Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente de declaratorias de veda, que restrinja la extracción de agua de los acuíferos de Coahuila sobreexplotados, para garantizar el uso racional y el abasto del recurso, y revertir los procesos de degradación de ecosistemas como el área de protección de flora y fauna de Cuatrociénegas, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años los efectos del cambio climático se han vuelto una realidad tal y como lo predijeron los estudios científicos hace décadas.

A nuestro país lo han golpeado fenómenos climáticos atípicos con lluvias torrenciales en la región sur-sureste, de igual modo, nuestro territorio ha sido presa de sequías prolongadas en las entidades del norte.

En este sentido resultan preocupantes las consecuencias de estos impactos climáticos y a la vez muy complicados en su tratamiento, pues al mismo tiempo, en algunas regiones del país se sufre de inundaciones y en otras, los mantos acuíferos se han abatido, resultando muy difícil conseguir el vital liquido, tanto para el uso doméstico como para mantener las actividades de ciertos sectores productivos.

El estado de Coahuila resiente gravemente, a lo largo de los últimos años, los impactos de las sequías, esto provoca una gran presión sobre sus acuíferos, de por sí ya mermados en su recarga, es evidente: falta infiltración por lluvias.

Aunado a lo anterior somos testigos de un crecimiento insustentable de algunos sectores productivos dentro del territorio de la entidad federativa agravando de este la ya aludida sobreexplotación de los acuíferos.

Sectores como el agrícola demandan cantidades significativas del vital líquido.

Todo lo anterior pone en riesgo y compromete el desarrollo de las ciudades por la falta de abasto de agua, pero también, la conservación de ecosistemas importantes para México y la comunidad internacional, claro ejemplo de esto es Cuatro Ciénegas, el cual es un valle con más de 700 pozas, donde la luz solar penetra hasta el fondo, esto es un oasis en el desierto y un producto de la naturaleza único en el planeta, tanto porque en sus referidas pozas se ha mantenido una cadena alimenticia análoga a la de hace 550 millones de años en el periodo Cámbrico temprano, y también porque sus microorganismos tienen afinidades marinas y posiblemente sean descendientes directos de los antiguos mares de la zona, los cuales persistieron al levantamiento del continente.

Adicionalmente muchas de las especies de la región tienen adaptaciones únicas, pueden vivir en condiciones extremas, como es la falta casi total de fósforo en sus aguas, y la alta incidencia de radiación solar. Debido a todo esto, el programa de astrobiología de la NASA considera a Cuatro Ciénegas uno de los pocos “Ecosistemas Modelo” para entender la evolución de la Tierra primitiva, y diseñar estudios para detectar la posible vida en otros planetas del sistema solar, en particular en Marte.

Este valle y sus humedales están considerados uno de los sitios más importantes del mundo para el estudio de la evolución, siendo considerado un “laboratorio viviente” para estudiar los procesos de adaptación y diversificación de los seres vivos.

La riqueza biológica de Cuatro Ciénegas equivale a las islas Galápagos en tierra; sin embargo, a causa de los efectos del cambio climático y de la presión en los acuíferos por el sector agrícola esta enorme riqueza biológica está en riesgo inminente de desaparecer.

Como sucede en diversos municipios de Coahuila, el valle de Cuatro Ciénegas también se ve alterado por la explotación desmedida de agua para uso industrial y agrícola.

Es una realidad lamentable la falta de políticas de conservación del agua en Coahuila por parte de las autoridades federales, lo cual afecta a la ciudadanía y al orbe como ya se demostró.

Uno de los sectores responsables del abatimiento de los acuíferos es el lechero ya que, para producir un litro de leche se utilizan mil litros de agua durante el invierno y 10 mil en verano, por lo cual la explotación desmedida de los acuíferos y los graves problemas de sequía se han conjuntado al punto de comprometer la viabilidad del ecosistema de Cuatro Ciénegas y la disponibilidad del líquido a la población coahuilense.

Por todo lo anterior, es imperativo impedir que salga más agua del ecosistema de Cuatro Ciénegas y los acuíferos sobreexplotados del estado de Coahuila.

La sobreexplotación de los acuíferos ha llegado a tal nivel que si el Ejecutivo federal no emite las correspondientes declaratorias de veda se corre el peligro de llegar al punto más alto de sobreexplotación.

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el acuífero más explotado es el de la región lagunera, donde se extraen en promedio al año 930 millones de metros cúbicos de agua cuando la recarga del acuífero es de 518.

Por ello, pido a esta honorable asamblea se haga un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, para que emita declaratorias de veda, restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobre explotados, para así garantizar el uso racional del recurso, el abasto a los coahuilenses y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a emitir, a la brevedad, el decreto correspondiente de declaratorias de veda, restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobre explotados, para así garantizar el uso racional del recurso, el abasto del mismo a los coahuilenses, y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la atención de diversas necesidades de la población de Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Gilberto Antonio Hirata Chico y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Gilberto Antonio Hirata Chico, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Isla de Cedros es una delegación del municipio de Ensenada, Baja California, la cual está localizada en el Océano Pacífico, 24 kilómetros al noroeste de la costa del estado mexicano de Baja California Sur, en Punta Eugenia, y 425 kilómetros al sur de Ensenada. Cuenta con una superficie de 347 kilómetros cuadrados.

La sal obtenida de las salinas de Guerrero Negro constituye la principal carga del puerto de la isla, Puerto Cedros, el cual cuenta con una población de 2 mil 696 habitantes.

Los españoles que llegaron a la isla en 1539 la encontraron habitada por indígenas. Hace 300 años, Isla de Cedros albergaba piratas que atacaban a los galeones españoles que cargados de tesoros procedían de las Filipinas y transportaban a la Nueva España para ser enviados desde allí a España.

Debido a la dificultad que presentaba el llegar a la isla, los frailes dominicos trasladaron la población indígena a tierra firme en 1732 con el fin de evangelizarlos.

Después, llegaron cazadores de pieles a la isla entre 1790 y 1850 en busca de focas y nutrias marinas que cazaron hasta exterminarlas. La extracción de oro y cobre tuvo lugar en la punta norte de la isla entre los años1890 y 1917. En 1920 se fundaron la villa pesquera y la enlatadora de Puerto Cedros, mientras que el muelle para la carga de sal fue construido en 1966.

La pesca es una de las actividades económicas más fuertes de la región debido a su ubicación geográfica y demás cualidades las cuales permiten un gran aprovechamiento de los productos del mar. Para muestra de lo anterior tenemos a la SCPP Pescadores Nacionales de Abulón, la cual nació en 1936 y que a lo largo de estos 70 años se convirtió en una compañía líder de la actividad pesquera en México. Esta sociedad básicamente se dedica a la pesca de Abulón, Caracol, Langosta, Sardina para así poder exportar a Estados Unidos y Canadá.

La Cooperativa Pescadores Nacionales de Abulón es 100 por ciento mexicana. Aprovecha integralmente los recursos pesqueros de las limpias y ricas aguas que rodean a la Isla de Cedros y a las Islas San Benito, ubicadas en el Océano Pacífico, frente a la península de Baja California. Cedmex, su marca registrada, es un homenaje a esta cuna, siendo el nombre una combinación de Cedros y México.

Las instalaciones para el proceso y conservación están localizadas en la misma Isla Cedros, por lo que la frescura y calidad de los productos son insuperables. La Cooperativa hace el transporte del producto terminado a Ensenada, por medio de aviones y embarcaciones propias.

Para darnos una mejor idea de cómo es que se refleja económicamente dicha actividad en la isla, podemos apreciar las producciones en la temporada Septiembre 2011 a Junio de 2012, que son las siguientes:

• Langosta: 284.772 toneladas de exportación a un precio de 45.00 dólares por kilo.

• Abulón: 43.918 toneladas, cada tonelada da un rendimiento de 42 cajas de 48 latas cada una a un costo de 2,400 dólares por caja de 48 latas.

• Caracol: 21.565 toneladas, cada tonelada da un rendimiento de 45 cajas de 48 latas, a un costo de 75.00 dólares por lata

Esto es sin contar las ventas de pescado, pepino de mar, sargazo, etcétera.

De la misma manera, la exportación de sales es una de las actividades económicas más fuertes de la isla. La extracción de sal en la región, comenzó a raíz del descubrimiento de depósitos de sal fósil en salitrales naturales constituidos por inmensas zonas de inundación en las partes bajas de las marismas de la laguna Ojo de Liebre. Estos depósitos o pisos de sal, se formaron por la evaporación natural del agua de mar que inundaba terrenos planos e impermeables durante las mareas altas.

Desde la década de los cincuenta, se han integrado gradualmente nuevas áreas a la producción de sal, con el método de evaporación solar del agua de mar por lo que, la Exportadora de Sal, pasó de un área aproximada de 89 kilómetros cuadrados y una producción de 79,790 toneladas de sal al año, a una infraestructura operativa capaz de producir, transportar y embarcar un volumen de 7 millones de toneladas al año.

Exportadora de Sal cuenta al momento con 28,184 hectáreas (281 kilómetros cuadrados) de vasos de evaporación o áreas de concentración y 3,000 hectáreas (30 kilómetros cuadrados) en vasos de cristalización en los terrenos bajos adyacentes a las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), es una sociedad mexicana constituida el 7 de abril de 1954, como una empresa de participación estatal mayoritaria y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía.

Cabe hacer mención que si bien la sal se produce en Guerrero Negro, BCS, es de Isla de Cedros, BC, de donde se exportan aproximadamente 8 millones de toneladas métricas anuales, variando los precios de la tonelada según sea el tipo de sal, en promedio a 25.00 dólares por tonelada métrica.

No obstante lo anterior, la Isla de Cedros tiene grandes necesidades y su población requiere de la atención decidida por parte de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno.

Sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos a atender es el transporte, ya que, a la fecha, no se cuenta con un servicio que garantice a la población el abastecimiento oportuno de víveres y combustibles de primera necesidad.

En este preciso momento, existe una grave carencia de combustible, principalmente de gasolina, ya que no existe la posibilidad de cubrir la demanda necesaria de la población, ocasionando con ello que exista un mercado negro de gasolina, con precios superiores a los 15.00 pesos por litro, lo que implica un duro golpe a la economía familiar de los pobladores.

Otra necesidad primordial es el abastecimiento de agua potable, esto debido a que, desde hace años, sólo se proporciona, en promedio, 200 litros de agua diarios por familia, lo que es evidentemente insuficiente, por lo que resulta verdaderamente urgente implementar algún mecanismo para potabilizar agua, de tal forma que se pueda atender esta necesidad de los isleños.

También, en cuestión de bienestar social se tienen carencias, ya que, aún viviendo en una zona rica en productos del mar, son muy pocos los beneficiados, lo que hace necesario la implementación de políticas económicas para apoyar a todos aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar sus nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Aunado a lo anterior, la comunidad sufre de los altos costos de alimentos y artículos de primera necesidad, los que es producto de no contar con un medio de transporte que abastezca continuamente a la isla de estos productos; para muestra, se enlistan algunos productos básicos y los precios que actualmente tienen que pagar los isleños para obtenerlos.

• Gas domestico cilindro de 45 kilogramos, 750.00 pesos.

• Gasolina, 14.00 pesos el litro.

• Kilo de frijol, 28.00 pesos.

• Leche fresca, 37.00 pesos el medio galón.

• Kilo de carne, 95.00 pesos.

• Kilo de pollo, 35.00 pesos.

• Kilo de arroz, 18.00 a 20.00 pesos.

• Kilo de azúcar, 26.00 pesos.

• Aceite comestible, 35.00 pesos el litro.

• Tomate, 38.00 hasta 45.00 pesos el kilo.

• Cebolla, 22.00 hasta 26.00 pesos el kilo.

Hablando de educación, las necesidades siguen a la alza, ya que a las instituciones educativas no se les ha dado mantenimiento desde hace más de dos décadas, lo que es lamentable, y significa que nuestros centros educativos no cuenten con lo mínimo indispensable para que los docentes llevan a cabo sus labores.

Se carece de mobiliario, de aulas en óptimas condiciones, de instalaciones sanitarias en buen estado, de áreas adecuadas para la educación física, ya ni hablar de aulas de medios o centros de cómputo.

De igual forma, en cuestiones netamente educativas, se requiere de una revisión a los mecanismos de entrega de Becas para estudiantes y deportistas, ya que, aún cuando contamos con excelentes estudiantes y deportistas, muchos de ellos no pueden continuar estudiando, dado que es muy costoso mantener a un hijo fuera de nuestra isla, ya sea estudiando o para que participe en los eventos deportivos, por lo que se requiere de más becas y que, éstas, sean destinadas a los más vulnerables y más necesitados.

En el rubro de salud pública también hay deficiencias ya que, a pesar de contar con clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y Centro de Salud, ninguno de éstos cuenta con lo indispensable para atender de manera adecuada y en tiempo, alguna urgencia, ya sea porque carecen de instalaciones o recursos humanos.

