Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3620-III, martes 9 de octubre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a las entidades federativas los recursos pactados inicialmente sobre proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, y respetar los acuerdos de coordinación firmados con ellas y el de modificación de las reglas de operación de dicho programa correspondientes a 2012, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Óscar Bautista Villegas y José Everardo Nava Gómez, Simón Valanci Buzzali, Mirna Hernández Morales, Salvador Romero Valencia, Samuel Gurrión Matías, Carlos Sánchez Romero, Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas fue creado para impulsar la atención a las carencias y rezagos en materia de servicios básicos, promoviendo y apoyando las tareas de las demás dependencias federales y los distintos órdenes de gobierno, sin embargo, en los hechos su objetivo se ha visto desvirtuado.
Nuevamente los asuntos prioritarios de los pueblos y comunidades indígenas son sólo el mejor pretexto para los discursos demagógicos, mientras la realidad es inclemente con los que menos tienen.
Las políticas erráticas y la falta de voluntad política para asignar recursos y cumplir con lo proyectado, deja a los indígenas en el abandono y la desolación, ya que la única herencia que pueden ofrecer a las nuevas generaciones es la pobreza.
El recorte presupuestal a proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, realizados por el Ejecutivo federal, al igual que en otras entidades federativas, ha ocasionado diversos problemas de índole económica y social, no sólo para los gobiernos locales, sino particularmente para las y los indígenas, que han visto de nueva cuenta, quebrantadas sus posibilidades de desarrollo.
Para dimensionar la magnitud del problema, es menester traer a la memoria los siguientes antecedentes:
• En fecha 18 de enero de 2012 el gobierno de San Luis Potosí firmó con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, acuerdo de coordinación en su modalidad de proyectos estratégicos, para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas, con una aportación tripartita inicial de 460, 396,615.92 pesos (cuatrocientos sesenta millones, trescientos noventa y seis mil, seiscientos quince pesos, 92/100 MN).
• La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) manejó como limitante para cubrir las obligaciones del mismo, una expectativa de avances físicos y financieros, de término de obras al 31 de agosto de 2012 sin que este concepto estuviera contemplado en el instrumento legal firmado por las partes.
• No obstante lo anterior, en la cláusula primera, referente al objeto del acuerdo, el cual es la ejecución de estas obras basado en “las reglas de operación del programa”, y que serán realizados durante y con recursos del ejercicio fiscal 2012; así como la clausula vigésima quinta del acuerdo de coordinación, en la que se establece que tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que exceda del 31 de diciembre de 2012.
• Mediante oficio UCC/DGI/1553/12 de fecha 31 de julio del presente año, signado por el director general de Infraestructura de la Unidad de Coordinación y Concertación de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Miguel Ángel Carrillo Chávez, indica al delegado estatal de CDI en San Luis Potosí, que se tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales por 87’188,643.79 pesos (ochenta y siete millones, ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos, 79/00 MN) afectando con ello a 19 obras.
• Posteriormente, con fecha 14 de los corrientes mes y año, la instancia referida, emite oficio UCC/DGI/1884/12 dirigido al delegado estatal de CDI, en el que se informa de la determinación de aplicar una nueva reducción presupuestaria de recursos federales por 90’962,118.12 pesos (noventa millones, novecientos sesenta y dos mil ciento dieciocho pesos, 12/100 MN), afectando con ello un total de 38 obras.
Los recortes presupuestales antes señalados, así como la comunicación de las oficinas centrales de la CDI hacia sus delegaciones, contravienen lo establecido tanto en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas como lo establecido en el Acuerdo de Modificación a las reglas de operación del Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Además, violenta el principio de jerarquía de las normas, lo mandatado en la ley fundamental y lo proyectado en el Pan Nacional de Desarrollo:
– El apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido el mandato de que “la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
– El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su diagnóstico, destaca que los pueblos y comunidades indígenas carecen de una situación social y económica propicia para el desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. De manera particular, y no obstante los crecientes recursos autorizados por la Cámara de Diputados destinado a la atención de los pueblos y comunidades indígenas, la mayoría de estas comunidades no disponen de los servicios básicos que les permitan acceder a condiciones de vida mínimamente satisfactorias y además les provean de las condiciones materiales indispensables para emprender sus propios procesos de desarrollo. La falta de estos servicios, además de la insuficiente atención a áreas como la salud, la educación y su cultura, crea una brecha que conduce a situaciones de exclusión que padece la gran mayoría de los indígenas del país. Es por ello que el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política pública prioritaria para el desarrollo de México en su conjunto y es fundamental que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas y municipios, sirvan para incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas.
El recorte presupuestal que afecta 38 de las 42 obras, es decir el 84.44%, mantiene a San Luis Potosí en un triple problemática, ya que de los 42 proyectos estratégicos se encuentran contratados y en proceso de ejecución, con un avance físico promedio de 55%, lo cual:
1. Tomando en consideración que los procesos de licitación de obra fueron concluidos satisfactoriamente conforme a la normatividad existente, habiéndose licitado las obras y siendo contratadas en términos legales, al no contar con los recursos necesarios para el pago de los trabajos convenidos, el gobierno del estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obliguen al pago de indemnizaciones o su equivalente.
2. La no conclusión de obras, provocaría la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las obras contratadas, lo cual es contrario al espíritu que motiva las erogaciones presupuestarias, así como contrario a derecho.
3. Las comunidades indígenas no contarán con las obras de infraestructura que tanto requieren, lo cual resulta a todas luces injusto, antidemocrático e inhumano para su desarrollo futuro.
En suma los recortes presupuestales señalados, se alejan del espíritu equitativo y de justicia social que deben tener como fundamento, lesionan los derechos de los indígenas y obstaculizan el desarrollo regional.
En virtud de lo cual, se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que se entregue a las entidades federativas la totalidad de los recursos pactados inicialmente para proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, cumpliendo así con el compromiso y responsabilidad adquiridos con los pueblos y comunidades indígenas del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respete lo establecido en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas y en el acuerdo de modificación a las reglas de operación del Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputados: María Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Óscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales a considerar en los programas y planes de desarrollo educativo elementos para ampliar la matrícula en el nivel medio superior, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta –ante esta honorable asamblea– el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma introduce a la educación media superior como un nivel de estudio que “el Estado promoverá y atenderá”, por lo que “la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. En el transitorio segundo de ese mismo decreto, se señala que “se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”. Esto obliga a la Federación y a las entidades federativas a que se establezcan “los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos pluria-nuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior (...) en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo”.
Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, debe contemplar este ordenamiento.
El Plan Nacional de Educación Superior (PNES), se propuso hasta 1980 crear nuevos centros de educación profesional postsecundaria y carreras cortas, post bachillerato. De aquí surgieron los Conalep, los Colegios de Bachilleres y “la implantación de 27 centros de educación profesional postsecundarias y carreras cortas postbachillerato en el área metropolitana del DF y 47 en las entidades federativas”. (PNES: 104). Se impulsó la salida terminal como única alternativa después del bachillerato y a mantener como expectativa sólo la posibilidad de llegar a “mano de obra calificada”. Esto provocó inquietudes en las capas de jóvenes que buscan nuevas alternativas.
Según la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, existen escuelas centralizadas como el Bachillerato Tecnológico y los Centros de Estudio de Bachillerato, las descentralizadas que son los Centros de Estudios Técnicos y los Colegios Nacionales de Educación Profesional (Conalep), centralizados como los Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) y Colegios de Bachilleres (Cobach), las desconcentradas del Instituto Politécnico Nacional y las autónomas de las universidades, con una matrícula nacional, para 2006 de cerca de 3 millones de alumnos.
En la actualidad existen tres tipos de enseñanza, la propedéutica, la bivalente y la terminal.
El Informe Nacional sobre la Educación Superior en México, de la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice que “la modalidad propedéutica (...) permite acceder a la educación superior. Se puede cursar el bachillerato propedéutico en los bachilleratos de las universidades autónomas, los colegios de bachilleres, tanto federales como estatales, los bachilleratos estatales, las preparatoria federales, entre otros.
La modalidad bivalente desarrolla una formación profesional tecnológica de carácter propedéutico. La modalidad teminal, entonces tiene como objeto capacitar al estudiante para el trabajo, suponiendo que no puede continuar con más estudios.
Así tenemos que para el año 2000 existen escuelas preparatorias autónomas de tres años y de 2 años. Para el año 2010, según los datos de la SEP, existen universidades con cerca de 100 preparatorias autónomas, y en otros casos varían considerablemente. Para el año 2012, para algunas universidades la matrícula en las preparatorias representan más de 40 y 50 por ciento de la matrícula.
Por todo ello debemos tomar en cuenta los diferentes regímenes legales e institucionales, en especial el referente a las universidades autonómas, a las cuales, por tener este rango constitucional, requieren una incorporación en la que participen activamente.
Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que será hasta 2043, cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado, se cumpla.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de obvia y urgente resolución , con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional.
Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar los programas que han sido insuficientes a efecto de implantar uno para dar respuesta a las enfermedades mentales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, mediante el Consejo Nacional de Salud Mental, evalúe los programas implantados que a todas luces resultan insuficientes a efecto de establecer el que permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, destinando el presupuesto específico de 2013 para tan trascendente objetivo, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, por celebrarse el 10 de octubre, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas correspondientes a los seres humanos. Los necesitan para desarrollarse con base en sus capacidades y virtudes; toca al Estado a través de los servicios públicos generar su satisfacción.
Dichos derechos fundamentales son reconocidos como consecuencia en su norma suprema; en nuestro caso particular, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahora en forma expresa en el artículo 1o. y en los tratados internacionales que el país ha suscrito; es entre otros el derecho a la salud.
Ese derecho se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Carta Magna, el cual establece expresamente que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; concibe ésta en una forma integral.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que tiene todo ser humano en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Especifica en el artículo 2o. que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades las siguientes:
I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana.
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, la conservación y el disfrute de condiciones de salud para lograr el desarrollo social.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce en el artículo XI el derecho a la salud, igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25. La Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, se ha implicado activamente en promover y proteger la salud en todo el mundo, desde 1948. Pertenece a este sistema promotor y defensor de los derechos humanos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual asumió, entre otras, la responsabilidad de generar una clasificación internacional de enfermedades, la cual se ha convertido en el estándar internacional para propósitos clínicos y epidemiológicos.
El derecho a la salud implica no sólo la física sino la mental. En congruencia, la definición de salud que da la OMS es “estado de completo bienestar físico, mental y social”. Por ello no es únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades: la relaciona con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por ellos.
Por lo que se refiere a las enfermedades mentales, la OMS ha establecido los siguientes datos:
• 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo. De ellas, a 350 millones les afecta la depresión, de todas las edades y en todas las comunidades; contribuye de modo significativo a la carga mundial de morbilidad, para lo cual se dispone de tratamientos eficaces pero inaccesibles en la mayoría de los países: lo reciben menos de 10 por ciento de quienes precisan de éstos.
• Estos desórdenes constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad.
• Crean un efecto social y económico importante en individuos, familias y gobiernos.
• La depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para 2020, y en países en desarrollo se estima que será la primera.
• Las personas con trastornos mentales sufren de discriminación y estigma; están proclives a sufrir conculcaciones de derechos humanos.
• La pobreza interactúa en forma importante con la salud mental, en un círculo vicioso.
• Pese a la importancia de un presupuesto dedicado a la salud mental, en el general de salud, 32 por ciento de los países comprendidos en el proyecto Atlas de esta organización no contaba con un presupuesto diferenciado del gobierno. De los que informaron que contaban con uno, 36.3 por ciento invertía menos de 1 por ciento de su presupuesto total de salud en salud mental (OMS. Invertir en salud mental, página 37).
Las cifras disponibles muestran que en el continente americano la mayoría de los niños necesita atención de salud mental, mas no recibe tratamiento. El suicidio entre los jóvenes deriva de un problema de salud mental generalizado; es la tercera causa de muerte entre los jóvenes en el mundo. Además, el abuso de sustancias en adolescentes supone también un problema mundial.
El derecho a la salud mental es uno de los derechos fundamentales para todo ser humano y sociedad. Consciente de lo anterior y de los datos por demás preocupantes que generan los trastornos mentales en el mundo, la OMS estableció a iniciativa de la Federación Mundial de la Salud en 1992 el Día Mundial de la Salud Mental con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, el tratamiento y la prevención de algún trastorno emocional o de conducta específico para cada año; se destinó para 2012 al trastorno mental denominado “depresión crisis mundial”.
El Día Mundial de la Salud tiene como objetivo crear conciencia para generar el respeto de la dignidad de las personas que padezcan alguna enfermedad de este tipo.
El derecho a la salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales sino un estado de bienestar en el cual el ser humano es consciente de sus propias capacidades, que le permite afrontar las tensiones normales de la vida, permitiéndole trabajar de forma productiva y fructífera, contribuyendo a propiciar el bien común.
La Ley General de Salud considera como servicios básicos de salud en la fracción VI del artículo 27 la salud mental. Especifica en el 72 que la prevención de las enfermedades mentales es de carácter prioritario, con base en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de conducta, los métodos de prevención y el control de las enfermedades mentales.
Esa norma reglamentaria establece una corresponsabilidad de la Secretaría de Salud y de las demás instituciones del sector y los gobiernos de las entidades federativas, lo cual deriva en la formación de un sistema nacional de salud.
