Proposiciones de urgente u obvia resolución
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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la administración pública federal a emprender y hacer eficientes las labores preventivas sobre el robo de hidrocarburos, a cargo del diputado Julio César Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Julio César Lorenzini Rangel, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se incorpore al orden del día de la sesión por celebrarse el martes 23 de octubre de 2012 la presente proposición con punto de acuerdo, que someto a su consideración, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los recientes años hemos observado un fenómeno que ha ido en aumento y que afecta a todos los mexicanos: derrames de hidrocarburos que ocurren en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que causan daños humanos, ecológicos, materiales y económicos.

Estos derrames son causados principalmente por dos problemas : por un lado, la falta de mantenimiento en la red nacional de ductos, es decir, en válvulas, pozos, ductos, oleoductos, poliductos, oleogasoductos de Pemex; y por otro, por la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas que sirven para el robo de hidrocarburos.

Debemos reconocer que Pemex ha ejecutado proyectos y acciones en una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito del robo de hidrocarburos. Sin embargo, falta mucho por hacer para tener pleno control en los centros de trabajo y sobre esta red de ductos.

De acuerdo con el último reporte oficial visible en la página de Pemex, “se han identificado y clausurado 824 tomas clandestinas (TC).

En 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues a julio se localizaron 114 TC en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por el estado, las cuales representaron 11 por ciento del total. Le siguieron Sinaloa (90 TC), con 11 por ciento; Tamaulipas (83 TC), con 10 por ciento; y Sonora y Nuevo León, con 62 TC cada una de ellas (7 por ciento, respectivamente)”.

En el mismo sitio electrónico se informa: “El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos. Al cierre de junio de 2012, el volumen estimado de combustible sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas (TC) ascendió a 1 millón 841 mil 478 barriles, siendo 18 por ciento mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1 millón 557 mil 569 barriles”.

Como se aprecia, el esfuerzo que con otras instituciones de seguridad ha realizado Pemex no es suficiente, pues incluso esta situación ha ido en aumento. Lo anterior representa pérdidas económicas millonarias para todos los mexicanos.

Cada vez que roban combustible, no sólo cometen un delito: también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Ejemplos de esto hay muchos:

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán-México, en el rancho La Jimena.

• Derrame provocado por toma clandestina descontrolada en el oleoducto de 24 pulgadas Poza Rica-Naranjos-Madero, en el rancho Los Quintana.

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 12 pulgadas Chihuahua-Ciudad Juárez, en terreno despoblado.

• Dos derrames provocados por sendas tomas clandestinas instaladas en el poliducto de 12 pulgadas Madero-Cadereyta, en el tramo Zaragoza-Victoria del poblado San Francisco, perteneciente a Llera de Canales, Tamaulipas.

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 10 pulgadas Satélite-Gómez Palacio, en General Cepeda, Coahuila.

• Derrame provocado por toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica.

• Derrame ocasionado por toma clandestina en el poliducto de ocho pulgadas Gómez Palacio-Chihuahua en terreno despoblado en Rosales, Chihuahua.

• Dos derrames ocasionados por tomas clandestinas en Sinaloa: en Paredones, Ahome; y en las inmediaciones del rancho Cacaraguas, en Culiacán.

En todos los casos, los técnicos especializados de la paraestatal suspendieron el bombeo de producto y eliminaron los aditamentos colocados de manera ilícita para realizar posteriormente los trabajos de recuperación del producto y la limpieza del área afectada.

Esos acontecimientos generan daños económicos a la paraestatal y a todos los mexicanos, pues Pemex es propiedad de la nación. La pérdida de los hidrocarburos significa también la de recursos económicos, pues esos combustibles no llegan al consumo para el que son destinados habitualmente.

Los derrames afectan el ambiente, lo deterioran, en perjuicio de generaciones presentes y futuras, pues se pone en riesgo el desarrollo sustentable acorde al diseño de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de su Programa 21 o Agenda 21, que instituye lineamientos para la conducción responsable de las naciones hacia un mejor futuro, calidad de vida y cuidado de los recursos naturales del planeta. Es decir, debemos propiciar la satisfacción de las necesidades actuales sin poner en riesgo la de los requerimientos futuros.

Ahora bien, los derrames de hidrocarburos provocados por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento han ocasionado también daños materiales y pérdidas humanas, lo cual es aún más grave.

Ejemplos de derrames que representan este tipo de daños o pérdidas:

• 19 de diciembre de 2010. Explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla. El Sistema Nacional de Protección Civil lamentó la pérdida de vidas humanas y materiales. Se contabilizaron fuertes daños ecológicos en al menos tres kilómetros a la redonda; ello se reflejó en una pérdida económica millonaria, pues se cubrieron gastos de limpieza e indemnizaciones correspondientes a los afectados y construcción de viviendas.

• Fuga de petróleo crudo en Coatzacoalcos, en la zona El Polvorín, derivada de una toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, donde hubo daños en dos hectáreas de árboles y cultivos. Sin embargo, las lluvias y los fuertes vientos del frente frío número 23 ocasionaron que el hidrocarburo se esparciera y llegara a las aguas del río Coatzacoalcos, donde hay contaminación de especies como pelícanos, gaviotas, garzas, serpientes, tortugas de caja e iguanas.

Pemex no retiró a tiempo el petróleo crudo derramado y al momento en que llegó el frente frío número 23 provocó que éste se extendiera al Golfo de México, llegando a las playas de Allende.

El problema afectó a mil pescadores en dicha zona, pues el crudo se encuentra esparcido, lo que generó un efecto ambiental negativo de grandes proporciones.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo proteger la integridad física de las personas que viven aledañas a la red nacional de ductos de Pemex, evitar desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, y evitar gastos y pérdidas millonarios haciendo las inversiones necesarias en seguridad y mantenimiento.

Como representante de los intereses del pueblo, es importante que la Cámara de Diputados asuma una postura acerca de lo que sucede y que afecta a la paraestatal y –consecuentemente–a todos los mexicanos, lo que convierte este asunto específico en uno de interés nacional.

Para los efectos de la proposición, se citan los artículos 7 y 31, fracciones IX y XIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que confieren atribuciones directas a la Dirección General de Pemex para llevar a cabo toda acción contra quienes hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, así como para instaurar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por

I. Un consejo de administración; y

II. Un director general, nombrado por el Ejecutivo federal.

En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el director general buscarán en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, el ahorro y uso eficiente de la energía, la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, el impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Artículo 31. En adición a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el director general de Petróleos Mexicanos tendrá las siguientes atribuciones:

...

IX. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios;

...

XIII. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

...

Como se observa en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todos los órdenes de gobierno. De ahí que este exhorto se dirija no sólo a Pemex sino, también, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal para que se haga realidad la coordinación referida, y se coordinen labores de inteligencia con más recursos económicos y humanos para evitar robo, derrames y accidentes de hidrocarburos.

Igualmente, sirven de apoyo a este punto de acuerdo las atribuciones de la Secretaría de Energía en la conducción de la política energética del país, y específicamente por lo que toca a la seguridad en la industria petrolera.

Al respecto se cita la parte que corresponde del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia;

II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y de minerales radiactivos, así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;

...

XIX. Regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, así como supervisar su debido cumplimiento;

...

XXII. Ordenar que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos, organismos y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

Igualmente, se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal por las atribuciones naturales en materia de seguridad pública y prevención del delito que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que igualmente se coordinen en el combate del robo de hidrocarburos y tomas clandestinas, pues son delitos que afectan la seguridad nacional.

Por tanto, de acuerdo con las disposiciones del marco jurídico precitado, Pemex y diversas dependencias encargadas de brindar seguridad deben coordinar esfuerzos para dar mayor protección al patrimonio nacional, que en el caso específico que nos interesa es la red nacional de ductos de Pemex y de esa manera se disminuyan las pérdidas ocasionadas en diversos rubros por tomas clandestinas y derrames. Asimismo, a Pemex Refinación compete mejorar el mantenimiento de dichas instalaciones.

En mérito de lo expuesto y fundado, por el efecto humano, social, ecológico, material y económico, se solicita aprobar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por tratarse de un asunto específico de interés nacional, se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal que destinen labores de inteligencia y más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para volver eficientes las labores de prevención del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos, principalmente en las principales zonas donde se presentan este hecho ilícito y el derrame de hidrocarburos.

De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y a realizar labores de mantenimiento en la red nacional de ductos en la forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y prevenir pérdidas humanas y materiales, así como desastres ecológicos.

Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de diputados que dé continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la SEP y el gobierno del estado, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Junta de Coordinación Política, constituir un grupo plural de diputadas y diputados, para la continuación y el seguimiento del diálogo y la conciliación entre el gobierno del estado de Michoacán y los estudiantes de las diversas escuelas normales rurales de aquella entidad.

En lo que va del mes de octubre, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos en los que se han visto inmersos estudiantes de las escuelas normales rurales del Estado de Michoacán, quienes en desacuerdo con la llamada reforma curricular han venido protestando de manera pública con acciones que sin lugar a dudas incomodan a algunos sectores de la sociedad.

A nuestra consideración, la falta de atención a sus inconformidades permitió que dichos desacuerdos entraran en fase de conflicto y escalara a niveles no deseados, en lugar de una salida construida sobre la base del consenso o del diálogo para el acuerdo con las partes involucradas.

Es demasiado fácil simplificar la raíz del problema a la negativa de los estudiantes a que se incluya en sus programas de estudio el aprendizaje obligatorio del idioma inglés y el uso de computadoras. Es claro que la diferencia de criterios tiene muchos más que esos antecedentes y se debe a una combinación de factores que van más allá de los días transcurridos a partir de que el asunto llama la atención de la opinión pública en los espacios de noticias.

Este problema tiene que ver con una tendencia que se ha vuelto dominante en la implementación de políticas públicas, al uniformar los criterios de programas y acciones de gobierno, sin considerar la pluralidad de las regiones en el país, en respuesta a la necesidad de satisfacer los requerimientos de modelos construidos en los escritorios de la burocracia del centro.

No se pueden contravenir los principios básicos de la justicia, al tratar igual a, los desiguales, porque en cualquier momento se revienta las cuerdas de las que penden los equilibrios en las sociedades, urge que se abandone esa tentación permanente desde las esferas de poder, de tratar de imponer a los otros su visión del mundo. A quienes reclaman la defensa del pensamiento crítico y reflexivo, a quienes se oponen a la mecanización de los sistemas educativos, por supuesto que hay que escucharlos, desde luego que hay que atenderlos.

La irrupción de las fuerzas policiales federal y estatales, en la Normal de Tiripetío, Michoacán, la madrugada del lunes 15 de octubre, es un hecho que demostró la incapacidad del Gobierno para la solución del conflicto por la vía del diálogo, el uso selectivo del poder deviene en injusticia, cuando se dejan de lado fenómenos delictivos de mucha mayor gravedad, en el afán por demostrar de manera falsa y efímera la preeminencia del estado de derecho.

Es muy peligroso aplaudir los saldos momentáneos por los acontecimientos que ocurren en las normales de Tiripetío, Arteaga y Cherán, estoy seguro que con el uso de la fuerza no estamos en presencia de soluciones de fondo, máxime si en el estado permanecen en ebullición otros conflictos como el de la Nueva Jerusalén, el maltrato a los moradores de las casas de estudiantes de la Universidad Nicolaíta, los problemas de las comunidades indígenas y el terrible lastre de la inseguridad.

Son muy irresponsables quienes se han atrevido a señalar a los partidos de izquierda, como los causantes por estar detrás del conflicto, no se debe ante el pedido de una actuación acorde a la gravedad de los hechos, que el gobierno derive su deber y se escude trasladando a los adversarios políticos su propia responsabilidad.

En el PRD tenemos claro que la sociedad demanda las mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, que es inadmisible la comisión de hechos que agravien los bienes jurídicos, materiales y personales , como es inadmisibles la violación de los derechos fundamentales de los jóvenes estudiantes, en centros educativos que han significado por muchos años la salvaguarda de formas de pensamiento que se niegan a morir y que comparten con un amplio sector de la población que se ha visto marginados del desarrollo.

Estamos a favor de que los jóvenes estudiantes de las normales en Michoacán, como en todos los centros educativos del país, puedan cursar sus estudios en condiciones dignas, que se privilegie su capacidad y su deseo de transformar para bien este mundo, ya que la inmensa mayoría de ellos no tendrían ninguna oportunidad de superar las condiciones difíciles del entorno del que provienen, si no fuera por la subsistencia de la escuela pública.

Como representantes populares estamos más que obligados a facilitar el entendimiento de las partes en conflicto. Es por ello que con respeto a la pluralidad presento a esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda crear un grupo de trabajo plural de Diputadas y Diputados, para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán.

Segundo. El grupo plural de trabajo, se formará por 8 ocho miembros integrado por 2 dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 uno por cada uno de los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

Tercero. El grupo de trabajo empleará el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales de su encomienda.

Cuarto. Se exhorta al Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal para que dicte las medidas procedentes y con ánimo de concordia, para que se resuelva la problemática que afronta la comunidad de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán.

Quinto. El grupo de trabajo contará con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo estará vigente hasta la conclusión de su objeto y deberá presentar al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de su objeto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan el brutal asesinato del ciudadano José Antonio Rodríguez, y el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera con México, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de octubre un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza disparó hasta descargar su arma de servicio sobre un joven mexicano, José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, quien murió porque, según testigos, le tiraba con piedras a los ‘migras’ desde territorio nacional en Nogales, Sonora.

Por el lado estadounidense, el área de comunicación de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson (CBP, por sus siglas en ingles) ofreció su versión de los hechos en un boletín de prensa en que señala que: “los agentes de la patrulla fronteriza de Nogales, Arizona, respondieron a los informes de dos presuntos contrabandistas de narcóticos cerca de las calles West International Street y Hereford Drive, aproximadamente a las 23:30 horas de ayer”.

“Los informes preliminares indican que los agentes observaron como los contrabandistas dejaron caer una carga de estupefacientes en el lado estadounidense de la frontera internacional y huir a México. Además que uno de los sospechosos comenzó a agredir a los agentes con rocas”, dice el comunicado.

Según las autoridades norteamericanas, los Agentes de Migración ordenaron al sospechoso que dejara de arrojarles piedras, pero al ser ignorados uno de ellos sacó su arma de servicio y la descargó sobre el supuesto agresor.

Esa es la increíble versión de las autoridades del otro lado de la frontera. Del lado mexicano testigos presenciales de los hechos dan una versión muy distinta, pues afirman que el adolescente sí arrojó piedras a los agentes norteamericanos, pero que ninguna estuvo ni cerca de lastimarlos.

Los medios de información han dado cuenta de testimonios que documentan la artera y desproporcionada reacción de los policías fronterizos, al responder con balas a un niño que les arrojaba piedras que ni por asomo constituían un riesgo para ellos, mucho menos de muerte.

¿Cómo podría el jovencito golpear con las piedras a uno de los agentes de migración si en este sector de Nogales, del lado mexicano, la valla fronteriza, además de ser alta, está sobre un risco? En cambio los guardias fronterizos estadounidenses pueden ver y disparar hacia este lado, con toda la ventaja de visibilidad y protección, valga decir, con total impunidad.

Lo grave y preocupante es que no es la primera vez que ocurren esas agresiones a mexicanos que están en su tierra, a lo largo de nuestra frontera con los Estados Unidos.

La Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE) emitió un comunicado en el que afirma estar trabajando en coordinación con las autoridades del departamento de Justicia de los Estados Unidos para lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos, mientras que el US Customs and Border Protection (CBP), dicen que el caso será investigado por el Buró Federal de Investigaciones o FBI.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que llevará a cabo las diligencias correspondientes a las autoridades nacionales y exigió una averiguación puntual a los Estados Unidos. La cancillería condenó el ataque y cuestionó el uso de “fuerza letal” de los agentes de la Border Patrol en este tipo situaciones, semejantes a la de julio 9 y septiembre 6 de este año, en las que murieron mexicanos por disparos de agentes fronterizos estadunidenses.

El caso más conocido, porque existe un video que fue muy difundido por los noticiarios nacionales, es el de Guillermo Arévalo Pedraza que se encontraba en la ribera mexicana del río Bravo, en el parque conocido como El Patinadero, festejando el cumpleaños de su hija, y le dispararon agentes del lado de Estados Unidos que iban en una lancha de la Patrulla Fronteriza.

Aún con la evidencia del video, los agentes estadounidenses sostienen que actuaron con violencia porque fueron agredidos. Aún se esperan resultados de esa investigación.

La extrema violencia con que reaccionan los agentes estadounidenses en contra de jovencitos mexicanos no es nueva. En junio de 2010 el adolescente de 14 años, Sergio Adrián Hernández, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso conocido como “El Puente Negro”. Sergio Adrián murió por un disparo en la cabeza, que según el Servicio Forense de Chihuahua, habría sido hecho de cerca; resaltando además el hecho de que el cuerpo del menor se encontró del lado mexicano.

En esa ocasión la justificación de los agentes fronterizos norteamericanos fue también que repelieron un ataque con piedras. También en ese caso intervino la Procuraduría General de la República, pues el crimen se cometió en una zona federal, por ser el límite entre México y Estados Unidos.

No podemos permitir que por lo recurrente de esas agresiones, sean vistas como algo natural. Si protestamos con toda energía por la brutalidad policiaca de que son víctimas nuestros compatriotas en territorio estadounidense, con más razón debemos alzar la voz y exigir justicia, cuando nuestros paisanos son agredidos en nuestro propio territorio por agentes del país vecino. Eso es algo inadmisible desde cualquier punto de vista.

No puede haber pasividad del gobierno federal ante estos casos. No se trata únicamente de declaraciones para salir del paso, sino de que en verdad se actúe con determinación para detener los abusos de la Border Patrol contra nuestros compatriotas, pues ellos parecen tener licencia para matar impunemente a mexicanos en nuestro propio territorio.

Ante el reiterado uso desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estadounidenses, es obligado que nuestro gobierno haga uso de todos los instrumentos diplomáticos y de justicia a su alcance, para detener esa práctica violenta que atenta contra la seguridad y la vida de ciudadanos mexicanos en el territorio nacional.

Es por eso que solicito a esta asamblea su voto favorable para la siguiente propuesta de punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:

Punto de acuerdo

Primero. Se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y los Estados Unidos de América.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que de seguimiento puntual a las investigaciones sobre el homicidio del joven José Antonio Rodríguez, por parte de las autoridades estadounidenses y en su caso, auxilie por la vía consular a los familiares de la víctima para que emprendan las acciones legales que determinen en búsqueda de justicia y reparación del daño causado por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice las investigaciones sobre el homicidio de José Antonio Rodríguez y mantenga informada a la ciudadanía sobre los avances y desarrollo del caso.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que se constituya, en el marco de la implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza, emitida el 15 de diciembre de 2010, una Comisión Bilateral integrada por representantes tanto del gobierno mexicano como estadounidense para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos, el trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y sus familiares el oportuno y eficaz acceso a la justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre del 2012.

Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbricas)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de citricultura, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Verónica Carreón Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y las diputadas y diputados del integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la Comisión Especial de Citricultura, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La citricultura es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos. Se refiere al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino; como lo son: el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, los cuales en suma representan un 94% de la superficie sembrada y cosechada con cítricos en nuestro país.

A nivel mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual ocho países concentran casi el 80% de la producción. México es considerado el cuarto productor de cítricos en el mundo ya que sus más de 550 mil hectáreas establecidas con este cultivo, le permiten generar cerca de 7 millones de toneladas métricas.

El 91% de la producción citrícola se concentra en 10 estados y sus zonas productoras se encuentran bastante delimitadas. Predomina en la costa del Golfo de México, comprendiendo los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán, y cercanos a estos Nuevo León y Puebla. Por el otro lado, en la costa del Pacífico encontramos a Sonora, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Ejemplo de la importancia de la citricultura es que la naranja es el cultivo que en cuanto a superficie y volumen de producción ocupa el primer lugar en México en el sector frutícola; y dentro de sus hogares, tiene gran demanda por su consumo en fresco, lo cual deja a la industria con escasa oportunidad de captar mayores volúmenes de producto para su procesamiento y comercialización. El factor que contribuye a generar esta tendencia es su precio, ya que mientras el mercado nacional paga de 450 hasta 1,000 pesos la tonelada promedio en la temporada, la industria no ofrece más de 500 pesos por tonelada, en parte, debido al arancel que hasta ahora paga por exportar el jugo extraído por la fruta procesada; analizar y pugnar por mejores condiciones para el sector, será una más de las tareas de esta comisión especial de citricultura.

Desde esta Cámara de Diputados, tal y como desde la LX Legislatura se ha hecho, debemos continuar salvaguardando esta actividad, con la implementación de políticas públicas dirigidas a la dotación de recursos que permitan erradicar plagas y enfermedades que ponen en riesgo miles de hectáreas de superficie y millones de empleos; aunándose a esto, el constante incremento en el costo de los insumos y la paulatina reducción de precios de venta reales en los frutos cítricos, además de la baja adopción de innovaciones tecnológicas, han acentuado la crisis del campo en general y en particular del sector citrícola.

Asimismo se debe pugnar por eliminar toda clase de barreras fitosanitarias que ponen el desventaja al productor ya que le restringe el acceso a mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos, como mayor comprador a nivel mundial, y para ello se debe revisar la legislación correspondiente, para en su caso, salvaguardar el sector.

Es imperante la necesidad de atender a este sector mediante la interacción entre los diferentes actores que intervienen en esta cadena productiva, he incluso, crear un sistema nacional del producto citrícola, para así propiciar el desarrollo sustentable de los cítricos y el desarrollo humano y social de los productores de todos los estados con producción citrícola; ya que solo así se logrará el desarrollo de la comercialización nacional e internacional de la citricultura al nivel competitivo del cual es capaz y merece México.

Por lo expuesto anteriormente, me permito proponer ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que se apruebe la creación de la comisión especial de citricultura, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del sector citrícola mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de cítricos y los ingresos de sus productores y se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXII Legislatura.

Segundo. Esta comisión especial tendrá el propósito de promover políticas, acciones y actividades necesarias para el desarrollo sustentable de la citricultura; así como responder a las necesidades que el sector demande y las atribuciones del Poder Legislativo así se lo permitan.

Tercero. La comisión especial de citricultura se integrada por el número de diputados que la Junta de Coordinación Política de la Cámara considere pertinente, con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la conforman; su junta directiva estará formada por un presidente y los secretarios que se consideren convenientes, y contará para su desempeño con los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.

Diputados: Verónica Carreón Cervantes, Luis Ricardo Aldana Prieto, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Noé Hernández González, Joaquín Caballero Rosiñol, Tomás López Landero, Fernando Charleston Hernández, José Alejandro Montano Guzmán, Jorge del Ángel Acosta, Zita Beatriz Pazzi Maza, Juan Manuel Diez Francos, Genaro Ruíz Arriaga, Marina Garay Cabada, Leopoldo Sánchez Cruz, Gaudencio Hernández Burgos, Ponciano Vázquez Parissi, Regina Vázquez Saut (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Baja California a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió el recurso de apelación 405/2012, que sanciona al presidente municipal de Mexicali por la violación del principio de equidad e imparcialidad en el pasado proceso electoral federal; y a ese tribunal, a verificar la observancia del fallo, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California a cumplir la sentencia que resolvió el recurso de apelación 405/2012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sanciona al señor Francisco José Pérez Tejada Padilla, presidente municipal de Mexicali por violación al principio de imparcialidad durante el proceso electoral federal, y asimismo se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a supervisar el cumplimiento de dicha sentencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia política contemporánea de nuestro país está manchada con un hecho lamentable y trágico; la existencia de un régimen autoritario con un partido de Estado, el cual perduró por cerca de 70 años.

Ese régimen se caracterizó por un presidencialismo autoritario y despótico, con gobernadores y presidentes municipales que no acataban las leyes y ejercían cacicazgos que atropellaban los derechos políticos y sociales de la población, y las instituciones de gobierno se usaban al servicio del partido de Estado y de todos sus candidatos, utilizando de manera ilegal los programas sociales y el dinero público en sus campañas electorales.

El Partido Acción Nacional ha sido un actor central en esta lucha por la democratización del país y en particular del estado de Baja California. Siempre exigiendo, junto a la población, el respeto al sufragio efectivo, la aplicación de la ley, la imparcialidad de las autoridades gubernamentales, oponiéndonos y denunciando la intromisión ilegal de ellas que imponían, casi siempre, a sus candidatos en los procesos electorales por medio de escandalosos fraudes.

México vivió una transición a la democracia por cerca de 20 años. En ese andar se diseñaron las instituciones democráticas para que los ciudadanos participen de manera democrática. La calificación de las elecciones dejó de estar en manos del gobierno autoritario y se crearon los institutos electorales, el Instituto Federal y los estatales, muchos de ellos verdaderos pilares de la democracia en los estados, otros, todavía con resabios del pasado.

Se crearon padrones y listados de electores objetivos y confiables, se elaboró la credencial de elector y se establecieron con nitidez las funciones de las diversas esferas de gobierno, así también se delinearon con precisión las medidas para evitar que las autoridades federales, los gobernadores, los presidentes municipales, o cualquier otra autoridad, utilizaran el dinero público o los programas sociales para beneficio partidario.

Siempre, en todos estos procesos, Acción Nacional aportó propuestas de avanzada y mantuvimos, de acuerdo a nuestras raíces y a nuestra doctrina humanista, una actitud basada en el diálogo, la convergencia y poniendo en el centro los intereses de la nación.

Con la alternancia en el gobierno en el año 2000 llegó el establecimiento de un régimen político de democracia plena. El país inició un nuevo régimen en donde está estrictamente prohibido por la ley que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales usen el dinero público y los programas sociales para apoyar a sus candidatos a los puestos de elección popular.

Este mandato del marco jurídico del régimen de democracia plena no ha sido acatado por muchos gobernadores priístas y por decenas y decenas de presidentes municipales de ese partido. No solo no lo acatan, sino que a diario atentan en contra de las leyes y reglamentos correspondientes, reviviendo así su cultura caciquil del siglo pasado.

Un hecho que retrata en todo su esplendor esta actitud violatoria de las leyes electorales, es la actitud mantenida por el señor Francisco José Pérez Tejada, presidente municipal de Mexicali, en el estado de Baja California, en el pasado proceso para elegir presidente de la República.

El 23 de mayo de este año 2012, durante el curso de las campañas electorales, fue transmitida por la emisora de radio XEMX-AM 1120 de Baja California, y por el canal 44 del sistema de cable local, una entrevista realizada a este presidente municipal en el programa “Café Político”, en donde este funcionario declaró públicamente su apoyo a Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Compromiso con México, y desde ahí, promovió el voto en favor del citado candidato, haciendo abierto proselitismo por su partido, tratando de desorientar y confundir a la población haciendo afirmaciones partidistas de manera impune.

Por este hecho, Acción Nacional recurrió, como es nuestra cultura, a las instituciones encargadas de impartir justicia electoral, no sólo para presentar nuestras observaciones, exigir un irrestricto respeto a la ley y pedir castigo ejemplar por la intromisión del presidente municipal en la elección presidencial, sino también, con el claro objetivo de establecer un antecedente rotundo y contundente, de que en Baja California no se deben ni se pueden tolerar esos actos violatorios de la ley en los futuros procesos electorales que se avecinan en nuestro Estado.

Después de presentar nuestros reclamos en el Instituto Federal Electoral y de acudir al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, esta última institución acordó el 28 de agosto de este año, una sentencia sancionadora en contra de Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de presidente municipal del XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por la conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la violación al principio de imparcialidad, por la difusión durante las campañas electorales del proceso electoral federal, de comentarios que constituyen propaganda electoral indebida.

Esta sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, notificada al Congreso del Estado el día 30 de agosto del 2012, establece que es el Congreso del Estado de Baja California la instancia que debe establecer la sanción a Tejada Padilla.

A mayor abundamiento se cita el Considerando Octavo en relación con el Resolutivo Segundo de la citada Sentencia que a la letra señalan lo siguiente:

...

Octavo. Efectos de la sentencia. El artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contempla un apartado de sanciones aplicables a los servidores públicos por la comisión de faltas electorales.

Empero, ello no es obstáculo para que la violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en esta ejecutoria fue determinada, sea reprochada conforme a derecho.

Por tanto, esta Sala Superior considera que lo procedente en el caso particular, ante la responsabilidad en que incurrió Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de Presidente Municipal del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con copia certificada de todo el expediente en que se actúa, incluyendo la presente ejecutoria, es darle vista al Congreso del Estado de Baja California, para que proceda conforme a derecho, en términos de los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; así como 1; 2; 8; 9, fracción V; de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

...

Resuelve

...

Segundo. Es fundado el procedimiento especial sancionador incoado contra Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de presidente municipal del XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por la conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la violación al principio de imparcialidad, por la difusión durante las campañas electorales del proceso electoral federal, de comentarios que constituyen propaganda electoral indebida, en los términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia.

...

Este acontecimiento es un hecho histórico de gran trascendencia, e inédito en la vida política electoral del país, que pone un alto de manera decidida y tajante a las acciones violatorias de la ley desde una alta autoridad federal, y a la vez es una gran oportunidad para que el Congreso bajacaliforniano demuestre a la sociedad una actitud apegada a la ley.

De igual manera, la sentencia del Tribunal Electoral es un antecedente democrático para orientar adecuadamente el próximo proceso electoral estatal a celebrarse en julio del próximo año y en donde se elegirá nuevo gobernador, presidentes municipales y al Congreso Local.

Es importante señalar, que a la fecha, han transcurrido 48 días de la notificación del Tribunal Federal al Congreso del Estado y aún no se ha cumplimentado la sentencia referida, por lo cual se ha creado un clima de incertidumbre en la sociedad bajacaliforniana.

Por estas razones expuestas, me permito presentar a esta Soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Congreso del Estado de Baja California a cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al C. Francisco José Pérez Tejada Padilla en su carácter de presidente municipal de Mexicali por violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal y en consecuencia se inicie el procedimiento que corresponda en términos de los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo. Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a verificar el cumplimiento de la sentencia que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al C. Francisco José Pérez Tejada Padilla en su carácter de presidente municipal de Mexicali por violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal.

México, DF, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco y productos derivados, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados con base en las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos 50 años la falta de inversión y el estancamiento han marcado al campo mexicano; ello aunado a los drásticos cambios que implica la globalización, el crecimiento demográfico, el auge de alimentos transgénicos y el continuo proceso de urbanización nos hacen dudar de la subsistencia del sector para los productores que no están ligados a grandes intereses nacionales y/o internacionales.

México requiere que la agroindustria siga siendo una actividad rentable, sustentable y a su vez cree mayor desarrollo económico. Para el logro de este objetivo, los productores sobre todo los pequeños y medianos necesitan tener acceso a insumos económicos, infraestructura, transporte y créditos asequibles; lo que sólo se puede lograr vinculando los esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y federal que creen los incentivos necesarios para el aumento de la inversión en el sector.

En este contexto considero importante detectar e incentivar las actividades agroindustriales que se puedan potenciar nacional e internacionalmente mediante la disminución de obstáculos en la producción y fortaleciendo las inversiones privadas y públicas que incrementen los márgenes de ganancia de los productores y estos a su vez repercutan directamente en la mejora de sus condiciones de vida.

De acuerdo a cifras de la FAO actualmente alrededor de 92 países son productores de la palma de coco. De 2000 a 2010 la producción mundial aumentó de 49,110,340 a 57,199, 929 toneladas; es decir, un 8%. Sin embargo, dicho incremento no se ha visto reflejado en la producción nacional. Del año 2000 a la fecha nuestro país descendió dos lugares en el ranking internacional de productores.

Son los países asiáticos: Indonesia, Filipinas e India quienes ocupan los primeros lugares y en América Latina solo destacan Brasil y México en el 4to y 5to lugar respectivamente.

Lo anterior, evidencia que aunque México cuenta con regiones de clima tropical húmedo y subhúmedo propicias para el cultivo, dicho territorio es subutilizado, debido, entre otras causas a:

• Sistemas de producción que en su mayoría siguen siendo esencialmente anticuados y se enfrentan a una creciente competencia,

• Durante mucho tiempo la estructura productiva del cultivo se orientó a la producción de copra, (misma que se vio afectada cuando el país se abrió a la importación de diversos aceites de otras plantas oleaginosas y grasas vegetales),

• Una falta de integración de la cadena productiva, así como del mercado, y

• Carencia de créditos accesibles, lo que hasta la fecha limita la viabilidad de inversiones ulteriores que mejoren la producción.

A pesar de lo anterior, la palma de coco es un cultivo que puede potenciarse. Su importancia económica y social se debe no solo a su consumo como producto final, sino también a que sus usos se han diversificado en áreas tales como: la industria de alimentos, los dulces artesanales, el aceite de copra, la pasta, el agua de coco, el carbón activado, los cosméticos, la fibra y sustrato, en la medicina, etc.

Datos de SAGARPA de 2010 muestran que cerca de la tercera parte de los estados que integran nuestro país son productores de coco; destaca Guerrero con 44,200 hectáreas de superficie sembrada anualmente, seguido por Colima y Tabasco con 16,619 y 12,474 respectivamente.

Debido a su característica de ser perenne y no depender de grandes cantidades de insumos y servicios agrícolas, además de prosperar favorablemente en suelos arenosos y salinos de las costas lo convierte además en la mejor forma de prevenir la degradación de las zonas costeras. Consecuencia de ello es que su cultivo se ha extendido en la zona intertropical del mundo ubicando su participación en 5% del total de las exportaciones de aceites y grasas vegetales

Se concluye entonces la importancia de incentivar el crecimiento de esta actividad y promover la inversión en tecnología e investigación que aumente la competitividad de cada uno de los actores de la cadena productiva.

Por lo anterior expuesto propongo: la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados que tendrá por objeto:

• Constituir un foro donde se reúnan los integrantes de la cadena producción-consumo de la palma de coco, coadyuvando el incremento de la producción y al desarrollo de las regiones y los productores.

• Promover mayor inversión pública y privada en investigación así como en todas las etapas de producción para disminuir los costos de operación.

• Fomentar políticas, foros y talleres para los productores que les permitan la renovación e innovación de infraestructura productiva.

Y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados.

Segundo. Que la Comisión Especial para el Impulso a la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero . La Comisión Especial tendrá por objeto generar, fomentar, originar y apoyar la inversión pública y privada en la actividad, promoviendo la vinculación de las instancias federales, estatales y municipales para este fin.

Cuarto . Que la Comisión Especial podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, El Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. Que la Comisión Especial para el impulso de la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje a cumplir la sentencia dictada en favor del SME, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de octubre del 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito emitió sentencia en el juicio 1337/2010, mediante la cual otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión al Sindicato Mexicano de Electricistas.

En dicha sentencia se establece que al no haber existido alguna causa de fuerza mayor que justificara la terminación de las relaciones laborales con más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en patrón sustituto de los trabajadores.

El tribunal resolvió además que a los trabajadores se les debe pagar los salarios vencidos desde el momento de la ilegal terminación de las relaciones laborales hasta la sentencia, jubilar a quienes hayan obtenido ese derecho en el tiempo que duró el juicio y reinstalar al resto de las trabajadoras y los trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, a pesar de estar en juego la estabilidad y subsistencia económica de 16 mil 599 familias mexicanas que dependen de su trabajo y las indemnizaciones que legalmente les corresponden, la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha dado cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado, incurriendo así en una violación de los artículos 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo que entre otras cosas establecen que el cumplimiento de la sentencia deberá realizarse 24 horas después de notificada.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no sólo de las trabajadoras y los trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino de todos los mexicanos es que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal e inmediato cumplimiento de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito en el juicio de amparo 1337/2010 a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y evitar incurrir en prácticas ilegales tendentes a atrasar el cumplimiento de la sentencia en detrimento de las trabajadoras y los trabajadores electricistas y sus familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a considerar en la aplicación de la partida presupuestaria destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un monto congruente con el crecimiento de la matrícula, el fomento del desarrollo de proyectos de investigación, la extensión de su infraestructura y la actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se hace un exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), un presupuesto congruente con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y de estudios, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

El panorama actual de la educación en México se caracteriza, desafortunadamente, por un rezago educativo muy extendido. Ante esto se requiere de acciones y metas a mediano y largo plazo, así como de una firme y decidida política de Estado para convertir a la educación en uno de los motores del desarrollo nacional. Se puede aseverar, que en el ámbito de las expectativas sociales de la población en general, la educación superior compone un objetivo y una meta a lograr. En países a las instituciones públicas, la aplicación de procesos de evaluación que no han demostrado una efectiva mejora en la calidad de la enseñanza y el progresivo aumento de instituciones privadas, la mayoría de las cuales tienen déficit cualitativo. Desarrollados, esta visión del sistema educativo se ha convertido en una realidad, con la tendencia a la universalización del acceso a la educación superior y la amplia cobertura en este nivel educativo. Sin embargo, la política del gran capital en la educación superior mexicana ha traído entre otros efectos críticos, la baja de la matrícula universitaria, una notable reducción del financiamiento.

En el año 2007 se realizó el análisis correspondiente a la situación que atraviesa la enseñanza superior en nuestro país, fue elaborada por Hugo Casanova Cardiel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien hace una revisión del desarrollo que ha tenido este nivel de estudios con más de 450 años de historia institucional y de los retos que enfrenta en el siglo XXI. En el estudio, Casanova Cardiel determina los efectos de las llamadas "políticas de modernización" en la enseñanza, propias del esquema neoliberal implementado en nuestro país en las dos décadas pasadas. De hecho, sostiene, "hay evidencias para pensar que el leit motiv de la modernización de la educación superior en México ha sido la problemática del financiamiento.” Asimismo, esta problemática surge a consecuencia de diferentes factores, la demanda de infraestructura, mantenimiento y la expansión: ante este último factor es a partir de la contundencia de las cifras del 2012. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP); 160,000 jóvenes que no alcanzaron un lugar en el concurso de ingreso a la UNAM, UAM e IPN.

Mientras que la cobertura del sistema de educación superior en México es del 33%. Representando el 0.9% de los jóvenes rechazados o que no encontraron un lugar en las universidades públicas en México engrosando las filas de los llamados “Ninis” (que no estudian ni trabaja) reconoció el Instituto Mexicano de la Juventud. La problemática anterior, empezó ser atendida a partir de la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con el propósito de universalizar el acceso a la educación superior surge este recinto de estudios con el objetivo de combatir la exclusión que padecen miles jóvenes que desean cursar la educación superior. De esta manera, a sus 11 años de existencia la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha otorgado una espacio educativo a a miles de jóvenes con anhelos de ser matriculados en una Educación Superior Pública en el Distrito Federal misma que contribuya a su pleno fortalecimiento personal y profesional; sin embargo, esta Universidad se ha encontrado con dificultades para su desarrollo institucional y académico, a consecuencia de la restricción del presupuesto. El crecimiento de la infraestructura y el incremento en la matrícula en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) constituye uno de los elementos centrales para la demanda de ampliación presupuestal. El presupuesto asignado a la UACM para el periodo 2007-2012 no corresponde al aumento de estudiantes para el mismo periodo como a continuación se describe:

La matrícula de licenciaturas e ingenierías ha registrado un incremento del 48.47% de 2007 a 2012 (15.95% en 2008, 6.35% en 2009, 6.71% en 2010, 6.76% en 2011 y 12.70% en 2012). En contraste, el presupuesto otorgado a la Universidad Autónoma Ciudad México (AUCM) sólo ha registrado un incremento del 24.78% entre 2007 y 2012; es decir, sólo la mitad del aumento matricular.

En junio de 2012, el Consejo Universitario aprobó seis nuevas licenciaturas y cuatro posgrados. Las nuevas licenciaturas han iniciado en el semestre 2012-II con 511 estudiantes, número que indudablemente crecerá para 2013.

Los planteles Casa Libertad, Centro Histórico y Del Valle han sido adaptados para uso escolar. Son edificios con más de cuarenta años de uso y, en consecuencia, su mantenimiento es costoso. Los tres inmuebles están saturados. No hay espacio suficiente para cubículos de profesores, salas de apoyo didáctico, laboratorios y espacios recreativos. Los dos últimos, además, albergan oficinas administrativas como es la Oficina del Abogado General, la Oficina de Transparencia, la Contraloría y la Rectoría.

En los casos de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec, edificados especialmente para la UACM, existen obras detenidas. San Lorenzo Tezonco no cuenta con auditorio ni biblioteca, pero sí con espacios para que sean edificados. Por lo pronto, se han improvisados salas, no suficientes, que cumplen las funciones de auditorio y biblioteca.

El más joven de todos los planteles, Cuautepec, cuenta con el espacio físico de auditorio, no así con el equipamiento debido. La UACM cuenta, además, con la sede Eugenia (oficinas administrativas), el Centro Vlady (museo y centro cultural), así como con Casa Talavera (centro cultural que comparte espacio con oficinas administrativas universitarias). El mantenimiento de estos espacios implica, sin lugar a dudas, un gasto importante. En 2010 se donó a la UACM un edificio ubicado en República de El Salvador. Para que éste sea utilizado se requieren trabajos de restauración. Estas necesidades, y la solicitud para rentar o edificar un nuevo espacio que concentre todas las áreas administrativas de la UACM, no han podido solventarse ante la falta de recursos presupuestales suficientes. Asimismo, el 16 de diciembre de 2009, con la aprobación de la Asamblea de Comuneros, el entonces Jefe Delegacional de Milpa Alta, Francisco García, llevó a cabo en un acto público la donación del predio Malacaxco al entonces Rector de la UACM, ingeniero Manuel Pérez Rocha.

La donación tiene como objetivo la construcción del sexto plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin embargo, los trabajos para la edificación de la UACM Milpa Alta se han visto afectados por diversos factores, entre ellos la falta de presupuesto. De contar con presupuesto necesario, la UACM podría expandir su oferta a la zona rural del sur de la ciudad.

Por lo pronto, la disposición de la Asamblea de Comuneros, y de las autoridades delegacionales, así como de un sector amplio de la comunidad de la UACM, existe.

El rezago financiero en el que ha caído la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), impide cumplir los objetivos educativos, sociales y culturales para los cuales ha sido creada, afectando de manera directa a sus matriculados y a sus aspirantes impidiendo el desarrollo integro del potencial profesional de los futuros profesionistas del Distrito Federal; siendo que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones optimas para lograr el ejercicio pleno del Derecho a la Educación consagrado en el artículo 3 constitucional.

En este orden de ideas, la Ley General de Educación señala en sus artículos 9 y 27 que el Estado promoverá y atenderá las condiciones a través de apoyos financieros necesarios tomando en cuenta el carácter prioritario de la Educación Pública para los fines del Desarrollo Nacional.

En este tenor la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal establece en su artículo 5..(..)..La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los órganos autónomos y de gobierno a través de la Constitución, estatuto o, en su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende: (...) III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos; esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.

En este orden de ideas el artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma Ciudad de México establece que la Asamblea Legislativa asignará anualmente a esta institución, como mínimo para su presupuesto de operación, 3.4 salarios mínimos generales anuales en el Distrito Federal por cada estudiante con dedicación ordinaria.

Asimismo señala que la Asamblea Legislativa debe considerar la asignación presupuestaria de la Universidad como programa prioritario para propósitos presupuestales y el monto del financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo.

Aunado a lo anterior la Universidad Autónoma Ciudad de México (UACM) sufre deterioro en sus instalaciones y requiere un diagnóstico completo que permita que se complementen los trabajos de mantenimiento y de seguridad de los diversos planteles en situación de riesgo, los cuales requieren atención inmediata.

Dado los acontecimientos mencionados, vemos con preocupación el presupuesto que no es suficiente para darle operatividad a la Universidad.

Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración del pleno el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad De México, un presupuesto congruente con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y de estudios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de octubre del dos mil doce.

Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade a sentar bases para crear el fondo nacional de prevención de la diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Silvia Márquez Velasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, Fonapredi, con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo social es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y la economía de un país en diferentes ámbitos, como los son: salud, educación, nutrición, deporte, seguridad social, empleo, entre otros derechos. En este proceso democrático el Estado debe promover políticas públicas que garanticen a la población el desarrollo humano de manera integral.

La política social de nuestro país históricamente ha tenido como uno de sus ejes primarios a la salud, que es un derecho humano rector del desarrollo social establecido en la Constitución, tratados internacionales, y normas jurídicas secundarias.

En este sentido, el desarrollo social del Estado mexicano no puede ser integral sino hay fortalecimiento en las medias de prevención en enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles, como lo es la diabetes; por ello, se deben reorientar los recursos económicos que hagan eficaz las políticas públicas en educación nutricional y deporte en los tres ámbitos de gobierno.

En este contexto, el próximo 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes, establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud).

Cabe mencionar, que existen tres tipos de diabetes, siendo la de tipo 1, conocida como juvenil, donde el organismo no produce insulina; la de tipo 2, o de adulto, cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina, principalmente ocasionada por sobrepeso, obesidad e inactividad física, ésta representa un 90 por ciento de los casos mundiales de esta enfermedad; y la diabetes gestacional que se caracteriza por el aumento del azúcar en la sangre que aparece por vez primera durante el embarazo.

De acuerdo con cifras establecidas por la Organización Mundial de la Salud existen en el planeta alrededor de 346 millones de personas con diabetes, de éstos, más del 80 por ciento se registran en países de ingresos bajos y medios, es decir, en vías de desarrollo, donde el grupo más afectado es el de 35 a 64 años; se proyecta que para el año 2030 las muertes por diabetes aumentarán más de un 50 por ciento, volviéndose para ese año la séptima causa de muerte a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud, señala diversas consecuencias que ocasiona la diabetes, siendo las siguientes

• Problemas cardiovasculares donde un 50 a 80 por ciento son causas de muertes en pacientes diabéticos;

• Retinopatía diabética donde aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes quedan ciegos y un 10 por ciento sufren un deterioro grave en la visión;

• Insuficiencia renal donde de 10 a 20 por ciento de los pacientes mueren por esta causa;

• Neuropatía diabética que afecta a un 50 por ciento de los pacientes, ocasionando problemas como hormigueo, dolor, entumecimiento en pies y manos; y

• Amputaciones causadas por pie diabético.

En México, la falta de cultura nutricional y deportiva ha ocasionado que los índices de sobrepeso y obesidad sean un problema de salud pública, y factores que generan diabetes. Por tal motivo, los gastos en atención médica y control de la enfermedad han causado derramas económicas superiores a las que se destinan para la prevención.

A principios del 2012, la Secretaría de Salud señaló que la diabetes aumentó 30 por ciento en México a cusa del sobrepeso y la obesidad; mencionando que la obesidad en niños de 11 años incrementó 124 por ciento de 1999 a 2006, alcanzando el 0.94 por ciento en muertes en la población infantil de 11 y 14 años.

Por su parte, el Centro de Nutrición, Obesidad y Alteraciones Metabólicas del Hospital ABC, señala que 80 millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso (70 por ciento) y obesidad (30 por ciento).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, señala que México ocupa el primer lugar mundial con mayor índice de personas con obesidad, teniendo el 30 por ciento, y el cuarto lugar de sobrepeso y obesidad infantil con 4 millones de niños con problemas de sobrepeso y obesidad.

Refiere que alrededor del 12 por ciento de la población en México, entre los 20 y 80 años, es diabética, siendo el país afiliado a la OCDE con mayor número de individuos que registran este padecimiento.

En este sentido, el doctor Armando Arredondo investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, mencionó en agosto del año en curso, que México ocupaba el lugar 10 dentro de los países del mundo que realizan más gasto en atención y control de la diabetes, superando a Estados Unidos, Cuba, Argentina y Brasil.

Señala que en 2011, los costos totales que son atribuibles a la diabetes en México fueron de 7 mil 784 millones de dólares, de estos, 4 mil 352 millones son costos dirigidos a discapacidad temporal, permanente y a mortalidad prematura; con ello, el impacto económico se ha incrementado de 6 a 8 por ciento entre 2006 a 2012, además señala que de cada 100 pesos, 53 se gastan en complicaciones y el resto para el manejo de la enfermedad.

Al respecto, en el Primer Congreso Internacional de Ciencia e Innovación en Diabetes, 2012, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, la Coordinación de la Investigación Científica, el Conacyt y la Organización Iniciativa para la Diabetes (Inpadia) señalaron que en territorio nacional la principal complicación y muerte de la diabetes está vinculada a la insuficiencia renal con el 43.2 por ciento; seguida de las vasculares con 7.3 por ciento, la cetoacidosis con cuatro por ciento y el coma diabético con el 2.3 por ciento.

Queda constancia que las políticas públicas de prevención del sexenio que termina no generaron resultados satisfactorios en la población mexicana, ejemplo de ello fue el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaría, que recibió severas críticas por sectores de la sociedad civil como lo fue Alejandro Calvillo director de El Poder del Consumidor quién le llamó “fracaso, a la estrategia federal para combatir la obesidad significando miles de muertes y el agravamiento de la crisis de las finanzas en el sector salud creada por la epidemia de obesidad y diabetes, además, de ser un instrumento voluntario que carece de recursos”.

Los decesos de acuerdo al sexto Informe de Gobierno en materia de salud, han sido más de 82 mil de éstos, 31 mil 697 se dieron en la edad productiva y 51 mil 91 en edad posproductiva, siendo la segunda causa de mortalidad general en el país.

El secretario de Salud, Salomón Chertorisvki Woldenberg, reconoció que en este sexenio no pudo lograrse la reducción del 20 por ciento en la mortalidad de pacientes con diabetes. Por lo que comentó que es uno de los problemas de salud más importantes del país; destacando que el 80 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 están relacionadas con sobrepeso y obesidad.

Por su parte Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud mencionó que de 2006 a 2012 se incrementó el número de pacientes con diabetes al pasar de 5.29 a 24.54 por ciento.

En conclusión, los más de 7 millones de mexicanos de los estados y municipios que padecen esta enfermedad ocasionadas por sobrepeso y obesidad y las generaciones futuras necesitan mecanismos eficientes que fortalezcan un desarrollo social integral que incluye a la salud como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad” (Organización Mundial de la Salud). Por ello, es necesario enfrentar la pandemia de la diabetes de manera conjunta donde las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación y la Comisión Nacional del Deporte principalmente, construyan programas integrales de prevención.

En consecuencia, es momento de sentar las bases necesarias con visión de Estado para crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, con reglas de operación trasparentes que eviten la corrupción y el clientelismo; para que año con año se incremente y garantice el funcionamiento efectivo de las políticas públicas de salud en materia de prevención, principalmente en los rubros de educación nutricional y deporte en las entidades federativas y sus municipios, y así bajar los índices de esta pandemia que ocasionan discapacidad y mortandad en el país que debilita el desarrollo social de las mexicanas y los mexicanos.

Sugerencia que ha secundado el Instituto Nacional de Salud Pública al referir en recientes investigaciones que con mayor inversión en políticas de prevención contra la diabetes el Sistema Nacional de Salud disminuiría su gasto de 30 a 50 por ciento.

Por lo expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, Fonapredi.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de octubre de 2012.

Diputada Silvia Márquez Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a garantizar la seguridad de los prestadores de servicio social en zonas rurales apartadas o aun en poblaciones pequeñas, a cargo de la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Celia Urciel Castañeda, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con exhorto al gobierno de Nayarit para que en corresponsabilidad con las autoridades municipales, garanticen la seguridad de todos los jóvenes profesionistas que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o en poblaciones pequeñas que carecen de elementos de seguridad necesarios para su protección.

El pasado lunes 15 de octubre del presente año, en la población del Macho, municipio de Tecuala, Nayarit, se presentó un hecho lamentable y vergonzoso que ha cimbrado los sentimientos de todos los mexicanos, en donde una joven médico pasante de la carrera de medicina que prestaba su servicio social obligatorio en el Centro de Salud Rural Disperso de dicha localidad, fue salvajemente atacada por varios sujetos que después de golpeada y violarla la dejaron abandonada, fue encontrada hasta el día siguiente cuando se le traslado al hospital general de la ciudad de Tepic, donde aún pertenece en el nivel 3 de terapia intensiva con intubación endotraqueal y en estado de coma, con un diagnóstico reservado.

Los atentados de esta naturaleza vulneran el libre desarrollo psicosexual de las personas, representan una de las atrocidades más aberrantes que atentan directamente contra los derechos fundamentales de todo ser humano que el Estado debe proteger y garantizar.

Después del suceso, el pasado 19 de octubre estudiantes de medicina, pasantes y médicos de la entidad indignados por esta agresión, convocaron a una marcha de protesta y paro de labores, situación que pone de manifiesto la voluntad y solidaridad ciudadana, así como la inconformidad presente debido a la falta de seguridad en esta entidad federativa. Actualmente los centros de salud son competencia de la autoridad estatal; sin embargo, las condiciones referentes a la seguridad de los médicos que desempeñan ahí sus labores, no son adecuadas lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de la participación de las presidencias municipales en este sentido.

La función social de la medicina comprende procurar el bienestar de toda la comunidad, el abordar el cuidado de la salud en general para conservar la integridad física humana, el velar por el entorno que rodea al hombre, el prevenir y enfrentar las enfermedades con el objetivo de tratar de mejorar y prolongar los patrones de vida digna, tanto individual como colectiva. Quienes se dedican a este noble servicio, son personas con una gran sensibilidad humana, con espíritu de cooperación y de servicio a la comunidad.

Debido a que la medicina protege los derechos fundamentales referentes a la vida y la salud, la comunidad le exige al médico suficiente preparación académica y científica, habilidad en su arte, idoneidad en su profesión, gran moralidad y proyección social en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, debe existir un elemento de reciprocidad en el que no sólo se garantice al médico contar con los elementos necesarios para desarrollar su labor de manera idónea, sino también el cuidado y garantía de su protección personal.

Las condiciones de preparación en el campo de la medicina, así como en cualquier otra profesión en nuestro país, no resultan sencillas ya que tanto el estudiante como su familia, deben hacer sacrificios y esfuerzos para lograr aportar su grano de arena en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través de un desarrollo profesional de calidad por parte de individuos bien capacitados. Por lo que el servicio social que favorezca el desarrollo médico integral y de calidad en beneficio de la comunidad, resulta indispensable si se pretende ejercer una vocación con alto grado de profesionalismo; por tanto, las diputadas de esta LXII Legislatura reprobamos este aberrante delito que ha logrado dañar de manera profunda la estabilidad en el desarrollo profesional de los médicos, así como la tranquilidad de la sociedad nayarita.

Este crimen representa de manera clara y consistente la evidente situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes que desempeñan su labor, talento y esfuerzo en beneficio de las comunidades más necesitadas. Ante estos acontecimientos, resulta por demás necesario e indispensable que el gobierno del estado, en corresponsabilidad con las autoridades municipales, garanticen la seguridad de las médicas y los médicos colocando elementos de seguridad permanentes en cada uno de los centros de salud que dan servicio y benefician a su comunidad.

En consideración a los hechos anteriormente mencionados, me permito presentar a esta Soberanía, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se realiza un exhorto al gobierno de Nayarit para que en corresponsabilidad con las autoridades municipales, garanticen la seguridad de todos los jóvenes profesionistas que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o en poblaciones pequeñas que carecen de elementos de seguridad necesarios para su protección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada María Celia Urciel Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial plural para la educación media superior en México, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de octubre de 2011, la LXI Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Con fecha 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el transitorio segundo del mismo decreto se señala: “Se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”.

Con fecha 9 de octubre del presente año, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara publicó una comunicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la que remite el documento Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la educación media superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales, donde informa de la trigésima reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el 10 de septiembre de 2012.

En el comunicado se especifica: “Se interpreta el concepto de obligatoriedad establecido por el legislador, de tal forma que la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se establece como el deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”.

Y agrega: “La obligatoriedad para el Estado se reduce a garantizar que el sistema educativo nacional tenga la capacidad de absorber a los egresados de la educación básica y de retenerlos en las aulas hasta la conclusión de sus estudios en este nivel educativo”. Acota: “Las principales causas de la falta de cobertura son explicadas más por número de jóvenes que no terminaron la secundaria y por la deserción en la media superior”.

Además, señala: “Esta definición trae como resultado que la evolución futura de la demanda esté altamente condicionada por el comportamiento de tasa de cobertura y la eficiencia terminal de la educación secundaria así como del la tasa de eficiencia terminal de la EMS, por otra parte la reforma constitucional tampoco establece al Estado Mexicano la obligación de ofrecer Educación Media Superior a aquellos que teniendo concluida la Educación Secundaria se encuentren por encima de la edad típica, es decir que se encuentren en situación de rezago educativo (énfasis nuestro). De forma tal que de no darse un cambio sustantivo en estas variables, no obstante que se declaró obligatoria la EMS, no cabe esperar un incremento importante en la demanda por este servicio educativo”.

El transitorio segundo del decreto dice: “... ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país”. Enfatizo: “en sus diversas modalidades en el país”. Esto implica la enseñanza media superior de los sistemas federal, estatal, municipal y autónomo, en sus modalidades de propedéutico, mixto y terminal, pero también la educación para adultos.

Agrega: “La población que no fue absorbida por la educación media superior, calculada a partir de la tasa de absorción para el ciclo escolar 2008-2009, cuya tasa de cobertura fue del orden 62.3 por ciento, lo que viene a significar que cerca de 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar la educación media superior no lo estaban haciendo”.

El comunicado concluye: “Para el ciclo escolar 2010-2011, la tasa de absorción de egresados de secundaria alcanzó 96.7 por ciento lo que significó que casi 97 de cada 100 egresados obtuvo un lugar en la educación media superior. Sin embargo, el indicador de cobertura neta, es decir el porcentaje de la población de 15 a 17 años que se matricula en este tipo educativo, al inicio del ciclo 2010-2011 fue de 53.2 por ciento. Si se estimara la cobertura sólo para el grupo de edad típica con secundaria terminada, entonces sería de 69 por ciento. En el primer caso, se estaría hablando de la inasistencia de casi 3 millones de jóvenes, mientras que en el segundo, de un millón y medio: dentro de los últimos se encuentran cerca de 600 mil jóvenes que desertaron” (énfasis nuestro).

Todo ello quiere decir que la SEP, según su interpretación, sólo atendrá en esos 10 años a los egresados de secundaria que cuentan con su certificado de estudios y cuantifica en un millón y medio de jóvenes aproximadamente para 2012 y abandona a su suerte a otro millón y medio de jóvenes que no fueron absorbidos y los que no terminaron su secundaria, y a quienes desertaron en la enseñanza media superior, durante más de cinco años, que es el tiempo promedio en que pudieron estudiar una carrera profesional y que no tuvieron esa oportunidad, hasta alcanzar la edad correspondiente.

Las cifras que aquí conocemos ilustran sobre la responsabilidad de la SEP, principalmente sobre la eficiencia terminal de la enseñanza secundaria y la media superior y que en consecuencia se traduce en jóvenes que no logran obtener su certificado de secundaria y de preparatoria y que la SEP no logró retenerlos para el término de sus estudios.

Éstos son precisamente los jóvenes que constituyen el grupo denominado peyorativamente como “ninis”. Estamos hablando entonces, como dice la SEP, de 3.5 millones de jóvenes que no estudian, debido principalmente a que esta dependencia federal no ha resuelto la mejora de la eficiencia terminal, o evitar la deserción en educación media superior y a los cuales la SEP no dará educación media superior. Y también ha decidido que no atenderá la población en calidad de rezago educativo.

La política educativa en la educación media superior

La política educativa de Luis Echeverría adoptó la decisión de separar las escuelas preparatorias de las universidades y la creación de los colegios de bachilleres. A esto obedecía también la separación de las prevocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las secundarias de las normales rurales, creando escuelas de técnico-agropecuarias, industrial y comercial, y de separar las escuelas preparatorias de las universidades para sustituirlos por Colegios de Bachilleres, Conalep u otras instituciones.

En el régimen de Carlos Salinas de Gortari se aplicó una política aún más restrictiva de la educación superior y de la media superior, impulsando las carreras del sistema terminal postsecundaria y las cortas de bachillerato (PNES 80).

Así proponía la disminución del ingreso, con aumento de demandantes de educación media terminal, con campañas de orientación vocacional; aumento de requisitos y procedimientos de selección académica para el ingreso, con eliminación gradual del pase automático, implantación de topes de admisión por carreras y la Racionalización del crecimiento de la población escolar. (p. 10.41).

Según el Informe nacional sobre la educación superior en México, de la SEP, la política educativa aplicada en 1983, flexibilizó el currículo y pasó al sistema de créditos, para no prolongar los estudios innecesariamente y disminuir lo más posible la estancia de los estudiantes en las aulas. Unificación del tronco común curricular, reducción de años de estudio y unificación de fechas de ingreso del bachillerato. Los diversos sistemas y propuestas educativas, son un obstáculo, ya que la homologación de créditos entre los diferentes currículos es difícil. Como consecuencia, los jóvenes desertan”.

En México, el número de jóvenes de entre 25 y 34 años sin bachillerato es de 58 por ciento, junto con Turquía, lo que lo convierte en uno de los países con mayor porcentaje. México ocupa el primer lugar cuando se mide la deserción entre 33 de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que en el sistema educativo, la tasa de deserción más alta está concentrada en la preparatoria y bachillerato, que llega a 15 por ciento.

Por las fechas en que fue celebrada la reunión del Conaedu, es decir, el 10 de septiembre de 2012 y la fecha del dictamen, podemos intuir que las conclusiones de la reunión mencionada influyeron finalmente en la redacción de la reforma constitucional, acotando los efectos solo a los egresados de secundaria y que se encuentren en la edad típica, abandonando a los jóvenes que no pudieron estudiar la secundaria y los que desertaron por la deficiencia terminal de la SEP en este nivel educativo.

Han sido entonces la SEP y la política aplicada, la responsable de que existan estos jóvenes que no estudian y no ha tenido políticas eficientes para que terminen su educación, ni tampoco, para que los que han desertado, puedan posteriormente terminar su instrucción secundaria con programas intensivos y especiales para los jóvenes.

A esa situación se agregarán ahora los jóvenes que no pueden ingresar en la educación media superior y los que desertan. Estos programas deben aplicarse inmediatamente y resolver la terminación de la educación secundaria y la media superior de estudiantes rezagados y que ya suman 9 millones. Es evidente que ahora podemos iniciar la solución de los jóvenes ninis por lo que corresponde a su educación. La madre de los ninis es sin duda la SEP.

Deserción en educación media superior

En México, 14.5 por ciento de los bachilleres que se encuentran en las aulas abandonan los estudios, es decir, 600 mil jóvenes en edad económicamente activa, terminan integrándose al campo laboral informal, mal remunerado o incluso ilícito. En promedio, en los países de la OCDE, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejaron de estudiar antes de completar la preparatoria.

De los jóvenes de 15 a 18 años, 60 por ciento no recibe educación media superior, por lo que es necesario que la SEMS amplíe sustancialmente el programa de becas, ya que de las principales causas de la deserción es el no poder sustentar sus estudios.

En el ciclo escolar 2009-2010 del programa “Síguele, caminemos juntos”, que realizó la SEP, cada 25 segundos, en promedio, un joven decide no seguir estudiando y abandona el bachillerato. Para 2008-2009, se calculaba que por día 3 mil 114 jóvenes desertaron a diario del bachillerato. Su magnitud no sólo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino también tiene repercusiones económicas y sociales en el país”.

Para contener este fenómeno, la SEP intensificó la campaña de inscripción para que los estudiantes puedan obtener una de las 400 mil becas, para retener a los jóvenes en las aulas de la educación media superior.

En el apartado “Justificación” del programa se plantea que el propósito es disminuir la deserción y la reprobación escolar.

Motivos para el abandono

“Los jóvenes de 15 a 19 años de edad que dijeron –en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005– haber abandonado la escuela señalaron como las principales causas el que “tenía que trabajar” y “porque ya no me gustaba estudiar”, como los motivos centrales de su decisión, dice el estudio”.

Deserción es un drama: SEP

El subsecretario de Educación Media Superior informó que la cifra de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que deberían estar en la escuela y no lo hacen es de un millón 800 mil personas, entre los cuales están los que habiéndose inscrito abandonaron sus estudios y los que no concluyeron la primaria o la secundaria o son analfabetos.

La cifra de jóvenes que pertenecen a la cohorte generacional de 6 millones y tienen edad para cursar estudios de educación media superior, alrededor de 4 millones 200 mil alumnos están en las aulas, y 1 millón 800 mil “por alguna razón no lo están”.

Al presentar el informe, en París, Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas, la OCDE consideró que el abandono escolar es uno de los mayores desafíos en todos los países y planteó 10 recomendaciones para prevenir el fracaso escolar y ayudar a mejorar las escuelas y estudiantes en desventaja. Entre ellas están el crear un “pase automático” que limite la reprobación, “clausurar” las escuelas que no brinden un servicio adecuado y fusionar los pequeños planteles, además de impulsar créditos y apoyos conforme a las necesidades de los alumnos, entre otras.

El estudio señala que el entorno socioeconómico bajo, las circunstancias personales o sociales y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya manifestación más visible es la deserción”.

El gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en la proximidad de su vida adulta. En 2010 nuestro país alcanzará el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales constituyen el grupo en edad de cursar educación media superior (EMS).

“De no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar 2012-13 la tasa de graduación sería de 49.1 por ciento por ciento, la cual es menor al promedio en el que se encontraban los países de la OCDE a finales de la década de los años sesenta”. En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 años. Esta no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico.

Cobertura

Dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el país, el crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los próximos años se localizará en el nivel medio superior. La cobertura de la EMS debe entenderse como el número de jóvenes que cursa el nivel en relación con los que se encuentran en edad de cursarlo.

El cuadro siguiente muestra el indicador de cobertura de la EMS desde 1990 y las proyecciones hasta el 2020. Incluye datos sobre el número de egresados de secundaria, para poder dimensionar la demanda de servicios de EMS, y la tasa de absorción (que divide el número de alumnos de nuevo ingreso en la EMS entre los egresados de la secundaria). Asimismo muestra la llamada eficiencia terminal, un reflejo de la deserción, que mide el porcentaje de alumnos que egresa del nivel respecto de los que ingresaron tres años antes.

Cuadro I.3. Indicadores de cobertura de la EMS. Cifras nacionales

Los datos muestran que, en el escenario tendencial que consideró la pasada administración federal, la cobertura de EMS pasaría de 58.6 a 65.0 por ciento a lo largo de la actual administración. La eficiencia terminal y la deserción prácticamente no tendrían cambios.

El cuadro es revelador de que, al menos entre 1995 y 2006, el problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido a la deserción y la baja eficiencia terminal antes que a la incapacidad del sistema de absorber a los egresados de la secundaria. En los años próximos se deberá reanimar el crecimiento de la oferta educativa, pues el número de egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 1.8 millones de alumnos en 2010.

Debe tenerse en mente asimismo el nivel académico de los egresados de secundaria; puede condicionar su desarrollo a factores más allá de su control.

La deserción afecta de manera especialmente severa a los grupos de bajos ingresos. Ello se debe en parte a consideraciones sociales, culturales y económicas. La escasa cobertura de la EMS en los primeros deciles de la distribución del ingreso está asociada a que el sistema educativo no resuelve satisfactoriamente las desventajas de partida de ese segmento de la población.

Esta situación refuerza la inequidad que se observa en el sistema educativo del país. Como se observa en la siguiente gráfica, entre los estudiantes de entre 15 y 17 años que abandonan la escuela, la mayoría de los cuales se ubica en los deciles de ingreso más bajos, la mayor parte, alrededor de 40 por ciento, lo hace por falta de interés por los estudios.

En resumen, en la coyuntura actual resulta esencial fortalecer la cobertura, equidad y calidad en la EMS, de manera que tenga sentido estudiarla, y se convierta en un mecanismo a través del cual los jóvenes adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para desarrollarse como personas y actores en la sociedad y el mercado laboral.

En promedio, los jóvenes de México tienen su primer trabajo a los 16.4 años, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 años, tienen su primera relación sexual a los 17.5 años. Este tipo de eventos revelan que se trata de una etapa determinante en la vida y en el desarrollo personal. Es muy importante considerar la vulnerabilidad a la que la persona se encuentra expuesta, los cambios que en ella tienen lugar y la trascendencia de las decisiones que el joven asume a lo largo de esos años. Todo ello reclama una atención especial hacia los estudiantes, la cual debe comprender diversos sentidos.

Desde luego, habría que agregar que los 18 años es la edad en la que los jóvenes adquieren la mayoría de edad y con ello los derechos y obligaciones que otorga la ciudadanía plena.

Entonces, la SEP interpreta incorrectamente que su responsabilidad, regateando los recursos, pues su atención se reduce solo a un millón y medio de jóvenes dejando en el abandono, al otro millón y medio que no obtienen su certificado, sino, además, a aquellos que no pudieron ingresar a secundaria y que además desertaron de este nivel de enseñanza y del nivel medio superior.

La SEP tiene la obligación de resolver la eficiencia terminal de la secundaria y hacer un esfuerzo especial para ello, por lo que el monto del presupuesto que se enuncia en el comunicado, no considera la solución de la problemática que esto implica. Además, debe tomar medidas extraordinarias para incrementar la eficiencia terminal en educación media superior y evitar la deserción.

Es evidente que lo primero que salta a la vista es que tendrá que duplicar su presupuesto para educación media y media superior.

Por ello es necesario que la SEP incluya en sus cuantificaciones presupuestarias la responsabilidad de formación y capacitación de profesores de educación media y media superior, elevando con ello la calidad de la enseñanza, que incremente el número de plazas de profesores de carrera de tiempo completo, profesionalizando la enseñanza y reduzca la contratación de profesores hora clase. Además es posible establecer un amplio sistema de escuelas de enseñanza secundaria y media superior para adultos, lo cual también debiera ser considerado.

Para todo ello deberán reformarse diversas leyes y sobre las cuales en su oportunidad presentaremos las iniciativas correspondientes.

Por tal motivo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados crea una comisión especial plural para la educación media superior en México, con los siguientes

Objetivos

a) Dar seguimiento a la aplicación de la cobertura general neta a la educación media superior ordenada en la reforma del artículo 3o. constitucional;

b) Que dé seguimiento a la eficiencia terminal en el nivel secundario y de la educación media superior, tomando las medidas necesarias para evitar la deserción;

c) Que la totalidad de los egresados de secundaria cuente con la matrícula que le corresponde;

d) Que sean ampliados los programas en la educación para mayores de 18 años; y

e) Se cumpla este mandato constitucional de lograr 100 por ciento de la cobertura nacional.

Dados los objetivos y el plazo de 10 años establecido en la reforma constitucional, la comisión tendrá como duración el correspondiente a la LXII Legislatura.

Los recursos económicos y materiales que requiera la comisión serán determinados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 20 de octubre, el señor Stavros Lambrindinis, vicepresidente de la Unión Europea y representante especial para Derechos Humanos, afirmó en el marco del III Diálogo Bilateral entre México y la Unión Europea, que “México enfrenta situaciones muy difíciles en torno a la seguridad, pero sin importar qué tan complicado sea el reto, los derechos humanos son de la máxima relevancia e importancia, y lo mismo puede decirse de la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado e informado de muchos casos que “ilustran el patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales.”

De acuerdo a Amnistía Internacional, “entre los abusos figuran desaparición forzada, homicidios extra-judiciales o ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria”. De hecho la información publicada por la Sedena, la CNDH y algunas comisiones estatales de Derechos Humanos indican que esta tendencia ha aumentado significativamente en los últimos años.

En su informe del 2009, Amnistía Internacional afirma “las violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos indican que las cifras oficiales son muy inferiores a las reales, así tenemos que a consecuencia de la estrategia del presente sexenio contra el crimen organizado hay por lo menos 90 mil muertes relacionadas de las que no se sabe a ciencia cierta si tenían o no vinculo con las organizaciones criminales y han sido archivadas sin un juicio de por medio.

Los casos del informe de Amnistía Internacional demuestran además que, cuando los abusos son perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz, no se emprenden acciones para prevenir y sancionar esas graves violaciones a derechos humanos.

A razón de ello, es muy importante, que esta Cámara de Diputados, solicite el cumplimiento de todas y cada una de la recomendaciones que han hecho los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ante las diversas autoridades mexicanas que forman parte del gabinete de seguridad responsables de la estrategia contra el crimen organizado.

Es fundamental que en esta soberanía conozcamos y reconozcamos la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanas perpetradas por integrantes de las diferentes fuerzas armadas involucradas en operaciones de seguridad pública en los últimos años, para actuar e invertir esa tendencia.

Asimismo, es importante conocer la atención que las diferentes dependencias han dado a las múltiples recomendaciones que se les han hecho desde la CNDH y organismos internacionales, entre las que cabe destacar:

• Asegurar que los miembros de las fuerzas armadas que lleven a cabo operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

• Asegurar que las autoridades civiles lleven a cabo de inmediato acciones eficaces sobre todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a fin de que los responsables sean puestos a disposición judicial y las víctimas obtengan reparación.

• Asegurar que jefes militares, mandos policiales y ministerios públicos cooperen y exijan a quienes están bajo su responsabilidad que cooperen plenamente para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

• Asegurar de que los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos en las que están implicados miembros de las fuerzas armadas tengan derecho a acceder a la información sobre su caso y participen plenamente como coadyuvantes del ministerio público con ayuda legal de su elección, independientemente de que su caso se ocupe el sistema de judicial militar, civil o ambos.

• Garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas y sobre procesamientos y sentencias en los sistemas de justicia civil y militar.

La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:

Consideraciones

Primera: Que conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, establece en el artículo 1º constitucional que:

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece”.

Segunda: Que la Cámara de Diputados como parte del Estado y en términos del artículo 1o. constitucional debe:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados Exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, para que cumplan con todas y cada una de las Recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Palacio de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar gestiones para garantizar a los trabajadores ferrocarrileros jubilados el pago de pensiones con los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones necesarias a fin de que se dé cumplimiento de lo establecido en el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2001, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un grupo de trabajadores jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México han venido sosteniendo una larga lucha en la defensa de sus derechos laborales como está establecido tanto en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario como en el decreto de extinción ya mencionado. Por circunstancias ajenas a su voluntad, no han logrado que el gobierno federal les garantice el pago vitalicio de su jubilación.

El proceso de reestructuración del sistema ferroviario del país tuvo como prioridad el respeto a los derechos de los trabajadores ferrocarrileros y como parte fundamental; la salvaguarda de los derechos de los jubilados, ya que con su trabajo y esfuerzo, propiciaron que Ferrocarriles Nacionales de México se constituyera en una empresa, eje del desarrollo del país.

El 19 de diciembre de 1997 fue constituido por Ferrocarriles Nacionales de México en Nacional Financiera, SNC, con un fondo inicial de 13,629.7 millones de pesos en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, con un padrón de 56 mil 372 fideicomisarios.

El 17 de diciembre de 1998, se realiza la primera modificación en forma ambigua el contrato del fideicomiso, con el único propósito de modificar la clausula cuarta, a la cual se le agrega el inciso F, Los recursos materia del fideicomiso podrán destinarse al otorgamiento de créditos al gobierno federal. Lo anterior trajo como consecuencia que en lugar de generar los 3000 millones anuales de intereses como ocurrió de diciembre de 1997 a diciembre 1998, solamente se generaron a partir de 1998, 1,700 millones, debido a que el gobierno Federal solo empezó a pagar intereses del 6.4 por ciento.

El 9 de mayo de 2000 se firma un segundo contrato modificatorio del Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, en el se cambio el objeto del fideicomiso, ya que no solo se destinaria al pago de Jubilaciones sino también a un seguro de vida que administraría otro fideicomiso.

Finalmente, el 26 de septiembre del 2000 se lleva a cabo el tercer contrato modificatorio del fideicomiso, que cambia totalmente la esencia del Fideicomiso. Esta vez en forma ilegal se da participación al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, reconociéndole una personalidad como Representante de los Trabajadores Jubilados, la que en forma legítima no debió reconocerse, ya que el Fideicomiso es un documento de índole mercantil, no laboral, pues no es un contrato colectivo.

Con objeto de conocer el déficit de dicho fideicomiso al 31 de diciembre de 2008, se realizo un estudio actuarial por el despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, el cual determinó como resultado un déficit del orden de 15,699 millones de pesos a dicha fecha considerando las variables actuariales existentes en ese momento en el fideicomiso.

Dada la situación financiera que reportaba el fideicomiso y con objeto de conocer las necesidades anuales de recursos el despacho de actuarios Lescale Consultores Actuariales, SC, realizó nuevo estudio para conocer a partir del año 2011 el presupuesto base cero que permita hacer frente a las obligaciones que mensualmente se enfrentarán durante todo el tiempo que se requiera y hasta que el último jubilado por Ferrocarriles Nacionales de México fallezca y por ende se extinga el grupo objeto de estos pagos; al respecto, dicho estudio determinó que las obligaciones se extinguirían hasta el mes de agosto de 2032 y el gasto corriente durante ese periodo ascenderá a 43, 223.6 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado en los artículos 8 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 65-A, apartado A, del reglamento interno, incluyo 1,500 millones de pesos en el Ramo 19, “Aportaciones a la Seguridad Social”, debido a que los fondos del Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, sólo alcanzaban para las jubilaciones hasta junio 2011.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se previó la asignación de 2,777,302.00 para hacer frente a las obligaciones a cargo de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación para el pago de las pensiones jubilatorias por este año, los cuales de acuerdo al calendario previsto por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mensualmente son ministrados a (FNML) para el pago de las obligaciones.

Con el propósito de que los trabajadores Jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, puedan garantizar en forma definitiva el pago vitalicio de su pensión jubilatoria, el gobierno federal deberá cubrir la cantidad necesaria de acuerdo a los estudios actuariales correspondientes.

El decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, publicado el 4 de junio de 2001, establece en el artículo 4o. que en toda época el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficientemente.

La realidad es que año con año, los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México viven la zozobra de no saber si se destinarán recursos para el pago de sus pensiones. Es por ello, que estamos presentando este punto de acuerdo, con el propósito de que se resuelva esta situación y el gobierno federal cumpla con lo que se señala en el decreto de extinción antes mencionado.

Por las consideraciones aquí señaladas, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados expresa su preocupación por la situación que viven los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en relación con los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, los cuales no son suficientes para cubrir el pago de las pensiones durante los años que vivan dichos trabajadores pensionados. En ese sentido, el titular el gobierno federal tiene la obligación de garantizar los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de octubre del dos mil doce.

Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fortalecer el cultivo y la comercialización del plátano, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Verónica Carreón Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y las diputadas y diputados del integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se crea la Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto plátano, en atención a las siguientes

Consideraciones

En México y en el mundo, hoy en día el cultivo y cosecha del producto plátano representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura. El producto plátano es una de las frutas más importantes en términos de valor en el comercio internacional. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con datos actualizados al 2010, la superficie cosechada de plátano y banano a nivel mundial fue de más de 36 millones de hectáreas.

El plátano es una fruta que tiene grandes beneficios para la salud, aunque la mayoría de ellos son ignorados y sólo se conocen sus propiedades para brindar energía rápida al organismo. Pocas personas conocen que la banana o plátano es un excelente remedio natural contra la depresión, debido a que contiene Triptofano, un precursor de la formación de Serotonina; por su contenido en pectina el plátano reduce los niveles de colesterol; además, el plátano equilibra los líquidos del organismo, lo cual es beneficioso para regular la hipertensión.

En nuestro país, la superficie que se destina para el cultivo del producto plátano es de 56 mil 215 hectáreas, las cuales producen un promedio anual de 866 mil 781 toneladas por hectárea; el valor estimado de esta producción es de 4 mil 514 millones de pesos. Por mencionar un ejemplo, en comparación con el producto manzana, en México se destinan 10 mil hectáreas más que las destinadas al producto plátano; sin embargo, en cuanto a volumen de producción se obtiene casi el doble en plátano, quedando claro que las tierras mexicanas benefician exponencialmente la producción de este producto. Es así que se explica, cómo es que México ocupa el lugar 14º como productor a nivel mundial, mientras en cuanto a superficie sembrada sólo alcanzamos el 23º. Los principales estados productores de plátano son: Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En lo relativo al comercio exterior, en el año 2010, las exportaciones de plátano alcanzaron 72 millones 505 mil dólares, con un volumen superior a las 176 mil toneladas, según datos del Banco de México. El principal mercado de consumo del producto plátano es Estados Unidos, seguido de Siria y Japón, países a donde se dirige el 90% de las exportaciones de dicho producto. La Unión Europea es un mercado potencial debido al arancel preferencial del que se beneficia el producto plátano.

La actividad de cosecha del producto plátano genera más de 80 mil empleos permanentes a nivel nacional, principalmente en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Colima y Michoacán, por lo que es una importante fuente de empleo y tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras; razones por las cuales se requiere fortalecer la actividad relativa a la producción del producto plátano en México, con una visión global y de largo alcance, con el propósito de estimular una mayor producción con la cual se puedan elevar los niveles de venta internacional, generando con ello una mayor cantidad de divisas. Los números no mienten, el producto plátano en México, a pesar de alcanzar sólo el 6º lugar en cuanto a superficie sembrada dentro del sector frutal, alcanza el 4º lugar en valor de la producción, y el 2º lugar de volumen de producción.

Nuestro país cuenta con los recursos naturales y climáticos necesarios para la producción masiva del producto plátano, el cual se cosecha durante todo el año, ventaja comparativa que nos permitirá mejorar los niveles de producción y de competencia en los mercados internacionales; de este modo, se contribuirá a un mayor desarrollo del campo mexicano, propiciando a su vez, una mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se dedican a esta actividad agrícola.

La cosecha del producto plátano provoca una importante derrama económica en México, debido a que además existe una cadena industrial alrededor del producto plátano que incluye el procesamiento de frituras, así como las que se encargan de procesar sus derivados, lo cual implica mayor generación de empleos a nivel nacional.

Por lo antes mencionado, resulta de vital importancia mejorar los presupuestos, programas y apoyos con la finalidad de que lleguen oportunamente a los productores; en virtud de los compromisos que adquieren en el establecimiento, operación mantenimiento y cosecha de sus tierras. Asimismo, es indispensable fortalecer los mecanismos de apoyo y financiamiento a la exportación, debido a la importante derrama de divisas que se obtiene en esta cadena productiva, ya que hay mercados internacionales que están siendo poco aprovechados.

Si implementamos las políticas públicas adecuadas lograremos revertir esta situación, lo cual redituará en una mayor generación de empleos. Es necesario también evitar complejas reglas de operación en los programas, situación que dificulta el acceso a los apoyos por parte de los productores. Un marco legislativo que considere las verdaderas necesidades del sector se traducirá en una mayor y mejor producción nacional del producto plátano, situación que nos encaminará a lograr mayor competitividad internacional.

Es por ello que esta Cámara debe contar con una instancia interna que esté, de forma permanente, atenta para proponer las disposiciones legales pertinentes o llevar a cabo las gestiones necesarias para actuar en beneficio de este sector.

Por lo antes expuesto, consideramos de vital importancia la creación de la Comisión Especial de Producto Plátano, para que se impulse la participación organizada de los productores y de las empresas mexicanas en los mercados nacionales e internacionales con productos y subproductos de calidad que satisfagan las exigencias del mercado; promover el acceso ágil de las herramientas necesarias para la producción e integrar la tecnología con el propósito de maximizar la rentabilidad de las tierras, alejando las amenazas de plagas y enfermedades.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este Honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, se constituya la Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto plátano con objeto de que sea el instrumento para propiciar las iniciativas legislativas y las gestiones necesarias que cubran las demandas de dicho sector.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenido del producto Plátano.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que las y los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas (Chiapas, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Colima) y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Cuarto. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el Pleno de esta Soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.

Diputados: Verónica Carreón Cervantes, Luis Ricardo Aldana Prieto, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Joaquín Caballero Rosiñol, Fernando Charleston Hernández, Jorge del Ángel Acosta, Juan Manuel Diez Francos, Marina Garay Cabada, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Tomás López Landero, José Alejandro Montano Guzmán, Zita Beatriz Pazzi Maza, Genaro Ruíz Arriaga, Leopoldo Sánchez Cruz, Regina Vázquez Saut, Ponciano Vázquez Parissi (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a partir de la declaratoria de desastre natural se realicen acciones y se liberen los recursos del Fonden para atender la zona dañada por el huracán en Baja California Sur, a cargo de Alfredo Zamora García y suscrita por Francisco Pelayo Covarrubias y Arturo de la Rosa Escalante, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los efectos de los desastres naturales significan grandes pérdidas de vidas humanas así como daños en la infraestructura y la suspensión de actividades productivas, lo que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de las regiones afectadas.

Desde hace varios días el huracán Paul se ha acercado con velocidad considerable a la zona del puerto de San Carlos, municipio de Comondú, en Baja California Sur, y generando fuertes lluvias manteniéndose con una fluctuación entre las categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, Con vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205, lo que ha ocasionado que las comunidades se encuentren inundadas, haya cortes carreteros, y de energía eléctrica, cientos de casas dañadas, desabasto de agua, daños en telecomunicaciones, peligrosos baches en zonas urbanas, caída de árboles y postes, así como cerca de mil personas albergadas, estos son algunos de los daños que dejó a su paso el huracán Paul por Baja California Sur.

Además con las pasadas lluvias, consecuencia de la tormenta Miriam, las corrientes atravesaron varios puntos de localidades de La Paz y Los Cabos, que arrastraron a su paso a decenas de vehículos y desde que el huracán “Paul” tocó tierra, fue previsible que, dadas las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes, miles de habitantes padecen estragos sociales, económicos, de empleo, vivienda y salud, como resultado de las inundaciones, deslaves y marejadas en las áreas costeras.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de Protección Civil, se registran importantes daños en la infraestructura de comunicaciones de la entidad y un muy importante número de viviendas y comunidades rurales de distintos municipios de Estado, quedaron incomunicadas, sin poder recibir de manera pronta la ayuda de los tres órdenes de gobierno.

El alcalde de Comondú informó que de acuerdo a las primeras evaluaciones, los puertos Adolfo López Mateos, San Carlos, San Juanico, San Lázaro y San Andresito, en Bahía Magdalena, presentan serias inundaciones, en un cuarenta por ciento, y hay más de 500 albergados, se desalojó a la población de las islas y hasta el momento esas comunidades no cuentan con energía eléctrica, las causales de las inundaciones fueron las constantes lluvias, los vientos y fuertes mareas, lo que provocó que el dique de contención haya colapsado los puertos de San Carlos y López Mateos que tienen bordos de contención por las mareas, ya con la llegada del fenómeno natural y con las lluvias intermitentes se inundó, en términos generales el embate del huracán se está sintiendo en todo el municipio.

La Policía Federal Preventiva (PFP) informó que las corrientes de agua en los vados de la carreta transpeninsular provocaron cortes carreteros, por lo que se suspendió la circulación a vehículos, además las salidas de camiones de autotransporte foráneo han cancelado sus rutas

En el Municipio de Loreto, el agua afectó la fibra óptica, lo que repercutió en la suspensión por más de quince horas, de la señal de e internet y telefonía celular, lo que generó un caos en la comunicación en el Estado, lo que afectó también a la actividad económica en la zona, ya que en las oficinas no se podían realizar las labores cotidianas, además, los comercios o establecimientos que utilizan terminales bancarias fueron afectadas, así como algunas tiendas de autoservicio donde se reportó que no se podían adquirir víveres en los autoservicios por no poder pagar.

Los efectos del ciclón Paul provocaron fallas en la fibra óptica de Teléfonos de México y por consiguiente la interrupción en todo el estado de Baja California Sur de la infraestructura para internet y celulares, causando serias afectaciones para el sector hotelero, comercial y turístico.

La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN-III en su fase de prevención ante la presencia del huracán “Paul”, y desplegó 400 soldados, especialmente a las localidades de Cabo San Lucas, La Paz, Ciudad Constitución y Loreto, del cual queremos hacer un reconocimiento a las labores que han desarrollado en la asistencia a los damnificados.

Sin embargo, los daños aún se siguen contabilizando; es así, que en estos momentos resulta imprescindible que Baja California Sur cuente con los recursos suficientes para afrontar la contingencia a causa de las lluvias. Es apremiante la necesidad de liberar recursos del FONDEN y del Fondo de Reconstrucción, contar con recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de 2013 e implementar programas gubernamentales sanitarios, agropecuarios, de infraestructura y vivienda para asistir a los miles de Sudcalifornianos afectados.

Por virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos, de manera urgente, considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos.

Segundo. Se pide a la Secretaría de Desarrollo Social que implemente de inmediato el Programa de Empleo Temporal, haciendo público el censo de los afectados en el estado de Baja California Sur, asimismo entregue certificados para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos extraordinarios, suficientes para la construcción de los puentes y caminos dañados, mismos que deberán ser reconstruidos, debido a los daños ocasionados por el huracán.

Cuarto. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, se destinen recursos extraordinarios y, en su caso, tomen las acciones conducentes a fin de realizar la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, y el restablecimiento del suministro de energía eléctrica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputados: Alfredo Zamora García (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Francisco Pelayo Covarrubias.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de feminicidios, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados para presentar ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión especial de feminicidios.

Antecedentes

Los feminicidios y las muertas de Járez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos desde enero de 1993. El número estimado de mujeres asesinadas hasta el año 2012 asciende a más de 700.

En 2009 se contabilizaron 2632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos en todo México, donde se totalizaron 7 mil 700 asesinatos. En 2010 la cifra ascendió a más de 3 mil 100 asesinatos, y el primer mes y medio de 2011 alcanzó las 300 muertes. Sin embargo, existe una gran controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o asesinato y comprendería además la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades.

El 77 por ciento de los crímenes quedan impunes, y gran parte de los cuerpos no son jamás identificados. Si bien el número de muertes de hombres es mucho mayor que el de mujeres, los homicidios femeninos en Ciudad Juárez son considerablemente mayores que en el resto de las grandes urbes de México y Estados Unidos.

Desde la década de 1990 se han creado diversas organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las madres y familiares víctimas del feminicidio. En su mayoría están conformadas por mujeres, y algunas de ellas son Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para nuestras hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Conclusiones

Esta comisión será un espacio donde las organizaciones y mujeres en general podrán presentar sus propuestas para someterlas a un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones para que el delito de feminicidio pueda ser perseguido y castigado, como es la intención tanto de la procuraduría como de las organizaciones sociales , así como también evaluar el desempeño de la administración de las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de Feminicidios.

Segundo. El objetivo de la comisión especial es proporcionar y administrar la información procesada de las instancias involucradas e impulsar acciones referentes al tema del feminicidio, porque es muy importante para un congreso plural como en el que tenemos, escuchar las voces de todas las mujeres que trabajan en el tema de derechos humanos.

Tercero , La comisión especial estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y dos secretarías.

Cuarto . Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales, municipales responsables, organizaciones civiles, todas ellas en el ámbito de sus competencias.

Quinto . La comisión especial, objetivo del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los Recursos Humanos, Económicos y Materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto . La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será para agosto de 2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 octubre de 2012.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a cumplir la normativa en las estaciones migratorias de la frontera sur; y se solicita que en las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, de Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos se integre un grupo de trabajo que supervise esas instalaciones y la normativa en la materia, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en términos de las siguientes

Consideraciones

Con el pasar del tiempo, la situación de los migrantes se ha vuelto el encabezado recurrente de los medios de comunicación, no sólo porque muchos de nuestros compatriotas protagonizan el papel de víctimas con nuestros vecinos del norte, sino también, porque somos los villanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos en la frontera sur del territorio nacional.

Los abusos y las violaciones a los derechos humanos a migrantes que transitan por nuestro país, han desencadenado situaciones desafortunadas y condiciones precarias para nuestros visitantes “temporales”.

A lo largo de los 1149 kilómetros de frontera Sur que compartimos con Guatemala y Belice, se estima que anualmente cruzan 1.9 millones de extranjeros, de los cuales 83% son entradas legales y el otro 17% son entradas irregulares.

El flujo de migrantes indocumentados llega a territorio mexicano, con dos finalidades:

1) Un 9% busca llegar a cruzar nuestra frontera norte e internarse en EEUU con el sueño de nuca más volver a pasar hambre y mejorar las condiciones de sus seres queridos.

2) El resto intenta quedarse en México en busca de mejores oportunidades.

Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses representan entre 92 y 95% del total de alojados dentro de las estaciones migratorias. Este flujo ha generado un sin número de quejas sobre las condiciones de hacinamiento, insalubridad, inseguridad, violencia y negación de asistencia legal.

Tenemos presente que el trato que se les da a los migrantes indocumentados, está lejano a la dignidad y respeto que nuestra propia ley señala, como si estos fueran seres humanos de segunda clase, donde una falta administrativa puede significar un trato de delincuente.

Un ejemplo de lo anterior, sucede en el municipio de Tenosique, Tabasco, que comparte frontera con la Republica de Guatemala, y contabiliza el paso irregular del 14% del total de migrantes en tránsito; donde los campamentos de extranjeros indocumentados son perseguidos por militares y policías; y el uso de la violencia, la extorsión e incluso de secuestros, son los métodos para el desalojo de estos grupos, según reportan organizaciones de defensa de derechos humanos desde agosto del año pasado.

Otro ejemplo lamentable es el caso de “La Bestia” o como otros la han bautizado: “El tren de la Muerte”; que cruza en su lomo de sur a norte a cientos de migrantes que se arriesgan s ser robados, violados, secuestrados y hasta asesinados.

Otra agravante de esta situación, es la penetración de la delincuencia organizada, que exige una cuota para poder continuar el trayecto, como una especie de derecho de piso. Estos traficantes condicionan y amenazan a otros migrantes para que secuestren, recluten y transporten con el fin de ejercer la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas; el uso de los llamados “polleros” es un factor de importancia para continuar la travesía, 6 de cada 10 migrantes hacen uso de ellos para llegar a EEUU.

México se ha convertido en uno de los países más vulnerables del crimen organizado transnacional dedicados a la trata de personas, uno de los negocios más lucrativos después del narcotráfico y el tráfico de armas según la Organización de las Naciones Unidas.

Así como exigimos el respeto de los derechos de nuestros paisanos en la frontera del norte, nosotros debemos predicar con el ejemplo y garantizar los derechos, la condición humana y digna dentro de nuestro territorio nacional ante los migrantes de cualquier país, y en especial de nuestros hermanos centroamericanos.

Las garantías individuales en nuestra Carta Magna son claras al establecer la igualdad ante la ley a toda persona que se encuentre en el territorio nacional; por la cual debe otorgarse la misma integridad y respeto a los derechos humanos a todos aquellos que se encuentran bajo la custodia del Estado mexicano en las estaciones migratorias.

Hacemos un llamado para que el Ejecutivo Federal, realice lo necesario para asegurarnos que estamos cumpliendo con el respeto a las garantías y derechos fundamentales de todos los individuos por igual.

Por lo anterior, ponemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Gobernación a cumplir con la normatividad vigente y aplicable en las estaciones migratorias de la frontera sur de nuestro país.

Segundo. Que se integre al interior de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Asuntos Migratorios y Derechos Humanos, un grupo de trabajo plural, con el objetivo de poder realizar una supervisión a las instalaciones de las estaciones migratorias de la frontera sur, así como de la normatividad aplicable sobre la materia.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2012.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, suscrita por el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 79, Apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, plantean ante esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de diciembre de 2006, la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre la integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que fue instalada el 21 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la referida legislatura, con el objetivo de establecer un marco legal que institucionalizara y garantizara la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en el país y que, a su vez, permitiera la construcción de un ambiente social donde se asumiera la importancia de la información como bien público.

Posteriormente, a través del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de ésta Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2009 se ratificó y constituyó de nueva cuenta la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

El propósito de solicitar la constitución durante la presente legislatura de la multicitada comisión es dar continuidad al compromiso de seguir elevando la voz y hacer que el tema sea encumbrado en la agenda nacional, con el firme propósito de crear un ambiente social propicio para el ejercicio periodístico, dotado de un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México, por lo cual recabará toda la información sobre los diversos casos que haya pendientes para demandarle a las autoridades correspondientes el cumplimiento de su responsabilidad como impartidores de justicia.

Una vez instalada, la comisión emprenderá como tarea fundamental pugnar porque se respete lo establecido en la Constitución Política, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los tratados internacionales, que reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y de prensa, cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, fortalecer la democracia y prevenir la represión y el conflicto.

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa lo es también de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. La libertad de expresión es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como un derecho humano fundamental.

En el país, la libertad de expresión se encuentra tutelada en el artículo 6o., y la de prensa se garantiza en el artículo 7o. de la Carta Magna. Por tanto, hay definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a ser informada, además de la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y se considera que los comunicadores tienen como profesión recabar datos y analizarlos, y con base en ello informar a los demás sobre los temas que les interesan.

Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. Los medios de comunicación masiva, los periodistas y los demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes; de manera correlativa surge la obligación de que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.

El homicidio, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y, en general, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, por lo cual estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.

Es pues deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con objeto de obstruir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Se trata por consiguiente de evidentes violaciones de los derechos humanos, que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.

Es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, ya que en la actual administración del Gobierno Federal, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos, lo que ha llevado a los Estados Unidos Mexicanos a ser el país más peligroso para ejercer el periodismo, por encima incluso de Iraq. En poco más de una década de los dos últimos sexenios, 93 comunicadores victimados y desaparecidos.

En materia de libertad de prensa y democracia, los Estados Unidos Mexicanos ocupan la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010, además de estar catalogados como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.

El Estado debe cumplir sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar a los periodistas. Mientras que la sociedad no proteja a sus comunicadores ni reconozca que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación.

En la actual administración del gobierno federal, la incidencia de delitos cometidos contra periodistas se incremento en 241.8 por ciento respecto a la pasada. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006 fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios en el mismo lapso.

La CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos últimos sexenios; 351 de ellas; más del 50 por ciento, ocurrieron en lo que va de éste sexenio.

Informes elaborados por la misma CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa comisión ha documentado entre 2005 y 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, 21.76; de la Secretaría de la Defensa Nacional, 17.61; y de las Procuradurías Generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, 6.75, respectivamente.

Por lo expuesto resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, así como el Poder Legislativo, a fin de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de su labor de informar a la sociedad.

Los legisladores firmantes de los presentes puntos de acuerdo reconocemos el papel y el valor del trabajo de los periodistas, en el fortalecimiento de la vida democrática en los Estados Unidos Mexicanos y manifestamos una profunda preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Asimismo, observamos la necesidad de adoptar leyes y políticas nacionales que protejan a todo individuo que ejerza la función periodística.

El artículo 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para atender asuntos específicos. Asimismo, de acuerdo con la normativa que rige la Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política proceder en lo necesario para crear una comisión especial. Ya que comienzan los trabajos de la LXII Legislatura, presentamos esta propuesta a fin de crear la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, en mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, Apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la LXII Legislatura.

Segundo. La comisión especial estará constituida por el número de integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad de la presente Legislatura LXII.

Tercero. La comisión especial existirá durante la LXII Legislatura.

Cuarto. La comisión especial rendirá su informe anual de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Kamel Athié Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer una mesa de diálogo para resolver los conflictos con los normalistas y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que plantean alumnos y padres de familia, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mañana de ayer, efectivos de las policías federal y michoacana desalojaron violentamente a centenares de estudiantes que desde el pasado 4 de octubre mantenían tomadas las escuelas normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, con un saldo de varios lesionados, tanto normalistas como uniformados, 180 detenidos y 18 vehículos destruidos. Las autoridades federales y locales eligieron la vía de la represión y mostraron, de esa forma, su falta de capacidad para gobernar mediante el diálogo y la negociación. Enfrentar mediante la fuerza los problemas sociales el sector educativo del país y no resolviendo las necesidades crecientes, resultado del abandono de la enseñanza pública, provoca a la larga más conflictos. El desmantelamiento y la progresiva privatización de la educación pública es resultado de una ofensiva implacable contra las escuelas normales, desde 1972; muchas de las cuales han sido clausuradas, en tanto que las restantes sobreviven en condiciones de precariedad exasperante. Al persistir en la ofensiva contra las normales, el régimen ha desencadenado movimientos como el de Ayotzinapa, Guerrero –en donde, en diciembre del año pasado, las fuerzas policiales asesinaron a dos estudiantes y golpearon a muchos más–, y como los que estallaron el 4 de octubre en Michoacán, que el poder público abandone la senda de la represión y retome la negociación es lo más sano en estos momentos.

A Tiripetío arribaron 15 autobuses de agentes estatales y a Cherán unas 50 unidades. Los muchachos se encerraron en el plantel y arrojaron piedras a los policías, quienes disparaban granadas de gas, mientras otros saltaban la barda. En Cherán, el concejo mayor afirmó que la incursión policiaca es violatoria de la Constitución.

Hasta el momento no se sabe el paradero de los detenidos, ya que según los testimonios de otros estudiantes detenidos horas después y que fueron trasladados a la Estación Barandillas, los primeros estudiantes no se encontraban ahí; lo mismo sucedió en la Normal Indígena de Cherán, en donde también fueron detenidos y golpeados algunos padres de familia.

Es necesaria la inmediata presentación de todos los detenidos, y que el Estado tome todas las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados como ha sucedido en recientes operativos represivos en el Estado. El respeto a los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los ha violentado sean investigados y sancionados

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno del estado de Michoacán, que establezca una mesa de diálogo, para que por esa vía se resuelvan los conflictos suscitados con los normalistas de ese estado y además se resuelvan las demandas de mejora de las condiciones de estudio que reclaman los estudiantes y padres de familia.

Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2012.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán a liberar a los normalistas rurales detenidos en la represión del 15 de octubre de 2012 y retomar el diálogo con los normalistas desde una postura de respeto de la diversidad y conciliación entre las partes, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Honorable Asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado lunes 15 de Octubre fueron desalojados y detenidos 176 estudiantes de las escuelas normales rurales Michoacanas de Tripetío, Cherán y Arteaga, el desalojo fue violento y los manifestantes fueron golpeados y reprimidos por miembros de la policía estatal y federal del estado.

De las 176 personas detenidas hasta el momento han sido liberadas 127, a otras 41 más se les otorgó libertad bajo caución después de pagar una fianza de 15 mil pesos, 8 continúan detenidas en el Cereso “Francisco J. Múgica”.

Quienes participaron en las protestas y en los eventos de represión del 15 de octubre, relatan cómo fueron perseguidos y tratados con brutalidad, fueron maltratados, golpeados y recluidos por varias horas antes que se les permitiera entrar en contacto con sus familias.

A pesar de sustentar sus actos autoritarios bajo la premisa de “restablecer la paz y la tranquilidad”, el gobierno de Fausto Vallejo rechazó la salida del dialogo pacífico y tranquilo, lo cual quedó demostrado cuando su secretario de gobierno, Jesús Reyna, interrumpió las negociaciones de manera abrupta el 15 de octubre, amenazando a los normalistas con terminar sus manifestaciones sin siquiera analizar la posibilidad de encontrar una salida pacífica al conflicto, la cual por supuesto debería favorecer a ambas partes.

El conflicto generado en las normales rurales de Michoacán a partir de la imposición de la reforma curricular, ha escalado a un nivel que solamente el desgobierno y el autoritarismo podrían provocar.

La incapacidad del gobernador para negociar una salida consensuada o por lo menos discutirla, demuestra el desinterés del ejecutivo por mantener la paz, y sobre todo por reconocer el respeto a la diversidad cultural y sus usos y costumbres, que en este país, sobre todo en Michoacán, son tan trascendentes como parte de la identidad histórica nacional y el sistema de protección de los derechos humanos y no discriminación.

El gobernador Vallejo ha llevado a los manifestantes al borde de la desesperación al no escuchar sus legítimas preocupaciones con respecto a la reforma curricular; calificándolos como delincuentes, criminalizándolos y persiguiéndolos al muy puro estilo de las viejas prácticas autoritarias y represoras del país, que en más de una ocasión han sido implementadas en contra de estudiantes, y en más de una ocasión también se ha probado con el tiempo que fueron un grave error.

La sociedad michoacana, que por supuesto también contempla la población indígena y rural, demanda una salida pacífica, el asunto se le está saliendo de las manos al gobernador Vallejo, que ante la crisis ignora las oportunidades de solución ordenada y demuestra su verdadera cara ante quienes disienten; violando además los derechos humanos y las garantías de debido proceso de los hasta ahora detenidos.

Consideramos que no se puede volver a un pasado autoritario mientras la sociedad demanda apertura. El desfase entre sociedad y gobierno se exhibe claramente en el caso de Michoacán donde la ausencia de voluntad política para resolver el conflicto lleva a la regresión del gobierno de la mano dura y de la insensibilidad.

Por lo anterior y en atención al mandato constitucional del gobierno de Michoacán, en favor de toda la población del estado y del país, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a liberar a los normalistas rurales de Tripetío, Cherán y Arteaga, hasta ahora detenidos en los eventos de represión del 15 de octubre de 2012.

Segundo. Se exhorta al gobernador Fausto Vallejo Figueroa a retomar el dialogo con los normalistas michoacanos desde una postura de respeto a la diversidad y de conciliación entre las partes, que permita un verdadero mantenimiento de la paz y el orden, sin reprimir, criminalizar ni estigmatizar a quienes están en su legítimo derecho a manifestarse.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para impulsar el desarrollo en infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracción V, refiere, entre otros preceptos, que los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para elaborar los instrumentos de planeación urbana; “participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia”; “autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”; e “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial”.

El dispositivo programático de la Constitución es claro en la necesidad de que el desarrollo urbano debe darse a partir del fortalecimiento del municipio libre el cual cuenta con el apoyo subsidiario de la federación y gobiernos estatales en la provisión de los servicios públicos, entre los que se encuentra el transporte público de pasajeros.

El extraordinario desarrollo de las urbes mexicanas, a la cabeza de las cuales está la Ciudad de México y zonas conurbadas, les ha enfrentado a retos de igual magnitud como lo es el manejo de los residuos sólidos, el tránsito vehicular, la degradación ambiental, la provisión de agua potable y, particularmente, el grave y complejo problema del transporte público de pasajeros.

Este rubro es, precisamente, el sistema circulatorio que condiciona la viabilidad de crecimiento y desarrollo de las ciudades. El transporte público deficiente le resta competitividad económica, social y humana a la ciudad que lo padece. Es decir, prácticamente toda la red de actividades y funciones que se desarrollan en una ciudad dependen directa, o indirectamente, de la movilidad urbana.

Simplemente, las distancias casa-escuela-trabajo hacen imposible su viabilidad funcional sin un sistema de movilidad eficiente y sustentable.

El individualismo representado por el automóvil está en crisis. Los embotellamientos y contaminación que produce, aunado al inequitativo uso del espacio público, han motivado que los especialistas y políticos vuelvan la vista al transporte público de pasajeros, el cual demuestra tener consecuencias más redituables en lo económico, social y ambiental, que el referido automóvil individual.

En este marco debemos señalar que la zona metropolitana de Guadalajara, en el tema de transporte público, sufre un rezago de más de 18 años. Con una población de más de 4 millones 360 mil habitantes (la segunda metrópoli más grande del país), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del censo de 2010, y 2 mil 734 kilómetros cuadrados, solo cuenta con dos líneas de tren ligero que cubren 24 kilómetros lineales.

La zona metropolitana genera 5 millones 500 mil viajes diarios, de los cuales la línea 1 cubre 120 mil y la 2 sólo 100 mil. El déficit evidente de un transporte masivo, eléctrico y confinado ha generado en Guadalajara el abuso del automóvil, el sostenimiento de un servicio de camiones caro, contaminante, incómodo e ineficiente.

Teniendo a la puerta programas de proyección internacional, como la Ciudad Creativa Digital, con el que se planea convertir a Guadalajara en sede del clúster de multimedia y producción de medios digitales más importante de América Latina, con una inversión de hasta 10,000 millones de dólares en inversiones asociadas al proyecto y un potencial para generar 20 mil empleos; bajo esa perspectiva, ya no se concibe el desarrollo urbano y la movilidad de Guadalajara condicionada por un transporte público caro, malo y contaminante.

Esa es parte de la solución que las y los tapatíos esperan.

La línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara saldría de la estación Isla Raza y de ahí irá hacia la colonia Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, ubicada en el municipio conurbado de Tlajomulco, y contará con 16.5 kilómetros y con 21 estaciones.[]

El proyecto ejecutivo incluye la compra de 48 trenes, así como la construcción de dos viaductos elevados, uno en donde se entroncará con la línea 1 y el otro en donde se ubicarán las futuras estaciones Del Mural y Las Juntas.

Por ello es preciso que se lleven a cabo los convenios de coordinación entre la federación, estado de Jalisco y municipios de Guadalajara y conurbados, a fin de que se establezcan los compromisos institucionales y, además –en razón del tiempo– es procedente –y así se solicita– que atentamente se llame a la atención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, a fin de que impulsen de manera integral para el año 2013 el desarrollo de una infraestructura de transporte público eficiente, sustentable y en armonía con el medio ambiente para Guadalajara.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta atentamente al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco a desarrollar de manera coordinada e interinstitucional programas de mejoramiento e inversión de infraestructura del transporte público de pasajeros, específicos y acordes a las necesidades del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal –a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, al gobierno de Jalisco y al municipio de Guadalajara y demás conurbados, para que suscriban los convenios necesarios para la integración en los programas de inversión en infraestructura de transporte para el año 2013, el proyecto ejecutivo línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a requerir al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita con la mayor brevedad un laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nuevo lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, integrantes de esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral l fracción II y numeral 2 fracción III, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones:

Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto de sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.

Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación, que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Comenzando con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible.

Sobresalen, anomalías flagrantes y aberrantemente arbitrarías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta "causa de fuerza mayor". Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el Decreto fue ajeno a su competencia.

Al respecto hay que recalcar que la Junta Federal, también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE, declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.

Sobre estas consideraciones el Tribunal, concede el amparo al Sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o inconsteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor.

El tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el Decreto no lo establezca expresamente. Y También, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.

El amparo del Tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran. la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.

Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores, en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.

Consientes de esta posibilidad y sensibles a la problemática social que se deriva de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hacemos un llamado al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el cumplimiento de su responsabilidad, en relación al amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo al Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado jueves trece del presente, se requiera al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010; y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputadas: Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar agresiones contra periodistas y a la creación de una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente punto de acuerdo en relación a la necesidad de evitar que se sigan suscitando más agresiones en contra de periodistas, columnistas, comunicadores, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

“El periodista no es buscador de problemas. Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos.”

Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido con el nombre de “el cuarto poder”. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista hoy en día desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a periodistas asesinados y desaparecidos los cuales ascienden a 109 en el periodo de 2001 al 2012, según reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas, representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son solo algunos ingredientes para socavar el Estado de Derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable.

Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas, son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.

En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Articulo 19, en el gobierno de Luis Echeverría [1970-1976] fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista [1976-1982] la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid [1982-1988] resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari [1988-1994] cayeron 46 profesionales de la tecla informativa.

Mientras que mediante las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pudo tener el conocimiento de los tres sexenios siguientes, con Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000] resultaron 24 muertos, durante el mandato de Vicente Fox Quesada [2000-2006] 26 fueron asesinados y de 4 más se desconoce su paradero, mientras que para el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.

Ello da un total de 206 periodistas asesinados en un lapso de 42 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988 por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir diez años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).

Han sucedido además hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, “El acto contra Healy [sic] fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior”.

Las represalias en contra del gremio se han agravado paulatinamente y se han multiplicado asimismo sus agresores. En el presente año asesinaron a Ana Irasema Becerra Jiménez, quien era la publicista en el periódico El Dictamen. Dicho homicidio fue perpetrado por el “N”, presunto jefe operativo y homicida del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Actualmente, de acuerdo con el listado de ataques a los derechos humanos de los periodistas denunciados ante la CNDH, la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80; 2009 con 78; 2010 con 139, y 2011 con 172.

La CNDH agregó en su momento que esta cifra podía ser mucho mayor, si se sumaban los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian, por miedo a la seguridad propia.

En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía. Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.

No es gratuito, por ello, que se haya catalogado al 2008, 2009 como un período conflictivo pero estos 2 años se ven opacados por la violencia suscitada durante los 3 años siguientes pues representan periodos más violentos y con mayor numero de ataque para el periodismo mexicano.

La tragedia mexicana se salda con la muerte de decenas de miles de sus conciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado de los cárteles y de los poderes públicos, en los que con gran frecuencia se ha infiltrado el crimen organizado. Entre estas víctimas se encuentran más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos durante la última década.

Como se ha mencionado, tristemente hemos visto que las vejaciones y violaciones a los derechos de los periodistas han aumentado. De 1999 a julio del año pasado, la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.

De acuerdo con un informe presentado por el responsable del área jurídica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país.

Los comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y/o programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.

Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido además víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente a una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.

Son recalcitrantes las notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En México, se contabilizan 15 víctimas mortales tan solo en lo que va del año: 14 informadores y una trabajadora de prensa.

Con lo anterior, la cifra nacional de las víctimas mortales por las libertades de prensa y de expresión se eleva a hora a 115: 98 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores. Hechos todos ocurridos tan solo en el transcurso de las dos últimas administraciones.

Lo que coloca a México como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según lo constatan organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas (felap), la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, el Club Primera Plana y la Asociación de Periodistas Comunicadores de Morelos, quiero dejar constancia que este punto de acuerdo se deriva de su preocupación y ocupación por la impunidad que hasta ahora se cuenta de los delitos cometidos en contra de sus compañeras y compañeros, y la vulneración que su actividad les representa, la cual hago como propia.

Como se deduce de lo expuesto con antelación, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia “legal” hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación.

Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta, la cual conlleve y sea capaz de explicar toda la situación en la cual se ven inmersos estos profesionistas.

Es totalmente preocupante que la frecuencia de la violencia contra periodistas a nivel mundial vaya en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios por lo cual es inexistente la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, ya que no se tiene al victimario.

Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos presenciado con tristeza y desesperación, como los comunicadores y los medios de comunicación han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos en esta guerra absurda emprendida por la sórdida administración federal; la delincuencia organizada y el aparato coercitivo del Estado.

La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado Statu quo. En tal virtud, en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de periodistas y miembros de los medios de comunicación, y aquellos que se cometan no queden en la impunidad.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a adoptar las medidas pertinentes para elevar el carácter de Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión, tomando en consideración la vulneración que les representa a los miembros de los medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, y se resuelvan la totalidad de las indagatorias de los delitos cometidos hasta ahora en su contra, los cuales están en la impunidad. La cual deberá adoptar los mecanismos necesarios para demostrar que los responsables de las pérdidas de la vida y los ataques en contra de los comunicadores, y medios de comunicación, sean esclarecidos y debidamente juzgados y sancionados.

Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa los gobernadores de las entidades federativas para que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los integrantes de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar a través de las Procuradurías locales, y se esclarezcan los delitos locales cometidos con los integrantes de los medios de comunicación, y se les brinde en su caso la protección, en caso de que alguno este en riesgo.

Tercero. Que por conducto de los órganos colegiados de esta honorable soberanía, se proceda a crear una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, y no se siga minimizando la trasgresión de sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2012.

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara a celebrar un convenio y constituir un fideicomiso público para contar con una reserva urbana destinada a la repoblación estratégica de la zona, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar se integre una política de repoblamiento estratégico del municipio de Guadalajara para el año 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción V refiere, entre otros preceptos, que los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para elaborar los instrumentos de planeación urbana; “Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales”; y “Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”.

El dispositivo programático de la Constitución establece la necesidad de que el desarrollo urbano debe darse a partir del fortalecimiento del municipio libre el cual cuenta con el apoyo subsidiario de la Federación y gobiernos estatales en la provisión de los servicios públicos y en las políticas generales de desarrollo urbano, entre las que se encuentran las estrategias de vivienda y repoblamiento urbano.

En virtud al extraordinario desarrollo de las urbes mexicanas –a la cabeza de las cuales está la Ciudad de México y zonas conurbadas- se han observado fenómenos urbanos nunca antes vistos como lo son la desmesurada demanda de servicios públicos y otros relacionados con su crecimiento fuera de orden o ajeno a los instrumentos de planeación urbana y peor aún que van en contra de la sustentabilidad y desarrollo de la mancha urbana acorde con los principios ambientalistas.

Así como el centro histórico de la Ciudad de México sufre los efectos del despoblamiento o de la sustitución del uso de suelo habitacional al comercial, esto también se ha presentado en diversos sectores de la ciudad de Guadalajara, siendo su centro metropolitano uno de los más afectados.

En el mosaico de los municipios mexicanos tenemos algunos con núcleos urbanos con escaso desarrollo mientras que otros advierten, incluso, fenómenos de metropolización, tales como, precisamente, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otros.

Así es como, mientras que en Jalisco el Municipio de Guadalajara tiene cerca de un millón y medio de habitantes, otros de la misma entidad no llegan a los 20 mil.

El problema es que el municipio de Guadalajara está pasando por un proceso de despoblamiento gradual que le está generando graves impactos sociales y económicos. En el año de 1990 tenía 1’650,205 habitantes, en el 2010 reportó 1’494,134 (INEGI, 2010), lo que significó crecimiento negativo al perder más de 156 mil habitantes. Estas cifras contrastan con el ascendente crecimiento de la zona metropolitana que en el año 1990 reportaba 3 millones de habitantes y en el 2010, 4 millones 700 mil habitantes, aproximadamente.

Coincidentemente a partir de 1995 la población de Guadalajara se vino en picada... ¿Qué pasó?... ¿en que se falló?... ¿Por qué la Ciudad perdió atractivo para vivir?

Si seguimos con la tendencia actual en el año 2030 Guadalajara tendrá alrededor de 500 mil habitantes, es decir, un millón menos. Y a lo que se ve, todos los municipios de la zona metropolitana van a crecer, menos Guadalajara.

Este fenómeno se refleja, también en un paulatino envejecimiento de su población; aumento en los indicadores de viviendas abandonadas; y se propicia un deterioro o subutilización de los servicios públicos.

Por otra parte, el Infonavit tiene más de 145 mil créditos de vivienda de gente domiciliada en Guadalajara, pero topamos con pared porque las casas en este municipio son pocas y caras. Esa es la razón por la que esta gente se está yendo a vivir a municipios conurbados como El Salto, Tala, Ixtlahuacán de los Membrillos, y no es por gusto, sino por necesidad. Esto afecta el tejido social, las familias ya no conviven, porque las distancias les están comiendo la calidad de vida.

En razón de este diagnóstico, el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha programas que pretenden revertir el fenómeno, con estrategias como el Instituto Municipal de la Vivienda, que está proyectado para regir las políticas de repoblamiento en las colonias y barrios del municipio, pero esta institución ahora se encuentra con una realidad financiera que le aleja del cumplimiento de sus fines.

Esta estrategia de repoblamiento, debe de ser una de las principales líneas de acción que derivan del Plan Municipal de Desarrollo de cualquier urbe, bajo los principios de una política de desarrollo urbano concebida con visión de largo plazo, ya que se está pensando en el futuro de los tapatíos y no de las administraciones.

Para incentivar en Guadalajara la construcción de vivienda social a precios competitivos y de calidad, es preciso que se adquiera reserva urbana destinada a la edificación de vivienda de interés social vertical en las colonias y barrios que sufren determinados grados de despoblamiento. Se requiere vivienda sustentable y más barata para el repoblamiento de barrios y colonias de Guadalajara, con ello se revitalizan de las relaciones sociales, se optimiza el uso del suelo, se compacta la población, se acortar distancia en las rutas de destino casa-trabajo-escuela, se saca provecho de la infraestructura ya existente en la Ciudad, se mejoran los servicios públicos, se disminuyen los costos y se multiplican los beneficios sociales.

Ahora bien, teniendo a la puerta programas de proyección internacional como la Ciudad Creativa Digital, con el que se planea convertir a Guadalajara en sede del clúster de multimedia y producción de medios digitales más importante de América Latina, con una inversión de hasta 10,000 millones de dólares en inversiones asociadas al proyecto y un potencial para generar 20 mil empleos; bajo esa perspectiva, ya no se concibe la vivienda y el desarrollo urbano de Guadalajara condicionada por una realidad deprimente como lo es el despoblamiento de las principales colonias y barrios de la ciudad.

Para crear reserva urbana suficiente para revertir el fenómeno del repoblamiento de Guadalajara, según estudios del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara se requiere un fondo de 600 millones de pesos. Este recurso está destinado a constituirse en el capital semilla de una dinámica virtuosa a partir de la compra de reserva urbana cuya edificación y venta hará posible nuevas adquisiciones de predios para vivienda de interés social vertical y, así, hasta revertir el repoblamiento con vivienda a precios accesibles y de buena calidad atendiendo las disposiciones ambientales y de sustentabilidad requeridas.

Guadalajara es la segunda ciudad más importante del país y está llamada a ser un foco de desarrollo regional sustentable con impacto en todo el centro occidente de México.

Por ello es preciso que la Federación, el Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara celebren un convenio para constituir un Fideicomiso Público, en el marco de un convenio madre de colaboración para el repoblamiento y revitalización de los barrios y colonias de Guadalajara.

Por parte del gobierno federal es competente para actuar en la solución de problemas de desarrollo urbano, la Secretaría de Desarrollo Social al tenor del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, en lo conducente, a la letra dice que

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado;

XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal –a través de la Secretaría de Desarrollo Social; al Gobierno de Jalisco y del municipio de Guadalajara para que celebren un convenio para constituir un Fideicomiso Público para contar con una reserva urbana destinada al repoblamiento sustentable, el repoblamiento y revitalización de los barrios y colonias de Guadalajara, Jalisco; en los términos del presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades realizadas para prevenir el secuestro de indocumentados centroamericanos, y a investigar el paradero de los 40 migrantes desaparecidos el pasado 3 de octubre en Medias Aguas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. México, debido a su posición geográfica estratégica al sur de Estados Unidos de América, se ha convertido en un país de tránsito de migrantes centroamericanos, que intentan llegar por tierra a este país, en busca de mejores condiciones de vida. Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan en México más de 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Recurrentes son las denuncias e informes sobre violaciones de los derechos humanos de estos migrantes. Amnistía Internacional, organización encargada de realizar actividades de promoción e investigación centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo y en México, encontró que muchos de los centroamericanos que se internan en nuestro país para llegar a Estados Unidos de América han sido secuestrados por bandas criminales que, en ocasiones, trabajan en complicidad con las autoridades locales.

La impunidad de los abusos contra las personas migrantes, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad, ha permitido que estos abusos se incrementen, a pesar de los compromisos que ha hecho el gobierno de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

La Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Mayo de 2011, es un avance importante en la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes. En el artículo 6o. establece: “El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria”. Sin embargo, poco ha repercutido esta ley en la realidad, y si no se actúa con energía será letra muerta.

Segunda. El padre Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, desde el 2007 denunció el secuestro masivo de migrantes en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Derivado de esa denuncia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó en 2009 el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, trabajo que por primera vez expuso la situación de los migrantes secuestrados a través de la recopilación de múltiples testimonios.

En el informe señalado se estimó, que en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron secuestrados, dejando a los perpetradores un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares.

Dando seguimiento al asunto, la CNDH elaboró un segundo informe, publicado en febrero de 2011, el cual advierte que, “en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la comisión documentó 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigo de hechos, resultaron 11,333 migrantes víctimas de secuestro”. Esta cifra es alarmante, puesto que representa 74 por ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012 (de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2006 a agosto de 2012 se denunciaron 6 mil 512 secuestros en el país).

En los últimos años, el secuestro, la desaparición y el asesinato de migrantes han sido una constante. Basta recordar a los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y el de los 40 o 50 desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre de 2009: claras muestras de violaciones de los derechos humanos, que se suman a las denuncias a los agentes de migración por vejaciones cometidas contra los centroamericanos sufridas en su tránsito por el país.

De acuerdo con denuncias de activistas en pro de los derechos humanos de los migrantes, el pasado 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga en Medias Aguas, Veracruz. Hasta la fecha se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.

Las autoridades de Veracruz señalan que desconocen secuestro de los migrantes centroamericanos; el comandante de la VI región militar de la Sedena, René Aguilar Páez aseguró, que lo dicho por el padre Alejandro Solalinde Guerra no tiene fundamento. Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que ni la subprocuraduría regional ni la Secretaría de Seguridad Pública tienen reporte o denuncia sobre el presunto plagio de migrantes.

Lo cierto es que hay una deuda con la protección de los derechos humanos de los migrantes en México; y la desaparición de estos centroamericanos, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que se les da a los migrantes que cruzan nuestro territorio; y de la corrupción e impunidad imperante a lo largo de las rutas migratorias mexicanas.

En repetidas ocasiones en esta tribuna se ha alzado la voz para exhortar al gobierno estadounidense que respete y proteja los derechos humanos de nuestros compatriotas. El caso que hoy les expongo no nos debe ser ajeno, pues se trata de seres humanos que su único delito ha sido salir de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Por lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades que han realizado para prevenir los actos de secuestro de indocumentados centroamericanos durante su tránsito por el territorio nacional. Además, se exige que las autoridades investiguen el secuestro y den con el paradero de más de 40 personas migrantes en Medias Aguas, Veracruz, el 3 de octubre pasado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de fomento y desarrollo de los pueblos mágicos, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Francisca Elena Corrales Corrales, en conjunto con Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial para el fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo hoy en día se encuentra ampliamente ligado al desarrollo y abarca un número creciente de nuevos destinos. Este dinamismo ha originado que éste se convierta en el elemento clave para el progreso socioeconómico de las naciones.

Recientemente, se ha demostrado y reconocido, la capacidad de la actividad turística para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. El potencial económico que el turismo implica, se representa en la apertura de empleos, siendo más relevantes éstos en áreas rurales y remotas, donde de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), viven tres cuartos de los dos billones de personas bajo condiciones de pobreza extrema.

El turismo es uno de los sectores con crecimiento acelerado de la economía mundial, su profunda diversificación lo ha convertido en un sector con mayor crecimiento económico. El desarrollo turístico puede promover el crecimiento económico, tanto directa como indirectamente. Primero, al estimular el crecimiento de otros sectores y segundo al incrementar el ingreso doméstico y la demanda efectiva.

A mayor abundamiento, el gasto que realiza el turista en territorio nacional representa una inyección inicial en la economía, traducido en ingresos percibidos por los factores de producción del sector turístico, lo que a su vez origina efectos indirectos en la economía. Lo anterior principalmente se da debido a que una parte de esos ingresos son utilizados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la propia industria.

Esos pagos realizados a la compra de bienes y servicios, originan a su vez efectos inducidos, debido a que quienes reciben estos ingresos, los emplean también en el pago de productos y servicios y así de manera sucesiva.

El turismo puede ser especialmente importante para países en desarrollo, donde las ganancias del intercambio comercial se encuentran ligadas a la importación de insumos y a la inversión en bienes para la industrialización.

En este sentido, la OMT ha enlistado razones por las que se considera a la industria turística un factor de desarrollo económico sustentable, en los países menos desarrollados:

a) El turismo es consumido exactamente en el punto en donde se produce; el turista va al destino específico y es ahí donde gasta dinero, abriendo de esta manera, una oportunidad para los negocios locales de todo tipo, y permitiendo a las comunidades locales beneficiarse a través de la economía informal en la venta de bienes y servicios directamente a los visitantes.

b) Muchos países menos desarrollados tienen una ventaja comparativa en el turismo con respecto algunos países desarrollados, ya que tienen una gran gama de valores como la cultura, el arte, música, escenarios naturales, variedad en flora, fauna y climas, incluyendo los lugares considerados Patrimonio de la Humanidad.

c) El turismo es una industria con mucha mayor diversidad que otras. Cuenta con el potencial de sustentar otras actividades económicas, ambas a través de proveer flexibilidad. Trabajos de medio tiempo pueden ser complementados con otras opciones de sustento y a través de la creación de ingresos mediante una amplia cadena de insumos de bienes y servicios.

d) El turismo es intensivo en mano de obra, la cual es particularmente importante en atacar a la pobreza. Fomenta la creación de muchas y diversas oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres y la gente joven, la cual generalmente requieren de poco entrenamiento.

e) Crea oportunidades para muchas –micro y pequeñas– empresas, tanto en la economía formal como informal. Es una industria en la que generalmente los costos y las barreras de entrada son relativamente bajos o pueden ser fácilmente reducidos.

f) El turismo provee no sólo los beneficios materiales para los pobres, sino que también fortalece el orgullo cultural. La actividad crea una indudable conciencia del medio ambiente y su valor económico, un sentido de identidad y pertenencia y la reducción de vulnerabilidad a través de la diversificación de los recursos de ingreso.

g) La infraestructura que requiere el turismo, tal como el transporte y las comunicaciones, suministros de agua y sanitarios, seguridad pública, y servicios de salud, beneficia directamente a las comunidades con índices altos de pobreza.

Además de las consideraciones de la OMT, diversos estudios han comprobado que efectivamente existe una relación directa entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico de las naciones. Por lo que la verificación de tal hipótesis conduce a importantes consecuencias políticas. Los Estados necesitan involucrarse activamente en fomentar el sector.

De la misma forma que muchos países, México posee vastos e importantes destinos turísticos que le permiten captar considerables divisas y recursos. Tales ingresos provenientes del exterior por concepto de turismo son contabilizados en las cuentas nacionales y registrados en la Balanza de Pagos del país, por lo que dichos ingresos representan una aportación muy significativa. Diversos autores, entre ellos Michael Clancy (2001) en su investigación sobre el turismo mexicano desde 1970, afirman que el turismo ha sido la mayor exportación de México contabilizada en la balanza de pagos, desde al menos, a finales de la Segunda Guerra Mundial.

El autor Clancy afirma que –desde 1970– México gradualmente se ha convertido en uno de los más populares destinos en el mundo y que de igual forma, el turismo tiene un mayor componente en la economía mexicana. Para los años 90, el país se posicionó en el lugar número 1 de llegadas en América Latina, representando lo anterior casi el 40 por ciento de todos los viajeros internacionales de la región. Asimismo, el país se colocó para esos años en el primer lugar de recepción internacional entre los países subdesarrollados. Afirma el autor, que los números son aún más impresionantes cuando se revisan con el tiempo. Las llegadas a México se triplicaron entre 1970 y 1991, mientras que las ganancias por el tipo de cambio del turismo se incrementaron de 415 millones a 3.8 billones de dólares.1

A lo largo de los años 90 se continuó con un rápido crecimiento, alcanzando en el año 1998 la cifra cercana a los 20 millones de visitantes extranjeros, los cuales gastaban cerca de los 7.5 billones de dólares en los distintos destinos del país.

En 2010, la actividad turística representó 8.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a precios básicos de 2003, lo que refleja su importancia en la economía nacional.2

Durante 2011, se registró una cifra récord en llegada de turistas nacionales e internacionales de 168.1 y 23.4 millones, respectivamente. Este último nos coloca entre los 10 principales destinos turísticos por llegada de turistas internacionales según la Organización Mundial del Turismo.

De enero de 2007 a junio de 2012, los turistas internacionales aumentaron 12.2 por ciento con respecto al periodo 2001-2006.

De enero a junio de 2012, el turismo doméstico ascendió a 83.9 millones de personas, 5.4 por ciento más que en igual lapso de 2011, lo que representó 87.9 por ciento del flujo de personas y 86 por ciento del gasto realizado por el turismo total del país.

El indicador de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel reportó 31.9 millones de turistas, con un crecimiento de 5.4 por ciento respecto a igual periodo de 2011.

Los pasajeros en vuelos nacionales ascendieron a 13.2 millones, superior en 10.4 por ciento al de igual periodo de 2011.

El turismo internacional que arribó a México durante los primeros seis meses de 2012 arrojó los siguientes resultados3 :

• Los visitantes internacionales que ingresaron al país sumaron 38.2 millones, de los cuales, 11.7 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron al menos una noche en el interior o en la franja fronteriza de México, y 26.5 millones fueron excursionistas sin pernocta.

• Del total de turistas internacionales, 7 millones de personas correspondieron a turismo de internación y 4.6 millones a turismo fronterizo.

• Los excursionistas en cruceros tuvieron una afluencia de 2.9 millones de pasajeros. Destaca el aumento de 59.1 por ciento en la llegada de pasajeros en cruceros al puerto de La Paz, Baja California Sur.

• La llegada de visitantes internacionales vía aérea ascendió a 5.8 millones de personas, procedentes principalmente de Estados Unidos de América (55.5 por ciento), Canadá (17.4 por ciento), y Europa y Asia (15.6 por ciento).

• La captación de divisas por visitantes internacionales pasó de 6 mil 246 durante enero-junio de 2011 a 6 mil 632 millones de dólares en el primer semestre de 2012, lo que representa un crecimiento de 6.2 por ciento , de los cuales 84.7 por ciento correspondió a turistas con pernocta y el restante 15.3 por ciento a excursionistas fronterizos y en crucero.

• Los ingresos captados por el turismo de internación ascendieron a 5 mil 339 millones de dólares y representaron 80.5 por ciento del total de las divisas captadas, con un gasto medio de 760.9 dólares por estancia.

La balanza turística presentó un saldo superavitario de 2 mil 901 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2012, 10.6 por ciento más al observado en igual periodo de 2011. Los ingresos sumaron 6,632 millones de dólares, en tanto que los egresos se ubicaron en 3 mil 731 millones de dólares.

Sin duda alguna, uno de los programas que dieron un fuerte impulso, tanto a la industria turística nacional, como al desarrollo de diversas comunidades que se encontraban en total abandono, es el de Pueblos Mágicos, el cual busca aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.4

El Programa Pueblos Mágicos ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y que han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.

Tan sólo durante el primer semestre de 2012, este Programa permitió detonar una inversión conjunta con los estados y municipios de 302 millones de pesos para infraestructura en beneficio de 1 millón 21 mil 604 habitantes.

Se estima que en 2011, en los 48 pueblos mágicos adheridos se contaba con una oferta superior a 700 hoteles con más de 13 mil habitaciones y que el gasto turístico en Pueblos Mágicos generado durante ese mismo año fue de 3 mil 163 millones de pesos, con un gasto diario de 700 pesos por turista.

Cabe destacar que la llegada de turistas alcanzó los 2.3 millones con una estadía promedio de 1.95 días, esto es 6.2 por ciento más que en 2010.5

El impacto de este programa en la vida de millones de mexicanos y en el desarrollo económico, social y humano de nuestro país es trascendental, es por esto que requiere el apoyo y trabajo decidido de todos los que participamos, desde nuestras diferentes trincheras, en el desarrollo nacional, a fin de que se fomente la adopción de este programa y se dé seguimiento puntual a éste con el objeto de coadyuvar en la consolidación de la oferta turística existente y los proyectos en proceso, así como en la captación de nueva inversión en proyectos y desarrollo turístico.

Es claro que las repercusiones del programa rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes producen resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto.

En este sentido es que consideramos indispensable que la honorable Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial para el fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos que promueva, vigile y de seguimiento a dicho programa, así como a la asignación de recursos que se requieran para su óptima operación en los diversos ejercicios presupuestales.

Un Pueblo Mágico es el reflejo de nuestro México, de lo que nos ha hecho, de lo que somos, y debemos sentirnos orgullosos. Es su gente, un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha sabido conservar, valorar y defender, su herencia histórica cultural, y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.6

Compañeras y compañeros legisladores, debemos tener presente que, como lo afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, “El turismo es el elemento fundamental de los pueblos para el establecimiento de la paz mundial y la comprensión cultural. Cuando tienen una modalidad sostenible, los viajes con fines de recreación pueden también ayudar a impulsar el desarrollo económico y mitigar la pobreza”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será el mes de agosto de 2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.

Notas

1 Ruiz Chávez, Octavio. Turismo: Factor de Desarrollo y Competitividad en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Documento de trabajo número 46. Junio, 2008.

2 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno

3 Ídem.

4 Ciclo de conferencias, Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. Sined, SEP, ANUIES, Ceupromed, Universidad de Colima. Puede verse en: http://www.sined.mx/sined/content/micrositios/50/file/PresentacionConfM agistral.pdf

5 Ídem.

6 Reglas de Operación, Programa Pueblos Mágicos.- Puede verse en: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98 -9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputados: Francisca Elena Corrales Corrales, Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Sergio Torres Félix, Alfonso Inzunza Montoya, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2o. que el país “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, los cuales, conforme al último Censo de Población y Vivienda representan más de 12 por ciento de la población.

En dicho artículo garantiza asimismo el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado. Para ello, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas, señala, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Segunda. El artículo 1o. del máximo ordenamiento establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Tercera. No obstante, los miembros de los pueblos y de las comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de los que expresamente les confiere la Constitución.

Así lo constatan cientos de casos de indígenas. Diversos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han documentado y condenado el hostigamiento, los encarcelamientos injustos e injustificados, los procesamientos infundados, y el incremento de la violencia sexual contra las mujeres cometida con fines políticos, particularmente en zonas donde hay una intensa militarización, como en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Dos de los casos que destacan por la serie de atropellos y vejaciones son los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega que, no obstante, en virtud de su fortaleza y valentía, han sentado un precedente significativo en los ámbitos nacional e internacional en la búsqueda de justicia para la población indígena y, dentro de ésta, para las indígenas.

Cronología de los hechos

Caso Valentina Rosendo Cantú

16 de febrero de 2002: Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, es interrogada por un grupo de militares –cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo a 200 metros de su casa, situada en Barranca Bejuco, en Acatepec– sobre el paradero de un “encapuchado”. Al no recibir respuesta, fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería. Tenía 17 años.

18 de febrero de 2002: Valentina acude a la clínica de Caxitepec, en el mismo municipio, donde le deniegan la atención porque el médico de turno argumentó temor hacia los militares.

26 de febrero de 2002: Valentina se dirige al hospital central de Ayutla de los Libres, Guerrero, que queda a más de ocho horas de su casa, pero tampoco es atendida porque le informaron que requería cita.

Al día siguiente, luego de solicitar la cita, un doctor le examina sólo el estómago, negándose a realizar otros exámenes porque no había doctora.

27 de febrero de 2002: Valentina Rosendo y su esposo interponen una queja contra elementos del Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

3 de marzo de 2002: 50 soldados del Ejército se presentan en la casa de Valentina y la obligan a señalar a sus agresores.

8 de marzo de 2002: Valentina interpone una denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común con sede en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.

11 de marzo de 2002: Valentina Rosendo y su esposo presentan una solicitud de intervención al Gobernador Constitucional de Guerrero, en la cual además de solicitar justicia, pidieron “imponer correctivos al servicio de salud al que tienen derecho en la clínica de Caxitepec”.

19 de marzo de 2002: Valentina es revisada por el médico legista Enoch Dolores Flores, adscrito al Distrito Judicial de Morelos, gracias a la solicitud número 135, realizada por la agente titular del Ministerio Público del fuero civil especializado en delitos sexuales. El certificado médico ginecológico indica que Valentina presenta huellas de violencia física.

5 de abril de 2002: El Ministerio Público Común remite la averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero para continuar la investigación, por considerar que era incompetente en razón de territorio.

15 de abril de 2002: La Procuraduría General de Justicia del Estado remite la averiguación previa a la titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Morelos, para que prosiguiera las investigaciones correspondientes, aunque continúa practicando algunas diligencias.

16 de mayo de 2002: La Procuraduría General de Justicia de Guerrero declina su competencia a la justicia militar.

7 de junio de 2002: Valentina presenta un amparo a través del cual solicita que las autoridades militares declinen la competencia del caso.

20 de enero de 2003: La solicitud de amparo es rechazada.

11 de febrero de 2003: Valentina interpone una segunda demanda de amparo en el Distrito Federal, para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido.

29 de abril de 2003: La nueva solicitud de amparo es rechazada.

6 de noviembre de 2003: Valentina acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar su caso, después de una serie de irregularidades ante las autoridades nacionales.

10 de noviembre de 2003: La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron ante la CIDH la admisión del caso.

26 de febrero de 2004: La Procuraduría General de Justicia Militar archiva el caso por “no acreditar” la violación sexual.

21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.

12 de octubre de 2007: Tiene lugar la audiencia pública ante la CIDH por el caso de Valentina. En la sesión, Valentina narra las trabas para ser atendida en los servicios de salud y el hostigamiento militar para identificar a sus agresores.

El Estado argumenta que no se comprobó la violación, pues Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó. Además, insiste en que los soldados no incurrieron en faltas a la disciplina militar.

27 de marzo de 2009: La CIDH emite su Informe de Fondo donde acredita la violación sexual y responsabiliza al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables.

2 de abril de 2009: El Estado mexicano es notificado del Informe de Fondo, dándosele un plazo de dos meses para informar sobre las acciones emprendidas para implantar las recomendaciones.

Con el pretexto de atender la crisis de influenza, el Estado pidió una prórroga de un mes para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de junio de 2009.

4 de mayo de 2009: Los peticionarios solicitaron que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

31 de julio de 2009: Ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta del Estado Mexicano, la CIDH presentó una demanda en contra del estado mexicano ante la Coidh.

14 de agosto de 2009: Valentina Rosendo amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.

27 de mayo de 2010: Representantes del Estado mexicano, Valentina y sus abogados de Cejil y Tlachinollan comparecen en una audiencia ante la Coidh, con sede en Costa Rica.

31 de agosto de 2010: La Coidh emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. Se condenó al Estado mexicano a

• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, como de la obstrucción a la justicia, encubrimiento e impunidad que imperaron en el caso.

• Reformar la legislación federal y militar a fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades que la justicia militar debe abstenerse en cualquier supuesto de conocer sobre violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sin importar si éstos se encuentran o no en servicio activo.

• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones de los derechos humanos de las indígenas.

• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas: me’phaa.

• Otras de carácter normativo y administrativo.

Caso Inés Fernández Ortega

22 de marzo de 2002: Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, es allanada en su hogar –en el que se encontraba con sus cuatro hijos–, situado en Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres, por un grupo de 11 militares. Mientras la apuntaban en el pecho con un arma, la cuestionaban acerca de la procedencia de los trozos de carne que secaba en el patio.

Ellos aseguraban que era robada. Inés no respondió porque no habla español. Su silencio enfureció a los soldados y enseguida la violaron. Tenía 25 años de edad.

24 de marzo de 2002: Inés Fernández interpone una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común con residencia en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.

25 de marzo de 2002: Médicos le practican estudios a Inés Fernández y obtienen pruebas espermáticas de la violación sexual. Las pruebas son posteriormente destruidas.

Inés Fernández presenta una queja formal por violaciones de sus derechos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, la cual la remitió a la CNDH.

17 de mayo de 2002: El agente titular del Ministerio Público del Fuero Común se declara incompetente y remite el caso al Ministerio Público Militar.

10 de abril de 2003: Inés Fernández interpone una demanda de amparo para atraer su denuncia a la justicia civil.

3 de septiembre de 2003: Le es denegada la solicitud de amparo.

19 de septiembre de 2003: Inés Fernández presenta un recurso de revisión del amparo.

27 de noviembre de 2003: Se confirma la resolución recurrida.

28 de noviembre de 2003: La CNDH emite la recomendación 48/2003, dirigida al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador de Guerrero para que integre la averiguación del caso e investigue las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio Público Militar.

14 de junio de 2004: Inés Fernández, la OPIM y el Centro Tlachinollan denuncian el caso ante la CIDH.

15 de septiembre de 2006: La investigación del caso es archivada por la Procuraduría General de Justicia Militar.

21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.

20 de septiembre de 2007: La CIDH emite medidas cautelares a Inés Fernández y su esposo, ante el riesgo y las amenazas que enfrentan.

12 de octubre de 2007: Inés Fernández asiste a una audiencia pública ante la CIDH en Washington, DC.

10 de febrero de 2008: Lorenzo Fernández, hermano de Inés, aparece muerto y con visibles huellas de tortura.

27 de junio de 2008: La CIDH amplió las medidas cautelares, en favor de otros 41 miembros de la OPIT, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega. No obstante, durante el periodo de vigencia de dichas medidas y a pesar de ellas, los beneficiarios continuaron recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento.

30 de octubre de 2008: La CIDH aprueba un informe de fondo sobre el caso de Inés Fernández.

7 de noviembre de 2008: El estado del informe de fondo, concediéndosele un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas para implantar las recomendaciones.

12 de diciembre de 2008: El Estado presenta un informe preliminar y solicita una prórroga, la cual le fue concedida por tres meses, a partir del 5 de febrero de 2009.

9 de abril de 2009: La Coidh emite medidas provisionales para Inés Fernández, así como para otros 106 defensores de derechos humanos en Guerrero.

20 de abril de 2009: El Estado presenta su informe final, sin acreditar avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.

7 de mayo de 2009: La CIDH presenta una demanda en contra del Estado mexicano ante la Coidh.

14 de agosto de 2009: Inés Fernández amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.

15 de abril de 2010: La Coidh celebró la audiencia del caso de Inés Fernández durante el periodo extraordinario de sesiones de la corte en Lima, Perú.

30 de agosto de 2010: La Coidh emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Inés Fernández Ortega y de varios integrantes de su familia. Se condenó al estado mexicano a

• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas.

• Reformar la legislación federal y militar a fin de que establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sin importar si éstos se encuentran o no en servicio activo.

• A pagar una indemnización económica por daño material a Inés Fernández Ortega y su esposo, e inmaterial a Inés Fernández y varios integrantes de su familia, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarle a sus cuatro hijos becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.

• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas: me’phaa.

• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres.

• Otras de carácter normativo, social y administrativo.

Proceso conjunto

1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la Coidh.

25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo e Inés Fernández, con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob, un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implantación de las reparaciones emitidas por el tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: i. Justicia; ii. Reconocimiento de responsabilidad; iii. Educación y atención médica; iv. Indemnización; v. Capacitación; vi. Reformas legislativas; y vii. Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implantación coordinada de los resolutivos.

29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la Coidh una interpretación de las sentencias, en virtud de que la Procuraduría General de la República (PGR) “quiso dejar claras algunas determinaciones de la corte que fueron muy generales”.

Reconoció que esta petición ante la corte retrasó la implantación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la PGR y de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de la Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.

8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.

15 de marzo de 2011: Tras cinco meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR y la Consejería Jurídica de Presidencia. Todos, como representantes del Estado mexicano, se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implantar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.

30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las Mesas de Trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento al plan de trabajo suscrito.

Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña Cumplir las Sentencias para Romper el Muro de la Impunidad, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de que Inés y Valentina fueron víctimas.

12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.

20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional. Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, los ofendidos del delito y los representantes legales.

15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la procuradora Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones de los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.

6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El acto estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora, Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.

31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en la gran mayoría de las medidas dictadas por la Coidh.

Cuarta. El pasado 1 de octubre se cumplieron dos años de que la Coidh notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, pese a que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la corte: “El gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”.

El Estado mexicano, en su conjunto, y el gobierno federal en lo particular, se han mostrado reacios a cumplir de manera pronta y cabal las sentencias, las cuales permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, destacando los siguientes:

• A la fecha, la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.

• El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades; sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.

Ante el próximo cambio de poderes y, en virtud, de la negligente dilación en su cumplimiento, es indispensable exigir que las medidas reparatorias incumplidas o parcialmente cumplidas sean cubiertas antes de que concluya la presente administración. O bien, asegurar los mecanismos institucionales que garanticen su continuidad en la próxima administración.

Por lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a

a) Retomar las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por ambas partes;

b) Cumplir a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos Rosendo Cantú y otra vs. México y Fernández Ortega y otros vs. México;

c) Generar los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso y el cumplimiento de los resolutivos que quedaran pendientes, por parte de la administración entrante;

d) Rendir un informe pormenorizado a las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento; y

e) Hacer del conocimiento público la información a que se refiere el inciso anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar por el monitoreo de medios de comunicación el combate de los “productos milagro”, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación, en su artículo 4 establece la garantía de la protección a la salud.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Cofepris para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de: establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la Ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su reglamento.

Así, conforme al citado artículo, a la Cofepris le corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la Ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.

Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris el cual se puede consultar en línea.

Por otro lado, cada día, y al menos desde hace algunos años se ha iniciado por parte del Estado mexicano una lucha por controlar los llamados “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano, los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en nuestro país, que dicen curar todo y al final no sirven para nada, o peor aún atentan contra la salud de las mexicanas y de los mexicanos.

De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, en donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de Profeco en donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del Estado en esta materia; sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad, tan es así que el pasado mes de marzo del presente año se modificó el Reglamento en Materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, tanto públicos como privados.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados “productos milagro”; realizando un monitoreo, tanto de medios masivos de comunicación electrónicos, principalmente televisión, como medios de comunicación escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 79, numerales 1, 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes:

Consideraciones

Los Chimalapas, zona indígena de las etnias Zoques y Tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40% de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.

Por muchas razones, los Chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.

En este sentido, los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas .

Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 has. (6,759.31 km2), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de Municipios inconformes.

Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100,000 hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de Los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de Los Chimalapas.

Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.

Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.

El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160,000 hectáreas incluyendo todos los poblados.

Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de Los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.

A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.

Actualmente Las autoridades comunales Chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.

Ante esta situación, exijo la urgente intervención del Gobierno Federal y la Secretaria de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en el Artículo 79, someto a la consideración de esta Soberanía y con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno Federal y la Secretaria de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Ramo 33, “Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios”, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Guanajuato fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, asociaciones municipales y diputados federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único . Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.

Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.

Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El 23 de octubre de 1833, se inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas, uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que se dividiría la Dirección de Instrucción Pública, órgano creado por Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México.

Fue, en honor de aquel ilustre médico y político mexicano, que en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, realizada en Cuernavaca en 1937, se ratificó que el Día del Médico Mexicano se conmemorara cada 23 de octubre.

Hoy, 179 años después de la inauguración del Establecimiento de Ciencias Médicas, los médicos son un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestra historia.

Resulta incuestionable, que los médicos mexicanos se esfuerzan día tras día por materializar los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y no maleficencia en su práctica profesional.

De acuerdo con el Inegi, existen poco más de 295 mil médicos en el país, 83 por ciento de los cuales son económicamente activos, el resto no ejerce la profesión. De los médicos no económicamente activos, 7 de cada 10 son mujeres.

Es importante resaltar, que el 66 por ciento de los médicos que ejercen la profesión en el país, tienen grado de licenciatura y 34 por ciento han cursado especialidad, maestría o doctorado. En cuanto al área de trabajo 44.8 por ciento trabajan en servicios de salud privados y 55.2 por ciento lo hacen en los servicios de salud públicos.

Hoy, el médico mexicano es un profesional altamente calificado, se entrega a una de las labores más nobles a las que puede dedicarse la persona, a restaurar la salud y a salvar vidas.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional invitamos a los demás integrantes de esta Cámara de Diputados a comprometer nuestra labor legislativa, para promover mejores condiciones laborales y profesionales para los médicos.

Es necesario que todos los médicos tengan acceso a cursar una especialidad médica, su profesionalización y la mejora de sus condiciones laborales significa la posibilidad de materializar el derecho a la protección de la salud para todos los mexicanos en el futuro.

Es cuanto, diputado presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica)