Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3635-IV, martes 30 de octubre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a fortalecer con las autoridades competentes acciones para reducir el robo de combustibles, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeros diputados, apenas el pasado martes discutíamos en esta tribuna un exhorto a Pemex, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la Republica y la Policía Federal para que fortalecieran la implementación de su Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito para evitar el robo de hidrocarburos, mi Grupo Parlamentario en esta Tribuna expuso que las pérdidas económicas que Pemex reporta son preocupantes ya que al mes de junio de 2012 el volumen estimado de combustibles sustraídos ilícitamente a través de tomas clandestinas ascendió a 1,841,478 barriles, siendo 18% mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1,557,569 barriles. En el año 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito; pues, al mes de julio, se localizaron 114 tomas clandestinas, las cuales representaron el 11% del total. Le siguieron Sinaloa con 90 tomas clandestinas, Tamaulipas con 83 y Sonora y Nuevo León con 62.
Tan sólo durante el primer semestre del año, se identificaron y clausuraron un total de 824 tomas clandestinas. De este total, 687 tomas se encontraron herméticas, mientras que las 137 restantes se presentaron de manera no hermética.
Lo preocupante es que hoy en día va en aumento la extracción de gas licuado de los ductos de Pemex y de empresas privadas, lo cual pone en grave riesgo a la población civil, debido a que el control de las fugas provocadas por estas tomas clandestinas es más complicado y el riesgo de explosión es mayor, así como los efectos en la salud de la población expuesta a estas fugas.
Debemos recordar lo acontecido hace algunos días, cuando a algunos legisladores de los aquí presentes, primordialmente los que nos trasladamos a las sesiones desde el Bajío Mexicano, nos tocó el cierre de la carretera federal México – Querétaro, a la altura de los kilómetros 30 a 90.
Dicho cierre se debió a la fuga descontrolada de gas licuado provocada por una toma clandestina, la cual provoco que personal de Pemex, LA Sedena y Protección Civil de Estado de Hidalgo, evacuaran a aproximadamente 1700 pobladores, suspendieran clases en escuelas aledañas a la zona de la fuga y se cerrara el flujo vehicular a lo largo de 30 kilómetros de autopista por espacio de 6 horas, e incluso se reporto la suspensión de los servicios de telecomunicaciones, lo anterior con el fin de controlar la fuga, evitar daños a la salud y riesgos de provocar una explosión de enormes magnitudes por el volumen de gas que se fue acumulando en la zona.
Aunque existen opiniones encontradas entre la paraestatal y las empresas transportistas privadas en torno a la vulnerabilidad de los ductos de gas licuado y de gas natural, sobre la tecnología que se requiere para extraerlos de forma ilícita, lo cierto es que el robo de estos gases es una realidad, de acuerdo con la paraestatal es posible que se robe el gas natural, dado que de enero a septiembre de este año se detectaron 58 tomas clandestinas en gasoductos que transportan gas natural, contra 56 incidentes reportados en todo 2011.
Otro elemento de vulnerabilidad, estriba en el tiempo que los ductos han estado operando, el caso que nos ocupa, fue construido hace 42 años aproximadamente.
Incluso fuentes allegadas a la industria del petróleo en México, han reportado que los artefactos utilizados para la sustracción ilícita de combustibles son: una abrazadera, un niple, un tubo ascendente y una válvula para controlar la salida del producto. Así, controlando su salida logran sustraer el energético para evitar una explosión.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Republica, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de gasoductos y poliductos; así como, fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a trabajar de manera conjunta con las empresas de la iniciativa privada que cuentan con ductos para la transportación de gas a fortalecer la vigilancia de los mismos para evitar el robo de combustibles, así como implementar mejoras tecnológicas que les permitan detectar tomas clandestinas y así minimizar el riesgo a la población civil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Sagarpa acciones para detener la importación del cupo asignado del frijol y promover el consumo interno, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Óscar Bautista Villegas y diputados por San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Zacatecas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
Con fecha 16 de octubre de 2012, los senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García presentaron una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a suspender de inmediato el cupo asignado para la importación de frijol, la cual fue publicada en la Gaceta del Senado el día citado.
Dicha propuesta tiene como objeto evitar la importación de casi 138 mil toneladas de frijol, proveniente de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina y China, lo cual atenta contra la producción, la comercialización y distribución de los campesinos mexicanos, vulnera la soberanía alimentaria del país y atenta contra miles de empleos de jornaleros agrícolas.
En razón de ello resulta encomiable hacer eco en la Cámara no sólo del punto de acuerdo señalado sino, también, de las legítimas demandas de los productores mexicanos y los trabajadores del campo.
La proposición de referencia señala textualmente:
El 27 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, estableciéndose la cantidad de 100 mil toneladas métricas, que deberán importarse en el periodo que comprende del 15 de julio, hasta el 31 de octubre. No obstante, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2012 se establece que para 2012 la vigencia del cupo será desde su publicación hasta el 31 de diciembre de 2012.
El 25 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía por la que atraviesan diversas entidades federativas, en el cual, con el objeto de proteger el empleo y los ingresos de la población afectada, el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Economía, entre otras acciones, a que amplíe el cupo para importar frijol para garantizar el abasto de ese alimento en las zonas afectadas y en todo el país.
El 4 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, otorgando una asignación adicional de 50 mil toneladas.
En razón de lo anterior, hay “un cupo de importación de frijol autorizado de 150 mil toneladas para presente año, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012”.
Por otro lado, señala: “Si bien es cierto la contingencia climática derivada de la sequia registrada en el primer semestre del año, que afectó principalmente el ciclo primavera-verano de 2012, justificó ampliamente la medida tomada por la Secretaría de Economía del gobierno federal de ampliar la vigencia de importación para los 12 meses del año e incrementar en 50 mil toneladas adicionales, ésta ya no se justifica actualmente, en virtud de que los pronósticos del ciclo primavera-verano tienen buenas estimaciones”.
Asimismo: “De acuerdo con cifras oficiales, hasta septiembre de 2012 se ha registrado ya una importación de frijol, de las fracciones arancelarias comprendidas en el cupo, de cerca de 80 mil toneladas, por lo que se concentrarían poco mas de 70 mil toneladas de frijol importado en menos de 3 meses, lo que tendría resultados catastróficos para el ciclo otoño-invierno”.
Finalmente, la proposición considera “que de acuerdo con la producción estimada por la Sagarpa, de alrededor de 1 millón de toneladas para 2012, y la importación ya realizada en el presente año, es suficiente para cubrir la demanda de frijol para el resto del año, más aún que la escasez de producto ocasionada por la sequía, la que originó la ampliación de vigencia y volumen del cupo, ya fue ampliamente cubierta por las importaciones realizadas hasta septiembre”.
Es menester destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala en el artículo 3, fracción 23, que los productos básicos y estratégicos son los alimentos que forman “parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales”. Y en el artículo 179 de dicho ordenamiento se considera el frijol como producto básico y estratégico.
Los diputados del PRI coincidimos plenamente con la argumentación de los senadores, la cual he citado textualmente, no sólo como reconocimiento de la propuesta realizada sino también para ratificar nuestros compromiso con los productores mexicanos y con sus mejores causas.
La Cámara no puede ni debe mantenerse al margen del tema que hoy nos ocupa, pues reviste la mayor envergadura, por tratarse de la competitividad y el impulso de la planta productiva nacional, pero sobre todo porque las medidas tomadas por el Ejecutivo federal de nueva cuenta afectan a quienes menos tienen, a quienes históricamente se les ha denegado el acceso a las oportunidades y gozar de los beneficios del desarrollo.
Me parece que es momento de colocar los asuntos del campo en la prioridad de las agendas legislativas, pues está en juego la seguridad nacional.
No olvidemos, señoras y señores legisladores, que no sólo las balas matan: también lo hace el hambre.
El frijol es el producto y el objeto jurídico de este punto de acuerdo, la razón y el alma de esta proposición es el derecho o de nuestros productores a competir en el mercado internacional en condiciones justas y equitativas, es el derecho de los jornaleros y trabajadores a recibir un ingreso, y es el derecho de miles de familias a tener un plato de comida en la mesa.
La paradoja es que con las medidas tomadas por el Ejecutivo, los mexicanos no podrán tener siquiera un plato de frijoles que llevarse a la boca.
En virtud de ello pido su solidaridad para el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que
1. Desde el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias a efecto de detener de manera inmediata la importación del cupo asignado del frijol.
2. Impulse el consumo interno del frijol mexicano, e instaure un programa emergente para la distribución y comercialización en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputados: Óscar Bautista Villegas, José Eduardo Nava Gómez, Jorge Terán Juárez, Julio César Flemate Ramírez, José Luis Flores Méndez, Rubén Escajeda Jiménez, Adolfo Bonilla Gómez, Kamel Athié Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez, Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, María Concepción Navarrete Vital, María Elena Cano Ayala, Alejandro Rangel Sogovia, Petra Barrera Barrera, Jorge Herrera Delgado, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alma Marina Vitela Rodríguez, Flor Ayala, María Fernanda Schroeder Verdugo, Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, Abraham Montes Alvarado, Héctor Narcia Álvarez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sener y de la CFE sobre el destino dado a los recursos que 96 mil trabajadores de la CFE ahorraron durante más de 40 años de vida laboral; y a efecto de que colaboren en el cumplimiento del pago y la devolución del Fondo Mutualista del SUTERM a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente,
Exposición de Motivos
Se pone a consideración del pleno, la deuda que tienen el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad con 96,000 trabajadores electricistas que aportaron al fondo mutualista del SUTERM 638,000 millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido de 1950 a 1990.
El 25 de abril de 1990 la C.F.E. y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista, por un seguro colectivo obrero en la clausula vigésima sexta del convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992, con el aval del entonces secretario de trabajo y previsión social Lic. Arsenio Farell cubillas.
Las cantidades aportadas por los cefeístas, durante 40 años se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.
La falta de transparencia e información por parte del gobierno federal, ha generado que los compañeros de la CFE tengan que acudir a todas las instancias posibles para poder saber que paso con sus ahorros.
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al Secretario de Energía y al Director de la Comisión Federal de Electricidad para que expliquen a detalle el destino que se dio a los $ 638,000 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96,000 trabajadores de la CFE durante más de 40 años de vida laboral, en el periodo comprendido de 1950 a 1990.
Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo para instruya a los Secretarios del Trabajo y Previsión Social, Energía y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del SUTERM a los 8,600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a celebrar un acuerdo de pago justo con las comunidades de Guerrero, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
En los últimos años, derivado de los altos cobros de energía eléctrica, se ha gestado un movimiento popular en Guerrero, lo mismo en la Costa Chica que en La Montaña.
La movilización se ha centrado en reducir las tarifas de luz en las regiones más pobres de Guerrero. Las protestas y demandas han sido articuladas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que en reiteradas manifestaciones ha expresado sus peticiones, la última de ellas, en la Cámara de Diputados, el 18 de octubre del año en curso, donde incluso se signó una minuta para canalizar sus demandas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de la Junta de Coordinación Política. Participaron en la suscripción de la minuta por el Grupo Parlamentario del PRI mis compañeros diputados Pedro Pablo Treviño Villarreal y José Rangel Espinosa.
Los legisladores debemos saber combinar lo estructural con lo urgente. Lo primero implica un nuevo marco jurídico para que se establezcan criterios en los precios de la energía, lo segundo significa apoyar de inmediato a los más pobres. De acuerdo con sus peticiones, el monto económico es por el orden de 260 millones de pesos, por lo que se tiene que asumir el costo para garantizar los equilibrios.
La UPOEG exige desde hace varios años reducción de los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las comunidades más marginadas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. Uno de sus dirigentes, Plácido Valerio, ha solicitado desde un principio una tarifa única preferencial de energía eléctrica para las comunidades más marginadas del estado.
Resulta inadmisible que las comunidades indígenas que sobreviven en la marginación y el rezago total, en la extrema pobreza, tengan que pagar una de las mayores tarifas del país. Insisto: no es justo y no lo podemos admitir, máxime que Guerrero genera 30 por ciento de la energía de México.
Debemos precisar que nuestros paisanos no se niegan a pagar el servicio a la CFE. La petición es que sea una tarifa justa que debe depender de un estudio socioeconómico.
La protesta, y lo sabemos, se extiende por toda la entidad, desde Acapulco hasta la Tierra Caliente, desde la Costa Grande hasta la zona norte, desde La Montaña y la Costa Chica hasta la zona centro. Buscar una justicia social es en esencia una solidaridad de todos con los sectores más desprotegidos, es un principio irrenunciable como representantes populares.
Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar un acuerdo de pago justo con las comunidades de Guerrero, atendiendo su situación socioeconómica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar información puntual sobre la situación actual que guarda la expedición del Reglamento General de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Que con fecha 1 de junio de 2006 se publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, estableciéndose en el artículo octavo de los transitorios un plazo de un año calendario para que el Ejecutivo federal expidiera las disposiciones reglamentarias derivadas de esta ley.
Con fecha 3 de abril de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) su manifestación de impacto regulatorio ordinaria para el anteproyecto denominado Reglamento General de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Reglamento).
Mediante oficio numero COFEME/08/1296, de fecha 21 de mayo de 2008, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió el dictamen final no total del Reglamento.
Que mediante oficio numero COFEME/09/1518, de fecha 20 de abril de 2009, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió el dictamen total final del Reglamento, quedando el Ejecutivo federal en condición de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
Con fecha 19 de abril de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó ante la Cofemer una nueva versión del Reglamento, con motivo de diversas modificaciones generadas de la consulta y revisión intragubernamentales realizadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como con diversas dependencias de la administración pública federal, incluyendo a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Que mediante oficio COFEME/12/2348, de fecha 10 de agosto de 2012, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió un nuevo dictamen total final del Reglamento, quedando el Ejecutivo federal nuevamente y hasta la presente en condición de expedir su publicación en el Diario Oficial de la Federación ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Con la entrada en vigor de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el 1 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el marco legal que rige la navegación, al transporte marítimo mercante y al comercio marítimo, para lo cual evidentemente se requiere adecuar al mismo la regulación administrativa contenida en cuerpos reglamentarios que se expidieron bajo la vigencia de otras leyes que normaban las materias señaladas.
Segundo. Además, es la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos la que así lo determina en los artículos transitorios, principalmente el octavo que señala que “el Ejecutivo federal deberá publicar los reglamentos de la presente ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación”.
Tercero. Actualmente la regulación en materia marítima mercante está dispersa en diversos reglamentos: la educación naval mercante, en el Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante; y para la expedición de títulos, refrendos, certificados, libretas de mar y de identidad marítima (DOF de 12 de noviembre de 1982), que tuvo sustento en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de 1963 abrogada. La materia de navegación, permisos, registro público marítimo, matrícula y abanderamiento, pilotaje, en el Reglamento de la Ley de Navegación (DOF de 16 de noviembre de 1998), que responde a los criterios legales de la Ley de Navegación de 1994, abrogada. La inspección naval, en el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima (DOF de 12 de mayo de 2004), expedido con base en la Ley de Navegación de 1994 abrogada. Los servicios de turismo náutico, mediante el Reglamento de Turismo Náutico (DOF de 1 de octubre de 2004), emitido con base en las disposiciones de la Ley de Navegación de 1994, abrogada.
Cuarto. Con el nuevo cuerpo reglamentario propuesto se evitará esta dispersión de disposiciones y se adecua su contenido a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que responde sustancialmente a satisfacer los requerimientos nacionales de la marina mercante y al cumplimiento de lo previsto en el ámbito mundial a través de los principales convenios internacionales que rigen lo correspondiente a la seguridad de la navegación (construcción, equipo y prescripciones operacionales, Convenio SOLAS) como la prevención de la contaminación (Convenio MARPOL), educación de la gente de mar (Convenio STCW) y otros de igual rango.
Quinto. Además se incorporan en el anteproyecto temas contenidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que no estaban en la Ley de Navegación que se abrogó y que requieren de un adecuado marco administrativo para su debida observancia como es el caso del abanderamiento cuando se otorguen permisos temporales de navegación, la autorización de los agentes navieros, el tema de los seguros aplicables a la materia marítima, las medidas de prevención de la contaminación marina, la organización del tráfico marítimo; de igual forma, se actualizan las disposiciones de reglamentos que se emitieron bajo la vigencia de la ley anterior y que respondieron a un contexto diferente al actual, como es el caso de la educación naval mercante, otros que deben actualizarse como la inspección naval o los que requieren disposiciones específicas como el señalamiento marítimo.
Sexto. El riesgo de no contar con una regulación administrativa actualizada es favorecer la problemática existencia de criterios administrativos poco claros al aplicar la ley con reglamentos que no están basados en la misma, lo que puede generar la afectación directa al derecho de los usuarios y que se dé una carga de discrecionalidad a favor de la autoridad, la cual adicionalmente estaría incumpliendo el mandato dictado en la ley que ordenó la expedición de reglamentos para la propia ley.
Séptimo. Actualmente, las autoridades deben resolver los asuntos que surjan o que le sean planteados por los particulares, con una regulación administrativa desactualizada e interpretar las disposiciones de la nueva ley con ordenamientos administrativos que respondieron a otros momentos del marco legal nacional e internacional. La anterior problemática se resolverá con la existencia de este nuevo ordenamiento, que se presenta como Anteproyecto, ya que estará sustentado en la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimos, lo que evitará que las autoridades que lo apliquen recurran a criterios de ordenamientos administrativos no basados en dicha ley.
Octavo. De acuerdo con su naturaleza jurídica, este proyecto reglamentario tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en la esfera administrativa para mejor proveer al cumplimiento de lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en sus distintos títulos y capítulos que la integran. En este reglamento se incluyen todos los temas que atiende dicha ley y que deben reglamentarse, por lo cual no sería necesario expedir otros.
Noveno. Con la entrada en vigor del Reglamento se evitará la actual dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley anterior, lo que sólo causa inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima o a quien debe defenderse de los actos de la misma y que para hacerlo debe consultar varios reglamentos; con este nuevo reglamento encontrarán en un solo cuerpo normativo los distintos temas que comprende la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, trátese de navegación, educación naval mercante, seguros marítimos, inspección naval, registro público marítimo, abanderamiento y matrícula de embarcaciones y artefactos navales, prevención de la contaminación marina, etcétera.