El derecho a la salud mental de los mexicanos se encuentra en un estado de vulneración por las diferentes enfermedades mentales; se considera ya un problema de salud pública incluso a escala mundial, así como a la falta de la eficacia y eficiencia de las programas de las instituciones públicas en el ámbito de la prevención, la detección y el tratamiento de estas enfermedades y la rehabilitación de estas personas, así como la provocación que nos genera la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que en esta ocasión se denomina “de la depresión como crisis mundial”, por celebrarse este 10 de octubre, aunado a nuestra responsabilidad que nos consagra el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara porque se trata de un asunto, sin duda, de interés nacional.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, al cual corresponde entre otras funciones apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo en lo relacionado con problemas de salud mental, así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implantación de modelos innovadores de atención en salud mental, evalúe los programas hasta ahora implantados que a todas luces resultan insuficientes a efecto de implantar el que permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, por celebrarse el 10 de octubre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a revisar y, en su caso, modificar las variables de rezago social referidas en los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, pues su aplicación ha redundado en perjuicio de diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Javier Filiberto Guevara González, en nombre de los diputados federales del estado de Puebla, integrantes de la LXII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Indudablemente, las finanzas públicas municipales constituyen un tema central en la agenda del federalismo en México. La disponibilidad de recursos financieros y el correcto manejo de los mismos, son aspectos que determinan la capacidad de los gobiernos municipales para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, con base en datos definitivos de los ejercicios fiscales publicados por el Inegi sobre finanzas municipales, ha mencionado que en promedio, los municipios mexicanos dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representan en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos. No obstante, como sucede cuando se analiza la realidad municipal bajo casi cualquier perspectiva, existe una gran heterogeneidad en lo que se refiere al grado de autonomía financiera para cubrir sus gastos operativos (porcentaje de ingresos propios frente al gasto corriente), ya que sólo aproximadamente el 1% de los municipios del país tienen la capacidad para cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios; es decir, sólo ese 1% (21 municipios) cuenta con un grado muy alto de autonomía operativa.
La misma fuente señala que sólo el 2% de los municipios del país (26 de ellos) es capaz de cubrir entre la mitad y tres cuartas partes de sus gastos operativos con ingresos propios; es decir, tienen un grado de autonomía operativa alto. hay un 7% (103 municipios) que sólo podrían cubrir entre un cuarto y la mitad de sus gastos operativos haciendo uso de sus ingresos propios; es decir, tienen un grado de autonomía operativa medio. hay otro conjunto de municipios con un grado de autonomía operativa bajo; se trata del 19% de los municipios analizados, que sólo pueden cubrir entre el 12.5% y 25% de sus gastos operativos con ingresos propios.
La gran mayoría de los municipios del país, sin embargo, sólo sería capaz de cubrir un porcentaje inferior al 12.5% de sus gastos operativos con ingresos propios. Este último sector de los municipios del país, donde se ubica el 71% de ellos (1071), tiene, pues, un grado de autonomía operativa muy bajo, ya que depende casi en su totalidad de las transferencias federales y estatales para cubrir su gasto corriente.
A partir de la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se analizan los criterios con base en los cuales se distribuyen los fondos del Ramo 33 entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012. La información sobre los recursos que recibe cada entidad es contrastada con distintas variables que caracterizan las condiciones socioeconómicas de cada entidad del país.
Lo anterior, con el propósito de identificar elementos que confirmen si la asignación de los recursos de cada fondo del Ramo 33 responde a los fines y objetivos para los que fueron creados. Las variables para explorar las condiciones socioeconómicas de las entidades federativas provienen de distintas fuentes oficiales, entre las que se encuentra principalmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población.
En virtud de sus atribuciones en la definición de los criterios para la medición de la pobreza y su relevancia para la evaluación de la política de desarrollo social, en este apartado se explora también la relación entre la asignación de los recursos de los fondos del Ramo 33.
En el caso de los fondos de las Aportaciones que reciben los municipios, es decir, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su vertiente municipal (FAISM), y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), se comprobó la estrecha relación existente con factores de marginación y pobreza extrema, en el caso del FAISM; y con el número de habitantes por entidad federativa, en el caso del Fortamundf.
Las variables de rezago social elaboradas por el Inegi mostraron numéricamente avances en temas de desarrollo social, urbano y de infraestructura, en municipios del país, que no necesariamente corresponden a la realidad y de manera consecuente, quedaron fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación. Ello incidió en recortes a sus partidas del Ramo 33 del Presupuesto.
Las razones por las cuales los indicadores del Inegi y su consideración por parte de las dependencias del Gobierno Federal, para ajustar partidas presupuestales, deben de ser revisadas.
Una primera investigación, arroja que los procedimientos para la integración de los Indicadores Económicos no disponen de suficiente información de cruce, para la validación de los mismos. En otros términos, quienes recaban los datos para generar los indicadores, debieran contrastarlos con la realidad objetiva. Quizás algunos municipios o entidades federativas realizan o han realizado reportes sobre situación de pobreza y de pobreza extrema, que en el mejor de los casos, es imprecisa. Ante esta circunstancia y consistente con la apreciación que se menciona sobre las variables, es un imperativo que la información proveniente de estas fuentes –y que también se considera criterio para ajustes presupuestales o cruce con los datos de Inegi- sea debidamente validada con informes precisos sobre avances en materia de desarrollo social, urbano y de infraestructura.
Como ejemplo, está el caso de Puebla, donde en los 217 municipios que conforman el estado, las dependencias federales encargadas de asignar los recursos del Ramo 33, descontaron desde un 10 por ciento hasta un 52 por ciento del citado Ramo, específicamente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
En los municipios afectados, se carece de infraestructura suficiente; y en la mayoría prevalecen condiciones que deberían bastar para ubicarlas en situación de pobreza y de pobreza extrema, lo que trae consigo que el recorte al gasto, limite la obra pública que se pudiera realizar con los recursos asignados.
La Naturaleza provee mecanismos para la subsistencia de aquellos organismos que nacen, hasta que estos alcanzan la etapa en que logran sobrevivir en forma autónoma. De manera análoga, los municipios que abandonan situaciones de precariedad propias de la pobreza y de la pobreza extrema, debieran contar con el soporte de los apoyos estatales que les han permitido subsistir, hasta que su desarrollo fuera tal que les permitiera continuar en su ruta de superación y progreso.
Sin embargo, lo que actualmente ocurre es que una vez que llegan a determinados niveles de desarrollo, las asignaciones presupuestales de los ejercicios inmediatos posteriores les son reducidas; es decir, de algún modo se castiga su éxito, lo que casi de forma invariable se traduce en un estancamiento –e incluso colapso- de la trayectoria de ascenso económico y social de la localidad.
Por otro lado, existen otros casos en los cuales lo que priva es una especie de desdén por aquellos municipios que al no haber logrado superar sus condiciones de pobreza y de pobreza extrema, reciben montos equivalentes a los de ejercicios pasados, lo que generalmente evita que se detone su desarrollo.
Ante estas circunstancias, aparte de nuestra propuesta de revisión (y consecuente reconsideración), de las variables de rezago social publicadas por el Inegi, proponemos instaurar una nueva política de apoyo a los municipios, no sólo de nuestro Estado sino de todo el país, que en materia de desarrollo social y de infraestructura propicie la continuidad de las proyecciones y avances municipales, y fortalezca las capacidades de aquellos municipios que aún no hayan logrado mejorar la vida de sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que revise y en su caso modifique las variables de rezago social a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que su aplicación ha redundado en perjuicio de diversos municipios del Estado de Puebla, al recibir éstos menos recursos provenientes del Ramo 33.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 9 de octubre de 2012.
Diputados: Javier Filiberto Guevara González, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Carlos Sánchez Romero, Jesús Morales Flores, José Luis Márquez Martínez, Josefina García Hernández, Enrique Doger Guerrero, Ana Isabel Allende Cano, María del Rocío García Olmedo, María del Carmen García de la Cadena Romero, Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova, Javier López Zavala (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal de especies destinadas exclusivamente a la deportivo-recreativa; y a expedir por la Sagarpa una NOM que regule la simulación de la captura incidental, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
Uno de los principales atractivos turísticos que han hecho de Baja California Sur el más importante polo de desarrollo turístico en el país es la práctica de la pesca deportiva. La Paz, Los Cabos y Loreto, entre otras ciudades, ofrecen a los turistas el clima, los escenarios naturales y las más diversas especies marinas para el desarrollo de este deporte.
El aislamiento de Los Cabos no permitió el establecimiento permanente de la pesca comercial, lo cual favoreció que a partir de la década de 1970 llegaran turistas extranjeros atraídos por las condiciones excepcionales con que contaba Baja California Sur para la práctica de la pesca deportiva, particularmente Los Cabos. Esa situación privilegiada ha potencializado el desarrollo turístico de Baja California Sur, convertida en un destino de clase mundial y en el polo de desarrollo turístico más importante del país.
Consciente de la importancia de esta actividad, la Secretaría de Turismo estatal patrocina torneos de pesca deportiva para promover el destino. Tal es el caso del circuito de pesca deportiva que tiene lugar en el Mar de Cortés y beneficia al sector turístico de los cuatro estados que colindan con éste, el cual el célebre oceanógrafo Jacques Cousteau nombró “el acuario del mundo” por la enorme diversidad marina con que cuenta.
La importancia que tienen los litorales sudcalifornianos para la conservación de la biodiversidad marina es mayúscula. Muestra de lo anterior estriba en el parque nacional Cabo Pulmo, único arrecife coralino en el golfo de California, y cuya conservación fue promovida por la Universidad de Baja California Sur, gracias a lo cual el 6 de junio de 1995 fue decretado área natural protegida, en la categoría de parque marino nacional. Posteriormente, el gobierno mexicano lo declaró parque nacional el 7 de junio de 2000.
Aunado a lo anterior, es por todos conocido que los litorales sudcalifornianos reciben cada año a la ballena gris, que recorre cerca de 10 mil kilómetros desde los mares de Bering y Chukchi, en Alaska, hasta las tranquilas y cálidas lagunas bajacalifornianas de Ojo de Liebre, Laguna Manuela, Laguna Guerrero Negro y San Ignacio, idóneas para la reproducción y crianza de esta especie marina.
Baja California Sur cuenta con el mayor litoral: cerca de 2 mil 131 kilómetros, lo que representa 19.2 por ciento de los litorales del país.
Desafortunadamente, la falta de vigilancia por la Conapesca, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Marina está provocando la depredación de los recursos marinos de la región, pues pescadores comerciales y ribereños pescan ilegalmente las especies marinas destinadas por el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) sin que ninguna autoridad ponga freno a esta violación. Lo cual pone en peligro la sustentabilidad de una actividad económica tan importante para la región.
Según datos de la Secretaría de Turismo de BCS, la captura de un ejemplar de pez dorado genera una derrama económica de más de 25 mil pesos, distribuida en varias de las actividades económicas relacionadas con el turismo, como hospedaje, transportación, alimentos y bebidas, por lo que adicionalmente beneficia a un importante número de prestadores de servicios y sus familias; en tanto que la venta de una tonelada de dorado genera menos de 20 mil pesos, sin contar el daño que ocasiona al ecosistema marino de la región y, como consecuencia, a la actividad turística del estado, que constituye la principal fuente de ingresos para los sudcalifornianos y la cuarta fuente de divisas del país.
Así pues, el sector turístico nacional e internacional ha aprovechado de manera sustentable las bondades ecológicas y económicas de la pesca deportiva, convirtiéndola en un atractivo turístico que capta turistas de alto y muy alto poder adquisitivo, lo cual atrae riqueza y bienestar social para los habitantes de las poblaciones donde se realiza la actividad.
Más de 24 millones de personas alrededor del mundo practican la pesca deportiva, lo que representa una enorme oportunidad para el país y, particularmente, Baja California Sur que por ser la entidad federativa con mas kilómetros de litorales (2 mil 131 km.) tiene un potencial importante de crecimiento para seguir impulsando la consolidación de esta actividad económica, que podría emplear a los pescadores ribereños y comerciales, quienes dejarían de depredar los recursos marinos.
Resulta una tragedia que la Conapesca como autoridad responsable no haya tenido la capacidad o la voluntad de hacer cumplir lo señalado en el artículo 68 de la LGPAS, pues pese a que el artículo es claro y reiterativo en cuanto a que dichas especies serán exclusivas para la pesca deportiva y el desarrollo de estudios científicos, permite y solapa bajo la simulación de pesca incidental la depredación de las especies protegidas en el mencionado artículo: en la realidad, de lo que capturan los pescadores comerciales y ribereños 90 por ciento se trata de pesca incidental (especies protegidas) y sólo 10 por ciento es de especies permitidas.
Pero eso no es lo más grave, lo peor es que la Conapesca no inspecciona ni vigila los puertos de descarga, almacenamiento, mercados y restaurantes con el argumento de que no tiene suficiente personal. Sin embargo, es por todos conocido que la Conapesca ofrece a particulares recursos hasta por 1 millón 300 mil pesos por año para que se “autovigilen”, se “autosancionen” y se “autoencarcelen”, si son reiterativos. Pese a que las violaciones son evidentes, no hay hasta hoy un solo caso en que ellos se hayan impuesto una sanción amparados en estos programas de “autovigilancia”. Aparentemente es dinero que se usa para callar voces opuestas a las acciones o inacciones de la Conapesca.
Desde hace varios años, la American Fisheries Society ha manifestado preocupación por la depredación de las especies marinas que ocurre en todo el litoral de la península de Baja California. Advierte sobre la necesidad de establecer periodos de recuperación poblacional, de crecimiento y madurez, lo cual garantizaría la sustentabilidad de los recursos marinos de la región.
La falta de vigilancia adecuada que permita identificar y sancionar a los pescadores que con la simulación de la “pesca incidental” violan reiteradamente la norma legal ha provocado la depredación de especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva, según establece el artículo 68 de la LGPAS:
Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
No podrán realizarse actividades de pesca distintas de las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la secretaría mediante disposiciones reglamentarias.
En últimas fechas, la depredación de los recursos pesqueros realizada por las flotas pesqueras de Sonora y Sinaloa ha puesto en peligro la sustentabilidad de los recursos pesqueros en el litoral sudcaliforniano y pone en riesgo el desarrollo de la pesca deportiva como uno de los principales atractivos turísticos de Baja California Sur, de eminente vocación turística, donde más de 70 por ciento de la población vive del turismo o de alguna otra actividad relacionada.
Por lo anterior, compañeras y compañeros, solicito su colaboración para que apoyen el presente punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco del Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal implante un programa permanente para vigilar y sancionar la depredación que están haciendo de los recursos marinos los pescadores ribereños y comerciales, los cuales, cuyas prácticas depredatorias afectan de manera grave el ambiente y ponen en peligro la sustentabilidad de la pesca deportiva, actividad económica que resulta de gran importancia para el desarrollo del sector turístico nacional.
Resulta primordial que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expida una norma oficial mexicana que inhiba la simulación de la pesca incidental como una práctica generalizada entre los pescadores comerciales y los ribereños, que depredan los recursos marinos en perjuicio de la sustentabilidad del medio marino.
Compañeras y compañeros: los sudcalifornianos tenemos claro que gran parte de nuestro turismo la debemos a la belleza y abundancia de los recursos marinos y particularmente a la gran variedad de especies destinadas a la pesca deportiva. Baja California Sur cuenta con un patrimonio natural de todos los mexicanos; por ello tenemos la obligación de garantizar su sustentabilidad para el disfrute de las futuras generaciones.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que como parte Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, se instauren acciones especificas de inspección y vigilancia a fin de inhibir la pesca ilegal de especies destinadas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa, según establece el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Lo anterior, a efecto de sancionar la simulación de pesca incidental y procurar eficazmente la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expida una norma oficial mexicana que regule la simulación de la pesca incidental a fin de evitar dicha práctica entre los pescadores comerciales y los ribereños.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para regular tarifas eléctricas y revisar el plan hídrico de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del Estado de Tabasco, con base en los siguientes
Antecedentes
Tabasco, se encuentra atrasado por más de 20 años en obras hidráulicas para prevenir las inundaciones en la entidad, que dejan pérdidas cada año.
Aunque se contempló que concluirían antes de finalizar el gobierno Felipe Calderón, el plan de 9 mil millones de pesos que buscaba acabar con el problema de las inundaciones en Tabasco, se ha convertido en una serie de obras interminables que requerirán mantenimiento anual e inversiones por lo menos hasta 2030.
A la fecha, los tabasqueños han visto dos planes de obras contra inundaciones: el Plan Integral contra Inundaciones, Pici (2003), que invirtió 2 mil 600 millones, y el Plan Hídrico Integral de Tabasco –PHIT– (2008), en el que se gastaron casi 8 mil mdp. Como recuento histórico, cabe señalar que:
En 1996: Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo encargan a Conagua, CFE, UNAM e Instituto Tecnológico del Agua integrar el Gran Visión-Proyecto Integral contra Inundaciones en Tabasco, tras el paso de los huracanes Opal y Roxane. No se ejecutó ninguna obra. En el año 2003: Tras la anegación de Villahermosa en 1999, los gobiernos de Vicente Fox y Manuel Andrade ponen en marcha en abril de 2003 las obras del Pici, que buscan controlar las avenidas de agua mediante creación de bordos y compuertas. Entre el 2003-2007 2 mil 600 mdp (excedentes petroleros para obras de protección entregados al gobierno estatal, cuyo destino se desconoce, de acuerdo con la ASF). En el 2008: Luego de la inundación de la capital y varios municipios en noviembre de 2007, los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Granier ponen en marcha el Plan Hídrico Integral de Tabasco que busca acabar con los problemas de inundaciones en el estado. En el año del 2012: Conagua anuncia que el plan se amplía en su visión hasta 2030 y pide refrendar inversiones al menos para el periodo 2013-2014.
Se ha manifestado, además de la corrupción en obras licitadas, que Conagua afectó a miles de campesinos con la apertura de “canales de alivio” que desviaron el agua de Villahermosa hacia zonas lagunares, mostrándose “indolente” para indemnizarlos.
El problema persiste; por la falta de comunicación por parte de las Autoridades Federales y la mala planificación urbana, agregando problemas de reforestación y un inexistente análisis de la zona federal en cuanto a sus responsabilidades, cauce y bienes nacionales que no están definidos.
Otro problema que vive Tabasco es, con la Comisión Federal de Electricidad, silenciosamente, ha venido incrementado las tarifas de energía eléctrica de manera desmedida, desproporcionada, un mal servicio por los constantes cortos al suministro eléctrico, la poca información” sobre la instrumentación del llamado “Acuerdo Tabasco” y los convenios modificatorios, firmados entre el gobierno estatal y la CFE entre 2007 y 2008, impide que se conozca a detalle el avance de sus objetivos, en definitiva no existe transparencia.
Consideramos importante mencionar que, el 25 de junio del presente año, el candidato priísta a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, firmó ante el Notario Público No. 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas, para los tabasqueños.
Es importante destacar, que diversos compañeros Diputados y Senadores de diferentes Grupos Parlamentarios, han exhortado a las autoridades federales para que informen e intervengan para dar solución al problema que tabasco enfrenta, desafortunadamente no ha habido respuesta que ayude a resolver; por citar un ejemplo el Diputado Federal por la LXI Legislatura José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2966-II, para que las autoridades federales tomen medidas ante el problema de inundaciones que presenta Tabasco. Lamentablemente por la vía de puntos de acuerdos no se ha dado solución al problema que se expone; considerando que la vía idónea es la Comisión Especial que hoy se presenta.
Actualmente las obras quedaron pendientes por falta de inversión y el desmedido aumento en las tarifas de luz, así como, la falta de transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, la problemática, sin duda, depende mucho de la intervención de la Cámara de Diputados.
Por eso acudimos, a su buena voluntad política, para que se cree la Comisión Especial, que se propone y con el alcance que señalan los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se buscará establecer contacto permanente con las autoridades como Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Derecho Humanos, con la Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, entre otras, para establecer formalmente un “Plan Hídrico” y un “Plan en Tarifas Eléctricas” serio, honesto y comprometido con los tabasqueños.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, por el que se crea la Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del Estado de Tabasco.
Segundo. Esta Comisión Especial tendrá como objeto, el conocimiento de los asuntos de revisar la regulación y subsidios de las Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico de Tabasco, con el fin de dar solución a la problemática que persiste en el Estado con apego a la legalidad y certidumbre jurídica.
Tercero. La Comisión Especial estará conformada por 10 integrantes o por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un Presidente y dos Secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial estará vigente hasta agosto de 2015.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de octubre de 2012.
Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se declare 2013 como Año de Don Belisario Domínguez Palencia, en virtud de la conmemoración del centenario de su muerte, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Lourdes Adriana López Moreno, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea los presentes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El hermoso estado de Chiapas se localiza al sureste de México; colinda al norte con Tabasco; al este con la República de Guatemala; al sur con la República de Guatemala y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico, Oaxaca y Veracruz-Llave.
Se conforma de 122 municipios, que se distribuyen en 15 regiones: Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos,Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De los Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal Chol y Meseta Comiteca Tojolabal.
La región chiapaneca tiene una rica y complicada gama de costumbres y creencias que conviven de manera armoniosa, pues cada uno de los grupos étnicos que allí habitan poseen hondas raíces y tradiciones cuyos orígenes, en algunos casos, se pierden en el tiempo y en los recónditos secretos de la historia de sus más antiguos ancestros: los mayas de la época Clásica. Así, en el amplio territorio que hoy ocupa el estado de Chiapas, se encuentran los grupos tzeltal, tzotzil, chol, zoque, tojolabal, lacandones y mames. De los lacandones se sabe que su número es muy reducido y que se encuentran muy aislados en la zona de Montes Azules.
Chiapas contribuye ampliamente, aportando diversos factores (como electricidad, productos de consumo interno y de exportación, mano de obra, etcétera), al desarrollo de este gran país. Pero una de las más grandes contribuciones del estado hacia México es sin duda el haber presenciado el nacimiento de un chiapaneco muy reconocido por su sobrado valor y firmes convicciones patrióticas, su nombre: Don Belisario Domínguez.
Belisario Domínguez desde muy pequeño se destaco por su labor altruista, y a lo largo de su vida se dedicó a impulsar la prosperidad y la libertad de Chiapas y del país entero.
Este ilustre mexicano nació en el municipio de Comitán el 25 de abril de 1863. Dedicó sus estudios a la medicina, y se involucró activamente en la política de nuestro país.
Gracias a su interés por la medicina, tuvo la oportunidad de estudiar en Francia, y durante 10 años estuvo en Europa. El 17 de julio de 1889 recibió el título de médico oculista, cirujano y partero.
En 1889 regresó a su ciudad natal, y el pueblo lo recibió como todo un héroe. Se dedicó a practicar la medicina con un carácter humanitario, y estableció una botica llamada “La Fraternidad”, en donde no sólo proporcionaba consultas gratuitas, sino también proporcionaba los medicamentos.
Don Belisario Domínguez intensificó su participación política, siendo un miembro activo del Partido Liberal en Chiapas y con la fundación del periódico El Vate, donde publicó artículos contra el presidente Díaz y el gobernador porfirista de su estado, Rafael Pimentel. Trató de despertar la conciencia ciudadana de sus paisanos, a los que decía que debían vigilar las acciones del gobierno, observar con cuidado los actos de las autoridades y denunciar todas las irregularidades.
Como todos sabemos, fue electo presidente municipal de Comitán en 1911; al año siguiente fue candidato suplente al Senado junto con Leopoldo Gout. Pero tras la muerte de este último, el doctor Belisario Domínguez rindió protesta como senador propietario en la XXXVI Legislatura, y fue con esa envestidura que el 23 de septiembre pronunció un discurso en la sede de la Cámara alta, en el que protestó enérgicamente por los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, perpetrados por Victoriano Huerta.
En este contexto, el senador Belisario Domínguez, realizando una valerosa protesta y demostrando su gran sentido nacionalista y republicano, con todo honor e indignación pronuncia ante los senadores un trascendente discurso, denunciando la traición de Victoriano Huerta, al haber ordenado el asesinato del presidente y el vicepresidente, legalmente ungidos por el voto popular. Su valiente llamado le plantea al Senado que esa representación nacional deponga de la presidencia al usurpador Huerta.
Derivado de esta denuncia pública, la noche del 7 de octubre de 1913, fue sacado de su habitación en el hotel en donde se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente. Sus verdugos, Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta, sepultaron el cadáver. El doctor Aureliano Urrutia, enemigo profesional de Belisario Domínguez, le cortó la lengua al cadáver del senador y se la envió como un “trofeo” a su amigo Victoriano Huerta.
El prócer chiapaneco Belisario Domínguez se convierte, por su valiente denuncia, en un referente histórico representativo del equilibrio entre Poderes de la Unión. Así en 1953, la XLII Legislatura del Congreso de la Unión aprueba un decreto por el que se crea la orden de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, con la intención de reconocer las altas virtudes cívicas que demostró al morir por el compromiso de hacer valer su derecho a la libre expresión de la palabra.
Es por estas razones que hoy más que nunca, en la visión de don Belisario Domínguez, nos debe de servir de guía, motivación, orgullo y satisfacción.
También debemos decir que la perspectiva del doctor Belisario Domínguez es algo que debemos enaltecer y llevar siempre a cualquier parte del mundo. Para él, como médico, curar era lo más importante, pero no me refiero sólo a la salud, sino en general a los males que aquejan a nuestra sociedad, dado que la problemática a la que nos enfrentamos hoy día debe ser enfrentada con la misma visión, pasión y sensibilidad que siempre mostró este gran héroe, con franqueza y sinceridad, como un médico que de manera humanitaria enfrenta los avatares que le presenta la vida.
El vecindario se acostumbró a mirarlo con respeto en sus infatigables diligencias, llevando presuroso el remedio a los enfermos, el pedazo de pan a los niños desvalidos y el consejo paternal y cariñoso a los hogares deshechos. Hasta llegó a cargar sobre sus propias espaldas, como lo hiciera un santo, el madero que podría servirle de lecho a una parturienta indigente.
Tuvo el valor consciente, el que surge de la meditación, el que es resultado de pensar que irremisiblemente se va a perder la vida; ese valor que no es atributo de héroes, sino de semidioses.
Belisario Domínguez tiene en la historia de México un papel extraordinario; demostró que la vida humana no tiene importancia cuando se trata de un gran problema de la patria; nos enseñó que el hombre debe saber morir en aras de la tierra en que nace.
Por todo ello, es que consideramos que no puede existir un mejor contexto que el fallecimiento de este prócer de la patria, para meditar sobre el actual proceso de modernización y democratización que está viviendo nuestro país.
Hoy más que nunca, nuestro país requiere de gente comprometida con sus anhelos y necesidades, tal como siempre lo fue don Belisario Domínguez.
Para nadie es desconocido el hecho de que la sociedad está ya cansada de promesas y de políticas que van y vienen, siempre sin dejar un verdadero beneficio para sus vidas.
Por todo lo anterior, consideramos necesario y oportuno hacer un homenaje póstumo al doctor Belisario Domínguez, nombrando el próximo año, el 2013, como su año, en razón de ser y haber sido un pilar del patriotismo y valor mexicano.
Por lo anterior y con fundamento, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a esta honorable Cámara de Diputados que se considere declarar 2013 como el año de “Don Belisario Domínguez Palencia”, en virtud de la conmemoración del centenario de su muerte.
Segundo. Se solicita respetuosamente que una vez aprobada por esta honorable Cámara de Diputados, se remita a la colegisladora para su conocimiento y, en su caso, se emita el decreto correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en Veracruz, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79 ,numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Veracruz cuenta con un padrón de más de 45 mil productores de cítricos agrupados en el Consejo Estatal Citrícola, AC.
En la demarcación más de 205 mil 195 hectáreas son cultivadas con diferentes variedades de cítricos, donde la naranja valencia y el limón persa ocupan los primeros lugares de cultivo con una superficie de 158,968 hectáreas y con un promedio de producción de 2 millones 787 mil 700 toneladas productivas.
El estado de Veracruz representa en términos reales el 40 por ciento de la citricultura nacional; además, es el principal exportador de cítricos en el país.
La citricultura veracruzana es pilar fundamental en la vida económica del estado; Veracruz cuenta con una posición geográfica estratégica para fortalecer la citricultura de Exportación, así como la comercialización en el mercado nacional e internacional.
Anualmente, los productores veracruzanos generan cerca de 2 mil 348 millones de pesos de producción, 97 millones de dólares de concentrado de jugo y 136 millones de de dólares de exportación de limón persa.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los productores, el estado vive una severa crisis, resultado de la carencia de un sistema estatal de desarrollo de la citricultura, que se traduce en bajos precios de la fruta y el jugo concentrado.
Los citricultores padecen la saturación de la oferta nacional ante limitaciones fitosanitarias que restringen la exportación de sus productos.
Los productores de cítricos ven con desesperación la inequidad en los subsidios en relación con otros cultivos nacionales, así como los otorgados a los citricultores estadunidenses y brasileños, a los cuales sus gobiernos les otorgan más apoyo y protección.
Todo esto da como resultado una baja productividad de las huertas y unos altos costos de producción.
Con la finalidad de contrarrestar las adversidades y mejorar el sector citrícola, un grupo de pequeños empresarios realizaron exhaustivos estudios y crearon un programa para la consolidación de las cadenas de producción-consumo.
