Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3650-IV, jueves 22 de noviembre de 2012
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger por la SE y la Sagarpa la producción nacional de maíz blanco y apoyar a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade a sentar las bases para crear el fondo nacional de prevención de la diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración para salvaguardar los derechos de quienes han obtenido la plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, y recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a cumplir el acuerdo número A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y garantizar las funciones de investigación de ésta, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo de Fernando Bribiesca Sahagún y suscrita por Felipe Arturo Camarena García, diputados de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del PVEM, respectivamente
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto para reconocer y clasificar como regional de alta especialidad el hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, para demostrar la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca de camarón que se desea implantar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto La Ensenada, en la isla Holbox, dentro del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a dicha área, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, relativo a la concesión del tramo de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a realizar por las dependencias correspondientes acciones para verificar tanto las condiciones laborales y de operación de las empresas instaladas en la entidad como el trato que dan a los trabajadores, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que modifique la NOM-007-SSA2, “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido”, para garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada de ésta, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a realizar acciones para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a garantizar por la SSP la integridad de alumnos, personal y Consejo Universitario de la UACM; y se solicita a la rectora de ésta que convoque a dicho consejo para expedir el Estatuto General Orgánico y demás normativa tendente al cumplimiento de los fines institucionales, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y ayudar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra menores en instalaciones del programa Albergues Escolares Indígenas e instituciones educativas de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua a investigar para determinar, en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y del entorno en la cuenca hidrológica del río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, en dicha entidad, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a actuar durante las operaciones del programa Guerrero Seguro con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar una prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México reconozca al Estado palestino libre, independiente y soberano, y votar a favor de su aceptación en la Asamblea General de la ONU, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública acciones y políticas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Estados Unidos de América y a la Legislatura de Nueva York a aprobar la ley de trabajadores agrícolas; y a los Ejecutivos federal y de Oaxaca, a realizar un reconocimiento y otorgar la condecoración Miguel Hidalgo a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
Efemérides
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger por la SE y la Sagarpa la producción nacional de maíz blanco y apoyar a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los productores de maíz blanco, atraviesan por una grave crisis tanto en la producción como en la comercialización del grano. Cabe mencionar que en estos momentos se encuentran en la etapa de recolección y no cuentan con un precio de garantía que permita solventar los costos y desarrollar al sector.
En los últimos 12 años, el problema se ha agudizado, particularmente porque:
• Al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual al de maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal, sin embargo el precio se ha tasado igual.
• Las importaciones han propiciado la caída de la producción nacional, teniendo como resultado cuantiosas pérdidas para los productores mexicanos y pobreza para sus familias.
• El maíz que se importa es transgénico, lo cual atenta contra la salud de los mexicanos.
• La soberanía alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada, sobre todo si consideramos que el maíz es el principal producto de la dieta de las familias mexicanas.
Bajo el anterior orden de ideas, es importante recordar que el 2 de agosto del presente año, mediante un boletín del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se dio a conocer el volumen diario de exportaciones de granos.1 Dicha entidad informó que exportadores privados reportaron ventas por un volumen de 982 mil 980 toneladas para entregar a México en el ciclo 2012-2013, y 533 mil 400 para el periodo 2013-2014. Transacción que se señaló como la mayor compra del grano efectuada a los Estados Unidos desde finales de la década de los 80, a pesar de que el precio internacional del maíz mantiene fuertes presiones al alza debido al pronóstico de sequía en el vecino país del norte.
No obstante los señalamientos por parte de Sagarpa, en el sentido de que al tratarse de maíz amarillo destinado al sector pecuario, la compra no afectará el mercado nacional, porque lo que están haciendo las empresas es “una planeación adecuada” que evita las compras de pánico, es clara la omisión de los resultados que la compra tendrá sobre los productores nacionales, sobre los precios y la afectación al gasto de las familias.
Resulta evidente que al tener diversas aplicaciones como forraje y materia prima para la industria, el alza del precio del maíz amarillo generará incrementos en diversos productos como la leche, el cerdo, los embutidos, el chocolate en polvo, los caramelos que contienen glucosa, atoles, alimentos infantiles, cerveza, etcétera.
Aunado a lo anterior, es menester considerar que del 34% de los ingresos familiares que se gastan en alimentos y bebidas, el 71% se destina a productos elaborados con maíz, lo cual, fue expuesto con toda puntualidad durante la última Comisión Permanente la Legislatura pasada.
Por otro lado, es necesario aclarar que México produce aproximadamente 21 millones de toneladas de maíz blanco y ha importado 11 millones de toneladas. Siendo un país deficitario, resulta inconcebible que el maíz nacional no se venda.
Reiteradamente los productores nacionales de maíz blanco han expresado sus demandas sin que se les haya escuchado. En abril de este año informaron cabalmente a la Sagarpa sobre las condiciones de mercado que prevalecieron en su zona de producción, destacando los incumplimientos de contratos de compra entre productores e industriales de la masa y la tortilla, manifestando incertidumbre en el precio del producto así como la predecible especulación de la industria, debido a la escases del grano y las importaciones por un millón 800 mil toneladas de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.
Posteriormente en mayo de este año, los productores acudieron a la Secretaría de Economía, a efecto de manifestar nuevamente sus demandas, en representación de un millar de familias que dependen de estos ingresos para manifestar la inconformidad por la compra del maíz transgénico y obtener apoyos para la comercialización del producto, ya que para esa fecha el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.
Ante esta situación, es evidente que resulta oportuno exigir a la Secretaría de Economía el cabal cumplimiento de sus atribuciones, particularmente, en lo que respecta en las funciones participar en el aseguramiento de bienes de consumo básico para la población; y evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente Proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se restablezca el esquema de agricultura por contrato, a efecto de proteger a los productores mexicanos de maíz blanco.
Segundo. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el pago del maíz blanco se realice a precio de indiferencia internacional más las bases que se establezcan para el grano, la cual ha sido históricamente mayor que la del maíz amarillo debido a sus propiedades y a que su destino es el consumo humano.
Tercero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones de maíz, evitar prácticas especulativas, diversificar las fuentes de producción y abastecimiento, así como a retribuir el diferencial del precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando así su costo de producción.
Nota
1 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0 121-12
Dado en el Palacio Legislativo, el 22 de noviembre de 2012.
Diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano hoy es sinónimo de pobreza, de migración, inseguridad y presenta un déficit importante en materia agroalimentaria.
México desde hace décadas se le ha caracterizado como un país con insuficiencia en la producción de alimentos básicos, pese a que se encuentra ubicado geográficamente en las mejores condiciones del continente americano, donde países vecinos por el norte con Estados Unidos de Norteamérica; y en el sur Argentina y Brasil se les ha considerado grandes productores de granos básicos en el continente.
Además México cuenta con regiones que tienen abundantes recursos naturales como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad, para que pueda ser gran productor y proveedor de alimentos a su población.
Sin embargo, las políticas públicas aplicadas fueron insuficientes y mal dirigidas, provocando con ello que a mediano plazo las importaciones del grano del maíz no disminuyeran como sería su propósito, sino que por el contrario, de 2004 a 2012 las importaciones de este grano se han visto incrementadas en un 360 por ciento.
Lo anterior da como resultado una crisis agrícola que financia parte de la industrialización y el desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor. Pero, sobre todo, es el resultado final de las políticas agrícolas neoliberales que buscan deliberadamente subordinar a la agricultura mexicana principalmente a los intereses de la agricultura estadounidense aplicadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Es por ello que debe retomarse con seriedad y oportunidad, la implementación de verdaderas políticas públicas, que protejan a los productores nacionales haciéndolos más competitivos, pero sobre todo privilegiar las acciones que involucren la comercialización de productos del campo.
Hoy una vez más como ocurre año con año, enfrentamos la problemática de la comercialización de la producción del maíz del ciclo primavera-verano 2012, debido a los altos volúmenes de importación que saturan el mercado justo en la época de cosecha, provocando pérdidas a los productores quienes ante esta situación se ven obligados a comercializar a bajos precios su grano con intermediarios y las grandes industrias transnacionales, por no existir un contrato de compra-venta o cobertura de precios futuros, ocasionando un fuerte deterioro económico a los productores de éste cultivo.
Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo al cual nos sumamos, presentado el 27 de septiembre del año en curso a esta honorable asamblea por el diputado Alfonso Inzunza Montoya y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y, en su caso, rediseñen los programas en favor del campo, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes al sector agropecuario, especialmente a Sagarpa, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, a acordar de inmediato acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, que inició a partir de este mes de noviembre, y no sólo de los productores que trabajan con esquemas de financiamiento, sino de todos aquellos productores libres que están fuera de este esquema y que representan el 80 por ciento. Asimismo que se ajusten los programas que se tengan con este propósito y se rediseñen las reglas de operación correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.
En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado.
Entre los múltiples casos de corrupción destaca el endeudamiento constante de las entidades federativas. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.
Como consecuencia, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles. Al primer trimestre del 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco en 19.3 por ciento; Jalisco en 9.9 por ciento; Chiapas en 6.1 por ciento; Morelos en 5.6 por ciento y Yucatán con 3.4 por ciento, entre otros.
De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 70.2 a 390 mil 777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo 3 años.
Analizando estas cifras nos damos cuenta que podría señalarse al sexenio 2006-2012 como la administración del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios.
El problema es que dicho endeudamiento no parece terminar. Apenas en septiembre del presente año el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, cuando le faltaban tres meses para terminar su gestión.
Hoy nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha solicitado al Congreso del estado, a 48 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos.
Resulta indignante este suceso debido a que la cantidad que se pretende obtener supera en sí misma a la deuda actual del estado, la cual es de 3 mil 450 millones de pesos.
Tal parece que el propósito del gobernador no es tan sólo el rezago de Tabasco en sus seis años de mandato, sino la imposibilidad de implementar medidas efectivas de crecimiento económico a la administración entrante, debido a la alarmante cantidad de pasivos que dejaría dicho préstamo.
Las razones que se utilizan para la solicitud de la deuda resultan contradictorias y absurdas. Se ha argumentado que entre los principales objetivos de la misma se encuentran la infraestructura y la seguridad. ¿Qué acciones destinadas a estos rubros pueden implicar el gasto de más de 4 mil millones de pesos en un mes?
Asimismo, se ha sustentado la petición del préstamo con el fin de la reestructuración de pagos de créditos a corto plazo que fueron contraídos con anterioridad, utilizando un esquema de pago a 20 años.
Los recursos que las entidades federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande sería el impacto de atar por 20 años los ingresos de Tabasco en el ritmo de crecimiento del estado? Resulta evidente que es necesario que el Congreso local rechace esta propuesta.
La razón por la que los estados han llegado a una situación insostenible surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel.
El Congreso de Tabasco está a tiempo de romper con este vicio y demostrar que no es un estado más en el que el control hegemónico del gobernador es innegable.
Sólo así las deudas contraídas dejarán de reflejar demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.
Sólo así se podrá garantizar un crecimiento para Tabasco en los próximos seis años, de no hacerlo se estarían limitando las posibilidades económicas del estado aún antes de empezar el gobierno entrante.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, a etiquetar y transparentar todos y cada uno de los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, y se evite cualquier posible malversación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade a sentar las bases para crear el fondo nacional de prevención de la diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Silvia Márquez Velasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, Fonapredi, con base en las siguientes
Consideraciones
El desarrollo social es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y la economía de un país en diferentes ámbitos, como los son: salud, educación, nutrición, deporte, seguridad social, empleo, entre otros derechos. En este proceso democrático el Estado debe promover políticas públicas que garanticen a la población el desarrollo humano de manera integral.
La política social de nuestro país históricamente ha tenido como uno de sus ejes primarios a la salud, que es un derecho humano rector del desarrollo social establecido en la Constitución, tratados internacionales, y normas jurídicas secundarias.
En este sentido, el desarrollo social del Estado mexicano no puede ser integral sino hay fortalecimiento en las medias de prevención en enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles, como lo es la diabetes; por ello, se deben reorientar los recursos económicos que hagan eficaz las políticas públicas en educación nutricional y deporte en los tres ámbitos de gobierno.
En este contexto, el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud).
Cabe mencionar, que existen tres tipos de diabetes, siendo la de tipo 1, conocida como Juvenil donde el organismo no produce insulina; la de tipo 2 o de adulto, cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina, principalmente ocasionada por sobrepeso, obesidad e inactividad física, ésta representa un 90 por ciento de los casos mundiales de esta enfermedad y la diabetes gestacional que se caracteriza por el aumento del azúcar en la sangre que aparece por vez primera durante el embarazo.
De acuerdo con cifras establecidas por la Organización Mundial de la Salud existen en el planeta alrededor de 346 millones de personas con diabetes, de éstos, más del 80 por ciento se registran en países de ingresos bajos y medios, es decir, en vías de desarrollo, donde el grupo más afectado es el de 35 a 64 años; se proyecta que para el año 2030 las muertes por diabetes aumentarán más de un 50 por ciento, volviéndose para ese año la séptima causa de muerte a nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud, señala diversas consecuencias que ocasiona la diabetes, siendo las siguientes:
• Problemas cardiovasculares de los cuales de un 50 a un 80 por ciento son causas de muertes en pacientes diabéticos;
• Retinopatía diabética donde aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes quedan ciegos y un 10 por ciento sufren un deterioro grave en la visión;
• Insuficiencia renal donde de 10 a 20 por ciento de los pacientes mueren por esta causa;
• Neuropatía diabética que afecta a un 50 por ciento de los pacientes, ocasionando problemas como hormigueo, dolor, entumecimiento en pies y manos; y
• Amputaciones causadas por pie diabético.
En México, la falta de cultura nutricional y deportiva ha ocasionado que los índices de sobrepeso y obesidad sean un problema de salud pública, y factores que generan diabetes. Por tal motivo, los gastos en atención médica y control de la enfermedad han causado derramas económicas superiores a las que se destinan para la prevención.
A principios de 2012, la Secretaría de Salud señaló que la diabetes aumentó 30 por ciento en México a cusa del sobrepeso y la obesidad; mencionando que la obesidad en niños de 11 años incrementó 124 por ciento de 1999 a 2006, alcanzando el 0.94 por ciento en muertes en la población infantil de 11 y 14 años.
Por su parte, el Centro de Nutrición, Obesidad y Alteraciones Metabólicas del Hospital ABC, señala que 80 millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso (70 por ciento) y obesidad (30 por ciento).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que México ocupa el primer lugar mundial con mayor índice de personas con obesidad, teniendo el 30 por ciento, y el cuarto lugar de sobrepeso y obesidad infantil con 4 millones de niños con problemas de sobrepeso y obesidad.
Refiere que alrededor del 12 por ciento de la población en México, entre los 20 y 80 años, es diabética, siendo el país, afiliado a la OCDE con mayor número de individuos que registran este padecimiento.
En este sentido, el doctor Armando Arredondo, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, mencionó en agosto del año en curso, que México ocupa el lugar 10 dentro de los países del mundo que realizan más gasto en atención y control de la diabetes, superando a Estados Unidos, Cuba, Argentina y Brasil.
Señala que, en 2011 los costos totales que son atribuibles a la diabetes en México fueron de 7 mil 784 millones de dólares, de estos, 4 mil 352 millones son costos dirigidos a discapacidad temporal, permanente y a mortalidad prematura; con ello, el impacto económico se ha incrementado de 6 a 8 por ciento entre 2006 a 2012, además señala que de cada 100 pesos, 53 se gastan en complicaciones y el resto para el manejo de la enfermedad.
Al respecto, en el Primer Congreso Internacional de Ciencia e Innovación en Diabetes, 2012, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, la Coordinación de la Investigación Científica, el Conacyt y la organización Iniciativa para la Diabetes señalaron que en territorio nacional la principal complicación y muerte de la diabetes está vinculada a la insuficiencia renal con el 43.2 por ciento, seguida de las vasculares con 7.3 por ciento, la cetoacidosis con cuatro por ciento y el coma diabético con el 2.3 por ciento.
Queda constancia que las políticas públicas de prevención del sexenio que termina no generaron resultados satisfactorios en la población mexicana, ejemplo de ello fue el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaría, que recibió severas críticas por sectores de la sociedad civil como lo fue Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quién le llamó “fracaso, a la estrategia federal para combatir la obesidad significando miles de muertes y el agravamiento de la crisis de las finanzas en el sector salud creada por la epidemia de obesidad y diabetes, además, de ser un instrumento voluntario que carece de recursos”.
Alejandro Calvillo reveló que proyecciones de especialistas internacionales refieren que para 2025, México ocupará el sexto o séptimo lugar con 11.9 millones de mexicanos con diabetes y en cuanto a mortalidad por esta enfermedad, el país ocupa el sexto lugar mundial y el tercer lugar en el continente americano.
Destacó que en el sexenio de Ferlipe Calderón han muerto medio millón de personas por diabetes. Mencionando que en 12 años aumentaron las defunciones por diabetes 92 por ciento.
El sexto Informe de Gobierno en materia de salud señala que han sido más de 82 mil muertes por diabetes en el último año, 31 mil 697 se dieron en la edad productiva y 51 mil 91 en edad postproductiva, siendo la segunda causa de mortalidad general en el país.
Es decir, más de 82 mil muertes por año se dieron en el sexenio de Felipe Calderón, para sumar medio millón.
El secretario de Salud, Salomón Chertorisvki Woldenberg, reconoció que en este sexenio no pudo lograrse la reducción del 20 por ciento en la mortalidad de pacientes con diabetes. Por lo qué comentó que es uno de los problemas de salud más importantes del país, destacando que el 80 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 están relacionadas con sobrepeso y obesidad.
Por su parte Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud mencionó que de 2006 a 2012 se incrementó el número de pacientes con diabetes al pasar de 5.29 a 24.54 por ciento.
En conclusión, los más de 7 millones de mexicanos de los estados y municipios que padecen esta enfermedad ocasionadas por sobrepeso y obesidad y las generaciones futuras necesitan mecanismos eficientes que fortalezcan un desarrollo social integral que incluye a la salud como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad” (Organización Mundial de la Salud). Por ello, es necesario enfrentar la pandemia de la diabetes de manera conjunta donde las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación y la Comisión Nacional del Deporte principalmente, construyan programas integrales de prevención.
En consecuencia, es momento de sentar las bases necesarias con visión de Estado para crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, con reglas de operación trasparentes que eviten la corrupción y el clientelismo; para que año con año se incremente y garantice el funcionamiento efectivo de las políticas públicas de salud en materia de prevención, principalmente en los rubros de educación nutricional y deporte en las entidades federativas y sus municipios, y así bajar los índices de esta pandemia que ocasionan discapacidad y mortandad en el país que debilita el desarrollo social de las mexicanas y los mexicanos.
Sugerencia que ha secundado el Instituto Nacional de Salud Pública al referir en recientes investigaciones que con mayor inversión en políticas de prevención contra la diabetes el Sistema Nacional de Salud disminuiría su gasto de 30 a 50 por ciento.
Por lo expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes (Fonapredi).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de octubre de 2012.
Diputada Silvia Márquez Velasco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración para salvaguardar los derechos de quienes han obtenido la plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Gerardo Peña Avilés en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y articulo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a que vigile con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, evitando con esto su despido, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El servicio profesional de carrera se establece como un sistema que sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. Asimismo, sirve para atraer, retener, motivar y formar a las mejores mujeres y hombres en el servicio público, garantizando que la administración pública transite por los distintos cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando que siendo políticamente neutro, sea un factor estratégico de la competitividad del país.
La profesionalización de la administración pública es importante porque entre mejor preparados estén los servidores públicos mejor será la calidad de los bienes y servicios que el gobierno pueda brindar a los ciudadanos. El manejo de los recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien capacitados, la imagen social de las instituciones gubernamentales mejora en la medida en que los ciudadanos se dan cuenta de que en cada trámite hay una intención de mejorar la relación con los mismos.
Profesionalizar significa mejorar los procesos de selección para atraer a los mejores candidatos del mercado laboral. También significa crear mecanismos que permitan garantizar, de forma permanente, que los servidores públicos cuentan con los conocimientos y habilidades que requieren para desempeñar sus tareas y actividades, estableciendo mecanismos que permiten valorar periódicamente si los servidores públicos cumplen con las metas que se fijaron y si lo hacen de manera más efectiva y eficiente.
El servicio profesional de carrera se fundamenta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003; Entrando en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implantación gradual inició el 5 de abril de 2004, fecha en la que entró en vigor el Reglamento de la misma. La operación plena del servicio profesional de carrera se realizó en el año 2006. Hasta el año 2010 los datos reportados de la cuenta pública ya fiscalizados nos decían que había 1 millón 698 mil plazas en la Administración Pública Federal y que de ella solamente 35 mil 689 estaban registradas en el servicio profesional de carrera: El 2.1 % del total.
Actualmente el servicio profesional de carrera cuenta con un registro de 29 mil 938 servidores activos registrados.
El próximo gobierno tendrá la posibilidad de designar nada menos que 1 millón 662 mil 785 plazas. Además de los Secretarios, Subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de Unidad que juntos suman 643 plazas, el próximo presidente podría nombrar a casi 4,500 Directores Generales – incluyendo a los adjuntos – a casi 10, 000 Directores de área, y a más de 50, 000 Subdirectores y jefes de departamento.
Un factor que repercute al servicio profesional de carrera, es el cambio de autoridades. El simple hecho de que estas se encuentren en un sistema de administración diferente puede ocasionar el despido de personal o por otro lado el uso indiscriminado de contratación de servidores públicos, justificándose con el Artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el cual a la letra menciona:
“Artículo 34.- En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al Sistema.
Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma.”
Por otro lado las prácticas político-partidistas que se han observado históricamente al cambio de cada administración son: el acomodo de personas en puestos claves, cuotas partidarias, negociaciones previas y despidos.
La rotación de personal de cada sexenio, impide la profesionalización y el aprovechamiento de la experiencia adquirida por los servidores públicos; ya que se remplazan, por personal que algunas ocasiones no cuentan con la profesionalización que requieren los puestos.
Como ejemplo actual podemos mencionar el caso del Gobierno Estatal en Michoacán donde incuso hace días, renuncio el entonces Titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de dicha entidad, mismo que ha denunciado que la estructura gubernamental se plago de amigos, compadres y familiares de las nuevas autoridades.
Esta situación ha generado incertidumbre con la llegada de la próxima administración al Gobierno Federal. Los funcionarios públicos ven en riesgo la permanencia en sus puestos aún contando con el servicio profesional de carrera.
De ahí que se hace indispensable que los funcionarios y sus familias cuenten con la certeza de garantizar su estabilidad económica y permanencia dentro Gobierno Federal, respaldadas y defendidas bajo las prerrogativas que les otorga la Ley Servicio Profesional de Carrera.
De ahí la importancia de no perder de vista los aspectos a resolver de corto, mediano y largo plazo, en los cuales se pueden conseguir grandes resultados y consolidar un servicio profesional de carrera, eficaz, oportuno, sin temor a los cambios de Gobierno, anteponiendo el profesionalismo y preparación de los funcionarios.
Es por esto que urge se tomen medidas al respecto, para garantizar los puestos de trabajo que tienen los servidores públicos de carrera, otorgándoles certeza laboral, fortaleciendo un sistema que apenas cumple 9 años de existencia.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a que vigile con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, evitando con esto su despido.
Palacio legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2012.
Diputado Gerardo Peña Avilés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, y recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa.
Consideraciones
Primera. Que el próximo pasado cinco de marzo del año 2010, la Junta de Coordinación Política publicó en la Gaceta Parlamentaria 2963 el acuerdo donde crea la Comisión Especial de Seguimiento a Nuevas Inversiones en Salud, Recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa;
Segunda. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, La Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de punto de acuerdo;
Tercera. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto en específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer que representen en el pleno;
Cuarta. Que para la integración de las Comisiones Especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno;
Quinta. Que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura está integrada por siete grupos parlamentarios: Partido Revolucionario Institucional (212), Partido Acción Nacional (114), Partido de la Revolución Democrática (104), Partido Verde Ecologista de México (29), Partido Movimiento Ciudadano (16), Partido del Trabajo (15) y Partido Nueva Alianza (10).
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, Recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa.
Segundo. La comisión especial estará integrada por 16 miembros propuestos por los grupos parlamentarios.
Tercero. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable. Igualmente podrá solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender.
Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las comisiones especiales serán aprobados por el Comité de Administración.
Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de año 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo
(rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a cumplir el acuerdo número A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y garantizar las funciones de investigación de ésta, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción l, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es una red global de organizaciones relacionadas a defender y garantizar la libertad de expresión, estableciendo el 23 de noviembre de 2011, como el Día mundial contra la Impunidad, conmemorando el aniversario de la masacre de Ampatuan en Filipinas en 2009, donde 32 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados.
“El objetivo del Día es lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, llamando la atención global sobre la cuestión de la impunidad”.
De acuerdo al Tercer Reporte Trimestral, de la organización periodística internacional artículo 19, sobre las agresiones contra periodistas y medios en México “los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 diferentes estados de la república y 45.25 por ciento de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”
De dichos ataques, seis entidades, concentran el 66.42 por ciento de los agravios contra comunicadores y medios, entre ellos Veracruz, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora.
Cabe rescatar que en este informe se evidencia la impunidad con la que, en ocasiones, opera el sistema de justicia mexicano, recordemos lo sucedido en agosto pasado, en donde la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a través de un comunicado, dio por aclarados los crímenes de cuatro periodistas, dando carpetazo a la peor crisis de violencia contra la prensa en el estado.
No podemos dejar impunes los casos en donde –además– existe la criminalización de las víctimas, por ejemplo cuando el procurador estatal veracruzano, Amadeo Flores Espinosa, afirmó que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”.
Los datos del informe revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el Estado, con el 53.63 por ciento de agresiones cometidas por funcionarios públicos frente a un 15.63 por ciento perpetradas por el crimen organizado, siendo este último el que comete las agresiones más violentas.
Por último, Artículo 19, expone la simulación en cuanto al trabajo de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, la cual, mediante el Acuerdo A/145/10, suscrito por el procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, fue creada en sustitución de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ya que únicamente, ha integrado 27 acciones penales y sólo ha obtenido una sentencia condenatoria.
Y no olvidar la falta de voluntad del gobierno Federal en este rubro, al recortar el presupuesto de la FEADLE en un 72.4 por ciento, pasando de 2 millones 304 mil pesos programados en el primer año del sexenio, a 636 mil 740 pesos en 2011; en donde además, hubo un subejercicio de 91.79 por ciento en 2010.
La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:
Consideraciones
Primera: Que conforme a lo establecido en el Artículo 6º constitucional sobre la libertad de expresión:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Segunda: Que conforme al derecho internacional, estableciendo en el artículo 19 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Tercera: Lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto establece que:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Cuarta: Lo establecido en el artículo 13 del Pacto de San José, estableciendo que:
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio- eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Quinta: Que conforme al Acuerdo A/145/10, suscrito por el Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010:
Fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en sustitución de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República que cumpla cabalmente con lo establecido en el acuerdo A/145/10 referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación y persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.
Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo de Fernando Bribiesca Sahagún y suscrita por Felipe Arturo Camarena García, diputados de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del PVEM, respectivamente
Los que suscriben, Fernando Bribiesca Sahagún y Felipe Arturo Camarena García, integrantes respectivamente de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud pronostica que, con los tratamientos y conocimientos actuales, 84 millones de personas morirán de cáncer en un lapso de 10 años, de 2010 a 2015. El desarrollo del país y el aumento de la esperanza de vida han traído consigo el envejecimiento de la población y el concurrente incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas destacan por su frecuencia los tumores malignos. Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud indican que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte entre los varones de 40 años y la primera entre los mayores de 65 años.
Considerando que la detección temprana del cáncer es un medio que otorga la mejores posibilidades en el combate de la enfermedad, si está en manos de las personas, preocupa que las cifras oficiales indiquen que 90.8 por ciento de los casos de cáncer se diagnostica en etapas tardías o no clasificables, lo cual se relaciona de manera directa con una evolución clínica menos favorable, reduciendo considerablemente la esperanza de vida del paciente.
Específicamente, para el sexo masculino el cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes. En todo el mundo se diagnostican unos 700 mil nuevos casos de cáncer de próstata al año, lo que representa 11.7 por ciento de los tumores masculinos. Por eso, desde años anteriores, países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Estado Unidos, Canadá, Sudáfrica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica, la República Checa, España, Hong Kong, Singapur, Francia, Alemania, Suecia, Suiza y Austria han dirigido programas oficiales para el cuidado de la salud masculina.
Por esos programas gubernamentales se ha generado suficiente conciencia social en los ciudadanos como para que en todos los países citados se haya gestado un movimiento internacional que invita a todos los hombres a dejarse crecer el bigote durante un mes para concienciar sobre el seguimiento y diagnóstico temprano del cáncer de próstata. El Movember (donde la letra eme corresponde a moustache, “bigote”) ha conseguido recaudar más de 160 millones de dólares, destinados íntegramente a programas de investigación para la lucha contra el cáncer de próstata en el mundo.
Pese a las tendencias globales respecto a una cultura de la prevención, en México no se ha reconocido la importancia del cáncer de próstata como un problema de salud pública, pues se considera que se trata de un país formado mayoritariamente por jóvenes, presumiendo que enfermedades como el cáncer de próstata aquejan sólo a personas en edad avanzada. Tal prejuicio ha postergado la consecución de un programa de detección y tratamiento en etapas tempranas que mitigue la mortalidad por el padecimiento.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los resultados para 2010 revelaban que de los 54.8 millones de varones que forman la población de nuestro país, 13 millones son mayores de 45 años. Es decir, 11.5 por ciento de la población tiene altas probabilidades de padecer cáncer de próstata.
Los pronósticos realizados por el Consejo Nacional de la Población indican un aumento considerable en la incidencia del cáncer de próstata, pues para 2049 sus proyecciones indican un aumento en la esperanza de vida, aunado a que más de la mitad de los hombres de 75 años continuarán formando parte de la población económicamente activa. Eso en general se traduce en un latente riesgo para su patrimonio y el de sus familias de no actuarse a tiempo.
Un programa permanente de detección, prevención y tratamiento del cáncer de próstata instaurado por la Secretaría de Salud puede ayudar significativamente con la concienciación y detención temprana de esa enfermedad y de otras equivalentes, como el cáncer testicular.
Es necesario que la población masculina esté enterada que la detección del cáncer de próstata puede llevarse a cabo por una prueba de sangre del antígeno prostático específico. Es considerada el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata demostrando un balance costo-beneficio favorecedor: es un estudio económico y asequible. Por otra parte, es importante que el programa de concienciación propuesto dé a conocer que en estadios iniciales, el tratamiento menos agresivo que puede utilizarse es la braquiterapia prostática, ya que no afecta a los órganos adyacentes y minimiza los efectos secundarios que inciden en la calidad de vida del paciente, como la impotencia y la incontinencia urinaria.
Para los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, el objetivo principal del programa de previsión y detección temprana propuesto es que los varones de más de 50 años y menores de 45 con antecedente familiar de la enfermedad estén concienciados respecto a la trascendencia de asistir al urólogo para someterse a revisiones periódicas anuales para posibilitar así la detección precoz del tumor. Este esfuerzo de concienciación debe llevarse a cabo con un plan nacional integral que contribuya a la reducción de la incidencia del cáncer, en el cual se establezcan medios de trabajo y sinergias que complementen esfuerzos entre los sectores público, privado y social, tomando como punto de referencia los exitosos esfuerzos de concienciación respecto al cáncer de mama.
De conformidad con lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a fin de disminuir la mortalidad por esa causa en el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, Felipe Arturo Camarena García (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto para reconocer y clasificar como regional de alta especialidad el hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, Jorge Terán Juárez, Mirna Hernández Morales, Adolfo Bonilla Gómez, Enrique Cárdenas del Avellano, María Concepción Navarrete Vital, Abel Octavio Salgado Peña, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
• Durante la LIX Legislatura, se llevaron a cabo las primeras gestiones de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, presidida por el entonces diputado José Ángel Córdova Villalobos.
• El 10 de marzo de 2011, se turnó a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que emita un decreto para la creación del hospital regional de alta especialidad como organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Salud, presentada por la diputada Delia Guerrero Coronado.
• El 8 de noviembre de 2011 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, votó por unanimidad el acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a crear, mediante decreto, el hospital regional de alta especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” en el Estado de San Luis Potosí, como organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado a la secretaría.
• El 5 de noviembre del año en curso los Senadores César Pedroza Gaitán; Maki Ortiz Domínguez y Sonia Mendoza Díaz, del PAN, así como el senador Teófilo Torres Corzo del PRI, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de Exhortar a la Secretaría de Salud a reconocer el Hospital Central como Centro Regional de Alta Especialidad. Así como exhortar a la Cámara de Diputados para que le asigne al hospital en el PEF 2013 los recursos necesarios acordes con la naturaleza y funciones que actualmente realiza.
• El 5 de noviembre del año en curso el honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, para la consecución del objeto planteado en el punto primero de este instrumento (centro regional de alta especialidad).
• Finalmente, es de señalarse que el Ejecutivo del estado, ha realizado diversas gestiones en diferentes momentos para hacer posible el establecimiento del centro regional de alta especialidad.
Consideraciones
1. El Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto se ha caracterizado por ofrecer atención a todo tipo de población que llega a pedir un servicio médico e históricamente ha sido el centro de referencia de los estados circunvecinos como son Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas.
2. En el año 2011, por consulta externa se atendieron como pacientes de primera vez, al 2.35% de los usuarios que solicitaron este servicio y que provenían de otros estados. En Urgencias y bajo el mismo criterio, se atendió el 3.23% de pacientes de otros estados y finalmente en servicios de hospitalización se ofrecieron servicios médicos al 4.07%. Esto nos da un total de 9.65% de atenciones brindadas a otras entidades federativas.
Los pacientes proceden principalmente de entidades federativas como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, entre otras.
3. Se realizó un análisis de los egresos hospitalarios reportados en el SAEH en el periodo 2011 y de enero a agosto del 2012, ya que estas representan el mayor costo para nuestra institución y muchas de ellas no son cubiertas por el IMSS, ISSSTE o el Sistema de Protección Social en Salud por diferentes razones.
4. En el año 2011 se egresaron 17,594 pacientes de los cuales 717 eran de otros estados de la República Mexicana, lo que representa el 4.07% del total de egresos.
***Cabe hacer mención que los datos estadísticos del 2012 son concordantes con lo presentado el 2011, por lo que con fines demostrativos, sólo se menciona ese año***
5. El costo de las atenciones otorgadas durante el 2011 a los pacientes de otras entidades federativas fue de $27,351,922.44 y en el 2012, hasta agosto, se lleva gastado $14,406,325.7610 que nos da un gran total de $41,758,248.20.
5. A mayor abundamiento es menester destacar que:
• La asignación presupuestal federal para el año 2012 fue de $156,801,580.87 (ciento cincuenta y seis millones ochocientos un mil quinientos ochenta pesos 87/100 M.N.) y que procede de FASSA.
• El hospital de referencia es de los últimos lugares en presupuesto ya que este llega vía los Servicios de Salud de San Luis Potosí y no directamente de la federación como para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
Es necesario hacer notar que el Hospital Central como prestador de servicios de Especialidad comparado con los diversos hospitales de su tipo en el país, recibe 3.5 veces menos presupuesto por cama censable, respecto al hospital regional de alta especialidad de Yucatán, mientras que 14.4 veces menos respecto al presupuesto por cama Censable asignado para el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por mencionar sólo algunos estados.
Aproximadamente el presupuesto federal requerido para operar de manera óptima se calcula en $752,000,000.00 (setecientos cincuenta y dos millones de pesos) lo que cubriría el capítulo 1000, 2000 y 3000. Para su funcionamiento adecuado se requiere al menos 2.8 mdp anuales por cada una de las 269 camas censables.
Los principales argumentos para solicitar su conversión a hospital de tercer nivel (hospital regional de alta especialidad ), se pueden sintetizar en:
• El Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como objeto la investigación científica en el campo de la salud, formación y capacitación de recursos humanos calificados, prestación de servicios de atención médica de alta especialidad y cuyo ámbito de acción comprende el territorio nacional.
• El hospital cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Institutos Nacionales de Salud publicada en el DOF el 26 de mayo de 2000 y para la creación del ente descentralizado de la administración pública federal.
• Reúne los requisitos tato para formalizar al Hospital como Instituto Nacional como para convertirse en Hospital Región de Alta Especialidad.
Con el objeto de clarificar y con los fines expositivos del presente documento, a continuación se exponen a detalle en diferentes cuadros, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Institutos Nacionales de Salud publicada en el DOF el 26 de mayo de 2000 y para la creación del ente descentralizado de la administración pública federal.
Bajo el anterior orden de ideas, es menester señalar que el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto inaugurado en 1946, es el único que proporciona atención a población abierta. Actualmente ofrece 76 especialidades médicas, otorga más de 1,500,000 de atenciones por año, es campo clínico para 5 carreras universitarias y 19 posgrados, considerado un centro regional formador de recursos humanos para la salud y de investigación.
Su principal política es el “cero rechazo” a pacientes. Da servicio como Hospital regional ya que en el año 2011 se egresaron 17,594 pacientes de los cuales 717 eran de otros estados (Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas), lo que representa el 4.07% del total.
Además, vale dejar en claro que ha sido acreditado para la atención en servicios de Alta Especialidad por la Subsecretaría de Innovación y Calidad y el Comité de Acreditación, como prestador de servicios al Sistema de Protección Social en Salud, en las siguientes patologías: neonatología, VIH-sida, cáncer cervicouterino, catarata, leucemia linfoblástica aguda, cáncer en adolescentes, cáncer-testicular, linfoma, hemofilia, enfermedades lisosomales, cáncer de glándula mamaria, cáncer de próstata y trasplante de cornea.
A lo anterior, es preciso agregar que el hospital central cuenta con el Programa de Posgrado de Residencias Médicas en dónde ofrece 12 especialidades médico quirúrgicas y 7 subespecialidades, dentro de estas últimas ofrece formación académica en geriatría, neonatología, neurología adultos, neurología pediátrica, reumatología, nefrología y cardiología.
Actualmente cuenta con una capacidad de 269 camas censables y 137 no censables. En 2011 egresaron 17,400 pacientes, siendo su porcentaje de ocupación superior al 93%.
No omitimos que este Hospital ha recibido el reconocimiento federal del 1er. Lugar Nacional en Donación Cadavérica de Órganos. De enero a septiembre 2012 se han realizado 55 trasplantes de riñón, 11 de hígado y 33 de cornea.
Actualmente cuenta con nuevos servicios clínicos como son el Centro de Información y Atención Toxicológica en el Servicio de Urgencias, Genética Clínica, Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Avanzado en Oftalmología, Plasmaféresis y Plaquetoféresis, Cirugía Bariátrica, Resonancia Magnética y Trasplante de Hígado.
A pesar de lo anterior, el Hospital Central tiene una incapacidad financiera y presenta una creciente demanda asistencial, dada la alta responsabilidad institucional de atender a la población sin seguridad social, aproximadamente 1.45 millones de personas. El presupuesto federal asignado, no ha aumentado conforme a la vocación y política del Hospital de “cero rechazos y atención a población abierta”, anualmente exenta de pago en aproximadamente 105 mdp anuales.
En conclusión, el hospital central es una institución de .asistencia regional que atiende a población sin seguridad social con una política fundamental de “cero rechazos”; es un centro regional formador de recursos humanos para la salud y la investigación, que requiere de inversión para modernizar infraestructura y equipo, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de servicios complejos de la comunidad, con calidad y seguridad.
Es ineludible la necesidad de contar con un presupuesto acorde al grado de especialidad y complejidad de las atenciones que otorga, y desde luego un presupuesto acorde a las demandas y derechos de los ciudadanos.
En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente, a efecto de que el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, debido a sus características y servicios, sea reconocido y clasificado como “hospital regional de alta especialidad “, dando con ello respuesta a una reiterada y legítima demanda tanto de la entidad como de de los usuarios, pertenecientes a los estados circunvecinos como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2012.
Diputados: Jorge Terán Juárez (rúbrica), Mirna Hernández Morales, Adolfo Bonilla Gómez, Enrique Cárdenas del Avellano, María Concepción Navarrete Vital, Abel Octavio Salgado Peña.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, para demostrar la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca de camarón que se desea implantar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los suscritos, diputados José Enrique Reina Lizárraga, Leslie Pantoja Hernández y Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentan ante este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California , a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.
Antecedentes
La pesquería de camarón, en el alto Golfo de California se produce en promedio 851 de toneladas de camarón por temporal de pesca comercial, siendo la mayoría camarón azul.
Atributos adicionales de esa región la alta diversidad marina y el alto número de endemismo biológico. Por eso, ahí se ubica una reserva de la biosfera (934,756 hectáreas) que protege especies carismáticas, como la vaquita marina, así pues los principales pobladores de San Felipe, en Baja California, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, concentran por lo menos a 46,000 personas que viven principalmente de la pesca.1
El recurso del camarón ocupa diferentes hábitats a lo largo de su ciclo de vida, por lo cual su explotación en las diferentes fases debe prever un balance de tal forma que la extracción en las etapas de crecimiento y reproducción no afecten el reclutamiento, el potencial reproductivo y la producción pesquera de la especie.
Por una parte, el aprovechamiento del camarón en los sistemas lagunarios estuarinos y bahías tanto del litoral del Océano Pacífico y Golfo de California, como del Golfo de México y Mar Caribe mexicanos, ha generado el establecimiento de pesquerías comerciales de particular importancia económica y social que es necesario mantener buscando un balance óptimo con otras pesquerías que permita el adecuado aprovechamiento de estos recursos.
Para los propósitos antes señalados, la antes Secretaría de Pesca, quien hoy forma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), junto con la Conapesca y el Inapesca, ha venido realizando investigaciones biológico pesqueras en los distintos sistemas lagunarios estuarinos y bahías de ambos litorales del país, cuyos resultados hacen recomendable emitir normas para controlar el esfuerzo pesquero reglamentando el número, tipo y especificaciones de las artes, métodos y equipos de pesca; la potencia de los motores fuera de borda y la determinación de zonas y periodos de veda.
Es por lo anterior que surge la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, y derivado de ello el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, en reunión celebrada el 14 de diciembre de 1993, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-PESC-1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.”2
Esta Norma tiene como propósito garantizar la conservación, la preservación y el óptimo aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de camarón, en los sistemas lagunarios estuarinos, bahías y aguas marinas de jurisdicción federal.
Como se citó, la norma regula el aprovechamiento de las especies del camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
En esa tesitura me permito señalar las especies de camarón a que se refiere la presente norma oficial mexicana:
En el Océano Pacífico y Golfo de California, camarón café (Penaeus californiensis) , camarón blanco (Penaeus vannamei) , camarón blanco del sur (Penaeus occidentalis) , camarón azul (Penaeus stylirostris) , camarón cristal (Penaeus brevirostris), camarón japonés (Sicyonia penicillata), camarón 7 barbas (Xiphopenaeus riveti), camarón zebra (Trachypenaeus faoea), camarón rojo real (Pleoticus robustus), camarón botalón del Pacífico (Trachipenaeus pacificus), camarón japonés (Sicyonia spp).
En el Golfo de México y Mar Caribe mexicanos, camarón café (Penaeus aztecus), camarón blanco (Penaeus setiferus) , camarón rosado (Penaeus duorarum), camarón 7 barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarón botalón sintético (Trachipenaeus similis), camarón de roca (Sicyonia brevirostris), camarón rojo manchado (Penaeus brasiliensis) .3
En este sentido, la norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2011, en el numeral 0.9, la cual a la letra establece “la información técnica y datos estadísticos aportados por el sector productivo, así como las investigaciones científicas y tecnológicas realizadas por el Instituto Nacional de Pesca acerca de la selectividad y eficiencia de la captura de las artes de pesca conocidas como chinchorro de línea , se desprende que es factible autorizar su uso para la pesca de las diferentes especies de camarón con embarcaciones menores con motor fuera de borda en las zonas descritas en los apartados precedentes así como las zonas de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Rio Colorado, en virtud de que se ha demostrado que dicho arte de pesca incide mayormente sobre camarones adultos, contribuyendo con el aprovechamiento sustentable del recurso”.4
Por lo anterior, la norma tiene que ser vigilada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, es un órgano consultivo para la elaboración, promoción y observancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que son competencia de la Sagarpa en materia de pesca y acuacultura.
El Comité está integrado de la siguiente manera:
Presidente: Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
Coordinador: Funcionario designado por el presidente del Comité.
Secretario: Funcionario designado por el presidente del Comité.
Vocales:
a) Presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola.
b) Presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, SC de RL.
c) Representante de la Secretaría de Marina.
d) Representante de la Secretaría de Economía.
e) Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
f) Representante de la Secretaría de Salud.
g) Representante de la Secretaría de Turismo.
h) Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
i) Gerente de Saneamiento y Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua.
j) Coordinador de Delegaciones Federales de la Sagarpa.
k) Director General de Investigación Pesquera en el Pacífico Norte del Instituto Nacional de la Pesca.
l) Director General de Investigación Pesquera en el Pacífico Sur del Instituto Nacional de la Pesca.
m) Director General de Investigación Pesquera del Atlántico Instituto Nacional de la Pesca.
n) Director General de Investigación en Acuacultura del Instituto Nacional de la Pesca.
o) Director General de Inspección y Vigilancia de los Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
p) Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa.
q) Director General de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
r) Director General de la Infraestructura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
o) Director General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
p) Director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
q) Representante de la Empresa Productora Nacional de Redes, SA de CV.
r) Representante de la Empresa Industrial Mexicana de Equipo Marino, SA de CV.
s) Federación Mexicana de Pesca Deportiva, AC.
t) Colegio de Profesionales de la Pesca.5
No obstante lo anteriormente señalado dentro del capítulo de antecedentes, y para mayor abundamiento se prosigue con la siguiente
Exposición de Motivos
México es un país en el que la ciudadanía abriga una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural.6
En Acción Nacional sostenemos que a la actividad política le corresponde el establecimiento de un orden dinámico que respete la responsabilidad social y el desarrollo sustentable, a fin de que las personas puedan vivir dignamente, sin comprometer el potencial de las generaciones futuras ni el desarrollo económico del país.
En esa tesitura, es que me permito presentar ante esta máxima tribuna las demandas expresas de las Sociedades Cooperativas y Permisionarios Pesqueros del Camarón del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, que tienen como propósito que no se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 , misma que el pasado 10 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las respuesta a los comentarios efectuados al “proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que se incorpore los comentarios del promovente 12 establecidas por la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas en donde impone una nueva arte de pesca de camarón y equipamiento con redes de arrastre RS-INP-MEX para quedar como sigue:
Promovente 12:
Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas.
Fecha de recepción: 14 de febrero de 2012.
Comentario 17: Solicita se agregue el apartado 0.11.1 en la Introducción para mencionar que durante las operaciones de pesca de camarón en embarcaciones menores con chinchorro de línea se presenta la captura incidental de vaquita marina, por lo que es preciso promover acciones de reconversión productiva y tecnológica.
Respuesta 17: Procede. Considerando que el uso de chinchorros de línea en las aguas marinas del Alto Golfo de California puede representar un riesgo para la población del cetáceo conocido como vaquita marina, se incluirá en la introducción un apartado al respecto, para quedar de la siguiente manera:
...
0.11.1 Durante las operaciones de pesca de camarón de embarcaciones menores con chinchorro de línea en el Alto Golfo de California, existe riesgo de captura de vaquita marina, por lo que se requiere promover acciones de sustitución de artes de pesca y reconversión productiva.
...
Comentario 18: Agregar el apartado 0.9.1 en la Introducción para indicar que es factible utilizar la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX para la pesca de camarón con embarcaciones menores en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado.
Respuesta 18: Sí procede. Considerando que las recientes investigaciones del Inapesca determinaron la viabilidad para el uso de la red de arrastre conocida como RS-INP-MEX, se incluye la siguiente redacción en la norma:
...
0.9.1 Recientes investigaciones que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Pesca han determinado que es procedente permitir el uso de la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX para la pesca de camarón con embarcaciones menores en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado.
Considerando que de acuerdo a las investigaciones del Inapesca se requiere utilizar artes y equipos de pesca con las características descritas, se incorpora el apartado 4.3.2.1.1 y el apéndice normativo C, excepto las marcas comerciales registradas propuestas las cuales se sustituirán por una descripción de los equipos y artes de pesca, para quedar como sigue:7
4.3.2. Los equipos de pesca para la captura de camarón autorizados para embarcaciones mayores en aguas marinas, serán las redes de arrastre, que deberán cumplir las siguientes especificaciones:9
...
4.3.2.1.1. En las aguas marinas de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera, con excepción del área de refugio para la protección de la vaquita marina, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2005, se podrán utilizar las redes de arrastre conforme lo establecido en el apéndice normativo C.9
Apéndice Normativo C
Captura de camarón en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del Río Colorado
C.1. Zonas de pesca
Las actividades de pesca se podrán realizar en las aguas marinas de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado y estarán prohibidas en a) la zona núcleo de la reserva y b) el área de refugio para la protección de la vaquita marina, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2005.
C.2. Características y especificaciones
C.2.1. Las actividades de pesca en embarcaciones mayores se podrán llevar a cabo con redes de arrastre según las siguientes especificaciones:
a) Malla de fibra sintética de polietileno, con luz de malla de 50, 60 y 75 milímetros en alas, cuerpo y antebolso, respectivamente.
b) Sistema de maniobra “bípode” con “A” tangones de acero. Redes de arrastre con diseño mixto de un máximo de 36.6 metros (120 pies) de tamaño; equipos de arrastre de doble aparejo sin cadena “espantadora”.
c) Dispositivos excluidores de peces (DEP) modelo “ojo de pescado” con las características descritas en el apéndice normativo D.
d) Dispositivos excluidores de tortugas (DET) con las especificaciones técnicas siguientes:
d.1. Especificaciones generales de los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) del tipo rígido con parrilla.
d.1.1 Las características del DET en cuanto a forma, dimensiones, materiales de construcción, armado, instalación e inclinación de la parrilla, deben facilitar la exclusión de tortugas adultas y juveniles cuya altura en el caparazón sea superior a los 10.2 centímetros, impidiendo su paso hacia el bolso de la red y permitiendo su salida a través de una abertura de escape. Asimismo, el DET debe facilitar el tránsito del camarón hacia el bolso.
d.1.2 Estructura: los DET deben estar conformados por los siguientes componentes:
1. Extensión de paño de red con una abertura de escape.
2. Parrilla sólida.
3. Tapa de la abertura de escape.
4. Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor a su peso).
Adicionalmente se pueden usar:
1. Cabo tensor.
2. Embudo acelerador.
3. Cabo de protección
4. Cubierta de paño para evitar desgaste.
d.1.3 Requisitos de componentes y materiales de construcción:
a) Extensión de paño de red con una abertura de escape.
Conforma el cuerpo del DET. Está construida con una sola pieza rectangular de paño camaronero de hilo poliamida (PA) multifilamento teñido y tratado del número 18 al 36 o de polietileno (PE), con tamaño de malla de 38 milímetros (1 ½ pulgadas) a 41 milímetros (1 5/8 pulgadas) equivalentes a una luz de malla de entre 35 milímetros (1 3/8 pulgadas) y 38 milímetros (1 ½ pulgadas); y dimensiones de por lo menos 50 por 150 mallas debiendo ajustarse al tamaño de las parrillas. Los lados menores del paño deben estar unidos entre sí mediante costura.
La abertura de escape es un corte rectangular, que puede tener las siguientes dimensiones:
1) 142 centímetros (56 pulgadas) en sentido transversal y 51 centímetros (20 pulgadas) en sentido longitudinal, medidos a paño estirado, desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.
La tapa para esta abertura de escape corresponde a la especificación 1) del inciso c).
2) 180 centímetros (71 pulgadas) en sentido transversal y 66 centímetros (26 pulgadas) en sentido longitudinal medido desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.
La tapa a utilizar con esta abertura de escape se especifica en la especificación 2) del inciso c).
b) Parrilla sólida.
Características y materiales:
Debe ser una estructura rígida conformada por un marco oval o semirrectangular sin esquinas, con dimensiones mínimas de 81 centímetros por 115 centímetros y máximas de 107 centímetros por 130 centímetros, con barras verticales fijadas firmemente al marco, al menos por uno de sus extremos y distribuidas equidistantemente con una separación máxima de 10.2 centímetros medidos de borde a borde de las barras y con respecto al marco. En el caso de que en la parte inferior del DET, el extremo de las barras de la parrilla no estén unidas al marco, se deberá incorporar un refuerzo del mismo material del marco o de las barras, a manera de brazo horizontal en la parte de atrás de la parrilla, unido a cada una de las barras por medio de tramos espaciadores perpendiculares de no menos de 12.7 centímetros (5 pulgadas). El refuerzo debe colocarse dentro del área comprendida entre el punto medio del exterior del marco y el extremo inferior de las barras de la parrilla.
Las parrillas pueden ser de cualquiera de los siguientes materiales: varilla de acero galvanizado o inoxidable de 7.9 milímetros (5/16 pulgadas) de diámetro mínimo para el marco y 6.4 milímetros (1/4 pulgadas) para las barras verticales; barra o varilla de aluminio de 19.1 milímetros (3/4 pulgadas) de diámetro mínimo en el marco y 16 milímetros (5/8 pulgadas) para las barras verticales; tubo de aluminio con un mínimo de 32 milímetros (1 ¼ pulgadas) de diámetro exterior para marco y barras, o tubo de acero galvanizado cédula 40 con diámetro exterior mínimo de 12.7 milímetros (1/2 pulgada) para el marco y de 9.5 milímetros (3/8 pulgada) para las barras verticales.
Posición de la parrilla: debe estar instalada en el interior del cuerpo del DET en forma inclinada hacia adelante (parte anterior del DET orientado en sentido boca-bolso de la red), cuando la abertura de escape es inferior, o hacia atrás (parte posterior del DET), cuando la abertura de escape es superior. La inclinación de la parrilla respecto al eje horizontal del DET debe tener un ángulo entre 30° y 50° para el primer caso y entre 130° y 150° para el segundo. La parrilla debe estar sujeta firmemente a la extensión de paño a lo largo del perímetro del marco mediante uniones con hilo de poliamida multifilamento.
Dirección de las barras de la parrilla: Algunos modelos de DET tienen una parrilla cuyas barras tienen cierto ángulo de inclinación respecto al marco que las soporta. Se trata de diseños especiales que evitan la acumulación de basura y su efecto en la retención de camarón; en esos casos la dirección de las barras debe ser hacia la parte delantera del DET.
c) Tapa de la abertura de escape.
La tapa de la abertura de escape debe ser de paño de red de material polietileno (PE) preestirado y tratado a calor. El tamaño de malla debe ser de entre 38.1 milímetros (1 ½ pulgadas) y 41.28 milímetros (1 5/8 pulgadas).
La tapa de la abertura de escape puede tener las siguientes dimensiones:
1) Dos secciones de paño de forma rectangular, con un máximo de 147.3 centímetros (58 pulgadas) de ancho, a paño estirado, las cuales se instalan en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 142 centímetros por 51 centímetros), traslapándose una sobre otra no más de 38.1 centímetros (15 pulgadas) a todo lo largo de las mismas, sin costura en el traslape que fije una sección de paño con la otra, excepto en la costura que une las secciones (tapas) con el borde anterior de la abertura de escape. Las secciones (tapas) pueden extenderse por detrás de la parrilla hasta un máximo de 61 centímetros (24 pulgadas), debiendo estar fijas en toda su longitud. Esta tapa se utilizará con la opción 1) del inciso a) del apartado d.1.3.
2) Una sección de paño rectangular de 337.8 centímetros (133 pulgadas) de ancho por 147.3 centímetros (58 pulgadas) de largo a paño estirado. Esta tapa se instala en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 180 centímetros por 66 centímetros), con el borde más largo (337.8 centímetros) pegado al borde anterior de la abertura de escape, pudiéndose traslapar en ese sitio hasta un máximo de 12.7 centímetros (5 pulgadas). Los bordes laterales pueden fijarse al cuerpo del DET hasta 15.2 centímetros (6 pulgadas) por detrás del borde posterior de la abertura de escape, y puede extenderse libremente (sin estar fijadas al paño) hasta un máximo de 61 centímetros (24 pulgadas) por detrás de la parrilla. Esta tapa se utilizará con la especificación 2) del inciso a) de la especificación d.1.3.
Ambos tipos de tapas pueden traslaparse sobre el cuerpo del DET, en el paño anterior a la abertura de escape a un máximo de 2 o 3 mallas, y se fijan mediante costura a todo lo largo de la línea de mallas, equidistante al margen delantero de la abertura o unida al mismo; lateralmente puede traslaparse al cuerpo del DET hasta un máximo de 2 o 3 mallas y quedar igualmente fija mediante costura, incluso hasta un máximo de 15.2 centímetros (6 pulgadas) por atrás de la unión de la parrilla con el cuerpo del DET en su parte inferior, punto a partir del cual, la tapa debe quedar completamente libre.
d) Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor a su peso).
La flotabilidad que deben tener los excluidores con abertura de escape en la parte inferior, para su adecuada estabilidad, hidrodinámica y funcionamiento, debe ser igual o mayor a su peso en el agua. Si la flotabilidad del excluidor no es igual a su peso, deben incorporarse flotadores que la complementen. Es suficiente una flotabilidad de 9 a 10 kilogramos-fuerza (kgf) proporcionada por flotadores de poliuretano, cloruro de polivinilo (PVC), acetato viniletílico (EVA), otro plástico rígido o aluminio.
Requisitos y posición de los flotadores cuando la abertura de escape es inferior. En el caso de flotadores de poliuretano, deben ser dos cuerpos con dimensiones, peso y forma similares, con fuerza de flotación de 4.5 kgf cada uno, fijados mediante cabo de poliamida (PA) o polietileno (PE) a ambos lados de la parte superior central de la parrilla (en el punto de unión con el cuerpo del DET) en forma simétrica. En este caso, pueden ir afuera del cuerpo del DET o en su interior por detrás del marco de la parrilla.
Cuando se trate de un flotador esférico de PVC, de otro plástico rígido o de aluminio, éste debe cubrir por lo menos la flotabilidad de 9 kgf; ir fijo a la parte superior central de la parrilla (en el punto de unión con el cuerpo del DET) y siempre por fuera del cuerpo del DET.
Requisitos y posición de los flotadores cuando la abertura de escape es superior: Los mismos tipos de flotadores pueden ser usados cuando el DET tenga abertura de escape por arriba, en cuyo caso, deben instalarse por fuera del cuerpo del DET, uno a cada lado de la parrilla por debajo del margen de la tapa de la abertura de escape.
d.1.4. Componentes Adicionales.
a) Embudo acelerador.
Es un aditamento que tiene la función de favorecer el rápido tránsito del camarón hacia el bolso, evitando pérdidas por exclusión. Se construye de paño de polietileno (PE), preestirado y tratado a calor, con tamaño de malla no mayor de 41.28 milímetros (1 5/8 pulgadas). Generalmente se construye con una sección de paño de 100 por 29 mallas, aunque pueden ser mayores dependiendo del tamaño de la parrilla. Se une mediante costura por los lados de 29 mallas. Es un cuerpo semejante a un cono truncado con una lengüeta en uno de sus extremos, con anchura entre 36 y 62 mallas. En ese extremo el embudo debe poderse estirar un mínimo de 180 centímetros (71 pulgadas).
Para la instalación del embudo, deberá fijarse su parte anterior (la que no tiene lengüeta) al perímetro de la extensión de paño, haciendo una distribución uniforme de las 100 mallas de su perímetro, con las mallas de la extensión de paño. La parte posterior del embudo se fija, por su lado más corto (margen en donde empieza la lengüeta) a las barras de la parrilla por el lado opuesto a la abertura de escape, a una distancia de 10 centímetros respecto al marco de la misma, uniendo el borde más angosto del embudo cuando mucho una tercera parte de su perímetro y dejando la lengüeta completamente libre hacia la abertura de escape.
Debe cuidarse que el embudo quede instalado en congruencia con la simetría de la red.
b) Cabo tensor.
Son cabos que aseguran el mantenimiento del ángulo de la parrilla para que el DET tenga una adecuada eficiencia. Pueden ser de poliamida (PA), polipropileno (PP) o polietileno (PE) de 1 centímetro de diámetro como mínimo. Van colocados a cada lado del cuerpo del DET, unidos a la parrilla mediante amarre, entreverados al paño hacia la parte delantera y unidos a varias mallas mediante costura.
c) Cabo de protección.
Es un cabo que contribuye a disminuir el desgaste de la red alrededor de la parrilla y evita el deterioro de la misma por fricción ocasional con el fondo. Puede ser de polipropileno (PP) o polietileno (PE), de por lo menos 1.2 centímetros de diámetro, que se coloca intercalado a todo lo largo del marco de la parrilla y a través de una línea de mallas. Para sujetarse firmemente a la parrilla lleva varios amarres con hilo de poliamida (PA).
d) Cubierta de paño para evitar desgaste.
Puede utilizarse una cubierta de paño para evitar el desgaste de la tapa de la abertura de escape, cuando eventualmente haya fricción con el fondo, particularmente durante el proceso de exclusión de alguna tortuga, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Sus dimensiones no sean mayores que las de la tapa de la abertura, por lo que no puede extenderse más allá de los márgenes laterales y posterior de la tapa.
2. Solamente puede ir unida a la extensión de paño (cuerpo del DET) en los puntos de unión con el borde anterior de la tapa de la abertura o coincidiendo con el margen frontal de la abertura, cuando la tapa vaya directamente unida al mismo.
3. El paño utilizado debe ser de hilo de poliamida con diámetro superior a 2.4 milímetros.
4. No puede interferir o restringir la abertura de escape.
d.1.5. Especificaciones técnicas de instalación.
i. Para contribuir al óptimo funcionamiento del DET, su instalación debe hacerse cuidando guardar congruencia de simetría entre el cuerpo del DET y el cuerpo de la red.
ii. La parte anterior del DET (borde de unión con el embudo) va orientada en sentido abertura-bolso de la red.
iii. La tapa de la abertura del DET debe quedar antes de la parrilla, en dirección al bolso de la red.
iv. El otro extremo del DET, debe quedar unido al bolso de la red.
v. En ambas uniones la distribución de mallas del DET respecto al cuerpo y bolso de la red debe ser homogénea.
e) Doble relinga inferior:
El objetivo de esta relinga adicional es separar la red del fondo para que le permita excluir organismos que están en el sustrato y que no son el objetivo de captura, además de basura y pesos muertos que incrementan la resistencia al avance de la red; este aditamento contribuye con la selección de recursos y propicia el ahorro de combustible de la embarcación. La relinga adicional conocida como doble relinga en la red de arrastre para camarón; consiste en adicionar a la red armada un cabo extra en la parte inferior, separada de esta con tirantes equidistantes, en esta relinga extra es donde se fija el lastre del equipo (la cadena de arrastre) manteniendo la relinga inferior de la red libre de peso directo. De tal forma que los ajustes al encadenado que el operador desee realizar deberá aplicarse sobre la doble relinga y no sobre la relinga de la red.
Para las redes utilizadas en embarcaciones mayores (barcos), la doble relinga deberá construirse de cabo con alma de acero (tralla) del mismo tamaño que la relinga inferior normal o hasta 20 centímetros menor, ambas relingas se unen en los extremos con una malla o aro de acero, con un grosor no menor de 0.95 centímetros de diámetro (3/8 de pulgada) en la cual se fijan las bridas que van al portón (figura C1).
La unión de las relingas se realiza partiendo de la punta de las alas hacia el centro de las relingas, uniéndolas con tirantes de cada lado espaciados a 95 cm. con una longitud de 20 centímetros (separación entre relingas) en la parte central no lleva tirantes, de manera opcional podrá sujetarse con 3 tirantes de 35 centímetros de longitud cada uno, uno al centro y otro más a cada uno de los lados, manteniendo la misma separación entre ellos que la que se especifica para las alas (95 centímetros). La cadena a utilizar es la que tradicionalmente se emplea en la red normal. Para las redes construidas con material de polietileno de 33.55 metros (110 pies) de relinga superior (41.4 m de relinga inferior) se utilizan 60 kilos de cadena; 50 kilos de cadena de 5/16 de pulgada repartidas en las alas y 10 kilos de cadena de 1/4 de pulgada en la parte libre entre el centro y las alas (figura C1).
Figura C1. Detalle de armado de la segunda relinga inferior en la red de 33.55 metros (110 pies) para embarcaciones mayores.
C.2.2. Las actividades de pesca en embarcaciones menores se podrán llevar a cabo con la red de arrastre RS-INP-MEX
a) Red de arrastre tipo túnel corto de 15.24 metros (50 pies) de longitud de relinga superior, construida con paño de polietileno compuesto de hilo trenzado y malla sin nudo de 1.2 milímetros de diámetro.
b) Alargamiento del gradiente de luz de malla a lo largo del cuerpo de la red (alas, cuerpo y copo) con las siguientes características: alas: 60 milímetros, cuerpo: 50 milímetros, antecopo: 40 milímetros y bolso de 45 milímetros.
c) Doble relinga inferior, con la segunda relinga inferior tipo “escalera” con las características siguientes:
Para las redes utilizadas en embarcaciones menores (pangas), la doble relinga deberá construirse de cabo de 5/16 de pulgada de diámetro sin elongación (“ultrablue”) del mismo tamaño que la relinga inferior normal o hasta 20 centímetros menor. El cabo de la relinga de la red se une a la segunda relinga (relinga encadenada) siendo esta ultima la que se fija al portón (figura C2).
La unión de la doble relinga con la red se realiza partiendo del centro hacia la punta de las alas uniéndose con 31 tirantes: 1 en el centro y los 15 restantes por cada lado, espaciados uniformemente; la colocación inicia en el centro con 25 centímetros de separación, reduciendo 1 centímetro cada tirante hasta terminar en el tirante no. 15 con 10 centímetros de separación, aproximadamente a 50 centímetros de la unión de los cabos de las relingas. La cadena a utilizar es la que tradicionalmente se emplea en la red normal. Para las construidas con material de polietileno de 15.24 metros (50 pies) de relinga superior (18.10 metros de relinga inferior) se utilizan 12 o 13 kilogramos de cadena de ¼ de pulgada, “planchada” en el cabo (pegada por completo a lo largo de la relinga) como se muestra en la (figura C2).
Figura C2. Detalle de armado de la segunda relinga inferior de 15.24 metros (50 pies) para embarcaciones menores.
d) Dispositivo excluidor de peces (DEP) modelo “ojo de pescado” con las siguientes características:
Componentes.
Aro oval así como una extensión de tres varillas soldadas en el vértice de unión y al centro en la parte superior y a los lados de la salida dándole forma y rigidez al mismo (figura C3).
Figura C3. Componentes del dispositivo excluidor de peces tipo “ojo de pescado”.
Este aro elipsoidal tendrá 320 milímetros de diámetro en su eje mayor, 130 milímetros de diámetro en su eje menor y brazos de 305 milímetros de largo mínimo, construidos con varilla de acero inoxidable de 6 milímetros de diámetro.
Las características del DEP en cuanto a forma, dimensiones, materiales de construcción, armado, e instalación, deben facilitar la exclusión de peces, impidiendo su paso hacia el fondo del bolso de la red y permitiendo su salida a través de una abertura de escape.
Para su instalación en la red, se localiza el centro superior del bolso y se miden 3.4 metros a partir del cierre del bolso hacia el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET) con el paño estirado y se marca, cortando la malla central superior para realizar un corte para cada uno de sus lados, haciendo un orificio de 13 mallas en el bolso dependiendo del diámetro del aro para redes de 15.24 metros (50 pies). El aro se fija en los bordes del corte del paño ubicando el vértice del triángulo hacia la boca de la red; las mallas del corte que quedan del lado del DET se fijan en el contorno inferior del aro y las del otro lado del corte (las que quedan del lado del bolso) se sujetan a la parte superior del aro del dispositivo (figura C4).
Figura C4 Punto de colocación del dispositivo excluidor de peces.
e) Dispositivo excluidor de tortugas marinas (DET) con las siguientes características:
La parrilla del dispositivo excluidor de tortugas debe ser una estructura rígida de aluminio sólido de 2.54 centímetros de diámetro, de forma oval, de dimensiones 108 centímetros en su eje mayor (alto o largo) y 85 centímetros en su eje menor (ancho), con siete barras verticales de aluminio sólido de 1.63 centímetros de diámetro, fijadas firmemente al marco y distribuidas equidistantemente con una separación máxima entre ellas, así como al marco de la parilla, de 10.2 centímetros. Se recomienda el uso del diseño Super Shooter que tiene una inflexión de 45° en las barras inferiores antes de fijarse al marco, en dirección a la parte delantera del DET.
La parrilla debe fijarse en una extensión de paño de red de una sola pieza rectangular de polietileno, con tamaño de malla de 4.13 centímetros o luz de malla de 3.81 centímetros, de 140 mallas de ancho por 62 mallas de largo, de la manera que se especifica en la NOM-061-PESC-2006 “Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción federal de los estados Unidos Mexicanos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero del 2007.
Las dimensiones de la abertura de escape, tapa de salida y flotadores así como los componentes opcionales como embudo acelerador, cabo tensor, cabo de protección y cubierta de paño para evitar desgaste deberán seguir los lineamientos de materiales, dimensiones y colocación que marca la Norma ya referida.
C.3.Condiciones de operación.
C.3.1. Queda prohibida la captura de camarón con redes de arrastre en la franja marina comprendida entre 0 y 9.14 metros de profundidad (0 y 5 brazas de profundidad).”10
Por consiguiente dicha investigación realizada por la Inapesca no demuestran la eficacia de su prototipo en el campo de trabajo, dando así incertidumbre a los pescadores ribereños ya que las especificaciones de las redes propuestas por Inapesca son más pequeñas de tal modo que tiene un impacto presupuestal para los pescadores ya que afectaría la rentabilidad de la pesca.
De tal suerte que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado son el primer grupo de pescadores artesanales en presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA) por actividades pesqueras en áreas naturales protegidas (ANP). Esta primera manifestación fue presentada y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma condicionada, por el plazo de un año, y sujeta al cumplimiento de una serie de condicionantes entre los cuales se encuentra la elaboración de una nueva MIA técnicamente más sólida.
En fechas recientes, los pescadores ribereños de las comunidades de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe contrataron al Centro Intercultural de Estudios de los Desiertos y Océanos, AC (CEDO) para elaborar dicha MIA.
Un componente importante de este nuevo proceso es el interés y la disposición tanto de los pescadores como del consultor de llevar a cabo un proceso de elaboración socialmente incluyente, participativo y transparente para lograr los mejores resultados.
Por lo antes expuesto a este honorable congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Rio Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.
Segundo. Se solicita al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable que en caso de que no se demuestre la efectividad de la red prototipo RS-INP-MEX y la nueva técnica de pesca a que se hace referencia en el primer resolutivo del presente acuerdo legislativo, se solicita la autorización a la dependencia a que implemente otros mecanismos de pesca, a fin de proteger a la vaquita marina y que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, se vean beneficiados.
Notas
1 Inapesca. Evaluación de biotecnología de la red de arrastre prototipo para capturar de camarón en el Alto Golfo de California, marco de referencia. Página 5.
2 12-31-93 Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.
4 Norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial Federación el 21 de diciembre de 2011, en el numeral 0.9.
5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.
6 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002. Página 4.
7 Respuesta a los comentarios efectuados al proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 31 de diciembre de 1993, y sus modificaciones publicadas los días 30 de julio de 1997 y 28 de noviembre de 2006, publicado el 21 de diciembre de 2011. Página 59.
8 Op. cit.
9 Op. cit.
10 Op. cit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2012.
Diputados: José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Andrés de la Rosa Anaya.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, con base en las siguientes
Consideraciones
México debe dejar de ser un país de una sola marca, y el Congreso es el instrumento imprescindible para que ello ocurra.
En el transcurso de la historia moderna del país, el trabajo de los legisladores ha contribuido a normar, de manera progresiva, la convivencia en el ámbito del Estado mexicano. Además, cada vez son más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país.
Desafortunadamente, hay algunos aspectos de la formación del Estado, como es el que se refiere a la competencia económica, que debe prevalecer en las relaciones que establecen los actores económicos, en los que persiste gran retraso en el aspecto normativo. Eso propicia la apropiación de una renta excesiva por parte de empresas que operan en condiciones de monopolio u oligopolio.
Las deficiencia en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, los derechos y las condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos.
Está demostrado que en el desarrollo de las economías modernas, ha sido fundamental la regulación sobre el comportamiento de los grandes consorcios, la vigilancia sobre las relaciones de equidad en las relaciones de intercambio y sobre su comportamiento en relación con los consumidores de sus productos.
Ese marco normativo favorable a la competencia es un aliciente para que las empresas aumenten su productividad y no impongan márgenes de utilidad abusivos, por los cuales se apropian de una renta excesiva. También incentiva los ciclos de inversión y modernización tecnológica y, por tanto, promueve aumentos en los recursos que se destinan a investigación y nuevos desarrollos. Además, promueve la maduración de nuevas y más firmas, que dejan de depender de mercados cautivos o tratos preferenciales para convertirse en empresas con capacidad de negociación y crecimiento.
En México hay grandes consorcios que han logrado un tamaño de empresa mundial y ejercen un importante control del mercado en el país, que les permite obtener márgenes de utilidad extraordinarios. En lugar de promover la inversión y la competencia en el territorio nacional, aprovechan sus elevadas utilidades para fondear con ventaja sus inversiones en el exterior, más con la intención de diversificar mercados para asegurar sus márgenes, porque difícilmente podrán encontrar otro país donde obtengan tantos beneficios como aquí.
En el país y fuera de él, todas las voces que explican la falta de crecimiento en nuestro país, sea desde la izquierda o desde la OCDE todos coinciden en el factor hegemónico de los monopolios.
Para nadie es un secreto. Por ejemplo, en la tortilla de maíz, una empresa produce más de dos terceras partes de la producción de harina en México, por lo que es, para todos los propósitos, la empresa dominante. No obstante, el mercado de la tortilla está dividido casi a la mitad entre la que se produce con harina de maíz y la que se obtiene con nixtamal.
Tres empresas dominan el mercado de la carne en México.
En pollo y huevo tres empresas concentran alrededor de la mitad de la producción nacional.
En leche, dos empresas controlan alrededor de 80 por ciento del mercado; el resto está fragmentado.
Refrescos, jugos y agua son dos grandes empresas. Una de ellas tiene un porcentaje suficientemente alto del mercado como para haber sido declarada como empresa dominante por la Comisión Federal de Competencia en 2008.
Cerveza: el mercado está controlado en casi 100 por ciento por dos grupos. Además, el mercado está geográficamente segmentado y los precios son básicamente idénticos entre marcas competidoras. Por ello puede presumirse la práctica anticompetitiva conocida como “paralelismo consciente”.
Medicinas: hay un sinnúmero de empresas productoras, pero sólo dos grandes distribuidoras. Aun cuando la competencia vía supermercados ha ido creciendo, existen documentadas prácticas de cartel.
Y qué decir, aunque la ley mexicana permite hasta 49 por ciento de inversión extranjera en los servicios de telefonía fija y televisión por cable y que no la restringe en la telefonía móvil. Sin embargo la más grande es de un solo dueño, lo que genera falta de competencia y costo a los consumidores y probadamente, manejan una significativa influencia sobre los principales organismos reguladores.
Basta recordar el caso de la “megamulta” a la empresa de telefonía móvil, la cual estuvo envuelta en la polémica y los litigios.
El 29 de abril de 2006, la Comisión Federal de Competencia inició una investigación contra la telefónica por presuntas prácticas monopólicas y hasta el 7 de abril de 2011 no fue impuesta una inédita sanción, de casi 12 mil millones de pesos.
En aquella ocasión, uno de los comisionados se declaró impedido para votar en el pleno; a su vez, Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo, integrantes del órgano antimonopólico, votaron en contra; en tanto, Rodrigo Morales Elcoro y Eduardo Pérez Motta, este último ejerciendo el voto de calidad, fallaron por imponer la sanción.
La empresa promovió ante la CFC el recurso de reconsideración para revocar esta multa y el 1 de junio siguiente demandó también por escrito al organismo recusar a Pérez Motta de la votación de dicho recurso, pues se le acusó de expresar ante la prensa opiniones que cuestionaban su imparcialidad.
El presidente de la CFC fue recusado y aunque se amparó contra el impedimento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó su demanda de garantías y quedó fuera en definitiva del pleno que definiría la suerte de la megamulta a la empresa.
Es decir, hubo una presión enorme por el poder de los regulados, que de alguna manera somete prácticamente a los reguladores. El Congreso debe establecer un alto a esta situación. Aquí mismo, en esta soberanía, se encuentran representantes de sectores económicos y de poder político que vienen a defender el estatus quo. Si es legítima su defensa de sus intereses, lo es más que nosotros fortalezcamos el poder institucional, defendiendo a los ciudadanos, consumidores, la economía del poder que ejercen empresas.
La reforma de la Ley Federal de Competencia Económica realizada por la anterior legislatura significó un avance, pero es insuficiente. Las prácticas y beneficios de anticompetitivos se siguen dando.
Parecería que el desdén por regular a los monopolios es tan grande que incluso la Comisión Federal de Competencia esta ahorcada presupuestalmente, ni el Ejecutivo ni el Legislativo reflejan su voluntad de consolidarla, pues no le entregan un solo peso para investigaciones.
Por esa razón es imprescindible que el Congreso establezca una comisión especial que vigile prácticas anticompetitivas de los sectores económicos, prestadores de bienes y servicios, caros y de mala calidad, en perjuicio de los millones de consumidores y dotar de mayores instrumentos y datos a los órganos reguladores del Estado mexicano, para eliminar estas prácticas y sus efectos a los ciudadanos y a la economía.
Esta comisión acreditará dichas prácticas para que la legislación actual no facilite abusos en la venta de bienes y en la prestación de servicios en materia de precios y calidad. Debemos procurar que los consumidores concurran a mercados controlados por oligopolios en una situación de verdadera desventaja, sin organización y con la debilidad que da actuar de forma individual.
Denunciará y combatirá las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia, así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas contra los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país y del ambiente.
México debe dejar de ser el país de una sola marca, un solo hombre, un solo sector. Tenemos representantes de intereses particulares en esta soberanía. A todos conviene que México siga siendo un país con oportunidades y que se ponga a la vanguardia en materia de competencia económica. El Congreso que tantas veces ha sido acusado de estar capturado y sometido a intereses ajenos a la población, tiene hoy la posibilidad de enmendar su prestigio y devolverle confianza a sus ciudadanos al poner en práctica no una cacería de brujas, tan sólo buscar equidad y sana competencia sin abusos, sin perjudicados. Los millones de consumidores mexicanos lo valen y el Congreso lo necesita.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados.
Segundo. La comisión especial estará formada por 10 integrantes o por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura.
Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, las estatales y las municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar otras acciones para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Los temas por abordar en la comisión son los siguientes:
1. Alimentos.
2. Telecomunicaciones.
3. Servicios Financieros.
4. Transporte.
5. Medicamentos.
6. Refrescos y cervezas.
7. Gas.
8. Cemento.
9. Las demás que el pleno de la comisión determine incluir.
Cuarto. La Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados estará vigente hasta el 31 de julio de 2015.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto La Ensenada, en la isla Holbox, dentro del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a dicha área, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputada Luisa María Alcalde Luján, así como las suscritas y los suscritos diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, diputado José Francisco Coronato Rodríguez, diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, diputada Merilyn Gómez Pozos, diputada Zuleyma Huidobro González, diputado José Antonio Hurtado Gallegos, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, diputado Juan Luis Martínez Martínez, diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputado Ricardo Monreal Ávila, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, diputado José Soto Martínez, diputado José Luis Valle Magaña, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputada María Concepción Navarrete Vital, diputado José Pilar Moreno Montoya, diputada María Isabel Ortiz Mantilla, diputada Cristina Olvera Barrios, diputada Claudia Elena Águila Torres, diputada Graciela Saldaña Fraire, diputado Ricardo Astudillo Suárez, diputado Ossiel Omar Niaves López, diputado Gabriel Gómez Michel, diputado José Luis Esquivel Zalpa, diputado Juan Manuel Fócil Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La isla de Holbox, ubicada dentro del área natural protegida “Yum Balam” en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la Reserva de la Biosfera “Ría Lagartos”. Presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.1
Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.2
La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox, incluyen el equinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez más grande del mundo, el tiburón ballena.
La Isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable, tiene tan solo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.
Es por ello que el 6 de junio de 1994 por Decreto Presidencial, se declaró como área natural protegida (ANP), con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna a la región de Yum Balam, donde se encuentra por supuesto Holbox.
Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la Nación, existe actualmente un proyecto de desarrollo turístico en la isla llamado “La ensenada”.
El proyecto “La Ensenada” con clave 23QR2012TD073 a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, planea construir 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles que tendrá plazas, oficinas y aproximadamente 3,000 metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, sumando un total de 2,450 cuartos. Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de que contará con carreteras, helipuerto, canales y un puerto marítimo, entre otras obras.
El desarrollo turístico-inmobiliario, así como su operación, tendría serias consecuencias en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox, traería consigo impactos ambientales negativos como:
I. Un alto nivel de deterioro del suelo.
II. Perturbación severa de la vida silvestre
III. Sobreexplotación de los recursos naturales.
IV. Procesos de desertificación acelerada y erosión, y
V. Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.3
Las obras de construcción y las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones desencadenarían indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos, así como impactos acumulativos ecológicos, sociales y en materia de salud.4
Considerando los escenarios prevalecientes en la zona y las condiciones actuales del predio que ocuparía el desarrollo, se prevé que el proyecto “La Ensenada” conllevaría una alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona. Entre muchas otras cosas, porque:
• Se realizará el dragado de un canal, que presumiblemente podría modificar el flujo hídrico alterando a los elementos de mangle presente en el estero.5
• En la temporada de lluvias donde el agua pluvial se contaminará con las aguas grises, podría migrar al manto freático en zonas con ausencia de revestimiento.6
• El área donde pretende desarrollarse el proyecto “La Ensenada” se localiza dentro de un humedal prioritario; el más importante de la Península de Yucatán.7
• El nuevo núcleo urbano, tendrá un promedio de habitantes sin contar los trabajadores, de 3,838 personas, siendo que la isla cuenta con tan solo 1,486 habitantes fijos, además se estima una población flotante de hasta 10,000 personas. Aún considerando esta población flotante que perturbaría gravemente el medio ambiente, el proyecto la pretende incrementar en una primera etapa en un 40%.8
Por supuesto nada de lo anterior se establece en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) número MIA-23QR2012TD073 que la empresa presentó ante la SEMARNAT como requisito para la autorización del proyecto, en la que las estimaciones de manglar ni siquiera corresponden a las existencias de manglar actuales según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.9 y 10
Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad o la Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente, prueban contundentemente que otorgar la autorización del proyecto representaría además de todo lo ya dicho, serias violaciones a los tratados internacionales ratificados por México; principalmente RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica.11
Por otro lado el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Semarnat deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido más de 18 años.
En noviembre de 2011 se presentó el último borrador aprobado por la comunidad de la zona. En la reunión pública del proyecto “La Ensenada” efectuada el pasado 7 de noviembre del año en curso, el Director Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se comprometió a nombre de la Comisión, a publicar lo antes posible dicho programa, lo que entre otras cosas establecería las reglas prohibiciones necesarias para proteger el ANP de Yum Balam y la Isla Holbox.
Por último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la Ley, tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para resolver respecto a la autorización del proyecto.
En virtud de la enorme trascendencia para la protección y desarrollo ecológico de la zona, es que los diputados y diputadas de los partidos políticos aquí representados, presentamos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a negar la autorización del proyecto La Ensenada con clave 23QR2012TD073, en virtud de que no es viable pues no cumple con los objetivos planteados para el Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable, y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional , pondría en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el área natural protegida de Yum Balam.
Notas
1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1994, por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. (Anexo 1)
2 Ibídem.
3 Información obtenida del Centro Mexicano de Derecho Ambiental contenido en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 29 de octubre de 2012. (Anexo 2)
4 Ibídem.
5 Información obtenida de la Organización Greenpeace México, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada” de octubre de 2012. (Anexo 3)
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Información obtenida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, de octubre de 2012 (anexo 4).
10 Al respecto conviene consultar la extensa investigación que realizó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sustentada por imágenes satelitales y aéreas tomadas de la zona, donde delimitan las zonas de construcción y manglar.
11 Información obtenida de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 30 de octubre de 2012 (anexo 5).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2012.
Diputados: Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Martha Beatriz Córdova Bernal, Ricardo Mejía Berdeja, José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Concepción Navarrete Vital, Merilyn Gómez Pozos, José Pilar Moreno Montoya, Zuleyma Huidobro González, María Isabel Ortiz Mantilla, José Antonio Hurtado Gallegos, Cristina Olvera Barrios, Claudia Elena Águila Torres, Ossiel Omar Niaves López, Graciela Saldaña Fraire, Gabriel Gómez Michel, Ricardo Astudillo Suárez, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez.
Con punto de acuerdo, relativo a la concesión del tramo de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Francisco Alberto Zepeda González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los últimos cincuenta años, ya que han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país.
En México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustible y desgaste de vehículos. Esta red está operada en México por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas de México. Además de operar una red propia de carreteras, y también ha concesionado otros tramos carreteros a particulares.
El reporte anual de 2011 de PINFRA, establece que el 9 de noviembre de 1990, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó a Papsa una concesión para la construcción, operación y mantenimiento de una autopista de cuota de cuatro carriles de asfalto, con una longitud de 47 kilómetros, que enlaza a las ciudades de Colima y Manzanillo (la concesión para la autopista Armería-Manzanillo). Cuyos términos se han renegociado con el gobierno federal, venciendo el 8 de noviembre de 2020.
En enero de 2011, justificando la empresa PAPSA un juicio interpuesto en relación con la concesión de la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, el gobierno federal, por conducto de la SCT, le transfirió a Papsa una ampliación de la concesión por 30 años más, al tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo, del estado de Colima, venciendo este último en 2050.
En este tramo carretero se encuentra uno de los polos de desarrollo más importante del país, el puerto de Manzanillo, que hoy en día es considerado el puerto más importante en movimiento de carga contenerizada, moviendo un promedio de 2 millones de teus (siglas en inglés de unidad equivalente a 20 pies, twenty-foot equivalent unit), con una proyección generada, por la ampliación de la zona norte de dicho puerto para el año 2016, de 4 millones de teus y con la declaratoria del nuevo puerto de Manzanillo, ubicado en el vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, en donde se proyectan 50 posiciones de atraque más, lo que generaría más movilidad tanto de tránsito pesado como de ligero.
Por este puerto se importan una gran cantidad de mercancías al país y también se exportan una gran gama de productos generados en nuestro territorio nacional, la movilidad de los sectores productivos sociales se ven seriamente afectados por los altos costos que representa el peaje por este tramo carretero, que oscila entre un vehículo compacto y en camión doble remolque entre 114 y 600 pesos.
Una gran expectativa de ser competitivo en la región y en el país, se ha generado esperando el término de concesión de esta autopista, para que sea recuperada por el gobierno y puedan bajar los costos de peaje, ya que los ingresos que reporta la empresa concesionaria, de acuerdo al aforo aproximado que tienen, es de alrededor de los 600 millones de pesos al año y un gasto mínimo de operación y mantenimiento, ya que la única obra que se ha hecho desde su construcción es un puente de retorno a la altura del kilómetro 12 y fue pagado por el gobierno federal a través de la SCT.
El costo promedio de todo tipo de unidad que cubre el peaje, representa un costo excesivo de 7.6 pesos por kilometro de seudo autopista.
Cabe mencionar que, desde la construcción hasta el día de hoy, la autopista no ha sido terminada de acuerdo a lo que establece la norma, ya que aún existe un tramo específicamente en el puente de Tepalcates que no ha sido culminado, a cuatro carriles como debe ser.
Se está ampliando la concesión de la autopista Armería-Manzanillo, como consecuencia de un juicio interpuesto por Papsa, relacionado con la concesión de la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, otorgándole 30 años más del manejo de la autopista del estado de Colima.
No se justifica la ampliación de la concesión, porque no hay un proyecto de inversión de nueva infraestructura en el tramo carretero en comento y el mantenimiento es de bajo costo, en proporción a lo que percibe la empresa concesionaria por el pago de peaje.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez- Jácome Friscione, a que se aplique a resarcir los daños ocasionados a todos los sectores productivos y sociales del país, la región, el estado y los municipios aledaños, con la ampliación de la concesión del tramo carretero de la autopista Armería–Manzanillo por 30 años a la empresa Papsa, otorgada en enero de 2011; y para tal efecto realice la obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera libre Manzanillo—Armería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a realizar por las dependencias correspondientes acciones para verificar tanto las condiciones laborales y de operación de las empresas instaladas en la entidad como el trato que dan a los trabajadores, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Querétaro que en ejercicio de sus atribuciones ordene a los secretarios de las dependencias del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al titular de Protección Civil Estatal, para que realicen las acciones necesarias, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato a los trabajadores y sus condiciones de operación; informando a la sociedad sobre los trabajos efectuados y difundir sus resultados.
Lo anterior, derivado de los hechos acontecidos el pasado 17 de octubre en la empresa Sam Won, instalada en la ciudad de Querétaro, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 17 de octubre ocurrió un hecho que llenó de indignación a la sociedad queretana, mismo que consistió en la difusión de un video en el cual se puede apreciar el maltrato que sufre un trabajador de la empresa Sam Won, por parte de un empleado de origen coreano de nombre Kim Jaeoak escudándose cobardemente en su posición como superior jerárquico. En el video se aprecia la forma en que es golpeado mediante patadas y golpes en la cabeza y en el rostro. El trabajador agredido, Jorge Alberto Zamora Esparza, posteriormente a estos hechos fue despedido injustificadamente.
2. Este hecho lamentable, que merece la más severa de las condenas, trascendió hasta ser noticia nacional, dejando al descubierto las prácticas irregulares realizadas por esta empresa, que fueron denunciadas por trabajadores de la misma. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran la ausencia de prestaciones laborales, agresiones físicas reiteradas, ausencia de periodos vacacionales, negativa a otorgar reposo durante el periodo de lactancia a madres trabajadoras, así como personal extranjero que labora sin contar con los permisos migratorios correspondientes, entre otros. El suceso que desencadenó esta indignación colectiva pone de manifiesto que estas prácticas pueden dar lugar a que las mismas se vean como algo común, con lo que se contraviene el principio que el Partido Acción Nacional impulsa desde su origen y es que el trabajo digno debe ser garantizado y procurado por los gobiernos para generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
3. En su mayoría, los obreros que trabajan en esta empresa y en otras que se ubican en el parque industrial Querétaro, viven en las comunidades rurales con grado de marginación considerable, aledañas a la comunidad de Santa Rosa Jáuregui en el municipio de Querétaro: como Pinto, Pintillo, Lajitas, La Monja, La Gotera, entre otras. Quienes se encuentran en la necesidad de contar con un trabajo para llevar el sustento para sus familias. Por tanto, este hecho lamentable no puede ser permitido, y si no hacemos algo desde esta soberanía, sería tanto como permitir que este tipo de abusos proliferara y que los trabajadores, por temor a perder su fuente de trabajo, se abstengan de denunciar las irregularidades y abusos de que son objeto.
4. Los queretanos no queremos ni podemos permitir que nuestro estado sea el referente del maltrato a los trabajadores mexicanos, y lamentamos profundamente que haya quedado evidenciado que las autoridades estatales no cumplen a cabalidad con la parte que le corresponde de verificar permanentemente que los derechos laborales y las condiciones de trabajo cumplan con lo establecido en la ley.
5. Lamentablemente y en respuesta a estos acontecimientos, las autoridades han empezado a dar visos de querer hacer su trabajo y es, a raíz de los hechos expresados que la Secretaría del Trabajo del estado, ha manifestado que se intensificará la inspección a empresas asentadas en la entidad con el propósito de verificar el cumplimiento de la legislación laboral, cuando a todas luces se ha sido omiso y negligente en la aplicación de un programa estatal de inspección en esta materia.
Los diputados debemos asumir la carga moral y ética ante estos lamentables hechos, y solicitar por tanto a las autoridades gubernamentales que cumplan y observen las disposiciones legales que permitan un desarrollo humano óptimo y digno, de lo contrario deberemos asumir el riesgo y los peligros a que conllevan este tipo de prácticas violentas, e inclusive puedan generalizarse no sólo en Querétaro. Lo que se detectó puede desencadenar en un problema social de gran envergadura; por lo que en términos de lo que prevén los documentos básicos del Partido Acción Nacional rechazamos enérgicamente la violencia laboral.
6. Generalizar que todas las empresas extranjeras asentadas en Querétaro y en el país realizan estas prácticas ilegales e irregulares sería una mentira, sin embargo, es necesario garantizar y atender de manera puntual, que se respeten los derechos de los trabajadores, y adoptar medidas que impidan que situaciones tan lamentables como la aquí referida sigan ocurriendo. No es más que asegurar que nuestras leyes se respeten y prevalezca el respeto a la dignidad de todos nuestros compatriotas, sobre todo aquellos que con el esfuerzo de su trabajo llevan el sustento a sus familias.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, los resolutivos de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para que las instancias a su cargo, en particular, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría de Justicia del Estado y Protección Civil Estatal, desplieguen todos los recursos a su alcance para realizar de manera inmediata una verificación e inspección de todos los centros de trabajo para identificar y dar a conocer a la sociedad queretana el informe sobre las empresas que no cumplan con las condiciones laborales mínimas y sus instalaciones no reúnan las condiciones de seguridad e higiene.
Segundo. Que las instancias señaladas en el punto primero, informen a la sociedad queretana sobre los casos de violencia laboral detectados en la entidad, derivado de los programas o políticas públicas diseñadas para las actividades de inspección de las empresas, cumplimiento del marco normativo en materia laboral, avance en el cumplimiento de esos programas y porcentaje de empresas instaladas en el estado que se han verificado bajo este esquema en el transcurso del último año.
Tercero. Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, para que instruya a la Procuraduría General de Justicia a que realice la investigación correspondiente, y en el caso de que se acredite y elemente debidamente la averiguación, el empleado agresor sea sancionado conforme a la normatividad penal y no quede impune este lamentable acontecimiento.
Cuarto. Se solicite al gobernador del estado de Querétaro que, a través de la Secretaría de la Contraloría, se investigue la actuación de los servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo, y la Unidad Estatal de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, con el propósito de determinar la existencia de incumplimientos en sus obligaciones legales, relacionadas con la ejecución de los programas de inspección a grandes, medianas y pequeñas empresas, y en caso de que sean identificadas irregularidades por acción, omisión o negligencia, se impongan las sanciones a que haya lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes
Consideraciones
Los chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas, actualmente es considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al golfo de México y al istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.
En este sentido, los antecedentes del territorio chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.
Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas) se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 hectáreas (6,759.31 kilómetros cuadrados), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100 mil hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de los chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los chimalapas.
Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.
Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas incluyendo todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Actualmente Las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 79, someto a consideración de esta soberanía, y con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que modifique la NOM-007-SSA2, “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido”, para garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada de ésta, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a establecer las modificaciones necesarias en la norma NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto establece que “toda personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” y además que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”
Esto significa que en primer lugar, corresponde a cada uno decidir sobre sí mismo y sobre los aspectos referentes a su vida y desarrollo de la misma con la libertad que otorga la ley en un marco de igualdad y respeto entre todos; y en segundo que el Estado está obligado a proporcionarle a la población, servicios de atención a su salud de calidad con disponibilidad y cobertura que le permitan obtener mejores condiciones de vida, integración plena y amplia satisfacción de sus necesidades.
Es precisamente en lo relativo a la salud como lo establece la Constitución Política que esta obligación asume una importancia especial, ya que este servicio de atención básica o especializada, no solo se refiere al cuidado de enfermedades y su cura, sino también debe de hacer énfasis y tener incluidos aspectos como amplia información disponible, prevención, procuración y el seguimiento de la salud de la población y además en la calidad de los servicios y de la atención que provee de manera certificada y profesional.
Esta garantía se vuelve imprescindible en cualquier eslabón en la atención y servicios de salud, sin embargo hay circunstancias especiales que exigen ser incisivos en el cumplimiento de estos aspectos; tal es el caso de la atención a la mujer antes, durante y después del parto.
Atender estos aspectos relevantes no representa una garantía únicamente para la futura madre y su núcleo familiar, también para la sociedad en su conjunto, ya que significa que no solamente estamos atendiendo lo referente a su estancia clínica-hospitalaria, sino que estamos incluyendo una amplia gama de consideraciones que nos han permitido desarrollar por ejemplo en la actualidad, servicios de orientación y planificación familiar, así como el disponer de la información y la consejería suficiente para que la mujer pueda ejercer ese derecho consagrado constitucionalmente, en la toma de decisiones sobre su etapa reproductiva.
Con ello tenemos que en la atención a la mujer y a la familia en su conjunto sobre salud reproductiva, requerimos cono sociedad y nación brindar una atención calificada y profesional durante el embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio, y por supuesto cuidar la salud del recién nacido.
Las cifras actuales sobre la dinámica poblacional nos obligan a reconsiderar y revisar el actuar de los sistemas de salud en este aspecto en específico, ya que según datos del 2010 del Censo de Población y Vivienda de Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay alrededor de 41 millones de mujeres de entre 15 años y más y cerca del 72 por ciento de estás, han tenido al menos un hijo nacido vivo que desarrollan un papel relevante en la sociedad en su conjunto, basta mencionar que este segmento poblacional presenta un índice del 43 por ciento en el total de la población económicamente activa.
Además, y a pesar de que la tasa de fecundidad se ha reducido significativamente en las últimas 4 décadas al pasar de 7.2 hijos a 2.3 hijos por mujer, la movilidad demográfica de la mujer relacionada con el índice de nacimientos en el territorio sigue siendo un componente determinante en las estadísticas sociodemográficas sobre población general en México, pues se estima que en promedio desde el año 2008 el número de nacimientos se ha mantenido en un promedio de 2.5 millones.
A la par de esto y afortunadamente, las mujeres han ido ganando por méritos propios mayores espacios de participación en ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos en el país, sin embargo no debemos olvidar que la fase reproductiva es un procedimiento fisiológico que implica modificaciones anatómicas, funcionales, emocionales y psicológicas que son consecuencia de un considerable aumento hormonal surgido para la atención de las necesidades en ese momento de la madre y el feto.
Y a pesar de que la información disponible, la cobertura médica, la disponibilidad de recursos, la especialización y tecnificación de los profesionales de la salud ha mejorado significativamente e influido en el comportamiento de las tasa de fecundidad actual, el embarazo y su desarrollo en la mujer generará siempre complicaciones de diferente grado en su salud que desafortunadamente siempre nos harán presentes estadísticas de morbilidad y mortalidad materna.
No obstante, la ciencia y la medicina en este sentido han avanzado considerablemente al grado de tener hoy protocolos de atención a la mujer en esta etapa de su vida, detallados, específicos y con un alto grado de modernidad en la atención como la norma en nuestro país NOM-007-SSA2 1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido; que entre otras cosas establece a las autoridades correspondientes y responsables así como a los procedimientos a seguir para la atención a la mujer con embarazo y otras intervenciones prioritarias y la disposición de profesionales especializados como:
• Médicos obstetras o tocólogos (especialistas en embarazo y parto);
• Médicos obstetras/ginecólogos (especialistas en embarazo, parto y salud de la mujer);
• Médicos generales;
• Enfermeras especialistas en asistencia médica para la mujer, en la atención prenatal, parto y posparto.
A pesar de que este es un esfuerzo importante e imprescindible, surgió únicamente por la necesidad de combatir, prevenir y erradicar las principales afecciones o patologías vinculadas con el embarazo, parto y puerperio; como las hemorragias graves, las infecciones, los trastornos hipertensivos, el parto obstruido y la interrupción peligrosa voluntaria o involuntaria del embarazo, olvidando o haciendo de lado algunos factores relacionados no nada más con la calidad sino con la profesionalización, la calidez, la cordialidad y la humanización del trato a la mujer en esta etapa de alta sensibilidad para ella y todos los que la rodean.
Cabe señalar que según estadísticas del sector salud en nuestro país, se tiene reportado por parte de los usuarios que las principales especialidades médicas con mayor incidencia de inadecuada práctica, trato cruel y degradante, sin consideración a la confidencialidad y respeto a la intimidad en las revisiones, son precisamente el área de urgencias médicas y el área de ginecología y obstetricia.
Hay que considerar que el personal de atención a la salud tanto médicos, como enfermeras (os), personal administrativo y todos los implicados en el funcionamiento de centros de salud, clínicas y hospitales están expuestos a demasiado estrés laboral producto de jornadas laborales exhaustas, largas y sobre todo agotadoras física y moralmente; resultado de atender un sistema de salud saturado y con una demanda mayor que la prevista conforme a sus capacidades de atención y disponibilidad de servicios.
Esto y no obstante que son circunstancias que padecen a diario, no ha impedido que su profesionalismo y la dedicación en su desempeño sea de admirarse y reconocerse; sin embargo, y a pesar de estos aspectos laborales a los que son sometidos, no deben de olvidar tanto ellos como toda la sociedad en su conjunto que la prestación de la atención médica en cualquier lugar que se dé, es una asistencia humana que debe de tener algunas características específicas en su desempeño que repercute en la calidad y la precepción de la atención otorgada en los servicios.
Y categóricamente, en ningún momento debe de olvidarse que el embarazo y el parto son un acontecimiento fisiológico e íntimo/personal, que requiere una atención especial para la mujer antes, durante y después del parto.
Desafortunadamente, han quedado excluidas previsiones fundamentales en la atención a la mujer en esta etapa con un enfoque sensible, intercultural y humanizado como lo son:
• Garantizarle el respeto y cuidado a su intimidad y a la no intromisión en su privacidad en las revisiones médicas y tactos vaginales.
• Garantizarle una amplia integridad corporal con la atención irrestricta a su dignidad por parte del personal de atención a la salud.
• Garantizarle que no será expuesta a tratos crueles, degradantes, insensibles, con insultos o con comentarios que la descalifiquen o humillen; en ningún momento de su estancia clínica-hospitalaria.
• Garantizarle la confidencialidad, autonomía y libertad en un ambiente de información oportuna y amplia seguridad.
Finalmente, desde esta soberanía debemos en primer lugar reconocer el esfuerzo, profesionalismo y dedicación de todo el personal de nuestro sistema de salud que hace funcionar todos los centros que brindan esta prestación, desde los consultorios de las zonas más alejadas y excluidas o marginadas o las unidades familiares, hasta las clínicas y hospitales de alta especialidad, pero en todos ellos debemos de recordar y reconocer que en México se requiere brindarle y garantizarle a la mujer el derecho a servicios de salud adecuados, a una maternidad libre y sin riesgo para su salud sin que sea marginada bajo ninguna índole, con información amplia y detallada sobre el seguimiento y atención a salud reproductiva, el embarazo, el parto, la lactancia y los cuidados neonatales.
Todo esto bajo un cuidado a su integridad, confidencialidad e intimidad en el marco de una atención humanizada a la mujer antes, durante y después del parto.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a realizar las adecuaciones necesarias en la norma NOM-007-SSA2, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de que en los centros de salud y hospitales de todo el país, la atención a la mujer al momento del parto se consideren los siguientes criterios:
• Se elaboren lineamientos específicos y debidamente detallados sobre atención humanizada, que otorgue a la mujer las mejores condiciones calificadas durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto.
• Se establezcan programas permanentes para el personal de los centros de atención médica y hospitales, de sensibilización y capacitación en la atención humanizada a la mujer antes, durante y después del parto, bajo estrictas medidas de supervisión, monitoreo y evaluación continua del desempeño de los profesionales de la salud.
• Se consideren las diversidades culturales en la elaboración de las medidas descritas en los puntos anteriores sobre la atención humanizada hacia la mujer en el momento del trabajo de parto, el parto y postparto.
• Se garantice la disponibilidad del equipamiento y suministros requeridos en los centros de salud y hospitales; para la atención humanizada e integral clínica-médica de la mujer y el recién nacido.
• Se establezcan las directrices que regulen el adecuado monitoreo del desempeño del personal en materia de atención humanizada a la mujer en los centros de salud y hospitales; especificando la autoridad responsable del cumplimiento de este propósito.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a realizar acciones para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La migración es un inminente fenómeno mundial, y está presente en todas las épocas de la historia y en todas partes del planeta. En muchas culturas y grupos religiosos se encuentran vestigios, mitos y referencias a las migraciones que se remontan a tiempos muy antiguos. Así, en la historia de la humanidad se documentan grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos de la población.
La migración podemos entenderla como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, espontáneamente o incluso de manera forzada, y en general con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Las principales causas se determinan en el ámbito laboral, por situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para obtener mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad, en menor medida, por fenómenos naturales, entre otros.
Las personas migran principalmente para obtener mejores oportunidades y condiciones de vida. Hoy, la globalización y los avances tecnológicos han alentado el deseo de las personas para trasladarse, pues debido al aumento de la competencia en los mercados internacionales por el auge de la globalización, las economías desarrolladas se ven obligadas a buscar mano de obra barata que les permita estar al nivel sus antagonistas comerciales. Desde luego, esa mano de obra la encuentran en países en desarrollo, y crean un flujo migratorio constante entre países.
Los medios a que recurren las personas para emigrar y el tratamiento de la inmigración ilegal en los distintos países que varían según sus políticas migratorias traen en consecuencia que los migrantes sean sumamente vulnerables a diversos riesgos; por ejemplo, a ser víctimas de traficantes o caer en las redes de trata de personas, pues estas redes criminales toman como negocio la migración ilegal, ya que las personas con tal de llegar a países desarrollados en busca de oportunidades pagan buenas sumas de dinero y el riesgo está en que muchas veces estas organizaciones engañan, secuestran o matan a los migrantes para quedarse con su dinero o usarlos para trabajos forzados, prostitución o tráfico de órganos.
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), teniendo en cuenta que hay un gran número de inmigrantes en el mundo, que continúa incrementándose, y aunado a la proclamación del Día Internacional del Migrante, había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Así, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de raza, color u origen nacional”. En consecuencia, se pretende reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural en todo el mundo.
Por lo anterior, los Estados miembros de la ONU, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales están invitados a observar y difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.
En el caso de México, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional y, por otro, se convoquen a los países principalmente de este continente para crear el entramado legal e institucional necesario.
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia”. Además, el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Migración, cuyo artículo 1 establece que su objeto es “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”.
El 6 de abril de 1989, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instauran acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país; donde sus objetivos se centraron en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, mejorar las condiciones para una eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público, simplificación administrativa en trámites, promoción de mejoras e implantación de sistemas de quejas y denuncias, entre otros. A partir de diciembre del mismo año, y varios años después se puso en funcionamiento sólo en los periodos vacacionales; y luego se ampliaron considerablemente las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso en México tránsito por él.
Con la instauración del programa Paisano, diseñado por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se ha buscado implantar criterios para dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas principalmente en Estados Unidos de América y Canadá.
Para el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LVIII Legislatura aprobó una proposición con punto de acuerdo para implantar la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a fin de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso al país, dirigido principalmente a los que radican en Estados Unidos de América y Canadá, como principal consecuencia de las denuncias de violaciones de sus derechos humanos por los constantes abusos de autoridad y asaltos de que son víctima, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas; para el 10 de diciembre de ese año se puso en operación el programa.
En la LX Legislatura, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó que este programa operara de manera permanente, además de autorizarle el presupuesto que le permitiera cumplir su finalidad y contar con los recursos materiales necesarios y elaborar propaganda para publicitar su operación según los objetivos trazados de recibir a los migrantes “paisanos” en su llegada a México, atender y canalizar sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes, propiciarles un mejor trato, vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades, y generar mayor seguridad a los migrantes “paisanos” en su destino hacia sus lugares de origen.
Para la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se mantuviera vigente todo el trienio, además de participar de forma complementaria con el programa Paisano, implantado por el gobierno federal en el periodo de noviembre-enero de cada año; la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios llevó a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y la elaboración, el diseño y la logística que se emplearía en la temporada vacacional; aunado a ello, la Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del programa y se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal que se diera a la tarea de apoyar a los legisladores que participaron en la ejecución del programa referido.
Los principales objetivos en que se enmarca la labor por desempeñar en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo son combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes, así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por servidores públicos.
Cada periodo diciembre-enero en que se ha aplicado el programa, los diputados recibieron a miles de paisanos, se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura, se distribuyeron más de 28 mil folletos promocionales para difundir sus derechos, se fabricó más de 40 mil materiales para ser distribuidos por los legisladores entre los paisanos y que pudieran utilizarlos en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados.
Es imperante para esta soberanía continúe y redoble los esfuerzos tendentes a proteger el derecho de los migrantes de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento a sus quejas y denuncias. Por ello se hace necesario dar continuidad a los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; y en consecuencia, deben mantenerse vigentes y reforzarse.
Por lo expuesto se someten a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a llevar a cabo las acciones pertinentes para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo de manera permanente en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos Federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo de manera permanente en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instauración de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.
Tercero. Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados federales a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.
Cuarto. Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando el Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales para dar a conocer principalmente en estados de la Unión Americana con mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás datos de los legisladores federales y locales, y de los funcionarios de los ayuntamientos participantes en el programa, así como el tipo de apoyo que éstos ofrecerán.
Quinto. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suscriba los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, así como la convocatoria a los legisladores que manifiesten su deseo de participar y que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del programa Paisano.
Sexto. Que se formen con la mayor brevedad los grupos de legisladores que participarán en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo para que puedan iniciar sus labores, y que los materiales por utilizar sean elaborados de inmediato para enviarlos a los puntos establecidos y contar con ellos desde su inicio.
Séptimo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, con la mayor brevedad, para el cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, el cual por esta ocasión comprenderá el periodo 12 de diciembre de 2012-6 de enero de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, inciso III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a integrar a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace varios años, esta soberanía ha trabajado en la necesidad de establecer el reconocimiento jurídico a la producción de alimentos orgánicos, así como otorgar un marco general para su regulación, protección y fomento.
En consecuencia, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Productos Orgánicos en diciembre de 2005, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006. Posteriormente, el reglamento correspondiente fue publicado el 1 de abril del 2010, es decir, casi cuatro años después.
Esta ley es de suma importancia, tomando en cuenta que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis, garantizando al consumidor, alimentos sanos y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.
Este sistema utiliza insumos naturales y prácticas especiales como son la aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, entre otras, lo cual promueve el mejoramiento y la protección de los recursos naturales, así como las condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas.
Los sistemas de producción y procesamientos orgánicos, promueven la conservación de los recursos indispensables para el desarrollo humano como el agua, el suelo y el aire. Al estar basadas en normas de producción específicas y precisas, que propician la generación de ecosistemas óptimos y sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.
En México, el sector orgánico está representado en casi la totalidad de los estados del país. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los que destacan con la mayor superficie de este tipo de sistemas de producción. Pero este sector se encuentra en crecimiento, pudiendo en la actualidad encontrar productores desde Baja California hasta la península de Yucatán.
De igual forma, nuestro país se ha destacado a nivel internacional tanto en el número de agricultores como en diversidad de productos orgánicos, estimándose en el orden de medio millón de hectáreas manejadas con producción orgánica.
A pesar de la importancia de esta ley para el beneficio de los productores nacionales y especialmente para el cuidado del medio ambiente, -tema de gran relevancia en el futuro del desarrollo mundial - a más de seis años de su publicación y a más de dos años de publicado su reglamento, hace falta poner en marcha una serie de instrumentos regulatorios. Específicamente, los lineamientos para la producción orgánica, la lista de insumos permitidos, las especificaciones para la certificación participativa, especificaciones del distintivo nacional, reglamento interno del consejo nacional de productos orgánicos, entre otros, para dar pleno cumplimiento a los términos previstos en la misma.
Dado que estos ordenamientos jurídicos forman parte fundamental para el desarrollo del campo mexicano y en particular para el sector orgánico, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha implementado a cabalidad el mandato de la Ley de Productos Orgánicos y los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas en relación con productores de otros países al verse obligados a certificarse con normas extranjeras que complican los procesos de certificación.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en cumplimiento de sus facultades, integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a garantizar por la SSP la integridad de alumnos, personal y Consejo Universitario de la UACM; y se solicita a la rectora de ésta que convoque a dicho consejo para expedir el Estatuto General Orgánico y demás normativa tendente al cumplimiento de los fines institucionales, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita que se incorpore al orden del día de la sesión por celebrarse el 22 de noviembre de 2012 la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que somete a su consideración, al tenor de las siguientes
Considerandos
1. Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue creada por decreto del jefe de Gobierno del Distrito Federal por medio de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de abril de 2001, con base en la fracción VII del artículo 3o. constitucional.
2. Que la universidad tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, definir su estructura y las funciones académicas que le correspondan, organizarse de la forma más conveniente para el desarrollo de sus actividades y establecer su propia normativa para lo cual podrá crear, organizar, integrar o suprimir sus estructuras académica, administrativa y operativa; lo anterior de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
3. Que dicha institución académica no cuenta con Estatutos de Personal Académico y Administrativo, ni Reglamento de Estudiantes y el Estatuto General Orgánico se aprobó un mes antes del cambio de Rector en 2010, siendo esta última responsabilidad conferida al Consejo Universitario en el Titulo Tercero de la multicitada ley.
4. Que con fecha 8 de noviembre, a las 19:00 horas, aproximadamente 100 individuos encapuchados, armados; según se manifestó en diferentes medios de comunicación, tomaron el edificio cede de la Universidad de la Ciudad de México ubicado en Eugenia y División del Norte, en protesta al mal manejo académico y administrativo de que es objeto dicha Universidad por parte de la Rectora.
5. Que la rectora declaró ante diversos medios de comunicación que el Consejo Universitario de la UACM, ha pedido en diversas ocasiones el apoyo al Gobierno del Distrito Federal para “enfrentar estos eventos que ponen en riesgo la integridad física de la comunidad”.
6. Que el martes 14 de noviembre del presente año, se llevaron a cabo mesas de dialogó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en donde asistieron la rectora de la UACM la ciudadana María Esther Orozco Orozco, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, el ciudadano Héctor Serrano; el subsecretario, el ciudadano Juan José García; Salvador Martínez Della Rocca, secretario de Educación; el ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, el ciudadano Luis González Plascencia; así como diputados de la Comisión de Educación y de la Comisión de Gobierno en la Asamblea.
7. Que la huelga de 76 días en la Universidad ha generado un subejercicio de los recursos asignados por aproximadamente 196 millones de pesos por la cancelación de adquisiciones, dinero que se ha dejado de ejercer y pérdida de convenios con diversas instituciones.
8. Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México indica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asignara en el presupuesto anual como mínimo para su operación, 3.4 salarios mínimos generales anuales vigentes en el Distrito Federal por cada estudiante con dedicación ordinaria, es decir al inscrito en la totalidad de cursos correspondientes al plan de estudios en cada periodo; asimismo, asignará los recursos necesarios para sufragar las inversiones relacionadas; así como también se dispone que el monto del financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo.
9. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, es obvio que las autoridades de dicha institución educativa no están cumpliendo con los fines Constitucionales, Estatutarios, administrativos, ni educativos, por lo que es de vital importancia que se dé cumplimiento lo antes posible a las responsabilidades que les fueron conferidas, esto independientemente del arreglo al que se haya llegado en las mesas instaladas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la reanudación de la actividades académicas y administrativas de la universidad.
10. Que, en consecuencia al paro de actividades, así como del subejercicio provocado por lo mismo y de una interpretación sistemática del artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el presupuesto anual que se le debe asignar a la institución debe ser revaluado y fijar del año anterior inmediato.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, para que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública garantice la integridad de los alumnos, personal e integrantes del Consejo Universitario que asisten a las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Segundo. Se exhorta a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la ciudadana María Esther Orozco Orozco, para que en un plazo no mayor a 10 días naturales se convoque al Consejo Universitario para la expedición del Estatuto General Orgánico y demás estatutos, reglamentos y normas necesarias para el cumplimiento de los fines de la universidad.
Tercero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que durante la elaboración y aprobación de presupuesto del año 2013, se evalúen los elementos que mandata el artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se asigne a la institución el mismo presupuesto que el del año anterior inmediato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y ayudar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra menores en instalaciones del programa Albergues Escolares Indígenas e instituciones educativas de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca, atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas. Esta Soberanía, exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establezca un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tras un diagnóstico realizado por la Fundación Internacional Save the Children’s en 40 albergues comunitarios del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través de su Delegada en Oaxaca, Concepción Rueda Gómez, denunció el pasado 16 de agosto, una serie de abusos físicos, discriminación y abuso sexual. En dicho informe señala que el personal destinado a los albergues no está capacitado para las labores que realiza, por lo que es necesario el apoyo presupuestal.
Se denunció públicamente la existencia de al menos cuatro casos de abuso sexual, así como una serie de irregularidades y abusos cometidos al interior de los albergues. Actualmente la CDI opera 262 “Albergues Escolares Indígenas” en las ocho regiones del estado, con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 103 sólo son comedores con bachillerato. En total, atiende a más de 20 mil menores de comunidades y pueblos indígenas, a lo largo y ancho de Oaxaca.
El 26 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inició una inspección en los 262 albergues de la CDI que operan en Oaxaca. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia designó al visitador segundo, Masat Paredes Mantiel, para que iniciara un diagnóstico que evalué la calidad educativa, infraestructura, alimentación y bienestar integral (físico, psicológico, emocional) de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues.
En tal virtud considero, lamentable que se haya dado la intervención de la CNDH ante la omisión de las instancias locales para la atención de estos casos de violación a los derechos de la infancia. En este sentido, los Diputados locales se han reunido con el titular de la CNDH para exponer los casos de maltrato, abuso sexual, físico y psicológico que consta en expedientes de quejas presentadas ante la otrora Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2010. Refirieron que hasta el momento hay dos denuncias penales por abuso sexual en los albergues: Tamazulapam del Espíritu Santo y Atitlán.
En ellos se han presentado casos de expulsión o dejan sin alimento a los menores, como formas de castigo aplicadas por los maestros y directivos. Además hay discriminación hacia las niñas, quienes son levantadas una hora antes que los niños para la realización de actividades de la cocina, como la elaboración de tortillas y preparación de alimentos, aunque existe personal destinado a esas actividades.
El pasado 30 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, urgió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) atender la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por abusos sexuales en diversos albergues comunitarios.
El Presidente de dicha Comisión, informó que en un albergue para niñas y niños indígenas ubicado en Tamazulapam del Espíritu Santo, en la Sierra Mixe de Oaxaca, dos becarios cometieron un abuso sexual en agravio de un niño, y señaló que el Director del IEEPO (Secretario de Educación estatal), está obligado a reparar el daño a la víctima y promover las medidas preventivas, correctivas, de supervisión y la mejora de las condiciones de vida dentro de los albergues.
De igual forma se solicitó que en coordinación con la CDI, se pudiera establecer un procedimiento de supervisión y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y reglas de operación de los albergues escolares infantiles. En tal virtud, la DDHPO, a través de su recomendación 10/2012, solicitó también la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que determine el legajo de investigación que se inició con motivo del agravio a los menores. Por tanto es deber del IEEPO atender la recomendación y estar al pendiente de los albergues, a fin de no incurrir en omisión e indiferencia de la dependencia en éste y en todos los casos presentados.
Considero que es necesario conocer la forma en la que se autoriza la apertura de albergues, cuáles son los protocolos de protección y prevención, así como los alcances que tendrá la intervención de la CNDH. De igual manera, es imperativo urgir un mejor modelo de atención y nuevos protocolos de atención que abarque la participación de las comunidades, a fin de mejorar la calidad de los albergues.
En tanto la inspección de la CNDH, ha comenzado por los albergues ubicados en Ayutla, Miahuatlán, Tlacolula y Nochixtlán y se prevé que incluya a los cerca de 200 dependientes de la CDI en el estado. La Segunda Visitaduría de la CNDH, consideró el problema en los albergues como un tema que afecta a la sociedad, y recordó que durante los mandatos estatales anteriores no se permitieron supervisiones al Programa “Albergues Escolares Indígenas”.
Esta honorable Cámara debe ser la primera promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos aprobados por México. Es por ello que apelo a su amplia sensibilidad como madres y padres, para apoyar este punto de acuerdo y votarlo de urgente y obvia resolución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento.
Segundo: Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias.
Tercero: Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca, atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.
Cuarto: Esta soberanía, exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establezca un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 22 de noviembre de 2012.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua a investigar para determinar, en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y del entorno en la cuenca hidrológica del río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Roberto López Suárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, y determinar en su caso omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, con base en los siguientes
Considerandos
La situación que vive el campo de en estado de Chihuahua es preocupante por diversos factores que han propiciado un clima de tensión entre los habitantes de la región así como situaciones irregulares con empresas mineras que pretenden extraer la materia prima pero al parecer no han cubierto los requerimientos legales necesarios para no afectar al ecosistema local y a los habitantes de la zona.
Por desgracia el clima de tensión ya cobró dos víctimas: Ismael Solorio Urrutia y su compañera Manuela Martha Solís Contreras, ambos defensores de los derechos humanos, sociales y ambientales del campo chihuahuense.
Desde octubre de 2011 comenzó una permanente movilización y denuncia de los campesinos a causa de la explotación ilegal del agua por parte de grupos menonitas. La molestia surge porque los productores agropecuarios y pobladores afectados, ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios, son quienes históricamente han compartido la cuenca hidrológica del Río del Carmen, que comprende parte de los municipios de: Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada del estado de Chihuahua, ellos cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas desde 1957.
Asimismo con la construcción de la presa Las Lajas se crea un distrito de riego para uso exclusivo de los ejidatarios, además se decretó veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe la perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua
Pero los grupos de menonitas, han hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han realizado perforación ilegal de pozos y desmontado más de 35,000 hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense para abrirlas al cultivo, afectando gravemente a los productores con derechos históricos, legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a la población urbana de la región.
Ante la constante violación de la ley, los campesinos se han movilizado pidiendo la intervención de las autoridades para darle una salida al conflicto, en octubre de 2011 se dio una movilización denominada “Los indignados del campo” cuyo objetivo era plantear a las dependencias estatales, federales y el Congreso de Chihuahua, la problemática que se presentaba por el uso ilegal del agua. Como consecuencia, se establecieron los primeros acuerdos para atender la problemática. No obstante, hubo incumplimiento de los compromisos para establecer una mesa permanente convocada por parte del Congreso estatal con la participación de las autoridades responsables y buscar soluciones.
Ante la negativa de las autoridades locales por intervenir y resolver el conflicto, los afectados llevaron a cabo “La Caravana del Hambre”, una marcha que partió de Chihuahua a la Ciudad de México, para exponer la problemática a la Secretaría de Gobernación, instancia que se comprometió a tomar las medidas necesarias, pero nuevamente los compromisos establecidos se mantienen incumplidos hasta la fecha.
En consecuencia el 7 de junio del presente año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaron el “Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense”, presentaron al Congreso de Chihuahua un documento exigiendo el cumplimiento de la ley, la defensa del derecho al agua y la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema. Cabe señalar que el Barzón realizó mantuvo un activismo constante para defender los derechos de los afectados, exigiendo la atención a la problemática logrando firmar diversos acuerdos que nuevamente fueron incumplidos, en consecuencia se advirtió que no había voluntad política para hacer cumplir la ley.
Pero el campesinado de Chihuahua no sólo enfrenta el uso ilegal del agua, también se afronta a el acoso de empresas minera canadienses que pretenden explotar la zona, pero violando la ley y a través de procedimientos que dañan el medio ambiente.
Ejemplo de ello es la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria Cascabel, que desde hace seis años compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera
Por acuerdo de asamblea de ejidatarias y ejidatarios se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron las siguientes ilegalidades:
Violaciones a la legislación ambiental
• Violación de la NOM-120-SEMARNAT
• Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, prohibido por la normatividad ambiental.
• Carece de estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley
Violaciones a la legislación agraria
• Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados
• Trabajos de exploración sin permiso de la asamblea ejidal
• Compra ilegal de terrenos de uso común
A pesar de presentar a las autoridades locales y federales las diversas irregularidades en las que incurrió la minera canadiense, y la posibilidad real de un conflicto entre ejidatarios y la comunidad de menonitas, estas se han negado a intervenir de manera seria y en lugar de ello se han dedicado a:
• Tergiversar el problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.
• Simular negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que son violaciones de derechos humanos, ambientales y de las leyes mexicanas.
• Campañas de desprestigio impulsadas por el Gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado.
• Campaña de linchamiento mediático a El Barzón y en particular a Ismael Solorio, lo que propició el camino para que fuera asesinado.
Por lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua, realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que determinen las omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
Segundo. Asimismo se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que integre un grupo de trabajo cuyo objeto tenga el de atender la problemática planteada y contribuya a la solución del conflicto entre ejidatarios y grupos menonitas por el uso y contaminación del agua y en su caso determine informar a las autoridades competentes en caso de encontrar irregularidades a las normas en la materia.
Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Roberto López Suarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, en dicha entidad, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados de Morelos a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha reciente, el Congreso de Morelos, encabezado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, aprobó un punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente al gobierno del estado en el proceso de desincorporación de los ingenios azucarares del país, expropiados por el gobierno federal en 2010, se para que participe en la adquisición y el usufructo de dichos ingenios.
El proceso de desincorporación crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene esta rama de actividad económica, no sólo por el potencial que en sí mismo tiene el producto frente a la transición energética sino como una actividad económica que integra regionalmente a la entidad, a la sociedad y en varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no sólo en Morelos sino en todas las entidades donde se lleva a cabo esta actividad.
En el exhorto en comento se hace referencia a la premura de dicha acción legislativa porque el proceso de desincorporación está en marcha, por lo que requiere actuar con la premura del caso para que podamos evitar otra acción de exclusión de los que históricamente este sistema ha excluido.
Reconocer el derecho de la sociedad y principalmente de los campesinos y agricultores organizados en cooperativas o asociaciones de productores que han vivido del y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria con el Ejecutivo estatal participen de manera preferente en este proceso de desincorporación y el derecho que tienen para ser los principales beneficiarios de este proceso de adjudicación y del usufructo de estos ingenios azucareros en particular y de todos los que estén en este proceso de desincorporación por el Ejecutivo federal, es una necesidad y un saldo negativo que debemos pagar.
Por ello conmino a todos los integrantes de esta soberanía a que votemos a favor de este punto de acuerdo para en el proceso de venta sea considerada la propuesta del Ejecutivo de Morelos y de todas las autoridades estatales que manifiesten voluntad de participar de manera solidaria en tan importante actividad agroindustrial.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros en comento la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a actuar durante las operaciones del programa Guerrero Seguro con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El miércoles 7 de noviembre del año en curso, la Policía Federal llego al municipio del Arcelia en el estado de Guerrero, en un operativo del programa Guerrero Seguro, con la finalidad de decomisar piratería.
Se presentó un convoy de varias camionetas que portaban la leyenda Policía Federal, con alrededor de 40 elementos, quienes no se identificaron, no mencionaron bajo el mando de quién venían ni el destino que tendría la mercancía decomisada, además de actuar con prepotencia.
Al término del operativo que implementó la Policía Federal, la mayoría de los comerciantes se mostraron inconformes ya que se manifestó que muchos de los artículos que se decomisaron no eran piratería, dejando varios establecimientos casi vacíos.
Otro caso se dio el domingo 11 de noviembre, en el municipio de Chilpancingo, donde los policías actuaban de forma ilegal, sin dar tiempo a que se mostraran los documentos y permisos de las mercancías, llevándose detenidos no sólo a los propietarios sino también a los empleados, quienes no tienen responsabilidad alguna.
Asimismo el miércoles 14 del mismo mes y año, en el mercado Baltazar R. Leyva, tuvieron que bajar sus cortinas para evitar que los agentes federales que iban en camino entraran y actuaran, como lo han venido haciendo, de forma violenta.
Esta situación ha sido injusta ya que los comerciantes pagan impuestos, luz, renta, seguro social, generando 90 por ciento de los empleos en la capital; recibiendo a cambio saqueos por parte de la autoridad que está para protegerlos, provocando la inestabilidad dentro de la población.
Hechos como los antes mencionados se han presentado de forma reiterativa al término del sexenio del actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa, y no sólo en los comercios sino también en las casas habitación de la región de tierra caliente, a las cuales se han metido sin orden de cateo, llevándose dinero y alhajas, violando las garantías de los ciudadanos, no sólo de Arcelia y de Chilpancingo, sino de todo el estado de Guerrero.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que durante los operativos del programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar una prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Eva Diego Cruz, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua es, junto con el aire, el recurso natural más necesario para la vida de los seres vivos en este planeta y un bien básico para el desarrollo equilibrado de la economía.
Si bien es cierto, el agua es un recurso limitado, también es el único recurso natural renovable a través del ciclo hidrológico.
Ese líquido vital es indispensable para las actividades agrícolas para la producción de alimentos y fibras, y en casi todos los procesos industriales de producción de energía. De ahí su valor como recurso ambiental que sostiene la sociedad y la economía.
Como es del conocimiento de todos, debido a las sequias que se han presentado en diversos países, nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial, pero además, México enfrenta otra peculiaridad , se ha convertido en el segundo país en América Latina que más redujo el área para cultivar maíz, grano básico dentro de la dieta de las familias mexicanas. Organismos de la ONU, ante este hecho, han advertido sobre el incremento de la pobreza y de precios de alimentos.
La CEPAL, la FAO y el ICCA hacen hincapié en que el buen desempeño del sector agropecuario y de la economía es importante para evitar que la pobreza rural se incremente.
De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el 2011 la producción nacional agrícola fue de 211 millones 196 mil toneladas; la mitad del volumen se concentró en siete entidades: Jalisco (11.7 por ciento), Veracruz (11.4 por ciento), Oaxaca (7.2 por ciento), Chiapas (5.8 por ciento), Chihuahua (4.7 por ciento), Tamaulipas (4.2 por ciento) y Michoacán (4.2 por ciento).
En esta tribuna se ha expuesto un problema recurrente de los pequeños productores, y es la renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua para fines agrícolas, mismo que no es solicitado en tiempo y forma, en ocasiones por desconocimiento e ignorancia.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada.”
“El uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal.”
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua (CNA) para formular, poner en práctica y evaluar la planeación hidráulica del país, administrar y custodiar las aguas nacionales, así como expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas, transmisiones y proyectos de reglamentos de cuencas.
La Ley de Aguas Nacionales define a la CNA como el “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto”.
Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la CNA puede iniciar procedimientos de caducidad para los volúmenes concesionados que los usuarios dejen de usar durante tres años consecutivos, supuesto que no es el caso en mención. La finalidad de esta política de caducidad de volúmenes es ajustar los títulos de concesión a la realidad.
El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales en su párrafo segundo establece que “las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.
“La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.”
Sin embargo debemos de reconocer que los productores que incurren en el supuesto son de bajos ingresos y la mayoría de baja escolaridad. Claro ejemplo es el estado de Oaxaca que aun cuando se encuentra entre los 6 estados que aporto la mayor parte de la producción agrícola de México, también se ubica entre los estados, donde existe mayor rezago educativo y analfabetismo.
Los tiempos de crisis a los que nos enfrentamos requieren de medidas “especiales”, pero principalmente de apoyar a quienes menos tienen.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros y diputados, considero que estos puntos de acuerdo tienen que ser tratados como de urgente y obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por única ocasión conceda prorroga de 180 días a quienes tienen concesiones para uso de agua con destino agrícola vencidas dentro del año próximo pasado, así como para que otorgue las facilidades necesarias para la renovación de las mismas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por medio de los 13 organismos de la Cuenca y Direcciones Locales establezcan estrategias para dar a conocer la prorroga señalada en el artículo anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México reconozca al Estado palestino libre, independiente y soberano, y votar a favor de su aceptación en la Asamblea General de la ONU, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales José Antonio León Mendívil, Alejandro Carbajal González, Fernando Zarate Salgado, Amalia Dolores García Medina, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Cristal Tovar Aragón y Agustín Barrios Gómez Segués, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 (II) por una votación de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
2. En tal resolución se aprobó el llamado Plan de Partición de Palestina, el cual contemplaba dividir ese territorio, asignando a un futuro Estado de Israel el 57 por ciento del total, a un futuro Estado palestino se le asignaba el 42 por ciento y el 1 por ciento restante quedaría reservado a la ciudad de Jerusalén, la cual habría de gozar de una administración y estatuto internacional.
3. El 15 de mayo se proclamó el nacimiento del Estado de Israel y, días después, se inició la primera guerra árabe-israelí. Al término de esa guerra, Israel había ocupado 20 mil 850 kilómetros cuadrados, o sea el 74.46 por ciento del total del territorio palestino.
4. El 5 de junio de 1967 se inició el tercer conflicto árabe-israelí, mejor conocido como la “Guerra de los Seis Días”. Al término del conflicto, Israel ocupó el 100 por ciento del territorio palestino (Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte vieja de la ciudad de Jerusalén), además de la península egipcia del Sinaí y un territorio sirio conocido como “Las Alturas del Golán”. Como consecuencia de la guerra, el 22 de noviembre de 1967, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 242, por medio de la cual, entre otras cosas, exigió a Israel el retiro inmediato de los territorios palestinos ocupados.
5. También, como consecuencia de la guerra y la ocupación territorial, cerca de 2 millones de palestinos se vieron obligados a emigrar, principalmente hacia Jordania y Líbano, Egipto y otros países, en calidad de refugiados.
6. A partir de la guerra de 1967, el Estado de Israel inició una ilegal y gigantesca política de expropiación tierras pertenecientes a la población palestina, con la consecuente destrucción de sus propiedades y una mayor expulsión de familias y pueblos enteros.
7. De acuerdo con un informe sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, presentado por el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2000, Israel había expropiado, desde 1967 y con diversa intensidad, tierras para uso público, semipúblico y privado —cerca del 60 por ciento de la ribera occidental o Cisjordania, el 33 por ciento de la Franja de Gaza y aproximadamente el 33 por ciento de la tierra palestina en Jerusalén— con la finalidad de crear zonas militares israelíes, asentamientos, zonas industriales, construir carreteras de circunvalación, canteras y mantener “tierras del Estado” para uso exclusivo israelí.
8. Parte integrante de la política de expropiación de los territorios palestinos ha sido, y es hasta la actualidad, el establecimiento de asentamientos israelíes en los cuales no pueden vivir los palestinos: hasta el año 2000 Israel mantenía 19 asentamientos en la Franja de Gaza, 158 en la ribera occidental o Cisjordania y al menos 16 en la ciudad de Jerusalén ocupada.
9. Desde que la asamblea general de la ONU decidió la partición de Palestina, en 1947, han transcurrido 64 años en los que el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, Organismos internacionales de Derechos Humanos y las más diversas agencia y comités de la ONU, han emitido miles de resoluciones condenando la política del Estado de Israel y han exigido el respeto a los inalienables derechos del pueblo palestino.
10. Durante todo este largo periodo ha habido dos levantamientos del pueblo palestino que vive bajo ocupación militar israelí, mejor conocidas como intifadas , y sólo ha logrado que el Estado de Israel permitiera el establecimiento de una autoridad nacional palestina, en 1994, como fruto de los Acuerdos de Oslo, la cual gobierna, mediante una especie de autonomía restringida, la Franja de Gaza y la pequeña parte de Cisjordania que aún no ha sido expropiada por parte de Israel.
11. Han sido más de 60 años en los que han desfilado innumerables misiones de paz, comisiones, y largas reuniones diplomáticas para alcanzar la paz, pero sin mayores resultados.
12. Durante el año de 2010, después de una moratoria, el actual gobierno de Israel determinó reiniciar su política de expropiación, establecimiento de nuevos asentamiento y colonización, lo cual provocó que la Autoridad Nacional Palestina se retirara de cualquier mesa de negociación con Israel.
13. Ante ello la Autoridad Nacional Palestina tomó la decisión de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un proyecto de resolución por medio de la cual solicitó su ingreso al Sistema de Naciones Unidas como un Estado Palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos que fueron ocupados por Israel durante la Guerra de 1967. La solicitud fue como un estado miembro, de pleno derecho. Sin embargo, tal resolución no fue aprobada debido a que no se obtuvieron los votos favorables necesarios y por la amenaza del uso del veto por parte de los Estados Unidos de América en el citado Consejo de Seguridad.
14. El 27 de septiembre pasado, durante la 67 Asamblea General de la ONU, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás, dirigió un mensaje anunciando que los palestinos habrán de presentar, durante este periodo de sesiones, una solicitud de ingreso al Sistema de Naciones Unidas como Estado observador no miembro de la ONU, similar al estatus que goza la Santa Sede.
15. Dado que el 29 de noviembre de cada año ha sido declarado como el “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino” por la mismas Naciones Unidas, se prevé que ese mismo día la Representación Palestina presente un proyecto de resolución que habrá de votar la Asamblea General para admitir a Palestina como como Estado Observador No Miembro de la ONU.
16. México es un país amante de la paz y guía su política exterior, conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República, por los principios, entre otros, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
17. Atento a tales principios y siendo un acto de elemental congruencia y justicia histórica internacional, México debe reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967 y, consecuentemente, debe votar favorablemente cuando la Asamblea General trate el tema de su aceptación como Estado observador no miembro de la ONU.
18. Esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados está plenamente convencida que recurrir a los mecanismos pacíficos que establece la Organización de Naciones Unidas, su carta fundacional y las diversas resoluciones adoptadas por su órganos, no constituye, bajo ningún concepto, un acto de hostilidad o agresión contra ningún gobierno o estado y, menos aún, contra el estado de Israel.
19. En todo caso, México deberá desplegar una firme política exterior basada en la coexistencia pacífica de los dos Estados, Israel y Palestina, dentro de fronteras seguras y mutuamente reconocidas.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967 y a establecer plenas relaciones diplomáticas con dicho Estado.
Segundo. En congruencia con lo anterior, también exhorta a que nuestra misión permanente vote a favor de la aceptación de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas, cuando la solicitud sea presentada a la Asamblea General de dicha organización.
Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputados: José Antonio León Mendívil, Alejandro Carbajal González, Fernando Zarate Delgado, Amalia García Medina, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Crystal Tovar Aragón, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública acciones y políticas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6 por ciento de la población total, lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, también se indica que, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8 por ciento). Se espera que el volumen de adolescentes en el país decrezca en los años venideros, así como su peso relativo. Además, 25.7 por ciento de los adolescentes del país residen en localidades rurales y 6.3 por ciento son hablantes de lengua indígenas. 49.9 por ciento de las personas entre 15 y 19 años son mujeres (5.5 millones), quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país (30.7 millones).
Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8 por ciento son solteras, 16.0 por ciento están unidas y 1.0 por ciento lo ha estado alguna vez. La proporción de adolescentes unidas se ha mantenido estable en el tiempo, pues en 2000 era 16.2 por ciento. 686 mil 511 adolescentes, es decir 12.4 por ciento, tenían al menos un hijo nacido vivo al momento del censo,1 y seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida.
A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de salud sexual y reproductiva, aún es elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como el “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, y transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, y consolida la independencia socio – económica” y fija sus límites entre los 10 y 20 años. Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial.
La adolescencia, es el periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.
La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre las clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones económicas, ella podría descender. Sin embargo, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la solución que el problema demanda.
Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, generalmente conocer que se encuentran en el inicio de un periodo de gestación, no planeada, es entonces el inicio de una situación que marca escenarios de difícil solución. El embarazo entonces es considerado como una situación problemática por los involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un “problema”, se limitaría su análisis. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la “salud integral del adolescente ”, esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.
Como resultado del embarazo adolescente, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.
Además, en la adolescencia se tiene poca conciencia de salud, resultando muy difícil asumir un autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo –generalmente no deseado- y las dificultades que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la consulta, ni comprende la importancia de los estudios complementarios, interpretándolos como castigo.
Por ello, no es difícil que en el desarrollo del mismo se presenten problemas como trastornos digestivos, abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, hipertensión arterial, etcétera. Lo anterior se marca como un problema relevante en nuestro país, sobre todo en las mujeres de 12 a 15 años, ya que en estas edades constituye un elevado riesgo para la salud tanto de la madre como del hijo.
Asimismo, la prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos de mayor riesgo, y el adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.
Se considera que sería innecesario llegar a este punto si se contara con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesoras y profesores poco preparados y/o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado, y también por la cerrazón de gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia.
Las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro de las personas, de sus hijos e hijas y de sus parejas. El embarazo no planeado es una de las amenazas para el desarrollo integral de los y las adolescentes, ya que esta situación no esperada puede poner en peligro la salud de la mujer y retrasar o suspender los procesos de capacitación para la vida y para el trabajo productivo. El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, el cual debe practicarse con responsabilidad. También, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios.
Muestra de ello es que las cifras de embarazo en este sector de la población son alarmantes, debido al estancamiento del uso de métodos anticonceptivos por su ausencia en los centros de salud y servicios médicos, las autoridades federales, estatales y municipales han abandonado su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos, se ha abandonado la promoción del uso de anticonceptivos y en el sector Salud y la Secretaría de Educación Pública (SEP), han dejado de orientar a los padres y jóvenes adolescentes en la importancia de cuidarse cuando inician su vida sexual.
Para prevenir los embarazos en adolescentes es importante incorporar en la formación escolar la educación sexual, abordando el tema sin prejuicios y limitaciones para evitar que la falta de información sea un factor que impulse a las mujeres a ser madres desde temprana edad. Así como implementar campañas informativas y distribución de métodos anticonceptivos a toda la población demandante.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para que, a través de la de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente.
Notas
1. Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Inegi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Estados Unidos de América y a la Legislatura de Nueva York a aprobar la ley de trabajadores agrícolas; y a los Ejecutivos federal y de Oaxaca, a realizar un reconocimiento y otorgar la condecoración Miguel Hidalgo a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65 numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV, VI y 100 numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la legislatura del estado de Nueva York, para que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de éstos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley, el Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA) de estado de Nueva York. En términos de lo que establece el capitulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación para que se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos en grado de collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, en grado de collar, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria. En términos de la competencia del titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, esta honorable Cámara de Diputados, solicita atentamente pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana de origen oaxaqueño Librada Paz Rojas; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 14 de noviembre en una ceremonia en el Edificio Rusell del Senado de los Estados Unidos en Washington, DC, la activista mexicana y migrante oaxaqueña Librada Paz Rojas, del Ministerio Rural y Migrante de Nueva York, recibió el premio Robert F. Kennedy de los derechos humanos, en una ceremonia en el Senado.
Librada Paz, es activista con la comunidad mexicana en Nueva York en los pasados 20 años, y ha sido comparada con los líderes de los derechos de los trabajadores agrícolas, como César Chávez y Dolores Huerta.
En el acto de ceremonia la presidenta del Centro Robert F. Kennedy, Kerry Kennedy, sostuvo que cuando Paz llegó a los 15 años a Estados Unidos, enfrentó la realidad de la industria agrícola estadounidense. La activista emergió como lideresa en un mundo donde el trabajo infantil es legal, el abuso sexual es rampante y no hay días de descanso, a lo que se suman represalias por organizarse en un sindicato.
El director de la organización Partners for Human Rights y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, dijo que desde la década de 1930 se ha excluido a los agricultores de Nueva York de las protecciones que gozan otros trabajadores.
Este galardón Robert F. Kennedy de los Derechos Humanos, fue otorgado por su defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos hispanos y que, en ocasiones, trabajan en “pobres” condiciones. Ya que Paz ha liderado el movimiento en defensa de los derechos de los empleados de las granjas del estado de Nueva York durante 20 años y es miembro del Consejo del Ministerio Rural y de Migración del Oeste de Nueva York, una organización no lucrativa dedicada a la defensa de los trabajadores de este sector.
Al recibir la distinción esta mexicana oaxaqueña dijo que “durante años he luchado para que los empleados agrícolas se organizasen y abogasen por el cambio”. Al emigrar a EUA, a los 15 años desde México para, junto con sus hermanos, ser trabajadora agrícola en granjas de todo el país, se trasladaba de una zona a otra según la época del año y los ciclos de la cosecha.
Durante este tiempo, Paz aseguró haber sufrido “de las más duras” condiciones de trabajo e incluso haber sido “abusada sexualmente” en varias ocasiones por los granjeros que la contrataban. Esta situación la llevó a fundar en 1981 el Ministerio Rural y de Migración con el objetivo de defender los derechos de inmigrantes que, como ella, se encontraban desamparados en el sector agrícola.
Paz Rojas –que originalmente planeaba estudiar para un grado de ingeniería– terminó trabajando en las granjas de frutas y verduras en Nueva York, donde conoció de la “enorme discriminación” y “condiciones inhumanas” que continúan marcando la vida de los trabajadores agrícolas de ese estado. En sus declaraciones dijo “en el campo, no importa - ni su seguridad, ni sus pensamientos, ni tu dignidad, (...) a pesar de todos los trabajadores sufren una enorme discriminación, este se multiplica en particular para las mujeres. Esto es lo que significa cuando el sistema legal permite el abuso –cuando la justicia no tiene sentido”.
En Estados Unidos, casi el 75 por ciento de los trabajadores agrícolas son hispanos, más de la mitad de los cuales se cree que son indocumentados. Si bien las condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas de toda la Unión Americana siguen siendo difíciles y con frecuencia cruel marginación.
Según Paz, esto se debe a la legislación estatal de Nueva York, aprobada en 1932, que codificó la ley sobre la discriminación sistemática contra los trabajadores del campo en Nueva York, así como otros estados se trasladó a extender las protecciones a trabajadores agrícolas.
El Ministerio Rural Migrante, una organización no gubernamental de tres décadas, se ha centrado en los derechos de los trabajadores agrícolas en Nueva York por lo que se ha luchado por mejoras en las regulaciones sobre estos derechos, de conformidad con las normas americanas e internacionales.
Conocemos que el proyecto de ley, Farmworker Fair Labor Practices Act, FFLPA, está programado para ser debatida el próximo año. En el marco de esta batalla inconclusa, en la actualidad New York cuenta con trabajadores agrícolas que no pueden participar en la negociación colectiva, a la vez que carecen de muchas de las protecciones laborales que han llegado a ser casi universal en otros sectores y estados. Los trabajadores agrícolas no reciben pago de horas extras y con frecuencia trabajan por poco más de tres dólares por hora, y en muchos casos con el trabajo infantil según se ha informado.
Kerry Kennedy, hija de Robert Kennedy, al otorgar esta presea, dijo que muchos trabajadores agrícolas en el estado están obligados a trabajar 95 horas a la semana, a menudo durante todo el día, vive en una vivienda minúscula, el grupo de hacinamiento, y pasan años sin recibir tiempo libre. A comienzos de noviembre, se informó que de dos docenas de mujeres trabajadores del campo con las que platique, me informaron haber sufrido abusos sexuales de sus empleadores.
Si se aprueba, la FFLPA sería más fácil para dichas mujeres hacer los cargos correspondientes en contra de sus empleadores. Además, el proyecto de ley aseguraría que en Nueva York dichos los trabajadores del campo, garanticen los derechos como gozan los demás trabajadores de ese Estado, la aplicación de un salario mínimo, jornadas de tiempo de trabajo y las garantías extraordinarias así como la indemnización de los trabajadores y seguros de invalidez.
En su vigésima novena edición el premio Robert F. Kennedy, durante décadas se ha reconocido defensores de los derechos humanos de 26 países. Los derechos de trabajadores agrícolas fue el tema central de la labor de promoción de Robert Kennedy. La semana antes de su asesinato en 1968, Kennedy se reunió con Cesar Chávez, en una huelga de hambre del líder laboral en California que tuvo un impacto significativo sobre los derechos de los trabajadores agrícolas hispanos en Estados Unidos.
Chávez canalizó gran parte de su trabajo a través de una organización llamada la Unión de Campesinos, que él co-fundó en 1962, junto con la activista social Dolores Huerta. Librada Paz es comúnmente comparada con Chávez y Huerta; por ahora Paz está enfocada en aumentar el apoyo a la FFLPA, esta legislación de Nueva York, que hemos citado.
En palabras de Paz, “esta legislación no está pidiendo mucho, sólo por respeto y dignidad, pero es desde hace mucho tiempo –los que nos alimentan no deben ser tratados como esclavos. Los trabajadores de Nueva York necesitan tener esta legislación aprobada, para darles un cierto nivel de protección, lo que sería un gran primer paso”.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de ésta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la legislatura del estado de Nueva York, para que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales, como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de los mismos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley, Farmworker Fair Labor Practices Act, FFLPA, del estado de Nueva York.
Segundo. En términos de lo que establece el capitulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación para que se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos, en grado de collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, en grado de collar, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria.
Tercero. En términos de la competencia del titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, la honorable Cámara de Diputados solicita, atentamente, pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana de origen oaxaqueño Librada Paz Rojas.
Dada en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2012.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI
23 de noviembreDía de la armada de México
Después de tres siglos de dominación española, con los tratados de Córdoba firmados el 4 de agosto de 1821 y la entrada del ejercito Trigarante a la ciudad de México el 27 de septiembre del mismo año, se logro, después de 11 años de atroz y sangrienta lucha, la independencia de nuestra nación; sin embargo, peligros potenciales seguían amenazando la recién consumada independencia pues aun se encontraban en territorio mexicano tropas realistas que se negaban a reconocerla.
La costa veracruzana fue el escenario de estos acontecimientos, particularmente la fortaleza de San Juan de Ulúa, puerta de acceso desde la época colonial a la navegación procedente de España y de las Antillas, y por lo tanto punto estratégico vital para la corona española en su vida comercial y política.
Los españoles se hicieron fuertes en dicho castillo con la pretensión de reconquistar México, manteniéndose apoyados con pertrechos y refuerzos que recibían desde la habana, incrementando su fuerza hasta 2,000 soldados ibéricos con artillería de grueso calibre con la que mantenían asediado al puerto de Veracruz, ejerciendo un dominio real en el Área.
En ese emplazamiento, era difícil desalojar a los españoles desde tierra, y por mar, imposible, pues no se contaba con una flota para tal fin; ante tal situación, el gobierno determino que sólo mediante un bloqueo naval, para impedir el abastecimiento de las tropas ibéricas, se podría lograr su rendición.
Es así como el nuevo gobierno se da a la tarea de conformar una flota mediante la adquisición de algunos buques dentro de los cuales destacaban las goletas “Anáhuac” e “Iguala” y 10 balandras cañoneras. Estas embarcaciones, sumadas a algunas goletas españolas capturadas por los insurgentes, constituyeron la primera fuerza naval de nuestra patria. La goleta “Iguala” fue el primer buque que izo la bandera nacional, dando inicio a la formación de la actual armada de México.
En 1823, el ministro de Guerra y Marina José Joaquín de herrera, en su informe al congreso manifestó lo siguiente: “habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la marina solo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional”
La amenaza de las tropas ibéricas contra Veracruz prevaleció hasta el 5 de octubre de 1825, fecha en que una escuadra de buques de guerra españoles arribaba a las proximidades de San Juan de Ulúa transportando relevos y abastecimientos para la guarnición.
Ante tales hechos, zarpo una escuadrilla de buques de la marina mexicana, al mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, quien demostrando valor y lealtad a su patria, mediante acertadas maniobras se situó en formación de batalla frente a los buques extranjeros impidiendo el aprovisionamiento marítimo de las fuerzas realistas; los buques españoles, ante la amenaza que les representaban los buques mexicanos, emprendieron la retirada con rumbo a La Habana, Cuba.
Las fuerzas extranjeras, ya sin apoyo, se rindieron y, posteriormente, el 23 de noviembre de 1825 abandonaron la fortaleza. A las 1100 horas, como se había estipulado en el pliego de capitulación, con todos los honores del ceremonial militar, se arrió la bandera española del fuerte de San Juan de Ulúa y se izó la bandera mexicana que fue saludada con salvas de artillería, música y el mas estruendoso entusiasmo de la población del puerto de Veracruz, consolidándose así, de hecho para siempre, la independencia nacional.
Esta acción naval determina el nacimiento de la actual armada de México, destacando los valores que forjaron a los marinos de ayer y comprometen a los de hoy a mantener la independencia lograda, con la misma determinación con que ahora custodian los mares y costas nacionales.
Así la armada de México, desde su creación, ha contribuido a la defensa de la seguridad interior y exterior del país, teniendo hoy entre sus principales funciones la defensa de la soberanía en aguas, costas e islas nacionales, cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del estado mexicano, contribuir a la protección del tráfico marítimo, fluvial y lacustre, efectuar operaciones de rescate y salvamento en la mar, auxiliar a la población civil en casos de desastre y contribuir a la preservación de nuestros recursos naturales, dentro de otros.
Por esta razón, el nombre del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda se encuentra escrito con letras de oro en este recinto legislativo, y cada 23 de noviembre se evoca su hazaña y se celebra el Día de la Armada de México.