Décimo. El sustento legal del Reglamento se encuentra en lo previsto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su contenido se busca el adecuado y sustentado ejercicio de las atribuciones que como autoridad marítima mercante tiene el Titular del Poder Ejecutivo federal y que ejerce a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según se previene en los artículos 7, fracción I, 8, fracciones I, II, V, VIII, IX, XIII y XIV, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como las correspondientes del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las que se prevé que le corresponde regular, promover y organizar la marina mercante, regular el transporte por agua, así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales, las actividades de servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputado Germán Pacheco Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la agroindustria azucarera, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 6 fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la agroindustria azucarera, con base en las siguientes
Consideraciones
La agroindustria azucarera del país pudo estabilizarse a partir de que se expidió la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar , las Comisiones Especiales de la Agroindustria Azucarera que han venido trababjando en las últimas legislaturas, demostraron la importancia de este espacio legislativo y su influencia en la estabilidad del sector azucarero en los últimos diez años.
En los últimos diez años el volumen de producción promedio anual de caña de azúcar fue de 47.2 millones de toneladas con una tasa media anual de crecimiento de 1.4%. El principal productor de caña de azúcar durante este periodo es Veracruz con un promedio de 18 millones de toneladas por hectárea, superior al de Jalisco, San Luís Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco, toda vez que su producción promedio es menor a los 6 millones de toneladas en cada uno.
El azúcar se elabora en seis regiones de México y la zona más grande es la del Golfo de México y que está compuesta por los estados de Veracruz con 25 ingenios, Oaxaca con 3 ingenios y Tabasco con 4 ingenios, la segunda zona en importancia se ubica en la región del Pacífico, en donde se produce el 22% del total nacional, cuenta con un total de 12 ingenios distribuidos 6 en el estado de Jalisco, 3 en el estado de Michoacán, 2 en Nayarit y 1 en Colima, la tercera región se ubica en los estados de San Luís Potosí con 4 ingenios, el estado de Tamaulipas con 2 ingenios y 2 ingenios más al norte de Veracruz.
La agroindustria azucarera del país deberá de convertirse en la palanca de desarrollo en la producción de energías renovables y principalmente de etanol, la producción de energías renovables llevaría a reactivar el campo mexicano y generar millones de nuevos empleos
El constituir la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo está justificado, toda vez que ante la reforma energética se tendrá que definir la utilización de etanol como combustible sustituto o auxiliar en los motores de combustión interna, Petróleos Mexicanos como uno de los principales compradores del etanol y no descartando la producción para la exportación.
También la constitución de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo es importante, para garantizar que los productores de caña de azúcar no queden excluido de la producción de bioenergía, esto en virtud, de que empresas como la automotriz y las trasnacionales de energía, sólo quieren utilizar al campo cañero para obtener millonarios beneficios y solo pagar la renta de la tierra a sus dueños
En este sentido el Estado mexicano deberá de garantizar que en la producción de bioenergía y etanol participen los abastecedores de caña de azúcar de los quince estados de la República mexicana, esto en virtud de que el desarrollo tendría un impacto en las regiones cañeras.
La constitución de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo no iniciaría de cero, existe información suficiente en el archivo histórico y en la memoria legislativa del Congreso de la Unión del trabajo realizado por las anteriores legislaturas, se realizaron importantes eventos como: foros, seminarios, encuentros con investigadores y científicos, entre los rectores de las universidades de los estados productores de caña, con los actores de la cadena productiva como abastecedores de caña, industriales, sindicatos y funcionarios de los gobiernos de los estados de la república y de la federación, los trabajos legislativos concluyeron con un amplio diagnostico de la agroindustria azucarera del país.
El diagnóstico integral sobre la situación nacional de la agroindustria azucarera del Senado de la República de la LX Legislatura , señala que los productores o abastecedores de caña de azúcar, los industriales, los gobiernos federal y de los estados de la República productores de caña tienen que participar en la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña).
Las experiencias exitosas de la agroindustria azucarera en las Repúblicas de Colombia con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia y Guatemala con el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar , confirman que en México se tiene que constituir el Cictcaña , para poder ingresar a los países de América latina que producen energías renovables.
La Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para este nuevo periodo legislativo deberá de consolidar y apoyar con las partidas presupuestales la innovación, la transferencia y el desarrollo tecnológico del campo cañero , con esta infraestructura y en los próximos seis años de trabajos legislativos se tendrá que transformar la agroindustria azucarera del país.
Por todo lo anterior, presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura constituya la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, la cual tendrá como objetivo dar seguimiento a los trabajos legislativos realizados en las pasadas legislaturas, así como también lograr la modernización de este importante sector de la economía mexicana.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2012.
Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a diseñar e implantar con las entidades federativas un programa de gestión integral de lámparas fluorescentes que hayan cumplido su vida útil, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Según un informe de la Dirección de Proyectos de Agua, Suelo y Residuos1 de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, las lámparas fluorescentes son una de las fuentes de iluminación disponibles más eficientes en el uso de energía. Los tubos de lámparas fluorescentes contienen una pequeña cantidad de mercurio mezclado con argón2 en forma de vapor (gases), el cual dirige el flujo de la corriente eléctrica en el tubo.
Muchas instalaciones (hogares, oficinas, instituciones, centros asistenciales y educacionales u otras) generan intermitentemente gran número de residuos de lámparas fluorescentes con contenido de mercurio.
Cuando los tubos de estas lámparas se rompen, liberan de su interior vapores de mercurio mezclado con argón, sumamente tóxicos que afectan la salud humana y el ambiente, con la posibilidad de contaminar los cuerpos de agua, superficial y subterránea (filtración de lixiviados),3 del suelo, aire y seres vivos. Los elementos más frecuentes de contaminación de suelos provocados por la mala disposición final de los residuos de lámparas fluorescentes son los metales como el mercurio, zinc, níquel, cadmio, plomo y manganeso.
Los residuos de lámparas fluorescentes tienen origen domiciliario, y se consideran peligrosos por sus características.
La duración de estas lámparas se sitúa entre 5 mil y 7 mil horas. Su vida termina cuando el desgaste de la sustancia emisora que recubre los electrodos (hecho que se incrementa con el número de encendidos) impide el encendido al necesitarse una tensión de ruptura superior a la suministrada por la red. Además de esto, debe considerarse la depreciación del flujo provocada por la pérdida de eficacia de los polvos fluorescentes, y el ennegrecimiento de las paredes del tubo donde se deposita la sustancia emisora.