Por otro lado, por la lejanía de la tierra firme y, por ende, de la cabecera municipal, es urgente proveerle, a la Delegación municipal, el equipo y maquinaria necesaria, para dar mantenimiento a las calles; hacer rellenos sanitarios y realizar los trabajos de mantenimiento y remodelación de los espacios públicos de la Isla.

Por último, pero no menos importante, en el renglón de Seguridad Pública también se requieren de acciones urgentes a fin de hacer frente al narcomenudeo, ya que es lamentable ver como cada día más y más de nuestros jóvenes caen en adicciones y en actividades delincuenciales.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos a garantizar el abasto de combustible necesario para atender las necesidades de transporte de los pobladores de Isla de Cedros, Baja California; asimismo, para que lleven a cabo revisiones periódicas para combatir los abusos cometidos en contra de los consumidores y se defiendan sus derechos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, conjuntamente con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y demás autoridades municipales y estatales de Baja California que sean competentes, se aumente sustancialmente el abastecimiento de agua potable a la Isla de Cedros.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía a diseñar, instrumentar e implementar las políticas económicas y sociales adecuadas para apoyar a todos los que habitan en la Isla de Cedros, en especial de aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar sus nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, a fin de garantizar el abasto de alimentos y demás productos de primera necesidad de los isleños, así como a verificar que los precios de estos productos sean los justos, sancionando cualquier abuso denunciado.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, a fin de dar mantenimiento y abastecer del material necesario, a los planteles educativos que actualmente se encuentran en funciones en la Isla de Cedros; de igual manera, se les exhorta a aumentar el número de beneficiarios de los programas de Becas para estudiantes y deportistas, en la Isla, así como a revisar y, en su caso, modificar los mecanismos de entrega de estos beneficios, a efecto de que sean destinados a los más vulnerables y quienes realmente lo necesitan.

Sexto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el abastecimiento, de recursos materiales y humanos necesarios, a los centros de salud que operan en la Isla de Cedros, a fin de garantizar la atención médica de la población isleña.

Séptimo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como al ayuntamiento de Ensenada, a revisar la posibilidad de proveer a la delegación municipal de Isla de Cedros el equipo y maquinaria necesaria para dar mantenimiento a las calles, hacer rellenos sanitarios y realizar los trabajos de mantenimiento y remodelación de los espacios públicos de la isla.

Octavo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar todas las acciones que resulten pertinentes a fin de hacer frente al narcomenudeo y demás problemas de seguridad a los que se enfrenta la población de Isla de Cedros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro” por el monitoreo de medios de comunicación masiva, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación, en su artículo 4 establece la garantía de la protección a la salud.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris) para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su reglamento.

Así, conforme al citado artículo, a la Cofepris le corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.

Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris el cual se puede consultar en línea.

Por otro lado, cada día, y al menos desde hace algunos años se ha iniciado por parte del Estado mexicano una lucha por controlar los llamados “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano, los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en nuestro país, que dicen curar todo y al final no sirven para nada, o peor aún atentan contra la salud de las mexicanas y de los mexicanos.

De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, en donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del estado en esta materia; sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad, tan es así que el pasado mes de marzo del presente año se modificó el Reglamento en Materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, tanto públicos como privados.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados “productos milagro”; realizando un monitoreo, tanto de medios masivos de comunicación electrónicos, principalmente televisión, como medios de comunicación escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a cumplir en la adjudicación de contratos de mantenimiento los requisitos técnicos, administrativos, legales y de seguridad tendentes a evitar percances como los ocurridos en 2012 con motivo de su actividad, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las actividades que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo, por sí o por medio de las muy diversas empresas contratistas que operan para la paraestatal, se encuentran sujetas de momento a momento a riesgos de todo tipo, pero en especial a que ocurran accidentes, que en muchos casos constituyen siniestros de enormes proporciones.

Accidentes que todos sabemos son lamentables no sólo por la pérdida de vidas humanas, que ya de suyo es más que importante, sino porque estos eventos indeseables son de muy alto efecto económico y al ambiente por el daño ecológico que generan.

Consideramos que estos accidentes pueden y deben ser evitados con mecanismos de prevención y vigilancia de los sistemas de seguridad, con mecanismos de control respecto al cumplimiento cabal de la normativa en materia de seguridad industrial, tanto en la operación como en los procesos relativos al mantenimiento de las instalaciones, incluyendo desde luego que las empresas contratistas cumplan todos los requisitos técnicos, administrativos y legales para ser beneficiarias de la adjudicación de contratos, a fin de evitar que ocurran estos acontecimientos.

En gran parte de la percepción ciudadana, Pemex es sinónimo de impericia y falta de cuidado, cuando de accidentes se trata. Los ocurridos en el pasado reciente son de resonancia nacional e internacional, y de grave efecto social, económico y ecológico.

En octubre, un accidente en Tepeji del Río, Querétaro, una fuga en el gasoducto Cactus-Guadalajara, en Jalisco; poco antes un incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; en septiembre otro accidente en Reynosa, Tamaulipas; en agosto un derrame en las costas de Oaxaca; y así podemos recordar accidentes como los de Texmelucan, Puebla, u otros en Veracruz; y cómo olvidar el de la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, donde fallecieron 23 trabajadores.

Todos esos acontecimientos han dejado contaminación y daños graves al ambiente, a la economía regional y a la población aledaña a las zonas de los siniestros.

En septiembre pasado explotó una parte del centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Tamaulipas.

Con relación a este accidente, el director general de Pemex informó que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de las compañías contratistas que laboraban en el mantenimiento de los ductos.

Independientemente de que la investigación culmine con la determinación precisa del origen del siniestro, lo cierto es que no sólo los trabajadores de Pemex sino todas las compañías que realizan trabajos para esta paraestatal deben actuar en concordancia con los sistemas de seguridad que garanticen precisamente no sólo la conservación de las estructuras e instalaciones de Pemex sino, también, la seguridad y conservación del ambiente y la preservación de la vida de los trabajadores y la población en general.

Los siniestros se han presentado cada vez con menos intervalo entre uno y otro, por lo que consideramos importante solicitar el apoyo de esta soberanía, para exhortar al director general de Pemex a extremar los sistemas de seguridad de tal manera que se eviten esos siniestros, de un elevado efecto social, económico y ambiental.

Que en la adjudicación de contratos de mantenimiento a las empresas contratistas se cumplan los requisitos técnicos, administrativos y legales tendentes a evitar que ocurran esos lamentables accidentes.

Que se instituyan todos los sistemas y las medidas de prevención, de protección y de vigilancia indispensables.

Que el resultado de las investigaciones sobre las causas de los accidentes acaecidos en 2012 se utilice como instrumento que permita corregir errores, negligencias, impericias e ineficacias.

Por la importancia que todo esto reviste, consideramos urgente exhortar al director general de Pemex a tomar las previsiones tendentes a evitar siniestros porque, de otra manera, indebidamente se continuarán percibiendo como daños colaterales de la indispensable actividad de la paraestatal.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a efecto de que

1. En la adjudicación de contratos de mantenimiento a las empresas contratistas se cumplan todos requisitos técnicos, administrativos y legales tendentes a evitar que ocurran accidentes como los de 2012 con motivo de la actividad de Pemex.

2. Se instituyan los sistemas y las medidas de prevención, de protección y de vigilancia indispensables.

3. Que el resultado de las investigaciones sobre las causas de los accidentes acaecidos en 2012 se utilice como instrumento que permita corregir errores, negligencias, impericias e ineficacias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer públicas las acciones implantadas a fin de prevenir el robo de combustible en el poliducto Minatitlán-Salina Cruz y evitar accidentes que pongan en peligro la vida de los ciudadanos, así como los requerimientos económicos y operativos para desarrollar un efectivo sistema de control en los ductos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Petróleos Mexicanos cuenta con 14 mil 150 kilómetros de ductos a lo largo de la República Mexicana, en los últimos años se ha incrementado el robo de combustibles a través de tomas clandestinas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos que viven en las zonas por donde pasan estos ductos. Solo en lo que va del 2012 Pemex ha detectado cerca de mil tomas clandestinas en sus ductos, una cifra sin precedente, que representa al menos 30% más que las localizadas el año pasado. De acuerdo con cifras de la paraestatal, entre 2005 y 2012 la cantidad de tomas clandestinas localizadas y controladas aumentó 635% al pasar de 136 a las mil actuales.

En 2006 se perdieron 4 millones 825.4 barriles de producto, en 2011 este monto se redujo a 1.5 millones de barriles y tan sólo en el primer semestre de este año la perdida ascendió a 1.8 millones de barriles.

Miguel Tame Domínguez, director general de Pemex Refinación, afirma que tan sólo en el 2011 las tomas clandestinas ocasionaron una pérdida por más de cinco mil millones de pesos.

Según un informe de Pemex a agosto “el alza en tomas clandestinas y en volumen estimado de robo observados, se debe a que los Sistemas de Ductos están prácticamente tomados por bandas del crimen organizado y grupos armados”.

El director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos, Carlos Murrieta Cummings, afirmó que a través de tomas clandestinas se roba el 0.7 por ciento de combustibles de la paraestatal. Aunque parezca un porcentaje menor, representa pérdidas importantes, pero sobre todo un grave riesgo para la población.

Segundo. En lo que va del 2012, se detectaron 21 tomas clandestinas en los ductos de Pemex en el Istmo de Tehuantepec. Las primeras 16 se presentaron antes del 31 de mayo y de esa hecha hasta el 6 de octubre se localizaron 5 tomas más en Salina Cruz, Santa María Petapa y San Juan Guichicovi, todos en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz; es importante señalar estos hechos y pedir acciones urgentes por el riesgo que representa.

Los municipios de Oaxaca en los que se han detectado las tomas clandestinas son Asunción Ixtaltepec, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, El Espinal, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Juchitán.

Estas actividades ilícitas, que hacen los ordeñadores de combustibles, ponen en riesgo a la población de los municipios por donde pasan estos ductos de Petróleos Mexicanos ya que una mala maniobra puede ocasionar una desgracia de las dimensiones de la ocurrida el 18 de septiembre pasado en Reynosa Tamaulipas donde 30 trabajadores perdieron la vida y otros 46 resultaron lesionados en la explosión de un ducto del Centro de Medición de Gas de Pemex.

Una de nuestras labores es cuidar la vida y seguridad de los mexicanos, así como el cuidado al medio ambiente; reducir riesgos de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en oleoductos (que transportan petróleo), y poliductos (que transportan combustibles pesados) es una necesidad el día de hoy. Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Pemex a que haga pública las medidas que ha implementado para prevenir el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos. Así como los requerimientos económicos y operativos para desarrollar un efectivo sistema de control en los ductos.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar los montos de los subejercicios de 2012 a solventar las deudas de municipios que acrediten estar en bancarrota, confiriendo prioridad a aquellos cuya relevancia turística nacional les da carácter de urgente, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, una de las atribuciones constitucionales más importantes que tiene la honorable Cámara de Diputados es aquella que se encuentra establecida en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se refiere a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es así que a través de un ejercicio de revisión se analiza y decide cuales deben ser los montos presupuestales destinados a dependencias, entidades, organismos autónomos y entidades federativas.

Se encuentra también, dentro de las facultades de esta Cámara la revisión de la Cuenta Pública anual, a través de la entidad de fiscalización superior de la federación, con el fin de llevar a cabo el monitoreo de la aplicación del gasto público.

Es por medio de este análisis que nos damos cuenta que, a lo largo de los años, se ha dado un incumplimiento sistemático en la aplicación de los recursos aprobados. Este fenómeno se conoce como “subejercicios”, y ha servido de manera recurrente para que autoridades hacendarias y servidores públicos ejerzan gastos con propósitos distintos a los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define al subejercicio, como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, del incumplimiento de las metas contenidas en los programas o de la falta del compromiso formal de su ejecución.

Las tres principales áreas en donde se concentran este tipo de acciones, de acuerdo a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, son: fideicomisos, mandatos y análogos; organismos y empresas del sector público y bancos de desarrollo.

La cantidad de recursos utilizados de esta manera es muy elevada, en 2008 representaba el 17.5 por ciento del presupuesto total, mientras que en 2009, fue del 12.8.

El 2011 es considerado el año con mayor número de subejercicios, resaltando las siguientes dependencias del Gobierno Federal: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 7 mil 850.40 millones; Sedesol con 6 mil 703.50 millones; Salud con 4 mil millones; Sagarpa con 721.40 y Reforma Agraria con 351.50 millones.

En cuanto a este año, en los primeros seis meses, 11 secretarías de Estado registran subejercicios por más de 28 mil 339 millones 400 mil pesos del Presupuesto de Egresos que les fue asignado para programas. Hasta el momento no se cuenta con una explicación del porqué ha sucedido esto.

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones respecto al tema, entre las que destacan: el manejo discrecional de los recursos al margen del Congreso; la práctica reiterada de los subejercicios, y la inadecuada administración de los recursos de algunos fondos que contribuyen al subejercicio y a la reasignación discrecional del gasto público.

Si se desea terminar con la opacidad persistente encontrada en esta práctica, es importante fijar un rubro al cual otorgar dichos recursos. Consideramos que los municipios que están en bancarrota son la mejor opción.

Entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios (deuda subnacional). Mientras que en 1994, el monto del endeudamiento subnacional representaba 1.6 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto a las participaciones.

Este problema resulta gravísimo, ya que de no ayudar a resolver las obligaciones de deuda, se corre el riesgo de poner en jaque a la estabilidad macroeconómica del país pudiendo desembocar en una crisis financiera.

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado análisis de evaluación que involucran la sostenibilidad y flexibilidad de las deudas; como resultado se obtiene que los municipios representan el 11.6 por ciento de los casos de las mismas, por lo que es importante tomar medidas que les permitan terminar con el problema.

Hoy en día, en el país, hay situaciones donde los montos de deuda municipal son impagables. Hemos llegado a una situación en la que existen municipios que no tienen ni para pagar la nómina.

Existen muy pocos mecanismos por los que los municipios perciben ingresos. Las fuentes más importantes son el impuesto predial y las participaciones federales que reciben. Si bien es cierto que endeudarse a un nivel de bancarrota es condenable, también es cierto que de no ayudarlos será imposible que logren salir de esta situación.

Es con base en lo expuesto, que consideramos que, dados los elevados recursos que los subejercicios representan y la opacidad con la que se manejan, ese dinero se debe destinar a solventar las deudas de los municipios.

Sólo a través de estas medidas podremos sacar de un círculo vicioso a un grupo de ayuntamientos que no cuentan con ningún ingreso y que destinan todo su presupuesto a tan sólo pagar intereses de deuda exorbitantes.

El riesgo de no hacerlo implica la posibilidad de los ayuntamientos a declararse en moratoria de pagos, lo cual se traduciría en desastrosas consecuencias en México, tanto a nivel económico como en reputación en el extranjero, especialmente en los municipios que se dedican al turismo.

Exhortamos a que se realice la petición, ya que este caso sería extraordinario debido a la recién aprobada Ley de Contabilidad Gubernamental. Ahora existen numerosos candados para evitar nuevos endeudamientos, pero para poder lograr esto primero es necesario salir de las deudas que hoy presentan.

Con base en lo expuesto proponemos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los montos de los subejercicios del Ejercicio Fiscal de 2012, a solventar las deudas de municipios que acrediten estar en bancarrota. Priorizando aquellos municipios cuya relevancia turística nacional les otorga el carácter de urgente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre de 2012.

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a resolver la problemática que afrontan los integrantes de la Asociación Civil Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez de ese estado, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Héctor Hugo Roblero Gordillo, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a resolver la problemática que afrontan los integrantes del Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez, A C del estado de Puebla, para que sea turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas, bajo las siguientes

Consideraciones

Acudimos a esta soberanía para plantear la problemática que están afrontando los integrantes del Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez, A C del estado de Puebla, que representa los intereses y las demandas de 118 pueblos de origen indígena del estado de Puebla.

Conforme a los estatutos de dicha organización, el 12 de abril del año en curso se realizó una asamblea general extraordinaria para la sustitución de los órganos directivos de la misma.

De dicha asamblea dio fe del licenciado Enrique Eduardo Figueroa Salinas Mosqueda, notario público número 1 del distrito judicial de Tepexi.

El fedatario público certificó que la asamblea y los acuerdos en ella tomados se hicieron de conformidad con lo que disponen las normas internas de la organización en comento.

Entre los acuerdos tomados, reiteramos con estricto apego a las normas estatutarias de la asociación, fue la renovación de la dirigencia de la asociación civil, recayendo el cargo de presidenta en Eufrocina Barrales, el de secretario en Eusebio Báez, y en Julio Martínez Morales el de tesorero. De igual forma se renovaron el resto de los órganos directivos.

Sin embargo, los integrantes de la dirección saliente se han negado a acatar el acuerdo de la asamblea y mediante múltiples presiones han intentado que los asociados se desistan de las designaciones realizadas en asamblea legalmente constituida.

De igual forma por parte de la delegación de la Comisión Nacional de Pueblos Indios, Ivone Gutiérrez, se ha negado a aclarar el destino de los recursos aportados por el gobierno federal, por medio de la comisión, a la organización y que se presume no se ejercieron conforme a la normatividad aplicable.

Debemos tener presente que en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana y en el apartado B, de dicho artículo en su fracción VII, se establece la obligación de la federación, estados y municipios para “Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar las suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización”.

En tal virtud, al recibir apoyos presupuestales el Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez A C del estado de Puebla, se hace necesario que se transparente el uso de dichos recursos públicos aportados por el gobierno federal.

Por estas consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Artículo Único. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a resolver la problemática que afrontan los integrantes de la asociación civil Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez del estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 8 de noviembre de 2012.

Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a implantar una campaña intensiva de difusión sobre la necesidad de adoptar medidas de higiene postural y ergonomía en el ámbito escolar que prevengan el peso excesivo de las mochilas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo para que establezca las medidas necesarias a fin de prevenir y evitar lesiones en espalda y columna vertebral en los niños de nivel de educación básica en todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho al cuidado y protección de la salud está garantizado en la Constitución Política para todos los ciudadanos en nuestro territorio; es por ello que todas aquellas medidas tendentes a apoyar y fomentar la vigilancia y reducción de riesgos en actividades que exponen la salud física y mental de los menores en nuestro país, deben de ser contempladas con una atención especial.

Anteriormente se consideraba que el llamado dolor de espalda o de hombros, era un padecimiento exclusivo de los adultos; es decir, este padecimiento se pensaba que estaba asociado únicamente a la edad y relacionado con las actividades laborales y muy poco asociado a las malas posturas al sentarse o por determinadas actividades realizadas incorrectamente.

Esto no es así; cada vez más se registran en las unidades de atención de salud casos de menores en edad escolar que presentan problemas de hombros y espalda, desde dolores pasajeros o recurrentes, hasta inicios o indicios de problemas graves y crónicos de su columna vertebral con repercusiones a lo largo del tiempo en su desarrollo y estado físico; principalmente derivado por mochilas sobrecargadas.

Diversos organismos tanto internacionales como a nivel federal han expresado su preocupación por este padecimiento cada vez más recurrente en la población escolar de nivel básico, es decir primaria y secundaria; han advertido además sobre los problemas que causa a la columna vertebral la carga excesiva en sus mochilas, recomendando que los alumnos no deben de llevar mochilas que pesen más de 4 kilos o como máximo el equivalente al 10 por ciento de su peso corporal.

En nuestro país a pesar de que la información especializada y detallada al respecto es poca, según datos de la Secretaria de Salud un 65 por ciento de la población escolar en nivel básico presenta ya problemas de hombros o espalda motivados directamente por sobrepeso en sus mochilas y por no conocer además, la forma correcta de cargarla; esta debe de ser pegada a la espalda lo más posible y en la zona baja de la espalda (zona lumbar).

Lamentablemente la prevención de dolores musculares de hombros y espalda en la población escolar no se ha considerado seriamente en nuestro país y es casi nula; con lo que permitimos que estas molestias pasen a ser en edad adulta, enfermedades crónicas de la columna vertebral que son diagnosticadas tardíamente y no relacionas a problemas corregibles en edad temprana.

Esto, explican los expertos; sucede porque el sobrepeso de las mochilas produce una gran tracción heterogénea y una sobre presión en las articulaciones y la musculatura de toda la zona; generando con esto afecciones no solo ni únicamente por el hecho de cargar la mochila, sino también al momento de levantarla, de descenderla y también al caminar; porque si la mochila es excesivamente pesada, los niños se ven obligados a arquear demasiado hacia adelante la columna vertebral o a flexionar hacia adelante la cabeza y el tronco como medida instintiva para compensar el sobrepeso al momento de manipular su mochila con sobrecarga.

Lo grave de la situación es que no existe una alternativa inmediata para atender o solucionar este problema de manera definitiva; mucho se ha mencionado que las mochilas de ruedas pueden ser la respuesta adecuada, pero no es así; especialistas afirman y han demostrado que este tipo de mochilas no evitan categóricamente la presencia de daños, simplemente los trasladan a otra zona lumbar, de la espalda y hombros debido a que los niños al jalar de este tipo de mochilas que tienen también un sobrepeso, producen inmediatamente un aumento de la curva normal de la espalda, generando una anomalía en ésta.

Afirman también, que el excesivo peso de las mochilas escolares representa en la actualidad un grave problema de salud a nivel nacional, porque esta situación puede generar consecuencias irreversibles y de largo plazo para la población escolar de nivel básico; como por ejemplo desarrollar escoliosis infantil, hasta una cifosis o una artrosis precoz; situaciones que afectarían su desarrollo en edad adolescente, adulta y adulta mayor.

Por ejemplo, en las zonas de marginación donde los niños tienen que recorrer con su mochila en la espalda un trayecto de al menos 10 minutos de su hogar a su centro educativo; se han elevado los casos de escoliosis postural, que es una curvatura anormal de la columna vertebral originada por una incorrecta postura repetida con la adición de cargar un sobrepeso.

La única opción para resolver y erradicar este grave problema es definitivamente, involucrar a los padres de familia, maestros y alumnos sobre este asunto y hacer hincapié en la necesidad de difundir que la mochila ideal es la que tiene dos correas o tirantes, forrados con un material acolchonante y debe de quedar al momento de cargarse el peso distribuido equitativamente entre los dos hombros y pegada siempre al cuerpo sin pasar de su espalda baja; así como también se hace necesario difundir las siguientes recomendaciones:

• Sustituir sus mochilas por mochilas con correas anchas y acolchadas, y con un respaldo amplio y también acolchonado.

• Usar la mochila con ajustes firmes a unos 5 centímetros arriba de la cintura (espalda baja).

• Cargar la mochila con las dos correas para repartir uniformemente el peso y no sobrecargar solamente uno de los hombros.

• Poner en la mochila, los libros más pesados pegados a la espalda.

• Utilizar las dos manos para levantar y bajar la mochila flexionando las rodillas con una leve inclinación.

• No permitir que los alumnos carguen por más de más de 15 minutos como máximo su mochila.

• Por último y quizás la más importante, es limitar el peso evitando transportar útiles escolares que no va a utilizar ese día.

Hay que reconocer que este tipo de padecimientos pueden impedir el correcto crecimiento y sano desarrollo de los huesos de los niños en edad temprana, condición que se suma a los problemas que se presentan debido a la incorrecta postura motivada por las malas condiciones o diseño del mobiliario escolar, que es otro factor que perjudica a la espalda de los alumnos.

Finalmente, esta soberanía debe de atender desde el ámbito de sus facultades este grave problema de salud que se presenta en los menores en edad escolar a nivel básico y que sin duda es un futuro mediano, representará un problema mayor e incapacitante de salud en la edad adulta.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública implementar una campaña intensiva de difusión para concientizar sobre la urgente necesidad de adoptar medidas de higiene postural y ergonomía en el ámbito escolar, enfatizando el papel decisivo que tienen los padres de familia y profesores para prevenir la carga excesiva en las mochilas escolares.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre del 2012.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la región hídrica del Balsas, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Javier Orihuela García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la comisión especial de la región hídrica del balsas con base en las siguientes

Consideraciones legislativas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.

Geográficas, económicas y sociales

La región hídrica del Balsas está conformada por diez cuencas hídricas integradas por los ríos Tepalcatepec-Infiernillo, Tepalcatepec, Tlapaneco, Atoyac, Balsas-Infiernillo, Balsas-Mezcala, Balsas-Zirandaro, Cutzamala, Grande de Amacuzac y Tacambaro.

Esta región hídrica emplaza territorios de poco más de 380 municipios de 10 entidades federativas: Morelos, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero, estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco y Veracruz, en diferentes porcentajes de sus ámbitos territoriales, desde Morelos emplazado completamente en la región hídrica, hasta Veracruz en donde solamente el 0.48 por ciento de su territorio se emplaza en el Balsas.

Población emplazada en la región hídrica

De acuerdo a los datos de Conagua en la región hídrica del Balsas en 2007 residían 10 millones y medio de habitantes, lo que representaba el 9.8 por ciento de la población total, con una disponibilidad media de agua de 23,651 millm³/año y una disponibilidad media per cápita 2,055 m3/hab/año, presentando niveles de tolerancia adecuados para instrumentar un programa de desarrollo regional sustentable con enfoque de región hídrica.

Entre los principales problemas de la cuenca destacan los siguientes:

El carácter de subsidiaridad hídrica con la región hídrica de aguas del valle de México aportando cerca del 23 por ciento del abastecimiento de agua de la Ciudad de México.

Insuficiente cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Infraestructura hidráulica deteriorada, así como baja productividad e ineficiencia en los usos agrícolas y público-urbanos.

Contaminación de corrientes superficiales, subterráneas y suelos.

Pérdida progresiva de la cubierta vegetal primaria de la región.

Azolvamiento gradual de los cauces y embalses de los ríos debido a la erosión de los suelos en las partes de cabecera y traslado de las cuencas alta y media.

Falta de medidas preventivas en la red hidrológica de la cuenca y de la observancia estricta de la normatividad vigente en lo relativo a la ocupación de zonas federales, ante la presencia cíclica de fenómenos hidro-morfo-meteorológicos.

Insuficientes acciones de manejo de la cuenca

Limitada cultura del agua.

El rezago y la marginación están presentes en muchas localidades de la región hídrica.

Una marcada insuficiencia en materia de infraestructura regional en materia de transporte y comunicación que se manifiesta con una marcada falta de integración territorial endógena de la región hídrica del río Balsas.

Alta concentración y dispersión de la población asentada en la cuenca media y alta.

Justificación

De acuerdo con investigadores en el desarrollo regional y urbano (Asuad, 2001, página 9) el territorio y su análisis desde la perspectiva regional han sido relegados por mucho tiempo, es por ello que este ejercicio pretende aportar una aproximación metodológica para analizar las implicaciones cualitativas y cuantitativas en el emplazamiento hídrico de las actividades económicas y de la población en la región hídrica del Balsas.

Visiones integrales del territorio frente de los procesos de superespecialización que se impulsan actualmente en la cámara de diputados en esta LXII legislatura, por lo que se requiere revertir esta tendencia para lograr una visión integral del desarrollo de nuestras regiones político-administrativas emplazadas en las regiones naturales que nos permita tener una visión holística de nuestro territorio y el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

El enfoque territorial se redefine de las visiones tradicionales que lo concebían como una alacena de recursos genéricos dispuestos para su uso, por la visión en la actualidad de que el territorio se concibe como un ámbito de construcción permanente de recursos que se estructura mediante las relaciones que se establecen entre los seres humanos y de éstos con su entorno en un momento determinado.

Dentro de los esfuerzos por lograr el desarrollo regional sustentable a nivel internacional, el enfoque de cuenca o región hídrica, no solo como región natural, sino como un ecosistema (Manuel Maass, 2003, página 41), gana cada vez más aceptación como un espacio que se integra de manera excluyente del resto del territorio y en este territorio integrado por los ciclos superficiales del agua frente al emplazamiento hídrico de todas las actividades sociales y económicas se pueden evaluar sus impactos hacia el medio natural, el nivel de aprovechamiento de sus recursos naturales ubicados en la cuenca y en suma la capacidad de carga del territorio hídrico que nos da el umbral del desarrollo sustentable de la región en un momento determinado.

Para conservar y proteger los recursos hidráulicos y naturales el desarrollo regional sustentable de la cuenca requiere vigilar, proponer y, en su caso, adecuar las acciones que emprendan conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales, los usuarios y en general la sociedad organizada en su conjunto y específicamente lo que a continuación se detalla:

Disminución de riesgos, atención y mitigación de los efectos del cambio climático

Elaborar leyes para previsión, manejo y mitigación de las emergencias que se presenten en la zona a consecuencia de fenómenos hidro-morfo-meteorológicos, desastres de origen natural, y cualquier otro evento que ponga en riesgo la integridad física de la población, y la capacidad y recursos productivos y de infraestructura con que cuenta.

Consolidar los sistemas de información geográfica, atlas de riesgos de la región y alerta a la población.

Atender las demandas de los usuarios para la protección de las áreas de producción agropecuaria.

Promover los programas de ordenamiento territorial sustentable con enfoque de cuenca y la cultura de la prevención de desastres de origen natural o industrial.

Fortalecer las asociaciones de usuarios y la participación ciudadana organizada.

Agua potable, alcantarillado y saneamiento

Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Atender el rezago en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en zonas rurales.

Incrementar las coberturas y fomentar la mejora constante de los servicios en las zonas urbanas.

Orientar las acciones hacia el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera de los municipios y sus organismos operadores.

Promover el desarrollo de proyectos y la construcción de plantas para el tratamiento de las aguas residuales identificando las fuentes emisoras.

Sector agrícola

Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola.

Construir infraestructura hidráulica para ampliar la frontera agrícola.

Apoyar las zonas marginadas con infraestructura hidráulica.

Desarrollar áreas de temporal tecnificado.

Orientar el uso actual del suelo al potencial agropecuario de la región.

Manejo integral de las cuencas

Lograr el manejo integral de los recursos naturales emplazados en la región hídrica Balsas, garantizando la permanecía en el tiempo de los servicios ambientales de la región.

Impulsar los estudios para determinar y conocer el volumen y calidad del agua disponible, orientar el restablecimiento del balance hídrico de la región y por cuenca.

Orientar la demanda de agua de acuerdo con la disponibilidad.

Dar prioridad a las acciones que propicien el uso racional del agua.

Dar seguimiento a los procesos de la planeación, programación presupuestación y la aplicación de los programas hidráulicos por cuencas, conservación de suelos y pago por servicios ambientales.

Desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico

Incrementar los recursos destinados a la región con visión de futuro.

Impulsar los cambios legislativos para armonizar el papel de la federación en torno al agua mediante la descentralización de funciones y programas con visión regional.

Integrar a los esfuerzos presupuestales con visión holística para el desarrollo regional sustentable de la cuenca del río Balsas

Promover la innovación y transferencia de tecnología.

Desarrollar los recursos humanos para el manejo integral de la cuenca estatal y municipal.

Participación de los tres órdenes de gobierno, usuarios y la sociedad organizada

Consolidar la organización, funcionamiento y democratización de los consejos de la cuenca.

Sensibilizar a la población y a todos los órdenes de gobierno implicados en la territorialidad de la región hídrica, sobre el valor estratégico y económico del agua, suelo, vegetación y fauna asociada en el paisaje hídrico, traducido en servicios ambientales.

Apoyar a los movimientos organizados por la sociedad y por especialistas a favor del manejo integral de la cuenca.

Se requiere en general el diseño de un programa integral para el manejo sustentable de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura hidroeléctrica y de control de ríos para el desarrollo y la competitividad; el sistema logístico para el desarrollo regional de la región y sus cuencas, asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente para el desarrollo regional integral sustentable de la cuenca del río Balsas y sus afluentes garantizando por lo menos tres aspectos fundamentales:

• 100 por ciento de asientos seguros para la población emplazada en la región hídrica del río Balsas.

• Garantizar en el tiempo los servicios ambientales de la región hídrica en beneficio de sus habitantes.

• Orientar el uso actual del territorio hacia su potencial agrícola y pecuario.

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para el país y el desarrollo de la calidad de vida de la población, de las entidades federativas, municipios y localidades de la zona que confluyen en la región hídrica del río Balsas, me permito presentar a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura se constituya la Comisión Especial de la Región Hídrica del Balsas, a fin de coadyuvar en el desarrollo regional sustentable de la región y que sirva de base para todas las regiones hídricas de nuestro país.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación e impulsará y fomentará programas y proyectos de manejo sustentable de la territorialidad de la región hídrica en lo económico, social y natural, con la plena participación social de los habitantes y los grupos de interés emplazados en la misma.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. La comisión especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de acuerdo a la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su legislación con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal en materia de feminicidios, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los congresos estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de violencia feminicida conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal en materia de feminicidios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres, y de la obligación de las instituciones de satisfacer la demanda social para dar solución a los feminicidios, aún no se han podido erradicar los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones el país. Es claro que la violencia feminicida está estrechamente relacionada con fenómenos como la trata de personas, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación, y otras formas de violencia contra niñas y mujeres. Por lo anterior, es necesario impulsar las acciones necesarias que coadyuven a terminar con los actos que fomentan o toleran esta realidad.

Las escritoras Jill Radford y Diana Russell definen al feminicidio como “crímenes de odio contra mujeres”, e incluyen dentro de este concepto a la misoginia.1 El feminicidio se representa como una violencia social contra las mujeres, donde el entorno está organizado de tal manera que la violencia forma parte de las relaciones de la sociedad en general. Además, apuntan que la cultura refuerza esta violencia de muchas maneras y de manera constante y cotidiana, haciéndola parecer algo natural e, incluso, socialmente aceptado. Esto refleja, según las autoras citadas, que estamos ante una violencia ilegal pero legítima, convirtiéndose, esto último, en una de las claves del feminicidio.

En nuestro país, a nivel federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

En atención a este tipo de violencia, la citada ley general contempla la “alerta de violencia de género”, que mandata a la Secretaría de Gobernación a emitirla cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, el Código Penal federal en su artículo 325, reformado el 14 de junio de 2012, sanciona el tipo penal de feminicidio al señalar que, a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Asimismo, establece características específicas en la comisión del delito al señalar que existen razones de género cuando:

• la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

• a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

• existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima;

• haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

• existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

• la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

• o el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Respecto a la legislación a nivel estatal, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora, aún no han tipificado el delito de feminicidio en sus códigos penales.

Existen otras entidades que, si bien sus códigos penales sí tipifican este delito, no tienen una verdadera armonización con los preceptos establecidos a nivel federal. Como ejemplo podemos citar el caso de San Luis Potosí que, al momento de tipificar el delito de feminicidio, no se modificó la normatividad para ordenar protocolos de investigación, sistematización de la información y sanción a servidores públicos que incurran en acciones u omisiones al respecto. De igual manera, en el Distrito Federal no se incluyó una obligación expresa a crear registros sistemáticos de feminicidios en la entidad. Este tipo de discrepancias impactan directamente en el momento de aplicar la ley.

En materia de “alerta de violencia de género”, de las 32 entidades federativas, los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas aún no la contemplan en sus respectivas leyes de violencia.

Las estadísticas muestran que en estados como Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, por mencionar sólo algunos, los niveles de incidencia feminicida son altos y las denuncias al respecto continúan en aumento.

Según datos del informe presentado en 2012 por el Observatorio Nacional del Feminicidio ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial. El informe señala también que entre enero de 2010 y junio de 2011, en 24 estados de la república al menos 2 mil 273 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

Esto es un reflejo de que nuestro país carece de una política integral que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, ya que un gran número de casos de violencia continúan sin ser debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia, tanto a nivel federal como local.

Todo lo anterior se ve agravado por una falta de armonización en la legislación actual, principalmente en los códigos penales estatales y las leyes a fin. Se hace necesario combatir, desde la norma, la impunidad que sigue tolerando la muerte de miles de mujeres por razones de género.

Debido a lo antes expuesto, es de suma importancia impulsar, desde este Poder Legislativo y en los estados de la República Mexicana, una política que articule, desde la legislación, los tres niveles de gobierno, para prevenir, atender, perseguir, sancionar, procurar justicia y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Se hace necesario dar continuidad y seguimiento a la armonización de las legislaciones locales con la legislación federal, que se refleje en las acciones de las instituciones, para permitir que esta problemática que lastima a la sociedad se solucione a partir de esquemas institucionales, jurídicos, económicos, políticos y sociales.

Por lo anterior, y en pro de lograr un marco legislativo armónico que coadyuve a la aplicación de todo el peso de la ley a quien cometa el delito de feminicidio, y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal en materia de feminicidios.

Notas

1. Radford, Jill y Diana Russell, Feminicidio: la política de asesinato de las mujeres, UNAM, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el adecuado funcionamiento de las aduanas, y de los puertos marítimos y aéreos nacionales, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Lorenia Iveth Valles Sampedro y Trinidad Morales Vargas, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se colocó como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por Transparencia Internacional (TI).

Las aduanas se han convertido en puentes por donde ingresan armas, droga y dinero de manera ilegal.

El tráfico de mercancía ilegal continúa ingresando al país, volviéndose los principales problemas de México. “Por las aduanas pasan los tres principales problemas de México, el tráfico de la mercancía ilegal que lo vive día a día Nuevo Laredo, el asunto de las drogas que genera una red de complicidades en todos los círculos y una descomposición social que ustedes también lo viven, y el asunto del tráfico de armas.

Actualmente todo se maneja a discreción del administrador o de la gente que está en la aduana; ellos deciden si te ponen un procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, o te dejan pasar sin revisar. Urge una modernización a la Ley Aduanera, porque ya se trata de un asunto de seguridad nacional”.1

Nos enfrentamos a una Ley Aduanera que no ha tenido reformas sustanciales por más de 15 años, y estamos perdiendo de vista que el principal problema de combate de drogas, armas, entre otras consideradas como mercancía ilegal, perjudica desde la recaudación de ingresos y altera el orden social del país.

El desempleo, la pobre inversión productiva, la caída en el consumo interno y las exportaciones afectan negativamente la producción nacional y debilitan aún más las posibilidades de desarrollo para los sectores más vulnerables, los más pobres, que, como siempre, son quiénes se llevan la peor parte. Es importante señalar que especialistas han planteado la creación de un Código Aduanero, materia que debe ser abordada por esta Legislatura y dar un puntual tratamiento, ya que las aduanas operan diariamente, y nuestra legislación en materia aduanera presenta problemas de obsolescencia, toda vez que ha quedado superada por los requerimientos de la dinámica del comercio internacional y de la actividad aduanera, efectuándose sólo modificaciones a la misma en forma parcial, según se van presentado necesidades imperantes de reforma a la legislación aplicable. De igual forma, la investigación científica aduanera y de comercio exterior es muy escasa, especialmente la relacionada con el derecho aduanero. Por tal motivo, y en virtud de que México no se ha adherido al Convenio Revisado de Kyoto de la OMA (para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros) y pese a que éste representa un área de oportunidad para con­solidar los avances de modernización en la operación aduanera de México, no se debe temer en adherirse a dicho convenio y modernizar la legislación aduanera y de comercio exterior.

Como antecedente es importante citar el punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, para crear la “Comisión Especial encargada de analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, y de los puertos marítimos y aéreos nacionales en relación con la entrada de mercancía ilegal, y el tráfico y contrabando de armas, de estupefacientes y de sustancias adictivas”, con fecha 23 de septiembre de 2009 y aprobado por la Junta de Coordinación Política.

En esta LXII Legislatura, diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del Verde Ecologista de México, han presentado proposiciones con punto de acuerdo para crear también una comisión especial y atender la problemática que se vive con las aduanas, coincidiendo los suscritos en tomar el asunto con responsabilidad y seriedad, pero debe ser extensivo su alcance para puertos marítimos y aéreos.

Es tarea de esta soberanía trabajar juntos a favor de México con independencia de nuestras diferencias ideológicas. Entre nosotros debe darse un trato respetuoso, igualitario y transparente, que permita establecer las bases de una relación sana y productiva que ayude al país a enfrentar los enormes desafíos.

Sabemos que para salir adelante es indispensable fortalecer la economía interna y mejorar la distribución del capital. Necesitamos diseñar políticas públicas que incentiven el desarrollo económico local, en cada municipio y delegación, pero para tener mejores resultados requerimos mejorar la seguridad en nuestros puertos, fronteras y aduanas para reducir la competencia desleal y alentar la inversión productiva.

Por lo anterior, nos permitimos poner a consideración de la Junta de Coordinación Política así como de las legisladoras y los legisladores de la LXII Legislatura la siguiente propuesta.

En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía, y la salud de la república. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, que cada año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos, sin control suficiente por parte de las autoridades aduanales. Las mercancías reguladas, restringidas y prohibidas que con toda impunidad ingresan a nuestro país generan daños a la salud, la seguridad pública, la industria, el fisco, la economía y la sociedad en su conjunto.

Uno de los más graves problemas para la deteriorada planta productiva nacional lo constituye el tráfico de mercancías reguladas tales como zapatos, juguetes, textiles y prendas de vestir, entre otros, que ingresan a precios de dumping, libres de impuestos y aranceles. Esto genera competencia desleal para nuestros empresarios y afecta la inversión, el empleo y los ingresos fiscales.

Por tales motivos, diversos sectores de nuestro país han manifestado su interés en que el gobierno mejore el funcionamiento del sector aduanero, refuerce las aduanas, cambie y profesionalice a su personal, y para que, la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, endurezca las sanciones por subfacturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.

Para hacer evidente la magnitud del problema pongo como ejemplo la industria textil, donde, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por la vía del contrabando.

En el contrabando se incluye tanto el “bronco”, que implica la introducción de mercancías extranjeras al país sin pasar por las aduanas, como el “documentado” que consiste en la introducción de mercancías mediante el falseamiento de la declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, maquila (subcontratación de los procesos de producción) y el Programa de Promoción Sectorial para evadir el pago de impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros.

También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente incremento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción.

Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. De acuerdo con Eliot Engel, presidente de la Subcomisión para América Latina de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más del 90 por ciento de las armas incautadas en México entre 2006 y 2008 provienen de Estados Unidos, y pueden adquirirse en más de 10 mil puntos a lo largo de la frontera sin ninguna restricción.

Sí compañeros legisladores, son esas armas con las que se perpetran los arteros asesinatos de los que hemos tenido noticia en los últimos días.

Según la Procuraduría General de la República el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada, que ha dejado más de 7 mil muertos desde inicios del 2008, no obstante el despliegue de 36 mil militares en la frontera norte.

En lo que respecta específicamente a la importación ilegal de sustancias restringidas, basta mencionar lo acontecido con la importación de las 50 mil toneladas de pseudoefedrina ingresadas por el empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

En 2007 el SAT reconoció que la percepción sobre la corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó en cinco puntos porcentuales, y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales.

Cabe mencionar que en los últimos meses la Secretaría de Hacienda informó de un cambio en el personal de aduanas, pero eso de ninguna manera es garantía para que las malas prácticas, vicios e indolencia que existen en las aduanas de México se erradiquen de la noche a la mañana. Ante esto la pregunta es, ¿a quién se debe recurrir para exigir mayores controles al SAT? Este problema ha propiciado la “necesidad” por parte del gobierno federal de firmar un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, el llamado Plan México o Plan Mérida, similar al Plan Colombia, que podría incluir el envío de asesores y agentes extranjeros a nuestras fronteras y aduanas, comprometiendo así nuestros intereses y soberanía.

Por tales motivos, se hace indispensable que este órgano legislativo asuma un compromiso para estudiar, analizar, evaluar y supervisar las actividades de este sector gubernamental, tanto por las implicaciones y repercusiones en la actividad económica y comercial, como por la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos.

Con un sector aduanero eficiente y comprometido con el desarrollo de México tendremos mejores condiciones para estimular el desarrollo local, fortalecer la economía interna, proteger el empleo, fomentar el autoempleo, el desarrollo de empresas sociales y el fomento al cooperativismo con enfoque sustentable, entre muchas acciones necesarias para mejorar los ingresos y calidad de vida de la población.

Así las cosas, los diputados de la LXII legislatura tenemos una oportunidad histórica, por ello debemos ser un congreso que luche siempre por la justicia social, la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental. Demostremos, de cara a la nación, que en este Congreso existe capacidad, sensibilidad y voluntad política para realizar los cambios necesarios, y para mantener una actitud que proponga soluciones reales a los problemas del país.

Por tales motivos se requiere establecer urgentemente una comisión que se encargue de estudiar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales.

Compañeras y compañeros diputados: esta tarea, la de legislar, es nuestra responsabilidad histórica, cumplamos nuestro compromiso y hagámoslo bien, con ánimo, decisión, pasión y unidad en torno a los problemas neurálgicos del país, que como éste, que se sintetiza en las malas prácticas del sector aduanero y la permisividad de las autoridades, representan un reto y una oportunidad para trabajar juntos a favor de la nación.

Con responsabilidad, sensibilidad y compromiso ¡construyamos juntos el México que tanto necesitamos!

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las y los diputados de esta LXII legislatura, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el adecuado funcionamiento de las aduanas, puertos marítimos y aéreos nacionales, encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales; también será la facultada de analizar de manera integral y profunda los ordenamientos legales, normas reglamentarias y administrativas sobre nomenclatura, regulaciones y restricciones no arancelarias, cupos arancelarios, preferencias arancelarias, regímenes aduaneros, infracciones, sanciones, y demás disposiciones aplicables al despacho aduanero y de comercio, para realizar las adecuaciones legislativas que atiendan la armonía normativa, trabajando en conjunto con las entidades federativas y municipios e ir a la vanguardia con los estándares internacionales y que, a su vez, inyecten competitividad a la aduana mexicana.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La comisión especial se integrará de manera puntual y equitativa, por todos los grupos parlamentarios y funcionará por la duración de la LXII Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Nota

1 Declaraciones del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, presidente de la Comisión Especial de Aduanas en la Cámara de Diputados (19 de agosto de 2010). http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526704.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves ocho de noviembre de dos mil doce.

Diputados: Lorenia Iveth Valles Sampedro, Trinidad Morales Vargas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su legislación en materia de trata de personas y adecuar su normativa penal a lo señalado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita Aurora Denisse Ugalde Alegría, diputada federal a la LXII Legislatura por el distrito 19 del estado de México, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El delito de trata de personas, además de representar una violación a los derechos humanos, es también una manifestación de las inequidades de género, pues la mayoría de las personas sometidas a esta infamia con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Este grave problema se ha convertido, en la actualidad, en uno de los rostros de la esclavitud moderna.

Estudios del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que, si bien cualquier persona puede ser víctima de la llamada “Trata”, es un hecho que las mujeres, niñas y niños son los más vulnerables, sobre todo en lo que respecta a explotación sexual y la servidumbre.

Los efectos de haber sido explotadas, en la mayoría de los casos, perduran durante toda la vida de las víctimas, impidiendo su recuperación y sano desarrollo.

Los abusos físicos, sexuales, psicológicos, además de la violencia ejercida en todos sus ámbitos y sentidos, generan un daño que, la mayoría de las veces, es irreversible, así como los daños en su salud por las adicciones inducidas por drogas, o los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Lo anterior, dificulta enormemente su reintegración social, su recuperación psicológica, física y emocional.

Otra consecuencia evidente de este problema, es la sistemática violación de sus derechos humanos: desde el derecho a conservar la vida, hasta el de elegir libremente su libertad, su estabilidad en la salud, la elección de su empleo y el de no ser sometidas a la esclavitud o a ser utilizadas como objeto de tratos crueles y degradantes.

A nivel internacional, se han emprendido grandes esfuerzos para contar con instrumentos de lucha contra el delito de trata de personas, con la intención de establecer principios y directrices a observar por las legislaciones nacionales. Como ejemplo podemos citar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, de diciembre de 2000, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional1 . Según el protocolo, la trata de personas puede entenderse como:

... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.2

En 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América emitió un informe sobre trata de personas, en el cual menciona que “...la respuesta de un gobierno a la protección de la víctima debe, por necesidad, basarse en sus leyes antitrata. Una ley antitrata efectiva brinda una definición clara de quién es víctima de trata, y establece la situación legal y los recursos a los cuales las víctimas tienen derecho”.

El informe antes mencionado señala cómo un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno con la intención de ser explotados sexualmente, siendo extraídos de regiones urbanas pobres, hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo. Este fenómeno ha desencadenado una modalidad alterna del delito de Trata de Personas, al cual se le ha denominado como “turismo sexual”. Esta modalidad consiste en una oferta “turística” que incluye a menores de edad para ser utilizados con fines sexuales.

En México, la trata de personas se ha acentuado en las últimas décadas, y el número de víctimas de éste es muy elevado, por lo que resulta necesario coordinar esfuerzos para intensificar el combate a estas formas graves de delincuencia organizada. Es necesario que este problema social sea uno de los temas de atención prioritaria en nuestro país y, de manera concreta, para el Poder Legislativo. Las legisladoras y los legisladores debemos coordinar nuestros esfuerzos con el fin de combatir, de manera conjunta, esta vejación cometida en contra de la integridad, la salud y la vida de cientos de niñas y mujeres.

El 14 de julio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de otorgar facultades al H. Congreso de la Unión, para expedir leyes en contra de la Trata de Personas. Aunque se han realizado algunos esfuerzos a nivel federal con la finalidad de robustecer el marco normativo para enfrentar y combatir este grave delito, algunas de nuestras legislaciones estatales no contemplan esquemas efectivos para la rehabilitación de las víctimas del delito de trata de personas. Es posible encontrar deficiencias técnicas y vacíos legales mediante los cuales los perpetradores de este tipo de delitos pueden alcanzar la disminución de sus condenas, y salir libres mediante el pago de una fianza.

El 14 de junio del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Este decreto derogó a la anterior Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, que resultó fundamental para que en nuestras entidades federativas se comenzara a legislar en esta materia.

Sin embargo, a la fecha existen algunas entidades en la república, que aún no cuentan con un marco normativo estatal en este sentido, mismas que a continuación se detallan:




La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es un avance significativo en la lucha contra este delito, y es menester que en la legislación vigente de cada una de nuestras entidades federativas se observen las disposiciones relativas a su contenido con la intención de que sean armonizadas con la legislación Federal.

Sobre el punto antes señalado, el artículo 6o. de la ley en mención señala que:

La federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta ley, con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente ley.

Por lo expuesto y con la finalidad de lograr un marco normativo armónico a nivel nacional que coadyuve en la aplicación de todo el peso de la ley a las redes delincuenciales de tráfico y trata de personas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso y atento exhorto a los gobiernos de los estados, con la finalidad de que emprendan las acciones legislativas necesarias con el objeto de armonizar su legislación estatal en materia de trata de personas y adecuar su normatividad penal estatal a lo dispuesto por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Notas

1 El protocolo puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf

2 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre de 2012.

Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de los pueblos afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo a fin de crear la comisión especial de los pueblos afromexicanos.

Consideraciones

La población afrodescendiente que habita en México se encuentra ubicada principalmente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal. Los registros estadísticos nacionales no contienen ninguna cifra relativa al número de habitantes afromexicanos en el país. La población afrodescendiente arribó a México durante la época de la Colonia, entre 1519 y 1640, como consecuencia de un declive demográfico de la población indígena y la necesidad, por parte de los residentes españoles, de sustituir la mano de obra. Fueron traídos con la finalidad de realizar los trabajos forzados que los indígenas, ante su cambiante estatus, no podían o no querían realizar. Los negros poseían vigor y fortaleza física evidentes, no se les consideraba como personas con derechos, eran esclavos sin ningún tipo de privilegio. La proporción entre varones y mujeres esclavos trasladados fue la mitad de hombres y mitad mujeres, estas tenían menor precio, pues la fuerza física masculina propia para trabajos pesados era lo que se cotizaba en el mercado esclavista. El hombre negro fue destinado a realizar una mano de obra gratuita y la mujer entró como regalía. Para el siglo XVII, esta población ya se había hecho presente de manera significativa en la mezcla racial de la Nueva España. No obstante, a partir de este momento comenzó a construirse el estereotipo de la inferioridad negra, promovido por un lado, por la literatura universal, la filosofía y la religión, e incorporado plenamente, en las diversas formas que adoptan las relaciones sociales y culturales que los afromexicanos establecen con su entorno.

La condición de esclavitud que se caracterizó por la explotación, la perdida de su lengua original y la imposición de nuevas conductas morales y religiosas, provocó que algunos los negros huyeran a lugares alejados para formar pueblos cimarrones. Con la abolición de la esclavitud y la consumación de la independencia en 1821, los afrodescendientes cambian su estilo de vida y optaron por quedarse al encontrar en las costas nacionales similitudes climáticas con sus pueblos de procedencia.

Es claro que para la historiografía y para la historia oficial no existe el pueblo afrodescendiente, por lo que el mayor reconocimiento de su presencia se encuentra en la autoafirmación, que deviene de la revitalización de sus costumbres y tradiciones.

Los pueblos negros reclaman su inclusión en la historia, la cultura, la organización social, la economía y la participación política en este país a través de su reconocimiento jurídico, ya que son integrantes y conformadores de la nación en su calidad de tercera raíz.

Sin embargo existe una “invisibilidad” alrededor de estos pueblos desde la independencia, una prueba de la invisibilidad puede encontrarse en la falta de datos estadísticos para dicha población, el rezago y la marginación que viven los afrodescendientes en México se explica también por la falta de una política pública orientada a atacar su problemática y a ofrecerles alternativas para su desarrollo regional. Aunado a ello se encuentra el fenómeno de discriminación que cotidianamente viven los afromexicanos en nuestro país.

La memoria histórica del sufrimiento del otro y de las injusticias cometidas por el hombre a sus semejantes, son parte de las preocupaciones contemporáneas que nos permiten recuperar y mantener presente la lucha del ser humano por la realización de un orden racional justo y con plena garantía del respeto a sus derechos en cuanto seres humanos.

Una forma más del olvido estructural lo representa el hecho de que en las reglas de operación de los programas de asistencia pública y de los proyectos de desarrollo y apoyo comunitario que otorga el gobierno mexicano, no aparecen las palabras: “afromexicano”, “afrodescendiente” o “negro”, por lo que dichos apoyos son negados, en muchas ocasiones, a aquellas personas de las comunidades afrodescendientes, quienes optan por conseguir un beneficio de esa naturaleza y terminan siendo víctimas de una discriminación también estructural al ser considerados como extranjeros en su propio país.

El propósito de la creación de la comisión especial de los pueblos afromexicanos, es visibilizar a estos pueblos como parte fundacional de la nación mexicana y se considere su reconocimiento expreso como sujetos colectivos de derechos en el artículo 2 constitucional, el cual reconoce la composición pluricultural de la nación.

Además de lo anterior, se requiere el diseño y fortalecimiento de políticas públicas que velen por su protección integral, que hagan responsable al estado en todos sus ámbitos y niveles, a los pueblos afromexicanos, además la garantía y el establecimiento de sus derechos.

Consideramos que esta propuesta de crear la comisión especial de los pueblos afromexicanos es una alternativa eficaz para reivindicar los derechos de estos pueblos, evitar reiteradas internaciones que se prolongan por años y muestran a las claras el fracaso de la intervención de un sistema proteccional muchas veces sostenido por bien intencionados operadores comunitarios y profesionales que hacen lo mejor que pueden en un contexto por demás adverso.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la comisión especial de los pueblos afromexicanos, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía a atender la problemática causada a los consumidores por la suspensión del servicio de gas por la empresa Z Gas en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 17 de octubre del presente año, miles de habitantes de la ciudad de Mexicali, Baja California, despertaron con la noticia de que no podrían hacer uso del gas doméstico que como parte de su vida diaria emplean en actividades de vital importancia como la preparación de los alimentos. No podrían realizarlas, pues la compañía denominada, Gas Propano Butano de Baja California, SA, de CV, o “Z gas”, decidió suspender sin ningún aviso previo ni medida compensatoria, el servicio de gas, LP, que en cientos de casas y comercios se esperaba por tubería.

Este hecho, además de trastornar por completo la tranquilidad y actividades de los ciudadanos, generó alarmantes pérdidas económicas para la ciudad, pues numerosos comercios que prestan diferentes servicios a la población, se vieron imposibilitados para trabajar, generar ingresos y cumplir con sus clientes; las perdidas, según datos del Gobierno del Estado de Baja California, ascenderán fácilmente a más de 10 millones de pesos.

Tras el lamentable suceso, miles de usuarios se comunicaron con la compañía gasera, solicitando información a cerca de la reanudación del servicio o medidas a tomar para solucionar el problema; las respuestas nunca fueron claras, y la información que se esperaba nunca llego, pues, personal de la empresa manifestó reiteradamente que no se tenía una fecha prevista para la reanudación del servicio y que por el momento no se podía ofrecer ninguna información adicional.

En atención a lo anterior, resulta importante destacar que la Ley que regula y define la operación de este tipo de empresas en una determinada localidad, es la denominada, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la cual en su artículo 13 establece lo siguiente:

(¨)Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:

....II.- Interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaría de Energía los servicios objeto del permiso. (¨)

Es importante resaltar también, que en este caso, el órgano encargado de otorgar los permisos de operación para las gaseras y verificar que se les dé el uso autorizado, es la Comisión Reguladora de Energía, misma que tiene facultades para sancionar, revisar y revocar cualquier permiso ya otorgado que no se utilice conforme a lo establecido.

De lo ya expuesto resulta evidente que las acciones de la mencionada empresa, ocasionaron un gran perjuicio en la economía y modo de vida de miles de ciudadanos, generando con esto un hecho que a todas luces vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores; de tal forma, y tomando en consideración la competencia que para salvaguarda de los ciudadanos establece la Ley Federal de Protección al Consumidor; resulta fundamental, la oportuna intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, para efectos de que brinde la asesoría pertinente, atienda las inconformidades de los usuarios y realice los procedimientos necesarios a fin de restablecer los servicios y determinar las compensaciones respectivas.

De acuerdo con lo mencionado, es importante señalar que a la fecha los usuarios afectados han tenido que invertir de forma imprevista y repentina, diversas cantidades de dinero para la adaptación de su sistema de gas, pues el servicio que proporcionaba la empresa se hacía por medio de tubería subterránea que desembocaba en su respectivo medidor de consumo, esta situación se maximiza en los negocios que prestaban una mayor diversidad de servicios relacionados con este combustible, pues por obvias razones, el gasto por modificación de sus sistemas es mucho mayor.

A la fecha la problemática sigue vigente y su atención es crítica, pues el servicio que por decenas de años se prestó por tubería subterránea sigue sin restablecerse, y la empresa responsable no ha ofrecido soluciones ni alternativas que restituyan la seguridad y los derechos de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, resulta de vital importancia exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y al Procurador Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan oportunamente los daños efectuados al patrimonio y derechos de los consumidores y de acuerdo a su competencia, realicen un análisis de las repercusiones o sanciones que en el marco legal de operación para la mencionada empresa pudieran determinarse.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Procurador Federal del Consumidor y la Comisión Reguladora de Energía, para que en el marco de sus respectivas competencias atiendan oportunamente la problemática generada en Mexicali, Baja California por la repentina suspensión de suministro de gas LP, y se realicen las acciones necesarias a fin de que la empresa Gas Propano Butano de Baja California, SA de CV, o “Z Gas”, responda con acciones concretas por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado a sus consumidores.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que conforme a sus atribuciones, realice un exhaustivo análisis de las sanciones o medidas a tomar ante la repentina y arbitraria suspensión del servicio de gas L.P en Mexicali, Baja California. Por parte de la empresa Gas Propano Butano de Baja California, SA de CV, o “Z Gas”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del m por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40% de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.

Por muchas razones, los Chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.

En este sentido, los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.

Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 has. (6,759.31 km2), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de Municipios inconformes.

Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100,000 hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de Los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de Los Chimalapas.

Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.

Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.

El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 has, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160,000 hectáreas incluyendo todos los poblados.

Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de Los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.

A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.

Actualmente Las autoridades comunales Chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.

Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y la Secretaria de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en el Artículo 79, someto a la consideración de esta soberanía y con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaria de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel a cumplir el decreto por el que se establecen las acciones que la administración pública federal llevará a cabo para concretar la transición a la televisión digital terrestre, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como sabemos, el papel que juegan las telecomunicaciones, así como las tecnologías de la información y la comunicación, es imprescindible para el desarrollo social y económico, cuestión en la que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha hecho hincapié en diferentes ocasiones. Así entonces, la adopción de tecnologías de vanguardia y la inclusión social en ellas son parte medular para consolidar una sociedad de la información y del conocimiento.

Respecto a lo anterior, de acuerdo con el censo de 2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 92.6 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisor, y 79.5 por ciento, con radio, lo cual da cuenta del alcance de los medios tradicionales en nuestro país. No obstante, según los resultados del estudio del World Internet Project México y del Tecnológico de Monterrey, en nuestra nación hay 52.3 millones de usuarios de internet y una penetración nacional de 46 por ciento. El estudio también enuncia que 73 por ciento de los encuestados convive siempre con la televisión, de los cuales, 33 por ciento envía mensajes de texto desde su celular mientras realiza esta acción. Por otra parte, del 83 por ciento que convive siempre con la radio, 17 por ciento envía al mismo tiempo mensajes con su celular. Estos datos son un ejemplo de la necesidad de entender la importancia de la convergencia tecnológica, pero también de la relevancia de incorporarla a nuestro país para lograr una verdadera inclusión digital en la sociedad mexicana. En este sentido, una de las ventajas de la televisión digital terrestre es proveer mejor calidad de audio y video y mayor oferta de contenidos televisivos; sin embargo, conforme a lo ya existente, las demás bondades de la digitalización de la televisión van vinculadas a la convergencia tecnológica, en la que el usuario puede contar con las posibilidades de tener acceso a internet móvil mientras disfruta de sus canales de televisión, servicio que sólo se ofrece en televisores que brindan el servicio o mediante empresas de cable. De tal forma, la televisión digital terrestre debe ser considerada como una arista de un plan integral de desarrollo y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la población mexicana.

En este tenor, el 2 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”. Respecto al tema de los decodificadores, se enuncia que

De conformidad con la política de 2004, el 22 de abril de 2009 el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión rindió el informe del estado que guarda el proceso de transición a la televisión digital terrestre en nuestro país durante 2008, en el que señaló, entre otras cosas, que a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión digital en operación, sus señales radiodifundidas no están siendo captadas por la mayoría del público televidente y que los receptores digitales siguen siendo un artículo adquirido por un segmento de la población que los utiliza para los servicios de televisión restringida, para la reproducción de discos de video compactos o para consolas de videojuegos, por lo que la penetración de este servicio entre la población no ha sido la esperada.

Que como parte de las acciones de asistencia al público, dichos países han establecido medidas como el apoyo económico para la adquisición de decodificadores que permitan que los receptores existentes en el mercado puedan recibir las señales de la televisión digital terrestre y dar continuidad al servicio de radiodifusión;

Que la oferta de nuevos contenidos mediante la televisión digital terrestre ha sido una práctica utilizada en varios países para incentivar al público a adquirir los receptores y decodificadores necesarios para usar esta tecnología.

Asimismo, este decreto no menciona que el proceso de transición a la Televisión Digital recaerá únicamente en alguna Secretaría o Comisión, sino que en su Artículo Tercero enuncia con carácter de transitorio la creación de una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para concretar dicho proceso. Esta Comisión estará conformada por:

I. El secretario de Comunicaciones y Transportes, quien la presidirá;

II. El secretario de Gobernación;

III. El secretario de Hacienda y Crédito Público;

IV. El secretario de Desarrollo Social;

V. El secretario de Economía;

VI. El secretario de Educación Pública; y

VII. El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El decreto esclarece, asimismo, que los integrantes titulares de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital serán suplidos en sus ausencias por el servidor público que designen para tal efecto, el cual deberá tener nivel jerárquico inmediato inferior al de aquellos.

El decreto también estipula que a las reuniones de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital se invitará a dos representantes de los concesionarios y dos de los permisionarios de televisión radiodifundida, quienes tendrán voz pero no voto. Igualmente, podrá invitarse a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a representantes de asociaciones o personas de reconocido prestigio en las materias relacionadas con la competencia de dicha Comisión, para apoyar en lo necesario en los análisis y las recomendaciones que lleve a cabo.

En el mismo tenor, el artículo cuarto de este decreto enuncia que la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital tendrá las siguientes funciones:

I. Promover y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto;

II. Evaluar la penetración de los receptores digitales y el desarrollo del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica en los Estados Unidos Mexicanos, así como de otros medios que favorezcan la transición y la continuidad del servicio de televisión que actualmente recibe el público;

III. Propiciar la penetración generalizada del servicio de televisión digital terrestre para lograr la terminación de las transmisiones de televisión analógica en una ciudad o región determinada, a cuyo efecto establecerá la metodología para medir dicha penetración, e;

IV. Informar trimestralmente al Ejecutivo federal, a través de su presidente, los avances en la transición a la televisión digital terrestre y, en su caso, formular las recomendaciones que estime pertinentes para reforzar las medidas que aseguren la recepción del servicio.

Por tanto, a partir del “decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”, la Cofetel no cuenta con las facultades para iniciar un proceso de licitación, sino que, en su caso, éste debe llevarse a cabo por parte de la Secretaría de Economía o en apoyo de tal secretaría, lo cual no se vislumbra en tal acción.

Respecto a las actas de la primera y segunda sesiones ordinarias de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital en torno a los decodificadores, se encontró que

En el acta de la primera sesión, fechada el 22 de junio de 2012, de la página 7 a la 13, donde se debate el tema de los decodificadores y se menciona la necesidad de una licitación; en ningún momento se hace alusión a conferir y/o facultar a la Cofetel para ser el ente que lleve a cabo dicho proceso.

En la página 6 y 7 del acta de la segunda sesión, la Cofetel recomienda que se usen receptores y decodificadores para impulsar la penetración, y da especificaciones técnicas de los decodificadores.

En la página 7 del acta de la segunda sesión, el presidente de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital sugiere (se cita textualmente) “planear una estrategia precisa de cómo se le va a hacer para repartir subsidios, hay que tener en cuenta criterios de costo-eficiencia focalizados, para las siguientes reuniones de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital”. Dicha declaración da cuenta de que después de dos años no se contaba con un plan estratégico para llevar a cabo la transición de la televisión análoga a la televisión digital, por lo cual se considera que de acuerdo con lo estipulado en el documento Recomendaciones del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión , con fecha del 14 de junio de 2012, hay que considerar prioritariamente lo mencionado en los puntos:

2. Que la autoridad elabore y coordine un programa para incrementar la penetración de la TDT y obtenga el presupuesto correspondiente para su implantación. Dicho programa tomará en cuenta las opiniones expresadas por los radiodifusores en la materia.

5. Establecer medidas para evitar la venta de receptores que no cuenten con la capacidad para reproducir señales de la TDT.

En la parte III del “resumen trimestral de la Comisión Intersecretarial de Transición Digital”, denominado Estatus de acciones establecidas por el decreto de TDT , e incluida en la página 10, se muestra un cuadro con los rubros acción, responsable, estatus y siguientes pasos, pero no se le da facultad a la Cofetel para iniciar el proceso de licitación.

Cabe destacar que en el punto 4.1 titulado “Programa piloto para la terminación de transmisiones analógicas”, del acuerdo donde se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, con una última modificación del 4 de mayo de 2012, se enuncia que la terminación de las transmisiones analógicas iniciará en Tijuana, BC, el 16 de abril de 2013. Es evidente entonces que restan 5 meses para iniciar este importante proceso y la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, conforme a las actas de las sesiones ordinarias, sólo se han reunido en dos ocasiones desde el 2010, fecha en la que, como ya se mencionó se publicó el “decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”.

Finalmente, respecto a lo dispuesto en la última modificación del 4 de mayo de 2012 a la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, en ninguna parte del documento se hace mención a algún proceso de licitación de decodificadores.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cumplir y apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010, titulado “decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba– quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.

Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.

Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.

Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, incisos III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a integrar con la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emitir los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varios años, esta soberanía ha trabajado en la necesidad de establecer el reconocimiento jurídico a la producción de alimentos orgánicos, así como, otorgar un marco general para su regulación, protección y fomento.

En consecuencia, el honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley de Productos Orgánicos en diciembre de 2005, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006. Posteriormente, el reglamento correspondiente fue publicado el 1 de abril del 2010, es decir, casi cuatro años después.

Esta ley es de suma importancia, tomando en cuenta que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis, garantizando al consumidor, alimentos sanos y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.

Este sistema utiliza insumos naturales y prácticas especiales como son la aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, entre otras, lo cual promueve el mejoramiento y la protección de los recursos naturales, así como las condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas.

Los sistemas de producción y procesamientos orgánicos, promueven la conservación de los recursos indispensables para el desarrollo humano como el agua, el suelo y el aire. Al estar basadas en normas de producción específicas y precisas, que propician la generación de ecosistemas óptimos y sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

En México, el sector orgánico está representado en casi la totalidad de los estados del país. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los que destacan con la mayor superficie de este tipo de sistemas de producción. Pero este sector se encuentra en crecimiento, pudiendo en la actualidad encontrar productores desde Baja California hasta la península de Yucatán.

De igual forma, nuestro país se ha destacado a nivel internacional tanto en el número de agricultores como en diversidad de productos orgánicos, estimándose en el orden de medio millón de hectáreas manejadas con producción orgánica.

A pesar de la importancia de esta ley para el beneficio de los productores nacionales y especialmente para el cuidado del medio ambiente –tema de gran relevancia en el futuro del desarrollo mundial–, a más de seis años de su publicación y a más de dos años de publicado su reglamento, hace falta poner en marcha una serie de instrumentos regulatorios. Específicamente, los lineamientos para la producción orgánica, la lista de insumos permitidos, las especificaciones para la certificación participativa, especificaciones del distintivo nacional, reglamento interno del Consejo Nacional de Productos Orgánicos, entre otros, para dar pleno cumplimiento a los términos previstos en la misma.

Dado que estos ordenamientos jurídicos forman parte fundamental para el desarrollo del campo mexicano y en particular para el sector orgánico, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha implementado a cabalidad el mandato de la Ley de Productos Orgánicos y los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas en relación con productores de otros países al verse obligados a certificarse con normas extranjeras que complican los procesos de certificación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en cumplimiento de sus facultades, integre con la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios, conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra los periodistas Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de febrero de 2011, entre opiniones a favor y en contra y sin realizar los foros solicitados por los trabajadores de los medios, el Congreso de Puebla aprobó, con 40 votos a favor y 1 abstención (del Partido del Trabajo), la despenalización del “daño moral”, como la figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta” sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un Juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista. Empero, la sanción económica puede tan alta que lo despoje de su patrimonio.

La iniciativa fue presentada al congreso por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Éste pretendía definir como daño moral la “afectación que una persona sufre en su prestigio, sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos” y dar la responsabilidad en la obligación del derecho de réplica al periodista y no al medio. Finalmente, la iniciativa tuvo algunos cambios.

Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos de acuerdo con el tabulador 2011 para la zona C). Además, un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor de seis meses una “ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida privada y propia imagen”.

Esta propuesta fue calificada como “ley mordaza” y en las redes sociales llegó hasta la creación de un hashtag: #rafamordaza.

Esta reforma –señalaron algunos trabajadores de los medios– dejó abierta la posibilidad de un mecanismo de autocensura que, sin una regulación, es el juez quien establece la sanción económica a su arbitrio, que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar.

Pues bien, y... la “ley mordaza” funcionó.

El director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, tramitó las querellas en que se asienta que Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, violaron los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 6o. y 7o. de la Constitución General de la República, y de que, fuera de contexto, insultaron a funcionarios del gobierno de Puebla”. Que varios funcionarios han “soportado” durante año y medio “humillaciones e insultos”. Los acusados han publicado que Moreno Valle es intolerante ante la crítica y pretende imponer una relación autoritaria entre el gobierno, los medios de comunicación y los periodistas.

“Sobrepasaron –dice la querella– los límites del libre ejercicio del periodismo y abusaron de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos”. Los medios han filtrado que se trata de una lista en la que aparecen otros 17 periodistas que han criticado a la administración estatal, quienes podrían enfrentar acciones similares.

El gobierno de Puebla exige que el Poder Judicial declare a los informadores responsables “de daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno estatal” y que “por vía de reparación del daño moral, (se ordene) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil”.

Consideramos preocupante que se demande a periodistas, pues es evidentemente un rasgo de autoritarismo, que inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad, exigido por un régimen democrático. Los funcionarios públicos, por tener esa calidad, son parte de la observación y crítica permanentes, y de ellos lo que se espera es precisamente tolerancia a la crítica. Este tipo de gobernadores no sólo no ve ni oye la crítica y las observaciones de los opinadores públicos sino que ahora, como gobierno, un funcionario introduce una querella en nombre de todo un gobierno y del conjunto del aparato estatal, exigiendo una reparación del daño, posiblemente pretendiendo que los informadores rectifiquen diciendo que el gobierno “ha cumplido todas las promesas que ha anunciado.”

No es una demanda individual, de una persona física que alega un daño específico, sino una acusación de un funcionario público que sale en defensa de su jefe, el gobernador y de todos los demás funcionarios públicos y, por su carácter, obviamente, los juzgados deben desechar las querellas.

“La atribución del vocero de tramitar demandas en nombre del gobernador o de funcionarios de gobierno es inconstitucional –han dicho públicamente los especialistas–. Los derechos a la personalidad, la vida privada, el honor y la propia imagen son personalísimos; sólo quien considera que se violó su derecho puede demandar. El decreto que concede facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución”. Además, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresamente concluyen que “el derecho a la información está por encima de los personales de los funcionarios públicos, quienes son personalidades que permanentemente son observados en su actuar como tales y que tienen por obligación entablar una relación pública con la sociedad”.

Los medios de comunicación han informado que los otros periodistas amenazados con la demanda son

1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla);

2. Selene Ríos Andraca (Central);

3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla);

4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa);

5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario);

6. Álvaro Delgado (Proceso);

7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla);

8. Alejandro Mondragón Quintero (Status);

9. Valentín Varillas (Status);

10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta);

11. Fernando Pérez Corona (e-consulta);

12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario);

13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario);

14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla);

15. Carlos Macías Palma (El Popular);

16. Eduardo Rivera Santamarina (Unomásuno);

17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente);

18. Fernando Maldonado (Periódico Digital); y

19. Arturo Rueda (Cambio).

Ante tales hechos, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular Poder Ejecutivo de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra los periodistas, Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista de El Heraldo de Puebla, y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión.

Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En estas fechas se están instalando las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, y tal será el caso de la Comisión de Radio y Televisión, el martes 30 de octubre, a las 16:00 horas, en el recinto de San Lázaro.

Los diputados y las diputadas, a la hora de tomar protesta de ley para desempeñar el cargo hicimos un compromiso frente a la nación de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes por el bien del país.

Este compromiso fundamental es lo que me obliga, como legisladora a resaltar el hecho de que el diputado Federico José González Luna Bueno, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, no puede desempeñar dicho encargo en virtud de contravenir lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Cámara de Diputados ya que está ante el supuesto del conflicto de intereses con la materia primordial de dicha comisión.

El artículo 108 constitucional establece que los representes de elección popular, son servidores públicos y están sujetos al régimen de responsabilidades del Titulo Cuarto de nuestro máximo ordenamiento.

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que son obligaciones de todo servidor público “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

También el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; deja en claro cuáles son las bases legales para que un servidor público se excuse para intervenir en asuntos que le puedan representar conflicto de interés.

El artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece en su fracción VI del numeral 1, que será obligación de los diputados y diputadas “informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos” y el numeral 2, del artículo 8, establece que “para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la legislatura.”

El diputado Federico González Luna, quién ha fungido como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y en tal carácter es suplente del Consejero Propietario del Consejo Nacional de la Radio y Televisión, Javier Tejado Dondé, directivo de Televisa; que ocupa uno de los dos asientos asignados a la industria en dicho Consejo, tal y cómo puede constatarse en http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/consejo_radio_tv.php.

En este contexto, toda vez que su actuación como presidente de la Comisión de Radio y Televisión resulta en una violación grave a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, la instalación de la Comisión debe impedirse, exhortando al diputado para que él, y cualquier otro legislador o legisladora que pudiera tener impedimento para atender los asuntos de la comisión, presenten sus excusas so pena de hacerse sujeto de las responsabilidades a que se refiere la constitución, y entre ellos incluyo a la diputada Ana Lilia Garza, también postulada por el PVEM, quien fungió hasta su candidatura como subdirectora jurídica de la CIRT; al diputado por el PRI, Patricio Flores, líder del sindicato de Televisa, Enrique Cárdenas, radiodifusor y director de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, con 10 emisoras en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, del PRI.

Es claro, que la protección y apoyo brindado por Televisa y Tv Azteca, así como por los diarios de la OEM, Milenio y El Universal al presidente electo, le impedirán presentar una propuesta de reforma a la Ley de Medios congruente y ambiciosa, que altere los intereses de esos grandes monopolios y abra el sector a una mayor competencia, y para ello, la pretendida “telebancada” buscará ejercer de manera ilegal, sus mejores oficios. Ahora estamos ante la oportunidad de impedir este atropello.

La violación a lo establecido en nuestro marco jurídico en este precepto es considerada grave, lo que conlleva a diversas sanciones, además de la destitución del cargo. El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, que incurran en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, ya sea por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los legisladores de la Comisión de Radio y Televisión que estén en los mismos supuestos –de conflicto de intereses a los que aluden los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios invocados en el cuerpo de la presente proposición– a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Radio y Televisión a posponer su instalación hasta que se hayan presentado las excusas que por norma y en aras del correcto funcionamiento de la comisión deban presentarse.

Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Purificación Carpynteiro Calderón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y respaldar las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversas instalaciones del programa Albergues Escolares Indígenas e instituciones educativas de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II y numeral 2, fracciones III, IV, VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa Albergues Escolares Indígenas y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del programa Albergues Escolares Indígenas, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca que atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras un diagnóstico realizado por la Fundación Internacional Save The Children’s en 40 albergues comunitarios del programa Albergues Escolares Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través de su Delegada en Oaxaca, Concepción Rueda Gómez, denunció el pasado 16 de agosto una serie de abusos físicos, discriminación y abuso sexual. En dicho informe señala que el personal destinado a los albergues no está capacitado para las labores que realiza, por lo que es necesario el apoyo presupuestal.

Se denunció públicamente la existencia de al menos cuatro casos de abuso sexual, así como una serie de irregularidades y abusos cometidos al interior de los albergues. Actualmente la CDI opera 262 Albergues Escolares Indígenas en las ocho regiones del estado, con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 103 sólo son comedores con bachillerato. En total, atiende a más de 20 mil menores de comunidades y pueblos indígenas a lo largo y ancho de Oaxaca.

El 26 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una inspección en los 262 albergues de la CDI que operan en Oaxaca. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia designó al visitador segundo, Masat Paredes Mantiel, para que iniciara un diagnóstico que evalúe la calidad educativa, infraestructura, alimentación y bienestar integral (físico, psicológico, emocional) de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues.

En tal virtud considero, lamentable que se haya dado la intervención de la CNDH ante la omisión de las instancias locales para la atención de estos casos de violación a los derechos de la infancia. En este sentido, los diputados locales se han reunido con el titular de la CNDH para exponer los casos de maltrato, abuso sexual, físico y psicológico que consta en expedientes de quejas presentadas ante la otrora Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2010. Refirieron que hasta el momento hay dos denuncias penales por abuso sexual en los albergues: Tamazulapam del Espíritu Santo y Atitlán.

En ellos se han presentado casos de expulsión o dejan sin alimento a los menores, como formas de castigo aplicadas por los maestros y directivos. Además hay discriminación hacia las niñas, quienes son levantadas una hora antes que los niños para la realización de actividades de la cocina, como la elaboración de tortillas y preparación de alimentos, aunque existe personal destinado a esas actividades.

El pasado 30 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca urgió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) atender la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por abusos sexuales en diversos albergues comunitarios.

El presidente de dicha comisión informó que en un albergue para niñas y niños indígenas ubicado en Tamazulapam del Espíritu Santo, en la Sierra Mixe de Oaxaca, dos becarios cometieron un abuso sexual en agravio de un niño, y señaló que el Director del IEEPO (secretario de Educación estatal), está obligado a reparar el daño a la víctima y promover las medidas preventivas, correctivas, de supervisión y la mejora de las condiciones de vida dentro de los albergues.

De igual forma se solicitó que en coordinación con la CDI, se pudiera establecer un procedimiento de supervisión y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y reglas de operación de los albergues escolares infantiles. En tal virtud, la DDHPO, a través de su recomendación 10/2012, solicitó también la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que determine el legajo de investigación que se inició con motivo del agravio a los menores. Por tanto es deber del IEEPO atender la recomendación y estar al pendiente de los albergues, a fin de no incurrir en omisión e indiferencia de la dependencia en éste y en todos los casos presentados.

Considero que es necesario conocer la forma en la que se autoriza la apertura de albergues, cuáles son los protocolos de protección y prevención, así como los alcances que tendrá la intervención de la CNDH. De igual manera, es imperativo urgir un mejor modelo de atención y nuevos protocolos de atención que abarque la participación de las comunidades, a fin de mejorar la calidad de los albergues.

En tanto, la inspección de la CNDH ha comenzado por los albergues ubicados en Ayutla, Miahuatlán, Tlacolula y Nochixtlán, y se prevé que incluya a los cerca de 200 dependientes de la CDI en el estado. La segunda visitaduría de la CNDH consideró el problema en los albergues como un tema que afecta a la sociedad, y recordó que durante los mandatos estatales anteriores no se permitieron supervisiones al programa Albergues Escolares Indígenas.

Esta honorable Cámara debe ser la primer promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos aprobados por México. Es por ello que apelo a su amplia sensibilidad como madres y padres, para apoyar este punto de acuerdo y votarlo de urgente y obvia resolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa Albergues Escolares Indígenas y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento.

Segundo. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del programa Albergues Escolares Indígenas, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias.

Tercero. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca que atiendan a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.

Cuarto. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a ocho de noviembre de dos mil doce.

Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa a transferir los recursos aprobados por esta soberanía al Distrito Federal en el PEF de 2012, descritos en el anexo 8, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral l, fracción II, y numeral 2, fracción III, someto a la consideración de ésta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Considerandos

Primero. Que el 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, mediante el cual la Cámara de Diputados estableció en su anexo 8 de Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable dentro de la vertiente Medio Ambiente en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el otorgamiento de hasta 400 millones de pesos para el Distrito Federal, destinados al Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en su componente Conservación y uso sustentable de suelo y agua.

Segundo. Que de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de egresos antes citado, es requisito la celebración de convenios de coordinación con las entidades federativas para que los recursos se transfieran en el primer trimestre del año y se depositen a los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), hecho que hasta la fecha la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha negado a formalizar con el gobierno del Distrito Federal.

Tercero. Que dentro de los requisitos establecidos para la entrega de los recursos no se incluye la presentación de los proyectos a cargo de las entidades, no obstante a ello, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del gobierno del Distrito Federal, envió la documentación necesaria a la Sagarpa, sin que ello haya sido suficiente para que se dé cumplimiento a lo establecido por esta Cámara de Diputados.

Cuarto. Que la normatividad obliga que para comprometer los recursos se debe contar con el dinero disponible, razón por la cual no ha sido posible minístralo a los proyectos con viabilidad técnica y se obtengan los resultados proyectados por el gobierno del Distrito Federal en esta materia, sin embargo, al existir los proyectos la transferencia se puede realizar de manera inmediata.

Quinto. Que de acuerdo a la opinión emitida por el otrora presidente y secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados en la pasada legislatura, mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2011 se desprende que se deben entregar al Fofa-DF el multicitado recurso sin necesidad de contrapartida.

Sexto. Que dentro de las reuniones que han sostenido la Sagarpa, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), éstas dos últimas del gobierno del Distrito Federal, se expresó por parte de las autoridades de la Sagarpa que no existía impedimento alguno para entregar los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados y que era necesario que se coordinarán esfuerzos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para analizar las diversas formas de resolver este problema.

Séptimo. Que el impacto social generado a partir de la operación de los recursos Conservación y uso sustentable de suelo y agua (Coussa) desde 2008 se resume en: 585 mil 759 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento agua en favor de la producción primaria del Distrito Federal, 9 millones 159 mil 032 metros cúbicos de recarga estimada de agua, 6 mil 423 beneficiarios de los proyectos y 426 mil 323 jornales generados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación, ambas del gobierno federal, para que procedan de manera inmediata a transferir los 400 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para el Distrito Federal descritos en el Anexo 8 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable dentro de la vertiente Medio Ambiente en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en su componente Conservación y uso sustentable de suelo y agua, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la votación de México en la Asamblea General de la ONU respecto al bloqueo económico impuesto a la República de Cuba, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes bajo las siguientes

Consideraciones

El próximo 13 de noviembre de 2012 se pondrá a discusión y votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

México es una nación que se precia de respetar y demandar el pleno respeto a los derechos inalienables de los pueblos a decidir su propio rumbo, así lo determina nuestra historia, la que dio fruto en los principios rectores de nuestra política internacional, entre ellos destacan el principio de la autodeterminación de los pueblos, el cual se corresponde con nuestra soberanía nacional y el de no intervención, que parte del postulado de que ningún Estado intervenga en los asuntos de otro Estado, así como el de la solución pacífica de las diferencias, el cual es afín a la carta de la Organización de las Naciones Unidas que obliga a todos los Estados a no poner en peligro la paz y la seguridad internacional, entre otros.

A lo largo de las Legislaturas que han transcurrido, esta honorable Cámara ha emitido sendos acuerdos demandando de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, emitir en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el voto en favor de eliminar el injusto e inhumano bloqueo comercial, financiero y económico que Estados Unidos de América mantienen sobre la República de Cuba.

Así dan cuenta las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, acuerdos que se sintetizan en las reuniones interparlamentarias México-Cuba celebradas conjuntamente con el honorable Senado de la República. De ahí que apenas hace año y meses, concretamente en mayo de 2011, en territorio mexicano, habiéndose celebrado la XII Interparlamentaria México-Cuba, la Declaración conjunta señala expresamente:

“Desde 1996, en que establecimos las reuniones interparlamentarias entre México y Cuba, inspirados en los ideales de Bolívar, Benito Juárez y José Martí, que defendieron la decisión latinoamericana para preservar su libertad y soberanía, los parlamentarios nos hemos dado a la tarea de promover la solidaridad y cooperación entre nuestros pueblos.

”Los dos países han destacado la importancia que reviste para América Latina y El Caribe la defensa de principios como la no intervención, la autodeterminación soberana y contra las actitudes unilaterales que tienen el propósito de imponer leyes de carácter extraterritorial.”

En ese marco, nuestros y nuestras representantes populares reiteraron su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, el cual es visto como una acción contraria a la Carta de Naciones Unidas, al derecho internacional y al principio de buena vecindad, que está causando daños materiales y económicos al pueblo de Cuba. Asimismo refrendaron su rechazo a la aplicación extraterritorial de leyes y políticas coercitivas que atenten contra el comercio y las buenas relaciones entre las naciones.

Ya en su momento, la Cámara de Diputados expidió una ley para impedir que leyes de carácter extraterritorial, obligaran al Estado mexicano y a empresas de México con inversión en Cuba, a acatar sanciones de Estados Extranjeros principalmente los Estados Unidos de América por sus vínculos comerciales con la isla.

Aun más, en la interparlamentaria referida, se saludo el Programa de Cooperación para el Desarrollo para el bienio 2011-2013, integrado por proyectos en las áreas de agricultura, energía y minería; así como el Programa de Cooperación Educativa y Cultural para los años 2011-2014.

A mayor abundancia, en el pasado mes de octubre de este año, México y Cuba revisaron el estado del comercio bilateral que mantienen, dicha revisión consiste en la actualización del Acuerdo de Complementación Económica que sostienen ambos países y tiene el número 51 del esquema de la Asociación Latinoamericana de Integración.

Como se aprecia, aunado a los lazos de amistad entre ambas naciones y nuestros respectivos pueblos, México, en uso irrestricto de su derecho a sostener relaciones de cualquier índole, mantiene lazos comerciales con Cuba.

En un acto de plena congruencia, en virtud de que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el siete de noviembre de 1945, que suscribió la Carta de las Naciones Unidas, que sostiene principios de autodeterminación de los pueblos, que ha refrendado sus lazos de amistad con Cuba, que el bloqueo ha sido en detrimento del desarrollo armónico del pueblo cubano, que es contrario a todo principio del derecho internacional y a la soberanía de cada nación y, tomando en cuenta de que media un rechazo abrumador en la comunidad internacional contra el bloqueo impuesto desde 1962 a Cuba y, habida cuenta de que el pasado mes de octubre de 2011, México debe votar por el cese a dicho bloqueo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los preceptos legales invocados, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia una vez más por el cese definitivo del bloqueo económico impuesto sobre la República de Cuba y exhorta al gobierno de Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en ese sentido y a los principios comerciales suscritos por él mismo en la Organización Mundial de Comercio y permitir el libre tránsito de mercancías, de remesas económicas y de personas.

Segundo. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en el marco de su representación protocolaria, haga del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el presente punto de acuerdo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ratifique la posición de la Cámara de Diputados en favor de la suspensión del bloqueo económico que se impone a la República de Cuba.

Tercero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el mismo sentido del resolutivo anterior, comunique el presente punto de acuerdo a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, a los Parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias.

Cuarto. Se solicite al Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haga público el presente Acuerdo en todos los ámbitos, principalmente a través de la Misión Permanente de México en la ONU.

Quinto . Se exhorta al Ejecutivo Federal a que México vote a favor del cese al bloqueo comercial, financiero y económico impuesto a la República de Cuba, en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a celebrarse el día 13 de noviembre de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2012.

Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Roberto López Rosado, Agustín Barrios Gómez Segués.