Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3632-III, jueves 25 de octubre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a fortalecer con las autoridades competentes acciones para reducir el robo de combustibles, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeros diputados, apenas el pasado martes discutíamos en esta tribuna un exhorto a Pemex, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal para que fortalecieran la implementación de su Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito para evitar el robo de hidrocarburos, mi Grupo Parlamentario en esta Tribuna expuso que las pérdidas económicas que Pemex reporta son preocupantes ya que al mes de junio de 2012 el volumen estimado de combustibles sustraídos ilícitamente a través de tomas clandestinas ascendió a 1,841,478 barriles, siendo 18% mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1,557,569 barriles. En el año 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito; pues, al mes de julio, se localizaron 114 tomas clandestinas, las cuales representaron el 11% del total. Le siguieron Sinaloa con 90 tomas clandestinas, Tamaulipas con 83 y Sonora y Nuevo León con 62.
Tan sólo durante el primer semestre del año, se identificaron y clausuraron un total de 824 tomas clandestinas. De este total, 687 tomas se encontraron herméticas, mientras que las 137 restantes se presentaron de manera no hermética.
Lo preocupante es que hoy en día va en aumento la extracción de gas licuado de los ductos de Pemex y de empresas privadas, lo cual pone en grave riesgo a la población civil, debido a que el control de las fugas provocadas por estas tomas clandestinas es más complicado y el riesgo de explosión es mayor, así como los efectos en la salud de la población expuesta a estas fugas.
Debemos recordar lo acontecido hace algunos días, cuando a algunos legisladores de los aquí presentes, primordialmente los que nos trasladamos a las sesiones desde el Bajío Mexicano, nos tocó el cierre de la carretera federal México – Querétaro, a la altura de los kilómetros 30 a 90.
Dicho cierre se debió a la fuga descontrolada de gas licuado provocada por una toma clandestina, la cual provoco que personal de Pemex, la Sedena y Protección Civil de Estado de Hidalgo, evacuaran a aproximadamente 1700 pobladores, suspendieran clases en escuelas aledañas a la zona de la fuga y se cerrara el flujo vehicular a lo largo de 30 kilómetros de autopista por espacio de 6 horas, e incluso se reporto la suspensión de los servicios de telecomunicaciones, lo anterior con el fin de controlar la fuga, evitar daños a la salud y riesgos de provocar una explosión de enormes magnitudes por el volumen de gas que se fue acumulando en la zona.
Aunque existen opiniones encontradas entre la paraestatal y las empresas transportistas privadas en torno a la vulnerabilidad de los ductos de gas licuado y de gas natural, sobre la tecnología que se requiere para extraerlos de forma ilícita, lo cierto es que el robo de estos gases es una realidad, de acuerdo con la paraestatal es posible que se robe el gas natural, dado que de enero a septiembre de este año se detectaron 58 tomas clandestinas en gasoductos que transportan gas natural, contra 56 incidentes reportados en todo 2011.
Otro elemento de vulnerabilidad, estriba en el tiempo que los ductos han estado operando, el caso que nos ocupa, fue construido hace 42 años aproximadamente.
Incluso fuentes allegadas a la industria del petróleo en México, han reportado que los artefactos utilizados para la sustracción ilícita de combustibles son: una abrazadera, un niple, un tubo ascendente y una válvula para controlar la salida del producto. Así, controlando su salida logran sustraer el energético para evitar una explosión.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de gasoductos y poliductos; así como, fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a trabajar de manera conjunta con las empresas de la iniciativa privada que cuentan con ductos para la transportación de gas a fortalecer la vigilancia de los mismos para evitar el robo de combustibles, así como implementar mejoras tecnológicas que les permitan detectar tomas clandestinas y así minimizar el riesgo a la población civil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Sagarpa acciones para detener la importación del cupo asignado de frijol y promover el consumo interno, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Óscar Bautista Villegas y diputados por San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Zacatecas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
Con fecha 16 de octubre de 2012, los senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García presentaron una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a suspender de inmediato el cupo asignado para la importación de frijol, la cual fue publicada en la Gaceta del Senado el día citado.
Dicha propuesta tiene como objeto evitar la importación de casi 138 mil toneladas de frijol, proveniente de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina y China, lo cual atenta contra la producción, la comercialización y distribución de los campesinos mexicanos, vulnera la soberanía alimentaria del país y atenta contra miles de empleos de jornaleros agrícolas.
En razón de ello resulta encomiable hacer eco en la Cámara no sólo del punto de acuerdo señalado sino, también, de las legítimas demandas de los productores mexicanos y los trabajadores del campo.
La proposición de referencia señala textualmente:
El 27 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, estableciéndose la cantidad de 100 mil toneladas métricas, que deberán importarse en el periodo que comprende del 15 de julio, hasta el 31 de octubre. No obstante, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2012 se establece que para 2012 la vigencia del cupo será desde su publicación hasta el 31 de diciembre de 2012.
El 25 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía por la que atraviesan diversas entidades federativas, en el cual, con el objeto de proteger el empleo y los ingresos de la población afectada, el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Economía, entre otras acciones, a que amplíe el cupo para importar frijol para garantizar el abasto de ese alimento en las zonas afectadas y en todo el país.
El 4 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, otorgando una asignación adicional de 50 mil toneladas.
En razón de lo anterior, hay “un cupo de importación de frijol autorizado de 150 mil toneladas para presente año, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012”.
Por otro lado, señala: “Si bien es cierto la contingencia climática derivada de la sequia registrada en el primer semestre del año, que afectó principalmente el ciclo primavera-verano de 2012, justificó ampliamente la medida tomada por la Secretaría de Economía del gobierno federal de ampliar la vigencia de importación para los 12 meses del año e incrementar en 50 mil toneladas adicionales, ésta ya no se justifica actualmente, en virtud de que los pronósticos del ciclo primavera-verano tienen buenas estimaciones”.
Asimismo: “De acuerdo con cifras oficiales, hasta septiembre de 2012 se ha registrado ya una importación de frijol, de las fracciones arancelarias comprendidas en el cupo, de cerca de 80 mil toneladas, por lo que se concentrarían poco mas de 70 mil toneladas de frijol importado en menos de 3 meses, lo que tendría resultados catastróficos para el ciclo otoño-invierno”.
Finalmente, la proposición considera “que de acuerdo con la producción estimada por la Sagarpa, de alrededor de 1 millón de toneladas para 2012, y la importación ya realizada en el presente año, es suficiente para cubrir la demanda de frijol para el resto del año, más aún que la escasez de producto ocasionada por la sequía, la que originó la ampliación de vigencia y volumen del cupo, ya fue ampliamente cubierta por las importaciones realizadas hasta septiembre”.
Es menester destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala en el artículo 3, fracción 23, que los productos básicos y estratégicos son los alimentos que forman “parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales”. Y en el artículo 179 de dicho ordenamiento se considera el frijol como producto básico y estratégico.
Los diputados del PRI coincidimos plenamente con la argumentación de los senadores, la cual he citado textualmente, no sólo como reconocimiento de la propuesta realizada sino también para ratificar nuestros compromiso con los productores mexicanos y con sus mejores causas.
La Cámara no puede ni debe mantenerse al margen del tema que hoy nos ocupa, pues reviste la mayor envergadura, por tratarse de la competitividad y el impulso de la planta productiva nacional, pero sobre todo porque las medidas tomadas por el Ejecutivo federal de nueva cuenta afectan a quienes menos tienen, a quienes históricamente se les ha denegado el acceso a las oportunidades y gozar de los beneficios del desarrollo.
Me parece que es momento de colocar los asuntos del campo en la prioridad de las agendas legislativas, pues está en juego la seguridad nacional.
No olvidemos, señoras y señores legisladores, que no sólo las balas matan: también lo hace el hambre.
El frijol es el producto y el objeto jurídico de este punto de acuerdo, la razón y el alma de esta proposición es el derecho o de nuestros productores a competir en el mercado internacional en condiciones justas y equitativas, es el derecho de los jornaleros y trabajadores a recibir un ingreso, y es el derecho de miles de familias a tener un plato de comida en la mesa.
La paradoja es que con las medidas tomadas por el Ejecutivo, los mexicanos no podrán tener siquiera un plato de frijoles que llevarse a la boca.
En virtud de ello pido su solidaridad para el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que
1. Desde el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias a efecto de detener de manera inmediata la importación del cupo asignado del frijol.
2. Impulse el consumo interno del frijol mexicano, e instaure un programa emergente para la distribución y comercialización en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputados: Óscar Bautista Villegas, José Eduardo Nava Gómez, Jorge Terán Juárez, Julio César Flemate Ramírez, José Luis Flores Méndez, Rubén Escajeda Jiménez, Adolfo Bonilla Gómez, Kamel Athié Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez, Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, María Concepción Navarrete Vital, María Elena Cano Ayala, Alejandro Rangel Sogovia, Petra Barrera Barrera, Jorge Herrera Delgado, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alma Marina Vitela Rodríguez, Flor Ayala, María Fernanda Schroeder Verdugo, Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, Abraham Montes Alvarado, Héctor Narcia Álvarez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sener y de la CFE sobre el destino de los recursos ahorrados por 96 mil trabajadores de ésta durante más de 40 años de vida laboral; y a efecto de que contribuyan al cumplimiento del pago y la devolución del Fondo Mutualista del SUTERM a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente,
Exposición de Motivos
Se pone a consideración del pleno, la deuda que tienen el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad con 96,000 trabajadores electricistas que aportaron al fondo mutualista del SUTERM 638,000 millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido de 1950 a 1990.
El 25 de abril de 1990 la CFE y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista, por un seguro colectivo obrero en la clausula vigésima sexta del convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992, con el aval del entonces secretario de trabajo y previsión social Lic. Arsenio Farell cubillas.
Las cantidades aportadas por los cefeístas, durante 40 años se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.
La falta de transparencia e información por parte del gobierno federal, ha generado que los compañeros de la CFE tengan que acudir a todas las instancias posibles para poder saber que paso con sus ahorros.
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al Secretario de Energía y al Director de la Comisión Federal de Electricidad para que expliquen a detalle el destino que se dio a los $ 638,000 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96,000 trabajadores de la CFE durante más de 40 años de vida laboral, en el periodo comprendido de 1950 a 1990.
Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo para instruya a los Secretarios del Trabajo y Previsión Social, Energía y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del SUTERM a los 8,600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del cultivo de cebada, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, licenciado Francisco González Vargas, diputado federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el inciso c), numeral 1, artículo 34 y en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III; 205, apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la creación de la Comisión Especial del cultivo cebada en defensa de la economía de los productores rurales y del desarrollo de la actividad económica que se genera con este producto agrícola, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la cebada es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano, la producción industrial de cerveza, el mercado nacional y de exportación, por lo que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, industrialización y comercialización del producto final, le otorga un rango nacional de interés económico prioritario.
De acuerdo a datos oficiales, México cuenta con una superficie establecida de más 370 mil hectáreas de cebada maltera y una producción de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil toneladas.
En México, aproximadamente el 65% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la industria maltera (500 mil 500 toneladas), y el 35% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para alimentación de ganado (269 mil 500 toneladas).
La consolidación en el mercado nacional y de exportación de las dos grandes compañías cerveceras en México y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado el desarrollo de una industria de producción de malta en México, integrada verticalmente con los fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrícolas para la producción de las variedades malteras demandadas por la industria.
Como consecuencia de lo anterior, la producción de cebada en México ha aumentado en los últimos años, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la producción nacional de granos, después del maíz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de éste lugar al arroz.
Cabe destacar el dato de investigación que señala....”La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo como cultivo agrícola (la producción promedio anual de cebada en grano en el mundo asciende a 132 millones de toneladas), luego del trigo, el arroz y el maíz”.
Con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, la balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria, entre otras causas debido a la creciente demanda de malta por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones, así como a la fuerte competencia internacional en cebada maltera.
De acuerdo con información de la FAO y la Financiera Rural, la producción de cebada en México presenta una tendencia de altibajos, misma que se encuentra asociada directamente con la variación de rendimiento y la volatilidad del precio, lo que hace considerar a México como importador de cebada. Tan sólo en el periodo 2003-2008 se importaron 1millón 789 mil toneladas.