El mercurio es un elemento que hay en la naturaleza en diferentes modalidades, ya sea en forma metálica (de color plateado y líquido), de vapor o gas, combinado con otros elementos (como cloro, sulfuro u oxígeno) para formar sales orgánicas; o bien, formando compuestos orgánicos (como el metilmercurio o el familmercurio), los cuales también pueden presentarse en forma de sales. A través de procesos naturales, en los que pueden intervenir microorganismos, el mercurio inorgánico puede ser transformado lentamente en mercurio orgánico.
En los residuos urbanos es común encontrar mezclados residuos de lámparas fluorescentes con contenido de mercurio, los cuales históricamente han sido dispuestos en los rellenos sanitarios en el mejor de los casos o en los tiraderos al aire libre donde se llevan a cabo emisiones a la atmósfera por la volatilización del mercurio, y la filtración de lixiviados de este tipo de residuos a los depósitos de agua subterránea.
El mercurio está continuamente recirculando en los compartimentos ambientales, a lo cual se agrega su metilación a través de procesos biológicos, y su bioacumulación en diferentes organismos vivos.
La contaminación del suelo y de los cultivos agrícolas ocurre tanto por el depósito de las partículas del aire como de la irrigación de cultivos o su fertilización con aguas o con lodos de plantas de tratamiento de agua residual con elevadas concentraciones de mercurios de origen industrial.
Ya que se le encuentra normalmente en la naturaleza y múltiples fuentes antropogénicas lo emiten al ambiente, todos podemos llegar a exponernos a bajas concentraciones de mercurio a través del aire (inhalación), el agua y los alimentos (ingestión).
El mercurio en el medio acuático se acumula en la biota conforme aumenta su edad, y se biomagnifica en cada uno de los niveles tróficos que constituyen la cadena alimentaria. Por lo anterior, y de acuerdo con el Programa Internacional de Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud, la forma más peligrosa de exposición deriva de la ingestión de pescado que contenga niveles elevados de metilmercurio.
En contacto con el agua, el mercurio se transforma en potente veneno cuyo efecto tarda unos 50 años en desaparecer. Afecta a animales y plantas, y –por la cadena alimenticia– también al hombre.
Los elementos más frecuentes de contaminación de suelos provocados por la mala disposición final de los residuos de lámparas fluorescentes son los metales como el mercurio, zinc, níquel, cadmio, plomo y manganeso.
La exposición a concentraciones elevadas del mercurio puede provocar daños permanentes en el cerebro, los riñones y en los fetos en desarrollo. El sistema nervioso es muy sensible a los efectos del mercurio, los cuales se manifiestan por distintos tipos de desórdenes que son más graves conforme la exposición aumenta: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la visión y audición, problemas de memoria.
Por las anteriores consecuencias, si se rompe una ampolleta fluorescente son necesarias varias medidas. No tocarlas con las manos desnudas. No inhalar el vapor que se desprende. Utilizar guantes de goma para recoger los restos. Se deben colocar los fragmentos de vidrio en una bolsa plástica sellada. No se debe utilizar la aspiradora eléctrica para limpiar los restos. Desalojar a las personas de la habitación al menos por 15 minutos y ventilar bien el ambiente. Hay que evitar a toda costa su eliminación en la basura común.
Aun cuando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como materiales peligrosos los elementos, las sustancias, los compuestos, los residuos o las mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infeccionas, la misma ley, en el artículo 150, menciona que los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados de acuerdo con su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos manifiesta en el artículo 31 que estarán sujetos a un plan de manejo algunos residuos peligrosos, entre ellos las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.
Pero la realidad es otra: en el país no hay un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes una vez que han cumplido su vida útil.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implantar con las entidades federativas un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes que hayan cumplido su vida útil.
Notas
1 http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/06/lamparas.pdf
2 http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ar.htm
3 En general se denomina lixiviado el líquido resultante de un proceso de precolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de minería, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Adolfo Bonilla Gómez, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La minería es una actividad económica primaria que se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales y cuya importancia radica en ser el primer eslabón de la cadena productiva de las industrias; la tendencia a nivel mundial es utilizar minerales para la creación de nuevas tecnologías, basta señalar que la plata se utiliza para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, joyería, entre otros. El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales, etcétera.
Nuestro país cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto metálicos como no metálicos, además de yacimientos de clase mundial como son las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California; Las Cuevas en San Luis Potosí, la más importante de fluorita; y Proaño en Fresnillo, Zacatecas, la mina de plata más rica y grande del mundo.
A nivel internacional, México es el primer productor de Plata, el tercero en Bismuto, quinto en Plomo, noveno en Oro y décimo primero en Cobre. Los principales estados mineros de la República Mexicana son: i) Sonora, primer lugar en la producción de Aluminio, Cobre, Molibdeno y Oro; ii) Zacatecas, primer lugar en Plata, Zinc y Cadmio; iii) Chihuahua, primer lugar en Plomo y Pizarra; iv) Coahuila, primer lugar en Antimonio, Bismuto, Fierro y Carbón; v) San Luis Potosí, primer lugar en Fluorita; y vi) Durango, primer lugar en Bentonita y Perlita.
Datos de Pro México, indican que el valor de la producción minera durante el 2011 fue de 16,761 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento de 48 por ciento respecto a 2010 (11,298 mdd); y se estima que el sector minero mexicano tendrá un crecimiento anual de 2% hasta 2014.
Igualmente, datos de ese organismo federal señalan que en la presente administración se captaron 16,700 mdd en Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero, 224 por ciento más que lo recabado en todo el sexenio anterior (5,159 mdd). Durante 2011 la IED total aumentó 42.7 por ciento respecto a 2010, pasando de 3,316 mdd a 4,731 mdd.
Es claro que la industria minera es clave para el desarrollo de México y que sin duda es una fuente generadora de trabajo; al mes de diciembre de 2011 registró un total de 309,725 empleos directos.
No es desconocido para nadie las problemáticas históricas a la que se han enfrentado los trabajadores de éste sector con las empresas mineras del país, por lo que como legisladores debemos estar atentos y colaborar y coadyuvar con el titular del Ejecutivo Federal en la mediación de intereses, velando por el sector industrial y protegiendo los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Es justo mencionar que en la pasada legislatura el Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó dos puntos de acuerdo (23 de septiembre de 2009 y 16 de febrero de 2010) para crear una Comisión Especial que atendiera la problemática minera.
En razón de lo anterior la LXI legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados el 23 de febrero del 2010, creo la Comisión Especial “para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país.”
Asimismo, en la presente legislatura compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática han presentado dos puntos de acuerdo:
El primero de fecha 11 de septiembre de 2012, en el que solicitan la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros en el País.
El Segundo de fecha 18 de octubre del presente año, en el que solicitan la creación de la Comisión Especial para Solucionar la Problemática de los Mineros de Cananea y de toda la República Mexicana.
Es claro que existe el interés de compañeros diputados en crear una comisión especial que atienda la problemática de los trabajadores mineros, pero estoy convencido que se debe instalar una comisión especial que atienda de manera integral la dinámica de este sector, por ser la minería de gran importancia para la economía nacional y por el promisorio panorama que ésta advierte en diversos estados de la república mexicana. Su efecto en la generación de empleos directos e indirectos, la atracción de mayores inversiones, el desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las empresas de este ramo y un mayor beneficio para las localidades donde se explotan fundos mineros deben ser elementos relevantes a considerar para la creación de dicha comisión.
Debo destacar que por su solidez, la minería fue el único sector que resistió los efectos de la más reciente crisis global, ya que en 2009, cuando la economía mundial se contrajo 6.1 por ciento, dicho sector –aunque a un ritmo moderado–mostró una expansión de 2.7 por ciento en ese lapso.
Por tal motivo esta soberanía debe de considerar de suma importancia, la creación de la comisión especial que se solicita se constituya y en virtud que el artículo 42 de la Ley Orgánica, otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones, es por lo que someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Minería.
Segundo. El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La Comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.
Cuarto. Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de octubre del 2012
Diputado Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar por un monitoreo sobre medios de comunicación masiva el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro”, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación, en el artículo 4 establece la garantía de la protección a la salud.
El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Cofepris para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su Reglamento.
Así, conforme al citado artículo, a la Cofepris le corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.
Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris el cual se puede consultar en línea.
Por otro lado, cada día y al menos desde hace algunos años, se ha iniciado por parte del Estado mexicano una lucha por controlar los llamados “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano, los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en nuestro país, que dicen curar todo y al final no sirven para nada, o peor aún atentan contra la salud de las mexicanas y de los mexicanos.
De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, en donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de Profeco en donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del Estado en esta materia; sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad, tan es así que el pasado mes de marzo del presente año se modificó el Reglamento en Materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, tanto públicos como privados.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate contra los llamados “productos milagro”, realizando un monitoreo, tanto de medios masivos de comunicación electrónicos, principalmente televisión, como medios de comunicación escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a diseñar e instaurar con las autoridades de salud de Baja California una política inductiva dirigida a proteger a las menores de edad embarazadas, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con datos de la Secretaría de Salud del estado de Baja California, actualmente, 3 de cada 10 mujeres embarazadas son adolescentes; sin embargo, en Tijuana, 4 de cada 10 embarazos son de adolescentes entre los 14 y 19 años, lo que implica el aumento de un punto porcentual respecto de 2009.
En este mismo sentido, de acuerdo con datos del Inegi, al 2010, último año del que se tiene información, Baja California ocupaba el sexto lugar a nivel nacional, hablando de madres adolescentes (menores de 20 años), con casi el 20.3% del total de los embarazos registrados en la entidad.
A nivel mundial, México ocupaba el lugar 55, con 70 embarazos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, en 2011, lo anterior, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Por su parte, para febrero de este año, en Mexicali, se registró un aumento de embarazos entre adolescentes menores de 19 años de edad, alcanzando en seis meses un total de 1 mil 605 casos registrados en el Hospital Materno Infantil, de los que, 45, son de niñas menores de 14 años.
Un embarazo a tan corta edad, significa que existe más riesgo de tener complicaciones, además de tener un parto prematuro y de alto riesgo, tanto para ellas, como para la vida y salud del menor, debido a que el aparato reproductor no está bien formado y por ende no puede soportar el peso de un bebé.
Además de estas complicaciones, al nacer el bebé, no se tiene la garantía de que mentalmente se encuentren bien, ni que tengan complicaciones en su desarrollo; también, es común que pasen las primeras dos, tres o cuatro semanas en el hospital, debido a que no nacen suficientemente desarrollados para poder vivir autónomamente.
Independientemente de los problemas de salud, existen datos que muestran que el 92 por ciento de las mujeres adolescentes, que resultan embarazadas, abandonan sus estudios y, debido a su falta de preparación, se ocupan en trabajos con bajos sueldos, lo que significa que no podrán cubrir, de manera satisfactoria, todas sus necesidades.
También, los embarazos en adolescente, generan un mayor gasto presupuestal, pues tanto madres como hijos tienen que ser atendidos, en su mayoría, en hospitales públicos, recibir programas de apoyo como becas salariales, educativas, recursos para microempresas o capacitación laboral.
Estamos conscientes que un embarazo precoz genera problemas biológicos a las adolescentes, así como educativos, médicos, económicos, familiares y sociales, por lo que es necesario reforzar las campañas de educación sexual y prevención de embarazos.
Debemos enfrentar esta problemática de manera integral, no podemos seguir atacando sólo un flanco, dejando de lado ciertos aspectos que son igual o más importantes para lograr una solución a esta situación.
En este sentido, es evidente la necesidad de que los padres hablen con sus hijos y les expliquen que la sexualidad es algo natural, que tendrán emociones, sensaciones y sentimientos, que los hará querer explorar, pero con responsabilidad; es decir, es menester que la educación sexual comience con los padres y que no sea delegada, al 100%, a las escuelas.
También, es necesario que el Gobierno Federal y el Estatal destinen mayores recursos para mejorar y ampliar las estrategias de educación sexual y prevención de embarazos entre adolescentes. Y no es inventar el hilo negro, sólo es poner en práctica lo establecido en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PRONASA), el que a la letra dice:
“Dado el alto porcentaje de embarazos en menores de 20 años, los servicios de salud deben tomar en cuenta de manera prioritaria a los adolescentes en el diseño de sus políticas de salud reproductiva.”
Sólo atacando el problema de raíz, de forma integral y responsable, se podrá dar vuelta a esta realidad social tan preocupante, a la que nos enfrentamos en Baja California.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que, en coordinación con las Autoridades de salud estatales de Baja California, diseñen e instrumenten una nueva política pública inductiva, que tenga, como objetivo principal, la protección de las menores de edad que se encuentran embarazadas; además de contar con una campaña permanente para alertar, informar y mitigar este problema.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 30 días del mes de octubre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Art. 79, numerales 1, 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del Pleno; Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes:
Consideraciones
Los Chimalapas, zona indígena de las etnias Zoques y Tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40% de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los Chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.
En este sentido, los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas .
Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 has. (6,759.31 km2), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de Municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100,000 hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de Los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de Los Chimalapas.
Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.
Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 has, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160,000 hectáreas incluyendo todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de Los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Actualmente Las autoridades comunales Chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esta situación, exijo la urgente intervención del Gobierno Federal y la Secretaria de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo anteriormente expuesto, y fundado en el Artículo 79, someto a la consideración de esta soberanía y con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, fue creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.
Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.
De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.
Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.
El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.
Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.
Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.
Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.
Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:
Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.
Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
• Agua potable,
• Alcantarillado,
• Drenaje y letrinas,
• Urbanización municipal,
• Electrificación rural y de colonias pobres,
• Infraestructura básica de salud,
• Infraestructura básica educativa,
• Mejoramiento de vivienda,
• Caminos rurales, e
• Infraestructura productiva rural.
Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.
Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.
Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a requerir al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita con la mayor brevedad un laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nuevo lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que otros dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano
Las suscritas y suscritos, integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral l, fracción II, y numeral 2, fracción III, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto a sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 30 de agosto de 2010, en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.
Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación, que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal en contra de los trabajadores del SME. Comenzando con el decreto del Ejecutivo federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible.
Sobresalen, anomalías flagrantes y aberrantemente arbitrarías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta “causa de fuerza mayor”. Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el decreto fue ajeno a su competencia.
Al respecto hay que recalcar que la Junta Federal, también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE, declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.
Sobre estas consideraciones el tribunal, concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o incosteabilidad y no de una causa de fuerza mayor.
El tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el decreto no lo establezca expresamente. Y también, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.
El amparo del Tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran, la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.
Considerando la enorme trascendencia de este tema –dentro del devenir económico y social– no sólo de los trabajadores del Sindicato de Mexicanos Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hace un llamado al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la federación con celeridad.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación con el juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado jueves 13 del presente, se requiera al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade Salverría, emita –a la brevedad– un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010; y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.
Diputadas: Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En estas fechas se instalan las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Tal será el caso de la de Radio y Televisión, el martes 30 de octubre, a las 16:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los diputados, a la hora de tomar protesta de ley para desempeñar el encargo, hicimos un compromiso frente a la nación de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes por el bien del país.
Este compromiso fundamental me obliga, como legisladora a resaltar el hecho de que el diputado Federico José González Luna Bueno, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, no puede desempeñar dicho encargo en virtud de contravenir lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, ya que está ante el supuesto del conflicto de intereses con la materia primordial de dicha comisión.
El artículo 108 constitucional establece que los representantes de elección popular son servidores públicos y están sujetos al régimen de responsabilidades del título cuarto del máximo ordenamiento.
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que son obligaciones de todo servidor público “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
También el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; deja en claro las bases legales para que un servidor público se excuse de intervenir en asuntos que le puedan representar conflicto de interés.
El artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece en la fracción VI del numeral 1 que será obligación de los diputados “informar de los asuntos en que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión” de éstos. El numeral 2 del mismo artículo 8 indica: “Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la legislatura”.
El diputado Federico González Luna, quien ha fungido como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y en tal carácter es suplente del consejero propietario del Consejo Nacional de la Radio y Televisión, Javier Tejado Dondé, directivo de Televisa, quien ocupa uno de los dos asientos asignados a la industria en dicho consejo, como puede constatarse en http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/consejo_radio_tv.php
En este contexto, toda vez que su actuación como presidente de la Comisión de Radio y Televisión resulta una violación grave de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, la instalación de la comisión debe impedirse, exhortando al diputado para que él, y cualquier otro legislador o legisladora que pudiera tener impedimento para atender los asuntos de la comisión, presenten sus excusas so pena de hacerse sujeto de las responsabilidades a que se refiere la Constitución, y entre ellos incluyo a la diputada Ana Lilia Garza, también postulada por el PVEM, quien fungió hasta su candidatura como subdirectora jurídica de la CIRT; al diputado por el PRI Patricio Flores, líder del sindicato de Televisa; Enrique Cárdenas, radiodifusor y director de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, con 10 emisoras en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, del PRI.
Es claro que la protección y el apoyo brindados por Televisa y Tv Azteca, así como por los diarios de la OEM, Milenio y El Universal al presidente electo, le impedirán presentar una propuesta de reforma de la ley de medios congruente y ambiciosa, que altere los intereses de esos grandes monopolios y abra el sector a mayor competencia, y para ello la pretendida “telebancada” buscará ejercer de manera ilegal sus mejores oficios. Ahora estamos ante la oportunidad de impedir este atropello.
La violación de lo establecido en el marco jurídico en este precepto es considerada grave, lo cual conlleva a diversas sanciones, además de la destitución del cargo. El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y los diputados al Congreso de la Unión que incurran en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, ya sea por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los legisladores de la Comisión de Radio y Televisión que estén en los mismos supuestos de conflicto de intereses a que se refieren los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios invocados en el cuerpo de la presente proposición a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Radio y Televisión que posponga su instalación hasta que se hayan presentado las excusas que por norma y en aras del correcto funcionamiento de la comisión deban presentarse.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2012.
Diputada Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer albergues temporales para los familiares de niños originarios de los estados de la república que se encuentran internados y carecen de apoyos con los cuales enfrentar los periodos de hospitalización, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las y los niños enfrentan en conjunto situaciones difíciles de superar, muchas de ellas se incrementan y recrudecen en su impacto, encontrándose entre ellas; la pobreza y pobreza extrema, la exclusión social; la falta de educación, la discriminación étnica y de género; la violencia de la cual son víctimas las y los niños en sus hogares; los desplazamientos; la migración desde las zonas rurales a las urbanas, el abandono y la pérdida de los padres a causa de conflictos y/o enfermedades.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en nuestro país la población infantil asciende a 32.5 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, en términos relativos representan 29% de la población total. Las y los niños transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo.
