Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3615-III, martes 2 de octubre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a utilizar por la Secretaría de Economía los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales a fin de exportarlo a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a revisar y, en su caso, a tomar medidas legales a su alcance en defensa de los exportadores de tomate al tenor de las siguientes
Consideraciones
El jitomate es sin duda la principal hortaliza gracias a la cual México ha desarrollado la industria hortofrutícola, tanto para abastecer al mercado interno como para exportar a Estados Unidos. El jitomate mexicano se mantiene como una industria competitiva en el plano mundial, debido en parte a la amplia diversidad de climas y a las tecnologías empleadas; diversos factores nos han colocado como un país potencialmente productivo, donde es posible obtener una amplia gama de productos en diferentes épocas del año.
Según las cifras del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate, México ocupa el primer lugar mundial de exportación de tomate, con 2 millones de toneladas e ingresos de 12 mil 700 millones de pesos anuales. Además, el cultivo genera un millón 600 mil empleos directos e indirectos.1
Pese a que hoy las empresas y las comercializadoras de Estados Unidos están solicitando ciertas pruebas de que el producto les brinda seguridad a sus clientes, México cumple los requisitos fijados en las normas y certificaciones, lo que demuestra que en la producción de tomate se llevan las mejores prácticas a fin de cuidar en todo momento la cadena de producción y la integridad del producto.
La exportación anual de jitomate registró un crecimiento promedio cercano a 10 por ciento. En 2009 se cultivaron 53 mil hectáreas, donde se obtuvo una producción de 2.3 millones de toneladas, de las cuales 50 por ciento se destinó al mercado de exportación. El jitomate es la hortaliza que genera la mayor cantidad de divisas al país, con un promedio de mil 200 millones de dólares anuales.2
Pese a las exigencias de los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, México es actualmente el primer exportador de tomates del mundo en 2011. Desplazó al segundo lugar a Holanda, nación que durante los últimos años se había consolidado como líder en la actividad. Y es que el año pasado, las ventas externas mexicanas de la hortaliza sumaron 2 mil 38 millones de dólares, mientras que las de Holanda llegaron a mil 461 millones.
Estados Unidos de América es el principal importador mundial de tomate, con más de 1.2 millones de toneladas de tomate fresco al año, y prácticamente la totalidad de sus importaciones las realiza de México, en una proporción aproximada de 85 por ciento, lo cual ha ido creciendo, en alrededor de 14 por ciento anual. Se observa que este fenómeno de crecimiento se debe a que los consumidores prefieren los alimentos naturales, ricos en fibra y de gran calidad, características que reúne el jitomate mexicano.
En los primeros cinco meses de 2012, las exportaciones de tomate mexicano sumaron 963.7 millones de dólares, que lo consolidan como el producto agropecuario de mayor desplazamiento en el extranjero. Ello implicó enviar 768 mil 225 toneladas al otro lado las fronteras, de los cuales, 99.8 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, únicamente se exportó el tomate mexicano a ocho países; Estados Unidos fue el destino natural: allá se envió 96.8 por ciento del volumen de exportaciones.
El panorama del comercio exterior del tomate es complejo, sobre todo cuando enfrenta momentos coyunturales como el actual, cuando los productores de tomate de Florida buscan aplicar un arancel al producto mexicano por acusaciones de dumping.
El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de América tiene la finalidad impulsar la apertura comercial como eje de una política económica. Uno de los objetivos de la estrategia es mejorar la productividad interna y, de esa manera, incrementar el volumen actual de exportaciones. Sin embargo, ante la diversidad de actividades que integran la economía mexicana, se esperan distintos efectos derivados de esta política. En el sector agropecuario, gracias a esas medidas, México ha sido un importante exportador y presenta niveles adecuados de competitividad internacional.
En México, el jitomate y sus derivados son por volumen y valor la principal hortaliza de exportación y el sostén básico de la estructura productiva y comercial de este subsector. Sin embargo, el jitomate está entre los productos de exportación sujetos a “ventanas estacionales”, y por un cierto periodo en el que los productores podrían exportarlo libremente, cubriendo parte de la demanda que los productores estadunidenses, por factores climáticos, no serían capaces de satisfacer
En días pasados, el Departamento de Comercio de EU decidió preliminarmente poner fin a un pacto de comercio de tomate que tiene con México desde hace 16 años. La determinación se vislumbra con fines meramente políticos, pues para que haya un impuesto al jitomate mexicano debe estar de acuerdo 85 por ciento de los productores estadounidenses, según la Ley del Departamento de Comercio, y hasta el momento menos de 50 por ciento están a favor, pero la presión sigue siendo por los productores de Florida principalmente, pues con ellos el jitomate mexicano compite de manera directa.
En el caso de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos falle a favor de los productores de Florida, habrá desabasto y aumento en el precio del jitomate en la Unión Americana. Sin embargo, los productores estadounidenses presionan para que se aplique un arancel al jitomate mexicano.
Esta decisión, además, perjudicaría las relaciones comerciales con Estados Unidos, nuestro socio en el Tratado de Libre Comercio, pues el comercio de jitomates con él está valorado en más de mil 800 millones de dólares, con lo que, además de las pérdidas que esto representaría para los productores, se perjudica la competitividad mexicana de la industria.
Por lo anterior, el gobierno del país debe presentar argumentos contra la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en particular sobre el 85 por ciento de apoyo de la producción nacional necesario para terminar con el acuerdo de suspensión, así como reiterar los beneficios que éste otorga.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Economía a usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar jitomate a Estados Unidos.
Notas
1 Estudio de mercado Promercado, 2009.
2 Sagarpa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar por la SEP y la SRE las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Harvey Gutiérrez Álvarez, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado soberano de Chiapas en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205; y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adaptándolas a las necesidades actuales adecuando la estructura administrativa del Instituto, para diversificar la generación de sus ingresos financieros y promoviendo la autosustentabilidad del Instituto, procurando a su vez, la transparencia y rendición de cuentas, realizando una reingeniería administrativa, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Antecedentes
El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, antes Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ha constituido uno de los esfuerzos más importantes de Hispanoamérica en materia de cooperación internacional para el uso de los medios como la radio, la televisión, la videograbadora, los discos compactos, los satélites y, actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación, con fines educativos.
A lo largo de sus cerca de 53 años de historia, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) se ha reestructurado, replanteado sus propósitos y redefinido sus acciones en diferentes ocasiones, con el fin contribuir a superar las necesidades educativas de los países de la región, así como para ponerse al día con el avance de los medios y de las tecnologías de la información y la comunicación. A manera de resumen, se presentan a continuación algunos de las transformaciones más importantes de este instituto.
Los objetivos originales del ILCE se establecen en la octava reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en 1954 en Montevideo, Uruguay. Ahí, se acuerda la creación de un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de la educación a través del uso de los medios y recursos audiovisuales, creación que se concreta hasta el 30 de mayo de 1956.
En correspondencia con su propósito general, desde su creación y hasta finales de los años sesenta el Instituto dedicó sus esfuerzos a la producción y distribución de material educativo audiovisual; a proporcionar colaboración técnica para la creación o ampliación de las áreas de enseñanza audiovisual de los ministerios de educación; a la formación de técnicos latinoamericanos en las denominadas ayudas audiovisuales, así como a la búsqueda de acervos audiovisuales.
En 1970 se amplían las funciones del ILCE para hacer del Instituto un “centro de reflexión continental” al constituirse en un centro de estudio e investigación sobre la comunicación educativa y la educación audiovisual para enriquecer la enseñanza de los países de Latinoamérica.
A finales de los años setenta se hace una reestructura del ILCE que fue resultado tanto de la evaluación de la problemática educativa de la región, como de los enfoques educativos y modalidades de los sistemas educativos de esos tiempos.
A partir de la reestructura, además de erigir al ILCE como organismo internacional con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión al servicio de los países de América Latina y el Caribe, se determinó como propósito general que el Instituto contribuyera al mejoramiento de la educación a través del uso de los medios y recursos audiovisuales, así como de la tecnología y la comunicación educativas.
En la década de los años ochenta el ILCE, en correspondencia con la evolución de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, y derivado de la necesidad de resolver la escasez de docentes, de capacitar a los maestros en servicio y de la introducción de modelos educativos basados en tecnologías en otros países, se enfoca a llevar a cabo proyectos para ampliar la cobertura; apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje e introducir la enseñanza del cómputo en la educación básica, mediante el desarrollo de un modelo de aplicación de las microcomputadoras con fines didácticos y una metodología para el diseño se software educativo.
Ante la necesidad de ampliar la cobertura en educación básica, sobre todo en el nivel de secundaria, a mediados de los años noventa los ministros de educación de América Latina y el Caribe plantearon la necesidad de incorporar esquemas de educación a distancia como parte de los sistemas educativos, definiendo dicha educación como “un conjunto diverso de procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan con el apoyo de los medios de comunicación e informática, para ofrecer programas educativos y ambientes de aprendizaje formales e informales, presenciales, no presenciales y mixtos, orientados a atender muy diversas necesidades educativas de la sociedad”.
Con el fin de apoyar la recomendación de esta reunión de ministros de educación, en esos años, el ILCE fortalece el proyecto Red de Educación Vía Satélite Edusat, cuya programación está relacionada fundamentalmente con temas de educación básica, actualización docente, capacitación tecnológica, divulgación científica y difusión cultural.
A la Red Edusat se suma la creación de la Red Escolar de Informática Educativa, sistema de información y comunicación basado en Internet, que ofrece a los maestros y alumnos nuevos ambientes de aprendizaje y recursos pedagógicos e informativos encaminados a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A finales de los años noventa, el ILCE impulsa el proyecto Sec21, que buscó integrar los avances tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas secundarias, mediante la combinación de diferentes plataformas para la producción de contenidos y materiales para su uso pedagógico y un equipamiento en red local. En correspondencia con los enfoques pedagógicos adoptados por los sistemas educativos en esa década, el modelo propuesto por Sec21 buscó transformar la práctica escolar promoviendo el desarrollo de habilidades de acceso y uso crítico de la información y de la comunicación, así como explorando nuevas didácticas a partir de actividades prediseñadas y apoyadas en los medios.
En el 2002 surge el proyecto Enciclomedia, que tiene como eje los libros de texto gratuitos de 5o. y 6o. grados de primaria, digitalizados y enriquecidos con recursos tecnológicos como audios, videos, simulaciones, animaciones e interactivos donde se relacionan, explican, complementan y ejercitan los contenidos de dichos libros; el propósito de Enciclomedia es proporcionar opciones de trabajo variadas en las que el libro de texto no sea la única vía pedagógica.
Para lograr sus fines, Enciclomedia hace una propuesta pedagógica que integra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al salón de clases, para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje, que incorpora la capacitación docente como parte de su esquema, así como la dotación e instalación de equipos.
Reestructuración del ILCE
El recuento anterior permite ver que los logros alcanzados por el Instituto son evidentes, pero también aclara la necesidad de replantear sus propósitos a la luz de las necesidades educativas actuales, de la evolución de nuevos enfoques pedagógicos, de la evolución de los medios; y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Diversas razones explican por qué se requiere la reestructuración del ILCE; entre ellas pueden observarse:
1. La necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos de cooperación internacional para dar cuenta de las transformaciones y requerimientos actuales de los sistemas educativos de la región y del ILCE, en virtud de que el último Convenio de Cooperación para la Reestructuración del Instituto data de 1979.
2. El deber de responder y aprovechar a los retos y oportunidades que plantea la sociedad actual, caracterizada como sociedad del conocimiento, haciendo de la generación y administración del conocimiento la principal tarea del Instituto, y en consecuencia, realinear sus propósitos, programas, proyectos y acciones a esta tarea.
3. La exigencia de que se articulen, reestructuren, evolucionen, concluyan o adquieran otro estatus, los proyectos de innovación [o que en algún momento fueron de innovación] del ILCE, de forma que se evidencie cuál es su relación con los propósitos y tareas principales del Instituto; de manera que se aclare hasta dónde deben continuar o cuándo se considera que cumplieron su cometido.
4. El compromiso de generar una política integral de uso de las TIC para mejorar la calidad de la educación de América Latina y del Caribe, con el fin de brindar elementos para reordenar y articular los esfuerzos que, de manera aislada, han llevado a cabo distintas instituciones de la región.
5. La pertinencia de que dicha política integral del uso de las TIC en la educación y los proyectos de innovación se fundamenta en la investigación educativa que genere productos y libere patentes para el propio instituto.
6. La necesidad de reposicionar al Instituto a nivel internacional para que, independientemente de la participación en congresos y organismos internacionales, se generen propuestas con proyectos de gran envergadura enfocados principalmente, a la atención de las necesidades del sistema educativo mexicano, sino que se propongan este tipo de proyectos a otros sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en correspondencia con los planes estratégicos para la educación de jóvenes y adultos, que diversos países de la región han concertado.
7. Derivado de los puntos anteriores, la urgencia de alinear las bases jurídico-administrativas a las actuales necesidades, de adecuar la estructura administrativa del Instituto, de diversificar la generación de ingresos financieros y promover la autosustentabilidad del Instituto, procurando a su vez la transparencia y rendición de cuentas, se requiere realizar una reingeniería administrativa del ILCE.
Con el fin de reestructurar al Instituto, para ponerlo a punto con los requerimientos nombrados anteriormente, se propone el establecer los siguientes ejes estratégicos:
1. Replantear sus propósitos
2. Reingeniería administrativa
3. Énfasis en generación y administración de conocimiento
4. Enfoque mesoamericano
5. Proyectos estratégicos
6. Renovación del sistema de telecomunicaciones
7. Reposicionamiento latinoamericano
Deberá el Instituto Latinoamericano convertirse en un Organismo de innovación educativa e investigación, atendiendo a una necesidad o problemática, identificada a partir de resultados educativos, producto de evidencia empírica derivada de, por ejemplo, evaluaciones nacionales o internacionales; resultados de investigaciones; producto de estudios realizados al interior de una escuela, nivel educativo; sistema educativo, etc.
Las propuestas de innovación educativa que el ILCE desarrolle deberán centrarse en el uso productivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del Instituto.
Además estas propuestas de innovación educativas, en el sentido ya descrito deben de partir de un proceso de incubación, esto es de una etapa de puesta a prueba y ser acompañadas de estrategias de seguimiento y evaluación que proporcionen elementos para su reestructuración, modificación y perfeccionamiento para su posterior generalización.
Las líneas de investigación deberán abocarse a identificar las necesidades de los distintos niveles educativos, para proporcionar soluciones mediante propuestas de innovación donde el principal recursos para su atención sean las TIC.
La reingeniería administrativa deberá alinear sus bases jurídico - administrativas a los nuevos propósitos; adecuar y replantear su organización y funcionamiento obteniendo calidad certificada en sus productos para generar ingresos diversificados, estimulando la transparencia.
Al replantear su funcionamiento deberá hacer énfasis en la generación y administración del conocimiento.
Por lo anterior debe contemplarse entre los objetivos educativos el acercamiento objetivo y metodológico de los estudiantes para desarrollarse en un ambiente de enseñanza con TIC, donde la colaboración, la interacción, el intercambio de ideas, la discusión, la argumentación son algunos de los componentes claves que se desencadenan durante la dinámica de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases y posiblemente entre otros salones, escuelas, comunidades, estados e incluso países, es decir, el proceso de aprendizaje puede ser producto de comunidades de aprendizaje.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualicen, las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adaptándolas a las necesidades actuales, adecuando la estructura administrativa del Instituto para diversificar la generación de sus ingresos financieros, promoviendo la autosustentabilidad del instituto, procurando a su vez, la transparencia y rendición de cuentas, realizando una reingeniería administrativa.
Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de octubre de 2012.
Diputados: Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Antonio de Jesús Díaz Athié, Francisco Grajales Palacios, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Luis Gómez Gómez, Pedro Gómez Gómez, William Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la Conagua, al gobierno de Veracruz, a la SCT, a la Comisión del Agua del estado y al ayuntamiento de Xalapa a diseñar en la zona metropolitana de ésta un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas locales, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Uriel Flores Aguayo y Alejandro Montano Guzmán, de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, a la LXII Legislatura, presentan –conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputado– el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, así como particularmente a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz (CAEV) y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.
Antecedentes
El paso de la tormenta tropical Arlene, el pasado 1 de julio de 2011, en la zona metropolitana de Xalapa dejó una persona muerta en el municipio de Tlalnelhuayocan; así como el desgajamiento de un cerro en el Circuito del Roble del municipio de Banderilla; asimismo, en la capital veracruzana se declaró zona de desastre, ya que por las lluvias, el agua alcanzó hasta 2 metros de altura en las Colonias Independencia, Represa del Carmen y El Lago.
Nuevamente, las torrenciales lluvias volvieron a afectar a la zona metropolitana de Xalapa, desde el pasado 7 de septiembre, donde nuevamente hubo un muerto que lo arrastró la corriente del río Sedeño.
Por otra parte, las secuelas de la tormenta Ernesto, que afectó a 143 municipios, donde otra vez se desbordaron los ríos Carneros y Sedeño de la zona metropolitana de Xalapa, afortunadamente ahora el saldo fue blanco, sin embargo estos fenómenos meteorológicos ya son muy frecuentes. Por esas desgracias humanas en la región, los distintos niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal deben implantar medidas gubernamentales preventivas y pertinentes en materia de protección civil y de la reconstrucción de la infraestructura necesaria para enfrentar estas nuevas condiciones de la gobernación, donde son afectadas miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.
Considerando
1. Que durante los últimos dos años los fenómenos meteorológicos están afectando gravemente a la zona metropolitana de Xalapa, particularmente a Tlalnelhuayocan, Banderilla, Jilotepec y por supuesto Xalapa, donde las lluvias han tenido valores de 50 milímetros en promedio.
2. Los referidos fenómenos naturales ya cobraron vidas humanas como lo fue el 1 de julio de 2011 en Tlalnelhuayocan, y el 7 de septiembre de 2012 en Xalapa daños y materiales de manera creciente, sobre todo estas últimas.
3. Que la Sedesol implemente el Programa de Empleo Temporal Inmediato haciendo público el censo de los afectados en la zona metropolitana de Xalapa en el corto plazo.
4. Que la Conagua y la CAEV revisen la infraestructura hidráulica donde desembocan los ríos Carneros, el arroyo Papas, y el río Sedeño, cuya finalidad sea renovar lo necesario en materia de infraestructura.
5. Que la Secretaría de Comunicaciones y el ayuntamiento de Xalapa desazolven, hagan el dragado y ampliación del cause del río Carneros.
6. Es necesario diseñar un proyecto integral gubernamental donde participen los tres niveles de gobierno para que de manera eficaz y eficiente resuelvan este problema.
Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición –de urgente u obvia resolución– con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, asi como particularmente a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2012.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Alejandro Montano Guzmán (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a ampliar el periodo de pago para garantizar a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos el cobro del Fondo de Apoyo Social del Fideicomiso 10230, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, y diputados adherentes de la LXI legislatura presentaron ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dicha iniciativa tuvo la finalidad de solucionar uno de los grandes problemas inherentes al funcionamiento del mencionado programa de apoyo social, motivo de preocupación de las organizaciones de este grupo de trabajadores, el cual consideraba la decisión tomada por el Ejecutivo federal el 29 de junio de 2009 en el sentido de pagar a través del fideicomiso (que dirigen las Secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Desarrollo Social, y de la Función Pública) en exhibiciones parciales anuales el importe de 38 mil pesos a cada beneficiario; pagando sólo 4 mil pesos, de inicio y los restantes 34 mil pesos a plazos durante 10 años.
Sin embargo, esta decisión pareció desproporcionada ante las demandas y necesidades de los ex braceros y sus familias, sobre todo si consideramos que se encontraron diversos puntos sensibles a los beneficiarios, entre los que se encuentran éstos:
• Una lista de personas no viables (casos de personas que no cumplen los requisitos de la documentación o muchas de ellos carentes de los documentos originales requeridos).
• Personas con enfermedades terminales, lo que les hace prácticamente imposible asistir a recoger el dinero, particularmente hombres con derechos de casi 80 años, por lo que su edad y estado de salud hacían inaceptable dicha propuesta.
Debido a ello, los legisladores de diversas fuerzas políticas integrantes de dicha comisión propusieron modificar la ley en comento, a efecto de que el pago se realizara en una sola exhibición. De tal suerte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos fue modificado en los siguientes términos:
II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición.
De esa manera, el gobierno federal quedó obligado a liquidar esos pagos en una exhibición, en un plazo de 90 días.
Sin embargo, actualmente se siguen presentando problemas de diversa índole que han hecho imposible el cobro de la cantidad acordada por la totalidad de los beneficiarios, entre los que se encuentran:
• Un cúmulo de problemas de cobro derivados de la diferencia de grafía en nombres de los ex braceros.
• El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros presenta en las sucursales grandes problemas de logística debido a que no respetan las reglas de operación; o bien, la información tienen no corresponde a la del beneficiario, ya sea por un error de captura como fecha de nacimiento o los apellidos mal escritos o inversos.
• Los 37 módulos de atención o mesas receptoras instaladas en los estados son insuficientes.
• Muchos ex trabajadores cuentan con documentos probatorios, pero por diversos motivos no pudieron inscribirse en el programa de apoyo social.
Ahora bien, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Gobernación, al 23 de julio de 2012 se ha cumplido 85 por ciento del objetivo para el cual fue creado el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Mexicanos 1942-1964.
Sin embargo, a la fecha un sinnúmero de ex trabajadores no ha podido cobrar la totalidad del ahorro.
Es menester recordar que la Secretaría de Gobernación notificó a la Cámara de Diputados que el 31 de octubre próximo concluirá el pago definitivo a los ex braceros, por lo que resulta fundamental ampliar el plazo señalado para que la totalidad de trabajadores pueda cobrar el dinero correspondiente, dando con ello no sólo pleno cumplimiento a lo ordenado en la ley sino, también, seguridad y certeza jurídica a los ex trabajadores y sus familias, lo cual se traduce en la responsabilidad de la Cámara con una deuda social contraída desde hace más de 70 años.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que amplíe el plazo por 90 días naturales, a partir de la fecha establecida como límite de pago, a efecto de garantizar el cobro de los 38 mil pesos del Fondo de Apoyo Social del Fideicomiso 10230 por la totalidad de los ex trabajadores migratorios mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputado José Everardo Nava Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a establecer expedita y eficazmente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal medidas de seguridad en los centros penitenciarios de su jurisdicción, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción i del numeral 1 del artículo 6; fracción ii del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es ya de todos conocido, el 17 de septiembre del año en curso se suscitó una fuga masiva de reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Piedras Negras, fuga que fue confirmada por el propio gobierno Coahuilense, y que se ha catalogado como la segunda más grande en el presente sexenio.
Debemos resaltar las circunstancias que lamentablemente permean estos hechos, como en otros estados donde concurrentemente se dan fugas tales como los casos de Nuevo Laredo, Tamaulipas o Veracruz, y que es la corrupción que se desarrolla dentro de dichos centros penitenciarios.
Tal es la magnitud que en el caso de Coahuila, los 131 reos fugados de Piedras Negras, no salieron por el túnel de siete metros de largo, sino por la “puerta grande”. Lo que incluso fue así informado por el procurador de Justicia del estado, Homero Ramos Gloria, y el secretario de Seguridad, Jorge Luis Morán.
De la misma forma, aún y cuando se manejan cifras de que la mayoría de los reos fugados estaban relacionados con procesos de competencia local, no se puede aseverar esto como factor determinante de la fuga, pues no debemos pasar por alto que las administraciones de estos centros penitenciarios depende de las autoridades estatales.
Ello sumado a que de la información que ha rodeado a este caso que atenta contra la seguridad pública de la sociedad mexicana, ha trascendido que los 12 encargados de la vigilancia del Cereso no estaban certificados con exámenes de confianza, por lo que pudieron haber planeado la fuga en tres meses el personal de vigilancia.
Sumado a ello, se ha manejado la intervención en esta fuga de una célula del cártel de los Zetas, lo cual agrava más la situación, porque ello no hace otra cosa más que poner de manifiesto una cuidadosa planeación de esta fuga, y aumentar la sospecha de complicidad por parte del personal de seguridad del centro penitenciario.
Estas situaciones hacen evidente que las instancias de seguridad pública de los estados están siendo más que rebasadas por la corrupción, lo que trae como consecuencia este tipo de hechos que propician la inseguridad de la población.
Es cierto que se ha dado un paso para esclarecer estos hechos, como lo ha sido arraigar al personal que desempeña sus labores en el citado Cereso, sin embargo no es cuando ya se han presentado los resultados cuando se deben emprender acciones sino se debe actuar en forma preventiva.
Actualmente la ciudadanía demanda condiciones de seguridad en todos los aspectos y eso abarca a los centros penitenciarios, dado que en esos lugares se encuentran las personas que son acusadas de haber infringido el marco legal en agravio de la sociedad.
Ha sido patente la falta de capacidad del estado de Coahuila en las tareas de vigilancia y seguridad en los centros penitenciarios, al presentarse una fuga de esta magnitud y donde se presume la complicidad de las mismas autoridades con grupos delictivos.
No se puede permitir que personas que han vulnerado el orden jurídico y social queden impunes de las sanciones que les puedan corresponder, y más si ello resulta por ineficacia de las autoridades en el cumplimiento de su obligación de proveer seguridad a la sociedad.
La gente necesita seguridad y las autoridades deben conferirle confianza a los ciudadanos y casos como el sucedido el 17 de septiembre dejan a la sociedad en un estado de inseguridad, angustia y zozobra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal establezca medidas de seguridad expedita y eficazmente en los centros penitenciarios de su jurisdicción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Profepa, de la Semarnat y de la Conagua por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas de Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La zona de Texcoco se ha distinguido por su actividad minera, en esta región se extrae y se vende arena, grava y tepetate, lo cual hace habitual el tránsito de camiones con este material, cabe destacar que esta actividad ha traído como consecuencia la formación de socavones, los cuales, al paso del tiempo, han servido como pozos de absorción.
Sin embargo el transito habitual de camiones en las comunidades del municipio de Texcoco se incremento en el mes de septiembre de 2010, y en particular de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), al principio la duda era qué maniobras estaban realizando, con el paso de los días la información comenzó a fluir, se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE y Tequexquináhuac.
La incertidumbre de la población se generó al observar que al paso de los camiones se derramaba un líquido de color oscuro y de olor muy desagradable, lo que transportaban no era tierra, sino lodos de sedimentos presuntamente del canal de la Compañía, para ser depositados en los socavones de las minas.
Cabe hacer mención que estas minas se encuentran en la zona de la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la sierra Nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del Valle de México.
Los habitantes de las comunidades de San Luis Huexotla, Tequexquináhuac, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, San Mateo Huexotla, Cooperativo, San Diego, Sector Popular, del Municipio de Texcoco están siendo afectados con el deposito de estos lodos contaminantes en los socavones, situación que ya denunciaron en el ayuntamiento de Texcoco, gobierno del estado de México, Secretaría de Gobernación, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y medios de comunicación locales, así como en las redes sociales.
Por otro lado, el gobierno del estado de México, en el mes de mayo de 2012, autorizó la realización del proyecto denominado Nivelación con residuos de excavación y demolición Buenavista , en una superficie de 79 mil 945 metros cuadrados, ubicado en el predio Buenavista, que consiste en disponer material residual procedente de las obras de excavación, demolición y construcción.
Dentro de las consideraciones en el punto X. Que de acuerdo con la información específica para el sitio de disposición final de residuos sólidos, éste cumple con las siguientes restricciones:
? El material que compone el suelo es altamente permeable aunque no es necesario colocar una capa impermeabilizante para la protección del suelo y del acuífero de la zona, ya que por tratarse de residuos de la construcción no habrá generación de lixiviado.
Esto difiere de la realidad, lo que se está depositando no son residuos de la construcción, por el contrario son lodos contaminantes, además de reconocer la permeabilidad del suelo, lo cual evidencia el conocimiento de que se pueden filtrar lixiviados al acuífero de la zona.
Al respecto, en este año, la Universidad Autónoma de Chapingo, en su laboratorio central universitario del departamento de suelos, realizó una prueba de los lodos contaminantes y reportó la presencia de metales pesados en concentraciones de 1.39 miligramos de plomo y 0.08 miligramos de cadmio por kilogramo de lodo, es decir aproximadamente 70 gramos de plomo y 4 gramos de cadmio por metro cuadrado.
Además los lodos contienen materia fecal característica de las aguas residuales y por consiguiente contienen un porcentaje importante de nitrógeno.
Una vez que los lodos pierdan agua y parte de su volumen sea ocupado por aire, se da el proceso de oxidación de los compuestos de nitrógeno formando nitratos, los cuales son sumamente solubles y móviles y de esta forma serán llevados al acuífero.
Los nitratos son tóxicos y de alto riesgo a la salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como límite máximo permisible una concentración de 50 partes por millón para que el agua sea considerada apta para consumo humano. Por su parte la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, establece este límite en 10 partes por millón.
A casi dos años de iniciar el relleno de las minas y de continuar con el depósito de estos materiales, que no son tierra, son lodos contaminantes, se generarán problemas serios, entre los que destacan:
1. Continuar con la incertidumbre en la comunidad debido a que ninguna autoridad en la materia ha presentado información, ni estudios sobre el llenado de las minas del municipio de Texcoco, que determinen si se cuenta con las medidas necesarias para evitar la filtración de materiales contaminantes al acuífero de Texcoco, lo que representa un atentado contra la naturaleza y hacia los habitantes de la zona oriente del Valle de México.
2. La zona ecológica donde se produce naturalmente la recarga del acuífero está asociada a la ladera noroccidental de la sierra Nevada, misma que alimenta el acuífero de Texcoco y parte del oriente del Valle de México, los desperdicios altamente contaminantes que son vertidos en las minas de esta zona, con el paso del tiempo se filtrarán al subsuelo dañando irreversiblemente los depósitos subterráneos de agua que abastecen a millones de habitantes.
3. Ante la preocupación de las comunidades por el relleno de los socavones de las minas con los desechos contaminantes que son extraídos del fondo de canales de aguas residuales, que tienen un alto contenido de material fecal, así como de metales pesados, es importante analizar las características del material que se está depositando, así como de llevar a cabo un estudio del impacto en el acuífero, pero sobre todo dejar que los socavones sigan siendo pozos de absorción.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución.
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de México, y a las autoridades del municipio de Texcoco, así como a las autoridades correspondientes, para que de manera inmediata se detenga el llenado de las minas ya mencionadas, actividad que inició en septiembre de 2010 y que a la fecha sigue, sin que haya información veraz hacia la comunidad.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, todas de la administración pública federal, para que realicen un estudio de impacto ambiental en los socavones de las minas del municipio de Texcoco, y en su caso, sean desalojados los lodos altamente contaminantes para evitar contaminar el acuífero y con ello impedir un desastre ecológico y de salud pública hacia los habitantes del oriente del Valle de México, además de desastres económicos y sociales.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia, realicen una investigación a fondo sobre las autorizaciones en el llenado de las minas con lodos contaminantes y se sancione a los responsables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Tijuana a detener y sancionar los abusos y maltratos contra animales cometidos por Grupo Caliente en sus centros de apuestas, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Merilyn Gómez Pozos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 15 de septiembre, el Grupo Caliente organizó carreras de galgos para conmemorar el Día de la Independencia, en las cuales utilizó como supuestos jinetes a pequeños monos.
En videos que circulan por las redes sociales, puede verse que los monos estaban sedados, ya que no pueden sostener sus cabezas y sus cuerpos carecían de fuerza; los organizadores de tan cuestionables carreras amarraron a los primates de brazos y piernas al dorso de los perros. Para darle el toque de folclor vistieron a los monos con trajes de charros y de adelitas, para divertir aún más a los espectadores.
Los galgos son perros con físicos adecuados para correr a gran velocidad, son capaces de desplazarse a más de 70 kilómetros por hora.
Al encontrarse sedados, sin conciencia ni fuerza, los monos fueron sometidos a un violento zangoloteo durante varios minutos, que hacía rebotar sus cabezas contra la espalda de los perros y generaba enorme presión en sus extremidades amarradas; sin duda, este abusivo espectáculo dejó consecuencias físicas en los primates.
Este denigrante espectáculo viola la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California, en su artículo 1, que a la letra dice:
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social, y tienen por objeto:
I. ...
II. ...
III. Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato compasivo con los mismos; IV. Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales que acompañan, alimentan y ayudan al hombre;
Las autoridades municipales deben tomar las medidas necesarias para sancionar estos abusos y evitar que se vuelvan a repetir, como lo establece la Ley en comento, en su artículo 4, el cual establece: “dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones, corresponde a los Ayuntamientos vigilar y exigir el cumplimiento de esta Ley, así como imponer las sanciones previstas en la misma”.
La ley en mención indica en su artículo 7 que: “para los efectos de la aplicación de la sanción que corresponda, se considerarán actos de crueldad: C).Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia”.
Caliente, se promociona como una “empresa 100% mexicana, dedicada a la industria del entretenimiento; específicamente al sector del juego que se distingue por su excelencia en la gama de servicios que ofrece, generando oportunidades de desarrollo a sus empleados, beneficio a las comunidades donde opera y valor máximo a sus accionistas”.
Sin embargo, en ningún apartado de sus compromisos sociales establece medidas para el cuidado y protección de los animales que utilizan para sus espectáculos.
En su canódromo, localizado en la ciudad de Tijuana, dentro de las instalaciones del Hipódromo de Agua Caliente y el único en toda la República Mexicana, ofrece diez funciones semanales y más de seis mil quinientas carreras por año.
Cabe recordar que el dueño de Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon, tiene en su largo historial de sospechas judiciales, acusaciones por tráfico de animales exóticos.
En 1985 el gobierno investigó a Promotora Beta, fundada por Hank Rhon por el gran número de aves exóticas que comercializaba; en 1989, se rastrearon embarques de aves exóticas, uno de ellos recorrió la ruta Singapur-Japón-España- Costa Rica, de allí a Yucatán y finalmente a Promotora Beta en la ciudad de México, cuyas oficinas estaban en el hipódromo de Agua Caliente.
Versiones periodísticas dan cuenta que en su colección personal de animales salvajes, Hank Rhon tiene guacamayas, cacatúas, tres osos, dos tigres de Bengala, así como un jaguar, todos en su zoológico personal, llamado “El Paraíso”, adyacente al hipódromo de Agua Caliente.
En 1991, Hank Rhon tuvo que pagar una multa de 25 mil dólares por traficar una cría de tigre siberiano sin los permisos debidos; el felino se quedó en el zoológico de San Diego.
Es notorio que para el dueño de Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon los animales son artículos suntuarios, productos para comercializar o utensilios de trabajo, cuyos derechos atropella sin remordimiento o sólo para satisfacer sus interés personales y comerciales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento del municipio de Tijuana, para que detengan y sancionen los abusos y maltratos contra animales, cometidos por el Grupo Caliente en sus centros de apuestas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la industria automotriz, con base en las siguientes:
Consideraciones
Durante el mes de agosto, la producción de vehículos en nuestro país subió un 12.3 por ciento a tasa interanual, esto representa 248,835 vehículos mensuales, en tanto que las exportaciones crecieron un 10.8 por ciento, 188,392 unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Es de destacar que México exporta la mayor parte de su producción de automóviles a Estados Unidos, en razón de ser su principal socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El incremento es debido a las ventas efectuadas hacia Asia y Estados Unidos, las exportaciones hacia nuestro país vecino, crecieron 19.8 por ciento en agosto, mientras, hacia el continente asiático fue de un 184.1 por ciento y a África, un 505.9 por ciento. Empero, las exportaciones a América Latina, las cuales a principios de año, registraron un repunte al grado de compensar una baja en las exportaciones a Estados Unidos, en los recientes meses han descendido un 3.6 por ciento, mientras que a Canadá bajaron 21.1 por ciento.
Es oportuno recordar que en 2011, las ventas al público alcanzaron la cifra de 905,886 unidades, mientras que de enero a julio de 2012 se han comercializado 538,655 vehículos, un alza interanual de 11.8 por ciento. Estas cifras han llegado a estimar que durante este 2012, se proyectan ventas por 1 millón 020,000 unidades nuevas. Otro dato de relevancia es que el crédito bancario automotriz durante los primeros seis meses de este 2012, alcanzó una cifra de 60,611 millones de pesos, que es un incremento de 10% con respecto al mismo lapso de 2011.
En este rubro, la AMIA, en un reporte ha plasmado que de enero a junio de 2012, del total de unidades automotrices financiadas en México, 53.4% corresponde a las financieras, 40.3%, a los bancos, y 8.6%, a los autofinanciamientos, a pesar de estas cifras, la colocación de créditos aún es baja con respecto a lo registrado previo a la crisis del 2008.
A pesar de los números antes mencionados, la AMIA ha manifestado que las ventas internas acumuladas en este año son 10.8 por ciento inferiores a las de enero-julio del 2007, cuando se alcanzó el máximo histórico.
Especialistas en la materia han señalado que el desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz permitirá alcanzar un crecimiento sostenible del mercado interno de nuestro país, por lo que es indispensable que el Congreso participe en este proceso, ya que, a pesar de la tendencia a la alza, aún es insuficiente el financiamiento para la adquisición de vehículos, como dato tenemos que el crecimiento acumulado de junio está 25.5 por ciento por debajo de lo registrado en el 2008.
Un punto trascendente a señalar es, después de que Brasil y Argentina limitaron sus importaciones de vehículos procedentes de México, este sector abre su mercado con vistas a Venezuela, una vez que este país sudamericano, se sume a los convenios del Mercosur, entre los que se encuentra el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55. No olvidar que en el mes de julio, en la reunión celebrada en Río de Janeiro, Brasil, los integrantes del Mercosur oficializaron la adhesión de Venezuela a ese organismo.
El Acuerdo de Complementación Económica, fue firmado el 5 de julio de 2002 en Buenos Aires, con el propósito de crear un área de libre comercio y establecer un marco jurídico y normativo, para establecer reglas relativas al comercio de bienes y servicios entre las partes y la promoción de inversiones entre México y los socios del bloque. Este acuerdo implica la diversificación económica, de comercio e inversiones entre los países miembros del Mercosur y México. Por tal motivo, Venezuela representa una alternativa para el sector automotriz.
Para nuestro país, la industria automotriz es considerada como un pilar estratégico económico debido a que dicho sector es el mayor generador de empleos, capacitación de personal, desarrollo de proveedores locales y la modernización tecnológica relacionada, así mismo, las recaudaciones fiscales derivadas de las operaciones comerciales de la industria son el sustento de varias entidades Federativas. El gobierno federal ha mencionado que la industria automotriz contribuye con el 17.2 por ciento del PIB manufacturero, con el 28.2 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 15.9 por ciento del personal ocupado. En razón a su vinculación con otras ramas industriales, implica una importante generación de empleos indirectos.
La importancia del sector automotriz es evidente, pues genera casi un millón de empleos directos (55 mil en fabricantes de equipo original, 582 mil 591 en la industria de autopartes y el restante entre distribuidores, mercado de repuestos y talleres mecánicos). Esta cifra se estará incrementando derivado de las nuevas inversiones anunciadas en meses recientes. Por ejemplo, las empresas japonesas crearán más de 9 mil puestos de trabajo en los próximos años: Honda generará 3 mil 200; Mazda alrededor de 3 mil, y Nissan 3 mil empleos directos y 9 mil indirectos, a ello, se complementa los empleos directos que se generarán debido a la nueva planta de motores de VW y la correspondiente de Audi, y Ford creará mil empleos directos adicionales en su planta de Hermosillo, Sonora.
En la actualidad nos hemos sostenido dentro del grupo de países líderes en la producción mundial de vehículos, en este sentido, es oportuno señalar que nuestra nación tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de 600 empresas de primero, segundo y tercer nivel. Datos de la Secretaria de Economía, en 2010, el índice de costo de manufactura en autopartes de KPMG ubicó a México entre 11.2 y 8.6 por ciento por debajo de un grupo de países desarrollados productores de América, Europa y Asia. Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las siguientes: Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros. Noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Éste es el cluster automotriz más importante de México.
En el centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo): plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.
Ante esta situación, también resulta trascendental hacer mención lo referente a la Inversión Extranjera Directa, la industria automotriz tanto terminal de vehículos como de autopartes es importante receptora de inversión extranjera, en virtud a las condiciones competitivas que representa México como destino de inversión. A raíz de ello, se han realizado importantes anuncios de inversión, ensambladoras de vehículos y/o expansión de infraestructura productiva. Como dato tenemos que de 2007 a 2011 se anunciaron inversiones en este sector por 10,349 millones de dólares.
Entre enero y abril de 2012 se han anunciado inversiones por 5,300 millones de dólares, en este rubro, en enero Nissan anunció una inversión de 2,000 millones de dólares y en abril, Ford y Audi anunciaron que invertirán 1,300 y 2,000 millones de dólares respectivamente, recientemente presenciamos el anuncio de la planta de Audi en el estado de Puebla, aunada a ella, en México, las marcas BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Honda y varias de procedencia coreana, han visto a nuestro país como un centro importante para el fortalecimiento y desarrollo de sus empresas, por ello, México debe jugar un papel importante para beneficiarse de dicha inversión para que tenga reglas claras y especificas con la finalidad de obtener los mejores beneficios económicos nuestra nación.
México, está preparado para competir, a pesar de lo difícil que pueda ser el camino para lograr el crecimiento necesario, en este contexto, no olvidar que las empresas trasnacionales se están preparando para competir a través de alianzas, por tal motivo, es indispensable que las empresas de nuestro país se adentren a este marco a fin de ser coparticipes en el éxito, ya que existen condiciones industriales para un buen desenvolvimiento. La industria de automotores se ha tornado más competitiva, por ello, los ensambladores buscan mecanismos para reducir costos, incrementar su competitividad y asegurar su participación, en las negociaciones de precios, la organización de la cadena productiva, el aseguramiento de la calidad del producto, la inspección y el ensamble de subsistemas que integran el vehículo acabado.
Por último, la industria automovilística en México se ha transformado profundamente, en ella observamos una mayor integración con el exterior, especialización productiva, mayor competitividad internacional, modificación de su modelo productivo y reforzamiento de su carácter eminentemente transnacional, estos cambios, han sido generadores estratégicos para promover y fortalecer el mercado interno de nuestro país. La política económica de nuestro país, requiere de medidas que impulsen los diversos sectores que la engloban, con la finalidad de generar empleos, por ello, la Cámara de Diputados, debe contar con una comisión que vigile, impulse, desarrolle estudios y análisis especializados sobre el sector automotriz, en beneficio de enriquecer las políticas implementadas por el gobierno federal para fortalecer el auge de este sector en nuestro país, y no padecer en caso de futuras crisis económicas.
La contribución a la actividad económica, su papel como agente precursor de la competitividad hace de la industria automotriz un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro país, siendo este sector motor al desarrollo de las economías tanto nacional como estatales de nuestro país.
Por todo lo anterior, presento al pleno de ésta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política constituya la Comisión Especial de la industria automotriz, la cual tendrá como objetivo dar seguimiento en todos sus aspectos el sector automotriz en la economía del país, así como establecer medidas para el fortalecimiento de la industria con la finalidad de lograr beneficios en el rubro de generación de empleos.
La comisión especial de la industria automotriz durará durante la vigencia de esta LXII Legislatura o cuando haya cumplido con su objeto.
México, DF, a 2 de octubre de 2012
Diputado Juan Manuel Diez Francos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a desplegar en sus demarcaciones medidas de seguridad y vigilancia constante de los mandos penitenciarios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción i del numeral 1 del artículo 6; fracción ii del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tarde del pasado lunes 17 de septiembre, el Gobierno de Coahuila confirmó la fuga de 132 internos del Centro de readaptación Social (Cereso) del municipio de Piedras Negras, siendo ésta la segunda más grande del sexenio, ya que el primer lugar corresponde a la fuga registrada el 17 de diciembre de 2010, en donde 151 internos escaparon del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Estado gobernado por el PRI y que es la entidad con mayor número de fugas de prisioneros en el país, con más del 50%, que junto con Nuevo León, Coahuila y Veracruz, son Estados curiosamente también gobernados por el PRI y concentran más del 80% de fugas de reos en el país.
Debe quedar claro que las fugas no se dan por sobrepoblación de los penales ya que las entidades con mayor número de presos en custodia no presentan este tipo de situaciones. Es la corrupción el común denominador. En la cárcel de Piedras Negras estaban recluidas 734 personas, y tiene capacidad para más de 1000 reos.
Es a nivel estatal y no federal en donde ocurren estas fugas y casi siempre, si no es que cada una de las veces que éstas se han presentado, es porque los reos cuentan con la complicidad de custodios. Custodios corruptos y directores de penales ausentes o cómplices que permiten que estos hechos sucedan.
El abandono de las autoridades locales se refleja en la vulnerabilidad de las instituciones de justicia estatales. Es inaceptable que se tenga que enfrentar, una vez más, una fuga por la incapacidad y opacidad que se vive dentro de estas cárceles.
En el caso en particular de Piedras Negras, independientemente de las medidas pecuniarias que ofrece el Procurador por la información que lleve a la captura de los internos, se debe de llegar a los verdaderos responsables de éste incidente, resulta difícil creer que los mandos penitenciarios no se dieron cuenta que existía un túnel dentro del taller de carpintería del Cereso, con 1.20 metros de ancho y 7 de largo, camino que llevaba hacia una torre de vigilancia y después hacia un terreno baldío.
En los últimos 6 años se han fugado más de 1000 reos de penales estatales. De los penales federales ninguno, 2010 fue el año que más internos se fugaron de penales en México, dando una cifra de 318, entre ellas la fuga de tres internos de Santo Domingo, Tehuantepec, registrada el 12 de julio de ese año.
La fuga más caótica se llevo a cabo el 19 de febrero del presente año, cuando 30 presuntos miembros del Cártel de los Zetas se fugaron del Penal de Apodaca, dejando un saldo de 44 internos muertos en un enfrentamiento.
Es claro que existe una severa crisis en el sistema penitenciario mexicano, no sólo por falta de espacio, sino por las formas de impartición de la justicia. Se necesitan autoridades honestas y comprometidas con la protección de los mexicanos y no de los delincuentes.
Es cierto que se tiene que agilizar la construcción de más penales, pero también es de suma importancia el garantizar que los custodios y autoridades encargadas de estos centros de rehabilitación sean funcionarios confiables.
Para ello es urgente la evaluación y certificación de las fuerzas de seguridad de cada Estado, tarea que ha sido postergada por las autoridades dando paso libre a la corrupción y a la opacidad de la impartición de justicia.
Por el momento, exigimos la investigación a fondo del director y custodios del penal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal, para que sean desplegadas las medidas de seguridad correspondientes, en los Penales Estatales y del Distrito Federal, así como la constante vigilancia de los mandos Penitenciarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se instaure un comité de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo, con carácter urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a esta honorable asamblea a instaurar un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, al tenor de las siguientes
Consideraciones
EI inicio del siglo XXI se ha caracterizado por ser una época de globalización e interdependencia, regida por continuos cambios y una ciudadanía con mayor presencia y participación en la vida pública. Dichas circunstancias obligan a las estructuras gubernamentales a mejorar su desempeño y niveles de eficacia, debiendo comenzar por generar empatía y ganar credibilidad frente a la sociedad.
Con las nuevas tecnologías los ciudadanos están cada vez mejor informados y en constante comunicación, fenómeno que ha convertido a la sociedad actual en un ente más demandante en comparación con generaciones anteriores. Los mexicanos exigen, para el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.1
Lamentablemente, en nuestros días los antivalores y prácticas corruptas han invadido todos los ámbitos de la vida, el político, el social, el económico y el cultural. Es así que las sociedades contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores, lo que genera una enorme confusión y desorientación en los ciudadanos que la integran, tocando las fibras tanto de gobernantes como de gobernados. Esta situación genera mentes permisivas, que se reproducen en conductas nocivas que afectan el funcionamiento de las sociedades y al mismo tiempo agravan los conflictos nacionales.
La ausencia de los más elementales valores de la ética y la moral, al afectar a las sociedades, inexorablemente afecta también a los Estados en sus diversos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando políticos, jueces, legisladores y demás funcionarios públicos pervierten los valores y principios éticos, se olvidan de cumplir con el objetivo más trascendente de todo gobierno, que es el de impartir justicia garantizando el bien común, teniendo como finalidad preservar la fe y esperanza de la comunidad para lograr un mejor porvenir.
Uno de los principios más valiosos y legítimos de una democracia, es precisamente el inalienable derecho que tiene la sociedad de exigir resultados tangibles a los servidores públicos, por ello, estos últimos no deben anteponer sus intereses particulares o familiares a los de la nación.
Por lo anterior, es menester contribuir al desarrollo de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, que inspire confianza y seguridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos del actuar de los funcionarios públicos.
En México, uno de los cuerpos colegiados de mayor importancia en la vida democrática de la nación, es la Cámara de Diputados, en la que convergen 500 hombres y mujeres en representación de los intereses y anhelos de más de 112 millones de mexicanos, lo que representa una colosal responsabilidad ante la historia y rumbo de nuestra patria, y exige conducirse bajo los más altos estándares de honorabilidad.
En palabras de Max Weber, todo político que se jacte de serlo, debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus acciones.2 Este pensar nos da la pauta para dimensionar la labor que tiene el legislador, que no se limita a la elaboración y mejoramiento de las leyes, sino que Ie exige hacerlo bajo una conducta ejemplar, pues en su persona ostenta la representaci6n de millones de mexicanos que añoran sistemas institucionales mas incluyentes, pragmáticos y cercanos a su realidad.
Si se analiza la historia reciente de nuestra vida legislativa, especialmente la de la Cámara baja, inevitablemente resaltan acontecimientos lamentables en el actuar de los legisladores, para ello resulta imprescindible que la actual legislatura asuma como prioridad la creación de un código y un comité de vigilancia de ética parlamentaria, con el propósito de regular la conducta de los diputados federales, y que las sesiones del pleno transiten de manera pacífica y ordenada, para lograr los acuerdos que la sociedad demanda, de tal forma que la ciudadana perciba, en el corto plazo, un cambio positivo en su vida, y vuelva a respetar la figura y trabajo de este órgano colegiado.
En el combate a la corrupción y otras prácticas que lastiman a la democracia, los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estos códigos han sido adoptados por varios países, pero aun existen muchos otros que carecen de un ordenamiento de este tipo.
A nivel internacional existen claros ejemplos del éxito e impacto que puede lIegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la antes mencionada, en naciones europeas como Francia, Inglaterra y Alemania, desde hace varios lustros operan este tipo de instrumentos, mismos que en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos y Canadá, igualmente en algunos países latinoamericanos, entre los que destacan Paraguay, Chile y Perú.3
En el caso de México, en legislaturas pasadas se ha hecho un enorme esfuerzo para regir la conducta del legislador, se han presentado al pleno al menos 15 iniciativas y puntos de acuerdo, que pretendían desde la creaci6n de un ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo, que avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que cada legislador se rigiera por los principios básicos de educación y convivencia. El último intento se dio en la LX Legislatura, con un proyecto denominado Compromiso de Ética, mismo que carecía de poder coercitivo y nunca fue obligatorio, es decir, estaba sujeto a la mera voluntad de cada uno de los legisladores, provocando que menos de la mitad lo firmara.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y desempeño de los legisladores, también lo es que ha hecho falta dar el último paso, aquel que permita hacer realidad un Comité que se encargue de las labores para cumplir con los menesteres de este importante rubro.
El presente punto de acuerdo busca conminar a esta Cámara a la creación de un comité de disciplina y ética parlamentaria, que tenga como objetivo primordial la elaboración de un código de ética parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, es decir, que contemple sanciones en caso de incumplimiento o reincidencia. Cabe mencionar que el código de ética parlamentaria deberá contar con un reglamento que deberá ser redactado por el mismo comité de disciplina y ética parlamentaria.
Asimismo, el comité tendrá la tarea de aplicar y garantizar el cumplimiento del código de ética del Reglamento de la Cámara de Diputados. De igual manera, deberá dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de los legisladores, además, estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.
Esta propuesta se plantea ante la inminente necesidad de devolverle a la Cámara de Diputados el contenido ético que perdió hace mucho tiempo. La realidad es que la gente ha dejado de creer en la seriedad y capacidad de este órgano legislativo, y es nuestra obligación recuperar la credibilidad que en los últimos anos ha sido puesta en duda. De no afrontar este reto ahora, al inicio de la presente legislatura, habremos dejado pasar una invaluable oportunidad y habremos fallado como legisladores federales.
Con ello, se busca hacer más eficiente el proceso legislativo, transparentar el uso de los recursos, mejorar la imagen que la sociedad tiene de los legisladores y ubicar a la ética como un valor central de nuestra tarea parlamentaria.
La presente legislatura ostenta la histórica posibilidad de sentar un precedente en materia de valores y ética parlamentaria, que enarbole los valores más puros y significativos de la dignidad humana, para cumplir y afrontar con responsabilidad la tarea que los ciudadanos han encomendado, y así, recordarnos a nosotros mismos el valioso arte de servir a través del buen gobernar, que es el fin último de la política.
De materializarse este iniciativa, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformas leyes de manera optima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
La sociedad mexicana, en su legitime derecho, nos exige desempeñar con mesura y responsabilidad el cargo que nos confirieron, he ahí donde radica la urgencia de realizar este ejercicio de autoevaluación y autocritica, con el propósito de mejorar nuestra calidad de legisladores y lograr la reivindicación de la política mexicana. Es nuestro deber actuar a la altura de nuestra investidura y juntos, lograr refrendar la fe de los mexicanos y dignificar al Poder Legislativo.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta honorable asamblea a instaurar un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, con el propósito de que se elabore y vigile el cumplimiento de un Código y Reglamento de Ética para esta Cámara de Diputados, además del Reglamento de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de regular la conducta de los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y mejorar la imagen que la sociedad mexicana tiene del Poder Legislativo.
Notas
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estudio Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros.
2 Max Weber. El político y el científico. La política como vocación. 1919.
3 Chávez Hernández Efrén. Ética en el Poder Legislativo. Boletín de Derecho Contemporáneo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, DF, 2011.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la LXII Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Marco Antonio González Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo para la reactivación y ampliación de la reforma rural estructural, al tenor de los siguientes
Antecedentes y consideraciones
En los últimos años, México ha asumido el reto de acordar y aprobar reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción de necesidades básicas.
De esa manera se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como las reforma del Estado y energética, en 2008; la fiscal, en 2009; y la política, en 2010, principalmente.
Todas ellas partieron de manifestaciones de inconformidad de la sociedad nacional, de funcionarios y de legisladores sobre el marco jurídico vigente en ese entonces, por lo que fue necesario modificarlo y acercarse a satisfacer las demandas colectivas.
Todas ellas fueron relevantes y su aprobación significó la movilización nacional de conciencias y modificaciones de diversas leyes, desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta diversas leyes secundarias.
En 2010, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el Grupo Parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba:
... a pesar de haber diseñado y establecido gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora, su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser, su interacción virtuosa con el ambiente no es la más adecuada, y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda, en vez de disminuir, ha seguido aumentando. Es una situación que no puede seguir así, pues la población del campo, como la de todo el país, sufrirá consecuencias graves en su desarrollo económico y social y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar la intranquilidad y malestar del país.
A dos años y medio de aquella propuesta, la situación en el campo de México ha empeorado, y coincidimos plenamente con nuestros antecesores de que se trata de un problema de “seguridad nacional”.
Esto es así porque la pobreza extrema, la alimentaria, se ha asentado en la población rural, donde la padecen 12.3 millones de habitantes, de 21.2 millones en México que, conforme a su ingreso, no alcanzan para una canasta alimentaria básica. El flagelo del hambre invade a las familias rurales de las zonas marginadas.
Porque nuestra dependencia con el exterior se ha incrementado, sobre todo de un solo país, Estados Unidos de América, de productos básicos como maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, leche, huevo y carnes de res, puerco y aves, dado que se carece de una política de Estado nacionalista, que impulse y respalde la producción nacional para cubrir la demanda de nuestros mercados locales, regionales y el nacional. Esta dependencia alimentaria nos hace cada vez más vulnerables.
Si bien podría decirse que se han incrementado los volúmenes e ingresos en dólares por la exportación de productos del campo, hortalizas, cerveza y licores, café y azúcar, principalmente, lo cual es cierto, éstos no son suficientes y mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria. Como se señala en el sexto Informe Presidencial, nuestra balanza en este rubro fue deficitaria en 2010 en 3 mil 500 millones de dólares y en 2011 en más de 5 mil millones.
Los empleos han disminuido, así como los ingresos de las familias rurales, lo que ha orillado a la emigración del campo. Sin embargo, a raíz de la crisis financiero-económica de el vecino del norte en 2009, sus requerimientos de mano de obra han disminuido y se han endurecido sus medidas antiinmigrantes, lo que ha ocasionado que nuestros jóvenes principalmente, ante la falta de expectativas de empleo en EUA, estén siendo presa fácil del llamado de las bandas delictivas en México. Todo ello ha llevado a la ruptura del tejido familiar y social en las zonas rurales y a un serio problema de inseguridad social.
Finalmente, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución, 2003-2012, como señalan estudios de FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas sino una simple lista de programas que cada secretaría de Estado realiza, independientemente de las otras involucradas. Esto lo ha señalado el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) en su estudio con la Universidad Autónoma Chapingo sobre la evaluación de la aplicación e impacto del PEC en las UPR de México, realizado en 2006.
El sector es muy importante para el país, pues posee 88 por ciento del territorio nacional y es proveedor de alimentos, agua y otros bienes y servicios de valor estratégico para la vida en el país. La superficie ligada a la producción asciende a 112.5 millones de hectáreas, agrupadas en 5 millones de unidades de producción (UP), y 62.5 millones de hectáreas se localizan en tierras de uso común, propiedad social. De esa manera, por número de pobladores, cerca de 38 millones si se consideran localidades de 15 mil habitantes, por propiedad de la tierra y por los bienes y servicios que otorga, definitivamente, es un sector preponderante para el país.
El Senado de la República, durante la LX y LXI Legislaturas, abordó también el tema de la reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros, pero no pudo concluir.
La Conferencia para la Dirección y Programación para los Trabajos Legislativos de la LXI Legislatura hizo suyo el punto de acuerdo y ordenó a las Comisiones Unidas del Campo –de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Pesca; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Reforma Agraria, y de Asuntos Indígenas–, así como al CEDRSSA y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, que trabajaran en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales:
I. Armonización del marco legal rural;
II. Reingeniería institucional pública;
III. Planeación participativa rural;
IV. Política de Estado de corto, mediano y largo plazos; y
V. Presupuesto integral multianual.
Avances
Para cumplir tan importante tarea, por acuerdo de su comité, el CEDRSSA llevó a cabo seminarios, estudios y análisis, con investigadores multidisciplinarios de diversas instancias académicas y de investigación en los cinco ejes de la reforma, cuyos primeros avances obran en el documento Reforma rural estructural. Primeros resultados, cuyo contenido se presentó en un seminario del mismo nombre en abril de 2012.
Algunos de los principales contenidos y avances preliminares en cada eje son éstos:
Eje I, sobre armonización legislativa rural. En el texto se analizaron cinco materias con múltiples leyes que las abordan. Las materias analizadas fueron las de fundamentos constitucionales del desarrollo rural, la propiedad agraria y el desarrollo rural, legislación forestal y desarrollo rural, legislación pecuaria y la pesca y la acuacultura en el desarrollo rural.
Hay evidencias de lagunas, duplicaciones y contradicciones entre las leyes secundarias y la propia Constitución. Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable. La unificación de obligaciones y cargas y, de manera general, del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo, es una alternativa que sería de utilidad tanto para las autoridades que cuentan con facultades o atribuciones en la materia, como para los productores, que en un único cuerpo legal encontrarían las obligaciones a las que se encuentran sujetos, así como otros elementos que faciliten y estimulen las actividades primarias, secundarias y terciarias relacionadas con el campo en México.
En el eje II, de reingeniería institucional pública, se identifican posibles desencuentros entre el marco legal y el andamiaje administrativo que el gobierno federal ha construido para dar una respuesta integral, eficaz y eficiente a los asuntos del campo y de la alimentación. En particular, se pretende determinar si las instituciones de la administración pública federal y sus programas operativos responden cabalmente a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias relacionadas. Los resultados preliminares del eje señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional-programático de la administración pública federal que atiende al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria.
En el apartado del eje III, de planeación participativa rural, se presenta un análisis de este tema a partir de diversas ópticas, internacionales y nacionales, desde la perspectiva y los límites que impone nuestra realidad legal e institucional, así como los factores socioculturales que como país limitan o favorecen mayores avances en el logro de una planeación participativa.
Si bien hay una ley general de planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación. No hay ley de planeación agropecuaria ni mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos municipales, estatales y nacionales.
En el eje IV, de política de estado de corto, mediano y largo plazos, se abordan diversos aspectos sobre el accionar del Estado y de la sociedad rural, desde la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI, durante los cuales se ha reflexionado a partir del agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones en la década de 1980 y los resultados del actual modelo que inició fundamentalmente en el decenio de 1990 y que abrió la puerta a las reformas estructurales, de primera y segunda generación.
Como resultados iniciales del eje se puede señalar que no hay programas de corto, mediano y largo plazos integrales que reconozcan las marcadas diferencias regionales, productivas y de tipo de productor en cada actividad del sector rural y que falta un enfoque territorial, transversal y concurrente, para asegurar la concurrencia de los recursos federales, estatales y municipales en el nivel municipal. Eso requiere un rediseño institucional ad hoc que armonice las leyes federales y las estatales, que detone y aproveche la participación ciudadana, y que favorezcan la integración y articulación económica regional.
En el eje sobre presupuesto integral multianual se revisan aspectos atinentes al marco legal vigente que señala que diversos mandatos fortalecen la multianualidad, aun cuando los artículos 73, fracción XXVIII, 74, fracción IV, 75 y 134 constitucionales facultan a la Cámara de Diputados, para realizar la revisión, modificación y aprobación anualmente de los programas y montos contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los resultados preliminares del eje indican que el Presupuesto de Egresos de la Federación multianual no es sólo una lista de programas y montos sino interrelación con fines, propósitos, objetivos, metas físicas y financieras e indicadores de impacto por programas y componentes en los corto, mediano y largo plazos y que es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se considere la multianualidad.
Propuesta
Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que realice las gestiones conducentes a incorporar en la agenda de la presente legislatura la “reforma rural estructural”, garantizando que las comisiones ordinarias y las especiales relacionadas directa o indirectamente con la materia incorporen el tema a sus programas de trabajo y den continuidad a las acciones realizadas por la pasada legislatura.
Segundo. Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria, y de Recursos Hidráulicos, las del sector rural y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria continúen los trabajos de la reforma rural estructural y lo incorporen en sus programas de trabajo durante de la LXII Legislatura.
Tercero. Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes sobre los resultados de las actividades realizadas en el marco de la reforma rural estructural.
Cuarto. Que en la reforma rural estructural participen también las comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionados con el sector rural, como son, entre otras, las de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Economía, de Energía, de Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputados: Marco Antonio González Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Landy Margarita Berzunza Novelo, Pedro Gómez Gómez, Luis Gómez Gómez, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Kamel Athié Flores (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), María Elena Cano Ayala (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Salomón Juan Marcos (rúbrica), Emilse Miranda Munive, Jesús Murillo Karam, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla, Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Laura Barrera Fortoul, Noé Barrueta Barón, Angelina Carreño Mijares, Blanca Estela Gómez Carmona, Irazema González Martínez Olivares, Gerardo Xavier Hernández Tapia, José Isidro Moreno Arceaga, César Reynaldo Navarro de Alba, José Rangel Espinosa, Tanya Rellstab Carreto, Maricruz Cruz Morales, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Javier López Zavala (rúbrica), Josefina García Hernández, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jesús Antonio Valdez Palazuelos (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena, María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut, Verónica Carreón Cervantes, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez, Julio César Flemate Ramírez, Abel Guerra Garza (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Sergio Torres Félix (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a no considerar en la Ley de Ingresos de 2013 el gravamen de 3 por ciento a las telecomunicaciones, señalado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN
Juan Pablo Adame Alemán, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no considerar en la Ley de Ingresos 2013 impuestos especiales a las telecomunicaciones.
Consideraciones
Desde el 27 de noviembre de 2009, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que contenía el gravamen del 3 por ciento a las telecomunicaciones, México adoptó un impuesto regresivo a las telecomunicaciones que inhibe la inversión en el sector, y que estimula una política fiscal que no ayuda a incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de servicios en beneficio para la población.
Si bien el uso del internet quedó excluido de dicho impuesto, la realidad tecnológica y económica en la que actualmente se ofrecen servicios convergentes de triple play (telefonía, internet y televisión) hace difícil desagregar cada uno de dichos servicios, gravando indirectamente esta herramienta a la cual hoy los mexicanos todavía no tienen acceso de manera plena, y que es fundamental para el desarrollo económico.
En ese sentido, vale la pena resaltar lo que investigadores y especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la consultora The Competitive Intelligence Unit señalan: la ineficiencia y distorsiones que desplazan el gasto privado y la disminución del bienestar al aplicar impuestos especiales al sector telecomunicaciones1 afectan directamente la productividad y competitividad de diversas industrias y empresas de servicios.
Dicha afirmación permite señalar que impuestos como el 3% a las telecomunicaciones en la Ley del IEPS limitan a una de las industrias que mayor dinamismo tienen en el mundo y cuyos niveles de inversión por año en nuestro país en la última década creció de 2,500 a 5, 700 millones de dólares, e impide avanzar en la meta para conseguir un aumento del 10% en la penetración de banda ancha y el incremento del 1.4% del Producto Interno Bruto nacional.2
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el impuesto especial que tienen las telecomunicaciones, conlleva un costo social que se traslada directamente a la ciudadanía desestimulando el consumo y la inversión en el sector, afectando principalmente a la población de menores recursos y obstaculizando la reducción de la brecha digital.
Por lo tanto, de continuar con la tendencia de gravar a las telecomunicaciones con un impuesto regresivo, México continuará con el rezago que nos ubica en el último lugar de accesos totales a las comunicaciones entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y último en velocidad observada de acceso residencial a conexión de internet.
En la medida que vayamos eliminando restricciones para la apropiación de la tecnología y las telecomunicaciones a la población mexicana, podremos pensar en que nuestro país acceda al modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y el conocimiento, centrado en la capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier información, transmitida vía telecomunicaciones e informática, a la que todos pueden acceder para utilizarla, compartirla, modificarla y actualizarla, y orientarla para generar conocimiento promoviendo el desarrollo de las personas y las comunidades.
Para poder acceder al modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y conocimiento, es indispensable contar con instrumentos suficientes de política pública y de reformas legales que empujen la innovación y la competencia, y así potencializar la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, principalmente la banda ancha y el internet.
Es por esa razón que tanto los poderes Ejecutivo como Legislativo, están obligados a recoger la inquietud y estudios serios de consumidores, académicos e integrantes de la industria que señalan que por cada dólar de reducción en impuestos, los países en vías de desarrollo pueden generar un crecimiento en el PIB entre 1.4 y 12.6 dólares.3
Por todo lo anteriormente expuesto somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no considerar en la Ley de Ingresos 2013 el gravamen de 3 por ciento a las telecomunicaciones, señalado en los incisos c) de la fracción II del artículo 2o. y la fracción IV del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Notas
1 El impacto de la tributación en el desarrollo del sector de banda ancha móvil . Raúl Katz, Ernesto Flores, Judith Mariscal, CIDE, 2010.
2 Cálculos realizados por The Competitive Intelligence Unit.
3 www.canieti.org, www.oecd.org y El impacto de la tributación en el desarrollo del sector de banda ancha móvil . Raúl Katz, Ernesto Flores, Judith Mariscal, CIDE, 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, el 2 de octubre de 2012.
Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a efectuar una distribución igualitaria en razón de género de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los diputados Aída Fabiola Valencia Ramírez, Martha Beatriz Córdova Bernal, Merilyn Gómez Pozos, Zulema Huidrobo González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Luisa María Alcalde Luján, María Fernanda Romero Lozano, Margarita Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Juana Bonilla Jaime, Lorena Méndez Denis, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Gisela Raquel Mota Ocampo, Eva Diego Cruz, Yazmín de los Angeles Copete, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Verónica García Reyes, Alfa Eliana González Magallanes, Amalia Dolores García Medina, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Verónica Beatriz Juárez Piña, Julisa Mejía Guajardo, Mónica García de la Fuente, Ana Lilia Garza Cadena, Judit Magdalena Guerrero López, Lourdes Adriana López Moreno, Laura Ximena Martel Cantú, Gabriela Medrano Galindo, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Rosa Elba Pérez Hernández, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Marha Edith Vital Vera, Ruth Zavaleta Salgado, María del Carmen Martínez Santillán, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Loretta Ortíz Ahlf, Rosa Elia Romero Guzmán, Araceli Torres Flores, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, José Luis Valle Magaña, Hugo Jarquín, José Luis Muñoz, Marco Rafael Méndez Martínez, y otros diputados de los siete grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79 , numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los avances en materia de igualdad sustantiva para las mujeres en México ha tenido como un espacio privilegiado al Poder Legislativo, es en este espacio en el que se han elaborado las leyes e impulsados los presupuestos que permiten que hoy en día las mujeres tengan más derechos y cada día se den pasos firmes para seguir avanzando hasta construir una sociedad justa e igualitaria.
Hoy, de cara a la LXII Legislatura, inédita en su integración de mujeres, al conformarse con 184 legisladoras en la Cámara de Diputados y 42 en el Senado, se constituye la posibilidad de ser una legislatura histórica, en la que no puede haber pretexto para consolidar los pasos hacia la igualdad.
Es por ello que este Congreso tiene un compromiso ineludible con la igualdad de derechos, y de hecho, entre mujeres y hombres, y es razonable que siendo éste uno de los espacios desde el cual se ha impulsado la igualdad sustantiva, deba ser el primero en poner el ejemplo.
Al integrarse las comisiones legislativas deben sujetarse a criterios que no sólo reflejen el reparto proporcional entre las fuerzas representadas, sino que garanticen la pluralidad y la diversidad de las y los integrantes del Congreso, que permita que los temas que ahí se analicen cuenten con la especialización, experiencias y demandas de nuestros representados, pero sobre todo que cuenten con la visión y perspectiva de las mujeres.
En ese orden de ideas, es menester que la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de esta legislatura se realice con base en un criterio con razón de género, y que al menos cuarenta por ciento de esas comisiones estén presididas por legisladoras.
Con esta medida la Cámara de Diputados estaría garantizando la igualdad de oportunidades y refrendando su compromiso con el adelanto efectivo de las mujeres.
Considerandos
Eso es una cuestión no sólo de justicia, sino de congruencia y cumplimiento de preceptos constitucionales como el de la igualdad establecida en el artículo 4o., con convenios y tratados internacionales, como la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
Así tenemos que de acuerdo al artículo 3o. de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se establece que:
“Los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”
Teniendo en consideración además que conforme al artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
“Proponer al pleno la integración de las comisiones con el señalamiento de sus respectivas mesas directivas...”
En razón de lo expuesto, ponemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que haga una proposición de distribución igualitaria en razón de género, entre mujeres y hombres, de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que integre al menos cuarenta por ciento de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura con legisladoras, siendo el porcentaje proporcional de acuerdo a las comisiones que le corresponda a cada grupo parlamentario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputados: Carla Guadalupe Reyes Montiel, María Fernanda Romero Lozano, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Jesica Salazar Trejo (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Josefina Salinas Pérez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Crystal Tovar Aragón, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Claudia Elena Águila Torres, Aleida Ruiz, María de Lourdes Amaya Reyes, Alliet Mariana Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Juana Bonilla Jaime, Teresita de Jesús Borges Pasos, Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Lorena Méndez Denis, María del Rosario Merlín García, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Teresa de Jesús Mójica Morga, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras, Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Eva Diego Cruz (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Verónica García Reyes (rúbrica), Alfa Eliana Gonzalez Magallanes (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Luisa María Alcande Luján, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Ricardo Mejía Ávila (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Judith Magdalena Guerrero López (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Rosa Elia Romero Guzmán(rúbrica), Araceli Torres Flores (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de vigilancia, seguimiento y atención para la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Cesario Padilla Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Cesario Padilla Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 79, fracción II, 146, fracción I, 205, apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano; que el azúcar como producto es un bien de consumo necesario por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización, son de interés público.
Soy productor de caña del ingenio de Tala, Jalisco, el segundo más importante en el país, conozco de primera mano las necesidades a las que nos enfrentamos día con día, los precios de los insumos se han disparado y a muchos productores se les ha orillado a que dejen de sembrar caña debido a lo incosteable que resulta. El azúcar forma parte de la canasta básica de los mexicanos, nos encontramos el día de hoy ante una crisis en nuestra soberanía alimentaria, de ahí que resulta indispensable que en esta legislatura tomemos acuerdos para robustecer el cultivo de la caña y brindar con ello un seguimiento a los planes y programas para que verdaderamente lleguen esos apoyos a los productores. La relevancia de la producción de azúcar deriva en el interés general de los mexicanos de que produzcamos lo que consumimos.
Como legislador mantengo firme mi compromiso con los productores de caña, porque creo que es el momento que tomemos acciones para beneficiar a las familias que tienen su sustento en el cultivo de la caña. Hagan suya, compañeras y compañeros legisladores, la creación de esta comisión especial, para con ello abonar y responderle a todos esos productores, que ven en este inicio de legislatura la oportunidad para salir adelante y solucionar los problemas a los que como productores nos enfrentamos día con día. No habrá desarrollo competitivo, real, si no incluimos al campo mexicano.
La producción promedio actual es de 4.9 millones de toneladas de azúcar con la molienda de 42.5 millones de toneladas de caña. Esta actividad representa 11.6 por ciento del valor del sector primario, y este sector primario nacional contribuye al Producto Interno Bruto con el 3.9%., y 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero, generando más de 450 mil empleos directos, y beneficios directos a más de 2.6 millones de personas, la aportación que esta industria hace a la Población Económicamente Activa se establece en el rango del 13.1%.
El cultivo de la caña representa 745 mil hectáreas, de las cuales 663 mil abastecen a 54 ingenios de 15 estados cañeros. Es, por tanto, una actividad de alto impacto en 227 municipios, donde habitan 12 millones de mexicanos.
La agroindustria azucarera sigue manteniéndose como un referente del sector agrario nacional, producto del esfuerzo de toda la cadena productiva que va desde los abastecedores de caña hasta los industriales que fabrican el endulzante para llevarlo a los supermercados y demás industrias que lo usan.
Es interés de los legisladores federales de Jalisco, seguir con los trabajos de las Comisiones Especiales de la Industria Azucarera creadas en las anteriores legislaturas.
En nuestro país no ha sido nada fácil esta situación, lo que llevó al cierre de 3 ingenios en 2009 al pasar de 57 ingenios que operaban a tan sólo 54 ingenios; sin embargo, los que nos encontramos inmiscuidos en esta agroindustria hemos dado nuestro mayor esfuerzo en aras de mejorar nuestra producción de caña de azúcar, a pesar de las adversidades climatológicas y de las condiciones económicas.
Para este año los resultados a nivel nacional han sido difíciles; los productores de caña nos hemos enfrentado a los altos precios a niveles que nunca habían estado, por mencionar algunos ejemplos, de las semillas, fertilizantes, refacciones y de los combustibles que usamos en esta actividad.
Producto de esta carencia de apoyos se han reflejado en una disminución en varios de nuestros indicadores. Según datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la superficie sembrada destinada a la producción de azúcar que para este ciclo alcanzó una extensión de 663 mil 57 hectáreas (30 mil menos que la zafra pasada); nuestro rendimiento por hectárea también cayó en 6 toneladas al situarse en 64.12 toneladas por hectárea, lo cual trajo consigo una disminución en la cantidad de azúcar producida por hectárea sembrada de caña de 7 mil 484 kilogramos. Los factores principales que incidieron en la caída de la producción de azúcar fueron la sequía, el incremento en el precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, manejo indiscriminado y anárquico de los financiamientos, entre otros.
“...Esta situación no es exclusiva para México, pues diversos acontecimientos, tanto en el mercado nacional como en el entorno mundial, han modificado sustancialmente las expectativas para este sector. Existe un déficit relevante en el mercado mundial del azúcar; en otras palabras, se espera que el consumo supere a la producción, pero no sólo ocurrirá este año, sino también el siguiente. En agosto de 2009 se llevó a cabo el vigésimo sexto Sweetener Symposium en Park City, Utah, donde se calculaba un déficit para ese año de 7.8 millones de toneladas; sin embargo dos semanas después la Organización Internacional del Azúcar dio una nueva cifra de 9.3 millones de toneladas; este déficit en la producción de azúcar y su alza de precios en el mundo se ha debido principalmente a dos factores: primero la fuerte demanda por parte de la India, el mayor consumidor mundial de azúcar, que vio disminuida su producción domestica del endulzante debido a una terrible temporada de monzones; y segundo, los menores niveles de producción por parte de Brasil, debido al uso alterno que se le da a la caña de azúcar en la producción de etanol...”
Por lo anterior, con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía con base en el artículo 205 apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de vigilancia, seguimiento y atención para la agroindustria mexicana de la caña de azúcar por parte de esta soberanía, y que se asignen para su debido funcionamiento los recursos, humanos, financieros y materiales conducentes con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del campo cañero mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.
Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2012.
Diputado Cesario Padilla Navarro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar por la Secretaría de Economía el convenio suscrito con la cadena productiva de oleaginosas, y dejar sin efecto el decreto por el que se modifican los aranceles NMF a los aceites vegetales comestibles clasificados, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de la Coordinación de Michoacán del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos
Honorable Asamblea:
El pasado 5 de septiembre la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, de manera unilateral, un decreto por el cual se eliminan los aranceles de importación a los aceites comestibles, argumentando:
1. Que la producción nacional de semillas oleaginosas no ha mostrado un incremento suficiente conforme a las expectativas esperadas para cubrir la demanda nacional, de tal forma que nuestro país, ante el déficit en la producción de dichas semillas, actualmente depende tanto de las importaciones de éstas como de aceites oleaginosos cuyos aranceles propician un mayor precio interno, en deterioro del bienestar del consumidor y de la competitividad de las empresas nacionales.
2. Que derivado de lo anterior resulta urgen e indispensable continuar con la adecuación de la política arancelaria que permita generar condiciones favorables para las empresas y fortalecer su competitividad para responder a las tendencias del mercado, así como preservar la planta productiva y el empleo a favor del bienestar de la población.
Adicionalmente, se argumenta un supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos por la industria aceitera nacional en el Convenio de Colaboración para el Desarrollo Económico Sustentable a Nivel Regional en Materia de Productos Oleaginosos, suscrito el 26 de mayo de 2010 por las Secretarías de Agricultura, y de Economía con las empresas aceiteras mexicanas.
Sin embargo, en cada una de las ocasiones en que así lo solicitaron las autoridades gubernamentales, la industria aceitera nacional presentó pruebas fehacientes del cumplimiento cabal de todos y cada uno de los compromisos adquiridos con el gobierno federal, por virtud del citado convenio.
Por el contrario, fue la Secretaría de Economía la que al publicar el decreto de referencia incumple su compromiso de mantener el régimen arancelario acordado.
Los cinco compromisos adquiridos por la industria aceitera fueron cumplidos a cabalidad:
1
a) Compra de cosechas nacionales e incremento en el trabajo con Sagarpa y los sistemas producto. Durante los años de vigencia del Convenio 2010, 2011 y 2012 fueron comercializadas el 100 por ciento de las cosechas nacionales de semillas y frutos oleaginosos por las empresas procesadoras mexicanas adheridas al convenio. La producción nacional de semillas y frutos oleaginosos para el 2012 habrá alcanzado un volumen de 850 mil toneladas, un crecimiento de 103 por ciento con relación al año 2009.
b) Inversiones en el campo. Para cumplir con el convenio se han realizado las siguientes inversiones: investigación y desarrollo de nuevas variedades de semillas oleaginosas adecuadas para el campo mexicano, 18.3 millones de pesos; establecimiento de plantaciones de palma de aceite, 130.1 millones de pesos; programas de asistencia técnica y financiamiento a productores, 222.6 millones de pesos; compras de cosechas nacionales de semillas y frutos oleaginosos, 3 mil 936 millones de pesos.
2
Inversiones en modernización de la planta procesadora de semillas y frutos oleaginosos, refinación y fraccionamiento de aceites. En los últimos tres años, las empresas aceiteras invirtieron $161 millones de dólares para la modernización de la planta productiva, logrando no sólo mantener el nivel de empleo en la industria sino creando un mayor número de empleos a los comprometidos en el convenio.
3
Apoyar la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Reducir ácidos grasos trans en aceites vegetales. Del análisis realizado por la Mesa de Grasas, constituida en el marco del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y coordinada por la Secretaría de Salud, se concluyó que la calidad de los aceites comestibles fabricados por la industria mexicana son de clase mundial, lo cual se traduce en una oferta disponible de aceites vegetales embotellados libres de grasas trans, cumpliendo además con proporcionar al consumidor la información nutrimental en forma clara y completa en sus etiquetas.
4
Apoyar los acuerdos bilaterales de libre comercio que negocie México. Los productores de oleaginosas, de palma de aceite y coco, así como la industria mexicana de aceites, grasas y proteínas, sólo buscan condiciones de equidad, una cancha pareja.
En este sentido, la cadena agroindustrial de oleaginosas ha apoyado consistentemente la política comercial de apertura bilateral emprendida por el gobierno mexicano, desde el TLCAN hasta las recientes negociaciones con Colombia y Perú. El sector aceitero tiene ya libre comercio con las principales regiones productoras de aceites y grasas, sobre una base de reciprocidad y de eliminación de prácticas desleales de comercio.
Algunos de los países beneficiarios directos del libre acceso que México ahora otorga por el decreto en forma unilateral, es decir, a cambio de nada, son paradójicamente Argentina y Brasil naciones que por el contrario están emprendiendo medidas proteccionistas. Ejemplo de ello es la reciente cancelación de sus relaciones comerciales con México en materia automotriz, a pesar del acuerdo comercial que tenían suscrito.
Por otro lado, estas naciones, al igual que Malasia, Indonesia, Rusia y Ucrania mantienen esquemas de subsidio a la exportación para los aceites comestibles, a través de un esquema de impuestos diferenciados de exportación (DET por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, la eliminación de los aranceles pondrá a competir tanto a los productores agrícolas nacionales así como a la industria de aceites, grasas y proteínas, en condiciones de franca desventaja derivadas de las prácticas comerciales desleales que realizan estos países.
Y a la pregunta de por qué en el caso del sector de aceites, grasas y proteínas, México no ha suscrito tratados de libre comercio con naciones como Argentina, Brasil, Malasia e Indonesia, que también son productores de aceites vegetales, la respuesta es simple: a diferencia de otros países que son ahora nuestros socios comerciales, estas naciones no han aceptado modificar los esquemas de apoyos a sus productores e industrias locales así como los impuestos diferenciados a la exportación que resultan ser prácticas desleales de comercio.
5
Mantener la evolución de los precios al consumidor de los aceites y grasas comestibles del Inpco en México, en línea con los índices de precios de Estados Unidos. Al ser un sector totalmente abierto a la competencia internacional, la industria aceitera nacional mantiene precios competitivos de los aceites comestibles en beneficio del consumidor. De hecho, los precios de los aceites vegetales mexicanos son de los más bajos del mundo y siguen una tendencia convergente con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos.
El incremento de los precios de los aceites vegetales comestibles, como en el caso de otras cadenas agroindustriales de productos básicos, son consecuencia del aumento en los costos de las materias primas agrícolas del mercado internacional (por causas como la severa sequía que está afectando la producción agrícola estadounidense) y no de los aranceles a la importación de los aceites vegetales.
Actualmente, a pesar de los altos incrementos en los costos de las materias primas en el mercado internacional (la semilla de soya aumentó cerca de 40 por ciento en los últimos meses), la inflación de aceites y grasas comestibles durante agosto en México, según datos de Inegi, fue de 0.07 por ciento, el nivel más bajo del último año.
Eliminar los aranceles NMF de importación a los aceites vegetales comestibles unilateralmente, va en contra del principio de reciprocidad que ha caracterizado a todos los procesos de negociación comercial, en donde, además de negociar la desgravación arancelaria, se tiene la oportunidad de incluir disposiciones para evitar prácticas comerciales desleales como las que actualmente realizan algunos países productores y exportadores de aceites vegetales y que tienen el mismo efecto que los subsidios a la exportación.
Más grave aún, debido al estrecho vínculo que existe entre la Industria aceitera y la actividad agrícola nacional, la modificación al régimen arancelario de los aceites y grasas vegetales comestibles tiene un grave impacto social al privilegiar la importación por encima de los programas de reconversión agrícola que, durante los últimos años, han incrementado las cosecha de semillas y frutos oleaginosos en el campo mexicano, proporcionando a los agricultores una opción rentable de producción.
La eliminación de los aranceles a los aceites vegetales afectará a los productores nacionales de soya, cártamo, palma de aceite y coco de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Colima, Guerrero, Tabasco, Campeche y Chiapas, quienes verán reducidos sustancialmente sus ingresos, pero lo más grave es que se estará cancelando una opción de cultivo más rentable como son las oleaginosas, la palma de aceite y el coco.
En resumen, la política arancelaria unilateral seguida por la Secretaría de Economía desarticula las cadenas productivas agroindustriales, empezando con su primer eslabón: el campo mexicano, desincentivando la producción local de oleaginosas y los proyectos de inversión de las empresas que representan, entre otras cosas, más empleos. Genera además desconfianza en el productor primario y crea un entorno de incertidumbre (de acuerdos no respetados por la autoridad) que desincentiva continuar con los planes de inversión de los industriales en el país.
Es un hecho que sin una cadena productiva fuerte en el país, que amortigüe el impacto de los drásticos cambios en los precios internacionales, el consumidor mexicano queda totalmente expuesto a los vaivenes del mercado mundial y a las políticas comerciales de subsidios y restricciones a la exportación que decidan instrumentar los proveedores extranjeros.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, respete el convenio suscrito con la cadena productiva de oleaginosas y, en consecuencia, deje sin efecto el decreto del 5 de septiembre de 2012 por el que se modifican los aranceles como nación más favorecida, NMF, a los aceites vegetales comestibles clasificados en las distintas fracciones arancelarias del capítulo 15 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el desarrollo hidráulico de la región de Tierra Caliente y la costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe la presente, diputado Rodimiro Barrera Estrada, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo hidráulico de la región de tierra caliente y la costa del estado de Michoacán, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
La escasez del agua y por consiguiente el estancamiento del desarrollo hidráulico, son temas de las diferentes agendas internacionales que ocupan la atención de diversos organismos, en la idea de aportar soluciones locales a un gravísimo problema mundial.
De acuerdo con opiniones de especialistas de la Unesco, los recursos de agua subterránea en todo el orbe sufren los efectos de una gobernanza insuficiente, por lo que 25 millones de personas en el mundo dependen exclusivamente de estos recursos para satisfacer sus necesidades diarias del líquido vital, y cientos de millones de agricultores dependen del agua subterránea para mantener sus medios de subsistencia y contribuir a la seguridad alimentaria de otras numerosas personas. Sin embargo, la gestión de la mayoría, o quizás la totalidad de los acuíferos, no tiene en cuenta la sostenibilidad o equidad necesarias para conservar y proteger estos recursos vitales de agua potable.
Una de las principales referencias hechas por el citado organismo internacional, es la falta de gobernanza eficaz como una de las principales causas del agotamiento del agua subterránea, la contaminación de los acuíferos e incluso la asignación inequitativa.
Alice Aureli, especialista del programa hidrológico internacional de la Unesco, señala que la formulación de estrategias de buena gestión del agua, es necesaria para asegurar la supervivencia del planeta. “Actualmente estamos frente a desafíos medioambientales y globales sin precedentes, como el crecimiento de la población mundial. Ésta podría alcanzar los 9 mil millones de personas en cuatro décadas, requiriendo así una duplicación de la producción de alimentos las próximas tres décadas, y la energía suficiente para las necesidades básicas. A estos factores globales hay que sobreponer los riesgos adicionales generados por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los límites de los recursos naturales. Estos riesgos incluyen los fenómenos hidrológicos extremos que pueden provocar graves inundaciones y sequías. En ambos casos, la formulación de buenas estrategias de gestión del agua es fundamental para garantizar la supervivencia del planeta”.
Las aguas subterráneas proveen prácticamente la mitad de toda el agua potable en el mundo y alrededor del 43 por ciento de todo el líquido vital es utilizado en el riego. Los acuíferos ofrecen una reserva esencial para la población de regiones áridas y contribuyen a mantener diversos ecosistemas de los cuales dependen las poblaciones.
Bajo el anterior orden de ideas es preciso señalar que en el caso de México, y en particular la situación de la región de tierra caliente y la costa de Michoacán, no difieren de las del resto del mundo, ya que enfrentamos los problemas derivados del crecimiento de la demanda, la sobrexplotación y la escasez del agua, los cuales limitan el desarrollo económico y social de la región, de los sectores productivos y de miles de familias michoacanas.
La tierra caliente, es un valle de marcada resequedad, cuyas temperaturas son extremadamente altas que incluso llegan a superar los 50 grados centígrados durante el verano, donde las precipitaciones son escasas durante el año y recurrentemente, enfrentando sequías que devastan al sector agropecuario.
A pesar de la problemática señalada, la vocación agrícola michoacana ha sido insuperable por los otros 7 estados líderes en producción nacional, por lo que basta señalar que Michoacán:
• Por tercer año consecutivo ha sido el primer lugar en producción nacional.
• En 2011 fue el primer lugar en producción agrícola, con 11.01 por ciento de la producción nacional.
• Figura en el primer lugar en producción de zarzamora (21.86 por ciento), planta de fresa (62.22 por ciento), ave del paraíso (47.70 por ciento), camote (33.80 por ciento), ciruela (29.60 por ciento), col-repollo (21.86 por ciento), lenteja (98.45 por ciento) y guayaba (45.96 por ciento).
• De la producción nacional de aguacate, aporta 90.70 por ciento.
• Es el segundo lugar en producción de fresa, durazno y limón.
• Ocupa el tercer lugar en producción de cebolla y frambuesa.
• Representa el quinto lugar en valor de la producción agrícola por hectárea.
• Figura en el octavo lugar nacional en superficie sembrada.
Ahora bien, la mayoría de los cultivos mencionados tienen un alto valor comercial, lo que hace factible, de acuerdo al análisis costo-beneficio, la aplicación de tecnología moderna. Asimismo podemos señalar que estos productos agrícolas tienen como característica que las labores de siembra, cultivo y cosecha se deban realizar mayoritariamente de forma manual, lo que demanda altas cantidades de mano de obra y una importante derrama económica.
Es menester que Michoacán alcance niveles óptimos de competitividad, por ello es importante el desarrollo hidráulico, pues los mercados exigen cada vez mayor calidad e inocuidad alimentaria.
En esta entidad, existe un alto potencial productivo, sustentado en su diversidad climática, edafológica y su disponibilidad de agua; su ubicación geográfica permite la expansión de los mercados agrícolas al ámbito nacional e internacional; cuenta con experiencias exitosas relacionadas con el incremento de la productividad.
Cabe destacar que el estado de Michoacán cuenta con 2 mil 360 unidades de riego para una superficie de 224 mil 819 hectáreas que benefician a 45 mil 660 usuarios, pero únicamente tiene tecnificado 20 por ciento de las hectáreas de riego, por lo que existe una necesidad de modernizar las 180 mil hectáreas restantes.
Asimismo, el distrito 097, que abastece precisamente la región de tierra caliente y costa michoacana, cuenta con 114 mil 765 hectáreas que corresponde a 51.05 por ciento del total en el estado, y sólo cuenta con 40 mil 167.75 hectáreas tecnificadas, es decir (35 por ciento), y 74 mil 597.25 hectáreas con riego tradicional, correspondiente a 65 por ciento, por lo que se torna con carácter urgente el destino de recursos para impulsar la producción agrícola.
En suma, el desarrollo hidráulico de la región de tierra caliente y la costa de Michoacán, permitirían el uso eficiente del agua, el aumento de la productividad, la generación de empleo, así como el fortalecimiento del mercado interno y por consiguiente, el bienestar para miles de familias mexicanas.
Para tal efecto es necesario llevar a cabo la modernización y tecnificación del riego para lograr el uso sustentable del agua; la construcción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de infraestructura (presas, pozos, canales, etcétera.); la identificación de áreas susceptibles de incorporar al riego, así como de cultivos y mercados potenciales y, la organización y capacitación de unidades y módulos de riego.
Es posible hacer mención que del total del gasto para el sector agua en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los tres últimos años, a Michoacán le ha sido asignado únicamente un promedio del 1.78 por ciento, y en particular para el rubro hidroagrícola le fue destinado un promedio del 0.58 por ciento, porcentaje insuficiente tomando en consideración el potencial productivo que representa esta entidad federativa.
En virtud de lo anterior me permito poner a su consideración la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, se constituya la comisión especial para el desarrollo hidráulico de la región de tierra caliente y la costa del estado de Michoacán, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable y sostenible de manera integral de la región.
El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación de las diferentes leyes que rigen la materia, realizar gestiones, y destinar los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el desarrollo hidráulico de dicha región.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones reglamentarias.
Segundo. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial, deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores representen a la entidad federativa objeto de la creación de la comisión (Michoacán, estado de México y Guerrero) y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La comisión especial materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando le sea requerido, un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputados: Rodimiro Barrera Estrada, Salvador Romero Valencia, Luis Olvera Correa, Socorro de la Luz Quintana León, Blanca Villaseñor Gudiño, Salvador Ortiz García, Adriana Hernández Íñiguez, Alfredo Anaya Gudiño, Eligio Cuitláhuac González Farías, Ernesto Núñez Aguilar (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2013 como Año del Heroico Sitio de Puebla de 1863 y se solicita la creación de la comisión especial para conmemorar ese acontecimiento, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
EL 17 de mayo de 2013 se conmemorará el 150 aniversario del Sitio de Puebla el cual tuvo lugar del 17 de marzo al 17 de mayo de 1863.
Luego de ser vencidas las fuerzas francesas en la batalla del 5 de mayo de 1862, se repliegan hacia Veracruz para preparar una segunda incursión en territorio mexicano; a la vez que solicitaba a París el envío de refuerzos.
A finales de ese mismo año arriban dos divisiones al mando del general en jefe Élie-Frédéric Forey, designado para sustituir al Conde de Lorencez, con un total de 28 mil efectivos. Las divisiones francesas, a su vez, eran dirigidas por Charles Abel Douay y por François Achille Bazaine. Este ejército al que se agregaron 7,000 mexicanos comandados por los generales conservadores Juan Nepomuceno Almonte y Leonardo Márquez, se puso en marcha hacia a Puebla a principios de marzo de 1863, con 56 cañones y una reserva de 2,400,000 cartuchos para las armas portátiles.
Luego de que Ignacio Zaragoza, vencedor de la batalla del 5 de mayo, había muerto el 8 de septiembre de 1862 de tifus; el general Jesús González Ortega había asumido el mando del Ejército de Oriente. El alto mando del Ejército de Oriente había definido un plan de defensa basado en la construcción de un sistema de fuertes, la fortificación de cuatro zonas de manzanas en el casco urbano y el cerro de San Juan, agregar redientes y parapetos, así como líneas interiores apoyadas en edificios o templos. A los fuertes de Loreto y Guadalupe se agregaron los de Santa Anita (también conocido como El Demócrata), San Xavier o Iturbide, El Carmen o Hidalgo, La Garita de Totimehuacán o Ingenieros, la iglesia de los Remedios o Zaragoza, La Misericordia o Independencia, el fortín del Señor de los Trabajos y la línea de Redientes del Parral o Morelos
Para marzo de 1863, Puebla era “la plaza mejor defendida de México”. Con una población de 80,000 habitantes, contaba con una guarnición de 21,000 soldados, 170 cañones y 18,000 mil armas portátiles.
Las fuerzas estarían dirigidas por algunos de los generales juaristas de mayor prestigio, como Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Tomás O’Horán y el italiano Luis Ghilardi.
La batalla : El 10 de marzo, el general Jesús González Ortega, pidió que todo aquel que no participara en la defensa y a los ciudadanos de nacionalidad francesa, se retiraran. El 16, los invasores arribaron a las inmediaciones de la ciudad. Dos días después se dividieron en dos grupos: el primero, dirigido por Douay, rodeó Puebla por el norte, y el otro, bajo el mando de Bazaine, por el sur, mientras que Forey estableció su cuartel general en el cerro de San Juan Centepec. El 19 y 20 de marzo sólo hubo disparos aislados, y la batalla comenzó formalmente el 21 de marzo, cuando las fuerzas de Miguel Negrete, apostadas en torno al fuerte de Loreto, recibieron más de 30 disparos de artillería.
Al comienzo de las operaciones, y tras consolidar su línea de ataque, los soldados de Bazaine lograron abatir la defensa del fuerte de San Xavier (llamado también de Iturbide o Penitenciaría); sin embargo, no contemplaron la férrea resistencia de los mexicanos en las manzanas aledañas al Paseo Bravo.
Tras tomar con dificultad la manzana de La Guadalupita (hoy avenida Reforma 1100), los franceses avanzaron con dirección al zócalo de la ciudad, siendo repelidos por la batería comandada por Porfirio Díaz en la calle del Hospicio (hoy avenida Reforma 900; en dicho sitio se encuentra actualmente una placa conmemorativa del hecho). En otra línea de ataque, el ejército francés intentó acceder al centro de la ciudad atacando el Convento de San Agustín, incendiándolo y entablando una feroz lucha cuerpo a cuerpo, sin que la victoria fuera definitiva para ningún bando, ya que cuando los franceses tomaban una manzana, era inmediatamente recuperada por las fuerzas mexicanas, obligando a los franceses a retroceder y enfocar su ataque por otro lado. Uno de los episodios más notables fue la defensa del Convento de Santa Inés por parte de las fuerzas del general Miguel Auza Arrenechea, quien propinó una derrota a los franceses que pretendían apoderarse del patio del convento.
La batalla se convirtió entonces en una cruenta lucha calle por calle, “cuadra por cuadra, casa por casa, piso por piso, cuarto por cuarto, y por eso, porque muchas veces el enemigo estaba del otro lado de la calle y se disparaba de una puerta a otra, de una ventana a otra, se quedaban los cuerpos de los que habían muerto a mitad de la calle”, lo que corrompió el aire y las fuentes de agua de la ciudad. Casi todos los edificios de la ciudad quedaron destruidos. En vista de la resistencia presentada por los mexicanos, a mediados de abril el alto mando francés realizó un Consejo de Guerra en el que se planteó suspender las hostilidades y dirigirse directamente hacia a la Ciudad de México; sin embargo, como uno de los objetivos del asedio era “cobrarse” la derrota del 5 de mayo, Forey decidió mantener el sitio a toda costa. Los defensores empezaron a padecer hambre, lo que sucedió aparejado con la escasez de municiones.
El 8 de mayo, tres divisiones mexicanas que conformaban el Ejército del Centro, comandadas por Ignacio Comonfort, intentaron romper el sitio para reaprovisionar la plaza, pero fueron derrotadas por las fuerzas de Bazaine en la Batalla de San Lorenzo Almecatla, en las cercanías de Cholula. Con sus efectivos diezmados y sin posibilidad de obtener víveres ni pertrechos, González Ortega convocó a su oficialidad a un Consejo de Guerra en el que se decidió entregar la ciudad. Finalmente, tras dos meses de férrea y heroica resistencia, se ordenó la rendición el 17 de mayo, no sin antes destruir todo el armamento existente y disolver simbólicamente el Ejército de Oriente. Al entregarse prisioneros los oficiales franceses contestaron: “El Ejército francés sabe respetar al valor; y una guarnición que se ha conducido como la de Puebla, no merece sino nuestro respeto y admiración”.
Cayeron prisioneros entre 8,000 y 10,000 soldados mexicanos. De ellos, unos 5,000 se pasaron (y los pasaron) a las tropas de Leonardo Márquez; a otros 2,000 se les destinó a destruir trincheras y barricadas, y a limpiar restos humanos y escombros para la entrada de los franceses a la ciudad. Al resto, junto con los oficiales que se negaron a firmar un juramento de que no tomarían las armas contra el Imperio, los llevaron a Veracruz para embarcarlos a Francia y La Martinica. Sin embargo, en el viaje al puerto se fugaron nueve generales, entre ellos el propio González Ortega, Negrete, Díaz y el Coronel Mariano Escobedo, de los 22 que se rindieron, y sólo embarcaron a 110 de los 228 oficiales capturados.
Las fuerzas francesas entraron a una Puebla desolada y en ruinas el 19 de mayo de 1863. Sin oposición avanzaron hasta la Ciudad de México, a donde llegaron por el oriente, el 10 de junio; por el poniente salió el presidente Benito Juárez con toda su comitiva de gobierno, con rumbo a San Luis Potosí, con lo que inició la huida del gobierno republicano hacia el norte, ante el avance de las tropas invasoras.
Por la caída de Puebla, Napoleón III otorgó a Forey el grado de mariscal de Francia y lo repatrió, quedando Bazaine al mando de las fuerzas francesas.
La defensa fue heroica, según las confesiones unánimes de los oficiales franceses que han declarado ante la historia; sus episodios enorgullecen y conmueven; con ellos puede formarse un devocionario de mexicanismo épico para preparar a las generaciones nuevas a la comunión cívica en la República y la Patria. El juicio definitivo lo pronunciaron Napoleón III que, ante la rendición de Metz, durante la guerra franco-prusiana, le gritó a Bazaine: ¿Por qué no hicisteis como los mexicanos en Puebla?
La relevancia. Paradójicamente no es en las victorias donde más se ha fortalecido el temple de la nación sino en las derrotas, el exilio, el destierro y el desmembramiento. La mutilación del territorio nacional, tras la derrota de la guerra contra EE.UU en 1846, sumió al país en la amargura: Fuimos de la romántica esperanza en la Independencia a la romántica desilusión. Con todo, el hecho nos dejo una enorme experiencia y un aprendizaje: Nuestro encuentro con la idea de Nación. La derrota ante los franceses durante el sitio de Puebla de 1863 no es un hito más para recordar, sino que representa un paso emblemático en nuestra historia: El inicio y afirmación de un proceso que nos encaminó y consolidó como nación independiente y dio origen a la formación Estado mexicano.
La gloria victoriosa del 5 de mayo de 1862 opaca, el holocausto glorioso del Sitio de Puebla del 17 de mayo de 1863, y sin embargo, el haberlo resistido, cuenta tanto como la derrota en los Fuertes de Loreto y Guadalupe del ejército más poderoso del mundo.
62 días de resistencia histórica en el Sitio de Puebla, fortaleció al itinerante gobierno de Juárez, y fortaleció a tal grado el sentimiento de la nación, que la emperatriz de Francia dijo: “Las pirámides de Egipto fueron menos difíciles de construir que lo que sería vencer a la nada mexicana”
En el Sitio de Puebla, el orgullo del así llamado Primer ejercito del Mundo, se encontró con la fe legítima de los habitantes de una República libre y soberana que combatió hasta el fin para hacer valer los derechos de su libre autodeterminación.
En suma: no por evidente, se debe dejar manifestar que es muy importante para la formación cívica la conmemoración de las fechas patrias. Es claro que ningún país puede enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo, mirando hacia el futuro, si no tiene conciencia clara de su realidad, de sus orígenes, de su génesis histórica, y trata de mantener viva la llama del patriotismo que dio lugar a su formación. Cabe decir, que nos jugamos la supervivencia como país, como nación y como Patria en el rescate de la conciencia nacional, a través de la reconstrucción del pasado y de la problematización, en la comprensión cabal de las causas y procesos que nos han llevado a ser lo que somos, en el volver a hacer pie en la historia.
Nuestras identidades se han hecho, precisamente, en cada una de estas fechas que conmemora las efemérides. Lo mejor que tenemos y que somos debe, sin duda, sus mejores cartas a las lecciones bien aprendidas del pasado.
La Conmemoración del Sitio de Puebla, por ello, tiene como objeto refrendar, en plena globalización económica, la soberanía de nuestras identidades. La identidad no es un rígido dato inmutable, sino que es fluida, un proceso siempre en marcha, en el que continuamente nos alejamos de nuestros propios orígenes, como el hijo que deja la casa de sus padres, y vuelve a ella con el sentimiento y con el pensamiento; algo que se pierde y se renueva, en un incesante desarraigo y retorno, en una constante asimilación de lo mejor de lo ajeno para juntarlo con lo mejor de lo propio. El amor a las propias raíces necesita insertarse en un horizonte universal.
Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare el año 2013 como “Año del Heroico Sitio de Puebla de 1863”.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que acuerde que en 2013, toda correspondencia oficial de la Cámara de Diputados lleve la leyenda: “Año del Heroico Sitio de Puebla de 1863”.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política proceda a integrar una Comisión Especial para la conmemoración del sitio de Puebla de 1863 en el seno del honorable Congreso de la Unión que se aboque a la presentación de un programa de actividades tendientes a promover el rescate de la historia viva, la historia “real” como forma de lectura del presente, como maestra de la política.
Cuarto. La Comisión Especial se integrará con 15 Legisladores, miembros de las distintas fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura, recayendo su presidencia en el Grupo Parlamentario Mayoritario y en un legislador originario del estado de Puebla. Asimismo, la Junta de Coordinación Política determinará los apoyos técnicos y materiales necesarios para su cometido, el cual al cumplirse, motivará su extinción, presentando un informe final de sus actividades al Pleno y que se publicará íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.
Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, suscrita por los diputados Marco Antonio Barba Mariscal, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Marco Antonio Barba Mariscal, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Luis Armando Córdova Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El entonces diputado federal Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI, y 229 diputados federales integrantes de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados en la pasada LXI Legislatura, presentaron el jueves 1 de octubre de 2009, ante el pleno de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaría número 2857-III, donde este grupo plural de legisladores, solicitaron la creación de la Comisión Especial nacional del empleo, que fue turnado por el presidente de la Mesa Directiva, en turno, a la Junta de Coordinación Política.
De esta forma y dada la importancia de este tema, la Junta de Coordinación Política presentó ante el pleno de esta soberanía en la sesión del martes 9 de febrero de 2010, el acuerdo el cual fue aprobado, por el que se crea esta comisión especial, con la salvedad de que se denominó; “Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos” y no como se solicitó inicialmente, nacional del empleo, por así considerarlo la junta.
Esta comisión especial, durante el tiempo en que fue presidida por su proponente el diputado Isaías González, del 10 de febrero del 2010 al 15 de febrero de 2012, desarrolló un intenso trabajo legislativo, como obra en los archivos documentales y electrónicos, y que debieron ser entregados, de conformidad al Reglamento de la Cámara de Diputados, por los sucesores responsables de la secretaría técnica de la comisión especial a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En apenas dos años de su existencia, esta comisión especial llevó a cabo un análisis sustancialmente objetivo de las políticas públicas en materia de empleo, derivado de las reuniones realizadas, por una parte, con los representantes de las cámaras empresariales, de las organizaciones representativas de los trabajadores y a los académicos especializados en el tema que nos ocupa, en las que desde su perspectiva, manifestaron su opinión, así como un número importante de propuestas.
Por otra parte, también se solicitó, en referencia a este tema, a los centros de estudio y de análisis de esta soberanía, datos estadísticos y estudios pertinentes, mismos que en su momento fueron presentados en las reuniones ordinarias de la comisión, por especialistas de estos destacados centros de estudio y análisis.
En la parte productiva y como resultado de este acervo de conocimientos aportado por todos los actores ya mencionados, los diputadas y diputados integrantes de esta comisión especial, a los que se suscribieron otros diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias, presentaron diversos puntos de acuerdo para exhortar a los titulares, principalmente, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Pública, y la de Economía, a llevar a cabo acciones muy precisas para beneficiar la generación de empleos. Tanto así, que la Comisión de Economía y el pleno de esta Cámara, aprobó una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar actividades tendentes a enlazar a los proveedores nacionales de insumos y servicios con los productores de bienes y servicios finales, como vía generadora de empleo.
La participación de la comisión no se quedó al margen de la aprobación de dicho punto de acuerdo, sino que convinieron en la realización conjunta, con la Secretaria de Economía y con el apoyo de las representaciones de los trabajadores del sector turístico, de diez Exposiciones Ferias denominadas “Échale la mano a México”.
El objetivo de la realización de esta actividad, fue el de promover desde la Cámara de Diputados y con la colaboración del gobierno federal, los gobiernos de los estados y el apoyo de los gobiernos municipales, actividades convergentes para impulsar el empleo productivo a partir de la reconfiguración de las cadenas productivas, en torno al estratégico sector turismo de la economía mexicana.
En este sentido y con fundamento en la citada proposición con punto de acuerdo, se acordó organizar acciones específicas para fomentar la actividad económica nacional. La estrategia de “Échale la mano a México” se fundó en la necesidad de potenciar la capacidad del sector turismo como una locomotora que impulse el desarrollo de las diversas cadenas productivas conformadas por Mipyme mexicanas, que convergen con las empresas de servicios turísticos capaces de abastecerlas, con lo que el crecimiento del turismo, tendría un efecto multiplicador en la creación de valor, generación de inversiones productivas y empleos en diferentes regiones y sectores de la economía nacional, creando empleos permanentes en diferentes sectores de la agricultura, la industria y los servicios.
Pero por diferentes razones, como la falta de tiempo, por estar cercano el término de la Legislatura y los tiempos de ajustes financieros de la Secretaría de Economía, entre otras, de las diez Exposiciónes Ferias planeadas, fue posible llevar a cabo cinco de estas. En la Ciudad de México, DF; Cancún, Quintana Roo; Boca del Río, Veracruz; Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.
La parte práctica fue financiada por la Secretaría de Economía y operada por la secretaría técnica de la comisión especial, con el apoyo logístico de los gobiernos de los estados y en algunos casos municipales, los empresarios del sector turismo y los trabajadores organizados del ramo, posibles compradores y los productores Mipyme o sea, los posibles vendedores. El resultado fue la realización de más de 6 mil encuentros de negocios en los cinco encuentros regionales, en lo que se cerraron negocios y se incorporaron diferentes productores a las cadenas de abasto del turismo. Esta apertura del horizonte de negocios para los productores nacionales que trabajan en las diferentes regiones tuvo su impacto en mantener el empleo en las empresas participantes en un contexto nacional de crisis y de ampliar las plantillas de personal, en las que se estimó, se lograron crear aproximadamente treinta mil nuevos empleos.
Como podrán darse cuenta, el trabajo realizado por esta comisión especial fue notorio por el método de colaboración de diversos actores gubernamentales y productivos, en un fin común que es la generación de empleos, y a partir del diálogo interinstitucional y con los actores productivos. Es por esto y por las consideraciones siguientes que solicitamos su aprobación para que esta comisión especial continúe en la presente legislatura.
En el caso de América Latina y especialmente en México, se evidencia la presencia del neoliberalismo por la apertura comercial, la ampliación constante del desempleo, así como dificultades para erradicar la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza.
El tema de la generación de empleo ha sido motivo de reuniones, congresos, conferencias y propuestas académicas, como ocurrió en 2007, durante el Foro Internacional de Políticas Públicas para el desarrollo de México, específicamente en el panel de “Políticas Públicas de generación de empleo de calidad y reformas laborales”. Este foro marca como justificación temática que la falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave de México. La situación actual de este tema en México se caracteriza por dos aspectos en cuanto al tipo de empleo: que no solamente ha crecido el desempleo, sino que ha crecido la población ocupada sin prestaciones sociales, así como los empleos informales.
En el mismo sentido, y a pesar de la rápida recuperación de la economía después del desplome de -6.0 por ciento que vivimos en 2009, no se ha conseguido la creación de los empleos requeridos, dada la modesta expansión del producto interno bruto. La economía mexicana está lejos de generar el millón de empleos que se requieren, para compensar el aumento anual de la población económicamente activa, que de 2006 al segundo trimestre de 2012 aumentó en 6.1 millones de demandantes de empleo. En contraste, durante el sexenio que concluye, sólo se generaron 320 mil empleos en promedio anual en el sector formal de la economía, es decir registrados en el IMSS, para llegar a generar en los pasados seis años 1.9 millones de empleos, cantidad insuficiente. La tasa de desocupación abierta, ha aumentado entre el año 2000 y julio de 2012, de 2.17 por ciento de la población económicamente activa a 5.02 por ciento en julio de 2012. Mientras que la tasa de ocupación informal en el mismo período pasó de 26.9 por ciento de la ocupación a 29.4 por ciento en 2012.
En esta misma justificación del foro Políticas públicas para el desarrollo de México, considera además del incremento de los niveles de desempleo, en los últimos cinco años ha crecido la informalidad en la economía, así como se observa un amplio vacío para generar puestos de trabajo en sectores como la industria. Se puede mencionar que la tasa de desempleo sería considerablemente mayor de no existir las válvulas de escape tanto de la migración hacia los Estados Unidos como del sector informal.
La capacidad de la economía mexicana para generar puestos de trabajo productivos, en la medida en que crece la población en edad laboral, ha sido uno de los principales retos que enfrenta el país en los últimos doce años y se vislumbra que este desafío se mantendrá en las próximas dos o tres décadas, o aún más, si no se reactiva el crecimiento económico y se emplea productivamente la creciente oferta de mano de obra.
Si bien las exportaciones mexicanas han crecido muy significativamente, en particular las exportaciones manufactureras de los años noventa a la fecha, el empleo total no ha cambiado su ritmo de crecimiento anual y la estructura del empleo total no se ha modificado en favor de las ramas manufactureras. En todo caso, las que han tenido mayor participación relativa son la construcción y el comercio, actividades vinculadas esencialmente a la economía interna.
Por otra parte, hay llamados concretos por la flexibilización laboral, teniendo en cuenta que en algunas cadenas productivas, como la de textiles y vestidos y la electrónica, China ha desplazado la producción mexicana, tanto en el mercado doméstico como en el de Estados Unidos. México ha perdido líneas de producción y procesos enteros. En el caso textil, por ejemplo, el País ha perdido 35 por ciento de los trabajos de manufactura debido a la competencia asiática.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, coincide en que la creación de empleos deberá ser el principal objetivo de México, ya que en los últimos meses se han perdido casi 200 mil empleos formales e integrado más de 400,000 personas a la economía informal.
Dado que la pérdida de empleos es el principal problema en estos momentos, el objetivo deberá ser la reposición de estos puestos de trabajo y crear los suficientes para atender las necesidades de la población.
De acuerdo con la publicación semanal Análisis Económico Ejecutivo del CEESP, la confianza de los inversionistas se ha ido deteriorando, lo cual, aunado a la ausencia de un ambiente de negocios que en realidad contribuya a estimular el desarrollo de las empresas, se refleja en los menores flujos para inversión productiva. Por ello, debemos desde el Legislativo colaborar con el Ejecutivo federal para promocionar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones para invertir sin que esto signifique bajar la guardia en cuanto al cumplimiento de requisitos que protejan los recursos y ambiente, más bien se requiere disminuir tiempo y trámites burocráticos.
Es necesario generar el ambiente propicio para que la creación de nuevas empresas sea ágil y la permanencia de las existentes se vea beneficiada de factores que estimulen su crecimiento. A través de las medidas señaladas, es claro que legislar a favor de la creación de empleos evitaría que capitales mexicanos busquen opciones en el exterior.
En el mismo sentido, es importante señalar que la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado al Gobierno de México intervenir con más vigor incluyendo metas de empleo en las políticas macroeconómicas, así como también concentrarse en crear trabajo formal con seguridad social.
Frente al “ambiente de poca confianza generado por una década de reformas fallidas” en México, Brasil y Argentina, las políticas económicas y sociales deben concentrarse en la creación de empleo formal con cobertura de seguridad social, “antes de reformar aquellos elementos de protección que podrían ser disfuncionales para el ajuste al cambio estructural” (OIT, 2007), difundido por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el estudio da cuenta del bajo crecimiento económico en estos tres países a partir de las políticas de apertura y liberalización adoptadas, y de establecer como objetivo central la estabilidad de precios y la reducción del déficit fiscal.
El sesgo restrictivo de las políticas macroeconómicas, en particular la monetaria y la fiscal en México, afectó la creación de empleos. El gobierno decidió establecer metas de inflación, a las cuales se dedica el banco central, que concentra todas sus medidas en alcanzar ese objetivo. “El empleo, en cambio, no es una meta política”, y precisa que aun cuando las medidas para reducir la inflación han sido satisfactorias, el nivel de precios ha resultado elevado.
En otro estudio de la Comisión Económica para América Latina se establece que la política de atraer inversión extranjera directa (IED) no creó nuevas actividades productivas que fomentaran la contratación de más trabajadores. Por el contrario, ésta estuvo ligada a la restructuración de las empresas y ello tradujo en medidas de racionalización que condujeron al despido de mano de obra. La mayor parte de la IED se destinó a los servicios.
Ante la poca creación de empleo en el sector formal de la economía y la creciente segmentación de los mercados laborales es necesario proponer políticas para dinamizar el mercado y reducir la informalidad. Esta situación es muy difícil de resolver en una perspectiva de corto plazo; se requiere una política de empleo de largo término que incluya una planeación de la inversión y que ésta contenga la promoción intensiva del empleo. En la actualidad no se tiene una política enfocada hacia el empleo; en las medidas de política económica no se considera el efecto en éste; por lo mismo se ignora cómo el esfuerzo presupuestal para maximizar los alcances en materia de empleo y en el desarrollo económico nacional de las inversiones en infraestructura.
Esto se lleva a cabo con base en el enfoque intensivo en empleo, que propone el uso de tecnología que permita una utilización óptima de la mano de obra como recurso predominante en los proyectos de infraestructura, al tiempo que garantice la rentabilidad y la salvaguardia de la calidad, lo que implica una combinación racional de mano de obra y de equipo apropiado, que, por lo general, es el ligero. También se debe garantizar que los proyectos de empleo intensivo no degeneren en proyectos para generar trabajo por trabajo, en los que se ignoran los aspectos relativos al costo y la calidad. Este enfoque se conoce también como basado en la mano de obra, o sea que ésta es el principal recurso, pero que se utilizan niveles río modifica las relaciones básicas de generación de nuevas plazas, tanto de manera directa como indirecta.
Es necesario que como legisladores aceptemos que las decisiones de la política económica se toman por índices monetarios no por los efectos en el empleo. Por ello, se requiere que el Congreso de la Unión establezca que la aprobación de cualquier medida de política económica esté sujeta a la medición de sus efectos en el empleo, en términos de crecimiento del mismo y de su calidad, a través de la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos.
Desde esta comisión se podrá continuar con las actividades tendientes a enlazar a los proveedores nacionales de insumos y servicios, con los productores de bienes y servicios nacionales de insumos y servicios, con los productores de bienes y servicios finales; así como analizar las perspectivas de planeación y los esfuerzos de los organismos internacionales como la OIT por medio del Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE), para ayudar a sus estados miembros a adecuados de otros recursos para garantizar resultados competitivos y de calidad.
En este sentido, es necesario resaltar que durante el último decenio, el PIIE ha ayudado a más de 40 estados miembros de la OIT a crear programas de empleo sostenible mediante inversiones en infraestructura. Éstas han generado aproximadamente un millón de puestos de trabajo directos y cerca de dos millones de indirectos en los que el PIIE ha participado directamente con actividades de demostración y capacitación. Estos proyectos han ayudado a mejorar la infraestructura básica en muchos países, por ello es importante que desde la Cámara de Diputados trabajemos de manera coordinada con los organismos referidos y el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Especial referida para promover la creación de políticas públicas orientadas a la creación de empleos formales y bien remunerados.
Para atender lo anterior es necesario que esta Cámara cree leyes enfocadas a la recuperación y generación de nuevos empleos permanentes, que protejan a la industria nacional que combata a la pobreza, con las medidas siguientes: mejorar la situación de los desempleados, evitar la precarización del empleo formal, favorecer el mercado interno, crear mejor capital humano para atender las necesidades de los empleadores y cubrir su planta laboral en un contexto de globalización de alta competencia. Analizar las reformas laborales que se requieren en el país teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el capital humano a través de intervenciones de política pública y de un enfoque que contemple intervenciones en las distintas variables macroeconómicas, institucionales, productivas e históricas que determinan la situación actual.
Las consideraciones señaladas son tan sólo algunas, en las que existen razones y material suficientes para legislar en materia de generación del empleo, reactivación de la industria nacional y combate a la pobreza. Es por lo que es muy importante la creación de la comisión para que se enfoque al análisis y dictamen de las iniciativas de ley que sean presentadas ante este órgano legislativo, en estos sentidos, y aprobadas por este órgano sea con una visión específica y objetiva en cuanto al desarrollo de estos temas, como lo demuestra la presente propuesta.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, cuyo objeto será coadyuvar, garantizar y dar seguimiento a la reactivación del sector productivo del país para la generación de empleos y el combate a la pobreza laboral.
Segundo. La comisión se integrará con un grupo plural de diputadas y diputados pertenecientes a las distintos grupos parlamentarios que conforman esta LXII Legislatura, con base en el criterio de representatividad que se tiene ante en el pleno.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de octubre de 2012.
Diputados: Marco Antonio Barba Mariscal, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Luis Armando Córdova Díaz (rúbricas).