Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la PGR a hacer pública toda la información disponible sobre la operación Rápido y furioso, incluida la generada en instituciones estadounidenses y remitida a autoridades mexicanas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la LXII Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer y continuar por la Semana Nacional de la Salud los trabajos realizados en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a cumplir el decreto del Presupuesto de Egresos de Federación de 2012 y liberar los recursos correspondientes, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a todos los programas sociales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la SEP medidas para evitar el acoso y el hostigamiento entre alumnos, profesores y autoridades en los centros educativos del país, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de citricultura, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que contribuya a la seguridad alimentaria del país, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del 73 constitucional, en materia de desarrollo integral de los jóvenes, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, a cargo del diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a reforzar la correcta ejecución de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior en recinto fiscal y aplicar estrictamente conforme a la normativa el desaduanamiento libre, al activar el mecanismo de selección automatizada, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía del municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la cuenca del sistema Cutzamala, a cargo de la diputada Blanca Esthela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para regular tarifas eléctricas y revisar el plan hídrico de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que por la SHCP, la Sener, la SE y la CFE reduzca las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial en Chiapas y todas las entidades con temperaturas superiores a 32 grados Celsius, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de vigilancia y seguimiento de la industria lechera, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a la terminación del acuerdo de suspensión de importaciones de tomate mexicano a Estados Unidos de América; y a la creación de una comisión especial para atender, apoyar y defender a los productores locales del fruto, especialmente a los de vocación exportadora, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo al subsidio de la tortilla de maíz, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Profepa, de la Semarnat y de la Conagua por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas de Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la PGR a hacer pública toda la información disponible sobre la operación Rápido y furioso, incluida la generada en instituciones estadounidenses y remitida a autoridades mexicanas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 30 de enero de 2010 sucedió una de las peores masacres de que tengamos memoria en los años recientes del país: la de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, que conmocionó a todo México, pues las víctimas era niños y jóvenes de esa localidad que compartían en una fiesta entre amigos. Fueron asesinados brutalmente por un grupo de sujetos armados, quienes los “confundieron” con presuntos integrantes de una banda criminal rival.

Después de algunas semanas de esos hechos, la Fiscalía General de Chihuahua presentó públicamente a algunos sujetos que fueron señalados como responsables de la masacre. En la actualidad, la mayoría de ellos han obtenido sentencias por el Poder Judicial de la entidad. Sin embargo, las sentencias se encuentran bajo sospecha porque uno de esos presuntos culpables, de nombre Israel Arzate, ha probado que fue víctima de tortura para autoinculparse del acto criminal, igual que otros de los detenidos acusados de la masacre de Villas de Salvarcar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 31 de agosto de 2011 la recomendación 49/2011, que documenta la tortura a que fue sometido Arzate, condición que desde un inicio han sostenido la defensa legal y sus familiares.

Incluso, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, el 15 de marzo de este año, exhortó a las autoridades nacionales para que investigarán dichos actos de tortura y para que en su momento se repararan las consecuencias que la tortura había provocado en el proceso y en la investigación de los hechos.1

El pasado 30 de septiembre, nos enteramos a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univision que algunas de las armas que fueron utilizadas en Villas de Salvarcar estaban registradas en el denominado programa “Fast and Furiuos” implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para “rastrear” las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.

Cuando dicho operativo fracaso, los funcionarios de la ATF, reconocieron que no podrían rastrear dichas armas y que las “armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, aseguró el Fiscal General Estadounidense Eric Holder.

Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades mexicanas para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.

Por información difundida por la cadena televisora Univisión, hoy se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional, obtuvo la información suficiente para poder informar al Comandante de la Región Militar de Ciudad Juárez que las armas usadas en Villas de Salvarcar, fueron armas ingresadas por el operativo “Rápido y furioso”, y que por ello tendría que ser requerida la información correspondiente a las autoridades estadounidenses.

Mientras en los Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a comparecencia al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder y estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a un Juicio Político, en nuestro país se desconoce la información relacionada con la investigación de este operativo y con sus lamentables consecuencias, pues ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.

Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca toda la información disponible, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus competencias, se proporcione a esta Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución y consecuencias de dicho operativo en nuestro país, así como la información relacionada con el estado de las investigaciones realizadas por las autoridades responsables sobre la probable responsabilidad de funcionarios nacionales en todo este complejo proceso ilegal y de consecuencias mortales y en su caso, que entregue también la información que le hayan remitido sus símiles en territorio estadounidense.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés Nacional, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que a la brevedad, hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado “Rápido y furioso”, incluyendo aquella que se hubiere generado en instancias Estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.

Nota

1 (Consúltese http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2012/03/Comunicado_ONU_DH_15_m arzo_2012.pdf).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la LXII Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Marco Antonio González Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo para la reactivación y ampliación de la reforma rural estructural, al tenor de los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

En los últimos años, México ha asumido el reto de acordar y aprobar reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción de necesidades básicas.

De esa manera se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como las reforma del Estado y energética, en 2008; la fiscal, en 2009; y la política, en 2010, principalmente.

Todas ellas partieron de manifestaciones de inconformidad de la sociedad nacional, de funcionarios y de legisladores sobre el marco jurídico vigente en ese entonces, por lo que fue necesario modificarlo y acercarse a satisfacer las demandas colectivas.

Todas ellas fueron relevantes y su aprobación significó la movilización nacional de conciencias y modificaciones de diversas leyes, desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta diversas leyes secundarias.

En 2010, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el Grupo Parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba:

... a pesar de haber diseñado y establecido gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora, su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser, su interacción virtuosa con el ambiente no es la más adecuada, y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda, en vez de disminuir, ha seguido aumentando. Es una situación que no puede seguir así, pues la población del campo, como la de todo el país, sufrirá consecuencias graves en su desarrollo económico y social y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar la intranquilidad y malestar del país.

A dos años y medio de aquella propuesta, la situación en el campo de México ha empeorado, y coincidimos plenamente con nuestros antecesores de que se trata de un problema de “seguridad nacional”.

Esto es así porque la pobreza extrema, la alimentaria, se ha asentado en la población rural, donde la padecen 12.3 millones de habitantes, de 21.2 millones en México que, conforme a su ingreso, no alcanzan para una canasta alimentaria básica. El flagelo del hambre invade a las familias rurales de las zonas marginadas.

Porque nuestra dependencia con el exterior se ha incrementado, sobre todo de un solo país, Estados Unidos de América, de productos básicos como maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, leche, huevo y carnes de res, puerco y aves, dado que se carece de una política de Estado nacionalista, que impulse y respalde la producción nacional para cubrir la demanda de nuestros mercados locales, regionales y el nacional. Esta dependencia alimentaria nos hace cada vez más vulnerables.

Si bien podría decirse que se han incrementado los volúmenes e ingresos en dólares por la exportación de productos del campo, hortalizas, cerveza y licores, café y azúcar, principalmente, lo cual es cierto, éstos no son suficientes y mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria. Como se señala en el sexto Informe Presidencial, nuestra balanza en este rubro fue deficitaria en 2010 en 3 mil 500 millones de dólares y en 2011 en más de 5 mil millones.

Los empleos han disminuido, así como los ingresos de las familias rurales, lo que ha orillado a la emigración del campo. Sin embargo, a raíz de la crisis financiero-económica de el vecino del norte en 2009, sus requerimientos de mano de obra han disminuido y se han endurecido sus medidas antiinmigrantes, lo que ha ocasionado que nuestros jóvenes principalmente, ante la falta de expectativas de empleo en EUA, estén siendo presa fácil del llamado de las bandas delictivas en México. Todo ello ha llevado a la ruptura del tejido familiar y social en las zonas rurales y a un serio problema de inseguridad social.

Finalmente, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución, 2003-2012, como señalan estudios de FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas sino una simple lista de programas que cada secretaría de Estado realiza, independientemente de las otras involucradas. Esto lo ha señalado el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) en su estudio con la Universidad Autónoma Chapingo sobre la evaluación de la aplicación e impacto del PEC en las UPR de México, realizado en 2006.

El sector es muy importante para el país, pues posee 88 por ciento del territorio nacional y es proveedor de alimentos, agua y otros bienes y servicios de valor estratégico para la vida en el país. La superficie ligada a la producción asciende a 112.5 millones de hectáreas, agrupadas en 5 millones de unidades de producción (UP), y 62.5 millones de hectáreas se localizan en tierras de uso común, propiedad social. De esa manera, por número de pobladores, cerca de 38 millones si se consideran localidades de 15 mil habitantes, por propiedad de la tierra y por los bienes y servicios que otorga, definitivamente, es un sector preponderante para el país.

El Senado de la República, durante la LX y LXI Legislaturas, abordó también el tema de la reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros, pero no pudo concluir.

La Conferencia para la Dirección y Programación para los Trabajos Legislativos de la LXI Legislatura hizo suyo el punto de acuerdo y ordenó a las Comisiones Unidas del Campo –de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Pesca; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Reforma Agraria, y de Asuntos Indígenas–, así como al CEDRSSA y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, que trabajaran en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales:

I. Armonización del marco legal rural;

II. Reingeniería institucional pública;

III. Planeación participativa rural;

IV. Política de Estado de corto, mediano y largo plazos; y

V. Presupuesto integral multianual.

Avances

Para cumplir tan importante tarea, por acuerdo de su comité, el CEDRSSA llevó a cabo seminarios, estudios y análisis, con investigadores multidisciplinarios de diversas instancias académicas y de investigación en los cinco ejes de la reforma, cuyos primeros avances obran en el documento Reforma rural estructural. Primeros resultados, cuyo contenido se presentó en un seminario del mismo nombre en abril de 2012.

Algunos de los principales contenidos y avances preliminares en cada eje son éstos:

Eje I, sobre armonización legislativa rural. En el texto se analizaron cinco materias con múltiples leyes que las abordan. Las materias analizadas fueron las de fundamentos constitucionales del desarrollo rural, la propiedad agraria y el desarrollo rural, legislación forestal y desarrollo rural, legislación pecuaria y la pesca y la acuacultura en el desarrollo rural.

Hay evidencias de lagunas, duplicaciones y contradicciones entre las leyes secundarias y la propia Constitución. Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable. La unificación de obligaciones y cargas y, de manera general, del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo, es una alternativa que sería de utilidad tanto para las autoridades que cuentan con facultades o atribuciones en la materia, como para los productores, que en un único cuerpo legal encontrarían las obligaciones a las que se encuentran sujetos, así como otros elementos que faciliten y estimulen las actividades primarias, secundarias y terciarias relacionadas con el campo en México.

En el eje II, de reingeniería institucional pública, se identifican posibles desencuentros entre el marco legal y el andamiaje administrativo que el gobierno federal ha construido para dar una respuesta integral, eficaz y eficiente a los asuntos del campo y de la alimentación. En particular, se pretende determinar si las instituciones de la administración pública federal y sus programas operativos responden cabalmente a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias relacionadas. Los resultados preliminares del eje señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional-programático de la administración pública federal que atiende al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria.

En el apartado del eje III, de planeación participativa rural, se presenta un análisis de este tema a partir de diversas ópticas, internacionales y nacionales, desde la perspectiva y los límites que impone nuestra realidad legal e institucional, así como los factores socioculturales que como país limitan o favorecen mayores avances en el logro de una planeación participativa.

Si bien hay una ley general de planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación. No hay ley de planeación agropecuaria ni mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos municipales, estatales y nacionales.

En el eje IV, de política de estado de corto, mediano y largo plazos, se abordan diversos aspectos sobre el accionar del Estado y de la sociedad rural, desde la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI, durante los cuales se ha reflexionado a partir del agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones en la década de 1980 y los resultados del actual modelo que inició fundamentalmente en el decenio de 1990 y que abrió la puerta a las reformas estructurales, de primera y segunda generación.

Como resultados iniciales del eje se puede señalar que no hay programas de corto, mediano y largo plazos integrales que reconozcan las marcadas diferencias regionales, productivas y de tipo de productor en cada actividad del sector rural y que falta un enfoque territorial, transversal y concurrente, para asegurar la concurrencia de los recursos federales, estatales y municipales en el nivel municipal. Eso requiere un rediseño institucional ad hoc que armonice las leyes federales y las estatales, que detone y aproveche la participación ciudadana, y que favorezcan la integración y articulación económica regional.

En el eje sobre presupuesto integral multianual se revisan aspectos atinentes al marco legal vigente que señala que diversos mandatos fortalecen la multianualidad, aun cuando los artículos 73, fracción XXVIII, 74, fracción IV, 75 y 134 constitucionales facultan a la Cámara de Diputados, para realizar la revisión, modificación y aprobación anualmente de los programas y montos contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los resultados preliminares del eje indican que el Presupuesto de Egresos de la Federación multianual no es sólo una lista de programas y montos sino interrelación con fines, propósitos, objetivos, metas físicas y financieras e indicadores de impacto por programas y componentes en los corto, mediano y largo plazos y que es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se considere la multianualidad.

Propuesta

Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que realice las gestiones conducentes a incorporar en la agenda de la presente legislatura la “reforma rural estructural”, garantizando que las comisiones ordinarias y las especiales relacionadas directa o indirectamente con la materia incorporen el tema a sus programas de trabajo y den continuidad a las acciones realizadas por la pasada legislatura.

Segundo. Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria, y de Recursos Hidráulicos, las del sector rural y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria continúen los trabajos de la reforma rural estructural y lo incorporen en sus programas de trabajo durante de la LXII Legislatura.

Tercero. Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes sobre los resultados de las actividades realizadas en el marco de la reforma rural estructural.

Cuarto. Que en la reforma rural estructural participen también las comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionados con el sector rural, como son, entre otras, las de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Economía, de Energía, de Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.

Diputados: Marco Antonio González Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Landy Margarita Berzunza Novelo, Pedro Gómez Gómez, Luis Gómez Gómez, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Kamel Athié Flores (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), María Elena Cano Ayala (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Salomón Juan Marcos (rúbrica), Emilse Miranda Munive, Jesús Murillo Karam, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla, Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Laura Barrera Fortoul, Noé Barrueta Barón, Angelina Carreño Mijares, Blanca Estela Gómez Carmona, Irazema González Martínez Olivares, Gerardo Xavier Hernández Tapia, José Isidro Moreno Arceaga, César Reynaldo Navarro de Alba, José Rangel Espinosa, Tanya Rellstab Carreto, Maricruz Cruz Morales, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Javier López Zavala (rúbrica), Josefina García Hernández, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jesús Antonio Valdez Palazuelos (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena, María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut, Verónica Carreón Cervantes, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez, Julio César Flemate Ramírez, Abel Guerra Garza (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Sergio Torres Félix (rúbrica).

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Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII, Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 79, numeral I, inciso II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Proyecto Burgos es productor de gas natural no asociado y condensados desde 1945. Se encuentra localizado en el noreste de México y comprende gran parte de la zona norte del estado de Tamaulipas, así como regiones de los estados de Nuevo León y Coahuila; colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica y al oriente con el margen del Golfo de México. El área de influencia está principalmente en 34 municipios (12 en Tamaulipas, 12 en Nuevo León y 10 en Coahuila).

La extensión del Proyecto Burgos cubre una superficie aproximada de 120 mil kilómetros cuadrados, se ubica entre las coordenadas geográficas de 24º 30' y 29º 30' de latitud y 97º 00' y 102º 50' de longitud y geológicamente comprende dos de las cuatro cuencas productoras de gas no asociado de México: la cuenca de Burgos y la cuenca de Sabinas, así como el área de Piedras Negras.

Dicho gas no requiere refinación ni tratamiento y puede utilizarse en forma casi directa. La explotación y el desarrollo consecuente de la cuenca representan un importante enclave económico para los estados del noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), a fin de lograr un sustancial impulso de la economía regional.

Este desarrollo de Petróleos Mexicanos es importante porque dará a México la posibilidad de satisfacer la demanda actual y la que presente su crecimiento industrial y, más aún, le permitirá exportar, con los consiguientes beneficios para la economía nacional.

El activo integral cuenca de Burgos tiene un elevado efecto en la región noreste del país, por lo que debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado de la economía, ecológico y ambiental, principalmente de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, derivado del desarrollo de acciones responsables en la extracción del recurso no renovable.

Los principales yacimientos de carbón se localizan en tres regiones que, por orden de importancia actual corresponden a Coahuila, Oaxaca y Sonora. También se encuentran evidencias de carbón en otros estados de la república; la región carbonífera de Coahuila, la más importante del país pues representa 95 por ciento de las reservas en México; la minería ha sido una de las principales actividades económicas de su industria, ésta comprende grandes extracciones de diferentes materiales como carbón mineral no coquizable, para producir acero; y coquizable, es decir, que mediante un proceso de destilación se elimina la materia volátil del carbón, quedando un carbón de muy buena calidad que se denomina coque y que es de gran utilidad en la industria siderúrgica (producción de hierro y acero, este último es precisamente una aleación de hierro y carbono) y metalúrgica también se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas, se sitúa en la porción norte-central y se extiende al oriente, hasta incluir una pequeña área de Nuevo León.

Esta región, también designada Cuenca de Sabinas, puede dividirse en dos subregiones. La primera se sitúa al sur de Nueva Rosita y de Sabinas, y se extiende hasta las cercanías de Monclova, y cubre una superficie aproximada de 10 mil kilómetros cuadrados. La segunda se localiza en el área de Nava-Piedras Negras, y se extiende en una franja paralela al río Bravo del Norte; cubre una superficie de aproximadamente 2 mil kilómetros cuadrados y se designa como zona de Fuentes-Río Escondido.

Uno de los recursos energéticos más importantes en nuestro país ha sido el carbón este recurso ha tenido un efecto en la sociedad, como la generación de electricidad a bajo costo.

La expansión reciente del sector eléctrico mexicano se ha basado en la instalación de plantas generadoras con ciclo combinado que utilizan gas natural.

El proceso de gasificación es un complemento para la tecnología, ya que se ha demostrado la combinación del carbón y el coque de petróleo.

La colaboración decidida y responsable de las diversas ramas que integran la actividad industrial, ayudará a desarrollar y actualizar la estadística sobre los recursos energéticos en el país, enriqueciendo el conocimiento de los procesos productivos. Asimismo, estas definiciones proporcionadas servirán como herramientas analíticas para facilitar la toma de decisiones y formular la política energética nacional, coadyuvando tanto a la planeación del sector que procure el suministro oportuno de energéticos a los procesos industriales, como a la implantación de medidas que permitan la producción de energía en el contexto nacional.

Por lo anterior expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b y c y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determine la creación de la comisión especial de la cuenca de Burgos, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. La comisión estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación a la Cámara de Diputados.

Tercero. El objeto es dar seguimiento al Proyecto Cuenca de Burgos y todo aquello que se derive de la explotación del carbón mineral en la región.

Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputados: Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Abel Guerra Garza, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), María de Jesús Huerta Ríos (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer y continuar por la Semana Nacional de la Salud los trabajos realizados en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Alberto Dávila Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con motivo de la Semana Nacional de Salud, cabe resaltar la importancia de difundir programas preventivos exitosos.

En México, la prevención de enfermedades se inició en 1980, cuando se organizaron jornadas intensivas de vacunación con diferente denominación, pero con objetivos similares: primero fueron las fases intensivas de vacunación, después los Días Nacionales de Vacunación, más tarde las Semanas Nacionales de Vacunación, y en la actualidad las Semanas Nacionales de Salud.

En 1980 se iniciaron las actividades de vacunación antipoliomielítica, un año después se iniciaron las fases intensivas de vacunación antisarampionosa, de una semana de duración, las que con un enfoque epidemiológico se efectuaban en la época previa al alza de la incidencia de la enfermedad.

En 1986, en respuesta del exhorto de las Organizaciones Panamericana, y Mundial de la Salud de erradicar la transmisión autóctona del poliovirus salvaje de la región de las Américas para 1990 se implantó, como sustituto de las fases intensivas contra la poliomielitis, la realización de los Días Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica, aplicando vacuna sabin trivalente, en forma indiscriminada a toda la población menor de 5 años de edad, obteniendo magníficos logros; se reportó el último caso de poliomielitis en México en 1990, en Tomatlán, Jalisco.

En enero de 1991 se creó, por decreto presidencial, el Consejo Nacional de Vacunación, como instancia de coordinación y consulta, cuyo objetivo principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado tendentes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez.

Basados en las experiencias nacionales y de otros países, a las acciones de vacunación se agregaron en 1993 otras, como el combate frontal de la mortalidad por diarreas y al efecto negativo de las parasitosis intestinales sobre la salud, la nutrición, el aprovechamiento escolar y el desarrollo de la niñez.

En virtud de las elevadas tasas de mortalidad y de morbilidad infantil producidas por enfermedades diarreicas, observadas en muchos países, la terapia de hidratación oral y la capacitación de madres de familia para el adecuado manejo de los episodios diarreicos ocurridos en el hogar han constituido elementos muy importantes para disminuir el riesgo.

Surgió así la idea de llevar a cabo en el país la transición de las semanas o días nacionales de vacunación a las Semanas Nacionales de Salud, con acciones integradas de atención primaria, en las que, además de la aplicación de vacunas, se ofreciera a la población infantil menor de 14 años de edad otras acciones de salud, como la administración de megadosis de vitamina A, desparasitación intestinal, distribución de sobres de hidratación oral y capacitación a las madres de menores de 5 años de edad en el tratamiento en el hogar de las diarreas.

En octubre de 1993 se iniciaron las Semanas Nacionales de Salud como una estrategia para ofrecer a la población menor de 14 años un paquete de salud, con acciones integradas de atención primaria, cuyo eje central son las acciones de vacunación.

Para 2003, uno de los logros más importantes en materia de salud preventiva fue rebasar la meta histórica de 95 por ciento de cobertura en vacunación con el esquema básico completo para menores de 1 año y se alcanzó una proporción superior a 98 por ciento en niños de hasta 4 años.

A lo largo de la presente administración se han incorporado relevantes vacunas para prevenir la tuberculosis, la tosferina, el neumococo, la hepatitis b, el tétanos neonatal y la poliomielitis; se evitaron con estas acciones más de 300 mil casos de enfermedades cuyo costo rebasaría 50 millones de pesos. Ello prueba que es mejor prevenir que lamentar y remediar.

En la presente Semana Nacional de Salud se aplicarán todas las vacunas para iniciar o completar esquemas en los menores de ocho años, así como toxoide tetánico diftérico a las mujeres en edad reproductiva, principalmente embarazadas, para prevenir el tétanos neonatal.

En dicha jornada se administrarán los biológicos trivalente, contra tétanos, difteria y hepatitis. También se aplicarán las vacunas que niños y adolescentes de entre 6 y 12 años de edad requieran para completar los cuadros de inmunización.

Hoy, en México se cuenta con la universalización de la vacuna contra el virus del papiloma humano, con la que se aplicarán más de 1 millón de vacunas a niñas de entre 10 y 11 años que cursan el quinto año de primaria, así como a niñas de 11 años sin escolaridad.

Dados los antecedentes referidos, y en virtud de que es fundamental lograr mayor prevención y control de las enfermedades en el país y una mejor calidad de vida para las personas, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud a fortalecer y continuar los trabajos realizados en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a través de la Semana Nacional de la Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a cumplir el decreto del Presupuesto de Egresos de Federación de 2012 y liberar los recursos correspondientes, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 12 de diciembre del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la autorización para distintos proyectos culturales que tienen impacto en los estados y los municipios, pero que a la fecha encuentran trabas burocráticas e ineficiencia por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), lo que ha impedido el cumplimento del Decreto aprobado por esta soberanía.

Llaman la atención los siguientes datos del presupuesto para el ejercicio fiscal 2012.

La Cámara de Diputados destinó 1,045,960,018 pesos como ampliación a las instituciones estatales de cultura.

Adicionalmente, se aprobaron 3,231,968,000 pesos para el área de cultura desglosados de la siguiente manera: 1,251,333,271 pesos se destinaron a Proyectos Estatales, mientras que 944,788,619 pesos se etiquetaron a Proyectos Municipales, y para Proyectos no Gubernamentales las suma ascendió a 1,035,846,110 pesos.

La identificación y destino de los recursos se señalaron con precisión y sin lugar a dudas en los anexos del Decreto para proyectos de cultura tanto en el ámbito estatal como en el municipal.

Esos recursos deberían de estarse ejerciendo con agilidad en todo el país, pero lamentablemente no está ocurriendo de esa manera, pues se presentan retrasos y burocratismos. Por esa razón se considera indispensable y urgente la intervención de la Cámara de Diputados.

Así, pese a ser determinación expresa del Poder Legislativo e ignorando la correspondiente publicación oficial, las autoridades de Conaculta han desarrollado un política retardataria, sin atender a las autoridades municipales y no ha liberado gran parte de los recursos correspondientes, aun cuando se le han presentado los proyectos que corresponden sin que generara alguna observación sobre el particular.

Los municipios dependen de esos recursos para desarrollar importantes proyectos en beneficio de la comunidad, y resulta inaceptable que las autoridades locales, tengan que andar haciendo gestiones una y otra vez, que hasta la fecha han resultado infructuosas pese a que cumplen con los requisitos y proyectos que se les han requerido.

La realidad es que a partir de la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación las autoridades municipales realizan reiteradas visitas a las oficinas de Conaculta obteniendo por lo general la misma respuesta: que el trámite se encontraba en evaluación.

Debe decirse que las autoridades atienden el proceso correspondiente, presentando los documentos necesarios: catálogos de conceptos, presupuestos, calendarios con ministraciones, planos estructurales, de cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarios. Todo ello para que se construya el proyecto, sea una la casa de la cultura o una biblioteca.

Pero el año se acerca a su fin y los proyectos estatales y municipales siguen igual: ni se formularon observaciones ni se da la autorización requerida.

Ahora, Conaculta informa, en el caso de muchos proyectos, que está en una condición desfavorable.

Lo que se ha hecho es consumir el tiempo como si la intención fuera los municipios se resignen y simplemente eludir el cumplimiento de una disposición obligatoria como el Decreto aprobado por esta Cámara

Se requiere, por tanto, que Conaculta de cumplimiento al Presupuesto de Egresos de Federación, libere los recursos y que publique un informe en Internet para que pueda ser consultado tanto por los gobiernos de las entidades y municipios como por la sociedad en su conjunto.

No permanezcamos pasivos ante la actitud indolente y francamente retadora de Conaculta ante el decreto de Egresos que aprobó esta Cámara de Diputados.

Al aprobar el punto de acuerdo que les propongo, estaremos enviando un reclamo justificado y en apego a la ley al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que de inmediato le de cumplimiento irrestricto al Decreto del Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio 2012 en materia de proyectos culturales para el Estado de Oaxaca, libere los recursos y por los antecedentes que he expuesto se justifica solicitarle que informe los resultados de manera desagregada por cada municipio, de manera que se pueda verificar el nivel de avance financiero y administrativo de lo que mandató esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento antes señalado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a que de cumplimiento irrestricto al Decreto del Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio 2012 liberando los recursos correspondientes y publique en un plazo no mayor a 30 días un informe de su ejecución de manera desglosada por entidad y municipio.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a todos los programas sociales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el conteo del Inegi al año 2010, las personas que padecían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total.

La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República señaló que cada año se suman a éstas alrededor de 142 mil personas, entre las que sufren malformaciones genéticas, enfermedades vascular-cerebrales, trauma craneoencefálico y parálisis cerebral infantil.

Es necesario resaltar que en el país los estados con mayor riqueza territorial y recursos naturales, como Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se sitúan en los últimos cinco lugares de la clasificación del índice de desarrollo humano a escala nacional.

México ha suscrito diversas convenciones, instrumentos internacionales en materia de no discriminación, tanto en el marco de la ONU como en la OEA, entre las que destacan, por su carácter vinculante, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

El gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo menciona “la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevando los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, a disminuir la pobreza y la exclusión social”.

Sin embargo, las medidas y los programas aplicados para las personas con capacidades diferentes fueron nulos.

La Secretaría de Desarrollo Social considera programas específicos que beneficien a ese tipo de personas, lo cual conlleva a un estado de indefensión que vulnera las garantías consagradas en la Constitución.

Por ello, el diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que debemos encontrar mecanismos legales, políticos, sociales y culturales para incluir en especial a las personas con discapacidad que, por cualquier razón, viven diariamente una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.

Generando, por derecho y por obligación, en las instituciones públicas y en las privadas y en la sociedad, en sus diversas formas de organización, programas de capacitación, apoyo económico, laboral y asistencial que otorguen respaldo a esas valiosas personas que padecen alguna discapacidad, de manera prioritaria, para construirse una vida digna.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación prioritaria de las personas con discapacidad a todos los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes.

Dado en Palacio Legislativoel 4 de octubre de 2012.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la SEP medidas para evitar el acoso y el hostigamiento entre alumnos, profesores y autoridades en los centros educativos del país, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Educación Pública se tomen las medidas necesarias para evitar el acoso y hostigamiento dentro de los centros educativos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Todo sistema educativo debe establecer normas de convivencia, mismas, que se reproducen en toda la sociedad. Nuestra Constitución Política establece como elemento de la educación el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Por ello, el Estado mexicano no puede permitir que la educación se desarrolle en un entorno de violencia para los estudiantes.

En estudios realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) se ha detectado que el 44 por ciento de los alumnos ha vivido algún episodio de violencia; 16 por ciento han sido golpeados, la proporción de alumnos solo de primaria que han sido lastimados físicamente por sus compañeros es del 25 por ciento; al menos el 10 por ciento de los estudiantes de educación secundaria han recibido amenazas por parte de otros estudiantes; los hombres son más agredidos que las mujeres; que los estudiantes que presentan alguna dificultad física o de aprendizaje son más agredidos; los alumnos con calificaciones más bajas son objeto de violencia en mayor grado que los que tienen calificaciones más altas; y que son más agredidos los alumnos que presentan una menor vigilancia por parte de sus padres.

El fenómeno “bullying” no necesariamente se presenta con agresión física o verbal directa, también se manifiesta en conductas de acoso; discriminación, humillación, hostigamiento, acoso electrónico, etcétera. Aunque en mayor medida este fenómeno se da entre estudiantes, también se han encontrado casos de bullying entre profesores y estudiantes o autoridades escolares y alumnos.

Este comportamiento nocivo va en aumento a nivel mundial, y bajo ningún criterio puede considerarse ya como casos aislados.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar (bullying) a nivel de educación secundaria.

Consideraciones

El acoso escolar tiene repercusiones graves en la salud de los alumnos y de la sociedad. Un estudiante que ha sufrido el acoso escolar de manera prolongada puede presentar, bajo rendimiento académico, baja autoestima, miedo, terror nocturno, angustia, depresión y demás trastornos psicológicos que pueden desencadenar la muerte por suicidio.

Esta clase de violencia debe de ser erradicada de nuestro país para asegurar que las generaciones en crecimiento no sean de personas que reproduzcan la violencia social vivida en la infancia y adolescencia.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ocupado en propiciar un entorno social idóneo para el aprendizaje en las aulas de todo el territorio nacional, considera pertinente que se realicen políticas públicas a fin de prevenir dicha clase de comportamiento, al igual que incentiven la cultura de la tolerancia, el respeto y la seguridad. De esta forma, garantizar el derecho de los alumnos a desenvolverse en un entorno libre de violencia y discriminación.

Deber del Estado es velar por la seguridad, bienestar y máxima felicidad de los ciudadanos, pero más aún de los alumnos en los centros escolares en las horas de clase. Por ello, resulta de suma importancia que el gobierno federal tome acciones determinantes para generar un ambiente de convivencia sano en las escuelas y recintos educativos sobretodo de carácter público.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Educación Pública se tomen las medidas necesarias y suficientes para evitar conductas de acoso y hostigamiento entre los alumnos, profesores y autoridades en los centros de educación y enseñanza de todo el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de citricultura, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Coordinación del Estado de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante este Pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree la Comisión Especial de Citricultura, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ocupa el cuarto lugar mundial en la producción de cítricos, solo superado por Brasil, Estados Unidos e India, con una extensión total estimada en 553 mil 411 hectáreas; ésto, en 27 estados del país, los cuales produjeron en 2009, más de 7.5 millones de toneladas (datos de Faostat). Esto significa que nuestros niveles de productividad (rendimiento promedio por hectárea) se han incrementado en los últimos años. Sin embargo; tenemos la oportunidad de incrementar aún más nuestros rendimientos por las condiciones climáticas y la posición geográfica, que nos pueda convertir en un país exportador de mayor importancia a nivel mundial.

Esta actividad agrícola enfrenta actualmente una crisis como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la actual contracción del mercado internacional, por lo que son necesarios nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan impulsar ventajas competitivas a nivel internacional.

Cabe resaltar que las Legislaturas pasadas de la Cámara de Diputados fueron sensibles a la problemática citrícola en nuestro país al crear la Comisión Especial de Citricultura, la cual dio puntual seguimiento al presupuesto asignado, la legislación y el logro de proyectos, para impulsar el desarrollo sustentable del sector en su conjunto.

Es importante que esta soberanía siga estimulando los trabajos de evaluación y seguimiento de políticas públicas que impactan al sector citrícola nacional.

Del total de la producción nacional, cerca de 90 por ciento se dirige al consumo interno y el restante 10 por ciento para la exportación. Cerca de 53 por ciento de la superficie sembrada y cosechada del país se concentra en Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y Sonora.

Es oportuno señalar que los cítricos nacionales compiten a nivel internacional por su calidad, precio y nivel sanitario, y son fundamentales para mejorar la salud nutricional de la población en general, sobre todo ante la reciente pandemia de la influenza humana. Por ello, debe impulsarse una adecuada e intensa promoción de las ventajas nutricionales de los cítricos en nuestro país.

Actualmente, los productores se enfrentan a barreras fitosanitarias y diferenciación con el mercado estadounidense, lo que limita los volúmenes y costos de exportación de los cítricos nacionales, por lo que resulta necesario realizar modificaciones legales especificas para impulsar al sector citrícola, sobre todo para incorporar mayores productos al esquema de impulso estratégico considerado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la producción y actividad citrícola, viven más de 20 millones de jornaleros, quienes aspiran a una mejor calidad de vida a través de la estabilidad laboral, una mejor vivienda, educación y servicios de salud para ellos y sus familias.

Por tanto, resulta necesario un espacio institucional que promueva acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, productores y comercializadores, ante riesgos sanitarios y climáticos que puedan afectar los volúmenes de producción de cítricos nacionales, así como también se requiere impulsar un mayor grado de tecnificación y de manejo integrado de los productos citrícolas, a fin de disminuir la diferenciación en la cadena productiva que actualmente es poco homogénea en precios al consumidor.

Estas actividades, las realizaremos con una perspectiva plural y multipartidista, dentro del marco de las facultades legislativas, presupuestales, de debate y consulta pública, así como de control evaluatorio que tiene esta representación

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea se forme la Comisión Especial de Citricultura, que tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, asimismo, realizará las gestiones pertinentes en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable de dicha industria.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero. La Comisión Especial se compondrá por 16 representantes de todos los grupos parlamentarios: seis del PRI, tres del PAN, tres del PRD, uno del PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Tendrá una Junta Directiva integrada por una presidencia y dos secretarías. Se le proveerá de los recursos técnicos y materiales contemplados para estos cuerpos colegiados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2012.

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Román Alfredo Padilla Fierro, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que contribuya a la seguridad alimentaria del país, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, Luis Miguel Ramírez Romero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial para garantizar la seguridad alimentaria en el país, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hay seguridad alimentaria cuando “toda persona en todo momento tiene acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y activa”.

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado considerablemente desde 1945. La comunidad internacional consagró ésta como uno de los derechos humanos fundamentales.

Como determina el boletín de la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, AC, a partir de 1973 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) propuso un compromiso internacional sobre seguridad alimentaria mundial, que fue adoptado en la Conferencia mundial de la alimentación, en 1974, por 82 estados miembros y por la Unión Europea.

En un primer momento, la inseguridad alimentaria se planteó como un problema individual, al margen del ingreso y poder adquisitivo del individuo. Posteriormente se incorporaron factores como la producción suficiente, la estabilidad de la oferta en un grado máximo y la garantía individual para obtener los alimentos por el mejoramiento del poder adquisitivo.

Según determinó la Sagarpa en 2004, garantizar la seguridad alimentaria exige esfuerzos multisectoriales. Se trata de un proceso dinámico estrechamente vinculado al combate de la pobreza, el desarrollo de capacidades humanas, la creación de empleo y la generación de ingresos que contribuyan a garantizar a todos los seres humanos el acceso a los alimentos básicos que necesitan para una vida activa y saludable.

En el presente año, en el marco de la conferencia Seguridad alimentaria, economía y nutrición: un desafío permanente, la académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana Mireya Vilar Compte manifestó que de la población mexicana, 18.8 por ciento no puede tener acceso a una alimentación básica.

Recientemente, Economist Intelligence Unit publicó el índice global de seguridad alimentaria, que sitúa a México en el número 30 de un total de 105 países. El índice evaluó la seguridad alimentaria con base en las dimensiones definidas por la FAO, en accesibilidad, disponibilidad y utilización.

En el marco de la evaluación de cada una de estas dimensiones, el puntaje de México se colocó en 67.7 en escala del 1 al 100, donde 100 sería la seguridad alimentaria absoluta que, por obvias razones, ninguno alcanzó.

México es en general un país que come y bebe mal. Por ejemplo: ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil; el segundo en obesidad en población mayor de 15 años. Asimismo, el segundo lugar mundial en consumo de refrescos embotellados y el tercer lugar en consumo de alcohol a nivel latinoamericano. Estas cifras muestran un problema grave de salud pública nacional. Tienen que ver con enfermedades físicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares y también con enfermedades emocionales como la depresión y baja autoestima, por ejemplo, que ya son una preocupación real que afecta la salud de los mexicanos y existen recomendaciones a nuestro gobierno por parte de organismos internacionales para que se tomen medidas de solución.

En México, la inseguridad alimentaria comenzó a situarse en la agenda nacional a partir de la década de los años ochenta. No obstante el tema sería retomado en los últimos años a consecuencia de las crisis heredadas por la que atraviesa el campo mexicano tras la apertura comercial del país, lo que aumentó nuestra vulnerabilidad alimentaria extrema, pues se realizó de manera desventajosa para la agricultura mexicana.

A la grave crisis agrícola y alimentaria se suma la disminución de la mano de obra en el campo porque grandes cantidades de campesinos emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. A lo que se suma el incremento de la dependencia de la importación de alimento, lo que coloca a México en una situación de vulnerabilidad alimentaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2006, elaborada por la Inegi, de los más de 100 millones de mexicanos, 44.7 millones vivían en condiciones de pobreza. De ellos, 14.4 millones se encontraban en situación de pobreza alimentaria, de los que 5.0 millones están en zonas urbanas y 9.4 millones en zonas rurales.

La seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental, por lo que es necesario garantizar el acceso a alimentos de calidad y a una sana nutrición. Uno de los retos para alcanzar la seguridad alimentaria en el país es la producción de alimentos suficientes a bajo costo, garantizar el abasto y la obtención de los mismos, preservar el medio ambiente, mediante esquemas de producción óptimos de aprovechamiento de los recursos.

El gobierno federal destinó en el presente año un monto histórico de 33 mil 827 millones de pesos, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria del país.

Por eso, ante las medidas enérgicas que en los últimos años ha realizado el gobierno federal para garantizar la seguridad alimentaria, se requieren mecanismos externos para lograr el objetivo final. Por eso, desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera importante la necesidad de crear la comisión especial que contribuya a lograr la seguridad alimentaria en el país.

Una de las tareas fundamentales de la comisión especial en los tres años de legislatura será llevar a cabo análisis e investigaciones encaminadas a resolver la problemática, incluyendo el desarrollo de legislaciones que permitan el desarrollo de tecnologías y de cooperación institucional, así políticas que faciliten el desarrollo de los sectores involucrados y de las cadenas productivas.

La seguridad alimentaria debe tener como base una economía interna con crecimiento sostenido por medios eficientes de distribución del ingreso para la recuperación del poder adquisitivo, para ello, es necesario implementar un enfoque integral de seguridad alimentaria, que contribuya al crecimiento económico, a la conservación del ambiente, y que lleve al desarrollo humano.

Por lo expuesto, me permito proponer ante la Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial que contribuya a la seguridad alimentaria en el país.

Segundo. La comisión especial se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero. Los recursos técnicos, financieros y humanos para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos, o bien ante la Junta de Coordinación Política.

Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del 73 constitucional, en materia de desarrollo integral de los jóvenes, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.

El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió la minuta del dictamen con el proyecto de decreto en mención, turnándolo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

La importancia del dictamen en comento radica en dos aspectos fundamentales:

• Se reconoce expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral, mediante la protección de sus derechos humanos y garantías individuales, por lo que se propone adicionar un párrafo al artículo 4o. de nuestra Carta Magna; y

• Se faculta expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el objeto de que el Poder Legislativo pueda expedir las leyes necesarias que determinen la concurrencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Se trata de un dictamen que contiene temas de interés nacional porque por primera vez en la historia de este Poder Legislativo, se eleva a rango constitucional el derecho de la juventud mexicana al desarrollo integral, mediante la protección de los derechos humanos y las garantías individuales reconocidas en nuestra Carta Magna, a través de mecanismos de colaboración y coordinación del gobierno federal, de las entidades federativas y fundamentalmente de los municipios.

Nos encontramos frente a la oportunidad de atender las condiciones de rezago social, económico y cultural en las que se encuentran 36 millones de jóvenes en nuestro país, una tercera parte de nuestra población total sin la posibilidad de satisfacer sus demandas básicas de educación, salud, recreación y empleo digno bien remunerado.

De no ser aprobado el dictamen que hoy nos ocupa, estaremos ignorando el reclamo de millones de jóvenes que exigen espacios de libre expresión, participación y transparencia en el ejercicio del poder público; que se manifiestan a diario contra el viejo esquema clientelar y asistencialista del régimen autoritario que trataba con menosprecio la opinión de las nuevas generaciones.

Las y los jóvenes necesitamos esta reforma constitucional, así como su marco reglamentario para instrumentar políticas públicas que atiendan de manera integral e innovadora nuestras necesidades en todo el ciclo educativo obligatorio; que atiendan nuestra salud sexual y reproductiva; que prevengan todo tipo de adicciones, pero fundamentalmente, que eviten el ingreso de miles de jóvenes a las filas de la delincuencia organizada y el narcotráfico ; que detengan el uso de la violencia en todas sus dimensiones y que nos permitan superar la pobreza económica y alimentaria .

El dictamen que aguarda para su estudio y votación en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobado por los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y de todas las fuerzas políticas aquí representadas, establece la intervención conjunta, coordinada y eficaz de los órganos de gobierno, en sus tres niveles, para que en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las políticas y acciones necesarias que garanticen el desarrollo integral de los jóvenes.

Por otra parte, con la aprobación del dictamen, estaríamos homologando nuestra legislación con instrumentos internacionales en materia de atención y desarrollo de la juventud, como por ejemplo, la Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, el Programa Mundial de Acciones para la Juventud y el Foro Mundial de Juventud, ambos del Sistema de Naciones Unidas, así como la Declaración de Lisboa de 1998, entre otros, sólo por mencionar algunos de los tratados internacionales que se estarían atendiendo si se aprobara la reforma.

Las y los legisladores jóvenes que suscribimos, consideramos que debe avanzarse en el reconocimiento explicito de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación del Estado mexicano de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de sus garantías individuales y derechos fundamentales.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único . Se exhorta al Senado de la República como cámara revisora, y en específico a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que dictaminen a la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida para su estudio y votación el 6 de marzo de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, a cargo del diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Jorge Herrera Delgado, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de crear una comisión especial para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La transparencia y la rendición de cuentas en las actividades de orden público, son factores indispensables para el fortalecimiento de nuestra democracia y elemento sustancial para nuestro estado constitucional de derecho.

Para Luis Carlos Ugalde, la rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios, para informar a sus mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal, que implica sanciones en caso de incumplimiento.

A decir de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a la autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.

Segunda. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje 5.5, “Transparencia y rendición de cuentas”, reconoce que con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 11 de junio de 2002, se permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del Gobierno Federal, cubriéndose un profundo vacío legal e institucional.

El propio plan señala que en el ámbito estatal se han dado avances, ya que actualmente todas las entidades federativas cuentan con una ley sobre estas materias, aunque sería deseable establecer criterios homogéneos para evitar asimetrías en el ejercicio de este derecho.

Tercera. Nuestro país ha sido evaluado por diversas organizaciones y organismos internacionales en materia de corrupción y gobernanza, a continuación algunas de estas evaluaciones:

Índice de Percepción de la Corrupción

Medir las percepciones de corrupción dentro de un país. El índice se basa en los resultados de encuestas llevadas a cabo por diversas instituciones, así como entrevistas a analistas y expertos. Refleja la opinión de empresarios y analistas sobre los niveles de corrupción presentes en cada país.

Elaborado por Transparencia Internacional

www.transparency.org

Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial

Medir la gobernabilidad de un país de acuerdo a 6 indicadores: Voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. La información se obtiene por medio de encuestas a población abierta, encuestas a sectores específicos de la población, análisis de expertos, reportes de organizaciones no gubernamentales y estudios sobre riesgo país.

Elaborado por Banco Mundial

www.worldbank.org

Índice sobre Fuentes de Soborno

Analiza qué tan propensas son las empresas de los principales países exportadores a ofrecer sobornos en el extranjero. Se construye a partir de entrevistas a altos ejecutivos.

Elaborado por Transparencia Internacional

www.transparency.org

Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria

Mide que tan transparente es un país en presentar datos sobre su presupuesto.

Elaborado por Fundar

www.fundar.org.mx

Índice de Competitividad Global

Mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Comprende 12 categorías –los pilares de la competitividad que, de manera conjunta, ofrecen un panorama integral de las perspectivas de competitividad de un país. Se calculan a partir de datos disponibles al público y de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, encuesta anual llevada a cabo por el WEF junto con su red de institutos asociados.

Elaborado por Foro Económico Mundial

www.weforum.org

Índice de Integridad Global

Mide los mecanismos anti-corrupción y de gobernanza a nivel país. Para ello, se enfoca en valorar elementos que inhiben o dificultan actos corruptos. Utiliza más de 300 Indicadores sobre temas como Integridad, Estado de Derecho y Gobernabilidad de un país. Se incluyen indicadores de percepción, investigaciones periodísticas, e indicadores de índole cuantitativos, como encuestas y valoraciones de expertos académicos y líderes de opinión.

Elaborado por Global Integrity

www.globalintegrity.org

Barómetro Global de la Corrupción

Medir las experiencias y opiniones del público en general acerca de los niveles de corrupción en sus países y los esfuerzos que realizan los respectivos gobiernos para combatir la corrupción. El Barómetro complementa las perspectivas de los analistas de país y los empresarios del Índice de Percepción de la Corrupción y del Índice de Fuentes de Soborno de Transparency International, recabando las percepciones del público en general acerca de cómo las instituciones clave se ven afectadas por la corrupción.

Elaborado por Transparencia Internacional

www.transparency.org

Informe Global de la Corrupción

Ofrecer una perspectiva única sobre el estado mundial de la corrupción y de los numerosos esfuerzos realizados para combatirla. En 2010, el informe analiza en forma exhaustiva los principales riesgos de corrupción relacionados con cuestiones climáticas.

Elaborado por Transparencia Internacional

www.transparency.org

Report on Revenue Transparency on Oil and Gas Companies

Evaluar los niveles de transparencia de empresas líderes en el mundo en materia de petróleo y gas. En el Reporte 2011, la evaluación comprende una muestra de 44 empresas y se orienta a tres áreas estratégicas: información sobre sus programas para luchar contra la corrupción, difusión de sus sistemas de organización y difusión a nivel nacional de sus estados financieros y técnicos.

Elaborado por Transparencia Internacional

www.transparency.org

Encuesta de Presupuesto Abierto

Mostrar la calidad de la transparencia en el ingreso y gasto de los gobiernos.

Elaborado por International Budget Partnership

www.internationalbudget.org

Latinobarómetro

Medir la calidad institucional y de la democracia en América Latina, a través de la aplicación anual en 18 países de alrededor de 19,000 entrevistas.

Elaborado por Latinobarómetro

www.latinobarometro.org

Cuarta. De la lectura y análisis de las evaluaciones presentadas en el numeral anterior, se desprende que enfrentamos graves rezagos en materia de transparencia y rendición de cuentas y que en nuestro país existe un largo camino por recorrer a fin de impulsar las acciones legislativas y de política pública para combatir la corrupción, el uso indebido de los recursos públicos y fortalecer un gobierno eficiente y de resultados claros para la sociedad.

Quinta. En este contexto resulta necesaria la instalación de una comisión especial para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, que mediante las siguientes tareas pueda contribuir desde el Poder Legislativo federal a fortalecer procesos que brinden al ciudadano certeza en el ejercicio de gobierno:

• Elaboración de un diagnóstico nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

• Propuestas legislativas a fin de homogeneizar en las entidades federativas el ejercicio del derecho a la información a través de un marco jurídico nacional.

• Impulsar en la legislación nacional las reformas que resulten necesarias para promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la protección de datos personales.

• Brindar un cauce de atención ciudadana mediante foros, consultas y mesas de trabajo que deriven en propuestas de iniciativas.

• Participar en el análisis de la cuenta pública y coadyuvar con su opinión con los organismos respectivos de la Cámara de Diputados.

• En materia presupuestal, dar seguimiento a las acciones de las instituciones encargadas de facilitar el acceso a la información pública gubernamental promoviendo los recursos necesarios que les permitan desarrollar su función bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea se para que se constituya la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, cuya duración será el periodo de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación y funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas, debiéndosele proveer de los recursos técnicos y materiales contemplados para estos cuerpos colegiados.

Tercero. La Junta de Coordinación Política establecerá el número de sus integrantes así como el número de secretarías que tendrá su mesa directiva, reflejando en todo caso la proporcionalidad de los grupos parlamentarios que integran el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a reforzar la correcta ejecución de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior en recinto fiscal y aplicar estrictamente conforme a la normativa el desaduanamiento libre, al activar el mecanismo de selección automatizada, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Por lo que concierne a las operaciones de importación que efectúan los pasajeros internacionales, el artículo 50 de la Ley Aduanera ordena que, una vez efectuado el pago de las contribuciones del particular, tiene en consecuencia la opción de solicitar el reconocimiento aduanero de las mercancías; o bien, activar el mecanismo de selección automatizado (o “semáforo aduanal”) que determinará, según el mecanismo de manera aleatoria, si corresponde o no que se le efectúe un reconocimiento de mercancías.

II. La fracción IX del artículo 144 de la Ley Aduanera faculta a autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para inspeccionar y vigilar en forma exclusiva el manejo, el transporte o la tenencia de las mercancías en los recintos fiscales.

III. Si en el recinto fiscal hay la posibilidad del reconocimiento aduanero y es activado el mecanismo de selección automatizada que determine el “desaduanamiento libre”, entonces la autoridad aduanera no estará facultada para practicar reconocimiento alguno y menos aun con apoyo en alguna orden de verificación de mercancía de comercio exterior en transporte, pues en consecuencia transitar es ir de un lugar a otro, mientras que transportar es llevar cosa o cosas de un lugar a otro, como en el caso de una aduana a otra, como se establece en el artículo 124 de la propia Ley Aduanera.

IV. La determinación de desaduanamiento libre constituye una resolución favorable a los particulares conferida en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, no puede revocarla motu proprio la autoridad ni, en obviedad, puede dictarse una orden de verificación física en las propias instalaciones de la autoridad aduanera atendiendo al hecho sustancial de que el particular somete a la autoridad sus mercancías para su posible verificación, previa declaración y pago de contribuciones que de ellas ya se hizo. En consecuencia, cualquier orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte resulta ilegal, así también por la circunstancia de que la mercancía no se encuentra en transporte sino en un recinto fiscal.

V. El artículo 43 de la Ley Aduanera establece que el reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto a las mercancías importadas o exportadas; y no obstante, sólo el reconocimiento aduanero es susceptible de practicarse por los agentes o inspectores de aduanas sin orden previa de autoridad competente. Sin embargo, ante la activación del mecanismo de selección automatizado y arrojando como resultado el “desaduanamiento libre”, queda entonces la autoridad impedida para practicar reconocimiento alguno; en consecuencia, también es contradictorio.

VI. Se hace necesario reforzar la aplicación de los procedimientos debido a que se prestan a malas interpretaciones, aunado a la falta de conocimiento de pasajeros de viajes internacionales que arriban a los puntos de internación en aeropuertos, puerto marítimos y puntos fronterizos, y ocurre que el mayor porcentaje de ellos es connacional que retorna al país en calidad de deportado o retorno voluntario.

VII. Se ha generado jurisprudencia en materia contencioso-administrativa al respecto, donde se determina precisamente la falta de justificación para que las autoridades realicen revisiones ante el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección automatizada.

VIII. Son imperativos la aplicación y el refuerzo de los procedimientos con un criterio preventivo debido a la época de invierno que se avecina, cuando muchos connacionales ingresan o regresan a territorio nacional.

Por lo expuesto, con carácter de urgente u obvia resolución se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a reforzar en ejercicio de sus funciones la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior en recinto fiscal, y aplicar estrictamente, conforme a la normativa, el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección automatizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía del municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Graciela Saldaña Fraire, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo de Quintana Roo, a efecto de que respete la autonomía del municipio de Benito Juárez.

Consideraciones

“La autonomía es un requisito para la eficacia.”Jack Lang

Nuestra Carta Magna es clara al establecer competencias y facultades para cada órgano de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, es decir se les otorga cierta autonomía para el debido funcionamiento de dichos órganos y así se le pueda otorgar a la población la garantía de un adecuado funcionamientos tanto de obras como de servicios públicos, sin solapamientos ni excesos inútiles, por mero voluntarismo o motivos diferentes al bien público.

Independientemente de la afiliación que se sustente en cuanto a la naturaleza del municipio, éste forma parte del estado y jurídicamente le está subordinado, aunque con un estatuto legal que le otorga una esfera de competencias para ser ejercidas autónomamente. En otras palabras, el municipio es la institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un concejo o ayuntamiento, y que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de un estado. Particular importancia tiene la apreciación del Municipio en la estructura del Estado federal mexicano, ya que, en cuanto a su organización y estructura, establece tres esferas competenciales: la federal, la estatal y la municipal. El texto constitucional, en sus diversos preceptos, deja clara esta diferenciación, por lo que se suele denominar a estas esferas competenciales como “órdenes de gobierno”.

Esta recapitulación resulta pertinente, porque que en las últimas semanas el Ejecutivo del estado del Quintana Roo ha estado realizando actividades de obras públicas que le corresponden a los ayuntamientos del estado, por lo que está vulnerando la autonomía que le otorga nuestra ley suprema a estos ayuntamientos, especialmente me enfoco al ayuntamiento de Benito Juárez, donde el gobernador de estado Roberto Borge Angulo se ha dedicado a pintar parques con los colores institucionales del Partido Revolucionario Institucional, partido político al cual representa, por lo que no sólo vulnera esta autonomía municipal sino que también actúa en contra del programa federal de la Sedesol, el cual ya ha remozado tales parques, denominado “Rescate de Espacios Públicos”, de conformidad en las reglas de operación del programa referido en su numeral 8.1 párrafo 6o. que establece:

“...

En todos los espacios públicos intervenidos, el ejecutor deberá asegurar la presencia en áreas visibles y fachadas del logotipo de la Sedesol, con la firma del gobierno federal, integrando el símbolo de “Vivir Mejor”.

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos es clara al manifestar en el artículo 115 lo siguiente:

“...

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

(...)

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

(...)

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento...”

Así como la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Quintana Roo manifiesta en el

“...

Artículo 147. Los municipios del estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

(...)

h) Calles, parques y jardines y su equipamiento...”

Podría seguir mencionando las demás normas jurídicas en relación al tema, pero creó que con las anteriormente mencionadas queda claro que el Ejecutivo está realizando obras que le corresponden al Ayuntamiento y por lo tanto está vulnerando su autonomía municipal, sin que medie programa o coordinación, ni mucho menos la racionalización de los recursos.

Cabe recalcar que esto lo está realizando por razones meramente electorales, sin pretender realmente ayudar a la ciudadanía, ya que se están desperdiciando el presupuesto en acciones marginales y de relumbrón que duplican labores en sitios donde ya ha trabajado el Ayuntamiento, cuando lo debería utilizar en acciones que les corresponden a su esfera competencial y en labores que realmente necesita la población, queda claro que estas faenas las están realizando debido a las próximas elecciones que se llevaran a cabo en el estado de Quintana Roo.

Estas acciones se han endurecido en recientes días con el acoso del Partido Revolucionario Institucional, que exige rendición de cuentas relativas a la empresa paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) que resolvió el problema de la basura en el municipio, esta petición emana del gran éxito de ha sido la Siresol, no porque hubiera opacidad o transparencia en ella, lo que queda claro en las artimañas que el PRI empezará a utilizar para posicionarse a los votantes en las próximas elecciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía municipal del ayuntamiento de Benito Juárez y respete las facultades y competencias que nuestra ley suprema les otorga a cada órgano de gobierno.

Distrito Federal, a cuatro de octubre de dos mil doce.

Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la cuenca del sistema Cutzamala, a cargo de la diputada Blanca Esthela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Blanca Estela Gómez Carmona, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hay una relación imprescindible entre el agua y la supervivencia de las especies. Para el caso del hombre, nuestro desarrollo no sólo biológico sino tecnológico y energético depende de este líquido. Pese a esto y de forma irónica, nosotros mismos estamos agotándolo. Claro ejemplo de ello es el daño irreversible que ha sufrido la cuenca del sistema Cutzamala (SC) después de 27 años de funcionamiento; los municipios que forman esta área geográfica no se han beneficiado con el mismo sistema, y sí incrementado su deterioro.

El Instituto Nacional de Ecología concibe el SC como el conjunto de obras de infraestructura hidráulica encargado de dotar a la Ciudad de México de agua potable desde 1982. Dicho sistema se compone principalmente de siete presas: Tuxpan, El Bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Acorde con esta institución, las seis subcuencas que abastecen a las siete presas del SC tienen una superficie prioritaria de 339 mil 637 hectáreas y cuenta con un volumen total de almacenamiento de agua de 807.23 millones de metros cúbicos (mm3). Un acueducto de acero y concreto de 205.7 km, con diámetros entre 1.07 y 3.5 m; 43.99 km de túnel y 72.55 km de canales de cielo abierto; la planta potabilizadora Los Berros, con 5 módulos de 4 mil l/s cada uno, y 6 grandes plantas de bombeo, que en conjunto vencen un desnivel que supera mil 100 m.

El cambio de uso del suelo para ampliar la superficie agropecuaria ha disminuido las áreas boscosas de las subcuencas del SC; éstas conservan menos de 50 por ciento de cobertura forestal; la superficie agropecuaria abarca justo 50 por ciento y las áreas urbanas y los cuerpos de agua apenas si ocupan 2 por ciento del área. Así pues, cerca de 90 mil hectáreas presentan erosión significativa.

Hay una necesidad urgente de trabajar en sistemas de conservación de suelo y agua, así como en la reconversión hacia el uso forestal de estas áreas, con el propósito de regularizar mayor capacidad de retención y filtración del agua de lluvia, y fundamentalmente la conservación del suelo, mejorando así la cantidad, permanencia y calidad del agua del sistema.

Respecto a la calidad del agua, un estudio realizado en 1999 en los dos embalses del SC mostró que cumplen los límites establecidos para fuentes de abastecimiento de agua potable, pero con una notable disminución de transparencia del líquido causada por el aporte de materia orgánica cruda que se descarga a los afluentes del embalse: basuras domésticas o aguas residuales crudas.

De igual forma, se han detectado grupos planctónicos en el embalse de Villa Victoria y de Valle de Bravo, los cuales han llegado a provocar muerte de peces, liberación de toxinas y sabores desagradables en el agua para consumo humano. Esto se debe al uso excesivo de fertilizantes en las zonas agrícolas y su lavado hacia los cauces y embalses.

Complementariamente, la calidad microbiológica de las aguas de la presa de Valle de Bravo está afectada por la entrada de bacterias de origen fecal que llegan por los afluentes. Esto se genera por el incremento poblacional en los alrededores sin los servicios de sistemas de agua potable y drenaje ni de tratamientos de aguas residuales.

Es claro que hemos dejado de lado el hecho de que una agua suficientemente tratada antes de que descargue a los embalses del SC será de mejor calidad y más económica en su potabilización.

En los últimos 10 años, el promedio de agua del SC ha sido de 14.7 m3/s para abastecer aproximadamente a 15 millones de habitantes de la capital del país y municipios de la zona conurbada del estado de México, incluyendo una dotación cercana a 1 m3/s para el valle de Toluca.

Éste es un esfuerzo tecnológico significativo, pero al mismo tiempo irresponsable, que la naturaleza no tardó en cobrarnos. En el caso del SC, este año se obtuvo sólo 55 por ciento de la capacidad de almacenamiento de agua. Eso desencadenó que la Conagua, la Comisión de Agua del Estado de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México hayan tenido que establecer esquemas de coordinación muy estrechos para enfrentar la escasez de agua e, incluso, para prever el estiaje de 2012.

Las campañas que cada dependencia ha lanzado para concienciar a la población sobre el déficit de abasto de agua son insuficientes. No se ha logrado mayor eficiencia en la administración del agua, en la corrección de fugas y falta de mantenimiento que provocan la pérdida de hasta 4 m3/s en el sistema, en el pago del costo real del agua y de su tratamiento ni, mucho menos, en el abatimiento de la extracción ilegal del líquido.

Por todo lo mencionado, se tiene que trabajar corresponsablemente en la aplicación efectiva de la ley. Gobierno y sociedad tenemos la responsabilidad ambiental, social y económica de colaborar para lograr la recuperación armónica de la cuenca y el eficiente funcionamiento del SC, pues es real que nos estamos quedando sin agua.

Al Congreso de la Unión corresponden la asignación de los recursos presupuestales necesarios, la supervisión de los trabajos correspondientes y la atención de las demandas de las zonas urbanas usuarias y las de las cuencas productoras del agua.

En este esquema, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente propuesta, que incluye las siguientes

Acciones prioritarias

1. Promover la construcción de una red de centros integrales de reciclaje y disposición final de residuos, cumpliendo la normativa correspondiente.

2. Que los municipios de la región cumplan el desarrollo y la aplicación de los programas municipales de residuos municipales.

3. Desarrollar un programa de mantenimiento, limpieza de basura, podas y derribos preventivos de arbolado en las carreteras y barrancas.

4. Impulsar la reconversión forestal de áreas agropecuarias abandonadas y erosionadas, así como especialmente las que tienen pendientes mayores de 30 grados.

5. En el tema agropecuario, promover la instalación de cercos vivos, terrazas en contorno, abonos verdes, cultivos múltiples integrados y uso de composta, entre otros.

6. Ordenar la actividad de acuacultura en la región e incrementar los esquemas de transformación, conservación y comercialización de los productos derivados de esta actividad.

7. En el tema de planeación, incorporar la coordinación y el análisis de los programas de manejo de otras áreas protegidas estatales, así como los esquemas de ordenamiento y planes rectores de ordenamiento y conservación existentes en la zona.

8. Mayor participación de la sociedad civil en la organización y toma de decisiones del Consejo de Cuenca del Valle de México y de las comisiones de cuenca.

9. Evitar las fugas y la extracción clandestina de agua de los canales de la Conagua, incluso con un pago compensatorio por dicho organismo a campesinos que pudieran ser afectados por el no riego; asimismo, tecnificar el riego.

10. Iniciar en 2012 el programa especial de reforestación para las subcuencas del SC, realizando la concertación y las obras de preparación de suelo en el año en curso.

11. Impulsar los proyectos de cosecha de agua pluvial, ordenar el uso indebido del agua, evitando salidas de agua de la cuenca, erradicar las tomas clandestinas y resolver la problemática de la unidad de riego de Capilla Vieja.

12. Promover acuerdos que beneficien a la población a través de este órgano legislativo para la recuperación de pozos de la parte alta de la cuenca de la presa Villa Victoria.

13. Generar mayor transparencia en los datos de entrada y de salida de agua a las presas, y más equidad en el uso y en el pago del agua en el Distrito Federal e incrementar el esquema de pago por servicios ambientales para los dueños del bosque para asegurar la conservación del agua.

14. Implantar la conservación y protección del agua como una política de Estado plural, trabajándose primordialmente en la modernización y corrección de fugas en las redes de distribución.

Para tal fin, es necesario un espacio de análisis, evaluación y discusión en la Cámara de Diputados a efecto de promover acciones legislativas para lograr esos objetivos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a someter a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial para la cuenca del sistema Cutzamala.

Segundo. La comisión especial estará formada de manera plural por diputados del Distrito Federal y los estados de México y Michoacán, de manera proporcional a su representación popular, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, las estatales y las municipales respectivas u organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. La comisión especial durará la totalidad de la LXII Legislatura o hasta que se agote su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 4 de octubre de 2012.

Diputada Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para regular tarifas eléctricas y revisar el plan hídrico de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del Estado de Tabasco, con base en los siguientes

Antecedentes

Tabasco, se encuentra atrasado por más de 20 años en obras hidráulicas para prevenir las inundaciones en la entidad, que dejan pérdidas cada año.

Aunque se contempló que concluirían antes de finalizar el gobierno Felipe Calderón, el plan de 9 mil millones de pesos que buscaba acabar con el problema de las inundaciones en Tabasco, se ha convertido en una serie de obras interminables que requerirán mantenimiento anual e inversiones por lo menos hasta 2030.

A la fecha, los tabasqueños han visto dos planes de obras contra inundaciones: el Plan Integral contra Inundaciones, Pici (2003), que invirtió 2 mil 600 millones, y el Plan Hídrico Integral de Tabasco –PHIT– (2008), en el que se gastaron casi 8 mil mdp. Como recuento histórico, cabe señalar que:

En 1996: Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo encargan a Conagua, CFE, UNAM e Instituto Tecnológico del Agua integrar el Gran Visión-Proyecto Integral contra Inundaciones en Tabasco, tras el paso de los huracanes Opal y Roxane. No se ejecutó ninguna obra. En el año 2003: Tras la anegación de Villahermosa en 1999, los gobiernos de Vicente Fox y Manuel Andrade ponen en marcha en abril de 2003 las obras del Pici, que buscan controlar las avenidas de agua mediante creación de bordos y compuertas. Entre el 2003-2007 2 mil 600 mdp (excedentes petroleros para obras de protección entregados al gobierno estatal, cuyo destino se desconoce, de acuerdo con la ASF). En el 2008: Luego de la inundación de la capital y varios municipios en noviembre de 2007, los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Granier ponen en marcha el Plan Hídrico Integral de Tabasco que busca acabar con los problemas de inundaciones en el estado. En el año del 2012: Conagua anuncia que el plan se amplía en su visión hasta 2030 y pide refrendar inversiones al menos para el periodo 2013-2014.

Se ha manifestado, además de la corrupción en obras licitadas, que Conagua afectó a miles de campesinos con la apertura de “canales de alivio” que desviaron el agua de Villahermosa hacia zonas lagunares, mostrándose “indolente” para indemnizarlos.

El problema persiste; por la falta de comunicación por parte de las Autoridades Federales y la mala planificación urbana, agregando problemas de reforestación y un inexistente análisis de la zona federal en cuanto a sus responsabilidades, cauce y bienes nacionales que no están definidos.

Otro problema que vive Tabasco es, con la Comisión Federal de Electricidad, silenciosamente, ha venido incrementado las tarifas de energía eléctrica de manera desmedida, desproporcionada, un mal servicio por los constantes cortos al suministro eléctrico, la poca información” sobre la instrumentación del llamado “Acuerdo Tabasco” y los convenios modificatorios, firmados entre el gobierno estatal y la CFE entre 2007 y 2008, impide que se conozca a detalle el avance de sus objetivos, en definitiva no existe transparencia.

Consideramos importante mencionar que, el 25 de junio del presente año, el candidato priísta a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, firmó ante el Notario Público No. 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas, para los tabasqueños.

Es importante destacar, que diversos compañeros Diputados y Senadores de diferentes Grupos Parlamentarios, han exhortado a las autoridades federales para que informen e intervengan para dar solución al problema que tabasco enfrenta, desafortunadamente no ha habido respuesta que ayude a resolver; por citar un ejemplo el Diputado Federal por la LXI Legislatura José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2966-II, para que las autoridades federales tomen medidas ante el problema de inundaciones que presenta Tabasco. Lamentablemente por la vía de puntos de acuerdos no se ha dado solución al problema que se expone; considerando que la vía idónea es la Comisión Especial que hoy se presenta.

Actualmente las obras quedaron pendientes por falta de inversión y el desmedido aumento en las tarifas de luz, así como, la falta de transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, la problemática, sin duda, depende mucho de la intervención de la Cámara de Diputados.

Por eso acudimos, a su buena voluntad política, para que se cree la Comisión Especial, que se propone y con el alcance que señalan los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se buscará establecer contacto permanente con las autoridades como Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Derecho Humanos, con la Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, entre otras, para establecer formalmente un “Plan Hídrico” y un “Plan en Tarifas Eléctricas” serio, honesto y comprometido con los tabasqueños.

Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, por el que se crea la Comisión Especial para la regulación en tarifas eléctricas y revisión del Plan Hídrico del estado de Tabasco.

Segundo. Esta Comisión Especial tendrá como objeto, el conocimiento de los asuntos de revisar la regulación y subsidios de las tarifas eléctricas y revisión del Plan Hídrico de Tabasco, con el fin de dar solución a la problemática que persiste en el Estado con apego a la legalidad y certidumbre jurídica.

Tercero. La Comisión Especial estará conformada por 10 integrantes o por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un Presidente y dos Secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial estará vigente hasta agosto de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves cuatro de octubre del año dos mil doce.

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura, Javier Filiberto Guevara González, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La agroindustria azucarera constituye una actividad de muy elevado impacto económico y social, debido a la gran cantidad de empleos directos e indirectos que genera, particularmente en el campo mexicano, así como por el valor simple y agregado de su producción. También dispone de importante significación nacional, en términos culturales y nutriológicos. Consecuentemente, la cadena productiva que la integra, es –y debe ser- considerada, estratégica y de interés público.

Conforme a la zafra del periodo 2011/2012, con cierre al día 23 de junio pasado, el país produjo 5,339,463 (cinco millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientas sesenta y tres) toneladas de azúcar, tras la molienda de casi 46 millones de toneladas de caña (provenientes de 227 municipios), llevada a cabo por 53 ingenios distribuidos en 15 entidades federativas.

Esta actividad, que en México, tan sólo en su primer eslabón productivo, abarca alrededor de 750 mil hectáreas y representa casi un doce por ciento del valor de la producción del sector primario, emplea en forma directa a más de 450 mil personas, y propicia una derrama económica que beneficia a más de 2.2 millones de personas.

En términos de aportación al producto interno bruto nacional, el azúcar ronda el medio punto porcentual de este indicador de riqueza, lo que significa poco menos de $3 mil millones de dólares anuales.

El autoabasto azucarero es crítico para industrias como la refresquera y en general, para todas aquéllas del sector de alimentos y bebidas, y representa una fabulosa oportunidad de despliegue para el país, de actividades económicas de nueva incursión y creciente relevancia, como la de los biocombustibles.

No obstante, la agroindustria azucarera mexicana y los connacionales que de ella dependen, enfrentan problemáticas diversas, que necesaria y continuamente deben –y deberán- ser atendidas, por el Estado, a fin de consolidar a tan importante actividad y lograr su mejor aprovechamiento, particularmente en lo referido a la procuración del bienestar y desarrollo de las comunidades y familias vinculadas a la producción de azúcar.

De manera señalada, el Poder Legislativo Federal y en específico, la Cámara de Diputados, pueden coadyuvar de manera determinante, en el guarecimiento y proyección de toda la cadena productiva; del establecimiento de condiciones de mercado justas, en los diversos eslabones que la constituyen; del acceso al financiamiento; de inversiones en infraestructura de tecnificación; de una valoración pertinente de los cupos de importación; del impulso a las ventas al exterior; y de un apoyo integral al campo mexicano.

Por lo anterior, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, se constituya la Comisión Especial de la agroindustria azucarera mexicana.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, en aras de responder a los desafíos y oportunidades que presenta la correspondiente agroindustria azucarera nacional, organizando para ello foros, seminarios, conferencias y promoviendo la realización de estudios y publicaciones relacionados con el tema.

Tercero. Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de Comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Cuarto. La Comisión Especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios, atendiendo al criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas con la materia o expertos en la misma, asimismo, contará con una Mesa Directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Quinto. La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que por la SHCP, la Sener, la SE y la CFE reduzca las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial en Chiapas y todas las entidades con temperaturas superiores a 32 grados Celsius, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por el estado soberano de Chiapas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205; y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir; con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico, considerando las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, en todos los municipios del estado de Chiapas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Federal Electricidad (CFE) como depositaria del mandato supremo del pueblo de México y establecido en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social; fue observando hasta hace poco, un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas; y en el caso de los subsidios, aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de Tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la tarifa de alto consumo (DAC).

Sin embargo, desde de 1992 en que fue modificada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la CFE, ha sido distinto y contrario a lo que está plasmado en nuestra Constitución.

Como una consecuencia de ello el secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, en el que, sin fundamento legal y otorgándose una facultad que no tiene, e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo -en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, la cual es facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según los establece el artículo 74 fracción IV constitucional- generó un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial, afectando al 100 por ciento de los usuarios. Simplemente, disminuyó el subsidio, hasta eliminarlo completamente.

No conforme con ello, después de un largo periodo de 10 años de incrementos periódicos, una vez más, el pasado 30 de abril del 2012, la Secretaría de Hacienda publicó a través del Diario Oficial la actualización de los coeficientes alfa que forman parte importante para la determinación de los ajustes por las variaciones en los precios de los combustibles, y la inflación nacional en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica. Se establecen durante el mes de abril de cada año a partir de este.

Como consecuencia de esta nueva disposición, la variación en las tarifas prevista para este ciclo debieron modificarse de manera significativa tanto en el precio como en el ciclo de cobro.

En consecuencia se emitió otro decreto el pasado 29 de junio de 2012 con el pretexto de un esquema tarifario de mayor precisión en la facturación del consumo eléctrico, a fin de simplificar la aplicación del esquema actual de las tarifas para uso doméstico y reducir significativamente la variabilidad, supuestamente, dándoles estabilidad.

El acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2012 y se aplica a partir de agosto de 2012.

Aparentemente aplica rebajas en casi todas las tarifas de consumo doméstico pero introduce el concepto de “cuotas aplicables mensualmente”, lo que en la determinación de los costos bimestrales implica un mayor costo en el recibo de la energía eléctrica.

Según algunos expertos esto puede encarecer hasta 90 por ciento el costo del recibo por cobro bimestral. Pues al cobrar la electricidad en forma bimestral sobre una tarifa pensada para consumos mensuales, la Comisión Federal de Electricidad cobra durante la temporada de calor, hasta un 90 por ciento más, a los usuarios.

Ello a pesar de que, éste año, se aplicó un cuatro por ciento de aumento en las tarifas, supuestamente debido a la inflación en 2011, la cual oficialmente, fue del 3.79 por ciento.

Uno de los estados de la república más afectados por estas disposiciones, ha sido tradicionalmente, el estado de Chiapas, quien era, hacia el año 2000, la entidad con mayor rezago en materia de suministro eléctrico.

Durante el periodo del presidente Vicente Fox (2000/2006) la CFE, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) instrumentó un ambicioso programa de electrificación en la Selva Lacandona, el cual tuvo dos finalidades: un uso político contrainsurgente en zonas de influencia zapatista; y otro, económico, al constituirse esta red eléctrica, en un componente del llamado Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC), considerado dentro del Plan Puebla-Panamá.

Gracias a su estratégica ubicación geográfica y sus abundantes recursos acuíferos, Chiapas cuenta con el sistema hidroeléctrico más importante del país, integrado por cuatro grandes presas construidas sobre el cauce del río Grijalva (La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas), así como por otras tres represas más pequeñas. En total, estas siete hidroeléctricas chiapanecas generan casi 5.9 mil megawatts, lo que constituye 45 por ciento del total de la energía hidroeléctrica del país.

Dos millones 500 mil, de estos megawatts generados por las hidroeléctricas ubicadas en Chiapas, son llevados por líneas de alta tensión hasta la Ciudad de México y zonas conurbadas, sin que la entidad reciba ninguna retribución por ello.

Hace dos años, la CFE reportó que en Chiapas existían poco más de 1.1 millones de usuarios, mismos que consumieron dos mil quinientos megawatts, siendo el sector doméstico el mayor usuario (92 por ciento) con un consumo eléctrico de 50 por ciento del total generado; le siguió el comercio (7.5 por ciento de usuarios, con un consumo del 13 por ciento); la mediana industria llegó al 0.18 por ciento de usuarios, con un consumo de 26 por ciento; el sector agrícola sólo alcanzó el 0.12 por ciento de usuarios y un consumo de 3.25 por ciento de megawatts; el sector de otros servicios apenas constituyeron 0.16 por ciento de usuarios, consumiendo 4 por ciento de la electricidad.

Sin embargo, tan solo 8 por ciento de los usuarios (de todos los sectores) consume 50 por ciento del total de la energía generada en Chiapas. Lo que habla de una disparidad determinante, a la hora de repartir la riqueza generada en el estado.

La capacidad instalada de CFE es de 60.795 megawatts; 50 por ciento de los cuales son producidos por termoeléctricas y 22 por ciento por hidroeléctricas; siendo que 88 por ciento de los usuarios de esta electricidad generada, corresponde al sector doméstico, 10 por ciento al comercial; y 0.76 por ciento al industrial, 0.64 por ciento a los servicios y 0.45 por ciento al sector agrícola, no olvidando que la generada por hidroeléctricas, es la más económica y ambientalmente más sustentable.

A nivel de consumo, en cambio, la industria absorbe 61.3 por ciento de toda la energía eléctrica nacional; mientras el consumo doméstico se lleva 24.5 por ciento; el comercial 6.2 por ciento; la agricultura, 4.5 por ciento y los servicios 3.5 por ciento. A nivel doméstico, la población atendida con servicio eléctrico es de 99 millones (de un total de 112) en 128 mil 500 ciudades y poblados, lo que implica que hoy día, casi 89 por ciento del pueblo mexicano cuenta con ese servicio.

Por todo lo anterior

Considerando

Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.

Que la población de los distintos estados de la república se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, y no con recibos que están imposibilitados de pagar.

Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía si no, que exige tarifas justas, de acuerdo a lo que consume.

Que los habitantes de todos los municipios del estado de Chiapas están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo intenso de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo, o nulo, subsidio con el que cuentan.

Que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado, en temporada de verano asciende hasta 42 grados centígrados.

Que ante esta Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, y en esta misma, se han venido presentando diversos puntos de acuerdo, con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, sobre todo, en aquellas ciudades donde prevalece el clima extremoso y que fueron afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.

Que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Que se suma la intensidad con la que se ha incrementado en ciertas zonas del planeta, la temperatura debido al cambio climático, resintiéndose de manera específica en el estado de Chiapas.

Que es indispensable, la urgente implementación, por el Ejecutivo federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

Que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo federal, lo que ha dado lugar, a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual ha traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual, se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible, con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del estado.

Que ante la evidencia, claramente desproporcionada de las tarifas, se hace urgente conocer cuáles son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar las tarifas, no sólo en el estado Chiapas, sino en todo el país, y en especial saber qué ocurre en aquellas entidades y municipios donde en la época de verano, y en algunos casos, como en mi estado, donde es casi todo el año, conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia, el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.

Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”.

Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, en su operación de distribución, tanto para poder llevar el suministro a los lugares más alejados del país, como para no retribuir a las entidades donde se produce la electricidad, teniendo, mucho menor costo de distribución y, por ende, producción.

En virtud a lo anterior, los diputados estado soberano de Chiapas, nos permitimos proponer a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al titular del Ejecutivo federal, para que con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y, artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con la participación de las Secretarías de Energía, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial para el estado de Chiapas y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputados: Simón Valanci Buzali (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Antonio de Jesús Díaz Athié, Francisco Grajales Palacios, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Luis Gómez Gómez, Pedro Gómez Gómez, William Oswaldo Ochoa Gallegos, Harvey Gutiérrez Álvarez.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de vigilancia y seguimiento de la industria lechera, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se apruebe la creación de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria lechera, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La leche y los productos lácteos son alimentos de gran importancia nutritiva que forman parte esencial para la salud en todas las etapas de la vida. Su composición y valor nutricional los convierten en un alimento necesario en períodos de crecimiento, desarrollo, embarazos, lactancia, menopausia y reforzamiento de la masa ósea en adultos y adultos mayores.

La leche y sus derivados mejoran las condiciones de absorción del calcio en comparación con otros alimentos, además de que aportan proteínas de alto valor biológico como el pescado, la carne y el huevo, y ayudan a mejorar la salud del sistema circulatorio.

Así pues, los productos lácteos en su forma natural, procesada o de algunos derivados para la salud de los mexicanos son indispensables y necesarios, ya que con su consumo se reducirían enfermedades que han crecido durante los últimos años.

Sin embargo, es cierto que los productos lácteos contienen grasa. El contenido aproximado en la leche entera es de 3.7%, en el queso fresco es de 22.5%, y en la mantequilla de 82.2%. Ante ello, existen en el mercado diversas alternativas bajas en grasa, como artículos descremados o deslactosados.

El consumo de leche en México es considerable, pero desafortunadamente somos un país deficitario en su producción, por lo que se recurre a la importación de productos lácteos para cubrir la demanda nacional.

La producción lechera mexicana es uniforme, ya que las unidades productivas no son iguales en cuanto a tecnología, número de animales, técnicas y procedimientos utilizados, calidad del alimento, aunque existes grandes y modernos centros de producción, como en Coahuila, Baja California, Querétaro, Hidalgo y Jalisco.

Existen también unidades explotadas a nivel familiar, con escaso desarrollo tecnológico, con pocos animales y utilización de forrajes de menor calidad. Sumado a lo anterior, los mecanismos de comercialización se encuentran sujetos a empresas externas o locales dedicadas a la producción de quesos en forma artesanal.

Es cierto que la industria lechera en nuestro país ha sido un artífice importante en la generación de empleos y aportación a la riqueza local; no obstante, en los últimos 10 años ha venido cayendo, y no recibe los recursos necesarios ni apoyos de los programas gubernamentales que le daban sustento.

Los productores lecheros nacionales enfrentan los embates del declive de esta industria. Durante la LIX Legislatura Federal, la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados dio a conocer la grave crisis en la industria lechera por la importación de 47 mil toneladas del producto que generó pérdidas económicas por 15 millones 200 mil pesos diarios y la afectación de 400 mil productores.

Desde 2005, la Secretaría de Economía determinó anticipar una reducción arancelaria de 35% para el azúcar, fríjol, maíz y leche procedentes de Estados Unidos, con el argumento de evitar el impacto de golpe de la liberación total y permitir que los productores pudieran llevar a cabo adecuaciones. En 2006 la importación de leche agudizó la crisis en el sector al impedir la comercialización de cuatro millones de litros del lácteo en el país, lo que orilló a los productores tirarla para no afectar al precio en el mercado.

Ante este contexto, productores lecheros de Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí solicitaron a la Secretaría de Economía fungir como interlocutor entre Liconsa y ellos, con el fin de vender la producción excedente o la totalidad a la empresa de carácter social creada para trabajar para los programas del Gobierno Federal.

El titular de la Secretaría de Economía señaló que no eran competitivos en el precio, ya que Liconsa no podía comprar excedentes a $3.84, cuando en Estados Unidos la leche costaba $2.60, situación que agravó aún más al sector.

En México existen más de 70 mil empresas dedicadas a la producción de lácteos, que generan 450 mil empleos permanentes, pero que año con año ven amenazados sus negocios.

Desafortunadamente, tanto la Secretaría de Agricultura como la de Economía parecen favorecer a las grandes empresas nacionales y extranjeras, ya que no aplican la misma política protectora ni de apoyo.

Liconsa, institución sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de mexicanos en condiciones de pobreza, en especial de niños de hasta 12 años de edad; de mujeres de 13 a 15 años o en estado de gestación y lactancia y de 45 a 59 años; de enfermos crónicos; de discapacitados y adultos mayores.

Según estudios que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, los niños que consumen de manera constante la leche fortificada Liconsa presentan menores casos de anemia, de deficiencia de hierro y de desnutrición crónica; alcanzan mayor estatura y masa muscular; y muestran mejor desarrollo mental.

Liconsa, como la empresa del Gobierno Federal responsable de industrializar y comercializar productos lácteos de calidad nutricional a precio accesible en beneficio de los mexicanos, debe mejorar su operatividad.

Según datos de Liconsa, el padrón de beneficiarios de sus programas es el siguiente:

Beneficiarios: 5’680,517

Niños menores de 12 años: 3’354,110

Niñas de hasta 15 años: 347,097

Enfermos crónicos o discapacitados: 234,097

Mujeres gestantes o lactantes: 74,770

Mujeres de 45 a 59 años: 589,672

Adultos mayores de 60 años: 1’080,771

Número de familias: 2’927,334

Municipios atendidos: 1,897 de 2,445

Numero de lecherías: 9,987

Leche distribuida en el mes: 81’906,698 L

Distribución promedio diaria: 3’241,326 L

Dotación promedio por beneficiario: 0.570 L

En el Congreso de la Unión tenemos que estar muy pendientes de la problemática que enfrenta el sector lechero nacional, con todas sus aristas. Tenemos que impulsar al sistema agroindustrial lácteo nacional, tomando en cuenta los nuevos contextos.

En la Cámara de Diputados debemos otorgar más recursos a Liconsa para reforzar sus programas y así, pueda tener mayor capacidad de compra de leche fresca; impulsar y exhortar a las autoridades competentes que intensifiquen una campaña de información que prevengan a los consumidores de productos lácteos adulterados que indebidamente se venden como si fueran auténticos, lo que origina un menor consumo de leche; exigir la reducción de importación de grandes volúmenes de productos lácteos extranjeros.

Un problema que se suma a lo anterior y en el que es necesario que los legisladores también estemos atentos porque representa un riesgo para la salud de los consumidores, es la importación de leche caduca, sobre todo la destinada a Liconsa, además de que esas compras al extranjero golpean a los productores debido a que el producto llega a un precio más barato que el nacional.

A pesar de que los pequeños productores han sido beneficiados con los programas de gobierno, los conflictos en torno a la comercialización de la leche continúan vigentes.

El problema de la falta de infraestructura de los pequeños productores para mantener la calidad necesaria del producto y comercializarlo a grandes empresas, no ha sido contrarrestado, en parte por la falta de inequidad en la oferta y la demanda, y por desinterés de las autoridades gubernamentales.

Ante ello, los principales objetivos que se proponen para la creación de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria lechera se centrarán en los siguientes puntos:

• Exigir que los beneficiarios obtengan productos de alta calidad nutricional y con el perfil de leche sin grasa.

• Impulsar la ampliación y mejoramiento de la cobertura del Programa de Abasto Social de Leche.

• Reafirmar que Liconsa intervenga en el mercado nacional de compra de la leche, de manera transparente y dentro del marco de la Ley.

• Exigir que se mantenga el precio de venta de la leche del Programa de Abasto Social por debajo del que se registre en el mercado, a efecto de continuar proporcionando un beneficio económico a la población beneficiaria y de esta manera, asegurar una transferencia de ingresos.

• Impulsar el avance y modernización de la infraestructura productiva, con tecnología de punta de calidad mundial que se traduzca en una mayor productividad dentro del marco de la reconversión industrial.

• Brindar los incentivos ineludibles para preservar y fomentar la actividad productiva lechera, considerando en primer término que esta tarea constituye un factor determinante en la vida económica y social de diversas regiones del país.

• Apoyar con el diseño de programas que desarrollen y fortalezcan las capacidades productivas con una visión exportadora de alta competencia.

• Promover la participación de los sectores público, social y privado para mejorar las condiciones del mercado lechero nacional.

• Proponer medidas y acciones que impidan el ingreso ilegal de leche y productos lácteos caducos a México.

• Impulsar la capitalización de la industria lechera nacional y otorgamiento de créditos suficientes.

• Dar seguimiento a los programas de las instituciones federales destinados a lo industria lechera nacional.

Lo anterior, dentro del marco de las facultades legislativas, presupuestales, de debate y consulta pública, así como de control evaluatorio que tiene esta Representación Nacional.

Al ser la leche uno de los productos más completos para la población, es natural que forme parte de la seguridad alimentaria respecto a su producción y comercio.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria lechera, con el fin de brindar los incentivos necesarios para fomentar la actividad productiva de los productores de leche y sus derivados; apoyar un programa de fomento a la producción y comercialización equitativo de la leche y sus derivados; exhortar a las autoridades competentes intensificar una campaña de información a los consumidores de la abundancia de productos lácteos adulterados que indebidamente se venden como si fueran auténticos, lo que origina un menor consumo de leche; exigir la reducción de importación de grandes volúmenes de productos lácteos a territorio nacional; promover políticas públicas que favorezcan a los productores nacionales; dar seguimiento y apoyar los programas federales destinados a la industria lechera, siempre y cuando se apeguen a la normatividad y objetivos.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable de dicha industria.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Segundo. La Comisión Especial se compondrá por 16 integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios: seis del PRI, tres del PAN, tres del PRD, uno del PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Será presidida por una presidencia y dos secretarías.

Tercero. La Comisión Especial durará en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Segunda Legislatura Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado José Noel Pérez de Alba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la terminación del acuerdo de suspensión de importaciones de tomate mexicano a Estados Unidos de América; y a la creación de una comisión especial para atender, apoyar y defender a los productores locales del fruto, especialmente a los de vocación exportadora, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía una proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la resolución preliminar emitida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, en relación con la terminación del Acuerdo de Suspensión para las Importaciones de Tomate Procedente de México; se exhorta al secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari García de Alba, para que se realicen las acciones legales necesarias para que se mantenga en vigor el acuerdo de suspensión de dumping al tomate mexicano y, en su caso, se establezcan medidas para prohibir la importación de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos de América, en respuesta a la determinación del Departamento de Comercio; se propone asimismo, a la Junta de Coordinación Política de esta representación nacional la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados para atender, apoyar y defender a los productores de tomate mexicano especialmente a los que tienen vocación exportadora, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeros legisladores, el pasado 22 de junio del 2012 los productores agrícolas del estado de Florida (agrupados en el “Florida Tomato Exchange”), aprovechando el actual proceso electoral que se lleva a cabo en los Estados Unidos, presentaron ante el Departamento de Comercio de dicha nación una petición para dar por terminada una investigación por posible dumping en las importaciones de tomate procedente de México iniciada en 1996.

Sin embargo, el objetivo de dicha petición es que se dé por terminado el “Acuerdo de Suspensión de la Investigación del posible Dumping del Tomate Fresco Mexicano”, el cual fue celebrado entre el Departamento de Comercio y más de 950 agricultores Mexicanos y ha estado en vigor desde el 1º de noviembre de 1996.

Este acuerdo, que suspendió temporalmente la realización de la investigación por posible dumping de 1996, ha permitido a los productores mexicanos exportar a los Estados Unidos de América tomate fresco libre de aranceles de conformidad con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la condición de que se venda por encima de un precio de referencia y se mantengan adheridos al mismo, cuando menos, el 85% de los productores y exportadores mexicanos.

Sin embargo, a pesar del estricto cumplimiento que los productores mexicanos han dado al Acuerdo durante los últimos 16 años, y de que se ha refrendado y renovado en los años 2002 y 2008 (por haberse demostrado que es de interés público, elimina cualquier efecto dañino de las importaciones de tomate de México e impide la disminución de los precios en el mercado doméstico), el pasado 27 de septiembre el Departamento de Comercio emitió una Resolución Preliminar en la que acepta la petición hecha por los productores de Florida y estima que es procedente dar por terminados la investigación de 1996 y el Acuerdo de Suspensión.

Cabe señalar que, el Departamento de Comercio por presiones ejercidas Congresistas del Estado de Florida emitió su resolución preliminar a los 45 días de haber iniciado la consulta, ignorando los argumentos legales presentados por los productores y el Gobierno de México.

Con esta resolución preliminar en un plazo de 40 días el Departamento de Comercio de los Estados Unidos puede dar por completamente terminado el Acuerdo firmado en 1996, iniciando nuevamente una investigación antidumping al tomate mexicano, lo que reiniciaría la guerra comercial sobre el tomate mexicano, misma que ha permanecido suspendida los últimos 16 años.

Es importante señalar que el tomate fresco es el principal producto de exportación agrícola de México, generando divisas por casi 2,000 millones de dólares al año. En efecto, durante los 16 años que estuvo vigente el Acuerdo, las exportaciones mexicanas de tomate aumentaron un 85% y crecieron tres veces en valor, al pasar de 670 millones de dólares en 1996 a 1,870 millones de dólares en el 2011. Asimismo, de la producción y las exportaciones de tomate, dependen más de 350 mil trabajadores agrícolas migrantes en México, que de otra forma se hundirían en la pobreza extrema.

Por lo tanto, una nueva guerra comercial que imponga obstáculos o un arancel a las exportaciones de tomate a los Estados Unidos, tendrá graves consecuencias a la exportación, al empleo y a la economía regional en materialmente todos los Estados del país donde se produce el tomate.

Sin embargo, Estados Unidos de manera reiterada ha impuesto una política proteccionista en violación del espíritu del TLC, que le ha cerrado la puerta a los principales productos en los que nuestro sector productivo ha demostrado ser fuerte, dinámico y competitivo. Tal ha sido el caso del aguacate, el melón cantaloupe, el cebollín y el atún.

En dichas circunstancias, es de suma importancia que esta H. Cámara de Diputados haga público su rechazo a estas prácticas del Gobierno de los Estados Unidos en perjuicio de los productores y la economía nacional, y se realice un exhorto al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para que se le otorgue el apoyo necesario a los productores de tomate y se tomen medidas similares para impedir la importación de productos agropecuarios procedentes de los Estados Unidos, en respuesta a la determinación del Departamento de Comercio.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la Determinación Preliminar emitida el pasado 27 de septiembre de 2012 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por la cual estima que es procedente dar por finalizada la investigación iniciada en 1996 para verificar la existencia de dumping en las importaciones de “tomate fresco” mexicano a los Estados Unidos y dejar sin efectos el “Acuerdo de Suspensión de la Investigación del Posible Dumping del Tomate Fresco Mexicano”, lo que permitirá el inicio de un nuevo conflicto comercial entre las dos naciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, asista, asesore y coordine a los productores nacionales de tomate, a fin de emprender las acciones legales y diplomáticas necesarias ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, con la finalidad de mantener en vigor el acuerdo de suspensión de dumping al tomate mexicano y frenar cualquier intención de los horticultores en el Estado de Florida para restringir la comercialización de este producto en el mercado estadounidense.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en uso de las facultades que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia, instruya al Secretario de Economía para que tome las acciones comerciales que considere apropiadas en contra de las importaciones de productos procedentes de los Estados Unidos, incluyendo la suspensión temporal de todas las negociaciones tendientes a permitir la importación de nuevos productos, en respuesta a la Determinación Preliminar del Departamento de Comercio, hasta en tanto se restituyan las condiciones para que la exportación del tomate mexicano pueda realizarse en los términos que existían antes de la determinación preliminar otorgada a los productores norteamericanos, abriendo los espacios para que los productores mexicanos puedan renegociar un nuevo Acuerdo.

Cuarta. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial para atender, apoyar y defender a los productores de tomate mexicano especialmente a los que tienen vocación exportadora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo al subsidio de la tortilla de maíz, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor García García, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguientes

ConsideracionesEl maíz es por mucho el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, industrial, político y social. Sin embargo, en los últimos años el aumento de los productos de la canasta básica, la luz, la gasolina y el gas natural, han afectado a los que menos tienen, a esos que ganan el salario mínimo y que apenas les alcanza para vivir.

Durante los últimos años, hemos visto mermada nuestra capacidad de adquirir los alimentos básicos para la adecuada alimentación, prueba de ello es que hoy, el salario mínimo no alcanza para comprar los productos básicos que aseguren una calidad de vida digna.

Cabe recordar que los gobiernos priistas comprometidos con la justicia social, implementaron a nivel nacional en 1984 el Programa Tortilla, el cual tenían por objeto subsidiar el precio de la tortilla, logrando para 1987 beneficiar a más de 1 millón, 83 mil, 333 familias mexicanas de escasos recursos.

Sin embargo, la ineficiencia y poca sensibilidad social por parte del Ejecutivo en estos dos últimos sexenios, provocaron que el programa fuera cancelado en 2003 y se dejará sin apoyo a miles de familias de escasos recursos que se veían beneficiadas.

Los costos operacionales y la reducción de su presupuesto, fueron la detonante para que dicho programa llegara a su fin, un ejemplo de esto, es que para el año 2000 el Programa Tortilla, tenía un presupuesto de mil 609 millones, 139 mil 131.83 pesos, mientras que para 2003, fue sólo de 200 millones, una variación porcentual real de -75 por ciento.

Como representantes populares, debemos refrendar la confianza que nos brindaron los electores y utilizar los recursos públicos en las necesidades ciudadanas, hoy nos reclaman los altos costos de la canasta básica, principalmente de la tortilla. Tan sólo en el primer trimestres de 2012, la tortilla registró un aumento de 5.3 por ciento sólo en la ciudad de México, muy superior al incremento a los salarios.

La Confederación Nacional de Productos Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) expuso que el precio de la tortilla aumentó 38 por ciento en los últimos cuatro años, ya que pasó de 8 a 12 pesos y hasta 14 pesos por kilo en las grandes ciudades.

Antes a todos los mexicanos les alcanzaba para comprar 7.22 kilos de tortilla con el salario mínimo, mientras que para este 2012 solo pueden comprar 5.19 kilos, y no olvidemos que el maíz y la tortilla es un alimento que nunca puede faltar en la mesa de los mexicanos.

El progreso de México se encuentra muy ligado al bienestar social, no podemos hablar de un estado de derecho cuando los ciudadanos que representamos no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación.

Ahora bien, si retomamos el Programa Tortilla con la finalidad de buscar el beneficiar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, en donde como gasto máximo por el kilo de la tortilla sea 13 pesos, tomando como ejemplo que cada familia consuma un kilo cada dos días, el costo sería de 200 pesos por mes y 2,400 pesos por año; multiplicarlo por uno, dos, cinco o 10 millones de personas representaría en el total del presupuesto de Egresos de la Federación un porcentaje mínimo el que le sería otorgado.

Sabemos que la situación es grave, y por ello debemos implementar una estrategia urgente para coadyuvar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de una sana alimentación, por eso solicito que se restablezca dicho programa.

Por todo lo anterior, le solicito a esta soberanía actuar de forma sensible e inmediata, solicitemos al Ejecutivo federal la creación del fondo que subsidie la tortilla de maíz y que se le otorguen recursos en los proyectos de Presupuesto subsecuentes de manera irreducible.

Con base en las consideraciones anteriores se somete a la aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que en los proyectos presupuestal para el ejercicio fiscal 2013 se cree un fondo que tenga por objeto subsidiar la tortilla de maíz.

Segundo. Se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de obvia y urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputado Héctor García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Profepa, de la Semarnat y de la Conagua por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas de Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La zona de Texcoco se ha distinguido por su actividad minera, en esta región se extrae y se vende arena, grava y tepetate, lo cual hace habitual el tránsito de camiones con este material, cabe destacar que esta actividad ha traído como consecuencia la formación de socavones, los cuales, al paso del tiempo, han servido como pozos de absorción.

Sin embargo el transito habitual de camiones en las comunidades del municipio de Texcoco se incremento en el mes de septiembre de 2010, y en particular de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), al principio la duda era qué maniobras estaban realizando, con el paso de los días la información comenzó a fluir, se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE y Tequexquináhuac.

La incertidumbre de la población se generó al observar que al paso de los camiones se derramaba un líquido de color oscuro y de olor muy desagradable, lo que transportaban no era tierra, sino lodos de sedimentos presuntamente del canal de la Compañía, para ser depositados en los socavones de las minas.

Cabe hacer mención que estas minas se encuentran en la zona de la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la sierra Nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del Valle de México.

Los habitantes de las comunidades de San Luis Huexotla, Tequexquináhuac, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, San Mateo Huexotla, Cooperativo, San Diego, Sector Popular, del Municipio de Texcoco están siendo afectados con el deposito de estos lodos contaminantes en los socavones, situación que ya denunciaron en el ayuntamiento de Texcoco, gobierno del estado de México, Secretaría de Gobernación, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y medios de comunicación locales, así como en las redes sociales.

Por otro lado, el gobierno del estado de México, en el mes de mayo de 2012, autorizó la realización del proyecto denominado Nivelación con residuos de excavación y demolición Buenavista , en una superficie de 79 mil 945 metros cuadrados, ubicado en el predio Buenavista, que consiste en disponer material residual procedente de las obras de excavación, demolición y construcción.

Dentro de las consideraciones en el punto X. Que de acuerdo con la información específica para el sitio de disposición final de residuos sólidos, éste cumple con las siguientes restricciones:

? El material que compone el suelo es altamente permeable aunque no es necesario colocar una capa impermeabilizante para la protección del suelo y del acuífero de la zona, ya que por tratarse de residuos de la construcción no habrá generación de lixiviado.

Esto difiere de la realidad, lo que se está depositando no son residuos de la construcción, por el contrario son lodos contaminantes, además de reconocer la permeabilidad del suelo, lo cual evidencia el conocimiento de que se pueden filtrar lixiviados al acuífero de la zona.

Al respecto, en este año, la Universidad Autónoma de Chapingo, en su laboratorio central universitario del departamento de suelos, realizó una prueba de los lodos contaminantes y reportó la presencia de metales pesados en concentraciones de 1.39 miligramos de plomo y 0.08 miligramos de cadmio por kilogramo de lodo, es decir aproximadamente 70 gramos de plomo y 4 gramos de cadmio por metro cuadrado.

Además los lodos contienen materia fecal característica de las aguas residuales y por consiguiente contienen un porcentaje importante de nitrógeno.

Una vez que los lodos pierdan agua y parte de su volumen sea ocupado por aire, se da el proceso de oxidación de los compuestos de nitrógeno formando nitratos, los cuales son sumamente solubles y móviles y de esta forma serán llevados al acuífero.

Los nitratos son tóxicos y de alto riesgo a la salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como límite máximo permisible una concentración de 50 partes por millón para que el agua sea considerada apta para consumo humano. Por su parte la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, establece este límite en 10 partes por millón.

A casi dos años de iniciar el relleno de las minas y de continuar con el depósito de estos materiales, que no son tierra, son lodos contaminantes, se generarán problemas serios, entre los que destacan:

1. Continuar con la incertidumbre en la comunidad debido a que ninguna autoridad en la materia ha presentado información, ni estudios sobre el llenado de las minas del municipio de Texcoco, que determinen si se cuenta con las medidas necesarias para evitar la filtración de materiales contaminantes al acuífero de Texcoco, lo que representa un atentado contra la naturaleza y hacia los habitantes de la zona oriente del Valle de México.

2. La zona ecológica donde se produce naturalmente la recarga del acuífero está asociada a la ladera noroccidental de la sierra Nevada, misma que alimenta el acuífero de Texcoco y parte del oriente del Valle de México, los desperdicios altamente contaminantes que son vertidos en las minas de esta zona, con el paso del tiempo se filtrarán al subsuelo dañando irreversiblemente los depósitos subterráneos de agua que abastecen a millones de habitantes.

3. Ante la preocupación de las comunidades por el relleno de los socavones de las minas con los desechos contaminantes que son extraídos del fondo de canales de aguas residuales, que tienen un alto contenido de material fecal, así como de metales pesados, es importante analizar las características del material que se está depositando, así como de llevar a cabo un estudio del impacto en el acuífero, pero sobre todo dejar que los socavones sigan siendo pozos de absorción.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución.

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de México, y a las autoridades del municipio de Texcoco, así como a las autoridades correspondientes, para que de manera inmediata se detenga el llenado de las minas ya mencionadas, actividad que inició en septiembre de 2010 y que a la fecha sigue, sin que haya información veraz hacia la comunidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, todas de la administración pública federal, para que realicen un estudio de impacto ambiental en los socavones de las minas del municipio de Texcoco, y en su caso, sean desalojados los lodos altamente contaminantes para evitar contaminar el acuífero y con ello impedir un desastre ecológico y de salud pública hacia los habitantes del oriente del Valle de México, además de desastres económicos y sociales.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia, realicen una investigación a fondo sobre las autorizaciones en el llenado de las minas con lodos contaminantes y se sancione a los responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.

Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)