En los primeros años de vida resulta crucial la sobrevivencia de los menores, por lo que cumplir los cinco años de edad es un logro importante, sobre todo, para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud; después de esta edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida.1
Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es; un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.2 Es de suyo, un valor con amplio reconocimiento y anhelo para ser detentado por toda persona. Más aún cuando la persona que le demanda es una niña o niño.
En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que las y los niños tienen derecho a disfrutar del nivel más alto de salud posible, acceso a servicios para prevenir, tratar y rehabilitarse de enfermedades e insta a las naciones a reducir la mortalidad infantil, asegurar la seguridad social y la atención sanitaria, así como promover la seguridad alimentaria.3 Considerando que las y los niños es un grupo vulnerable que depende de las y los adultos para su cuidado y desarrollo y representa a largo plazo, la fuerza de trabajo de la sociedad entonces, cuidar de su salud debe considerarse como una inversión y un aspecto fundamental que debe formar parte de las políticas de los países.4
Entre las enfermedades más comunes que se pueden detectar en la población infantil se encuentran; las infecciones, que se caracterizan por su rápida transmisión, la obesidad, la diabetes, el cáncer y enfermedades que pueden evitarse con la vacunación. Conforme las y los niños crecen, enfrentan problemas de salud que en ocasiones requieren de atención hospitalaria.
Durante 2009, la principal causa de hospitalización en las y los niños menores de 1 año fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal (62.8%); para los de 1 a 4 años otras enfermedades del aparato respiratorio (24.3%) y en las y los niños de 5 a 14 años las enfermedades de otras partes del aparato digestivo (15.8% en niñas y niños de 5 a 9 años y 17.4% de 10 a 14 años). Llama la atención que los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, aparecen entre las primeras tres causas de morbilidad hospitalaria a partir de los 5 años de edad; así como que la atención de partos sea la sexta causa entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.5
Otras cifras del Inegi, indican que en la década del 2001 al 2010, fallecieron en promedio 31,991 niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida; de ellos, 68 de cada 100 fallecieron por causas perinatales (afecciones cardiacas y respiratorias,); 20 de cada 100 por malformaciones congénitas; 5 de cada 100 por enfermedades infecciosas o parasitarias; 3 de cada 100 por accidentes o agresiones; y 2 de cada cien por desnutrición. Las magnitudes son gigantescas; además en los 10 años considerados, por desnutrición han muerto 5,777 niñas y niños, y por accidentes o agresiones el total es de 13,346.6
Cuando se presenta la enfermedad de un menor generalmente es un suceso que alarma y altera el ámbito familiar en su conjunto y es entonces cuando se inicia una larga ruta de angustia y problemas de diversa índole que es indispensable resolver aún cuando se enfrenten fuertes limitaciones, sobre todo económicas.
Pero, qué sucede cuando los requerimientos para alcanzar la salud de un menor se encuentra fuera del espacio territorial en el que habita quien enfrenta el padecimiento físico y por supuesto su familia. Lejos de los servicios de salud, hospitales y/o clínicas y sí además, no se cuenta con los requerimientos necesarios para atender el padecimiento en cuestión.
El desplazamiento al Distrito Federal o a las capitales de los estados resulta angustiante –por decir lo menos- sobre todo por todo lo que incluye el hecho; la preocupación por la o el enfermo, el desplazamiento territorial, la intranquilidad por la atención del resto de los miembros de la familia, los costos económicos y a quién recurrir si no se cuenta con redes de familiares o amigos que puedan apoyar en la etapa de hospitalización de las y los menores.
Es deprimente el observar que, sumado al deterioro y falta de recursos que enfrenta el sector salud a nivel federal y local, se es testigo noche a noche de como en las unidades hospitalarias, un número indeterminado de personas en su mayoría mujeres, pernoctan en sillas o sobre los pisos en espera de informes sobre sus enfermos. Pero la realidad es que la carencia de recursos económicos para albergarse en un hotel y en muchos casos sin probar alimentos por la misma causa, les obliga a estar ahí en esas condiciones sin importar el hambre o el frio.
Como se sabe, el acercamiento a los espacios de la salud para sus familiares tradicionalmente por asignación cultural son, responsabilidad, preocupación y labor fundamentalmente femenina. El cuidado de la salud de las y los integrantes del hogar y la atención a enfermos o discapacitados de cualquier edad, son tareas “naturalmente” establecidas a las mujeres tanto al interior de las unidades domésticas como a nivel comunitario.
En el cuidado de la salud de las y los otros, las mujeres invierten mucho tiempo, que podrían dedicar a otro tipo de actividades, generalmente por cuidados de salud y por muchos otros, no obtienen remuneración alguna y su trabajo, esfuerzo y dedicación en este sentido son poco valorados por la familia, la sociedad e, incluso, por ellas mismas quienes muchas veces relegan a un segundo plano el cuidado y observancia de su propia salud. Cabe señalar que un gran número de madres solteras, mujeres abandonadas o divorciadas, tienen a su cargo el cuidado y sustento total de sus familias.
Es entonces, motivo de preocupación el observar y prever que el desgaste físico y emocional que vive una madre o padre que enfrenta la enfermedad y riesgo de la vida de una hija o hijo, traerá como consecuencia repercusiones en su propia salud, y a la postre tendremos más de un paciente que requiera de atención medica u hospitalaria.
Por ello, consideramos necesario que de manera pronta y efectiva, el sector salud implemente refugios temporales para los familiares de las y los menores que son pacientes hospitalizados del sector. Donde estas personas puedan contar con espacios adecuados para descansar, asearse y contar con alimentos que puedan restituir mínimamente su energía y ánimo para enfrentar el duro trance que les ha tocado vivir.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que establezca albergues temporales para los familiares de niñas y niños originarios de los diferentes estados de la República que se encuentran hospitalizados y que carecen de apoyos familiares y económicos para enfrentar los periodos de hospitalización.
Notas
1 Unicef Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, marzo de 2012.
2 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946.
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACDH]. Convención sobre los Derechos del Niño, 2007. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm, marzo de 2012.
4 Organización Mundial de la Salud. Diez datos acerca del desarrollo en la primera infancia como determinante social de la salud, 2012. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/developme nt/10facts/es/, marzo de 2012.
5 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2011.
6 Mario Luis Fuentes, Muertes infantiles: una realidad inaceptable. CEIDAS, Excélsior, 22-Mayo-2012 p. 20.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2012
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)