Cifras oficiales preliminares indicaron que en 2008, el volumen de importaciones de cebada y sus derivados aumentó casi en 58.8%, respecto a 2007.
El 57.0% de las importaciones realizadas en este período provinieron de los Estados Unidos y Canadá, los cuales participan con el 43.4% y 10.7% del volumen total.
El 90% de la producción de cebada en México, durante el periodo 2010, se ubica en la zona centro del país en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo de producción corresponde al de primavera – verano, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. Diez entidades federativas contribuyen con el 10% restante de la producción nacional.
El artículo 150 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece un mecanismo de organización, a través de los Sistemas Producto y Cadenas Agroalimentarias. En el caso de la cebada participan los cuatro eslabones que integran la cadena: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. Es pertinente impulsar dicha plataforma de organización.
Participan los cuatro eslabones que integran la cadena: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto.
Con base en datos oficiales y del Plan Rector Nacional de Cebada, en la cadena agroalimentaria de este grano participan aproximadamente 55 mil productores, la infraestructura de la industria cervecera tiene una capacidad de producción (tendencia 2007 -2011) de 78 millones de hectolitros anuales promedio. La industria cervecera nacional exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, principalmente.
Con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, esta industria cervecera mexicana aporta anualmente más de 20 mil millones de pesos por concepto de impuesto especial a la producción. Este impuesto es la tercera parte de los impuestos especiales que se recaudan en el país, si se excluyen aquellas contribuciones especiales provenientes de los combustibles.
México ocupa un lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es reconocida en el mundo por su gran calidad.
En esta actividad económica, los productores rurales enfrentan un factor externo de impacto negativo que afecta el proceso productivo y las utilidades, este se refiere a fenómenos climatológicos tales como períodos prolongados de sequía y heladas tempranas. Es el caso del comparativo entre resultados de los ciclos anuales agrícolas 2010 y 2011. Los resultados son menores en 2011 y la derrama económica para los productores, consecuentemente menor. Lo anterior obliga a impulsar la cobertura total del seguro agrícola, como mecanismo compensatorio y de fomento básico.
Como legislador, mantengo un firme compromiso con los agricultores que se han dedicado por generaciones a este ramo de producción agrícola.
Es pertinente reconocer para corregir, y tenemos que señalar que la falta de una política pública integral y los apoyos de fomento articulados deficientemente, se ven reflejados en detrimento de la economía rural.
Entre los principales problemas detectados se encuentra el diferencial en inflación entre el precio al que compran los insumos para la producción y aquel al que venden su cosecha, por mencionar algunos ejemplos: semillas, agroquímicos, refacciones y de los combustibles que se usan en esta actividad productiva. En este sentido, han observado un crecimiento mayor en su costo de producción, sin que dicho aumento repercuta en el precio de venta de la cebada.
Se requiere de un replanteamiento integral y especial, a través del mecanismo de organización que constituye la cadena agroalimentaria del sistema producto.
Entre otras acciones que deben emprenderse con carácter inmediato, y que han sido reiteradamente planteadas por los productores y sus organizaciones destacan:
• Desarrollar y aplicar un sistema integral a través de diferentes apoyos a la producción, que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los costos de producción y su ingreso, para alcanzar una mayor productividad y calidad por unidad de superficie.
• Aplicar nuevos mecanismos de transferencia de tecnología que efectivamente lleguen a cada unidad de producción.
• Generar un nuevo mecanismo de asistencia técnica directa y asesoría en organización económica, de manera diferencial y a partir de las condiciones específicas de potencial productivo.
• Fortalecer la vinculación con los centros de investigación de las instituciones de educación superior.
• Impulsar la organización económica de los productores, a efecto de que cuenten con fortalezas que les permitan la reproducción, autogestión sustentable y el crecimiento de su economía.
• Destrabar los problemas que continúan presentes para tener acceso al financiamiento en forma oportuna.
Por lo anterior, con objeto de impulsar la producción y fortalecer el mercado nacional, de elevar la calidad de vida y el ingreso de los productores rurales y sus familias mediante el eficiente funcionamiento de la cadena del sistema producto cebada; me permito proponer a esta soberanía en calidad de urgente y obvia resolución, y con fundamento en el inciso c), numeral 1, artículo 34 y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III; 205, apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a esta soberanía y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura la creación en calidad de urgente y obvia resolución, de la Comisión Especial del cultivo cebada, con el objetivo de construir mediante el consenso activo un mecanismo de evaluación y seguimiento permanente, para obtener niveles más altos de productividad y competitividad, así mismo fortalecer el mercado interno, de tal manera que tanto el productor primario de cebada, como los procesadores, y los que impulsan y comercializan el producto final obtengan suficiente y equitativa utilidad por su trabajo.
Segundo . Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Francisco González Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento sobre los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En el año de 1942 se firman entre Estados Unidos de América y México los Tratados de Cooperación Laboral, y se realiza la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas en Estados Unidos.
II. En aquella época, en los tratados internacionales se establecieron una retención del 10 por ciento de los salarios para la creación del Fondo de Ahorro Campesino.
III. Fue sino hasta el año 2005 que se publica la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; y en ese mismo año, se publicó la primera convocatoria de la entrega correspondiente de los apoyos sociales de fecha 11 de noviembre, en la cual, se publicaron 39 mil 893 apoyos, de los cuales 39 mil 324 fueron pagados y 569 apoyos quedaron pendientes, registrando 98.57 por ciento de avance en cuanto al pago de los apoyos y quedando 1.43 por ciento pendientes en aquel entonces.
IV. En el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversas listas, desde el 15, el 23 y el 27 de diciembre de 2005; 24 de enero, 10 y 24 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio, y 30 de octubre del año 2006; 27 de junio, 6 de julio y 27 de agosto del año 2007; 16 de julio, 27 y 28 de agosto, 7 y 8 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 2, 3, 29 y 30 de diciembre del año 2008; 23 y 24 de abril, 25 y 26 de junio, 3 de julio, y 9 y 10 de noviembre del año 2009; 11 y 12 de enero, 19 y 20 de abril, 1 y 2 de junio, y 15 y 20 de septiembre del año 2010; 15 y 16 de marzo, 29 de abril, 2, 16 y 17 de mayo y 15 y 16 de agosto del año 2011; 2 de marzo y 7 de septiembre del año 2012; sumando hasta ahora un total de 46 listas publicadas para hacer de conocimiento a las personas que les corresponde el apoyo; y que de manera ejemplar, entre el 24 y 28 de noviembre del año 2008, se emitió una convocatoria donde fueron publicados 149,020 apoyos, de los cuales se registró su correspondiente pago por 41 mil 237 que representa el 27.67 por ciento, aunado al pago de los apoyos pendientes de 34 mil pesos, quedando pendientes 89 mil 150 apoyos, representando el 59.82 por ciento y los pendientes de pago de apoyos de 38 mil pesos, un total de 18,633 apoyos, que representan el 12.50 por ciento del total de los apoyos que fueron publicados para esas fechas.
V. El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se integra por funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Desarrollo Social, de Gobernación, y en calidad de invitados permanentes, participa el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y miembros del Poder Legislativo federal, concretamente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la pasada LXI Legislatura; por tanto, en secuencia a la política pública implementada en éste y el pasado sexenio para liquidar la deuda y en justicia a los mexicanos que en aquella época participaron en el programa, y en continuidad de los trabajos realizados para remunerarlos, se hace necesario en primera instancia la consideración de la creación de la comisión especial motivo del presente líbelo, y aún los recursos del fideicomiso 2106 faltan de liberación, lo cual afecta a los miles de ex braceros, migrantes y sus familiares que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964.
VI. Los recursos entregados de 2005 a 2011 ascendieron a 3 mil 238 millones 360 mil pesos, donde el total de beneficiarios que recibieron el apoyo social de los 38 mil pesos; de 2005 a 2011 son 85 mil 119 personas.
VII. El presupuesto para el 2012 asciende a 3 mil 816 millones 200 mil pesos, considerando 109 mil 659 beneficiarios para este 2012, integrado por titulares, esposas, concubinas, hijos o herederos de ex braceros; se estima que el total de recurso que se habrá de entregar en este año 2012 ascenderá a 7 mil 54 millones 560 mil pesos con corte de un total de beneficiados de 193 mil 572 personas.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se realice la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, para ser encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, así como continuar con los trabajos que venía realizando la comisión especial en las anteriores LX y LXI Legislaturas.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural correspondiente de diputados y diputadas que habrán de integrar la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2o. que México “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, los cuales, conforme al último Censo de Población y Vivienda, representan más del 12 por ciento de nuestra población.
En dicho artículo garantiza, asimismo, el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, para lo cual, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas, señala, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Segunda. El artículo 1o. de éste, nuestro máximo ordenamiento, establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Tercera. No obstante, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de aquellos que, expresamente, les confiere la Constitución.
Así lo constatan cientos de casos de mujeres y hombres indígenas. Diversos organismos internacionales, entre ellos, las Naciones Unidas, han documentado y condenado el hostigamiento, los encarcelamientos injustos e injustificados, los procesamientos infundados; así como el incremento de la violencia sexual contra las mujeres cometida con fines políticos, particularmente en zonas donde hay una intensa militarización, como en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
Dos de los casos que destacan por la serie de atropellos y vejaciones son los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega; que, no obstante, en virtud de su fortaleza y valentía, han sentado un precedente significativo en el ámbito nacional e internacional en lo que a la búsqueda de justicia para la población indígena y, dentro de ésta, para las mujeres indígenas, se refiere.
Cronología de los hechos
Caso Valentina Rosendo Cantú
16 de febrero de 2002: Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa (tlapaneca) del estado de Guerrero, es cuestionada por un grupo de militares –cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo a 200 metros de su casa ubicada en barranca Bejuco, municipio de Acatepec– sobre el paradero de un “encapuchado”. Al no recibir respuesta, fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería. Tenía 17 años.
18 de febrero de 2002: Valentina acude a la clínica de Caxitepec, en el mismo municipio, donde le niegan atención porque el médico de turno argumentó temor hacia los militares.
26 de febrero de 2002: Valentina se dirige al hospital central de Ayutla de los Libres, Guerrero, que queda a más de 8 horas de su casa, pero tampoco es atendida porque le informaron que requería una cita.
Al día siguiente, luego de solicitar la cita, un doctor le examina sólo el estómago negándose a realizar otros exámenes porque no había doctora.
27 de febrero de 2002: Valentina Rosendo y su esposo interponen una queja en contra de elementos del Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3 de marzo de 2002: 50 soldados del Ejército se presentan en la casa de Valentina y la obligan a señalar a sus agresores.
8 de marzo de 2002: Valentina interpone una denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común con sede en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.
11 de marzo de 2002: Valentina Rosendo y su esposo presentan una solicitud de intervención al gobernador constitucional de Guerrero, en la cual además de solicitar justicia, pidieron “imponer correctivos al servicio de salud al que tienen derecho en la clínica de Caxitepec”.
19 de marzo de 2002: Valentina es revisada por el médico legista Enoch Dolores Flores, adscrito al distrito judicial de Morelos, gracias a la solicitud 135, realizada por la agente titular del Ministerio Público del fuero civil especializado en delitos sexuales. El certificado médico ginecológico indica que Valentina presenta huellas de violencia física.
5 de abril de 2002: El Ministerio Público común remite la averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero para continuar con la investigación, por considerar que era incompetente en razón de territorio.
15 de abril de 2002: La Procuraduría General de Justicia del Estado remite la averiguación previa a la titular de la agencia investigadora del Ministerio Público del fuero común especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos, para que prosiguiera con las investigaciones correspondientes, aunque continúa practicando algunas diligencias.
16 de mayo de 2002: La Procuraduría General de Justicia de Guerrero declina su competencia a la justicia militar.
7 de junio de 2002: Valentina presenta un amparo a través del cual solicita que las autoridades militares declinen la competencia del caso.
20 de enero de 2003: La solicitud de amparo es rechazada.
11 de febrero de 2003: Valentina interpone una segunda demanda de amparo en el Distrito Federal, para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido.
29 de abril de 2003: La nueva solicitud de amparo es rechazada.
6 de noviembre de 2003: Valentina acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar su caso, después de una serie de irregularidades ante las autoridades nacionales.
10 de noviembre de 2003: La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron ante la CIDH la admisión del caso.
26 de febrero de 2004: La Procuraduría General de Justicia Militar archiva el caso por “no acreditar” la violación sexual.
21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.
12 de octubre de 2007: Tiene lugar la audiencia pública ante la CIDH por el caso de Valentina. En la sesión, Valentina narra las trabas para ser atendida en los servicios de salud y el hostigamiento militar para identificar a sus agresores.
Por su parte, el Estado argumenta que no se comprobó la violación puesto que Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó. Además insiste en que los soldados no incurrieron en faltas a la disciplina militar.
27 de marzo de 2009: La CIDH emite su Informe de Fondo donde acredita la violación sexual y responsabiliza al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables.
2 de abril de 2009: El Estado mexicano es notificado del informe de fondo, dándosele un plazo de dos meses para informar sobre las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones.
Con el pretexto de atender la crisis de influenza, el Estado pidió una prórroga de un mes para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de junio de 2009.
4 de mayo de 2009: Los peticionarios solicitaron que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
31 de julio de 2009: Ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta del Estado Mexicano, la CIDH presentó una demanda en contra del estado mexicano ante la CoIDH.
14 de agosto de 2009: Valentina Rosendo amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.
27 de mayo de 2010: Representantes del Estado mexicano, Valentina y sus abogados de Cejil y Tlachinollan comparecen en una audiencia ante la CoIDH, con sede en Costa Rica.
31 de agosto de 2010: La CoIDH emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. Se condenó al Estado mexicano a
• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, como de la obstrucción a la justicia, encubrimiento e impunidad que imperaron en el caso.
• Reformar la legislación federal y militar, con el fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.
• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.
• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.
• Otras de carácter normativo y administrativo.
Caso Inés Fernández Ortega
22 de marzo del 2002: Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa (tlapaneca) del estado de Guerrero, es allanada en su hogar –en el que se encontraba con sus cuatro hijos–, ubicado en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, por un grupo de 11 militares. Mientras la apuntaban en el pecho con un arma, la cuestionaban acerca de la procedencia de los trozos de carne que secaba en el patio. Ellos aseguraban que era robada. Inés no respondió porque no habla español. Su silencio enfureció a los soldados y enseguida la violaron. Tenía 25 años de edad.
24 de marzo de 2002: Inés Fernández interpone una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común con residencia en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.
25 de marzo de 2002: Médicos le practican estudios a Inés Fernández y obtienen pruebas espermáticas de la violación sexual. Las pruebas son, posteriormente, destruidas.
Inés Fernández presenta una queja formal por violaciones de sus derechos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM) del estado de Guerrero, la cual la remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
17 de mayo de 2002: El agente titular del Ministerio Público del fuero común se declara incompetente y remite el caso al Ministerio Público Militar.
10 de abril de 2003: Inés Fernández interpone una demanda de amparo para atraer su denuncia a la justicia civil.
3 de septiembre de 2003: Le es negada la solicitud de amparo.
19 de septiembre de 2003: Inés Fernández presenta un recurso de revisión del amparo.
27 de noviembre de 2003: Se confirma la resolución recurrida.
28 de noviembre de 2003: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la recomendación 48/2003, dirigida al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Guerrero para que integre la averiguación del caso e investigue las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio Público Militar.
14 de junio de 2004: Inés Fernández, la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos (OPIT) y el Centro Tlachinollan denuncian el caso ante la CIDH.
15 de septiembre de 2006: La investigación del caso es archivada por la Procuraduría General de Justicia Militar.
21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.
20 de septiembre de 2007: La CIDH emite medidas cautelares a Inés Fernández y su esposo, ante el riesgo y amenazas que enfrentan.
12 de octubre de 2007: Inés Fernández asiste a una audiencia pública ante la CIDH en Washington, DC.
10 de febrero de 2008: Lorenzo Fernández, hermano de Inés, aparece muerto y con visibles huellas de tortura.
27 de junio de 2008: La CIDH amplió las medidas cautelares, a favor de otros 41 miembros de la OPIT, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega. No obstante, durante el período de vigencia de dichas medidas y a pesar de ellas, los beneficiarios de las mismas continuaron recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento.
30 de octubre de 2008: La CIDH aprueba un Informe de Fondo sobre el caso de Inés Fernández.
7 de noviembre de 2008: El Estado del Informe de Fondo, concediéndosele un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones.
12 de diciembre de 2008: El Estado presenta un informe preliminar y solicita una prórroga, la cual le fue concedida por tres meses, a partir del 05 de febrero de 2009.
9 de abril de 2009: La CoIDH emite medidas provisionales para Inés Fernández, así como para otros 106 defensores de derechos humanos en Guerrero.
20 de abril de 2009: El Estado presenta su informe final, sin acreditar avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.
7 de mayo de 2009: La CIDH presenta una demanda en contra del Estado Mexicano ante la CoIDH.
14 de agosto de 2009: Inés Fernández amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.
15 de abril de 2010: La CoIDH celebró la audiencia del caso de Inés Fernández durante el periodo extraordinario de sesiones de la Corte en Lima, Perú.
30 de agosto de 2010: La CoIDH emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Inés Fernández Ortega y de varios integrantes de su familia. Se condenó al Estado mexicano a
• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas.
• Reformar la legislación federal y militar, con el fin de que establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.
• A pagar una indemnización económica por daño material a Inés Fernández Ortega y su esposo, e inmaterial a Inés Fernández y varios integrantes de su familia, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarle a sus cuatro hijos becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.
• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.
• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres.
• Otras de carácter normativo, social y administrativo.
Proceso conjunto
1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la CoIDH.
25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo e Inés Fernández, junto con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob, un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implementación de las reparaciones emitidas por el Tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: (i) Justicia, (ii) Reconocimiento de responsabilidad, (iii) Educación y atención médica, (iv) Indemnización, (v) Capacitación, (vi) Reformas legislativas; y (vii) Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implementación coordinada de los resolutivos.
29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la CoIDH una interpretación de las sentencias, en virtud de que “la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.
Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.
8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
15 de marzo de 2011: Tras 5 meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de Presidencia. Todos como representantes del Estado mexicano se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implementar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.
30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las mesas de trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento del plan de trabajo suscrito.
Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña “Cumplir las Sentencias para Romper el Muro de la Impunidad”, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con el objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de las que Inés y Valentina fueron víctimas.
12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la Corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.
20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional. Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales.
15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la procuradora Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.
6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El evento estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.
31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en la gran mayoría de las medidas dictadas por la CoIDH.
Cuarta. Es en este contexto, el pasado 1 de octubre se cumplieron dos años de que la CoIDH notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, a pesar de que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, “el gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”’, el Estado mexicano, en su conjunto, y el gobierno federal en lo particular, se han encontrado reacios a cumplir de manera pronta y cabal las sentencias, las cuales permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, destacando los siguientes:
A la fecha, la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.
El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la Corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades, sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.
Ante el próximo cambio de poderes y, en virtud, de la negligente dilación en su cumplimiento, es indispensable exigir que las medidas reparatorias incumplidas o parcialmente cumplidas sean cubiertas antes de que concluya la presente administración. O bien, asegurar los mecanismos institucionales que garanticen su continuidad en la próxima administración.
Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a
a) Retomar las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por ambas partes.
b) Cumplir a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos “Rosendo Cantú y otra vs. México” y “Fernández Ortega y otros vs. México”.
c) Generar los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso y el cumplimiento de los resolutivos que quedaran pendientes, por parte de la administración entrante.
d) Rendir un informe pormenorizado a las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.
e) Hacer del conocimiento público la información a que hace referencia el inciso anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el calendario cívico el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Cáncer de Próstata, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Felipe Arturo Camarena García, Diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La OMS calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015.
Las autoridades sanitarias han difundido que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte entre varones de 40 años, la primera en mayores de 65 y el índice de defunciones en la capital mexicana alcanza los 4 mil casos por año.
La próstata es una glándula cuya principal función es la de producir líquido seminal. Se encuentra entre la vejiga y la uretra. El aumento del volumen de la próstata se produce en la mayoría de los hombres a partir de los 40 años, afectando a un 10 por ciento de la población, mientras que los varones de 80 años son afectados en un 60 por ciento.
El cáncer de próstata es un importante problema de salud pública con altos costos sociales y una considerable carga individual para el paciente y la incidencia del cáncer de próstata parece aumentar.
Actualmente el cáncer de próstata es considerado el cáncer más frecuente en el hombre, y el segundo más letal, solo desplazado por el cáncer de pulmón. Sin embargo en México, así como en muchos países en desarrollo y a pesar de ser considerado un problema de salud pública, no se han desarrollado campañas y programas de detección nacionales orientadas a detectar oportunamente el cáncer en la población de riesgo y disminuir consecuentemente su mortalidad.
A diferencia de otras neoplasia malignas como el cáncer cervico uterino o de mama, en la que se han implementado continuas campañas de difusión social con intervención de gobiernos municipales, estatales y federales así como de la iniciativa privada orientadas a su prevención y tratamiento oportuno.
El cáncer de próstata ha sido relegado, por considerarse un cáncer que sólo afecta al adulto mayor (lo cual no es del todo cierto, ya que cada vez se presentan casos en hombres más jóvenes entre 40 y 45 años) que es considerado económicamente inactivo y por considerar que México es un país eminentemente de jóvenes. Sin embargo y de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi, existe una población total de 112 millones 336 mil 538, de los cuales 54 millones 855 mil 231 son hombres; de estos, aproximadamente 13 millones son mayores de 45 años, población que se encuentra en riesgo de padecer cáncer de próstata, lo que representa al 11.5 por ciento de la población. Se estima de acuerdo a proyecciones al 2049 realizadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) que más de la mitad de los hombres de mas de 75 años, continuará siendo población económicamente activa. A diferencia de los censos poblacionales pasados, nuestro último censo demuestra que a pesar de que seguimos siendo un país de jóvenes, nuestra población es cada vez más longeva, lo que nos convierte en una población cada vez mas susceptible a las enfermedades crónico-degenerativas, afecciones cardiacas, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y al cáncer.
Desafortunadamente el cáncer de próstata es generalmente indolente, sin embargo, en los países desarrollados se logra detectar al 80 por ciento de los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, en México el 80 por ciento son diagnosticados en estados metastásico, en donde no se pueden realizar terapias encaminadas a la curación sino mas bien terapias encaminadas a la paliación de la enfermedad. Con el impacto e implicaciones personales, profesionales, familiares, sociales, en calidad de vida y económicas que esto implica.
La detección se lleva a cabo principalmente por la prueba en sangre del antígeno prostático específico, llamado PSA (prostate-specific antigen), o por exploración física de la glándula prostática (tacto rectal). Esta prueba de sangre es considerada actualmente como el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata y ha demostrado un adecuado costo beneficio al ser un estudio económico y accesible en la mayoría de los centros de primer nivel, se considera que un antígeno por arriba de 4 ng/ml es sospechoso de malignidad.
Los resultados sospechosos típicamente dan lugar a la posterior extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es examinada en microscopio.
El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, o bien una combinación de todas. La edad y el estado de salud general del afectado, tanto como el alcance de la diseminación, la apariencia de los tejidos examinados al microscopio y la respuesta del cáncer al tratamiento inicial, son vitales en la determinación del resultado terapéutico. Debido a que el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta preferentemente a hombres mayores, muchos de ellos morirán por otras causas antes de que el cáncer pueda propagarse o causar síntomas.
Al respecto, en nuestro país no existe una campaña permanente encaminada a la detección del cáncer de próstata por lo que es imperativo establecer mecanismos, acciones y campañas de detección que impacten en disminuir la mortalidad relacionada a esta patología, que en muchas ocasiones afecta a los jefes de familia, población económicamente activa, padres de familia o abuelos, economía personal, familiar y sociales e incrementan la muerte de pacientes que pudieron ser detectados y tratados oportunamente.
En Colombia y debido a los padecimientos de este tipo de cáncer, se declaró el Día Nacional contra el cáncer de próstata, buscando, de esta manera, la promoción del gobierno para mayor información y educación con el fin de detectar y tratar a tiempo esta enfermedad.
Aunado a lo anterior, el Día Internacional del Hombre (DIH) se celebra el 19 de noviembre. Fue inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago, luego se extendió a Australia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, Jamaica, Hungría, India, Italia, Nueva Zelanda, Brasil, Moldavia, Haití, Portugal, Singapur, Malta, Sudáfrica, Ghana, Costa Rica, Hungría, Irlanda, Perú, China, Vietnam, Pakistán, Guatemala, Dinamarca, Suecia, Noruega, Guyana, Holanda, Georgia, Argentina, Alemania, Austria, Inglaterra, Escocia, Uruguay, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador, abordar temas de salud para hombres, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, este evento busca concienciar sobre temas de salud de los varones como el cáncer de próstata, de testículo y la depresión en el hombre.
Por lo anterior, es que solicitamos la inclusión en el calendario de fechas importante de nuestro país del “Día Nacional contra el Cáncer de Próstata”, a fin de que nuestro gobierno trabaje sobre el tema y promueva espacios de discusión, y así se implementen políticas públicas permanentes, contra este terrible mal, atendiendo el derecho fundamental a la protección y acceso a la salud.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a incluir en el calendario de fechas conmemorativas de nuestro país el 19 de noviembre como el “Día Nacional contra el Cáncer de Próstata”, a fin de implementar políticas públicas permanentes contra esta terrible enfermedad, atendiendo el derecho fundamental a la protección y acceso a la salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo ante esta honorable asamblea al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.
Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, han diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.
No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, asociado a un incremento considerable de la pobreza.
El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.
México cuenta con un crecimiento económico menor al del 2011, con un repunte considerable en los niveles de inflación. La situación del mercado laboral continúa siendo delicada, ya que la creación de empleos se recupera de manera modesta mientras que la tasa de desempleo se mantiene en niveles elevados. Los empleos creados no cubren las necesidades básicas de las personas. Lo que continúa siendo un grave problema.
El monto de pago vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.
Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.
A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año, se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.
La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro de “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.
En Mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.
Lo anterior golpea a las y los mexicanos, ya que muchas de las instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera en contra de los deudores morosos que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido, hasta amenazas de registro de malas notas en el Buró de Crédito (SIF), como el Buró de Crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.
El país sigue sumergido en una situación bastante frágil, el Estado no debe aplicar un trato desigual a sus ciudadanos, rescatando por una parte a grandes empresarios y dejando en el olvido a los pequeños ahorradores y usuarios de crédito, no debemos olvidar que esto sucede por los salarios bajos y desempleo, no precisamente por una cultura de no pago.
Por lo tanto hace falta implementar programas y mecanismos adecuados para el rescate y restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados en las implicaciones y riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo con el fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.
Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera, y en general a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de propiciar el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con autoridades estatales de la Conagua y lograr un acuerdo satisfactorio para las partes, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propiciará el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, en su delegación en el estado, para lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes, con el propósito central de evitar el desalojo de los posesionarios, a fin de que se turne a la comisión dictaminadora correspondiente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo sexto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Sin embargo, y no obstante que se han creado organismos públicos como el Infonavit para lograr tal propósito, la realidad demuestra que todavía millones de mexicanos carecen de vivienda propia y, en consecuencia, tienen que rentar o, en su defecto, formar asentamientos irregulares donde, por las características respectivas, no reciben servicios públicos.
En el caso que nos ocupa, hablamos de un grupo de personas que en la capital de Puebla, ante la ausencia de oportunidades para obtener vivienda digna y decorosa, se han visto en la necesidad de constituir un asentamiento irregular en el predio Barranca de San José, el Santuario.
El problema es que el predio cuenta con una declaración de bien nacional, según el decreto de fecha 8 de abril de 1960 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo del mismo año.
Las personas que habitan el predio han sido notificadas por la Comisión Nacional del Agua para que desalojen dicho terreno. En caso de salir voluntariamente del terreno en cuestión, estos mexicanos no tienen ningún otro lugar donde vivir.
Como millones de habitantes, sus salarios son exiguos y no cuentan con recursos para pagar una renta modesta.
Por ello urgimos a la Cámara de Diputados para que, con sensibilidad política, propicie un acercamiento entre las partes, los posesionarios irregulares del predio y las autoridades del gobierno federal, por la Comisión Nacional del Agua, para encontrar una salida justa al problema.
En consecuencia, y con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, se somete a consideración de esta asamblea, para turno a la comisión dictaminadora que corresponda, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propiciará el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, en su delegación en el estado, para lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes, con el propósito central evitar el desalojo de los posesionarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada María del Carmen Martínez Santillán
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a realizar acciones para impulsar la firma de un acuerdo migratorio México-Estados Unidos de América, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado federal, Javier Filiberto Guevara González, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, donde se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con vistas a impulsar, en el mediano plazo, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América.
Consideraciones
Durante el pasado proceso electoral, el hoy presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor de que nuestro país entablara con Estados Unidos un acuerdo migratorio en beneficio de ambas naciones y, de manera por demás sensible y oportuna, identificó que los tiempos políticos por los que atraviesa nuestro vecino del norte –con elecciones presidenciales en puerta– constituyen una ventana de oportunidad para que, en un clima de absoluto respeto a nuestras respectivas soberanías, se busquen espacios de entendimiento y colaboración en temas comunes que podrían resultar de enorme trascendencia, como es el caso del Acuerdo en mención, el cual, dicho de paso, México ha buscado impulsar desde hace casi dos sexenios.
En 2001, con una situación política enmarcada en la concurrencia de nuevas administraciones federales en' México y Estados Unidos de América, parecía favorable el entorno para la consecución de un acuerdo migratorio. No obstante, los atentados terroristas del 11 de septiembre en la Unión Americana diluyeron las posibilidades concretarlo.
Asimismo, parecía propicio a este fin el cambio de gobierno en Estados Unidos derivado de la elección de 2008, dado el compromiso manifiesto de Barak Obama, como candidato, a favor de la resolución del tema migratorio con México.
Hoy, la coincidencia en la renovación de las administraciones en ambas naciones, genera condiciones que favorecen la perspectiva de retomar esta idea que, sin duda, cambiaría para bien la dinámica de muchos de los puntos centrales de nuestra agenda bilateral y nos llevaría a mejores niveles de cooperación en todos los ámbitos.
Han sido básicamente dos los puntos puestos sobre la mesa en la búsqueda de un acuerdo migratorio. El primero consiste en otorgar una amnistía a todos los trabajadores indocumentados para que residan legalmente en Estados Unidos y, el segundo, tiene que ver con los permisos de empleo temporal para que los mexicanos puedan trabajar legalmente en Estados Unidos y después de cierto tiempo regresen al país.
Es claro que lo óptimo sería que pudieran implementarse ambos esquemas, aunque si los mexicanos radicados en territorio estadounidense tuvieran que decidir entre una u otra opción –según indican encuestas de opinión–, la mayoría se inclinaría por que el gobierno de Estados Unidos de América otorgue permisos de trabajo temporal.
Temas como la construcción de acuerdos para lograr programas de trabajo temporal, la revisión de los programas de visado y la regularización migratoria de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos de América son temas nodales en la agenda pendiente.
En nuestro grupo parlamentario, fieles a los mejores principios de política exterior, nos manifestamos desde luego respetuosos del proceso electoral y la decisión de los ciudadanos nortemericanos en la definición de su gobierno para los próximos cuatro años.
Asimismo, considerando que es momento para la discusión de los temas de prioridad, desde la perspectiva mexicana, para la construcción de una agenda bilateral y asumiendo que los dos candidatos en la contienda electoral norteamericana han manifestado su interés sobre el asunto, nos parece oportuno pronunciarnos en favor de retomar el tema migratorio, para la construcción de la agenda a mediano y largo plazos.
En este tenor, hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores para que levantemos la voz en favor de que México vuelva a promover –y ahora sí concrete– un acuerdo migratorio, que sobre todo logre que los derechos de nuestros connacionales sean reconocidos y respetados.
Asimismo, insto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que por medio de la Embajada en Estados Unidos y la red consular en ese país, refuerce las acciones necesarias para brindar atención debida a la población mexicana migrante e impulse con determinación la discusión encaminada a la consecución de un acuerdo migratorio entre ambas naciones, reconociendo la complementariedad de las economías y mercados laborales de ambos países, los vínculos familiares entre las dos sociedades y se establezcan las condiciones para un flujo de personas legal, ordenado, seguro y respetuoso de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con vistas a impulsar, en el mediano plazo, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con base en las siguientes
Consideraciones
La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad, consagrada en nuestra Carta Magna, exige como condición indispensable, que los individuos sean libres para investigar la vida pública nacional, así como difundir ideas e información, y a la vez, que toda la sociedad pueda recibir información de manera objetiva, oportuna y confiable.
Hoy día, en nuestro país se registran altos niveles de violencia en sus diversas modalidades por parte de las diversas bandas de la delincuencia organizada, en contra de mujeres y hombres que han hecho de la labor periodística su profesión, vocación y proyecto de vida.
Las agresiones de la delincuencia organizada en contra de periodistas y medios de comunicación en México van en aumento. Cada vez son más las víctimas de amenazas, intimidaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas.
Estas acciones que violan las libertades democráticas de expresión y de acceso a la información son de competencia de las Procuradurías de Justicia los Estados de Federación, y corresponde a cada una de ellas realizar las investigaciones expeditas y confiables que permitan esclarecer cada uno de los delitos, se detenga y juzgue a los responsables de ellos y se castigue a los culpables conforme a lo establecido en las leyes.
Actualmente, los estados que destacan por el mayor número de agresiones contra periodistas son; Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León, en donde el desarrollo de las investigaciones, el esclarecimiento de los asesinatos, secuestro y agresiones ha sido lento y sin frutos concretos, creando un clima de incertidumbre entre las y los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjuntos, trayendo así, un clima de desconfianza en las instituciones encargadas de administrar y procurar la justicia.
Al clima de temor generado por la violencia de las bandas de la delincuencia organizada, se está sumando la desconfianza de la población en las instituciones, y el descontento social puede acrecentarse de manera considerable.
Tan sólo en lo que va del 2012 se tiene registrado el asesinato de 14 periodistas; 3 más se encuentran desaparecidos; y 27 de ellos y 11 medios de comunicación han sido agredidos. Las acciones de la delincuencia organizada han hecho que algunos periodistas estén optando por no denunciar las agresiones o no dar cobertura a ciertos temas, y otros más por abandonar la labor informativa.
Este panorama hace indispensable que la Cámara de Diputados establezca los mecanismos adecuados, oportunos y eficientes para colaborar en la defensa de la libertad de expresión, información y del ejercicio de la labor profesional del periodismo honesto, objetivo y valiente. En este sentido las y los legisladores debemos continuar los trabajos de revisión y vigilancia de la aplicación de las leyes para garantizar la aplicación de la justicia, la defensa de las libertades y la seguridad tanto de los profesionales de la comunicación como de la sociedad en su conjunto, establecer mecanismos eficientes de seguimiento de las agresiones y coordinar acciones de información y seguimiento con las Procuradurías estatales a fin de dar satisfacción plena a los directamente afectados y a la sociedad en su conjunto, colaborando de esta manera al fortalecimiento de la credibilidad y confiabilidad en las instituciones.
En diversos momentos Acción Nacional ha presentado medidas para fortalecer nuestro marco legal en pro de la prevención y protección de los periodistas. En esta LXII Legislatura las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos la firme voluntad de continuar con la denuncia y el seguimiento de todas las agresiones que lleguen a presentarse contra periodistas y medios de comunicación y para ello es que solicitamos que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, emita el acuerdo en donde se establezca la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para continuar en la vigilancia de la aplicación de las leyes para la impartición de la justicia, a los profesionistas de la comunicación, y poner un alto a las agresiones en contra de las y los periodistas y los medios de comunicación en nuestro país.
La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, será un instrumento que abone a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México.
Por todo lo anterior, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Segundo. La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación estará formada por el número de diputadas y diputados que la Junta de Coordinación Política considere pertinente, guardando los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación tendrá vigencia durante la LXII Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar por el monitoreo de medios de comunicación masiva el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro”, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de la nación, establece en el artículo 4o. la garantía de la protección de la salud.
El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría de Salud; entre ellas, actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes confieren al Ejecutivo federal, y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
La Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su reglamento.
Conforme al citado artículo, a la Cofepris corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y los requisitos para prevenir y manejar los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la secretaría, en la instauración de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.
Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la Cofepris, consultable en línea.
Hace algunos años inició el Estado mexicano una lucha por controlar los “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano, los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en el país, que dicen curar todo y al final para nada sirven o, peor aún, atentan contra la salud.
De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del Estado en la materia.
Sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad. Tan es así que en marzo pasado se modificó el Reglamento en materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución.
No obstante, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, públicos o privados.
Por lo expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate de los “productos milagro” por un monitoreo de medios de comunicación masiva electrónicos, principalmente televisión, y escritos a fin de detectarlos y proceder con las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que implante para los integrantes de las unidades de protección civil federales, estatales y municipales un programa de capacitación sobre manejo, aseguramiento, protección y traslado de fauna silvestre que ingrese en asentamientos humanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 18 de octubre, un osezno hembra ingresó en una comunidad de Zaragoza, Coahuila, aparentemente en busca de alimento.
Ante la alerta de los pobladores, integrantes de Protección Civil municipal acudieron al sitio para capturar al osezno. Se presentó también un grupo de voluntarios, que vio la situación como un motivo para divertirse.
Los resultados fueron atroces. El animal fue capturado de forma brutal, amarrado de las extremidades, sin dispositivos para evitar luxaciones o fracturas.
Los miembros de Protección Civil y los voluntarios sometieron a la osa para usarla como trofeo y tomarse fotografías como si se tratara de una pieza de caza. En las imágenes difundidas por la prensa se ve a las personas, algunas uniformadas, muy divertidas con la situación, mientras que el animal se nota aterrado y con el hocico sangrante.
Dos días antes, el 16 de octubre, se registró una situación similar. Elementos de Protección Civil de Tepic, Nayarit, capturaron a un cocodrilo en el río Mololoa. Como si se tratara de una costumbre de ese cuerpo de rescate, el director de la corporación se tomó fotografías donde aparece sentado encima del animal capturado.
El funcionario subió las imágenes a su página de Facebook como si se tratara de una hazaña. Lo peor del caso es que el cuestionable servidor fue felicitado en la propia red social por Martín Tapia Miranda, director general de Protección Civil en Nayarit.
El oso y el cocodrilo están protegidos en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, pues se encuentran en peligro de extinción y están catalogados como sujetos a protección especial.
Ante la indignación de la sociedad civil, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tardíamente inició una investigación contra los presuntos responsables de la tortura del osezno. El lunes pasado interpuso una denuncia penal contra los autores del maltrato.
De acuerdo con el artículo 420, fracciones IV y V, del Código Penal Federal, los servidores públicos acusados de violentar a los animales podrían enfrentar una pena de hasta 9 años de prisión o una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente, condenas establecidas para quienes dañen ejemplares de fauna silvestre en peligro de extinción.
Sin duda, estas acciones son acreedoras a imponer sanciones a los responsables del maltrato de los animales, con la intención de imponer castigo ejemplar a los autores y evitar que se repitan acciones violentas contra especies en peligro de extinción.
Sin embargo, estos ejemplos de maltrato contra los animales son también muestra clara de que las autoridades encargadas de proteger el ambiente han sido corresponsables en los casos de abuso contra especies protegidas, pues evaden su obligación de capacitar en el manejo de fauna silvestre a los funcionarios de protección civil.
Por lo expuesto se presenta a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que implante un programa de capacitación para los integrantes de las unidades de protección civil a escalas federal, estatal y municipal, en manejo, aseguramiento, protección y traslado de fauna silvestre que ingrese en asentamientos humanos, con la finalidad de evitar casos de maltrato y abuso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la competitividad, la innovación y el desarrollo integral de las microrregiones, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Maricela Velázquez Sánchez, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para la competitividad, innovación y desarrollo integral de las microrregiones, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 25 determina que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable... mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución...”
Los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojaron un total de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, con este resultado México se coloca en el undécimo lugar a nivel mundial por el número de habitantes, entre los cuales aún existen pobreza extrema, y prevalece la desigualdad, pues en el mismo censo se advierte la existencia de 52 millones de personas en situación de pobreza, y que es altamente probable que al final del presente año México esta cifra incremente a más de 60 millones de pobres.
Para lograr un abatimiento efectivo de la pobreza es menester emprender un enfoque territorial diferenciado, que identifique la pobreza y la caracterice en su justa dimensión más allá de los grandes números acudiendo a las comunidades de más alta marginación apoyando la satisfacción de las necesidades de las personas que habitan estas localidades, es decir una micro región, entendiendo por esta al área territorial identificada por sus condiciones de rezago y marginación conforme a indicadores de pobreza para cada región, estado y municipio.
Los programas de desarrollo micro regional durante las dos últimas administraciones se han caracterizado por: falta de inversión, opacidad y el manejo discrecional de los recursos destinados a la materia; las políticas públicas en el mismo tema son inaplicadas en muchos casos e inexistentes en otros más; existe un marco normativo excesivo e ineficaz; ausencia de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana; uso de una tecnología inapropiada; lo anterior aunado a la desarticulación del sector productivo y por tanto se provoca que las cadenas productivas sean ineficientes, generando un círculo vicioso que repite y consolida el patrón de pobreza y marginación.
La Secretaría de Desarrollo Social tuvo un deficiente desempeño en el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones, que operó de 2002 a 2008 con 1’017,026,500 pesos para su último ejercicio en 2007. Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura como la Alimentación y la Auditoría Superior de la Federación calificaron de deficiente el programa por adolecer de indicadores para evaluar la calidad de los proyectos apoyados y mecanismos de control para el ejercicio de los recursos.
Según el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2007, en el tomo VIII, reveló que la Secretaría de Desarrollo Social “no dispuso de los elementos para promover la no duplicidad de acciones ni registró la aportación de los beneficiarios en mano de obra y especie”. Bajo estas condiciones fue ejercido el 87 por ciento del presupuesto.
Por su parte, la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 del Programa para el Desarrollo Local Microrregiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura como la Alimentación (FAO), coincidió con la Auditoría Superior de la Federación, determinando la inexistencia de una base monitoreable y definida para poder valorar los resultados.
El organismo internacional hizo hincapié en que tanto las reglas de operación y la matriz del marco lógico del programa no fueron una herramienta útil en la toma de decisiones para abatir a la pobreza. Asimismo se señaló que el programa de la Secretaría de Desarrollo Social no contaba con metas e indicadores de desempeño.
La respuesta del Ejecutivo federal fue fusionar en 2008 los Programas de Desarrollo Local (microrregiones) y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria en el Programa para Desarrollo de Zona Prioritarias, perdiendo así el enfoque microrregional hasta la fecha, tan necesario para lograr una efectiva y eficaz lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Sin embargo, aun existiendo hasta 2008 programas que procuraron el desarrollo de las microrregiones en nuestro país, éstos no tuvieron el impacto deseado que se reflejara en la mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias mexicanas, debido entre otras cosas: a la deficiente infraestructura para la implementación de los programas y las políticas públicas, aunado a la falta de asistencia técnica y capacitación oportuna, conjugado con unas complicadas reglas de operación emitidas en 2012 para el Programa de Atención de Zonas Prioritarias, ajenas a la realidad de las comunidades y localidades afectadas, que parecen volver al tratamiento tradicional e ineficiente de la problemática: considerar a la pobreza como un fenómeno homogéneo sin considerar sus peculiaridades territoriales .
El abandono de programas y apoyos federales y la falta de políticas públicas eficientes para este sector, hacen necesario que desde la Cámara de Diputados se de seguimiento a los programas existentes que fortalezcan la aplicación de las normas y que vigilen la implementación de los programas que se establezcan.
Resulta necesario, modificar el esquema tradicional de apoyos, cuya exacerbada burocracia se convierte en un criterio de imposible salvación, que obliga a que las comunidades se ausenten de un desarrollo integral.
Durante la LXI Legislatura se formó una comisión especial de desarrollo de microrregiones en términos similares, en donde se realizaron esfuerzos y trabajos de gran alcance, por lo que resulta conveniente darles continuidad en aras de fortalecer la legislación, atendiendo una realidad que permuta constantemente, lo cual hace imprescindible atender nuevas necesidades.
En tal virtud es que someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura que se constituya la Comisión Especial para la Competitividad, Innovación y Desarrollo Integral de las Microrregiones.
Segundo. El objeto de esta comisión será promover, apoyar e impulsar el otorgamiento de recursos financieros suficientes para la materialización de los programas de las dependencias destinados a impulsar el desarrollo de micro regiones; vigilar el cumplimiento de las metas que fije el gobierno federal en lo que a este rubro se refieran, así como la elevación de los niveles de producción, la generación de empleos dignos y la distribución de los recursos; establecer los esquemas que consoliden las actividades económicas que llevan a cabo las comunidades que se encuentran en alta y muy alta marginación; supervisar, conjuntamente con las instancias federales, la correcta aplicación de los indicadores de marginación para direccionar correctamente los recursos y apoyos; así como realizar el análisis legislativo conducente, a efecto de adecuar el marco jurídico en la materia, para impulsar el crecimiento, competitividad y desarrollo sustentable de las micro regiones en México.
Tercero. Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Cuarto. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
En su integración, la comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Quinto. La comisión especial funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SEP, el Inifed y la Conagua –con la participación de los gobiernos locales– gestiones y acciones para equipar con bebederos de agua potable las escuelas de educación básica, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SEP, el Inifed y la Conagua, y con la participación de los gobiernos locales, a que realicen las gestiones y acciones necesarias para equipar a las escuelas de educación básica con bebederos de agua potable, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta de Salud en Estudiantes de Escuelas Públicas en México”, publicada en 2010, se observó que a nivel primaria existe una prevalencia de 38.5 por ciento de sobrepeso y obesidad para ambos sexos, mientras que a nivel nacional es de 30.3 por ciento. En secundaria se observan niveles aún más altos con un 39 por ciento para ambos sexos mientras que a nivel nacional es de 32 por ciento.
Una de las razones que han conducido a esta situación, quizá la principal, es el alto consumo de frituras, pastelillos y demás alimentos chatarra, así como de bebidas gaseosas, otro rubro en el cual los mexicanos somos también el primer lugar a nivel mundial con un consumo promedio anual de 163 litros por persona.
Es un hecho que los niños necesitan tener acceso a agua potable a libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas. Se ha observado que al tener agua potable disponible en las escuelas, los niños incrementan su consumo.
Pero no sólo eso, también hay que considerar que el aprendizaje puede resultar difícil para las niñas y los niños que se enfrentan a una realidad cotidiana en la que el agua para beber, está sucia o su abastecimiento se interrumpe con frecuencia.
En todo el mundo, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento tiene repercusiones desastrosas para la infancia. Las enfermedades diarreicas y los parásitos intestinales que disminuyen la energía prosperan en entornos poco higiénicos y son la causa de que millones de menores se enfermen todos los años. Un total de 1.6 millones de niños y niñas mueren anualmente debido a estas enfermedades, y muchos más sufren desnutrición, debilidad y dificultades para aprender.
Estas, entre otras, son razones suficientes para que todas las escuelas del país sean dotadas de bebederos con agua potable. Más aún, no hay que olvidar que uno de los principales objetivos del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria es “aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable”, objetivo que sigue pendiente.
La inversión en la instalación de bebederos con un suministro constante y seguro de agua potable puede reducir la grave epidemia de sobrepeso y obesidad que hay en las escuelas del país, y además, puede prevenir enfermedades diarreicas y parásitos en las niñas, niños y adolescentes, lo cual representa menores costos en comparación con lo que se tiene que destinar a la atención médica a enfermos de diabetes y otros padecimientos.
En este contexto, es urgente garantizar que en todas las escuelas haya bebederos con agua potable. En la mayoría de los planteles simplemente no hay bebederos, pero es aún más preocupante que existan escuelas que no cuentan con un suministro de agua apta para el consumo humano. Tampoco es aceptable que incluso en las escuelas de las zonas urbanas y conectadas a las redes de agua potable, el líquido se almacene en cisternas y tinacos sucios y desprotegidos, y que sea el agua que consuman los alumnos, o en su caso, que no tengan otra opción que beber bebidas gaseosas.
Actualmente existen nuevos requerimientos expedidos por la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Salud, sobre los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación.
Además, la Ley General de Infraestructura Física Educativa en el artículo 19, fracción I, precisa la facultad que tiene el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa para emitir las normas y especificaciones técnicas en materia de construcción de los inmuebles e instalaciones del sistema educativo nacional.
En apego a dicha facultad el Instituto emitió la normatividad técnica “Criterio Normativo para la construcción e instalación de Bebederos”. Dicha norma establece los requisitos para el diseño, construcción, fabricación e instalación de bebederos en la infraestructura física educativa, para proveer agua purificada; de igual manera, indica que la normatividad es aplicable a la infraestructura física educativa pública y privada de todo tipo y modalidad.
Aunado a ello, están la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 de Agua Potable para consumo humano; y la Norma Oficial Mexicana NOM-180-SSA1-1998, la cual establece los requisitos sanitarios para equipos de tratamiento.
Por tanto, existe la normatividad adecuada para que las autoridades competentes instrumenten las acciones o programas necesarios para atender a los planteles educativos, a fin de dar cumplimiento al equipamiento de bebederos de agua potable que permita a los estudiantes contar con agua filtrada y purificada para saciar la sed durante su estancia en las instalaciones escolares.
Más aún, en el ámbito legislativo, esta problemática ya se había observado desde la LX legislatura, prueba de ello es el punto de acuerdo presentado por la Senadora María Elena Orantes López el 26 de marzo del 2009, por el que se exhortaba a las dependencias correspondientes, en conjunto con la participación de la iniciativa privada, para equipar a las escuelas primarias y secundarias de bebederos con agua potable. Sin embargo, queda de manifiesto que a pesar de ello, actualmente existe un número importante de escuelas que no cuentan con dichos bebederos.
En ese sentido, la presente proposición con punto de acuerdo retoma dicho exhorto, toda vez que la salud y educación de las niñas, niños y jóvenes no tienen precio, son derechos que se deben cumplir.
Compañeras y compañeros diputados, no bastan las campañas educativas tendientes a informar a los niños y jóvenes sobre los peligros y el alto costo de beber refrescos azucarados. Si en la escuela no se cuenta con bebederos de agua potable, seguirán consumiendo bebidas gaseosas, y se seguirán presentando casos de obesidad, diabetes y enfermedades diarreicas en la población infantil y juvenil.
Las niñas, los niños y los adolescentes necesitan tener acceso a agua potable a libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas. Contribuyamos a ello.
En virtud de las anteriores consideraciones someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, así como del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa y de la Comisión Nacional del Agua, y con la participación de los gobiernos locales, a que realicen las gestiones y acciones necesarias para equipar a las escuelas de educación básica con bebederos de agua potable; así como a garantizar, de manera permanente, la calidad idónea de dicho liquido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Federal Patricia Lugo Barriga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado por Oaxaca a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes
Consideraciones
Los Chimalapas, zona indígena de las etnias zoque y tzotzil, se sitúa entre el bosque tropical de Oaxaca y parte de Chiapas. Es considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país, con un delicado ecosistema de gran riqueza: produce 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Tiene una extensión de 594 mil hectáreas: 460 mil pertenecientes a Santa María Chimalapa; y 134 mil, a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los Chimalapas son una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país y, al mismo tiempo, de las menos conocidas para la población mexicana.
Los antecedentes del territorio chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.
Lamentablemente, durante los últimos 45 años los indígenas, comuneros y ejidatarios de la región (Santa María y San Miguel Chimalapas) enfrentan una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594 mil hectáreas (6 mil 759.31 kilómetros cuadrados), en favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas; abarcan más de 100 mil hectáreas de ejidos situados en bienes comunales de los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los Chimalapas.
Pese a los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto.
Eso ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios han violentado la paz y armonía sociales e incluso derramado su sangre.
Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales. Pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo cual hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente, reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados. Las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22 mil 929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas, incluidos todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca formuló una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego que el ministro instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo en el territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esa situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y de la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con las administraciones de Chiapas y de Oaxaca, participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo expuesto, y fundado en el artículo 79, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de participación ciudadana, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, inciso II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El proyecto participación ciudadana es una propuesta en la que se busca escuchar y atender los asuntos en los que la sociedad posee un interés particular, que es, el de sentirse incluido en las tomas de decisiones de gobierno, es con ello, materializar sus ideas o acciones en beneficio de la sociedad para impulsar su desarrollo y lograr la democracia participativa a través de la integración de la comunidad con el poder público.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos procesos electorales en los cuales la voluntad de los ciudadanos se manifiesta libremente, es a través de otras figuras o mecanismos por los cuales la población busca acceder directamente a las decisiones de gobierno sin formar parte de la administración pública o de otras fuerzas como los partidos políticos.
Es a través de este Proyecto de Comisión de Participación Ciudadana en donde figuras de participación social ya establecidas como los organismos no gubernamentales podrán encontrar el cauce necesario para ser parte activa en un proceso de comunicación bidireccional, con el objetivo de generar un vaivén de opiniones propiciando con ello que el gobierno instaurado tenga más y mejores puntos de vista de lo que el ciudadano requiere y dejar de lado lo que no es funcional para la sociedad.
Es de esta forma en la que se podrá encontrar un equilibrio armónico entre el gobierno y sus gobernados, es tender los puentes de comunicación para que todos aquellos que tengan que decir algo, puedan hacerlo de forma ordenada y propositiva en los asuntos en los que posee un interés público y particular.
La presente propuesta, busca que el funcionamiento e interacción de dicha Comisión de Participación Ciudadana tenga un sentido transversal, es decir, que pueda interactuar con el resto de las comisiones en el Congreso Mexicano y con esto, lleve a cabo funciones legislativas que le permita atender de manera más integral y ágil las necesidades en todos los órdenes de la problemática nacional, es hacerla más eficiente y que esta esté en sintonía con las reformas políticas para que sus alcances no sean rígidos ni particulares, sino que abarque los diferentes temas públicos en los que los ciudadanos tengan interés de incidir.
Debido a la gran importancia que representa la participación de la ciudadanía en los asuntos nacionales, es necesario contar con las herramientas auxiliares para ventilar aquello que no está previsto y que pudiera surgir del debate o discusión de las figuras inciertas o inéditas con la finalidad de dar certeza jurídica a lo establecido, y más aún; dar certeza a lo que no ha sido previsto dentro de las modificaciones a los marcos jurídicos que regulan la vida del país.
Las comisiones, tienen intrínsecamente la virtud de ser depositarias de las ideas, análisis, discusiones y voluntades de todas las fuerzas de la sociedad. Es en ellas en donde se concilia y se coordinan voluntades para lograr los acuerdos en beneficio para los ciudadanos, es en donde se representan todos los intereses y donde se concentran los consensos que se ven materializados en la vida común de nuestros ciudadanos.
Es así, que con la anterior propuesta planteada, se prevé se puedan implementar acciones y facultades que permitan a dicha comisión interactuar en todos los ámbitos con las otras comisiones establecidas y que de esta manera los legisladores que la integren garanticen una atención eficiente y den respuestas rápidas y precisas a tan importantes asuntos que trascienden en la vida nacional y sus ciudadanos.
Por lo anterior expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b y c, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determine la creación de la Comisión Especial de participación ciudadana, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. La comisión estará integrada por los miembros que determine la propia Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Tercero. El objeto es dar seguimiento a la forma organizada de la participación ciudadana y todas aquellas formas en las que su impacto o participación generen o deriven en mecanismos de participación de la sociedad en la vida política del país.
Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro 24 de octubre, de 2012.
Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a partir de la declaratoria de desastre natural se realicen acciones y liberen los recursos del Fonden para atender la zona de Baja California Sur dañada por el huracán, a cargo de Alfredo Zamora García y suscrita por Francisco Pelayo Covarrubias y Arturo de la Rosa Escalante, diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos diputados, Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los efectos de los desastres naturales significan grandes pérdidas de vidas humanas así como daños en la infraestructura y la suspensión de actividades productivas, lo que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de las regiones afectadas.
Desde hace varios días el huracán Paul se ha acercado con velocidad considerable a la zona del puerto de San Carlos, municipio de Comondú en Baja California Sur, y generando fuertes lluvias manteniéndose con una fluctuación entre las categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, Con vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205, lo que ha ocasionado que las comunidades se encuentren inundadas, haya cortes carreteros, y de energía eléctrica, cientos de casas dañadas, desabasto de agua, daños en telecomunicaciones, peligrosos baches en zonas urbanas, caída de árboles y postes, así como cerca de mil personas albergadas, estos son algunos de los daños que dejó a su paso el huracán Paul por Baja California Sur.
Además con las pasadas lluvias, consecuencia de la tormenta Miriam, las corrientes atravesaron varios puntos de localidades de La Paz y Los Cabos, que arrastraron a su paso a decenas de vehículos y desde que el huracán Paul tocó tierra, fue previsible que, dadas las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes, miles de habitantes padecen estragos sociales, económicos, de empleo, vivienda y salud, como resultado de las inundaciones, deslaves y marejadas en las áreas costeras.
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de Protección Civil, se registran importantes daños en la infraestructura de comunicaciones de la entidad y un muy importante número de viviendas y comunidades rurales de distintos municipios de Estado, quedaron incomunicadas, sin poder recibir de manera pronta la ayuda de los tres órdenes de gobierno.
El alcalde de Comondú, informó que de acuerdo a las primeras evaluaciones, los puertos Adolfo López Mateos, San Carlos, San Juanico, San Lázaro y San Andresito, en Bahía Magdalena presentan serias inundaciones, en un 40 por ciento, y hay más de 500 albergados, se desalojó a la población de las islas y hasta el momento esas comunidades no cuentan con energía eléctrica, las causales de las inundaciones fueron las constantes lluvias, los vientos y fuertes mareas, lo que provocó que el dique de contención haya colapsado los puertos de San Carlos y López Mateos que tienen bordos de contención por las mareas, ya con la llegada del fenómeno natural y con las lluvias intermitentes se inundó, en términos generales el embate del huracán se está sintiendo en todo el municipio.
La Policía Federal Preventiva informó que las corrientes de agua en los vados de la carreta transpeninsular provocaron cortes carreteros, por lo que se suspendió la circulación a vehículos, además las salidas de camiones de autotransporte foráneo han cancelado sus rutas
En el municipio de Loreto el agua afectó la fibra óptica, lo que repercutió en la suspensión por más de quince horas, de la señal de e Internet y telefonía celular, lo que generó un caos en la comunicación en el Estado, lo que afectó también a la actividad económica en la zona, ya que en las oficinas no se podían realizar las labores cotidianas, además, los comercios o establecimientos que utilizan terminales bancarias fueron afectadas, así como algunas tiendas de autoservicio donde se reportó que no se podían adquirir víveres en los autoservicios por no poder pagar.
Los efectos del ciclón Paul provocaron fallas en la fibra óptica de Teléfonos de México y por consiguiente la interrupción en todo Baja California Sur de la infraestructura para Internet y celulares, causando serias afectaciones para el sector hotelero, comercial y turístico.
La Secretaría de la Defensa Nacional, aplico el Plan DN-III en su fase de prevención ante la presencia del huracán Paul, y desplegó 400 soldados, especialmente a las localidades de Cabo San Lucas, La Paz, Ciudad Constitución y Loreto, del cual queremos hacer un reconocimiento a las labores que han desarrollado en la asistencia a los damnificados.
Sin embargo, los daños aún se siguen contabilizando; es así, que en estos momentos resulta imprescindible que Baja California Sur cuente con los recursos suficientes para afrontar la contingencia a causa de las lluvias. Es apremiante la necesidad de liberar recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción, contar con recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de 2013 e implementar programas gubernamentales sanitarios, agropecuarios, de infraestructura y vivienda para asistir a los miles de sudcalifornianos afectados.
En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos, de manera urgente, considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos.
Segundo. Se pide a la Secretaría de Desarrollo Social implemente de inmediato el Programa de Empleo Temporal haciendo público el censo de los afectados en Baja California Sur, asimismo entregue certificados para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se destinen recursos extraordinarios, suficientes para la construcción de los puentes y caminos dañados, mismos que deberán ser reconstruidos, debido a los daños ocasionados por el huracán.
Cuarto. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, para que se destinen recursos extraordinarios, y en su caso tomen las acciones conducentes a fin de realizar la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, y el restablecimiento del suministro de energía eléctrica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012
Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Alfredo Zamora García, Arturo de la Rosa Escalante.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.
Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.
De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.
Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.
El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.
Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.
Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.
Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1 por ciento de los recursos federales, frente al 10.1 por ciento que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1 por ciento por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios.
Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:
Que ante la caída de los recursos del Ramo 33 en los estados y municipios, el pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social de 6 mil 266 millones 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5 mil 889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.
Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los recursos del fondo de contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
• Agua potable
• Alcantarillado
• Drenaje y letrinas
• Urbanización municipal
• Electrificación rural y de colonias pobres
• Infraestructura básica de salud
• Infraestructura básica educativa
• Mejoramiento de vivienda
• Caminos rurales, e
• Infraestructura productiva rural.
Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, asociaciones municipales y diputados federales.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6 mil 266 millones 879 mil 767 pesos con 12 centavos.
Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5 mil 889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.
Dada en el Palacio Legislativo, el 25 de octubre de 2012.
Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los senadores a aprobar las ternas para designar a los nuevos ministros de la SCJN –presentadas por el Ejecutivo federal– de forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
En México, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro de este último se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país.
Cuando otros tribunales no han podido solucionar un conflicto de intereses, la Suprema Corte de Justicia es la autoridad que lo resuelve de manera definitiva, por lo que sus decisiones son inapelables. La Suprema Corte está integrada por once Ministros, de los cuales uno es su Presidente. El Senado elige a los Ministros de entre los candidatos que propone el Presidente de la República. Duran quince años en su cargo y tienen a su cargo, entre otros asuntos, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1
Por lo tanto, corresponde a la Suprema Corte la protección de cada una de nuestras garantías, teniendo un peso definido como controlador de nuestra Constitución Federal, contando siempre con una calidad ética y moral que le ha dado confianza y reconocimiento de todos los ciudadanos.
Como sabemos, derivado de la facultad conferida en el artículo 96 de nuestra Constitución, en días pasados el Presidente de la República, anunció que los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, concluirán sus encargos el 30 de noviembre del presente año. Por lo tanto, el Ejecutivo federal presentó a consideración del Senado de la República las ternas para la designación de nuevos ministros.
Es por lo anterior, que hacemos un respetuoso llamado a cada una de las y los senadores para que en tan importante encomienda, que conlleva a designar a quienes forjarán fallos de gran relevancia para la vida nacional, consideren en la aprobación de las y los ministros el principio de la paridad de género , concepto elemental de la democracia. Derivado de sus atribuciones, los 11 ministros que conforman la Suprema Corte, trabajan como órgano colegiado, quienes representan a cada uno de los ciudadanos, con diversos puntos de vista. Ante esta gran responsabilidad asumen la responsabilidad deliberando, argumentando, discutiendo, dialogando, con el fin último de llegar a una resolución, para el bien común, misma que deberá estar siempre encaminada a resguardar nuestra Constitución.
Durante los últimos años, la Corte a través de las decisiones asumidas por los ministros se han consolidado como actores trascendentales en la construcción de la democracia, de manera particular en lo referente al respeto y garantía de los derechos humanos.
Podemos ver a través de la historia que aun después de décadas de lucha por la igualdad de género, las mujeres seguimos asumiéndonos en muchos ámbitos la minoría, aunque no lo seamos, actualmente las mujeres representamos más del 51 por ciento de la población, de acuerdo al último Censo del Inegi 2010.2
Ejemplo de la disparidad, es que fue hasta 1961, nombrada la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña María Cristina Salmorán de Tamayo, y la primera, también, en integrar una Suprema Corte de Justicia o Supremo Tribunal a nivel mundial.
Hasta 1975, es nombrada la segunda mujer ministra, la licenciada Livier Ayala Manzo, quien ocupara el cargo tan solo uno año.
En 1976, doña Gloria León Orantes es designada ministra del Alto Tribual del país, que ocupará hasta 1984.
Entre 1983 y 1988, son nombradas las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester e Irma Cue Sarquís.
Para 1995 se designa a la novena mujer ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien actualmente se encuentra en funciones.3
Así también, en febrero de 2004, a propuesta del entonces presidente de la República, y con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, fue designada Margarita Beatriz Luna Ramos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal de la que fue presidenta de 2006 a 2007, quien también se encuentra en funciones.
Todas estas mujeres de gran valía, destacaron y siguen destacando por su compromiso con la verdad, con la justicia y con el estado de derecho. Cada una de sus sentencias enriquecieron y enriquecen la labor esencial de la Suprema Corte de Justicia, aportando de esta manera con sus conocimientos en las grandes transformaciones de nuestro sistema jurídico mexicano.
Como sabemos el presidente envió ternas al Senado de la República integradas por mexicanas y mexicanos con una amplia carrera judicial que los avala quienes hoy en día se encuentran en pleno ejercicio de la magistratura judicial en el rango inmediato inferior al de ministro de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, magistrados de circuito.
Apegado a la Carta Magna, lo anterior se propicia para cubrir la vacante del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, proponiendo a Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda.
Ante ello, se destaca la amplia y reconocida carrera de la magistrada Andrea Zambrana Castañeda, quien es licenciada en derecho por la UNAM y candidata a doctora en derecho por la Universidad Panamericana.
Cuenta con experiencia de dos décadas en el Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado, entre otros, como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Actualmente, es magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el Distrito Federal.
En el caso del ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, se propuso a Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.
Destacando la magistrada Emma Meza Fonseca, quien es licenciada en derecho por la UNAM, maestra en derecho procesal penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.
Con una trayectoria destacada y profesional, ha colaborado por más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Además de secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de Distrito en tres diferentes sedes, magistrada en dos Tribunales Unitarios de Circuito y en cuatro Tribunales Colegiados de Circuito. Actualmente se desempeña como magistrada del 9o. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Ha publicado, además, diversas obras, entre las que destaca el libro La conciliación como un medio de solución de conflictos a nivel de averiguación previa.
Y finalmente, la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana.
En 1999 obtuvo el Premio José María Lafragua, del ilustre Colegio de Abogados de Puebla Asociación Civil. Cuenta también con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, donde ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez 5o. de Distrito en el Estado de Puebla, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 7o. Circuito y Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 6º Circuito en San Andrés Cholula, en Puebla, cargo que desempeña actualmente.
Todas estas mujeres que se han distinguido en el ejercicio de la actividad jurídica y han servido con eficiencia, capacidad y profesionalismo en la impartición de justicia. Siendo cada una de ellas, promotoras de una ciudadanía plena para las mujeres, la cual implica promover el ejercicio activo y pleno de nuestros derechos.
Señoras y señores legisladores, todos los espacios conquistados por las mujeres han sido fruto de una lucha incansable de miles a través de la historia, mujeres que nos empeñamos en lograr mejores condiciones de vida para cada una de nosotras y por consecuencia para la sociedad.
Reflexionamos y consideramos que una reducida participación femenina conduce a un déficit democrático, por lo que resulta imperante, tanto para mujeres y hombres, reconocer y, elevar su presencia y participación en cada una de las esferas institucionales.
Por ello, pugnamos de manera respetuosa por que las Senadoras y los Senadores, bajo estas consideraciones y siempre bajo su destacable trayectoria se logre la paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa a todos los senadores de la República para que de las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el Ejecutivo federal, sean aprobadas de tal forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres, cumpliendo democráticamente con el principio de paridad.
Notas
1 http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/La%20Supre ma%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nacion.pdf
2 http://www.inegi.org.mx/sistemas/comunicados/default.aspx?c=17181&s =est
3 http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/del-voto-al-ejercicio-del -poder.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a requerir al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita con la mayor brevedad un laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nuevo lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano
Las suscritas y suscritos, integrantes de esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral l, fracción II, y numeral 2, fracción III, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto de sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.
Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación, que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal en contra de los trabajadores del SME. Comenzando con el decreto del Ejecutivo federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible.
Sobresalen, anomalías flagrantes y aberrantemente arbitrarías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta “causa de fuerza mayor”. Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el decreto fue ajeno a su competencia.
Al respecto hay que recalcar que la Junta Federal, también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE, declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.
Sobre estas consideraciones, el tribunal concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o incosteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor.
El tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el Decreto no lo establezca expresamente. Y también, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.
El amparo del tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran, la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores, en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.
Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social no sólo de las y los trabajadores y trabajadores del Sindicato de Mexicanos Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hacemos un llamado al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado jueves trece del presente, se requiera al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010; y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputados: Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a denegar o –en su caso– revocar por la Semarnat, la Sagarpa y otras dependencias involucradas en la materia los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en México, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, José Antonio León Mendívil, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II, artículo 79, del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde que los científicos participaron activamente en el desarrollo de la biotecnología moderna, se plantearon que, si bien, las nuevas técnicas mostraban grandes posibilidades, también existía temor por los eventuales riesgos de su aplicación en la salud y el ambiente. Así, la bioseguridad nace como una preocupación ligada a la biotecnología moderna; esta incertidumbre se acrecentó, sobretodo cuando esta tecnología se utilizó en la agricultura ya que implica la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados y la introducción de los mismos en la cadena alimentaria.
En México el debate sobre organismos transgénicos inició en 1988 cuando se presentó la primera solicitud para la experimentación con el jitomate genéticamente modificado. Para resolver la pertinencia de liberar este tipo de cultivos, el gobierno convocó a un grupo de expertos y conformó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) como un grupo consultivo coordinado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En los años noventa, el Comité evaluó y aprobó algunos experimentos con maíz transgénico bajo confinamiento. Sin embargo, al aumentar las solicitudes de maíz transgénico y ante las diversas incógnitas, el Comité organizó diversos foros de análisis sobre el maíz transgénico y las implicaciones que para México tendría. En el informe elaborado por académicos de diversas instituciones públicas se sugirió al gobierno de México que se detuvieran los experimentos con maíz transgénico, ante las implicaciones que tendría esta tecnología para la biodiversidad de maíces existentes en el territorio nacional. El 3 de septiembre de 1999 la titular del Comité, la química Amada Vélez anunció que no recibirán más solicitudes, estableciendo una moratoria de facto.
Por su parte, el poder legislativo fue presionado para crear una ley de bioseguridad, en aras de regular a los organismos transgénicos y evaluar los riesgos e incertidumbres asociadas. El proceso legislativo inició en 1999 con la presentación de la primera iniciativa, finalmente la iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se discutió fue promovida por las empresas y era francamente promotora de la siembra y comercialización sin restricciones de los transgénicos. En el debate los legisladores comprendieron que el tema toral era la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna en relación con la salud –humana y animal– y el ambiente.
Hoy este es el debate que debemos dar en esta Soberanía cuando tenemos en el mundo nuevas y relevantes evidencias sobre las consecuencias de esta tecnología.
El mes pasado se publicó en la revista científica Food and Chemical Toxicology el estudio realizado por el doctor Seralini, de la Universidad de Caen, Francia. Esta investigación es de gran relevancia pues se llevó a cabo en un plazo de dos años con ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico NK603 de Monsanto y con glifosato, el herbicida más usado en los cultivos Transgénicos, también fabricado por esta compañía. El resultado es muy alarmante ya que las ratas sufrieron muerte prematura y desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves.
La alarma por estos resultados se ha encendido en el mundo: tanto Francia, como Rusia, suspendieron de inmediato la importación de maíz transgénico. Mientras que en nuestro país, centro de origen y diversificación constante del maíz, en donde obtenemos 55 por ciento de nuestra ingesta calórica diaria y 22 por ciento de las proteínas diarias del maíz; el Ejecutivo lejos de mostrar preocupación, admitió 3 solicitudes de siembra comercial de este tipo de maíz transgénico.
Estas solicitudes involucran el maíz utilizado en el estudio mencionado. Monsanto hizo solicitudes para sembrar comercialmente 700 mil hectáreas en el estado de Sinaloa del maíz NK603 y en Tamaulipas son dos solicitudes de la empresa Pioneer cada una para sembrar 351 mil hectáreas con maíz NK603 y con un combinado que incluye el NK603.
Sinaloa abastece la mayor parte del maíz blanco que consumimos cotidianamente los mexicanos, esa producción de maíz blanco es única en el mundo. Si se contamina con este transgen el centro de producción de donde nos alimentamos los mexicanos estaremos expuestos a sufrir las enfermedades que estas ratas presentaron en un corto tiempo, de acuerdo a los resultados mostrados en el estudio de Seralini. Esta situación no tiene marcha atrás, si se contamina el principal estado productor de maíz, estaríamos frente a una situación muy difícil de revertir y pondría en grave peligro la salud de los mexicanos y de los consumidores de maíz.
La responsabilidad del Ejecutivo es negar cualquier permiso que involucre este transgen en base a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que en el artículo 34 señala:
La Secretaría correspondiente en su resolución podrá
II. Negar el permiso en los siguientes casos:
C) Cuando la Secretaría correspondiente concluya que los riesgos que pudieran presentar los OGM de que se trate afectarán negativamente a la salud humana o a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal o acuícola, pudiéndoles causar daños graves o irreversibles.
Por otra parte, es evidente que estamos frente al peligro de monopolización de una empresa de las semillas de maíz, incluso llama la atención que otra de las grandes empresas Pioneer solicite sembrar el evento de Monsanto. En la actualidad, esta empresa maneja el 91 por ciento del comercio de semillas transgénicas. El hecho de que un sector tan sensible para la agricultura como es la producción de semillas se monopolice por una empresa trasnacional puede tener consecuencias desastrosas para la producción de alimentos y para el país. El peligro ahora es que la siembra de nuestro maíz sea penalizada por la propiedad intelectual que detentan estas empresas sobre la tecnología. En el vecino del norte y en Brasil, estas empresas han mostrado una enorme agresividad para exigir el pago de derechos por el uso de “sus” semillas a agricultores, incluyendo los que las usaban sin saberlo, ya que sus campos fueron contaminados por polen que fue transportado por el viento.
Finalmente, México tiene una gran responsabilidad pues es centro de origen y diversificación constante del maíz, en donde se desarrollaron 59 razas de maíces nativos que están bajo riesgo de que se contaminen con el polen transgénico. Recientemente la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad –Conabio-, realizó un estudio sobre el maíz que incluyo nuevas colectas, en el que se descubrió que la diversidad de la especie y sus parientes silvestres, es mayor de lo que se pensaba.
Los nuevos estudios y evidencias obligan a salvaguardar a los mexicanos que diariamente nos alimentamos de maíz, a los agricultores, a nuestra planta sagrada y a nuestra cultura. Hoy tenemos el compromiso de seguir manteniendo el reservorio genético del cereal más importante del planeta en términos de producción y usos para la humanidad. México, Mesoamérica, brindaron este grano a la humanidad de manera gratuita, no podemos permitir la avidez de una empresa que pretende apropiarse de nuestro grano con su tecnología obsoleta y que atenta contra nuestra salud.
Por todo lo anterior, me permito someter a esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de las dependencias competentes en la materia, en particular las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus competencias, nieguen los permisos solicitados para la siembra comercial de maíz transgénico en México, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Segundo. Asimismo se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar una revisión exhaustiva de las autorizaciones para la importación de granos que contengan transgénicos destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.
Tercero. De la misma manera, se exhorta al Ejecutivo a reestablecer la moratoria de maíz transgénico en México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica)
Con motivo del 24 de octubre, Día de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI
¡Las naciones: Unidas!
Hay vocaciones en la historia de la humanidad que han permitido transitar hacia un estado con mayores libertades y garantías, pero también con las más altas responsabilidades.
En 1945, el mundo de esa época necesitaba respuestas que garantizaran un anhelo ferviente en donde la paz fuera una realidad tangible para todos y no un mero sueño de inalcanzables dimensiones. Las guerras mundiales habían heredado no solo una sociedad lastimada y separada, sino también; un miedo profundo en donde la certeza de la paz no estaba clara y se confundía con una ausencia de guerra, que no garantizaba ni siquiera el sentido humano del respeto y la convivencia armónica de los pueblos y naciones bajo las premisas de tolerancia y diversidad.
En ese marco, se funda la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, en San Francisco, California, por 51 países entre los que se cuenta a México, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas.
México, ha acompañado este proceso con especial responsabilidad: una profunda vocación diplomática nos ha permitido escribir páginas gloriosas de nuestra histórica relación con la Organización de las Naciones Unidas.
Hechos que van desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, hasta acontecimientos de la mayor relevancia como el impulso para la proscripción del uso de armas nucleares en América Latina a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina o Tratado de Tlatelolco, de 1967, que le valió al representante mexicano en estas negociaciones, Alfonso García Robles, el premio Nobel de la Paz en 1982.
Desde esta máxima tribuna de la nación, un homenaje a todas las mexicanas y mexicanos notables, diplomáticos y políticos que han dejado profunda huella con su valor y compromiso para poner a México en lo más alto del escenario de naciones unidas, hombres y mujeres como:
• Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, firmantes de la Carta de las Naciones Unidas y con lo cual México se adhiere a la ONU a partir del 7 de noviembre de 1945.
• Luis Padilla Nervo, quien participó en la elaboración de los reglamentos y las funciones de los distintos órganos de la ONU en 1945 y que fue presidente de la sexta asamblea de la ONU en 1951
• La ex senadora Rosario Green Macías quien fue subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU en la administración de Butros Butros-Ghali
Esta muestra palpable del México que ha acompañado la trayectoria de la Organización de las Naciones Unidas, también invita a la reflexión con base en el compromiso que adquirimos desde 1945.
Hoy, las naciones unidas han entrado en una dinámica con más y diversas expectativas de aquellas que promovieron su creación en la primera mitad del siglo pasado.
Los temas que en la actualidad definen el eje dorsal de la mayor organización mundial establecen la visión de un mundo que está transitando por el siglo XXI con la necesidad de seguir defendiendo la vocación por la paz, pero también con la responsabilidad de involucrarse de lleno en acciones de la más alta relevancia mundial tales como el cambio climático, las migraciones, el manejo sustentable del agua, la atención a pandemias, el combate al narcotráfico y tráfico de armas, la trata de personas, las crisis alimentarias, la seguridad internacional, la igualdad entre géneros y los derechos humanos, entre otros.
Las Metas del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas son también un reflejo del sentir de una organización que necesita transformarse ante una sociedad multimedia cada vez más informada y con mayores alcances a partir del acceso masivo a internet y a las redes sociales.
Hoy, es un momento para honrar a la ONU, pero también para asumir nuestra responsabilidad con la historia y con las naciones que aún siguen creyendo que México debe volver a ser un pilar que sostenga e impulse a esta organización de países.
Termino con una frase del mensaje del presidente de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki Moon en ocasión de este aniversario 2012:
“Estamos atravesando un período de profunda inestabilidad, transición y transformación. La inseguridad, la desigualdad y la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones mundiales y nacionales. Cuando hay tanto en juego, las Naciones Unidas han de estar a la altura en todo el abanico de sus actividades: la paz, el desarrollo, los derechos humanos, el estado de derecho, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes del mundo.”
Muchas gracias.
Con motivo del 24 de octubre, Día de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
En 1945, cincuenta y un países se comprometieron a mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones vínculos de amistad, promoción del progreso social, mejora del nivel de vida y los derechos humanos.1
La ciudad de San Francisco, Estados Unidos, fue la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas en donde se elaboró la carta de dicha organización, la cual se ratificó el 24 de octubre de 1945; por ello, aquel día se enmarcó como el de las Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional por el cual los miembros se comprometen a arreglar sus controversias internacionales de manera pacifica, a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, y a conducirse según los principios mencionados en la misma carta.
Además, se comprometen a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
México fue uno de los primeros 51 países que firmaron y ratificaron la carta, convirtiéndose así en miembro de este importante órgano internacional.
Hoy día existen 192 países miembros de la ONU, casi todos los Estados del mundo.
En su interior, la ONU se conforma por varios órganos, siendo la Asamblea General el principal, donde se reúnen todos los países y se tratan las consideraciones más importantes; asimismo, se generan muchas de las resoluciones que tienen implicaciones a nivel mundial.
El Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, está formado por 15 Estados miembros, 5 permanentes y 10 temporales, siendo este órgano quien aborda los asuntos de paz y guerra.
Existe un área especializada en la resolución de los problemas económicos, la cual se denomina, Consejo Económico y Social (ECOSOC), formado por 54 miembros y cuyas resoluciones se aprueban por mayoría simple.
Además, la ONU cuenta también con la Corte Internacional de Justicia, encargada de la resolución entres dos o más piases.
Este sujeto de derecho internacional continúa renovando sus propósitos, por ejemplo, en el año 2000 se fijó 8 objetivos denominados de Desarrollo del Milenio, estos son
1. La erradicación de la pobreza extrema y el hambre;
2. Lograr la enseñanza primaria universal;
3. La promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer;
4. La reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años;
5. La mejora de la salud materna;
6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades;
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y
8. Fomento de una asociación mundial para el desarrollo.
Todos éstos fueron seleccionados por los países miembros, y se han ido trabajando de manera constante porque fueron considerados de extrema importancia.
De este modo apreciamos que la ONU se dedica a mejorar las condiciones de la población mundial y no sólo evitando guerras, sino también actuando proactivamente al realizar acciones pertinentes para mejorar la calidad de vida del hombre en muchos sentidos.
La ONU extiende su actuar con varios organismos como la UNESCO2, la UNICEF3 , entre otros, y cada uno lleva a cabo proyectos específicos, ya sea de manera conjunta con el ámbito académico, empresarial, civil o incluso, el gobierno, para concretar planes como
• La construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural; o4
• La prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y construcción de la paz en comunidades con personas internamente desplazadas en Chiapas.5
Asimismo, existe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),6 que es el organismo que trabaja desde 1965 para reducir la pobreza en el mundo y los problemas asociados a esta, a través de prácticas que apoyan al desarrollo humano y el progreso económico y social de los países en los que el PNUD tiene presencia.
En México, el PNUD colabora con programas federales, estatales y municipales, el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y recomendaciones para la generación de políticas públicas y en proyectos orientados al desarrollo.
De igual forma, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)7 tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente inspirado, informado y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones.
Sus actividades cubren un amplio rango de temas desde la atmósfera y los ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias medioambientales y la difusión de información relacionada hasta la emisión de advertencias y la capacidad de responder a emergencias relacionadas con desastres medioambientales.
En el mundo globalizado debemos convivir tan bien como sea posible, por ello organismos como la ONU fomentan y ayudan a la cooperación internacional haciendo más sencilla la coexistencia.
México tiene un avance significativo en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, pero a pesar de ello, todavía resta camino por andar, es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar fines como disminuir la mortalidad materna, la plena equidad de género, el combate a enfermedades prevenibles y el crecimiento económico para mayores y mejores oportunidades de empleo, entre otros.
Nuestro país continúa trabajando y esperamos lo siga haciendo para cumplir con las metas trazadas junto con la Organización de las Naciones Unidas.
Notas
1 http://www.un.org/es/aboutun/
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología.
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
4 http://www.onu.org.mx/proyectos.html
5 http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_article=1309
6 http://www.undp.org.mx/index.php
7 http://www.pnuma.org/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)