Los productores presentaron el proyecto a la Secretaría de Economía, donde les asignaron el folio FP2012-1110, pero sin que hasta el momento hayan recibido apoyo requerido par aponer en marcha el programa en mención.
Con la aprobación por parte de la Secretaría de Economía del programa para la consolidación de cadenas de producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, se daría un fuerte impulso a 100 micros y pequeñas empresas pertenecientes al Consejo Estatal Citrícola del Estado de Veracruz (viveristas, citricultores, centros de acopio, enceradores, empacadores, procesadores, comercializadores) para fomentar en el sector citrícola del estado de Veracruz.
Asimismo se alcanzaría la consolidación de cadenas producción-consumo eficientemente articuladas y con una oferta de productos de calidad, altamente diversificada que se traduzca en mejores oportunidades de empleo e ingresos en la mipimes beneficiadas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Hacer un exhorto a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, ingresado a esa dependencia con el folio FP2012-1110.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el PEF de 2013 se cumplan los artículos 25 de la Ley General de Educación y 9 Bis de la de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Nueva alianza, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentamos este escrito en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de someter a consideración de esta honorable asamblea la actual proposición con un punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación y la formación de capital humano de excelencia y de ciudadanos integrales, es una prioridad nacional y una política de Estado, y es sólo a través de la inversión en esta materia como se podrán enfrentar los retos que impone a nuestro país el fenómeno de la globalización y los diversos desafíos de un entorno más competitivo, ninguna nación puede prescindir de una educación de calidad, a todos los estudiantes que, a su vez, impulse procesos productivos y el desarrollo de la sociedad.
Contar con incentivos efectivos para que las personas, economías y sociedades eleven los niveles de la educación ha sido la fuerza impulsora para que los gobiernos mejoren la calidad de los servicios educativos.
La prosperidad de los países ahora se deriva, en gran medida, de su capital humano, y para alcanzar el éxito en un mundo cambiante, las personas necesitan desarrollar sus conocimientos y habilidades durante toda su vida.
Uno de los principales retos del Estado, que trasciende los ámbitos social, económico, cultural y político, es lograr que todos los mexicanos gocen del derecho a una educación básica de calidad. Una parte de este derecho se alcanza al asegurar el acceso y permanencia de toda la población al Sistema Educativo Nacional. Pero se cumple más ampliamente cuando los resultados educativos que obtienen los estudiantes muestran la eficacia de la escolarización, tanto en la adquisición de conocimientos como en el desarrollo de habilidades y capacidades que redunden en la toma de decisiones para un mayor bienestar.
Como resultado de diversos diagnósticos sobre la educación pública en México, es necesario impulsar políticas orientadas a resolver rezagos en ámbitos estratégicos como: el funcionamiento de las escuelas, el bajo aprovechamiento de los alumnos, la capacitación y formación de los docentes y los factores socioculturales y económicos de los estudiantes.
Asimismo, los problemas que surgen de la propia administración del sistema educativo, tales como un estrecho margen de la escuela para tomar decisiones; la insuficiente comunicación entre los agentes escolares; la escasa participación social en las tareas de la escuela y los excesivos requerimientos administrativos que limitan a los directivos para ejercer un verdadero liderazgo académico; el ausentismo de los docentes; el uso ineficiente de los recursos disponibles, y las deficiencias en infraestructura y equipamiento.
Para superar estos retos es necesario contar con los recursos económicos necesarios. Sin embargo, la inversión educativa en nuestro país sigue siendo baja. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene el gasto público en educación más bajo como porcentaje del Producto Interno Bruto, señala el estudio Panorama Mundial de la Educación 2011.
El documento indica que mientras México invierte 2 mil 284 dólares por alumno, tomando en cuenta todos los niveles educativos, los países de la OCDE invierten en promedio 8 mil 169 dólares.
Por otra parte, durante muchos años, nuestro país ha realizado inversiones insuficientes en ciencia, tecnología e innovación, como resultado, el potencial de crecimiento ha sido inferior al de otros países. Esta situación debe mejorar, si México aspira a alcanzar un nivel de competitividad comparable al de otras economías emergentes.
Según los indicadores disponibles, el nivel general de innovación en México es realmente bajo, no sólo en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sino también con las economías emergentes más dinámicas. El gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto sigue siendo inferior al 0.5%, en contraste con un promedio superior al 2.3% en el conjunto de la OCDE y cercano al 1.7% en China.
México debería aprovechar plenamente sus recursos para impulsar un desarrollo basado en el conocimiento y aprovechar sus activos en la materia, que comprenden polos de excelencia en la educación superior y la investigación científica, un acervo considerable de técnicos e ingenieros altamente calificados, una rica cantera de emprendedores y, sobre todo, una población joven.
Por ello es que consideramos fundamental otorgar los recursos necesarios al sector educativo, a efecto de atender la demanda de la sociedad con una educación de calidad y fortalecer la premisa básica de esta administración como la mejora del desarrollo humano sustentable, propiciando un desarrollo regional equilibrado al fortalecer también a las entidades federativas que componen a nuestro país.
En este orden de ideas es que el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la Cámara de Diputados pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo Federal que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, se de cumplimiento al artículo 25 de la Ley General de Educación, para lograr que el presupuesto para este sector cubra el 8% como porcentaje del Producto Interno Bruto; así como al artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología para lograr que el presupuesto para este sector cubra el 1% como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de octubre de 2012.
Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), René Fujiwara Montelongo.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que emita un decreto para declarar área natural protegida la isla La Roqueta, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La Roqueta es una isla mexicana localizada frente a nuestra bahía de Acapulco, frente a las playas de Caleta y Caletilla.
Se localiza en la parte meridional de la costa del estado de Guerrero, sus longitudes son de 1.6 kilómetros de largo y 1.5 kilómetros de ancho, abarcando una superficie total de 0,71 kilómetros cuadrados.
El ecosistema tropical de la isla cuenta con una vegetación exuberante, principalmente palmeras, árboles de tamarindo, limón, chaya y almendros, entre otros.
En lo alto de la isla, como chipote de mar, hay un faro emblemático que se puede visitar. Éste ofrece una vista espectacular de la bahía de Acapulco y de la selva de la isla.
La isla es ideal para iniciarse en el buceo, ya que cuenta con aguas transparentes y tranquilas, infinidad de peces y variedad de corales. Tiene dos playas, la amplia y propiamente conocida como Playa Roqueta y la popularmente conocida en el puerto como Playa de los Enamorados.
Es sin duda la isla de La Roqueta, uno de los más bellos e importantes atractivos de nuestro destino turístico.
La isla de La Roqueta fue decretada Parque Nacional Marino en 1982, durante la administración del entonces presidente de la República, licenciado José López Portillo, la cual quedó bajo la vigilancia y resguardo directo de la Secretaría de Marina. Sin embargo, recurrentes han sido las acciones de quienes de una u otra forma han querido apropiarse de la isla, a través de supuestos zoológicos, Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y concesiones otorgadas desde el centro. Es la isla un espacio que debemos proteger ante la voracidad de quienes quieren medrar y apropiarse de lo que es patrimonio de todos los mexicanos.
Uno de los casos más recientes de quienes han pretendido, con subterfugios, apropiarse de la isla, fue el proyecto Aca Extremo, auspiciado desde el gobierno federal, pero que fue descubierto a tiempo y revocado oportunamente.
En un principio se había establecido una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre (UMA) denominada Parque Zoológico Aca-Zoo, con registro DFYFS-ZOO-E-0003-93-GRO, otorgada con oficio número 1450 de fecha 23 de agosto de 1993, y con fecha 27 de enero de 2005, se otorgó la renovación del registro de esa UMA, con una superficie de 63 hectáreas, con la clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, estableciéndose supuestamente como finalidad la conservación, manejo, colección, exhibición, aprovechamiento comercial, ecoturismo, investigación y educación ambiental. En el fondo resultó una burda maniobra para apropiarse de nuestra isla, ya que se descubrió en el registro nacional de turismo (RNT) número 1009137, de 8 de julio de 2005, que los promotores de la supuesta UMA habían inscrito un establecimiento de hospedaje con 8 suites presidenciales, señalando fecha de operación desde 1995, cuando era y es público y notorio que a la fecha no hay ninguna operación de tal naturaleza en la isla de La Roqueta. Después se supo, querían la isla para casinos, es decir, pretendían una privatización encubierta.
Por ello, corresponde a todos defender este espacio común de los mexicanos, patrimonio de nuestros hijos, para su goce y uso. En tal virtud es indispensable frenar, de una vez por todas, cualquier ansía de posesión indebida e ilegal, y proteger a nuestra isla de la Roqueta, para que se preserve incólume y majestuosa, erguida y exuberante frente a la bahía de Acapulco, cubierta de vegetación y no privatizada en beneficio de unos cuantos, afectando a turistas y residentes que hoy y siempre la pueden y la deben disfrutar a plenitud.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita formalmente al presidente de la República emita un decreto para declarar a la isla de la Roqueta, Área Natural Protegida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fomentar, proteger y vigilar la pesca deportivo-recreativa, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
El potencial de la pesca deportiva y recreativa como actividad económica es de 24 millones de personas que practican esta actividad alrededor del mundo, lo que en términos económicos es un gran mercado con enorme potencial para convertirse en un atractivo turístico nacional que atraiga a turistas de todo el mundo que practican dicho deporte.
Nuestro país tiene innumerables ventajas para hacer de esta actividad una ancla de desarrollo turístico alrededor de los 11 mil 112 kilómetros de litorales con los que cuenta, prueba de lo anterior son Los Cabos, destino turístico que fue descubierto en la década de los 70 por los pescadores deportivos americanos y canadienses que lo visitaban, ese primer acercamiento permitió a Los Cabos y a toda Baja California Sur convertirse, hoy en día, en el polo de desarrollo turístico más importante de todo México.
México tiene una ubicación geográfica envidiable para la práctica de este deporte, aunado a lo anterior nuestra infraestructura turística posibilita que esta actividad pueda realizarse en casi todos los destinos turísticos de playa, y por si no fuera suficiente, los que practican este deporte pueden elegir en pescar en las aguas del Golfo de México, del Caribe, del Pacifico y por supuesto en el Mar de Cortés; pocos países pueden presumir esta enorme ventaja.
Compañeras y compañeros diputados, como país no le hemos dado la importancia que tiene a la pesca deportiva como un atractivo turístico, no le damos el peso específico que tiene la pesca deportiva como pasatiempo de los turistas de más alto poder adquisitivo; en este sentido se podrían beneficiar en principio todos los estados de la republica que cuentan con litoral como son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Al respecto, según datos de la Secretaría de Turismo del estado de Baja California Sur, la captura de un solo ejemplar de pez dorado, genera una derrama económica de más de 25 mil pesos, repartidos en gastos de hospedaje, transportación, alimentos, combustible, bebidas, etcétera, por lo que adicionalmente beneficia a todo el sector turístico; mientras que la venta de una tonelada de pez dorado genera menos de 20 mil pesos, sin contar el daño que ocasiona al ecosistema marino de la región.
El desarrollo turístico de Baja California Sur no se podría entender sin el atractivo que representa la pesca deportiva para los turistas, esta situación, entre algunas más, ha permitido que Los Cabos tenga hoy la oferta más importante y exclusiva de hoteles, restaurantes, spas, campos de golf, marinas, etcétera, y uno de los puertos de cruceros más importantes de nuestro país.
Por tal razón compañeras y compañeros quiero solicitar su apoyo para la creación de una comisión especial para el impulso, desarrollo y sustentabilidad de la pesca deportiva y recreativa, que se encargue de revisar, analizar y elaborar propuestas de proyectos legislativos que fomenten la pesca deportiva y recreativa como atractivo turístico y garanticen la sustentabilidad de los recursos marinos.
Hoy el turismo ocupa el cuarto lugar en atracción de divisas para nuestro país, en una industria mundial tan competitiva se requiere de conservar los atractivos turísticos existentes y crear otros nuevos y mejores para seguir siendo una opción interesante para visitar, es por lo anterior, que se hace necesario impulsar y conservar los atractivos turísticos naturales, como es el caso de la pesca deportiva, pues los litorales mexicanos y las especies que aquí se pescan no existen en otras partes del mundo; por lo que los visitantes siempre se sentirán atraídos para venir a pescar a nuestros mares.
Consciente de la importancia de esta actividad la Secretaría de Turismo patrocina una serie de torneos de pesca deportiva para la promoción de los destinos nacionales, tal es el caso del circuito de pesca deportiva que tiene lugar en el Mar de Cortés, beneficiando al sector turístico de los cuatro estados que colindan con éste.
Cada año en Cabo San Lucas se celebran torneos de pesca, eventos donde participan más de 200 embarcaciones provenientes de diferentes países, principalmente de Estados Unidos y Canadá. La elección de Cabo San Lucas no es casualidad, se trata de un lugar predilecto por ser la unión donde convergen el mar de Cortés y el océano Pacífico, lo que favorece la abundancia de especies marinas ideales para la práctica de la pesca deportiva; es por ello que a Los Cabos se le conoce como la Capital mundial del marlín.
Así pues el sector turístico nacional e internacional ha aprovechado de manera sustentable las bondades ecológicas y económicas de la pesca deportiva, convirtiéndolo en un atractivo turístico que atrae a turistas de alto y muy alto poder adquisitivo, lo cual trae consigo riqueza y bienestar social para los habitantes de las poblaciones donde se realiza esta actividad.
Cabe señalar que las condiciones geográficas y los recursos marinos existentes en nuestras aguas hacen que la pesca deportiva en todo nuestro país sea más atractiva que la que se realiza en los Estados Unidos de América y Canadá; como ya mencioné existe un mercado de más de 24 millones de personas que practican la pesca deportiva alrededor del mundo, está situación bien podría ser aprovechada por nuestro país para la creación de varias rutas náuticas que contribuyan a la creación de nuevos polos turísticos donde se pueda replicar el modelo de desarrollo turístico de Los Cabos.
Por lo anterior, se hace necesario trabajar conjuntamente con el Ejecutivo federal en la creación de un marco jurídico que impulse, proteja y garantice el desarrollo de la pesca deportiva como una actividad que sirva de ancla para impulsar y ampliar el desarrollo turístico de nuestro país, si logramos darle la importancia a esta actividad pronto nuestro país será uno de los cinco países más visitados por turistas en el mundo y pasaremos a ser una potencia turística con los consabidos beneficios económicos y sociales para los mexicanos.
El objeto que se persigue con la creación de la comisión especial de la pesca deportiva y recreativa, es la de promover acciones específicas para coadyuvar al desarrollo, promoción y vigilancia de la pesca deportiva como una actividad económica que sirva para contribuir a la consolidación de nuestro sector turístico, para la atracción de turismo nacional e internacional. Además de trabajar en medidas específicas que ayuden a garantizar la sustentabilidad de la pesca deportiva y particularmente el de los recursos marinos de nuestros litorales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la comisión especial para el fomento, protección y vigilancia de la pesca deportiva y recreativa, misma que funcionará durante la LXII Legislatura, cuyo objeto será coadyuvar al desarrollo, promoción y vigilancia de la pesca deportiva como una actividad económica que sirva para contribuir a la consolidación de nuestro sector turístico, para la atracción de turismo nacional e internacional, y para trabajar en medidas específicas que ayuden a garantizar la sustentabilidad de la pesca deportiva, y particularmente el de los recursos marinos de nuestros litorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía del municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Graciela Saldaña Fraire, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo de Quintana Roo a efecto de que respete la autonomía del municipio de Benito Juárez.
Consideraciones
“La autonomía es un requisito para la eficacia.”Jack Lang
La Carta Magna es clara al establecer competencias y facultades para cada órgano de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, es decir se les otorga cierta autonomía para el debido funcionamiento de dichos órganos y así se le pueda otorgar a la población la garantía de un adecuado funcionamientos tanto de obras como de servicios públicos, sin solapamientos ni excesos inútiles, por mero voluntarismo o motivos diferentes al bien público.
Independientemente de la afiliación que se sustente en cuanto a la naturaleza del municipio, éste forma parte del estado y jurídicamente le está subordinado, aunque con un estatuto legal que le otorga una esfera de competencias para ser ejercidas autónomamente. En otras palabras, el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un concejo o ayuntamiento, y que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de un estado. Particular importancia tiene la apreciación del municipio en la estructura del Estado federal mexicano, ya que, en cuanto a su organización y estructura, establece tres esferas competenciales: la federal, la estatal y la municipal. El texto constitucional, en sus diversos preceptos, deja clara esta diferenciación, por lo que se suele denominar a estas esferas competenciales como “órdenes de gobierno”.
Esta recapitulación resulta pertinente, porque en las últimas semanas el Ejecutivo de Quintana Roo ha estado realizando actividades de obras públicas que le corresponden a los ayuntamientos del estado, por lo que está vulnerando la autonomía que le otorga nuestra ley suprema a estos ayuntamientos, especialmente me enfoco al ayuntamiento de Benito Juárez, donde el gobernador Roberto Borge Angulo se ha dedicado a pintar parques con los colores institucionales del Partido Revolucionario Institucional, partido político al cual representa, por lo que no sólo vulnera esta autonomía municipal sino que también actúa en contra del programa federal de la Sedesol, el cual ya ha remozado tales parques, denominado “Rescate de Espacios Públicos”, de conformidad con las reglas de operación del programa referido en el numeral 8.1, párrafo 6o., que establece lo siguiente:
...
En todos los espacios públicos intervenidos, el ejecutor deberá asegurar la presencia en áreas visibles y fachadas del logotipo de la Sedesol, con la firma del gobierno federal, integrando el símbolo de “Vivir Mejor”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al manifestar en el artículo 115 lo siguiente:
...
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
...
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
...
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento...”
Así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo manifiesta en el
“...
Artículo 147. Los municipios del estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
...
h) Calles, parques y jardines y su equipamiento...
Podría seguir mencionando las demás normas jurídicas en relación al tema, pero creó que con las anteriormente mencionadas queda claro que el Ejecutivo está realizando obras que le corresponden al Ayuntamiento y por lo tanto está vulnerando su autonomía municipal, sin que medie programa o coordinación, ni mucho menos la racionalización de los recursos.
Cabe recalcar que esto lo está realizando por razones meramente electorales, sin pretender realmente ayudar a la ciudadanía, ya que se están desperdiciando el presupuesto en acciones marginales y de relumbrón que duplican labores en sitios donde ya ha trabajado el Ayuntamiento, cuando lo debería utilizar en acciones que les corresponden a su esfera competencial y en labores que realmente necesita la población, queda claro que estas faenas las están realizando debido a las próximas elecciones que se llevaran a cabo en Quintana Roo.
Estas acciones se han endurecido en recientes días con el acoso del Partido Revolucionario Institucional, que exige rendición de cuentas relativas a la empresa paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) que resolvió el problema de la basura en el municipio, esta petición emana del gran éxito de ha sido la Siresol, no porque hubiera opacidad o transparencia en ella, lo que queda claro en las artimañas que el PRI empezará a utilizar para posicionarse a los votantes en las próximas elecciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía municipal del ayuntamiento de Benito Juárez y a respetar las facultades y competencias que la ley suprema les otorga a cada órgano de gobierno.
Distrito Federal, a nueve de octubre de dos mil doce.
Diputados: Graciela Saldaña Fraire, Alicia Ricalde Magaña, Ángel Cedillo, Silvano Aureoles, Marcelo Garza, Alliet Bautista Bravo, Josefina Salinas Pérez, Silvano Blanco, Rodrigo González Barrios, José Federico de la Vega Membrillo, Víctor Manríquez, Juana Bonilla Jaime, Amalia Dolores García Medina, Gerardo Villanueva, Alejandro Carbajal, José Ángel Ávila Pérez, Verónica Juárez Piña, Altagracia González, Martí Batres, Ricardo Monreal, Trinidad Morales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de acceso digital, a cargo de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Ana Lilia Garza Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude ante el pleno de esta soberanía para presentar proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la comisión especial de acceso digital, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Aunque México ha tenido un crecimiento exponencial en la penetración de banda ancha en los últimos cinco años, sigue siendo de los países con menor número de personas con acceso a Internet entre los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ejemplo, hasta este año, sólo un poco más de 30 millones de mexicanos somos usuarios de Internet y hoy representamos el último país de la OCDE con uso de banda ancha móvil.
Pese a estas cifras, los expertos señalan que el problema digital no sólo radica en un tema de conectividad social, debido a que la cobertura de la infraestructura tecnológica no soluciona problemas como la vulnerabilidad a la que se exponen millones de personas cuando carecen de leyes que los protejan ante nuevos tipos de delitos.
De hecho, la ausencia de una cultura seguridad tecnológica ha dado pauta a que México ocupe el último lugar en ciberseguridad entre los países miembros de la OCDE.
Nuestro marco jurídico está rezagado en la tipificación de delitos informáticos. Asimismo, carece de políticas públicas que preparen expertos para auxiliar a la población de problemas como la pornografía infantil en Internet, fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, robo de base de datos o hackeo de cuentas de correo.
Lo anterior habla de un doble reto nacional: por un lado, desarrollar la cobertura de la conectividad e infraestructura; y por otro, que dicha conectividad sea brindada de forma segura ante los riesgos del ciberespacio.
La ausencia de políticas públicas adecuadas que promuevan el desarrollo, la inclusión y la apropiación a las tecnologías de la información en la población dificulta que un país alcance los niveles de bienestar social que exige el mundo globalizado, toda vez que se reduce la capacidad de beneficiarse de las economías de escala, como sugieren organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La administración del Ejecutivo federal entrante, igual que el gobierno que está por concluir, ha considerado en sus propuestas de trabajo la Agenda Digital para un México Conectado, que consiste en una serie de acciones que buscan desarrollar la competencia en las telecomunicaciones y la infraestructura de Internet, y fomentar la alfabetización, la economía y el gobierno digitales.
Para su éxito es necesario que estos esfuerzos funcionen en un esquema coordinado entre el Poder Ejecutivo y del Legislativo que acelere sin riesgos la formación de una sociedad del conocimiento en México.
Debido a la importancia para la productividad económica y social del país, la comisión de acceso digital ha permanecido durante dos legislaturas. En la LXI logró, en el marco de un ejercicio histórico de colaboración y con motivación de la OCDE, elaborar y posicionar una agenda digital nacional de forma conjunta con el Senado de la República, las cámaras de la industria, la academia y la sociedad civil para proponer 112 acciones puntuales alineadas en una visión de país.
Asimismo, desarrolló un marco legal precursor en temas como gobierno electrónico, firma digital, tratamiento de residuos electrónicos e introducción de la agenda digital en la planeación nacional; y tomó acciones para defender los derechos de los usuarios de Internet ante iniciativas internacionales como el Acuerdo Comercial Antipiratería (o ACTA); y promovió la adhesión de México a un convenio internacional contra el cibercrimen, donde el Congreso de la Unión fue reconocido por la Comisión Europea como el único país de Latinoamérica en promover acciones al respecto.
Además, apoyó en el análisis y la evaluación del Presupuesto de Egresos de la Federación respecto a programas en tecnologías de la información y creó mejoras en las actividades de este órgano legislativo mediante la introducción de nuevas tecnologías.
Lo anterior muestra la importancia de la continuidad de la comisión de acceso digital que fomente la generación de políticas homogéneas sobre los asuntos tecnológicos y acordes con la nueva realidad social.
Con objeto de potenciar los avances que obtuvo la LXI Legislatura en la materia, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura y al pleno de este recinto que se considere el presente punto de acuerdo y se permita la permanencia de la comisión de acceso digital.
Por lo expuesto, con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someten a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la comisión especial de acceso digital.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto analizar y discutir el marco normativo para perfeccionar la legislación existente en términos de acceso digital, mediante la promoción del acceso efectivo de la población a las tecnologías de la información.
Tercero. Podrá solicitar la información que considere pertinente, y reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, las estatales y las municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Cuarto. La comisión especial de acceso digital estará integrada por veintidós diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Quinto. La comisión especial estará vigente todo el tiempo necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder del 30 de agosto de 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a suspender el procedimiento de destrucción de boletas del proceso electoral 2005-2006 y, en su caso, garantizar que no se triturarán las de 2011-2012, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Luisa María Alcalde Luján, Zuleyma Huidobro González, Merilyn Gómez Pozos, José Antonio Hurtado Gallegos, José Francisco Coronato Rodríguez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Martha Beatriz Córdova Bernal, Juan Luis Martínez Martínez, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña y Nelly Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hace 12 años, con el aval del PAN; el PRI votó en este mismo recinto la quema de las boletas de la elección de 1988 cuyo triunfo todos sabemos le arrebataron mediante fraude al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
La intención entonces era borrar toda huella de las innumerables violaciones a la ley que cometió el PRI para imponer a su candidato Carlos Salinas. Desaparecer toda posible incriminación que se les pudiera hacer en el futuro, porque los priístas sabían que en realidad ese triunfo no les pertenecía.
Ahora se pretende repetir el atropello con las boletas de la elección del 2006. El regalo del PRI, que así agradece al PAN su ayuda en el fraude del 2012.
Lo peor es que no ha avanzado nada la democracia mexicana como para que podamos tener la certidumbre, todos los mexicanos como debería de ser, de que en este país hay elecciones libre y auténticas, así que con argumentos baladíes, el Consejo General del IFE acaba de votar para que se destruyan los paquetes electorales de la última elección de hace 6 años, y seguramente al rato va a querer hacer lo mismo con las de este año; como si ambos sucesos fueran caso cerrado, cuando no solamente no han podido acallar las voces que clamamos que hubo fraude en 2006 y lo hubo ahora una vez más, sino que ciegan cualquier esfuerzo esclarecedor, ya no digo judicial sino de mera investigación con respecto a la elección de hace 6 años, por no hablar, en el caso de la elección del 1 de julio, de que para aclarar lo que pasó este año habremos de acudir los partidos que integramos la Coalición Movimiento Progresista ante la CIDH.
En ambos casos la destrucción de las posibles pruebas se vuelve entonces casi vital para el panismo y para el priísmo, interés estratégico, puesto que no solo se trata de evitar el juicio del extranjero sino de la manera como va a pasar a la historia quien se ha ostentado con la denominación de presidente estos 6 años y también contra quien ha sido entronizado por el IFE primero y el Tribunal Electoral después, como el presidente electo para el período 2012-2018.
Con una historia marcada por los fraudes electorales prácticamente desde que nacimos como país, es de una irresponsabilidad extrema, por no decir sospechoso, que se insista en borrar las huellas del delito. Ya no se diga por las implicaciones jurídicas, que debieran de preocupar desde luego, sino por las históricas.
Algo en lo que tenemos que insistir, es que si se llega a consumar la destrucción de las boletas de hace 6 años, no sólo se está poniendo en riesgo un derecho inalienable: el de la información, sino que si además se hace esto mismo con las boletas de la elección que acaba de pasar, y no entiendo tanta prisa, se estarían obstruccionando, insisto, recursos jurídicos a los que tenemos derecho, los cuales estarían en juego en los tribunales extranjeros y mucho ayudarían a esclarecer estas elecciones.
En caso de que se destruyan efectivamente, como parece que les urge a los consejeros del IFE, los paquetes electorales que contienen la documentación de la elección presidencial de hace 6 años, cualquier juicio histórico perdería sentido; pero si también se destruyen los de 2012, se nos quitaría la posibilidad de ir a la CIDH y se nos estaría cegando de un derecho. Lo que es más, y para tranquilizarlos un poco, incluso de resultar favorable el resultado de alguna demanda ante la CIDH, ésta no va a cambiar la decisión jurídica de quien ya fue declarado presidente de México del 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, porque eso ya pasó, y nadie puede cambiar hechos consumados. Lo que se estaría resolviendo en este caso sería simple y sencillamente el derecho a la verdad que tenemos como ciudadanos, el derecho a conocer qué pasó. Y si destruyen las boletas será imposible o faltará una pieza fundamental.
Es decir, que no demandamos al IFE dar marcha atrás en esta decisión para cambiar el resultado ni de la elección de este año ni el de la de 2006, que no apuren por eso, sino por algo que nos parece más fundamental, y que es exigir el derecho que tenemos los mexicanos para conocer nuestra historia.
De lo que se trata es combatir el oscurantismo de aquellos que quieren destruir la información. Si desaparecen la información, si no sabemos lo que pasó, seguirá prevaleciendo la duda y la sospecha como parte de la cultura política mexicana. Es sobre todo, negarle a las generaciones futuras el derecho a saber, a investigar la verdad y a esclarecerla.
La importancia pues, de esta petición estriba en que este Congreso debe empezar por establecer que los paquetes electorales, los de ahora, como los del 2006 y como los serán los de 2018, constituyen información pública, una decisión que fortalecerá nuestro incipiente régimen democrático en razón de que ante la transparencia resultante, ninguna autoridad tendrá la tentación de alterar los resultados electorales, puesto que sabrá que todo lo acontecido en estos procesos quedará al alcance de la opinión pública, lo que a su vez elevará la confianza del electorado.
Creer en la decisión de las autoridades sobre el ganador y el perdedor de una elección, sin tener acceso a los documentos que lo comprueban, es un acto de fe, y en una democracia no hay actos de fe, hay transparencia, consultas y archivos históricos.
Derivado de lo anterior, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al IFE para que suspenda el procedimiento de destrucción de las boletas del proceso electoral 2005-2006 y, en su caso, también que se dé la garantía de que no se van a destruir las boletas del proceso electoral 2011-2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de denominación de origen, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, apartado 1, fracción I; 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como sabemos, cuando un producto agrícola o alimenticio, en cuyas características se encuentra el medio geográfico, así como las condiciones climatológicas para su producción, recibe el nombre de denominación de origen.
Los productores que adoptan sus productos bajo la denominación de origen, se comprometen a mantener la calidad lo más alta posible y a mantener también ciertos usos tradicionales en la producción, como por ejemplo, en el caso del vino, en ciertas zonas se exige utilizar la uva tradicional de la zona.
La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al consumidor un nivel de calidad más o menos constante y unas características específicas.
Por su parte, el productor obtiene una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas –aún cuando se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos–, que les permite influir sobre el precio final de éstos.
Por otra parte, esta figura permite la organización del sector productivo y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales.
En otras palabras, se trata de la protección legal de ciertos alimentos que se producen en una región determinada, en contra de la piratería, principalmente.
Ejemplos hay en todo el mundo y caben en esta posibilidad, vinos y licores, alimentos de toda índole.
En México existe diversidad de productos que llevan el registro del nombre que los vio nacer:
La charanda michoacana, que se obtiene del proceso de destilamiento de la caña de azúcar.
La sonorense bacanora, bebida tradicional producida de la fermentación de ciertas tunas.
El chihuahuense sotol, producido a base de las plantas conocidas como sotol o sereque.
El mezcal elaborado de agave y su región geográfica abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, principalmente.
Las bellas artesanías de Olinalá, como baúles y cajas de madera, que provienen de Guerrero.
La talavera poblana, elaborada en la zona de talavera, región que comprende Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali. La materia prima que se utiliza en su elaboración es arcilla extraída de las minas de la región.
La veracruzana vainilla de Papantla, ancestral producto que conquistó a Hernán Cortés, producido en municipios de Veracruz y Puebla.
El yucateco chile habanero, considerado como uno de los chiles más picantes del mundo cultivado en tierras de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
El café de Chiapas, delicioso por las características de la humedad y temperatura en su cultivo.
El mango ataulfo del soconusco, en él su pulpa de consistencia firme, sabor dulce y baja acidez lo caracterizan.
Ámbar de Chiapas: el municipio de Simojovel produce 90 por ciento del total del ámbar que se extrae de Chiapas (y tiene 25 millones de años), aunque todo el estado se encuentra protegido.
Por último, producto bajo denominación de origen y no menos importante, el tequila, principalmente producido en la región central y altos de Jalisco y que da fama mundial a nuestro país, como el resto de los productos que se elaboran bajo la nobleza de la tierra mexicana.
Las cadenas productivas asociadas a estos productos generan empleo a 70 mil personas para el tequila; 86 mil familias de café en Veracruz y unas 5 mil en Chiapas; 5 mil 500 familias para talavera poblana, por citar algunos ejemplos, pero los productos son más.
Cabe citar que el desequilibrio entre la oferta y la demanda, la falta de integración y planeación entre los actores de las cadenas productivas, es que requiere de la implementación de acciones directas e indirectas, orientadas a minimizar los efectos.
De lo anterior y a través del fortalecimiento de la legislación, es posible que se vea fortalecida la competitividad, para generar una penetración mayor a los mercados nacionales y extranjeros, que genere un valor agregado para un desarrollo sustentable.
Esto puede ser posible, trabajando en conjunto con los consejos reguladores, por una parte, así como con la autoridad de la Secretaría de Economía.
Por citar un ejemplo, en la actualidad, el arroz de Morelos y los artículos de Olinalá no cuentan con una norma oficial mexicana que proteja el proceso productivo y conserve su autenticidad para su producción.
Es en este sentido que consideramos conveniente la creación de una comisión legislativa, que inhiba la participación de productos de dudoso origen, o seudoproductos, en el mercado legítimamente constituido, que genera dumping comercial, en perjuicio de la cadena productiva de los productos con denominación de origen.
Creemos necesario apoyar la promoción de indicaciones geográficas, marcas colectivas y denominaciones de origen.
Estimamos pertinente estructurar una estrategia integral de largo plazo, que siente las bases de una planeación estratégica, tomando como base, la integración y desarrollo de las denominaciones de origen mexicanas.
Es así que estimamos pertinente la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las políticas públicas y proteja al ciclo productivo de cada uno de los anteriores y demás productos mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación de la Comisión Especial de Denominación de Origen de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la LXII Legislatura, encargada de coadyuvar, dar seguimiento y retomar en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las políticas públicas y la protección de la planta productiva motivo de los productos que ampara.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura.
Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial de denominación de origen, estará integrada por diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, y funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2012, o incorporar en la siguiente revisión, un análisis detallado sobre la situación que guarden las finanzas de Michoacán; y a la PGR, a investigar y, en su caso, emprender acciones legales contra quienes pudieron causar daño patrimonial a la hacienda pública estatal, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Martha Berenice Álvarez Tovar, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 o, en su caso, se incorpore en la siguiente revisión, un análisis detallado sobre la situación que guarden las finanzas de la Hacienda Pública del estado de Michoacán, en el que se incluya los financiamientos otorgados por la banca múltiple de desarrollo, valores emitidos y los diferentes acreedores del gobierno; a la Procuraduría General de la República para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso emprender las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la hacienda pública estatal; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ha resultado escandaloso e inmoral el endeudamiento público de algunas entidades federativas y de algunos municipios vulnerando la viabilidad financiera y patrimonial de corto y largo plazo de los erarios públicos locales.
En Acción Nacional estamos comprometidos con la protección de los recursos públicos, que con gran sacrificio contribuyen los ciudadanos a fin de que haya un correcto y ético gasto público, que forzosamente debe traducirse en servicios públicos, y no en deudas financieras de largo plazo para los ciudadanos, que además comprometen el correcto desarrollo de los futuros gobiernos locales.
Además debe quedar muy claramente dicho, que los gobiernos no están para endeudarse, sino para gastar exclusivamente lo que recaudan, y en caso de que dichos recursos sean insuficientes, mejorar la recaudación y el ejercicio del gasto, y como última opción el financiamiento.
Si algo se refleja en las deudas públicas de muchos estados y municipios del país es la opacidad con que se conducen, así como la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos públicos efectivamente ejercidos, lo que equivale también a una deuda con la existencia de contrapesos reales frente al autoritarismo y el abuso de las autoridades locales en sus propios estados.
Los mexicanos son la columna vertebral de la democracia donde la relación de los gobernantes y los ciudadanos se fundamenta y soporta en la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Es momento de asumir desde este recinto un papel en la construcción de una democracia donde se refleje una nueva actitud de apertura, disposición y compromiso para hacer realidad la igualdad y reciprocidad entre gobernantes y ciudadanos ante la ley.
Es por ello, que retomamos algunos aspectos de la propuesta de punto de acuerdo que presentó la Senadora Luisa Calderón Hinojosa en lo relativo al endeudamiento en el Estado de Michoacán.1
Durante los últimos 12 años, el gobierno federal mexicano ha promovido importantes cambios legales e institucionales en favor de la transparencia y rendición de cuentas. Siempre en la búsqueda de consolidar un orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la federación.
Sin embargo, también es cierto que estos avances se han concentrado primordialmente en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y en los municipios. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave y ha merecido la atención de organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que en el documento Índice de Competitividad Estatal 2010. La caja negra del gasto público -refiriéndose a la situación imperante en las entidades federativas- señaló que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal ni cuáles son sus salarios”.
En términos generales, la situación en las entidades federativas y municipios es de una marcada opacidad, por lo que los ciudadanos y las autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sea que estos fueron obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.
En particular, que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan ha propiciado ineficiencia y dispendio, con el resultante incremento irresponsable del gasto público, lo que –a su vez– ha llevado a varias autoridades a contratar mayores montos de deuda y a exceder la capacidad de pago de sus Haciendas Públicas.
Mientras en algunas entidades hay indicios de disciplina en las finanzas públicas, en otras la situación es sumamente preocupante. Estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Nuevo León representan casos especialmente graves pues se han incrementado sustancialmente los pasivos de corto y largo plazos en los últimos años mediante la contratación de deuda pública para financiar gasto corriente.
Retomo el caso del estado de Michoacán, entidad que a junio de 2012 Michoacán cuenta con un endeudamiento de 16 mil 472.3 millones de pesos que corresponden a deuda financiera y equivalen al 103.8% de sus participaciones. Si tomamos en cuenta todos los pasivos de corto plazo y acreedores diversos, el monto de la deuda se duplica. Más allá de lo preocupante del incremento en la deuda de Michoacán, es que la opacidad e irregular forma cómo se gestionó al menos en la pasada administración estatal se ha ido revelado en fechas recientes, gracias a una investigación realizada por el honorable Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.
Como parte de la investigación referida, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno estatal hizo solicitudes a los bancos acreedores para que confirmaran el saldo de los pasivos financieros de la Entidad al 31 de marzo de 2012.
Entre las irregularidades más importantes que se han podido descubrir es que algunos de los pasivos confirmados por los acreedores no fueron clasificados o registrados de acuerdo a la establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, lo que podría derivar en responsabilidades legales. A continuación se enlistan algunos hallazgos:
• Pasivos con el sistema financiero:
— Se encontró que un crédito contratado en enero de 2012 fue registrado indebidamente en la Cuenta Pública 2011.
— Se encontró que créditos contratados con dos entidades financieras se están amortizando a plazos muy cortos y a tasas muy altas, por lo que su servicio de la deuda es muy elevado y genera presiones sobre las finanzas públicas estatales.
• Pasivos con terceros institucionales:
— Con la Administración Pública Federal, se encontró un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria de mil 763 millones de pesos superior al que se tenía registrado previamente en la contabilidad.
— Este saldo no registrado corresponde a la cancelación de una condonación del impuesto sobre la renta (ISR), debido a que el Gobierno estatal incumplió convenios firmados al no enterar pagos de ISR durante 2011.
— Además, quedan pendientes de confirmar adeudos con el ISSSTE y el FOVISSSTE.
• Pasivos con diversos acreedores:
— Se encontraron pasivos autorizados presupuestales por 790 millones de pesos, pero que no fueron registrados en la Secretaría de Finanzas y Administración y, por tanto, no fueron reportados en la Cuenta Pública de 2011 ni en el Primer Informe Trimestral de 2012.
Pasivos derivados de recursos federales por aplicar sin reportar:
— 3 mil 713 millones de pesos de recursos de programas federales cuyo saldo no ejercido no se encuentra en las cuentas bancarias correspondientes.
— 464 millones de pesos de adeudos correspondientes a recursos estatales que debieron transferirse a la Secretaría de Salud como contrapartida de aportaciones federales para salud.
— Mil 27 millones de pesos de recursos del Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB) correspondientes al ejercicio de 2012, que no fueron aplicados conforme a las reglas de operación del fondo.
— En total, se incorporaron 5 mil 204 millones de pesos al monto de pasivos de programas federales por aplicar.
De esta manera, el gobierno del estado no reportó pasivos con terceros institucionales, municipios y diversos acreedores por más de 6 mil millones de pesos. De lo anterior se pude concluir que los datos reportados por el anterior Ejecutivo estatal en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011, no reflejaban razonablemente la situación de las finanzas públicas locales al 31 de diciembre de 2011.
Es este sentido, de acuerdo con el informe del Congreso del estado, los pasivos totales de Michoacán, al 31 de marzo de 2012, ascenderían a 33 mil 045 millones de pesos. Estos recursos incluirían pasivos financieros por 16 mil 458 millones de pesos, incluyendo bursatilización, y pasivos no financieros por 16 mil 587 millones de pesos. Cabe notar que la información corresponde a confirmaciones bancarias.
Al referido catálogo de incorrectas prácticas administrativas, se debe aunar malas prácticas legislativas y legales. Por ejemplo, se ha documentado que reformas a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo promovidas por el anterior Ejecutivo local permitieron que el Gobierno del Estado pudiera refinanciar y reestructurar 4 mil 800 millones de pesos de deuda directa de corto plazo contraída sin previa autorización del Congreso. En particular, se tratan de las reformas aprobadas el 14 de enero y el 8 de diciembre de 2011.
La nueva deuda pública que se contrató y se refinanció, al amparado de las referidas reformas, fue para resolver problemas de liquidez y no para financiar proyectos públicos productivos, como lo establece el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nos queda claro la importancia de fortalecer el ejercicio de transparentar, como una acción más de fondo y no de alternativas superficiales como la de un “rescate” a estados y municipios, lo que representaría un retroceso para las finanzas públicas.
Los estados deben hacerse responsables de sus obligaciones financieras y del uso que les dan a los recursos públicos.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 o, en su caso, se incorpore en la siguiente revisión, un análisis detallado sobre la situación que guarden las finanzas de la hacienda pública del estado de Michoacán, en el que se incluya los financiamientos otorgados por la banca múltiple de desarrollo, valores emitidos y los diferentes acreedores del gobierno.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso emprender las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la hacienda pública estatal.
Nota
1 Punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Michoacán a informar sobre la situación de las finanzas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública, presentado por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa el día 18 de septiembre de 2012. primer periodo ordinario. Gaceta 11. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3689 8
México, DF, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los productores de maíz en México, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Salvador Arellano Guzmán, Diputado Federal de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los productores de maíz en México, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El maíz es el grano más importante de México, ya que se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas en una superficie de 8.5 millones de hectáreas y es el que se cultiva por un mayor número de productores, ya que de 4 millones que hay en el país, 3.2 millones se dedican al cultivo de esta planta.
Con relación a lo anterior, vale la pena señalar que existen dos tipos de productores de maíz. El primer grupo, donde se encuentra la mayoría (92 por ciento de los productores), quienes poseen predios de hasta cinco hectáreas y aportan el 56.4 por ciento de la producción total. En general, más de la mitad de su producción (52 por ciento) se destina al autoconsumo. Sus rendimientos fluctúan entre 1.3 y 1.8 toneladas por hectárea.
El segundo grupo sólo está el 7.9 por ciento de los productores, con predios arriba de cinco hectáreas por productor y aportan el 43.6 por ciento de la producción. Sus rendimientos van de 1.8 a 3.2 toneladas por hectárea. Únicamente destinan el 13.55 por ciento de su producción al autoconsumo.
La importación anual de maíz en los últimos años en México ha rondado los 6 millones de toneladas. Este maíz es importado de los Estados Unidos, y se distribuye en México principalmente a través de Diconsa, en sus 24 000 centros de distribución dispersos en el territorio nacional. No se sabe exactamente qué porcentaje del maíz que entra a México desde E.U. es transgénico; sin embargo, se conoce que alrededor del 40 % de la extensión sembrada de maíz en E.U. corresponde a esta clase de grano, a pesar de lo cual, el maíz que ingresa a México carece de etiquetado.
El 80% del mercado internacional de gramíneas se concentra en tres de ellas, maíz, trigo y arroz. Los tres granos representan el insumo básico para la alimentación de grandes poblaciones en el planeta y su consumo aumenta con tendencias mayores al crecimiento de la población.
La crisis financiera de 2008 estuvo acompañada por un aumento de las reservas de grano y el incremento de aranceles a la exportación de los países superavitarios, en algunos casos para satisfacer el mercado interno.
Una serie de factores que impactan a la producción agrícola e impiden que aumenten las cosechas son el aumento del precio de los insumos derivados del petróleo, el incremento de sucesos climáticos atípicos y, quizás uno de los factores más serios, un aparente limite a la productividad de tierras de cultivo.
En los Estados Unidos de América, el país con mayor producción agrícola en el mundo, las tierras de cultivo presentan un incremento del rendimiento menor que en otras décadas. En el caso del maíz, el 85% de los 35 millones de hectáreas plantadas se hace con semillas genéticamente modificadas, lo cual representa un grave problema en la economía mexicana como en la salud.
De acuerdo con lo que se ha publicado hasta el día de hoy, la forma en que se distribuyen las muestras en las cuales las propias autoridades ambientales han encontrado maíz transgénico, parecen indicar como fuente de la contaminación a las distribuidoras de Diconsa. Esta sospecha surge también del hecho de que esta empresa adquiere enormes cantidades de este grano.
Como ya se mencionó, 40% del maíz cultivado en Estados Unidos corresponde a alguna de las variedades de maíz transgénico que están en el mercado. Aproximadamente el 37% del maíz que se vende en México es importado de Estados Unidos Existen diversas estimaciones acerca del porcentaje de este maíz que podría ser transgénico. Las estimaciones más conservadoras calculan que entre el 12% y el 16% del maíz en México sería transgénico.
Sin embargo, considerando que Europa y Japón, los principales importadores de maíz en el mundo, rechazan estrictamente la importación de maíz transgénico y, a diferencia de nuestro país, realizan controles para impedir su entrada, es posible que la proporción de este grano que se incluye en los alrededor de 6 millones de toneladas importadas sea mayor, tal vez representando más de la tercera parte de esta clase cereal que circula en México.
Algunas autoridades ambientales han estimado que aproximadamente el 10% del maíz transgénico distribuido llegaría a sembrarse. A partir de este dato y de los datos oficiales acerca del porcentaje de contaminación encontrado en diferentes localidades del Estado de Oaxaca, se ha calculado que la tasa de introducción de variedades transgénicas podría representar entre el 2% y el 3 % de la superficie cultivada con maíz anualmente.
Sin embargo, el desconocimiento acerca del porcentaje real de maíz transgénico que entra anualmente al país, hace que quede abierta la pregunta sobre qué porcentaje del territorio nacional está siendo sembrado o contaminado con el polen del maíz transgénico, sin que se tenga conocimiento o control sobre él.
Es importante recordar, finalmente, que todas las variedades de maíz transgénico que se siembran en E.U. corresponden a variedades patentadas por las empresas que los han desarrollado y éstas han mostrado una enorme agresividad para exigir el pago de derechos por el uso de "sus" semillas a agricultores, incluyendo los que las usaban sin saberlo, ya que sus campos fueron contaminados por polen llevado por el viento o insectos. Si bien, México no ha reconocido la validez de esas patentes, la situación de dependencia alimentaria en la que se halla el país y la enorme presión que ejercen las grandes compañías de alimentos, así como el uso y abuso de los tratados comerciales como herramientas de presión hacen muy probable que esto cambie en el futuro.
Actualmente se debate asiduamente si los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) tienen o no efectos contraproducentes en la salud humana. Como riesgos más posibles se han señalado los siguientes:
– Alergias como resultado del consumo de OGM
– Transferencia de la resistencia a antibióticos por el consumo de OGM que contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos.
– Recombinación de virus y bacterias que potencialmente podrían dar origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de enfermedades conocidas.
Pero más allá de los debates académicos y científicos sobre posibles consecuencias contraproducentes de los OGM están algunos hechos reales, como es el caso de daños en la salud provienen del consumo de carne o leche, proveniente de animales alimentados con semillas.
Por ello, es urgente, necesario e indispensable tener un vínculo directo entre el Poder Legislativo con los representantes de los Consejos Nacionales y Estatales de la producción del maíz, con la finalidad de poder facilitar el acercamiento y la comunicación con los productores, para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la producción en México.
En este sentido, la creación de la Comisión Especial Encargada de Impulsar y dar Seguimiento a los Productores de Maíz en México, responde a los nuevos retos para la economía agropecuaria en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los productores de maíz en México.
Segundo. El objetivo de la comisión especial, es consolidar una nueva practica, con un proceso para incentivar la producción de maíz, generar mejor calidad de vida para los campesinos, mayor disponibilidad de maíz como alimento básico de origen natural y dejar en bajo nivel las importaciones de maíz transgénico, con ello mejorar la calidad de vida y salud de los mexicanos, y esto a su vez permitir un incremento en la economía nacional.
Tercero. La Comisión especial estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del Pleno de esta Honorable Legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un Presidente y dos Secretarías.
Cuarto. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto del año 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Salvador Arellano Guzmán (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de conocer los feminicidios registrados en México y darles seguimiento, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Martha Berenice Álvarez Tovar, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial encargada de conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México.
Consideraciones
De acuerdo con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, en México no se cuenta con cifras certeras sobre los feminicidios que se cometen en el país ni sobre las mujeres que desaparecen sin dejar rastro.
Reportes de procuradurías estatales1 subrayan que de 2006 a abril de 2012 se contabilizaron aproximadamente 4 mil 419 mujeres y niñas víctimas, al menos de feminicidio u homicidio doloso, sin embargo, no ha sido posible conjuntar información precisa sobre la realidad del feminicidio en México.
En el informe Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009 , realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, la Organización de la Naciones Unidas (ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres), el Colegio de México y el Instituto Nacional de Mujeres de México, en los últimos 25 años se han registrado en México 34 mil 176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Una media de 20 mujeres al día fue asesinada en México durante estos años. De entre ellas, casi 7 mil ocurrieron entre 2005 y 2009.
Otro apunte a puntualizar de este informe es el que advierte que los datos de los asesinatos de mujeres no contemplan las características suficientes para poder distinguir aquellos casos que efectivamente son feminicidios del resto de asesinatos de mujeres.
En su segundo reporte semestral de enero a junio de 2009 Una mirada al feminicidio en México , el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, destacó que con el propósito de visibilizar este grave problema, y en busca de contribuir a la creación de mecanismos eficientes para su prevención, sanción y erradicación, inició en 2007 la investigación sobre la violencia feminicida en el país, documentando de enero de 2007 a diciembre de 2008, mil 221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades2 ; revelando que la violencia feminicida ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 21 a 40 años de edad, con 530 víctimas (43 por ciento), seguida por las mayores de 40 años, con 294 homicidios (24 por ciento), y por las niñas y jóvenes menores de 20 años, con 285 víctimas (23 por ciento). Una de cada cuatro mujeres (26 por ciento) murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego (314 casos), mientras que un poco menos de la mitad (43 por ciento) perdió la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza y las agresiones físicas, tales como la asfixia, las heridas punzo cortantes y el traumatismo craneoencefálico (522 víctimas).
Lo anterior refleja acciones lacerantes de violencia sexual y de género, de la sexualidad, la vida y libertad de las mujeres hasta privarlas de la vida, en la mayoría de los casos de manera sanguinaria.
Retomo a su vez un extracto de la entrevista realizada por la revista DFensor del mes de marzo de 2011, a la exdiputada federal Teresa Inchaustegui Romero, extitular de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México en la LXI Legislatura
“Frente a una impunidad en los casos de feminicidio en México es urgente innovar mecanismos para revalorar la vida de las mujeres, antes que privilegiar las medidas punitivas del estado, que lamentablemente no han saldado la deuda histórica con las mujeres por garantizar su integridad y sus derechos al acceso a la justicia y a la vida”.
Aunado a esto reconocemos el trabajo destacado de todos los integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, durante la legislatura que nos antecedió, porque gracias a ese esfuerzo se logró tipificar ese delito a nivel federal, no debemos desatender este tema, refrendemos nuestro compromiso real con la mujer mexicana en un tópico que ha ido ganando terreno en el ámbito nacional.
En este tenor, en el Partido Acción Nacional reiteramos nuestro apoyo a todas y cada una de las mujeres que por diversos medios han pugnado por hacer visible el tema de la violencia contra las mujeres, exponiendo sus propias vidas en la búsqueda por romper con esa cultura del silencio e intolerancia.
¡Ya basta! La violencia contra la mujer no debe ser considerada ni normal ni mucho menos justificada.
Es necesario emprender acciones conjuntas que permitan sumar esfuerzos para promover políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar estos delitos que laceran no sólo a la mujer, sino nos vulneran como sociedad.
Hoy en día se requiere un trabajo coordinado que permita la consolidación de acciones efectivas y no solamente de discursos para atender este tema, necesitamos de un órgano parlamentario plural que conozca, intervenga y contribuya a erradicarlo.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de la comisión especial encargada de conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México.
Segundo. El objetivo principal de esta comisión especial será el de conocer y dar seguimiento puntual a las políticas encaminadas a la procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en el país.
Tercero . La comisión especial de feminicidios estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que así determine la Junta de Coordinación Política.
Cuarto . La comisión especial de feminicidios tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.
Notas
1. Reportes obtenidos en las comparecencias que Procuradores Estatales de Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla, tuvieron ante la Comisión Especial de Feminicidio de la Legislatura LXI.
2. Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora en la región norte; Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Jalisco y Guanajuato en la región Centro/Bajío; Tabasco y Yucatán en la región sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2013 como Año Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos; y a los legisladores, a comprometerse a registrarse como potenciales donadores, suscrita por las diputadas Leslie Pantoja Hernández y Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las suscritas, Leslie Pantoja Hernández y Flor de María Pedraza Aguilera, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, presentan ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede a toda persona el derecho a la protección de la salud. Por otra parte, el Artículo 2º de la Ley General de Salud establece que entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentran la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, así como, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
La donación de órganos y tejidos representa la oportunidad de ofrecer, prolongar y mejorar la calidad de vida para miles de personas, por ello los donadores tienen un papel fundamental y llevan a cabo una decisión trascendental para sí mismos y para la humanidad.
Convertirse en donador es una acción que contribuye a que otros seres humanos disfruten de condiciones de salud que coadyuven al desarrollo social en la medida que la prolongación de la vida de una persona, le permite a ésta continuar impulsando la preservación de los valores más excelsos de su comunidad y de la sociedad.
Compete a la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se debe apoyar en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
De acuerdo con la Fracción VI del Artículo 314 de la Ley General de Salud (LGS) se denomina “donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
En México se realizan trasplantes desde el año 1963, a partir de ese año y a la fecha se han realizado trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón; sumando alrededor 40 mil procedimientos de este tipo.
La mayoría de los hospitales en los que se realizan trasplantes se encuentran ubicados en las capitales de las entidades federativas y en las ciudades más desarrolladas del país. Sin embargo, aunque se ha realizado un gran esfuerzo por incrementar la infraestructura en salud para atender la demanda de trasplantes, es necesario mejorar la distribución de las unidades de atención médica con capacidad para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, así como conservar y distribuir los órganos.
El pasado 12 de diciembre de 2011 el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud (LGS) en el Título Décimo Cuarto “Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida”. Entre los aspectos más relevantes de esas reformas y adiciones pueden mencionarse los siguientes:
– Mayores facultades a la Secretaría de Salud en materia de vigilancia, promoción y normalización.
– Incorpora el puesto de Coordinador Hospitalario e Institucional e insta a la conformación del Comité Interno de coordinación, con el objetivo de fomentar la cultura de la donación y garantizar la distribución equitativa de órganos para trasplante.
– Mejora el sistema de impulso a la cultura del donante al interior de las unidades o establecimientos de salud y en el todo el territorio nacional.
– Perfecciona la figura de la donación tácita, estableciendo un sistema de prelación de familiares para el caso en que el paciente no se encuentre en condiciones para decidir.
En nuestro país, en un periodo de 9 meses, la demanda de órganos para trasplante se ha incrementado en un 4.5%. La demanda de trasplantes de riñón se incrementó un 6% a partir de la incidencia de la Enfermedad Renal Crónica y a la alta prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles.
De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud, a partir de un estudio realizado en el año 2009 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mismo que fue tutelado por el médico nefrólogo Gregorio T. Obrador, en México alrededor de 9.5 millones de personas padecen enfermedad renal en etapas de la 1 a la 5, de los cuales aproximadamente 129 mil pacientes se encuentran en los estadios 4 y 5, es decir, presentan Enfermedad Renal Crónica.
Es importante destacar que la Enfermedad Renal Crónica es un grave problema de salud pública, ya que presenta una tasa de crecimiento anual del 8 al 11%. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud apuntan que la enfermedad renal es la tercera causa de muerte hospitalaria en México, ya que se encuentra asociada, principalmente, a patologías altamente frecuentes en nuestra población como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad.
Esta situación genera un incremento sustancial en la demanda de trasplantes ya que de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, de las 16 mil 550 personas que se encuentran en lista de espera para recibir un órgano, un total de 8 mil 794 pacientes esperan un trasplante de riñón, es decir, poco más del 50%.
Actualmente, 7 mil 315 personas esperan una cornea; 376 esperan recibir un trasplante de hígado; 38 pacientes esperan un corazón y el resto se encuentran en lista de espera por diferentes órganos, entre ellos pulmón o páncreas.
Durante los 7 meses corridos en 2012 solamente se ha satisfecho el 19% de la demanda de trasplantes, en comparación con el 14.6% alcanzado en 2011. Este incremento en el índice de trasplantes puede deberse a la reforma legal aprobada en diciembre de 2011.
El tiempo de espera, a partir del registro en la base de datos, varía dependiendo de si el enfermo cuenta o no con algún donador vivo que esté dispuesto y sea compatible o de que la gestión que realice la institución sea efectiva.
Como ustedes saben el órgano de mayor demanda es el riñón, seguido de la córnea, el hígado, el corazón y el pulmón. Las personas en lista de espera deben esperar en el caso del riñón y la córnea entre 24 y 30 meses, por lo que los pacientes que requieren un riñón pueden morir antes de obtener respuesta.
Resulta indispensable que en los siguientes años nuestro Sistema Nacional de Salud logre satisfacer, en un corto plazo, la demanda de órganos a un nivel superior del 50% ya que actualmente se encuentra en un 20%. Resulta imperativo reducir los tiempos de espera para la asignación de un órgano por lo menos al 50% del tiempo registrado actualmente, elevar el presupuesto en salud a por lo menos a un 9% del PIB y asignar una partida suficiente para fortalecer los rubros relacionados con la materia; continuar mejorando el marco jurídico sanitario para lograr erradicar la disposición y venta órganos, sosteniendo el principio de gratuidad y altruismo, así como generar medidas legislativas que permitan atender las Enfermedades No Transmisibles, con modelos integrales de atención para ofrecer calidad y expectativa de vida para los pacientes y sus familias.
Es necesario mencionar que las enfermedades que se encuentran entre las 10 primeras causas de muerte entre la población mexicana durante los primeros 50 años de edad, pueden ser tratadas exitosamente mediante un trasplante de órganos.
Dada la trascendencia de este problema de salud pública, resulta necesario que el año 2013 sea declarado el “Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, a fin de que la sociedad mexicana tenga presente la importancia de este tema.
El presente punto de acuerdo retoma parte del contenido del punto primero del acuerdo de la proposición formulada por la Diputada de la VI legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, mismo que se incluye en el punto tercero de la presente proposición, asimismo por considerar que resulta pertinente que esta honorable Cámara de Diputados asuma la posición descrita en dicho texto.
Los legisladores integrantes de esta Legislatura LXII debemos dar una muestra histórica de solidaridad con la población mexicana, registrándose como donadores potenciales. Es por ello y por lo aquí expuesto que me permito formular la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a declarar el 2013 como el “Año Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos”, y a intensificar las acciones necesarias para fomentar y promover una cultura de donación altruista de órganos y tejidos, así como generar los mecanismos que la faciliten para que los ciudadanos mexicanos accedan a sus beneficios.
Segundo. Los integrantes de la LXII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, manifiestan su apoyo al pueblo de México asumiendo el compromiso de registrarse como potenciales donadores, para lo cual la Mesa Directiva realizará las acciones necesarias en el ámbito de sus facultades a fin de que reciban las facilidades administrativas conducentes.
Tercero. Se exhorta a los 66 diputados Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura, a los 128 Senadores de la LXII legislatura y a todos los Diputados Locales integrantes de los Congresos Locales de los 31 Estados a que asumiendo el compromiso descrito en el segundo punto del presente acuerdo, a través de sus órganos de gobierno se lleven a cabo las acciones necesarias para registrarse como donadores potenciales.
Cuarto. Se exhorta al Centro Nacional de Trasplantes para que intensifique las acciones en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2011, que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en Materia de Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida. Asimismo para que a través de las redes sociales en internet promueva la donación altruista de órganos y tejidos y pongan al alcance de los usuarios de ese medio, los mecanismos administrativos para convertirse en internautas donadores de órganos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre del 2012.
Diputadas: Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Yucatán a destinar recursos para impulsar y lograr la continuidad del programa Vivienda y Escuela Seguras, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El dengue es una enfermedad aguda producida por la picadura de un mosquito de la especie vectora Aedes aegypti. La mayoría de casos se presenta en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública.
Existen cuatro serotipos distintos del virus, pero estrechamente emparentados. Los síntomas pueden variar, desde una ligera fiebre hasta severas cefaleas acompañadas de intensas fiebres, dolor muscular y rash cutáneo, lo que puede complicarse y derivar en lo que se conoce como dengue hemorrágico, potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los signos que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 días y los síntomas, entre otros son: descenso de la temperatura corporal, dolor abdominal intenso, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga e inquietud.
En las últimas décadas la incidencia de dengue en el mundo se ha incrementado. Más de 2 mil 500 millones de personas, es decir cerca de 40 por ciento de la población mundial están en riesgo de contraer el dengue. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen entre 50 y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo.
Durante los últimos seis años los casos de dengue en México han venido a la baja, pues en 2009 se presentaron a nivel nacional cerca de 55 mil 961 casos; para 2010 se contabilizaron 30 mil 150 casos y para 2011 se logró bajar a 16 mil 387 casos. Sin embargo, de enero a la primera semana de septiembre del presente año, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) ha contabilizado un total de 20 mil 290 casos de dengue en el país, de los cuales poco más de 7 mil son hemorrágicos.
Ante este repunte, el gobierno federal mantiene la alerta en 170 municipios del país. Siendo los estados del sur y sureste los más afectados. Yucatán con casi tres mil casos de dengue, es uno de los dos estados más afectado por este virus durante este año,
SI bien, el combate y la erradicación del dengue en nuestro país ha sido pieza clave en las políticas públicas en materia de salud del actual gobierno federal, como lo muestra el “Programa de Acción Especifico sobre el Dengue 2007-2012”, en el que subrayan la importancia de evitar una pandemia y sus consecuencias tanto económicas como sociales. Ante tal gravedad, no exageró el anterior secretario de salud, al calificar al dengue como un problema de seguridad nacional.
Por fortuna, 70 años de investigación de diversos laboratorios y organismos internacionales están dando frutos. La farmacéutica Sanofi Pasteur y la Universidad Mahidol de Tailandia, auspiciados por el Ministerio de Salud Pública de ese país, están a punto de lograr una vacuna que permitirá brindar protección contra tres de los cuatro tipos de dengue, por lo que Fernando Noriega, director regional del Estudio de la Vacuna contra el Dengue en Latinoamérica de dicha farmacéutica, confía en que para 2015 se cuente con la primera vacuna que proteja contra esta terrible enfermedad.
Por otro lado, investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, desde hace cinco años iniciaron diversas investigaciones de manera conjunta con la Liverpool School of Tropical Medicine y la London School of Tropical Medicine & Hygiene, para lanzar el programa llamado “Vivienda y Escuela Segura”. Este programa, tiene como fin eliminar los criaderos de mosquitos, distribuir e instalar mallas mosquiteras con insecticida que repelen y eliminan al mosquito transmisor del dengue Aedes aegypti en puertas y ventanas de 4 mil viviendas y escuelas. Hasta el momento, dicho proyecto ha sido desarrollado en dos de los municipios con mayor importancia epidemiológica para dengue en el Sur de México: Mérida, Yucatán y Acapulco, Guerrero. Con lo cual se protegerá a una población cercana a las 25 mil personas.
Los investigadores plantean que al integrar, a las acciones del plan operativo de las entidades afectadas por el dengue, el proyecto “Viviendas y Escuelas Seguras”, como una estrategia innovadora, se podría proteger con mayor eficacia a la población infantil susceptible, a sus familias, colonias y comunidades.
Los grupos de edad más afectados en el estado de Yucatán por este padecimiento son precisamente escolares. Tan sólo en el rango que va de los cero a los diecinueve años de edad se concentraron casi el 47 por ciento de los casos confirmados en 2011. Por ello, es que se ha detectado que las escuelas son también sitios de riesgo para la picadura de los mosquitos Aedes y la transmisión del dengue.
Los doctores Pablo Manrique Saide y Mario Barrera Pérez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, conducen el proyecto en colaboración con los servicios de salud de los estados de Guerrero y Yucatán y el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Este esfuerzo también contempla una inversión de alrededor de 200 mil dólares anuales que será administrada por la Universidad Autónoma de Yucatán, y aportados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo).
Fortalecer la protección de viviendas y escuelas, podría convertirse en una herramienta eficaz para el combate y prevención del dengue. Y con ello se estaría protegiendo a miles de ciudadanos, no sólo de Yucatán, sino del resto del país.
Es por ello que en mi calidad de diputado federal, propongo a esta asamblea hacer un llamado a los gobiernos estatal y federal a que dirijan esfuerzos y recursos para apuntalar el programa “Vivienda y Escuela Segura”, a fin, no sólo de dotar a más familias con mallas mosquiteras repelentes contra el del mosquito Aedes aegypti en puertas y ventanas, sino para fortalecer las investigaciones que para dicho propósito se llevan a cabo.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está seguro de que esta propuesta encontrará eco en los demás grupos parlamentarios, pues la salud de las familias mexicanas no debe estar sujeta a intereses políticos o partidistas.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través del secretario de Salud, maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, y a al titular del Poder Ejecutivo de Yucatán a través de los secretarios de Salud y de Educación, a destinar los recursos necesarios para impulsar y garantizar la continuidad del programa “Vivienda y Escuela Segura”, consistente en la dotación e instalación de mallas mosquiteras repelentes al mosquito Aedes aegypti en puertas y ventanas para prevenir el dengue en zonas de riesgo y de importancia epidemiológica de Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.
Diputados: Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez, Mauricio Sahui Rivero, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marco Alonso Vela Reyes, William Renan Sosa Altamira, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica).
Con motivo del trigésimo octavo aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo de los grupos parlamentarios
El pasado lunes se cumplieron 38 años de la erección de Quintana Roo como estado libre y soberano, un sueño largamente anhelado por los pobladores del entonces territorio federal, quienes durante mucho tiempo pugnaron afanosamente a través de todos los medios legales a su alcance, encontrando eco finalmente en la persona del presidente Luis Echeverría Álvarez, quien el 2 de septiembre de 1974 envió la tan ansiada iniciativa de ley al Congreso de la Unión. Ésta fue aprobada finalmente por las legislaturas de los estados el 8 de octubre del mismo año.
Así pues, durante su relativamente corta historia moderna, Quintana Roo ha sabido aprovechar al máximo su rico patrimonio natural, cultural y geográfico, cimentando su desarrollo en el legado de nuestros ancestros mayas, y transitando de la riqueza del chicle y la madera, pasando por la bonanza de la apertura comercial fronteriza, hasta llegar a ser referente mundial en materia turística, lo que ha permitido brindar condiciones de bienestar a sus habitantes muy por encima del promedio nacional, atrayendo de tal suerte a una gran cantidad de nacionales y extranjeros, que llegan a la entidad no sólo en plan vacacional sino en busca de mejores condiciones de vida.
Quintana Roo es un estado joven, cierto, pero durante su corta existencia ha logrado mucho. Personalmente, tengo el orgullo y el privilegio de haber crecido junto con Quintana Roo, y haber experimentado buena parte de su historia, escuchando de la viva voz de mis padres y abuelos la parte que por obvias razones no me tocó vivir. Conozco de primera mano la grandeza, el temple y la tenacidad de su gente. Comparto además los mismos ideales, sueños y anhelos, por lo que con ellos aspiro sinceramente a crear un mejor futuro para nuestros hijos.
No obstante lo anterior, Quintana Roo ha sido víctima de su propio éxito, pues la acelerada dinámica poblacional del estado hace materialmente imposible dotar de servicios públicos a los ciudadanos con la velocidad requerida, en virtud de lo limitado del presupuesto federal que año con año recibe la entidad, en el que no se toman en cuenta factores tan importantes como la población flotante, y el hecho cierto e innegable de que el estado contribuye con poco más de 30 por ciento de las divisas que recibe el país.
A mayor abundamiento, el mismo presidente Felipe Calderón Hinojosa acostumbra vacacionar con la familia en la bella isla de Cozumel. Sin embargo, durante su administración fueron cancelados trascendentales proyectos turísticos, como la construcción del aeropuerto internacional de la rivera maya, así como tres muelles de cruceros, sin que a la fecha se hubieren justificado plenamente las razones que fundamentaran tan lamentable decisión.
La LXII Legislatura se constituye como una auténtica oportunidad histórica para el estado, pues lo representa la mayor cantidad de diputados federales que la registrada en cualquier legislatura pasada, lo que sin duda resultará en un presupuesto mucho más justo para Quintana Roo.
Por ello desde esta tribuna convoco a mis compañeros quintanarroenses a sumarnos a la intensa labor que, sin distingos partidistas de ninguna índole, ha emprendido el gobernador, licenciado Roberto Borge Angulo, en todos los municipios del estado, y que sólo los necios y resentidos se atreven a cuestionar, al ser reconocida abierta y sinceramente por amplios sectores de la sociedad.
De igual forma, convoco al resto de los integrantes de esta soberanía a pensar en Quintana Roo de manera diferente, pues un mayor presupuesto para el estado, especialmente por lo que se refiere a infraestructura turística, necesariamente se convertirá, en el corto y mediano plazos, en mayores ingresos para el país.
Señoras y señores: es momento de voltear hacia el sur. Es momento de saldar la deuda histórica que la nación tiene con la región. Sirva pues esta conmemoración para hacerlos reflexionar un poco, de cara a los debates parlamentarios por venir en materia presupuestal.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)