telecomunicaciones e informática, a la que todos pueden acceder para utilizarla, compartirla, modificarla y actualizarla, y orientarla para generar conocimiento. Su objetivo es promover el desarrollo de las personas y las comunidades para que puedan emplear ese conocimiento nuevo en la promoción de un desarrollo sustentable y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El impacto de estas sociedades de la información y el conocimiento (SIC) incide directamente, entre otras cosas, en el crecimiento de un país, la calidad de su fuerza laboral, los niveles educativos de su población y la competitividad de la industria en los mercados interno y externo.
Para poder acceder al modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y conocimiento (SIC), es indispensable contar con instrumentos suficientes y un plan integral –como lo sería una agenda digital nacional– que sea eje rector de la política pública y de las reformas legales que empujen la innovación y la competencia, y así potencializar la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones, principalmente la banda ancha y el Internet.
Ejemplo de ello fue la apuesta que hicieron décadas atrás algunos países del sureste asiático para dejar el subdesarrollo e ingresar al grupo de naciones desarrolladas, lo cual fue en gran medida con base en la inversión tecnológica y la importancia que le dieron a la innovación en el desarrollo de conocimiento. Hoy, esas naciones, así como el resto de países desarrollados en el mundo, cuentan con agendas especializadas en la materia que señalan el camino en el mediano y largo plazos para continuar su desarrollo de manera sostenida.
Por esa razón México debe apostar, en el mismo sentido en que otros países lo han hecho de manera satisfactoria, a desarrollar instrumentos que faciliten el desarrollo de una sociedad de la información y el conocimiento en beneficio de sus habitantes, como lo sería la instrumentación de una agenda digital. En este sentido, es prudente señalar que de todos los países que integran la OCDE, México es el único que no cuenta con este valioso documento entre sus programas de desarrollo.
Es importante identificar que nuestro país enfrenta retos serios para alcanzar el modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y el conocimiento (SIC), y a los cuales el estado mexicano debe hacer frente como prioridad. Uno de ellos, y tal vez el principal, es la limitante de nuestra población para acceder a Internet, derivado de la concentración del mercado de las telecomunicaciones y la falta de competencia en el sector, que sólo contribuye a acrecentar la brecha digital entre los mexicanos y a cerrar oportunidades de desarrollo a los sectores más vulnerables de la población.
Para ello, es necesario que desde el Poder Legislativo se promuevan las reformas que adecuen a la realidad tecnológica nuestra legislación en la materia, así como desarrollar instrumentos regulatorios más eficientes que coadyuven a potencializar este sector. Lo anterior, siempre sumando esfuerzos con los ciudadanos, el sector académico especialista, la industria, y el sector gubernamental.
Para identificar de qué magnitud es el problema de la falta de penetración de tecnologías de la información y comunicaciones, es necesario revisar el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México de 2012, y las cifras de la última Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del Instituto Nacional de Información (Inegi), la cual señala que en México hay 42.4 millones de usuarios de computadoras y solamente 37.6 millones de Internet.
El propio Inegi señala que al finalizar 2011, la banda ancha fija alcanzó 13.5 millones de conexiones que, si bien representan un crecimiento de 14.7 por ciento respecto al año anterior, en un análisis global los niveles de penetración del servicio apenas se ubica en 12 conexiones por cada 100 habitantes, cifra muy distante de lo necesario para detonar el desarrollo de una sociedad de la información y conocimiento, y lejana de las que registran otros países miembros de la OCDE. De igual manera, la banda ancha móvil presenta niveles de penetración muy bajos con respecto a la población total, pues solamente 7.2 millones de usuarios móviles cuentan con un plan de datos que les ofrece la posibilidad de acceder a Internet desde su dispositivo móvil.
Al mismo tiempo, es para destacar que estas cifras, reflejo de la lenta evolución de la banda ancha y su escaza penetración entre la sociedad, no sólo rezagan tecnológicamente al país, sino además limitan la posibilidad de potencializar el talento del sector que está llamado a ser el principal capital para el desarrollo de México: los jóvenes de esta generación. De acuerdo con el Inegi, del total de usuarios de Internet 64.5 por ciento pertenece al grupo poblacional entre los 12 y 34 años. Esto acentúa que es un tema y responsabilidad de esta generación abrir las puertas de México a la sociedad de la información y comunicación (SIC).
Hoy la información y el conocimiento tienen un lugar privilegiado en la sociedad; la innovación, creación, distribución y manipulación de la información forman parte estructural de las actividades culturales y económicas. Por ello, desde su ámbito de atribuciones y muy responsablemente, el Poder Legislativo ha venido contribuyendo desde la LX y LXI legislaturas con el objetivo de impulsar las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y cerrar la brecha digital en México, creando las Comisiones Especiales para la promoción del acceso digital a los mexicanos, y de acceso digital, respectivamente.
Los resultados de dichas comisiones fueron por demás destacados. En el caso de la LX Legislatura resalta la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información; y en la LXI Legislatura destaca el trabajo legislativo que sanciona los ciberdelitos , lo referente a la firma electrónica, la identificación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los programas relativos al impulso de proyectos vinculados a tecnologías de la información, los esfuerzos por vincular este tema con la educación, así como su vínculo estrecho y trabajo con la comunidad académica, la industria del sector y el gobierno.
Sin embargo, no obstante los avances alcanzados en esta materia por parte de las dos legislaturas anteriores y de la administración pública federal, la brecha digital persiste como uno de los principales obstáculos al modelo de desarrollo de la sociedad de la información y comunicación. En tal virtud, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, debe asumir la responsabilidad de continuar con lo ya construido y, a través de una Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información que se propone crear en esta proposición con punto de acuerdo, avanzar en los acuerdos que permitan la creación de una agenda digital nacional y contribuya con alternativas de desarrollo económico mediante la innovación e impulso de las tecnologías de la información, y su vinculación de manera transversal con otras áreas como la salud, la educación, la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas, el desarrollo social y el vinculo entre entidades públicas con los ciudadanos.
Por ello, desde esa perspectiva transversal mencionada, esta comisión coadyuvará con su opinión, y dentro de sus atribuciones, con las comisiones ordinarias que dictaminen temas por los cuales atraviese algo relacionado con el acceso digital, como ha sido característico en los últimos seis años en la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información también buscará, con el consenso de sus integrantes, diseñar y proponer iniciativas de ley que permitan a la población, mediante el uso de las tecnologías de la información, tener más instrumentos para exigir la rendición de cuentas y transparencia gubernamentales, el acceso a servicios de salud, el acondicionamiento de las escuelas con equipos tecnológicos de calidad, entre otras.
De igual manera, esta comisión especial de la LXII Legislatura deberá seguir trabajando para fomentar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en torno al tema, para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contemple de manera amplia la estrategia de política pública, también con visión transversal, que reduzca la brecha digital entre los mexicanos y les permita acceder plenamente a los beneficios que brinda el desarrollo tecnológico con el bienestar como objetivo.
Finalmente, la Comisión Especial de Acceso Digital y Tecnologías de la Información de la LXII Legislatura deberá continuar siendo, en el marco de la pluralidad, el puente para que todas las voces involucradas en este importante tema para el desarrollo del país, tengan la oportunidad de exponer sus propuestas para concretar lo ya avanzado en la construcción de una agenda digital nacional para México.
La Cámara de Diputados debe contar una vez más con un lugar especial destinado al debate y a la generación de propuestas concretas sobre el acceso digital y la reducción de la brecha digital. Así ha sido impulsado y demandado desde la LX legislatura no sólo por diputados, sino principalmente por ciudadanos, estudiantes, comunidades de redes sociales especializadas en el tema; pasando por toda la comunidad académica y universitaria del país e instituciones que enfocan sus esfuerzos en este tema y han venido acompañado la tarea legislativa, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), The Competiive Intelligence Unit y Observatel, por mencionar sólo algunas; la voz del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones); así como la industria representada en la Asociación Mexicana del Internet (AMIPCI), de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones AC (ANADIC), Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, AC (Aniei), Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC (CUDI), y de la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación, entre muchos otros.
Esta nueva legislatura de la Cámara de Diputados debe propiciar el ejercicio de los derechos humanos sobre acceso a la información y al conocimiento, de lo contrario agravaría el problema de la brecha digital, y afectaría el interés general y las metas de política pública abanderadas históricamente por nuestro país y protegidas en nuestra legislación. El reto es incluir a todos aquellos sectores que permanecen al margen de los beneficios y ventajas asociados a las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Por lo anteriormente señalado, solicito a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de esta Cámara, se considere el presente punto de acuerdo para darle continuidad al trabajo y resultados de la Comisión Especial de acceso digital que se ha venido desempeñando en las últimas dos legislaturas.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información será analizar el marco legal y normativo relativo al acceso digital y proponer, en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan adaptar la legislación vigente a la realidad tecnológica, económica y social, para cerrar la brecha digital y facilitar el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información y su ingreso a una sociedad de la información y el conocimiento.
Tercero. La Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial de acceso digital y tecnologías de la información tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2012.
Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Michoacán a restablecer el estado de derecho en la comunidad Nueva Jerusalén, y a crear una comisión especial sobre el conflicto de ésta, a cargo del diputado Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Antonio García Conejo, diputado federal por el estado de Michoacán e integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Michoacán y a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal a restablecer el estado de derecho en la comunidad Nueva Jerusalén, Michoacán, al tiempo que se solicita la conformación de una comisión especial de la Cámara de Diputados.
Consideraciones
Primera. En la comunidad de Nueva Jerusalén, del municipio de Turicato, Michoacán, se han presentado hechos caracterizados por la intolerancia, la imposición del pensamiento único, la discriminación, la violación a los derechos humanos y las garantías constitucionales, todo ello en nombre de la fe religiosa.
En los años recientes se han incrementado las denuncias de los pobladores del municipio en contra de los líderes religiosos de la Nueva Jerusalén, que mantienen a la comunidad en una situación permanente de abusos e incluso delitos.
En julio pasado, diversos pobladores de la Nueva Jerusalén derrumbaron la escuela Vicente Guerrero, de forma que los niños de la comunidad se han convertido en rehenes del odio religioso y se encuentran imposibilitados para recibir la educación laica a que constitucionalmente tienen derecho.
Segunda. Existe una distancia enorme entre nuestro marco constitucional y lo que ocurre en Nueva Jerusalen.
Mientras que la Constitución Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el articulo 1o. la prohibición de disciminaciones por motivos religiosos, en la Nueva Jerusalen es práctica cotidiana, que sufren las familias que no aceptan a ciegas los mandatos de las personas que se han eregido en autoridad de facto.
Mientras que el artículo 3o. de la Constitución señala el principio de laicidad en la educación que imparta el Estado, siendo específico en que el criterio que orientará la educación se basará en el progreso, luchará contra los fanatismos y evitando privilegios de carácter religioso, en Nueva Jerusalén se impide la educación, destruyéndose las escuelas públicas precisamente por instrucciones religiosas.
Aun cuando el artículo 11 establece la grantía de libre tránsito, en Nueva Jerusalen se impide de forma evidente con muros y guardias armados.
Mientras que el articulo 24 constitucional garantiza la libertad religiosa, en Nueva Jerusalén se impone un pensamiento único y solamente se permite profesar un credo.
Mientras que el artículo 128 constitucional establece que los funcionarios públicos deben protestar que harán guardar la la Contitución y las leyes que de ella emanen, la verdad es que las autoridades estatales y las federales han sido tolerantes con las violaciones a las libertades y los derechos de las personas.
La realidad es que el gobierno del estado de Michoacán y la Secretaría de Gobernación han minimizado la violación evidente de estos principios constitucionales y no han respondido a los reiterados llamados que han hecho las autoridades del municipio legalmente constituido, argumentado que el conflicto obedece estrictamente a una problemática entre particulares, como si el no cumplimiento de la Constitución en principios fundamentales no estuviera afectando los derechos de las familias y los niños, o como si el respeto a la Constitución no fuera un asunto de interés público de primera importancia y, además, una obligación de la autoridad.
Es inadmisible que el Estado renuncie a sus responsabilidad de hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional y permita zonas gobernadas por una teocracia de facto que impone la intolerancia religiosa, proscribe la laicidad y persigue a los que discrepan en perjuicio de los derechos que está obligado a garantizar para todos los mexicanos.
Tercera. El ayuntamiento de Turicato, Michoacán espera que el estado de Michoacán y la Federación intervengan. omo representante popular de ese distrito hago un llmado a esta Soberanía para actue y mande un mensaje claro de respaldo al municipio y en defensa de los derechos constitucionales.
Las soluciones que se han presentado hasta el momento son insuficientes. Por ejemplo, construir una escuela pública a distancia de la comunidad y trasladar allí a los niños equivale, simplemente, a tener exiliada la educación pública.
No es aceptable que los delitos denunciados en los que se involucran los líderes de la comunidad religiosa sean vistos con indolencia y que la justicia no llegue con facilidad a las mujeres víctimas de violaciones, a las personas que son obligadas a trabajos forzados, o a quienes sufren el acoso por mandato de “videntes”, ni que se permita la actuación de las autodenominadas “Guardias de de Jesús y María”.
Cuarta. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General, el pleno de la honorable Cámara de Diputados podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, mediante un acuerdo en el que se señalen las especificidades correspondientes.
Por la relevancia que tiene el caso de los hechos que han ocurrido en Nueva Jerusalén y por encontrarse en abierta contradicción con los principios y garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito considerar pertinente la creación de dicha Comisión Especial y por tanto, con todo respeto solicito que sea la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien analice dicha solicitud y acuerde lo correspondiente para dicha creación.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con la fundamentaciòn antes señalada, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo del estado de Michoacán y a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal a restablecer el estado de derecho en la comunidad Nueva Jerusalén, del Estado de Michoacán.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que prepare y someta a consideración del pleno, el acuerdo correspondiente para la creación de una comisión especial para el conflicto de la Nueva Jerusalén y dar seguimiento a las actuaciones de las autoridades competentes.
Recinto legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2012.
Diputado Antonio García Conejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentamos este escrito en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de someter a consideración de esta honorable asamblea la actual proposición con un punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los perímetros gubernamentales y civiles tienen la necesidad de llegar a sus objetivos. En este sentido el ámbito del gobierno por regla general velará por el orden público y el interés general aun cuando ello no implique eficiencia en los recursos, es decir, aún cuando deba de laborar con los llamados números rojos; por su parte, para la iniciativa privada su razón primordial es la generación de mayores recursos con el mínimo de inversión, en otras palabras su finalidad es producir y ganar.
Y es precisamente esta dicotomía la creadora de los múltiples enfoques interdisciplinarios conocidos como los públicos y los privados, y en todos estos ámbitos siempre existe una administración, la cual es quien ordena los procesos de industria o gobierno, pondera los conflictos existentes y emite las decisiones con la finalidad de allegarse a resultados óptimos.
Las administraciones públicas y privadas han demostrado, a lo largo del tiempo, en todas las naciones, que pueden colaborar mutuamente para proyectar desarrollo satisfaciendo necesidades y es en este marco a través del cual pretendemos encender la mecha detonadora en la actual administración legislativa, para la concreción de una colaboración estrecha entre todos los diputados para que a través de comisiones especiales podamos estudiar la economía nacional e impulsar con normas generales áreas de desarrollo nacional, las cuales beneficien a toda la sociedad con la generación de riqueza en todas los ámbitos de la producción, trabajo bien remunerado para los técnicos y los profesionistas involucrados en esos ámbitos sabiendo que esto último siempre se refleja en el llamado círculo económico, generando con ello una circulación de flujos monetarios para varios niveles de la sociedad.
En este tenor apreciamos cómo apoyándose con estudio, producción y leyes, las partes correspondientes, la gubernamental por un lado y las específicas industrias por el otro, pueden beneficiarse significativamente procurando no solo lo económico sino también áreas como el auto consumo generando así una baja directa en las exportaciones, logrando consumo de productos de primera calidad, bajo precio y generando ahorro en las personas, generando fuentes de empleo. Lo anterior sin duda es un círculo virtuoso de la producción económica.
México, como lo expusimos todas las fuerzas políticas durante el posicionamiento propio del pasado primero de septiembre, no puede esperar, necesitamos laborar con ahínco y sin descanso para alcanzar el desarrollo que nos permita tener un mejor futuro.
En este entendido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desea echar manos a la obra y proponerle al atinado criterio de todos los legisladores y a la eficacia de la administración legislativa, la creación de la Comisión Especial de la Industria del Café, la cual deberá proyectarse en tareas como su estudio, investigación, cultivo, extracción, producción, distribución del producto y desde luego su comercialización, todo lo anterior previendo siempre el cuidado del entorno ambiental de los cultivos y su sustentabilidad.
Creemos que una Comisión Especial del Café es valiosa, entre otras razones porque son doce las entidades federativas cafetaleras de nuestro país, entre éstas Chiapas y Veracruz se distinguen por ser las más activas, en la actualidad México a nivel global es el séptimo productor de este grano en el mundo y durante las últimas 10 anualidades, se extrajeron por año 4.3 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que da un total de 241 millones ochenta mil kilos del aromático café, más de 486 mil productores se dedican a esta actividad en 683 mil hectáreas, localizadas en 391 municipios.
Además, en la cadena productiva del café participan 3 millones de mexicanos directa e indirectamente, y su exportación derrama un ingreso para el país de 400 millones de dólares anuales.
También alimentariamente el café proporciona a las personas que beben una taza de café al día el 9% de las kilocalorías recomendadas.
Creemos que si se trabaja adecuadamente, los legisladores podríamos beneficiar a miles de personas que se desenvuelven en esta industria, favoreceríamos su régimen laboral, propondríamos apoyo a los empresarios que contraten a más empleados, entre otras muchas más cosas que sin duda deben mejorar el bienestar de esta área y de igual modo a miles de mexicanos.
Por todo lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, respetuosamente plantea la siguiente proposición a la Junta de Coordinación Política de esta asamblea:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se discuta y en su caso se redacte y apruebe el acuerdo de creación de la comisión especial de la industria del café para la presente legislatura.
Recinto San Lázaro, Palacio Legislativo. Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2012.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión investigadora que colabore en las indagaciones que se realizan sobre supuestos actos de corrupción por jueces federales o el posible abuso de autoridad del Ministerio Público Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La organización política de los Estados Unidos Mexicanos y el ejercicio del poder público está dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial en donde cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa.
El Poder Ejecutivo tiene como principal función, ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales, además de tener a su cargo a la Procuraduría General de la República, quien tiene como misión:
“Contribuir a garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficientemente, a pegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.”
El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces.
La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público; entre el poder público y los particulares o entre los particulares.
En el Poder Legislativo su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a través del voto directo y secreto.
Con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República en 2006, se desata en todo el país una guerra contra el narcotráfico, que dejó como consecuencia a más de 70 mil muertos y a más de 5000 desaparecidos.
El 26 de mayo de 2009, luego de una larga investigación, por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en un operativo se aprendió a una treintena de funcionarios y ex funcionarios michoacanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, a consecuencia de los diversos actos judiciales que se han presentado durante la investigación, el Ministerio Público, órgano dependiente al Poder Ejecutivo, y la Suprema Corte de Justicia, perteneciente al Poder Judicial han tenido serios conflictos.
Estos conflictos derivan del caso “michoacanazo”, pues la PGR al continuar con la investigación, solicitó en varias ocasiones el apoyo de Martín Adolfo Santos Pérez y Osvaldo López García, jueces especializados en medidas cautelares, quienes se negaron a librar órdenes de cateo en domicilios de Efraín Cázares López juez federal que liberó y otorgó amparos para la pronta liberación de los funcionarios detenidos en Michoacán.
Y que de acuerdo con información en la Procuraduría General de la República (PGR), el entonces procurador general, Arturo Chávez, aseguró que al menos en 32 casos que se investigaban, había “suficiente evidencia” para procesarlos, pero el juez desestimó las pruebas, que incluían grabaciones telefónicas y otros elementos.
Derivado de la negación por parte de los jueces a dotar de dichas órdenes, la PGR solicitó al Poder Judicial girar órdenes de aprensión en contra de los dos jueces antes mencionados, por posibles irregularidades, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una postura de defensa y protección de sus jueces, en contra de lo que el propio Ministro Presidente calificó de persecución.
Derivado de lo anterior me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, el presente
Punto de acuerdo
Único. La creación de una comisión investigadora, que coadyuve en las indagaciones que se realizan sobre supuestos actos de corrupción por parte jueces federales, o el posible abuso de autoridad por parte del Ministerio Público Federal.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de septiembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la formación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a los acontecimientos suscitados en el paraje Tres Marías el pasado 24 de agosto, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentan este escrito en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de someter a consideración de esta honorable asamblea la actual proposición con un punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado viernes 24 de agosto, los medios de comunicación informaron a la ciudadanía de un suceso acontecido en el paraje de Tres Marías de la carretera federal México-Cuernavaca, el tratamiento recibido es tan extraño que es imposible aún calificarlo como simple agresión o como una emboscada.
Los acontecimientos se llevaron del siguiente modo, una camioneta negra y blindada, con placas diplomáticas, en plena circulación fue objeto de ráfagas de fuego por parte de policías federales.
El evento descrito por sí mismo es lamentable y es atentatorio contra la seguridad y paz públicas; en términos objetivos es lamentable porque éste es el ejemplo de agresión común que acontecen diariamente en sinnúmeros de sitios en el país; sin embargo, el grave tema trasciende todavía más al descubrir en días recientes el entorno en el cual se enmarcó el hecho.
Resultó que la camioneta agredida era un vehículo adscrito a la embajada de nuestro vecino del norte, Estados Unidos de América, en ella viajaban miembros de la Agencia Central de Inteligencia de aquél país (conocida internacionalmente como CIA), los sujetos habían ingresado al país con pasaportes cuyos nombres de registros eran falsos; además, eran personas provenientes de Afganistán,1 lugar donde desde hace algunos años se ha estado gestando un conflicto bélico.
Ante esto, surgen varias interrogantes las cuales consideramos debemos hacérnoslas todos los legisladores en este recinto con la finalidad de procurar la atención de los cuerpos de seguridad del país para evitar entre otras cuestiones, infiltraciones de gobiernos extranjeros en nuestro Estado, y no permitir de forma llana el ingreso de cuerpos de seguridad de otras soberanías y tal vez lo más relevante, prevenir y asegurar la paz y tranquilidad pública a todos los habitantes de nuestro país.
Por el lado de quienes sufrieron la agresión los cuestionamientos que debemos plantearnos son: ¿quiénes en realidad eran las personas embarcadas en la camioneta?, ¿qué estaban haciendo en territorio nacional?, ¿adónde se dirigían?, entre otras muchas consideraciones.
Asimismo, consideramos de suma trascendencia conformar un grupo de trabajo para dilucidar varias interrogantes que la sociedad reclama clarificar como son: ¿por qué los elementos policiacos iniciaron la agresión en contra de este vehículo oficial?, pues la expresada recientemente por Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, respecto a que los policías federales estaban investigando un secuestro no justifica de ningún modo el ataque. Y de igual manera causa consternación la vulneración de las reglas especiales para la práctica de diligencias indicadas en el Código Federal de Procedimientos Penales, pues los agredidos debieron someterse a las declaraciones que en este tipo de hechos se debe de hacer e incluso no debieron partir de territorio mexicano como en la actualidad se presume según diversos medios.
El tema de la inseguridad sigue siendo un creciente problema que aqueja a nuestra nación, todos los días recibimos noticias de asesinatos, atentados y violencia, no podemos seguir permitiendo que la sociedad viva atemorizada.
Por último, de acuerdo con algunos medios de información, se dice que debe descartarse la opinión de la emboscada, como se mencionó en algún instante, toda vez que curiosamente la camioneta baleada recibió auxilio por otra patrulla de la Policía Federal.
Como se aprecia, el tema no es algo sencillo, por el contrario es bastante delicado y confuso, precisamente por todo lo anterior solicitamos se apruebe el presente punto de acuerdo instruyendo la conformación de un grupo de trabajo para dilucidar cómo acontecieron los hechos y por qué las autoridades involucradas actuaron como lo hicieron y lo siguen haciendo, tal como aconteció el miércoles 29 de agosto en donde un grupo de peritos especiales procedentes de Estados Unidos, y presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia, realizaron una reconstrucción de los hechos en el sitio donde fue atacada la unidad diplomática.
Por todo lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados propone respetuosamente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Toda vez que no están constituidas las comisiones competentes de acuerdo con la materia del asunto que se trata, se solicita que se constituya un grupo de trabajo para dar seguimiento a los acontecimientos del 24 de agosto de 2012 en el paraje de Tres Marías en donde se vieron inmiscuidos en un incidente de fuego una camioneta diplomática del gobierno de Estados Unidos de América y policías federales.
Nota
1 Diario Milenio . Páginas 26 y 27, del 31 de agosto de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2012.
Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica)