Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a requerir al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita con la mayor brevedad un laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nuevo lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que otros dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano

Las suscritas y suscritos, integrantes de esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral l, fracción II, y numeral 2, fracción III, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto de sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.

Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación, que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Comenzando con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible.

Sobresalen, anomalías flagrantes y aberrantemente arbitrarías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta “causa de fuerza mayor”. Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el Decreto fue ajeno a su competencia.

Al respecto hay que recalcar que la Junta Federal, también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE, declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.

Sobre estas consideraciones el Tribunal, concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o inconsteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor.

El Tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el decreto no lo establezca expresamente. Y También, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.

El amparo del Tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran, la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.

Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores, en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social no sólo de las y los trabajadores y trabajadores del Sindicato de Mexicanos Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hacemos un llamado al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado trece de octubre del presente, se requiera al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010; y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Diputadas: Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, Luisa María Alcalde Luján.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa a entregar a todos los beneficiarios los recursos del Procampo del ciclo primavera-verano, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen carácter estratégico: son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El campo mexicano ha desempeñado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población: también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, el resto de la economía.

El Procampo se regula por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año.

El Procampo es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), el cual tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales y consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el programa; o bien, la mantiene en explotación pecuaria o forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple lo establecido en la normatividad operativa.

Dicho programa está orientado principalmente a atender a los pequeños productores. Muestra de ello es que 85 por ciento de los empadronados es propietario de cinco o menos hectáreas. Lo anterior es un elemento fundamental que motiva la existencia del Procampo.

La operación se ha realizado con base en un conjunto de reglas, establecidas en el decreto referido, que son de observancia obligatoria y constituyen la base para que la asignación del subsidio sea transparente.

El pasado año sufrimos las peores sequías de los últimos tiempos y más del 86 por ciento del territorio nacional fue impactado por este fenómeno causando estragos en la agricultura y ganadería, recurriendo al sacrificio de animales, lo que trajo consigo la pérdida de más del 40 por ciento del hato ganadero nacional debido a la falta de agua. En el caso de la agricultura se ha visto reflejada en el hecho de que se han dejado de producir más de 1.6 millones de hectáreas de los granos básicos y productos que la población y la industria requiere.

Las condiciones en que se encuentra todavía el campo mexicano exigen disponer de todos los esfuerzos para que ayudar a palear las necesidades que se requieren y que la aplicación de los recursos del Procampo a la totalidad de sus beneficiarios del Ciclo Primavera-Verano no es la excepción.

La motivación que induce al presente punto de acuerdo, es el de solicitar al titular de la Sagarpa que instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a que cumpla con la entrega de los apoyos a que se tienen derechos todos los beneficiarios del Procampo del ciclo primavera-verano 2012.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tiene la producción agropecuaria del país, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entreguen los recursos económicos destinados al Procampo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo. Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar la entrega de los recursos del Procampo del ciclo primavera-verano, una vez que hasta le fecha no se han hecho entrega la totalidad a los beneficiarios.

Tercero. Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que el presente Punto de Acuerdo sea considerado de Urgente y Obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a diversos gobiernos locales a intensificar la prevención, la atención, el control y la erradicación del dengue clásico y hemorrágico, a cargo del diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Rafael González Manríquez, diputado por el estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Primera. El dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por mosquitos del género Aedes. El agente etiológico es el Denguevirus con cuatro serotipos. La infección viral puede producir un cuadro asintomático, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre clásica de dengue, dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue.

Es considerado como la enfermedad más común transmitida por artrópodos (arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con miles de muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de personas en riesgo.

Para la difusión manejo e información respecto a este padecimiento en México se cuenta con un Manual en el que se estructura con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la Vigilancia Epidemiológica, La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades Transmitida por Vector y los lineamientos para el diagnóstico que actualmente establece el Instituto de Referencia y Diagnostico Epidemiológicos (INDRE); de tal manera que en los diferentes capítulos se agrupan los conceptos para cumplir con la vigilancia epidemiológica del Dengue establecidos por la Dirección General de Epidemiología.

Segunda. El aumento en este año de casi tres veces el número de casos confirmadas de fiebre por dengue, en el 2011, con 6008 casos y en el 2012, con 21200, al 9 de octubre del presente año, lo que representa un incremento de 296.8% y de cuatro veces de fiebre hemorrágica por dengue, en el 2011, de 2169 casos y en el 2012 con 11,245 que representa una variación del 418.4%. En 2011 uno de cada cinco casos probable era confirmado y actualmente uno de cada tres debido al cambio de circulación de serotipo.

Tercera. Del total nacional, la transmisión en el presente año se ha concentrado en la región sur del país, que incluye a los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con el 88.1%, así como casi la totalidad de la defunciones 94%, a diferencia del 2011 que en la región represento el 82.69% de la transmisión y el 71% de las defunciones, y aunque son 25 estados los que reportan la presencia del dengue, existe el riesgo de extenderse al resto del país.

Cuarta. Esta enfermedad, se ha convertido en un problema de salud pública nacional, y considerando que el estado de salud de la población y sus necesidades están a cargo de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y de las Secretarías o Servicios de Salud de los estados; estas instituciones tienen la obligación de desarrollar las mejores políticas de salud y garantizar la prestación de los servicios sanitarios, haciendo énfasis en la prevención, atendiendo con meticulosidad los factores de riesgo y a los determinantes socioeconómicos de la salud, teniendo una aproximación permanente y multidisciplinaria con la población en riesgo para no tener que lamentar un problema epidemiológico de graves consecuencias y sobre todo no tener que lamentar más decesos, que lamentablemente recaen en los sectores más desprotegidos de la sociedad, en el caso de Oaxaca se ha agravado por una tardía respuesta de las autoridades sanitarias correspondientes, en las regiones de la Cuenca, Valles Centrales, la Costa y el Istmo de Tehuantepec, están en una verdadera contingencia por la presencia del Dengue.

Quinta. Ahora el cambio climático se convierte en un factor determinante que propicia las condiciones idóneas para la presencia del mosquito transmisor del dengue, esta enfermedad aparece ahora en zonas donde nunca antes se había presentado, las Secretarias de Salud de la entidades federativas afectadas por este azote, han implementado medidas como fumigación, limpieza de zonas de reproducción y visitas a colonias afectadas, sin embargo, la epidemia se sigue extendiendo.

Sexta. Deben tomarse medidas para instrumentar una campaña a nivel nacional para el combate, que inhiba la propagación de la enfermedad, se corre el riesgo de que nuevos municipios y regiones repliquen contagios, e incluso que la enfermedad se extienda a zonas o regiones en los que nunca se habían registrado brotes previos, pues se estudia la posibilidad de una mutación del mosco transmisor para aclimatarse en zonas con más de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, de que las medidas del control, sean tardías, y se generen pérdidas de vidas humanas, que es la parte más lamentable ante la omisión de la autoridad.

Por las razones expuestas, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición:

Punto de acuerdo

Único: La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, a intensificar las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y del hemorrágico a fin de eliminar la tasa de incidencia y la de mortalidad causada por la misma.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 30 de octubre de 2012

Diputado Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a intervenir para que se revise de manera integral y, en su caso, se reencauce oportunamente la inversión del Fonden en la construcción de bordos al río Palizada, en Campeche, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 el artículo 79, el numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las autoridades ejidales y municipales de los ejidos Ribera la Corriente y Lagón Dulce del municipio de Palizada, en el estado de Campeche, han elevado una urgente preocupación y petición al Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua y a las Autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche, para que se revisen urgentemente las obras de construcción de bordos en el margen izquierdo del Rio Palizada, que se llevan a cabo con recursos de Fonden, esencialmente porque estiman que en la forma como se están realizando, no resuelven los problemas de desbordamiento del Río Palizada.

Argumentan los pobladores lo siguiente:

Primero. Que las obras no se están realizando con la altura que el nivel histórico requiere, lo que sustentan con base en los registros que la Comisión Nacional del Agua posee en sus archivos de información al respecto;

Segundo. Que las obras no se construyen de manera continua como era de esperarse, toda vez que se están dejando sin construir tramos de varios kilómetros, al parecer no contemplados en el proyecto;

Tercero. Que de continuar estas obras sin considerar todo lo necesario, será una obra inútil, que puede propiciar la pérdida de algunos tramos de la carretera Palizada – Ribera Gómez, que también se encuentra en reconstrucción, precisamente por la entrada de agua por los tramos con bordo sin construir o por llegarse a rebasar los bordos en construcción.

Cuarto. Que es urgente reconsiderar lo que se está haciendo, porque los recursos del Fonden, pueden agotarse, sin que realmente se logre ese propósito esencial de evitar desbordamientos; es decir, que se agoten los recursos asignados sin que se resuelva lo que se pretende.

Esta es la percepción ciudadana que priva en el Municipio de Palizada, donde se ha sufrido los efectos de los desbordamientos del Río Palizada, con motivo de desastres causados por fenómenos naturales de impacto social, económico y ecológico.

Por la importancia que reviste la intervención oportuna del Director General de la Comisión Nacional del Agua, a fin a fin de llevar a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fondo de Desastres Naturales en la construcción de Bordos al Río Palizada, evitando que se conviertan en obras inútiles y tomando en consideración que en este caso, la toma de decisiones debe ser inmediata, es por lo que estamos solicitando el apoyo de esta Soberanía, para que se apruebe esta Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Titular de la Comisión Nacional del Agua, a intervenir personalmente en la atención urgente de esta problemática, que para los pobladores de Palizada, es de vital importancia.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua, para que en forma urgente intervenga, a fin de llevar a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fondo de Desastres Naturales en la construcción de bordos al río Palizada, en el estado de Campeche, evitando que se conviertan en obras inútiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2012.

Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate de los “productos milagro” por el monitoreo de medios de comunicación masiva, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de la nación, establece en el artículo 4o. la garantía de la protección a la salud.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes confieren al Ejecutivo federal, y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y, en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias descritas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su reglamento.

Así, conforme al citado artículo, a la Cofepris corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la secretaría, en la instauración de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.

Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris, el cual se puede consultar en línea.

Por otro lado, desde hace algunos años aplica el Estado mexicano una lucha por controlar los “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado los famosos artículos anunciados principalmente en las grandes televisoras que dicen curar todo y al final no sirven para nada o, peor aún, atentan contra la salud.

De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de la Procuraduría Federal del Consumidor donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del Estado en esta materia; sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad, tan es así que el pasado mes de marzo del presente año se modificó el Reglamento en materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos públicos o a los privados.

Por lo expuesto presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro”; realizando un monitoreo, de medios de comunicación masiva electrónicos, principalmente televisión, y escritos, a fin de detectar esos productos y proceder con las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de programas sociales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en relación con la creación de una Comisión Especial de programas sociales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado del derecho fundamental que nos asiste de que, la soberanía popular radica en el pueblo, la planeación democrática conlleva el que la ciudadanía mexicana incida en el desarrollo democrático de nuestro país, y por ende el que las instituciones públicas de los tres ordenes de gobierno obliga a que respondan a sus necesidades, como bien lo establecen los artículos 39, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Congruente con lo anterior los programas sociales pueden ser federales, estatales o municipales. También los hay con reglas y sin reglas de operación. El número de los programas sociales varía, pero según el analista o el enfoque de análisis pueden ser desde más de 100 hasta más de 1000.

Mucho se ha hablado de la corrupción en los programas sociales, también de los cuantiosos recursos que ejercen, sobre todo los de carácter federal. Hay programas que no se ejercen durante el ejercicio fiscal un solo peso, y otros muchos que se sabe no llegan a los beneficiarios, pues los recursos son ejercidos por los mismos funcionarios que presiden las dependencias encargadas de administrarlos o por líderes seudo-políticos que se encuentran enquistados en las áreas o sectores que se pretenden favorecer.

No son pocos los recursos que son manejados por el gobierno Federal a través del desarrollo de programas sociales. En el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, tan solo dos secretarías de Estado, de las que concentran una parte importante de los programas sociales, representan casi el 5% del gasto público: Sagarpa; 71, 378, 304, 452 y Sedesol; 84, 859, 857, 194.

Los programas sociales que tienen reglas de operación, cada vez son más inaccesibles porque las reglas en muchos casos ya no son sencillas, esto aunado a la falta de transparencia que ha caracterizado por mucho tiempo al gasto en “desarrollo social”. Por otro lado, los programas que no tienen reglas de operación adolecen de continuo de la discrecionalidad de la autoridad, que en repetidas ocasiones va en contra el interés de los beneficiarios.

La propia evaluación de los programas sociales y los indicadores, así como los instrumentos de medición o no están bien elaborados, o están mal ejecutados, o de plano están sesgados hacia ciertos intereses. Claro esta, sin mencionar los programas que, de origen, no cumplen con una metodología que de cabal y operativamente cumplimiento a los objetivos y justificación del mismo.

Dadas las cantidades exorbitantes de dinero que se destinan a los diferentes programas sociales, aunado a la ausencia de mecanismos y parámetros de medición y de evaluación de los resultados, se puede afirmar que los programas sociales no están cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, esto es generar en bien común. Con mayor razón, si tomamos en cuenta los altos niveles de pobreza y desigualdad que año con año nos reportan organizaciones como Coneval, inclusive el propio Ejecutivo Federal en pronunciamientos y aceptación totalmente oficial implícita.

Asimismo, lo anterior refleja que hay falta de cumplimiento y de congruencia con los objetivos de las políticas públicas, con el Plan Nacional de Desarrollo y con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer párrafo del artículo 134 de la Carta Magna, se establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el DF y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por todo lo anterior, resulta indispensable e impostergable llevar a cabo evaluaciones de impacto de los programas sociales

Los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer las implicaciones y coimplicaciones del gasto público vía programas sociales. Cierto es que los gobernados pueden participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas; no obstante, la manera más institucionalizada y efectiva de hacerlo, es por medio de los representantes políticos libremente elegidos.

El Estado democrático de derecho es quizás el producto más acabado del constitucionalismo moderno, e indudablemente ha sido ápice fundamental en cuanto al reconocimiento y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

La democracia es un régimen político destinado a asegurar el gobierno del pueblo, cuya voluntad debe expresarse siempre mediante mecanismos que garanticen al pueblo el derecho a la participación en la gestión de los asuntos públicos, conforme a los principios de igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia.

Esa expresión de voluntad se ha recogido por la Carta Magna, y como espíritu nacional, se ha decantado por la república representativa. La democracia representativa se nutre a su vez, de principios elementales como el de separación y equilibrio de poderes.

Estos principios comprenden un diseño institucional que debe garantizar el control y la cooperación entre los diversos poderes públicos, asegurando un balance entre ellos. Sin dejar de mencionar que los representantes políticos, en última instancia, siempre tienen que estar sometidos al control del propio pueblo y de sus organizaciones políticas y sociales, con mayor decir de la responsabilidad que como representantes populares nos corresponde a efecto de cumplir a cabalidad con el compromiso irrestricto que tenemos con nuestros representados.

Por ello, resulta totalmente pertinente proceder a la creación de una comisión especial en el seno de la honorable Cámara de Diputados, para cooperar con el Ejecutivo en el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 25 constitucional y garantizar mejores resultados en las políticas públicas y programas sociales.

Máxime cuanto tomamos en cuenta que la evaluación del impacto de los programas sociales está íntimamente relacionada al cumplimiento de sus altos y trascendentes objetivos.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que en términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerde por el Pleno la constitución de una Comisión Especial de Programas Sociales, a fin de evaluar el impacto de dichos programas y proponer ajustes y mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de sus objetivos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prestar en la medida de las posibilidades del país ayuda al gobierno y pueblo cubanos para superar los daños materiales causados por el huracán Sandy, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Alberto Anaya Gutiérrez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

La república y el pueblo mexicano se han caracterizado por ser profundamente solidarios con países hermanos, de cualquier parte del mundo a los que la naturaleza afecta de manera sensible.

Tal es el caso de la hermana República y pueblo de Cuba que afronta las afectaciones que el huracán Sandy dejo en el sur de Cuba.

El jueves 25 de octubre al pasar por territorio cubano dejo grandes afectaciones en las provincias del sureste de la isla, como lo fue Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, se vivieron grandes afectaciones.

Se perdieron cultivos diversos y la población civil se vio seriamente afectada, alrededor de 340 mil personas tuvieron que ser evacuadas para garantizar su integridad física.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos seguros que el gobierno y el pueblo de México sabrán ser solidarios con el hermano pueblo de Cuba y en otros países donde también hubo afectaciones.

Por ello solicitamos del gobierno de México, se pueda dar toda la ayuda material que éste pueda brindar, para paliar en lo posible las graves necesidades que en este momento se tienen en Cuba.

No tenemos que recordar que a los dos países y pueblos nos unen profundos lazos de amistad que en estos difíciles momentos para ellos, es necesario refrendar. Más allá de diferendos transitorios entre gobiernos la amistad entre nuestros pueblos es y será permanente.

También exhortamos a la población civil a que haciendo un esfuerzo pueda apoyar con donativos en especie al pueblo cubano para que logren superar lo más pronto posible esta difícil situación.

México ha recibido, también, la ayuda desinteresada de otros países como lo fue en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 o en otros desastres naturales.

Por ello hoy tenemos, nosotros, el deber solidario y fraterno de ayudar a nuestros hermanos cubanos.

Sólo países que hayan afrontado el embate de la naturaleza están en condiciones de comprender lo que otro pueblo puede padecer.

Por último, queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido.

Por estas consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la proposición con

Punto Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la medida de las posibilidades del país, pueda prestar toda la ayuda que sea posible al gobierno y pueblo de Cuba que les permita superar los daños materiales causados por el huracán Sandy a su paso por dicha isla los últimos días de octubre pasado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SCT a liberar los recursos aprobados por esta soberanía en el PEF de 2012 para los programas y proyectos de inversión del sector “Comunicaciones y transportes” jalisciense, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputado Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Los proyectos de inversión para ampliar la infraestructura económica y comunicativa han sido un detonante del desarrollo regional. Reviste especial importancia los relativos a la infraestructura carretera, incluyéndose los de construcción y modernización, así como los caminos rurales y las alimentadoras, pues conforman la base de interacción económica entre las poblaciones.

La Cámara de Diputados en uso de su facultad constitucional de ampliar y etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ha venido reasignando cantidades a diversos proyectos carreteros, atendiendo a las necesidades que se presentan en las comunidades y localidades de los municipios.

Asimismo no son menores en el interés público aquellos proyectos encaminados a la movilidad urbana, como son las construcciones de puentes, vados y nodos viales que sirven para hacer más eficaz el tránsito vehicular en las grandes ciudades.

En atención al Informe de Avance de Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para 2012, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al segundo trimestre, el monto aprobado por la Cámara de Diputados para construcción y modernización de la infraestructura carretera del Estado de Jalisco fue de $1,224 millones de pesos. Para caminos rurales y carreteras alimentadoras el presupuesto para la entidad fue de $926.7 millones de pesos. De estos montos en conjunto solo se han ejercido recursos por $ 565.12 millones de pesos. Lo cual indica un avance financiero de sólo 26.27 por ciento de todo el gasto etiquetado para Jalisco en infraestructura carretera.

Es decir, de acuerdo con el último informe trimestral disponible y a escasos dos meses para concluir el año, el ejecutivo federal no ha ejercido los recursos presupuestarios con la debida celeridad, de la mayoría de los proyectos carreteros para el Estado de Jalisco del PEF 2012. Incluso aquellos proyectos que cuentan con su clave ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también presentan atrasos y estos se debe en la mayoría de los casos, a la tramitología burocrática, llamada así en el jerga popular mexicana, la cual representa un calvario que tienen que lidiar los municipios para acceder a dichos recursos.

Es común observar este tipo de prácticas en la presente administración, ya que recurrentemente las dependencias encargadas de liberar los recursos han sido incapaces, insensibles y omisas en la atención con las autoridades municipales sobre la gestión de los recursos que la Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con la misma información de la Secretaría de Hacienda, referentes a los subejercicios al segundo trimestre de 2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subejercicio acumulado a la fecha totalizó 1’585,5 millones. Ésta es solo una muestra de la falta de sensibilidad con que se ha conducido el actual gobierno.

Aunado a la información que presenta la Secretaría de Hacienda, es muy recurrente que los alcaldes al momento de solicitar la liberación de los recursos para ejecutar sus proyectos presupuestados, se quejen de la falta de atención oportuna en las delegaciones en los Estados de las dependencias federales y reciban siempre como respuesta la negativa bajo la excusa de que la Secretaría de Hacienda no les ha transferido los recursos.

Pero también en muchas ocasiones, aún contando con los recursos disponibles, los servidores públicos de las del Gobierno Federal, entorpecen el avance de los proyectos, en vez de dar solución a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba.

En el caso de Jalisco, parecería que dichos servidores se afanan por bloquear el acceso a los recursos presupuestados por mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.

La mayoría de los 78 proyectos carreteros y de transporte que aparecen en el último reporte trimestral, fueron presentados por los municipios, a lo que esta soberanía en aras de atender las necesidades de su infraestructura económica les asignó los recursos disponibles para que se pudieran construir y así contribuir a su desarrollo.

La actitud negativa que en ocasiones toman los funcionarios ya sea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la de Comunicaciones y Transportes y de sus respectivas delegaciones en Jalisco, se traduce en un grave problema para construir las vías de comunicación modernas y seguras que varias localidades necesitan, ocasionando con ello que el proceso de urbanización de los municipios se vea frenado por la falta de compromiso de los funcionarios.

Es por ello, que en atención a las peticiones hechas por diversas autoridades municipales y de la población del Estado de Jalisco, se somete a consideración de esta Soberanía, la proposición de emitir un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ambas dependencias del Ejecutivo Federal, para que liberen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias los recursos que este órgano legislativo autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.

Por eso, en tal virtud se solicita su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ambas del Ejecutivo Federal, a liberar con la mayor brevedad, los recursos para la ejecución y conclusión de los programas y proyectos de inversión del Sector de Comunicaciones y Transportes para el estado de Jalisco, aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de año 2012.

Diputado Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Rosado, diputado por el estado de Oaxaca, a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Chimalapas, zona de las etnias Zoque y Tzotzil, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapa.

Por muchas razones los Chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.

En este sentido, los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.

Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594 mil hectáreas. (6 millones 759 mil 31 kilómetros cuadrados), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.

Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100 mil hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los Chimalapas.

Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa, sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.

Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.

El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario, y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22 mil 929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas incluyendo todos los poblados.

Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.

A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el ministro instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.

Actualmente las autoridades comunales Chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.

Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con los gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en el artículo 79, someto a la consideración de esta soberanía y con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo por la violencia e inseguridad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, inciso 1, fracción II, e inciso 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 15 de octubre una médica pasante de 25 años fue brutalmente violada y golpeada mientras realizaba su servicio social en un centro de salud rural de la comunidad El Macho, estado de Nayarit. Ella es originaria de Los Mochis, Sinaloa, de quien se ha reservado el nombre por motivos de seguridad, sin embargo se reporta que su estado aún es grave por la brutalidad de la agresión de la que fue objeto.

Este hecho ha causado indignación entre la comunidad médica del país, pues se suma a una serie de amenazas y agresiones que sufren médicos y pasantes cotidianamente en diferentes partes del país, particularmente en aquellas zonas y regiones azotadas por la violencia generalizada producto del crimen organizado, o que bajo esa cortina amedrentan a médicos que prestan su servicios.

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) en los últimos seis años, al menos 71 médicos pasantes han sido amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país, “sin que la Secretaría de Salud y las autoridades de los estados y municipios en los que prestan su servicio social les brinden seguridad de manera oportuna”, afirma la Asociación.

Los datos reportan que en los últimos 6 años, tres médicos pasantes han sido asesinados, dos fueron secuestrados, uno más agredido con picahielos, al menos dos han sido levantados por comandos armados para atender a personas heridas y 62 han sido amenazados. Hechos a los que se suma el reciente y lamentable caso de la médica violada y brutalmente agredida en Nayarit.

La mayoría de los casos ocurrieron en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Monterrey, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Campeche.

Estos hechos, además de vulnerar la seguridad del personal médico, están generando que haya unidades médicas que prácticamente queden vacías y no puedan dar los servicios a la comunidad, que al mismo tiempo está siendo violentada por la inseguridad que se vive en esos lugares.

Dentro de las solicitudes que hace la AMFEM está la de elaborar una norma oficial mexicana para regular las condiciones físicas de las unidades médicas, así como establecer los protocolos de seguridad para médicos y pasantes particularmente en aquellas zonas que son consideradas de alto riesgo por los niveles de violencia que enfrentan, a fin de garantizar que los servicios médicos que se prestan en esas unidades médicas no se vean suspendidos ni interrumpidos, pues son servicios que requieren la población que vive en esas comunidades.

Es urgente que las autoridades correspondientes implementen acciones coordinadas a fin de brindar los elementos que garanticen la seguridad de los médicos y pasantes que brindan sus servicios en las zonas que se han identificado donde corren mayores riesgos, a fin de proteger su integridad física y al mismo tiempo seguir dotando de los servicios médicos que la población requiere.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y estatales, y a las Secretarías de Seguridad Pública correspondientes a implementar acciones de manera coordinada a fin de proporcionar seguridad al personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo debido a la violencia e inseguridad.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a iniciar el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que regule las condiciones físicas de las unidades médicas y establezca los protocolos de seguridad a fin de brindar condiciones y garantizar la integridad física de médicos y pasantes en unidades de salud en zonas de riesgo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a salvaguardar los derechos humanos y la integridad física de los habitantes de la unidad Lomas del Parque, en San Francisco Chilpan, Tultitlán, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en los términos siguientes

Desde el año de 1995, la asociación civil “Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque”, adquirió la propiedad de 27.08 hectáreas en el municipio de San Francisco Chilpan en Tultitlan, estado de México, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con la escritura pública número 261855. La negociación de compraventa se llevó a cabo con la comparecencia del Instituto de Acción Urbana e Integración Social y el Banco del Centro, SA, y con el crédito señalado con el folio 2314 otorgado por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para la edificación de mil 653 viviendas, destinadas a personas de bajos recursos económicos.

A partir de 2002, el predio en cuestión ha sido objeto de venta ilegal por fraccionadores clandestinos que se dicen ser ejidatarios. Hasta la fecha, en aproximadamente 17.08 hectáreas de terreno hay más de mil asentamientos irregulares. Debido a lo anterior, la asociación Lomas del Parque ha interpuesto diferentes denuncias penales; a saber: la TUL/MEBI/05/02, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa número 202/022; la PRE/FE/070/03, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa 186/03; la PRE/FE/075/03, consignada al Juzgado Segundo de lo Penal, con la causa penal 16/04; y la LER/078/2004, consignada al Juez Cuarto de lo Penal, con la causa 6904. Todas éstas, en Cuautitlán, México, quedando bajo resguardo de desarrollo urbano del gobierno del estado de México.

En diciembre de 2007, presuntos ejidatarios, representados por el señor José María Fuentes y familia, interpusieron un amparo administrativo, ante el Juzgado Primero de Distrito en Naucalpan de Juárez, México, con el número de expediente 1166/07. Los supuesto ejidatarios carecen de derechos sobre el predio que han invadido, han interpuesto diversos amparos, los que han sido improcedentes, toda vez que el gobierno estatal pagó la indemnización que corresponde al núcleo ejidal por la expropiación, además de que se acredito el despojo y el fraude denunciado en diversas ocasiones ante autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el estado de México.

Derivado de un conflicto por el despojo de varias fracciones del predio y con la tolerancia de las autoridades de los gobiernos del estado de México y del municipio de Tultitlán, el pasado 26 de octubre del año en curso, un grupo de habitantes del predio (integrado mayormente por mujeres) resultaron agredidos por un grupo de golpeadores armados con machetes y palos, dirigidos por los señores Melesio Fuentes Juárez, José María Fuentes Juárez y su representante legal Iván Fuentes. Con resultados graves que violentan los derechos humanos y la integridad física de los las personas, una de ellas, Isabel Hernández Mendoza, lesionada con un machetazo en el rostro, por lo cual se encuentra ingresada en el hospital “José María Morelos y Pavón”, del Instituto de Salud del estado de México y Rodrigo Alonso Narváez, así también Miriam Yesenia, Mayra, Jesús Antonio, Mario Alberto y María, todos con apellido Espinosa López, quienes igualmente se encuentran hospitalizados en otros nosocomios debido a la gravedad de las lesiones.

Al día de hoy los supuestos ejidatarios siguen amenazando a los Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, quienes pertenecen a la Unión Popular Revolucionario Emiliano Zapata (UPREZ), con la tolerancia e indiferencia del gobierno municipal de Tultitlán y de las secretarías general de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del gobierno del estado de México. Por lo que existe la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal, observando el mayor respeto a la soberanía del estado, para que garantice la seguridad de las familias que actualmente habitan una fracción del predio invadido, además de que garantice el acceso a la justicia con la actuación legal e imparcial de la Procuraduría de Justicia del estado de México en la investigación y persecución de los delitos cometidos por el grupo agresor.

Es claro que al conflicto no se le ha dado la atención que el mismo requiere por parte del gobierno del estado de México, ni por el municipio de Tultitlan, ya que a más de 15 años de su origen, éste va en aumento, teniendo actualmente a Isabel Hernández Mendoza, debatiéndose entre la vida y la muerte como consecuencia de la lesión causada por un machetazo en el rostro. Lo anterior, a pesar de contar con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y cuarto, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Con pleno respeto a la soberanía del estado de México, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo local, doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México para que a través de las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, así como de la Procuraduría General de Justicia, se salvaguarde la integridad física de los habitantes de la Unidad Lomas del Parque, en la localidad de San Francisco Chipan, municipio de Tultitlán, estado de México.

Segundo. Se investigue y determine la responsabilidad penal y civil de los agresores y se recupere el predio invadido propiedad de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, miembros de la Unión Popular Emiliano Zapata.

Tercero. Se investigue y sancione la omisión de los cuerpos de Secretaría de Seguridad Ciudadana que no actuaron ante la agresión de los invasores, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los habitantes de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico que atiendan el problema imperante en el país sobre la concesión, la asignación y los permisos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y bienes públicos inherentes y, en particular, el caso presente en cuencas y acuíferos de los Altos, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución proposición con puntos de acuerdo, a fin de que se solicite a la Comisión Nacional del Agua y a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico atender la problemática referente a la concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que se vive en el país y, en particular, el caso que se presenta en las cuencas y acuíferos de Los Altos, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es el principio de la vida, y también en ella se basa su sustento. Es uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza.

Según estimaciones, poco más del 97 por ciento del volumen de agua existente en nuestro planeta es salada y está contenida en océanos y mares; menos del tres por ciento es agua dulce o de baja salinidad.

Del volumen total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos, poco más del 75 por ciento está concentrado en casquetes polares, glaciares y nieves eternas; el 21 por ciento se encuentra en el subsuelo; y cuatro por ciento se ubica en cuerpos y cursos de agua superficial, como lagos y ríos.

En México contamos con mar, ríos, lagos, lagunas, ojos de agua y acumulaciones de aguas subterráneas. Adicionalmente, se da la distribución de las lluvias en el territorio, pero son de manera irregular; éstas son abundantes en el sur, desde Tabasco y Chiapas hasta la Península de Yucatán, y en las costas del Golfo de México. Por el contrario, hacia el norte su magnitud es menor. Una parte considerable del país ha erosionado, por lo que se considera desierto o semidesierto.

Los ríos más importantes se localizan en el sur y sureste. Conforme se avanza hacia el norte, se reduce la concentración de agua renovable de los mantos subterráneos.

La altitud es un factor importante también; la mayor parte del agua disponible se localiza a elevaciones sobre el nivel del mar inferiores a los mil metros. En contraste, los centros más demandantes de agua se encuentran por encima de esta altitud.

En el noroeste, donde la lluvia media anual es inferior al promedio nacional, se encuentran las zonas agrícolas más desarrolladas del país.

La zona metropolitana del valle de México, área formada por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados, uno del estado de Hidalgo, y 59 del estado de México, que según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, tenía una población de poco más de 20 millones de habitantes, es la de mayor demanda de agua de uso doméstico e industrial, y la situación se complica por encontrarse por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar. Por tal motivo, ha sido necesario construir grandes obras de ingeniería hidráulica para satisfacer la demanda de esta región.

La necesidad de agua subterránea para usos urbano, industrial y agrícola ha rebasado la capacidad de recarga de muchos acuíferos; los acuíferos costeños se contaminan con aguas salinas, y en el interior del territorio los abatimientos son tan alarmantes, que hacen incosteable la extracción de agua y amenazan el agotamiento de la fuente de suministro.

En la agricultura de riego se emplea el 85 por ciento del consumo anual de agua en el país.

En zonas importantes donde existe disponibilidad de agua y tierra, la falta de inversión en infraestructura y tecnología no permite su desarrollo económico; con unidades productivas que aprovechen y conserven los recursos naturales e incrementen la producción y la productividad, se incidirá favorablemente en el progreso local y regional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara como propiedad de la nación a las aguas, en el artículo 27:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

...

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (el, sic DOF 20-01-1960) derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes (intermitentes, sic DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la república y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados.

El Estado mexicano creó para hacerse cargo del sector hidráulico, la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización en 1917; la Comisión Nacional de Irrigación en 1926; la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (CNA), creada en 1989, administra y preserva las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso.

La Ley de Aguas Nacionales establece el marco institucional para la administración integral del agua, en calidad y cantidad, sustentado en la Comisión Nacional del Agua, a la cual le otorga las facultades necesarias para la aplicación del marco regulatorio de los derechos y obligaciones de los usuarios, así como la aplicación de los incentivos de tipo económico que inducen el uso eficiente del agua y su calidad.

La Ley de Aguas Nacionales le da el sustento a la CNA:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

...

XII. “Comisión Nacional del Agua”: Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;

.....

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión se organizará en dos modalidades:

a. El nivel nacional; y

b. El nivel regional hidrológico-administrativo, a través de sus organismos de cuenca.

...

Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes:

I. Fungir como la autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo federal o la Secretaría y las que estén bajo la responsabilidad de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;

...

Asimismo, la CNA es la responsable de apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica, según se indica en el mismo artículo 9:

...

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo federal, así como en los demás casos que establezca esta ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de la Comisión en su nivel nacional;

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

...

Así pues, en general, la CNA es la encargada de regular el otorgamiento de concesiones; de la administración y custodia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, cuyo uso, aprovechamiento y explotación realizan los diferentes usuarios mediante un título de concesión o asignación que les otorga la propia Comisión, así como del otorgamiento de permisos de descargas de aguas residuales de los usuarios a ríos, lagos, lagunas.

En particular, en lo referente a concesiones, el principio constitucional que lo enmarca es el artículo 27:

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, las concesiones se centran en los artículos tres y nueve ya citados, además de las fracciones siguientes:

Artículo 3. ...

...

XIII. “Concesión”: Título que otorga el Ejecutivo federal, a través de la Comisión o del organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación;

Artículo 9. ...

...

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;

...

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente ley;

Respecto al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, las concesiones se regulan mediante los artículos:

Artículo 29. Las solicitudes de concesiones o asignaciones podrán ser presentadas tanto por personas físicas como por personas morales, debiendo acreditar estas últimas su existencia legal, así como la personalidad jurídica del promovente.

Artículo 30. Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, en su caso: el permiso de descarga de aguas residuales, el permiso para la realización de las obras que se requieran para el aprovechamiento del agua y la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o zonas federales a cargo de la Comisión.

En el uso agrícola a que se refiere el capítulo II del título sexto de la ley, al presentarse la solicitud de concesión no se necesitará solicitar al mismo tiempo el permiso de descarga de aguas residuales, pero en la solicitud deberán asumir la obligación de sujetarse a las normas oficiales mexicanas y a las condiciones particulares de descarga que en su caso se emitan y, en especial, a lo dispuesto en el artículo 96 de la ley y en el artículo 137 de este reglamento.

Dentro del plazo establecido en la ley para expedir la concesión o asignación de agua, en el mismo título se otorgarán las concesiones, asignaciones y permisos solicitados.

Lo anterior sin perjuicio, de que conforme a la ley y al presente reglamento, cuando ya exista concesión o asignación de agua se pueda solicitar por separado el permiso de descarga. Igualmente, por separado se podrán solicitar las concesiones que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos y zonas federales o de los materiales de construcción contenidos en los mismos.

Sobre el período de vigencia de las concesiones, autorizaciones o permisos, son solicitadas por el propio interesado y se otorgan conforme a lo mandatado en la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la autoridad del agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

...

En este contexto, la consolidación de la Comisión Nacional del Agua y la modernización de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sitúan a México en una posición de avanzada al conformar un marco jurídico e institucional que impulsa la administración integral de sus recursos hidráulicos, de manera sustentable, enmarcados en la misma ley.

El objetivo de fortalecer al sector hidráulico y a sus estructuras, organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios que administran sistemas de riego, empresas concesionarias, constructores, consultores y proveedores, deberá seguir siendo una tarea prioritaria que culmine en un desarrollo autosostenido. La participación de la sociedad es indispensable.

Para ello, se requiere de recursos suficientes para atender las necesidades de cada región, incrementar significativamente las inversiones en infraestructura, desarrollar tecnología para hacer más eficiente el aprovechamiento y conservación del agua, así como destinar mayores apoyos a las zonas marginadas del país.

La participación de usuarios en el financiamiento y ejecución de obras y continuación con la transferencia a éstos de la responsabilidad de operar y conservar los sistemas hidráulicos, ha aumentado durante los últimos años.

Sin embargo, debido a la difícil situación económica y financiera por la que atraviesan el país, los estados, municipios; por la escasez de recursos para la construcción, operación eficiente y la conservación de la infraestructura hidráulica; por los problemas que se han generado por la sequía ante la escases de aguas pluviales; por la extracción excesiva de ríos, lagos, lagunas, ojos de agua y acumulaciones de aguas subterráneas; por la falta de regularizaciones y renovaciones de las concesiones, entre otras, usuarios de diversas regiones del país no han podido solicitar las prórrogas de sus títulos de concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes previstos en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

El caso particular que ha generado este punto de acuerdo, se refiere al estado de Jalisco, el cual aporta 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, y de la importante región de Los Altos, que produce 1.42 por ciento del PIB del país (aproximadamente 23 por ciento del PIB de Jalisco, y superior de manera individual al de cada uno de los siguientes estados: Yucatán, Morelos, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala).

La región de Los Altos es la principal productora agropecuaria del país, siendo líder en producción de leche, actividad de la que dependen más de 4,500 familias, y generan alrededor de 40,000 empleos directos y 200,000 indirectos, tan solo en este sector.

A pesar de los datos anteriores, el titular de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, ha emprendido una persecución sin precedentes en el país contra los usuarios de aguas nacionales de Los Altos, al destinar 48 ejecutores o inspectores pretextando el cumplimiento del acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, emitido por el titular del Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 25 de enero de 2012.

El titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ha omitido lo dispuesto en el artículo tercero, inciso V, del acuerdo mencionado, y no sólo no realiza acciones para beneficiar a los afectados, sino que ha iniciado una serie de procedimientos administrativos y clausuras de pozos, privando del vital líquido a las personas que habitan esa zona rural y, por consiguiente, a los animales de granja, atentando con ello el derecho humano fundamental de acceso al agua; estas acciones han agravado aún más el problema de la sequía extrema y la economía regional.

Artículo Tercero. Para agilizar el ejercicio de recursos públicos y la realización de obras públicas para atender los efectos de la sequía, se instruye lo siguiente:

...

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestarán facilidades a las entidades federativas que así lo requieran, para utilizar el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, establecido en el transitorio vigésimo sexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en apoyo a las operaciones asociadas a infraestructura, que incluyen equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como el pago de las obligaciones de concurrencia de recursos con la federación;

Asimismo, el organismo actúa de manera contraria al espíritu central del acuerdo ya que, sumado a la escases de aguas pluviales temporales que aumenta la sequía, las clausuras indiscriminadas de pozos causan una mayor pérdida económica a los productores pecuarios, lo que también impacta de manera negativa en la producción de alimentos.

“Que la seguridad alimentaria nacional es un tema prioritario para la presente administración por lo que se han venido tomando todas las medidas de política social, económica y fiscal para garantizar el abasto de alimentos en el país. Por ello, no sólo se ha actuado con determinación para potenciar las capacidades productivas del sector rural, sino también para definir los cupos de importación que se requieran para asegurar la disponibilidad de granos básicos en todo el territorio nacional, en particular de frijol y de maíz blanco para consumo humano;

Que esta situación de emergencia es un asunto que convoca y compromete a los tres órdenes de gobierno, a los poderes públicos y a la ciudadanía, por lo que se requiere de la unidad, solidaridad y corresponsabilidad de todos para superar los efectos de la sequía;

A pesar del espectacular anuncio y de la buena voluntad del titular del Ejecutivo federal, hasta la fecha no se ha convocado a los productores agropecuarios ni a la ciudadanía a participar en ningún programa o plan integral al respecto, pese a haberlo solicitado desde el 17 de octubre del 2011.

El problema es muy grave y no se le está dando la atención que requiere. El campo ha sido abandonado durante los últimos años y solo se han implementado programas que no han sido adecuados ni han cumplido con los fines para los que fueron creados, volviéndose en botines para sus dirigentes.

Si Los Altos disminuyen la producción de alimentos, las repercusiones generarán graves problemas económicos y de desarrollo social nacionales, y no solo para esa región.

Los productores agropecuarios están conscientes de la necesidad de optimizar el agua, tanto por la conservación del recurso, como por el alto costo energético del bombeo de la misma.

También, se encuentran en la disposición de cumplir con la normatividad y participar de manera activa, en programas y planes integrales como primeros interesados en contribuir con su esfuerzo a la seguridad alimentaria del país.

Para ello, es necesario que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico elabore un plan integral de manejo de cuencas y acuíferos de Los Altos, con el propósito de establecer estrategias que propicien la preservación y el abasto de agua para sostener el desarrollo actual de esta región, con la participación de los tres niveles de gobierno, usuarios de aguas nacionales, instituciones académicas y sociedad organizada.

Con el fin de evitar que la zona de Los Altos atreviese por problemas económicos mayores que afectarán a todo el país, es urgente que se suspendan las acciones que viene ejerciendo la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y se convoque a la octava sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco, que debió realizarse en mayo de 2012, para analizar la difícil situación por la que atraviesa esa región, y así puedan encontrar soluciones inmediatas que mitiguen los efectos de la grave sequía por la que atraviesan.

Por tal motivo, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar o conservar a los causantes por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, es importante considerar la oportunidad de extender el período para la solicitud de prórrogas de los títulos vigentes por los que se hubieren otorgado, haciendo una excepción especial, por las circunstancias antes descritas, de lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, que establece que las solicitudes deberán presentarse dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento; de lo contrario, la falta de presentación de la solicitud dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Es imperativo fortalecer el sistema financiero del agua mediante la conservación y el incremento del número de causantes inscritos en los sistemas de cobro de derechos por el uso del agua y por la descarga de aguas residuales.

Por su parte, los causantes por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, deberán cumplir, en el plazo solicitado, con toda la normatividad establecida en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua establecer un mecanismo de ampliación, hasta por seis meses más a partir de noviembre de 2012 y por única ocasión, para que personas físicas o morales de carácter público y privado, puedan solicitar prórrogas de títulos de concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes previstos en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y no se determine que por falta de presentación de la solicitud dentro del plazo establecido, se considere que renunciaron a su derecho de solicitar la prórroga.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua dar atención y prioridad a la solicitud de prórrogas de concesión de los títulos vigentes para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, de la población dispersa y de escasos recursos del medio rural, de las comunidades de población indígena y de la población que habita en condiciones de marginación en las grandes ciudades, para no afectar aún más su calidad de vida.

Tercero. Se insta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, respete el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, emitido por el titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 25 de enero de 2012, y se suspendan de manera inmediata los procedimientos administrativos y clausuras de pozos que se llevan a cabo en Los Altos, Jalisco, y otras regiones del país, a fin de evitar mayores pérdidas económicas a los productores pecuarios y de disminuir la producción de alimentos, lo que incidirá negativamente en el consumidor.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, se convoque, a la brevedad posible, a la octava sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco, a fin de analizar la difícil situación por la que atraviesa esa región y así, puedan encontrar soluciones inmediatas que mitiguen los efectos de la grave sequía por la que atraviesan.

Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, con la participación de los tres niveles de gobierno, usuarios de aguas nacionales, instituciones científicas, académicas y sociedad organizada, se elabore un plan integral de manejo de cuencas y acuíferos de Los Altos, con el propósito de establecer estrategias que permitan el desarrollo sustentable de esa cuenca que beneficie a sus habitantes.

Se someten los puntos de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado José Noel Pérez de Alba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía proposición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo, entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba– quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.

Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1 por ciento de los recursos federales, frente al 10.1 por ciento que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1 por ciento de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social de 6 mil 266 millones, 879 mil 767 pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6 mil 266 millones, 879 mil 767 pesos, con 12 centavos.

Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5 mil 889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del agave, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Luis Armando Córdova Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Agave, con base en los siguientes

Consideraciones

El género agave, significa en griego “noble o admirable”. Es una planta perenne de zonas áridas, originaria del continente americano, cuyos elementos que la forman son principalmente fibras, azúcares, sales minerales y agua. En el centro de la piña del agave se concentra el jugo natural con altos contenidos de fructuosa, de carbohidratos llamados fructanos, así como grasas que le dan su distinguido sabor y olor.

Los agaves son fuente de producción de diferentes tipos de bebidas, como la savia natural de sabor dulce, conocida comúnmente como aguamiel.

Para Jalisco, el Agave Azul Tequilana Weber, es el principal producto económico del estado, utilizado como materia prima básica para la elaboración del Tequila, considerada como la bebida embajadora de México ante el mundo.

Esta especie de agave, se localiza en 180 municipios de cinco estados del país, que forman parte de la Denominación de Origen Tequila: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, y solamente en esos municipios se puede obtener la materia prima para la elaboración de esta bebida, misma que, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-006-CSFI-2005, se obtiene de la destilación de azúcares del mezcal o agave azul (aun cuando no es la única bebida mexicana derivada del género agave), la cual puede contener 100 por ciento de esta materia prima o una proporción no mayor a 49 por ciento de otros azúcares.

La industria del tequila ha tenido por muchos años un alto significado económico no sólo para Jalisco y los demás estados que se han señalado, sino para todo el país. Desde el siglo XVII esta actividad ha simbolizado un importante motor de crecimiento. La industria del tequila tiene una nobleza peculiar al involucrar no sólo a las cadenas de producción, envasado y verificación, sino que representa además importantes fuentes de empleo, identidad cultural y turística.

Cifras del Consejo Regulador del Tequila, indican que de enero a septiembre de 2012, se exportaron un total de 127.4 millones de litros de tequila a 40 por ciento de alcohol volumen. La exportación total registró un aumento de 0.4 por ciento con respecto a 2011, que correspondió al envió de 126.9 millones de litros. En relación al tequila elaborado totalmente con Agave Azul Tequilana Weber registró una salida al extranjero de 44.3 millones de litros. Los principales países importadores de tequila son en primer lugar Estados Unidos y le siguen Alemania, Reino Unido, España, Francia, Panamá, Rusia, Japón, Singapur y Venezuela.

El 9 de diciembre de 1974, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución del 22 de noviembre de ese mismo año, emitida por la entonces Secretaría de Industria y Comercio, por la cual se otorgó la protección a la Denominación de Origen del Tequila, estableciendo un territorio de denominación de origen. Dicha denominación ha tenido como resultado que los productos que se expenden en el mundo cuenten con la garantía en calidad que es lo que les ha dado fama, y que la región con la denominación de origen se beneficie del impacto económico y el auge de este producto a nivel mundial. Cabe mencionar que para llamarse tequila, la bebida debe estar elaborada en México, en la región tequilera y contener al menos 51 por ciento de agave, aunque los tequilas más puros contienen 100 por ciento agave.

En 1974, México firmó el Acuerdo de Lisboa, e inscribió al tequila como una Denominación de Origen, lo que permitió el incremento de la producción en 55 por ciento de 1970 a 1980, con una apertura de consumo hacia el mercado externo y posibilitando la promoción de esta emblemática bebida en el cine, principalmente en los Estados Unidos.

El 17 de mayo de 1994, se constituyó el Consejo Regulador del Tequila (CRT), bajo la iniciativa de la Cámara de los Productores del Tequila, como un organismo imparcial, con personalidad jurídica propia, sin fines lucrativos y con alcances nacionales e internacionales, cuyo objetivo es verificar y certificar el proceso de la producción del tequila. El consejo lo integran productores de tequila, cultivadores de agave, envasadores, vendedores y los representantes del gobierno mexicano y es la organización que ha sido acreditada por el gobierno mexicano para inspeccionar y certificar que la producción, envasado y etiquetado del tequila, se está llevando a cabo de acuerdo con la Norma Oficial del Tequila.

En 1997 se crea el tren turístico Tequila Express, que a lo largo de 15 años ha realizado mil 167 viajes moviendo a 300 mil pasajeros. El objetivo de este proyecto se ha enfocado en ser pionero de en una nueva forma de hacer turismo, haciendo un recorrido por los vistosos paisajes agaveros y preservar al mariachi, el tequila y la charrería como elementos de identidad nacional.

En julio de 2006 la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) nombró patrimonio mundial de la humanidad a toda la zona tequilera (El paisaje de agaves), que abarca más de 34 mil hectáreas.

El agave azul tiene amplias bondades, no sólo como se ha señalado en su utilización para la el desarrollo de la industria tequilera. Tiene además otras importantes, destacadas e innovadoras aplicaciones:

• El agave en el ramo de la ciencia

En el ramo de la ciencia, investigadores químicos desde hace varios años se han abocado al estudio de un compuesto derivado del agave azul, que podría conducir en el desarrollo de un medicamento eficaz para el tratamiento de la colitis ulcerativa, síndrome irritable del intestino, cáncer, la enfermedad de Crohn y otras enfermedades del colon.

Los fructanos, que son los polímeros de la fructuosa, fueron desarrollados por científicos en México, a través de microesferas minúsculas que son capaces de llevar las drogas existentes que se utilizan para tratar enfermedades del colon. Son –de acuerdo a los estudios– resistentes a la degradación ácida y teóricamente podrían ser un vehículo útil en la entrega de medicamentos, y solamente algunas plantas, como el agave, contienen fructanos en grandes cantidades. Este estudio ha sido desde entonces financiado por el Consejo Nacional Mexicano de Ciencia y Tecnología.

• El agave en la producción de papel, abono orgánico, miel e inulina

El 9 de julio de 2010, la Comisión de Desarrollo Agrícola del Congreso del Estado de Jalisco, realizó el foro El Agave y su Diversidad , en dicho evento, se destacó que la piña del agave se puede utilizar para la fabricación del papel; para la fabricación de abono orgánico; y la posibilidad de producir miel y fabricar inulina, que es un ingrediente alimenticio de grandes beneficios para la salud; y gracias a la biotecnología puede extraerse de la piña del Agave Azul Tequilana Weber, además de tener un alto contenido de fibra y su efecto prebiótico, suplemento con amplia demanda en los mercados de Asia y Europa.

• El agave como forraje para ganado

El agave es utilizado como forraje para el ganado, que de acuerdo al análisis bromatológico, contiene materia seca (M.S) 88.65 por ciento, proteína 10.79 por ciento, humedad 11,35 por ciento, cenizas 5,64 por ciento, grasa 1.15 por ciento y fibra 24.55 por ciento. Se estima que el uso de agave en forraje es revuelto con materia seca como rastrojo, aporta energía en los meses de invierno, en el caso de lugares que presentan bajas temperaturas.

• El agave para producción de etanol

De la base del bagazo del Agave Azul Tequilana Weber, se puede obtener etanol, ello implicaría dar un valor real al residuo y fomentar un combustible que sea amigable con el medio ambiente.

• El agave en la industria de la construcción

Las fibras del agave se han venido utilizando como aislantes térmicos, techos falsos y materiales compuestos en la construcción de edificios.

• El agave en los centros de investigación

Recientemente, el director general del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño en Jalisco (CIATEJ)1 , José de Anda Sánchez, ha destacado que Jalisco contará en 2013 con el primer centro de investigación del agave, tequila y derivados. El objetivo de este centro será realizar investigaciones en el campo de la biotecnología vegetal, industrial y de alimento. Además de estudiar las agaváceas para preservar su germoplasma, principalmente, y evitar en un futuro su peligro de extinción.

• El agave y la generación de empleos

La cadena productiva agave-tequila en la DOT cuenta con 17 mil 500 agricultores en 85 mil hectáreas con 229.2 millones de agaves, de los 181 municipios protegidos por la DOT, 130 cuentan con agave plantado, esta industria es fuente de ingresos para alrededor de 50 mil familias y cuenta con 159 empresas.

La situación actual del Agave Azul Tequilana Weber en los cinco estados de la DOT, es la siguiente, Jalisco cuenta con 77 por ciento, Nayarit tienen 7 por ciento, Guanajuato 6 por ciento; Tamaulipas y Michoacán cuentan con 5 por ciento, respectivamente.

• El agave como parte del crecimiento económico

Para el licenciado Ernesto O´Farrill Santoscoy, director de estrategia de la casa de bolsa Actinver, el crecimiento de la industria tequilera podría repuntar en los próximos años del doble del crecimiento de la economía mundial, calculando que ésta crecerá a una tasa de 3 por ciento, y que la industria tequilera pudiera estar creciendo a una tasa de alrededor del 6 por ciento anual.

• La lucha contra las bebidas adulteradas

Las falsificaciones de productos en México causan mucho daño a la economía formal. La adulteración de las bebidas alcohólicas constituye una práctica ilegal, clandestina y fraudulenta, orientada a engañar al comprador. La adulteración de bebidas es un problema de salud pública, ya que pueden ser la causa de daños a la salud de los consumidores, cuando en dicha adulteración utilizan sustancias tóxicas que al consumirlas ponen en riesgo la vida de las personas (utilización de alcohol metílico como adulterante).

El Consejo Regulador del Tequila reporta que en el transcurso de este año, ha decomisado 65 mil litros de bebida adulterada en 12 operativos realizados en Jalisco. Ante este escenario, Jalisco desde el año 2010, se vio en la necesidad de establecer sanciones de 6 meses a 3 años de cárcel, y de 50 a 250 días para quien se dedique a adulterar o falsificar bebidas alcohólicas.

Aunado a estos esfuerzos, en el mes de septiembre de este año, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Oficina Nacional Interprofesional del Coñac (BNIC, por sus siglas en francés), firmaron en París un acuerdo para proteger sus apelaciones de origen y luchar contra las falsificaciones o imitaciones del Tequila y el Coñac.

Finalmente, para el proponente, resulta necesaria la creación de la Comisión Especial del Agave como un espacio legislativo que permita estudiar, analizar y atender las propuestas legislativas necesarias para fomentar la producción, protección, preservación, promoción e investigación científica del Agave Azul Tequilana Weber y demás variedades del agave, así como sus derivados, considerado como se ha señalado, uno de los principales productos económicos de la región con denominación de origen, que sin duda es una importante actividad generadora de empleos en diversas regiones del país y parte sustancial del crecimiento económico nacional.

Consideramos que el Poder Legislativo debe atender de manera prioritaria a los sectores productivos estratégicos como lo es el sector agrícola, sin duda, uno de los pilares básicos para el crecimiento y desarrollo económico del país. Es urgente además de involucrar a cada uno de los actores de las cadenas productivas del agave, el promover, incentivar y motivar los estudios de investigación en la innovación científica y tecnológica que permitan descubrir nuevas aplicaciones surgidas de los derivados de esta maravillosa planta, o en su caso, desarrollar e impulsar las ya existentes y con ello fortalecer el crecimiento económico y recuperar nuestra promoción y posicionamiento en el exterior.

En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se dé la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial del Agave, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación. Esta comisión especial, podrá coordinarse con las comisiones ordinarias de la Cámara que de manera directa o transversal se vinculen con el tema del agave en sus diversas variedades, comprendidos los productos derivados de este, a saber, Agricultura; Ciencia y Tecnología; Cultura; Desarrollo Rural; Economía; Hacienda; Justicia; Presupuesto y Cuenta Pública; Salud; Turismo. La comisión especial, será además, un espacio de interlocución con agricultores, jornaleros, transportistas, empresarios, autoridades de vigilancia y regulación tanto federales como estales responsables del ramo; investigadores, académicos, consejos del ramo. Esta comisión especial promoverá la realización de estudios de innovación e investigación científica y tecnológica, y publicaciones respectivas sobre el tema, en coordinación con las instancias competentes de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión será impulsar y fomentar políticas públicas y programas que fortalezcan el cultivo del Agave Azul Tequilana Weber, así como las demás variedades del agave, además de abocarse al estudio, análisis y en su caso adecuación de la legislación en la materia, y fortalecer el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sustentable de la producción, comercialización y diversificación de agave en México.

Tercero. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Cuarto. La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones relativas.

Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Sexto. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas

1. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) es un Centro Público de Investigación perteneciente a la red de centros de desarrollo e innovación tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y que desde hace más de 35 años realiza actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y dar soluciones tecnológicas y humanas que ayudan a la competitividad de los sectores agrícola, alimentación, salud y medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos, y a emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios sobre la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, incisos 3 y 6, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a integrar con la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, y a emitir los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios, conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varios años, esta soberanía ha trabajado en la necesidad de establecer el reconocimiento jurídico a la producción de alimentos orgánicos, así como, otorgar un marco general para su regulación, protección y fomento.

En consecuencia, el honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley de Productos Orgánicos en diciembre de 2005 la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006. Posteriormente, el reglamento correspondiente fue publicado el 1 de abril del 2010, es decir, casi cuatro años después.

Esta ley es de suma importancia, tomando en cuenta que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis, garantizando al consumidor, alimentos sanos y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.

Este sistema utiliza insumos naturales y prácticas especiales como son la aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, entre otras, lo cual promueve el mejoramiento y la protección de los recursos naturales, así como las condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas.

Los sistemas de producción y procesamientos orgánicos, promueven la conservación de los recursos indispensables para el desarrollo humano como el agua, el suelo y el aire. Al estar basadas en normas de producción específicas y precisas, que propician la generación de ecosistemas óptimos y sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

En México, el sector orgánico está representado en casi la totalidad de los estados del país. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los que destacan con la mayor superficie de este tipo de sistemas de producción. Pero este sector se encuentra en crecimiento, pudiendo en la actualidad encontrar productores desde Baja California hasta la península de Yucatán.

De igual forma, nuestro país se ha destacado a nivel internacional tanto en el número de agricultores como en diversidad de productos orgánicos, estimándose en el orden de medio millón de hectáreas manejadas con producción orgánica.

A pesar de la importancia de esta ley para el beneficio de los productores nacionales y especialmente para el cuidado del medio ambiente –tema de gran relevancia en el futuro del desarrollo mundial– a más de seis años de su publicación y a más de dos años de publicado su reglamento, hace falta poner en marcha una serie de instrumentos regulatorios. Específicamente, los lineamientos para la producción orgánica, la lista de insumos permitidos, las especificaciones para la certificación participativa, especificaciones del distintivo nacional, Reglamento Interno del Consejo Nacional de Productos Orgánicos, entre otros, para dar pleno cumplimiento de los términos previstos en la misma.

Dado que estos ordenamientos jurídicos forman parte fundamental para el desarrollo del campo mexicano y en particular para el sector orgánico, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha implementado a cabalidad el mandato de la Ley de Productos Orgánicos y los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas en relación con productores de otros países al verse obligados a certificarse con normas extranjeras que complican los procesos de certificación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a integrar, con la brevedad posible y en cumplimiento de sus facultades, el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, y a emitir los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a seguir las acciones pertinentes para crear una estrategia de rescate financiero de la vivienda de los trabajadores, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y el 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, los Diputados Federales por Baja California escuchamos los reclamamos del Consejo Regional de Organizaciones Obreras de Baja California, los que se centran en la petición de nuestra inmediata intervención, con el propósito de crear un Programa de Rescate Financiero de viviendas de interese social, toda vez que, de acuerdo con ellos, las instituciones como el Infonavit y el Fovissste, se han convertido en lucrativos negocios de inmobiliarias, desarrolladores de vivienda e instituciones bancarias, olvidando el origen revolucionario e histórico que establece el derecho inalienable de los trabajadores a obtener una vivienda digna, que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917.

Cabe recordar que en el artículo 123, fracción XII, Apartado A, de la Constitución, se precisó la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, obligación que parcialmente se hizo efectiva hasta 1971, tras de más de 53 años de lucha para hacer realidad ese derecho.

Resulta verdaderamente urgente establecer un programa de apoyo a los trabajadores que actualmente cuentan con un crédito, pero que no pueden costearlo, ya que, tan solo el ente conocido como Infonavit, ha asignado más de 957 mil créditos, de los cuales 252 mil están en cartera vencida y, de estos últimos, más de 110 mil casas han sido declaradas en incobrabilidad, lo que puede traer como consecuencia que los trabajadores pierdan su hogar.

Lo anterior se agrava porque el Infonavit ha vendido más de la mitad de estos créditos incobrables a despachos de cobranza, extranjeros en su mayoría, por un monto menor del 10% del valor del crédito, originando que más de 75 mil viviendas hayan sido abandonadas.

Actualmente, miles de trabajadores en la Republica Mexicana, que han perdido su llamado "patrimonio familiar", se encuentran en estado de indefensión y son objeto del robo de lo recaudado en la subcuenta de vivienda.

Como dato adicional, en la actualidad hay 9 millones de trabajadores que cotizan en el Infonavit y, de estos, 5 millones ya cumplen con los requisitos para ejercerlo, pero se han abstenido de reclamarlo, por representar una deuda impagable y no un patrimonio familiar, como lo establece el artículo 123 constitucional, en sus fracciones XII y XXVIII.

Además, de conformidad con datos del Consejo, del 2005 a la fecha, se ha despojado de su vivienda a más de 8 mil trabajadores, y 59 mil más han caído en cartera vencida, por lo que en un plazo no mayor de tres meses estarán enfrentando juicios de desahucio.

Lo que resulta increíble es que, mientras que en Septiembre del 2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que es inconstitucional, que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a terceros, el 22 de octubre de 2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la legalidad de la venta de los créditos otorgados por el Infonavit, asestando un golpe mortal a la clase trabajadora, que es el motor y pilar de la productividad de nuestra Nación.

Es necesario establecer una agenda legislativa en materia de vivienda, que abarque no solo a los organismos públicos como Infonavit v Fovissste, sino también a los desarrolladores e instituciones financieras de vivienda, a fin de hacer efectivo el Derecho Constitucional de los mexicanos al acceso de una vivienda digna. Sobre todo, eliminar el uso de la figura de los VSMG y las UDI, en los créditos para la adquisición de viviendas de interés social.

Por lo anterior es que se propone la creación de una estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador, para beneficiar a más de 5 millones de familias, dentro del Presupuesto de Egresos de 2013.

Además, resulta necesario que se suspenda todo procedimiento jurídico, que implique o tenga por objeto de despojar de sus viviendas a los trabajadores que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos, ya sea porque están desempleados, o sus ingresos son insuficientes para ello y acaso cubren sus necesidades más elementales. Esto, hasta en tanto se implementa la citada estrategia de rescate financiero.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a efecto de que se sigan todas las acciones pertinentes a fin de crear la estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Infonavit y al Fovissste, a que suspenda todo procedimiento jurídico que tenga como finalidad despojar a los trabajadores de sus viviendas, que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos, ya sea por desempleo o por falta de recursos suficientes, en tanto no se implemente la estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador.

2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Primera Sala de la SCJN y a la CNDH a revisar la legalidad de la detención y sentencia del profesor Alberto Patishtán Gómez; y, en su caso, emitir resolución que declare su libertad, a cargo del diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado por la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El profesor Alberto Patishtán Gómez, de familia indígena tzotzil y activista político del estado de Chiapas, se le han violado una y otra vez sus más elementales derechos humanos consagrados en el apartado de nuestras garantías constitucionales, y de pactos y convenios internacionales suscritos por nuestro país.

Alberto Patishtán Gómez, es actualmente el preso de conciencia mexicano más conocido en el mundo entero, su caso es defendido por organizaciones sociales y de derechos humanos de toda la república y de muchos países del mundo quienes han manifestado su apoyo y su interés como un proceso emblemático para la justicia en México.

El profesor tzotzil ha purgado una pena de 12 años de prisión en forma injusta e inhumana en un penal de San Cristóbal de las Casas y en distintas prisiones del país por la emboscada en que murieron siete policías, pero que a decir de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas “la defensa demostró su inocencia”, como lo declaró públicamente el propio gobernador Juan Sabines Guerrero, hace un par de años. Y a decir de muchas organizaciones de derechos humanos, la verdadera causa por la que fue condenado el indígena tzotzil a 60 años de cárcel fue por motivos políticos.

A lo largo de estos 12 años de encarcelamiento nunca ha dejado de proclamar su inocencia, aún teniendo que recurrir a poner en riesgo su vida con huelgas de hambre y ayunos y no solamente buscando su justicia, sino defendiendo los derechos de otros reos injustamente encarcelados como él y siempre ayudando a sus compañeros de prisión a no desesperar y reivindicar justicia de forma pacífica y digna.

El profesor Alberto Patishtán Gómez ha sufrido por parte de las autoridades una grave violación al derecho a la salud que todo ciudadano mexicano tiene según nuestras leyes, aún estando cumpliendo condena por sentencia de reclusión, como tal está al cuidado de las autoridades correspondientes, pero en su caso ante las reiteradas demandas de su pérdida de visión, las autoridades chiapanecas tras mantenerlo seis meses en un hospital, esposado a su cama, le dieron un diagnóstico erróneo de glaucoma, en su estancia (Octubre 2011 a julio 2012) en el CEFERESO 8 de Guasave, Sinaloa, le recetaron unas gafas.

El caso Patishtán es seguido con atención por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para Patishtán, como tener un médico de confianza, y por esta disposición de este organismo internacional, es que, se le practicaron estudios independientes de un médico de confianza el pasado 19 de septiembre, quien le detectó un tumor en el cerebro y que debía ser operado de forma urgente por un neurocirujano, cosa que se hizo recientemente en el Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México, pero tuvieron que pasar años de negligencia, ya que el tumor era antiguo, es decir que la desatención de la obligatoria tarea de cuidado sobre Alberto Patishtán Gómez por las autoridades correspondientes es la base de consecuencias para su visión y su salud, que aún no se terminan.

Patishtán tuvo que pasar un grave proceso de deterioro visual y con problemas para leer, escribir y caminar con seguridad, y a punto como dijo él “que se le fundieran las luces y cerrarle por completo la visión” para que fuese atendido.

Esto como es bien sabido y denunciado, es un trato inhumano e injusto, que causa azoro e indignación, y a la memoria nos vienen los relatos crudos de Rosario Castellanos en su obra Ciudad Real, antiguo nombre de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde denuncia las condiciones miserables en que han sobrevivido las comunidades tzotziles, justo a la que pertenece Patishtán, desde el día que los llamados caxlanes o ladinos pisaron sus tierras. Rosario Castellanos puso el dedo en la llaga cuando nos describe la eterna discriminación hacia los indígenas chiapanecos y que siguen teniendo vigencia y se preservan esas condiciones reales hasta el día de hoy.

Lamentablemente esos relatos de abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión siguen vigentes y nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas, no han terminado, particularmente en Chiapas donde hay una gran diferenciación racial, y donde la cárcel es el único refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no se cometieron pero que la incriminación es más fácil que seguir la huellas de los verdaderos delincuentes.

Diputadas y diputados, las historias de injusticias hacia las comunidades indígenas siguen vivas. Por eso, es que es de especial importancia la intervención inmediata de los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conforme a derecho y uso de todos recursos y normas de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y los pactos y convenios internacionales analicen exhaustivamente con sumo cuidado el Incidente de Reconocimiento de Inocencia planteado por los abogados Leonel Rivero y Sandino Rivero -defensores del profesor Alberto Patishtán junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en este caso de interés nacional y emblemático, porque nos hace presumir que se está cometiendo una grave violación a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Confiamos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reasumirá su competencia que nuestras leyes le confieren en este tipo de casos, y en su momento hará un profundo análisis exhaustivo y hará valer los más altos valores de la justicia y declarar la inejecución de la sentencia y declare la inocencia del indígena Tzotzil, antes que siga el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda retomará a partir de las múltiples irregularidades ocurridas en el juicio contra el profesor Patishtán. La Primera Sala de la Suprema Corte tiene la potestad de reinterpretar los fallos judiciales a partir de la reforma del artículo 1º Constitucional y bajo ninguna circunstancia puede dejar en el desamparo jurídico a Patishtán.

Como bien lo afirma Víctor Hugo López, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la “oportunidad histórica” para que envié una señal de que hay condiciones para alcanzar la justicia en México.

Por eso, la importancia de recordar a Rosario Castellanos, que con su percepción aguda, y a pesar de su no presencia, nos sigue inquiriendo y nos recuerda que el caso Patishtán, es también un hecho del pasado y del presente, como una historia dolorosa que está en un rincón del tiempo estancado, y nos hace recordar una vez más que una cultura milenaria sigue sojuzgada y oprimida desde siglos y que nos clama justicia, y su derecho a existir.

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Carta Magna,1 someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente –considerando la división de poderes– a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, reasuma su competencia originaria y por ende sustancie el Incidente de Reconocimiento de Inocencia interpuesto por la defensa del Profesor Alberto Patishtán y a la brevedad emita su resolución, a fin de declarar su libertad.

Segundo. Asimismo La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar –conforme a su atribución constitucional– el caso de Alberto Patishtán por considerar que su detención y sentencia constituye grave violación a las garantías y derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

Nota

1 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas (artículo 102, B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer públicas las causas de la explosión del pasado 18 de octubre en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz; y a la STPS, a inspeccionar esas instalaciones y verificar sus condiciones de operación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa paraestatal más importante del país, considerada el puntal de la economía nacional, ya que 34.9 por ciento de los ingresos del sector público provienen de la aportación de los ingresos por petróleo. Es urgente transparentar los lineamientos mínimos de operación, así como las acciones que han sido realizadas para proteger y dar seguridad tanto de los trabajadores como de los vecinos de sus instalaciones y la situación en la que se encuentra la infraestructura de dicha institución; esto debido a los cada vez mas recurrentes accidentes en sus instalaciones.

Segundo. En la mañana del pasado 18 de octubre la planta catalítica I, en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, hizo explosión cuando trabajadores realizaban trabajos de mantenimiento. Durante este hecho resultaron lesionados seis trabajadores de la compañía Procesos Industriales de Coatzacoalcos, SA de CV.

Hace aproximadamente seis meses hubo una explosión en la subestación número 10, de la planta catalítica I. Se suma a las suscitadas en las plantas catalítica II, primaria 1, servicios auxiliares e hidros II, sin contar con el hundimiento de una monoboya que ocasionó que 20 playas se contaminaran, el pasado 11 de agosto, y la muerte de un trabajador al hundirse la embarcación en que se trasladaba, el 17 de octubre del presente año.

Según los propios trabajadores, “las plantas catalíticas I y II, en pleno centro de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, son un factor de riesgo para la población toda vez que en este año han explotado en tres ocasiones”.

Además, denuncian, “Petróleos Mexicanos, no se ha preocupado por actualizar sus instalaciones que datan de más de tres décadas”. En opinión de líderes de la sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los accidentes que se han presentado tanto en la refinería Antonio Dovalí Jaime como en la terminal marítima se deben a las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones de Pemex.

Expertos señalan que el tema de la seguridad en las instalaciones en Pemex es uno de los más importantes, luego de los accidentes registrados en los últimos meses en todo el territorio nacional.

No se deben escatimar recursos para salvaguardar la integridad de los petroleros y de los ciudadanos que viven en los alrededores. Los accidentes petroleros que están ocurriendo a escala son sólo un reflejo de la falta de mantenimiento, no sabemos si generada por la falta de recursos o por negligencia o descuidos de la paraestatal.

Los puntos de acuerdo que presento tienen la finalidad de evitar una tragedia de las dimensiones del 18 de septiembre pasado, cuando 30 trabajadores perdieron la vida y otros 46 resultaron lesionados en explosión de un ducto del centro de medición de gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, y ante los constantes accidentes ocurridos en los últimos meses; resulta necesario conocer las condiciones en que laboran los trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz; así como las actividades que se han realizado para prevenir accidentes.

Por lo expuesto se ponen a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Pemex a generar un diagnóstico y las alternativas con que atenderá las causas financieras y operativas de la explosión ocurrida el 18 de octubre en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, difundiéndolos en sus medios digitales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en especial a la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que en el ámbito de sus competencias realice una inspección de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, y verificar las condiciones en que opera, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de febrero de 2011, entre opiniones a favor y en contra y sin realizar los foros solicitados por los trabajadores de los medios, el Congreso del estado de Puebla aprobó con 40 votos a favor y una abstención (del PT), la despenalización del “daño moral” como la figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta”, sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista, sanción económica que puede ser muy alta que lo despoje de su patrimonio.

La iniciativa fue presentada al Congreso del estado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Éste pretendía definir como daño moral la “afectación que una persona sufre en su prestigio, sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos”, y darle la responsabilidad en la obligación del derecho de réplica al periodista y no al medio. Finalmente la iniciativa tuvo algunos cambios.

Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos, de acuerdo al tabulador 2011 para la zona C). Además un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor a seis meses una “ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida privada y propia imagen”.

Esta propuesta fue calificada como “ley mordaza” y en las redes sociales llegó hasta la creación de un hashtag #rafamordaza.

“Esta reforma –señalaron algunos trabajadores de los medios– dejó abierta la posibilidad de un mecanismo de autocensura, que, sin una regulación, es el juez quien establece la sanción económica a su arbitrio, que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar”.

Pues bien, la “ley mordaza” funcionó.

El director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, tramitó las querellas en las que se asienta que Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, violaron los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CCELSP) y sexto y séptimo de la Constitución General de la República, y de que, fuera de contexto, insultaron a funcionarios del gobierno de Puebla”. Que varios funcionarios han “soportado” durante año y medio “humillaciones e insultos”. Los acusados han publicado que Moreno Valle es intolerante ante la crítica y pretende imponer una relación autoritaria entre el gobierno, los medios de comunicación y los periodistas.

“Sobrepasaron –dice la querella– los límites del libre ejercicio del periodismo y abusaron de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos”. Los medios han filtrado que se trata de una lista en la que aparecen otros 17 periodistas que han criticado a la administración estatal, quienes podrían enfrentar acciones similares.

En este contexto, el gobierno de Puebla exige que el Poder Judicial declare a los informadores responsables “de daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno estatal” y que “por vía de reparación del daño moral, (se ordene) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil”.

Nosotros consideramos como “preocupante” que se demande a periodistas, porque es evidentemente un rasgo de autoritarismo, que inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad, que exige un régimen democrático. Los funcionarios públicos, por tener esta calidad son parte de la observación y de la crítica permanente y de ellos lo que se espera es, precisamente tolerancia a la crítica. Este tipo de gobernadores no sólo no ve ni oye la crítica y las observaciones de los opinadores públicos, sino que ahora, como gobierno, un funcionario introduce una querella a nombre de todo un gobierno y del conjunto del aparato estatal, exigiendo una reparación del daño, posiblemente pretendiendo que los informadores rectifiquen diciendo que el gobierno “ha cumplido con todas las promesas que ha anunciado”.

No es una demanda individual de una persona física que alega un daño específico, sino que es una acusación de un funcionario público que sale en defensa de su jefe, el gobernador y de todos los demás funcionarios públicos y por su carácter, obviamente, los juzgados deben desechar las querellas.

“La atribución del vocero de tramitar demandas en nombre del gobernador o de funcionarios de gobierno es inconstitucional –han dicho públicamente los especialistas. Los derechos a la personalidad, la vida privada, el honor y la propia imagen son personalísimos; sólo quien considera que se violó su derecho puede demandar. El decreto que concede facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución”. Además, existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que expresamente concluyen que “el derecho a la información está por encima de los personales de los funcionarios públicos, quienes son personalidades que permanentemente son observados de su actuar como tales y que tienen por obligación entablar una relación pública con la sociedad.

Los medios de comunicación han informado que los otros periodistas amenazados con la demanda son los siguientes:

1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla)

2. Selene Ríos Andraca (Central)

3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla)

4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa)

5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario)

6. Álvaro Delgado (Proceso)

7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla)

8. Alejandro Mondragón Quintero (Status)

9. Valentín Varillas (Status)

10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta)

11. Fernando Pérez Corona (e-consulta)

12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario)

13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario)

14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla)

15. Carlos Macías Palma (El Popular)

16. Eduardo Rivera Santamarina (Uno Más Uno)

17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente)

18. Fernando Maldonado (Periódico Digital)

19. Arturo Rueda (Cambio)

Ante tales hechos, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular Poder Ejecutivo del estado de Puebla a reconsiderar la demanda presentada en contra de los periodistas Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país ha enfrentado durante los últimos años los momentos más difíciles en materia de seguridad pública, las repercusiones de la decisión asumida por el Ejecutivo de la Unión y cuestionada permanentemente a lo largo de estos seis años así como el nivel de organización, violencia y la mayor incidencia de los grupos delictivos en todos los ámbitos de la vida económica del país han propiciado que la sociedad en su conjunto se vea afectada permanentemente, por esa razón, no han sido pocos los diversos estudios que han dado cuenta del cambio que hemos experimentado todos en nuestra forma de vida. Para poner un solo ejemplo vale la pena reproducir la información dada a conocer en la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011, según la cual al 80 por ciento de los encuestados les preocupaba mucho la violencia relacionada con el narcotráfico en México, a 76 por ciento les preocupaba el mismo tipo de violencia pero en su comunidad, el 61 por ciento dejó de salir de noche por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante ese año y el 45 por ciento dejó de permitir que sus hijos salieran de noche1 .

Si nos remitimos a los propios datos oficiales es posible constatar que del total de denuncias cuya investigación y seguimiento corresponde al fuero federal de 2007 a 2010 el mayor peso de incidencia corresponde a los delitos contra la salud y al de portación de arma de fuego, y si bien desde 2011 su frecuencia va disminuyendo, esto es más una consecuencia de las reformas a la Ley General de Salud de 2009 que tienen un impacto en la determinación de los delitos contra la salud que a un cambio sensible en las condiciones reales de la sociedad. Lo anterior puede apreciarse en la siguiente tabla estadística.

Delitos Denunciados del Fuero Federal y los Relacionados con el Narcotráfico.

Las decisiones asumidas por los responsables de la conducción de las políticas públicas en nuestro país y esto incluye tanto al Ejecutivo federal y a los anteriores integrantes de la Cámara de Diputados, manifiestan una clara percepción en la que prevalece, quizá por las dimensiones, impacto y fortaleza de los grupos delictivos, la visión de la respuesta más inmediata, el ejercicio de la violencia institucional y legalmente permitida, para responder a este grave problema, al menos así lo podemos advertir si consideramos que los recursos aplicados a los programas Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada, que opera la Procuraduría General de la República y el de Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito que instrumenta la Secretaría de Seguridad Pública ejercieron en 2011 un monto proporcional de 94 pesos mientras que en los Programas Nacionales contra las Adicciones se aplicaron 6 pesos, por cada 100 pesos destinados a estos tres rubros de las políticas de gobierno, lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla estadística.

Considerando que este grave problema tiene dos dimensiones obligadas, la que con mayor energía se está atendiendo, independientemente de los resultados hasta ahora obtenidos, relacionada con los efectos y los graves estragos que el incremento devastador de las fuerzas, belicosidad y brutalidad de los grupos delictivos manifiesta y otra que, desde mi punto de vista, es a la larga el factor que puede cambiar sustancialmente la tendencia existente y que se relaciona con las políticas de prevención y con un llamado de alerta que nos compete a todos como gobierno y sociedad por el grado de complicidad y de falta de acción que manifestamos en materia de prevención y tratamiento a las adicciones.

Al respecto es necesario partir del correcto espíritu y contenido de la Ley General de Salud que explica la existencia de un problema de dependencia cuando el alcohol, el tabaco, los fármacos y las sustancias psicotrópicas propician fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que se desarrollan luego de su consumo repetido.

Y la grave contradicción en la materia es la incongruencia que persiste en el conjunto de valores que como sociedad compartimos ya que mientras aceptamos al alcohol, al tabaco a ciertos fármacos y psicotrópicos y en determinadas dosis como drogas legales, proscribiendo a otros. Así y de acuerdo con las Estadísticas Económicas, Ambientales y Sociales 2011-2012 difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nuestro país es, después de China y Brasil, el país que reporta un mayor crecimiento en el consumo de alcohol por persona con un 73.5 por ciento durante las últimas tres décadas. Mientras que según el Informe sobre la Situación Mundial sobre Alcohol y la Salud 2011 de la Organización Mundial de la Salud, México es de los países con mayores tasas de consumo de alcohol y con alto riesgo junto con Kazajistán, la Federación Rusa, Sudáfrica y Ucrania.

Datos que nos confirma la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 ya que de 2002 a 2011 la frecuencia del consumo de alcohol alguna vez pasó de 64.9 por ciento a 71.3 por ciento, el consumo en el último año pasó de 46.3 por ciento a 51.4 por ciento, en el último mes de 19.2 por ciento se ubicó en el 31,6 por ciento y la dependencia del 4.1 por ciento reportado en 2002 alcanzó el 6.2 por ciento en 2011.

Circunstancia que se agrava si advertimos que en el segmento de los 12 a los 17 años el comportamiento es de franco crecimiento en los mismos rubros antes citados entre 2002 y 2011 y se aprecia de la siguiente manera: Consumo alguna vez de 35.6 por ciento a 42.9 por ciento, en el último año de 25.7 por ciento a 30 por ciento, en el último mes de 7.1 por ciento prácticamente se duplica al 14.5 por ciento y lo mismo ocurre con la dependencia que de 2.1 pasa a 4.1 por ciento.

Algo similar ocurre en la edad en la que se inicia el consumo que en 2011, para el caso de los hombres, se sitúa en la más baja a los 16.62 años mientras que en el caso de las mujeres permanece en los 19 años.

La verdad de las cosas es que la dependencia al alcohol hoy alcanza a casi cinco millones de mexicanos y como sociedad somos altamente tolerantes y permisivos a su enfermedad, sin apreciar los daños que propiciamos en la salud y en la vida de nuestros seres queridos y la afectación que esto implica además en la sociedad en su conjunto.

Porque a pesar de que la propia Ley General de Salud contempla en su artículo 308, fracciones III y IV, que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá asociar a estos productos con ideas, imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación del prestigio social, virilidad o feminidad, no podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, sólo hace falta realizar un breve monitoreo en los anuncios comerciales de las televisoras para advertir como la autoridad se encuentra ausente en la regulación del contenido de los mismos y los propios medios de comunicación son cómplices en la violación de estas disposiciones legales, al colocar en sus transmisiones innumerables anuncios y campañas permanentes de difusión de productos con alcohol, contrariando lo dispuesto en el artículo antes mencionado y para ejemplos nos bastan el propio concepto de las cortinillas publicitarias en la transmisión de las peleas de box por parte de la empresa Tecate, las campañas de la cerveza Victoria de grupo Modelo con la imagen de Alejandro Fernández y el “orgullo” por el éxito de sus amigos.

Circunstancia que se ve ratificada si nos atenemos al propio Informe de Actividades 2011: Avances en la Prevención y Atención de las Adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones que en su apartado “Reducción del uso nocivo de alcohol” entre sus principales actores reporta a 16 instituciones públicas encabezadas por dicha Comisión, además de tres asociaciones civiles y, de manera genérica, las organizaciones de la sociedad civil, sin dar cuenta de la participación de la Secretaría de Gobernación a través de su Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, que es, por lo menos, omisa en la aplicación de la norma a pesar del alto impacto de los medios masivos de comunicación, en la materia.

Las consecuencias de esta flexibilidad y permisividad las padecemos todos. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en siete de las ocho regiones en las que se dividió al país, el alcohol es la droga de inicio entre aquellos que consumen drogas ilícitas y en la región restante ocupa el segundo lugar. Así que el alcohol es, a todas luces y aunque no en todos los casos, la primera estación en la pirámide de las drogas.

Adicionalmente consideremos los datos aportados en la Tercera Encuesta Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional que reporta que el 35.8 por ciento de la población penitenciaria del Distrito Federal y del Estado de México manifiesta haber tomado alcohol u otras drogas seis horas antes de haber cometido el delito, en este segmento se advierte también una proporción diferenciada de tres de cada cuatro para el caso de alcohol y uno de cada cuatro para otras drogas.

Datos que si proyectamos a la nación y al total de las denuncias de delitos cometidos del fueron común nos permitirían ubicar una posible relación, en términos generales, de alcohol, otras drogas y delitos que puede apreciarse en la siguiente tabla estadística.

La propuesta que se somete a su consideración para crear la comisión especial permitirá un seguimiento puntual por parte de la representación popular a las políticas públicas en la materia, propiciando un gradual cambio de perspectivas que permita enfatizar las acciones en materia de prevención y tratamiento a partir de promover las necesarias reformas legales en la materia, la asignación de mayores recursos presupuestales a las instituciones que participan en estas acciones, fomentando la participación y cooperación de la sociedad civil y favoreciendo la indispensable supervisión que hoy es ausente en estos casos y que repercute en graves afectaciones a los derechos de las personas que acuden a tratamientos que no siempre propician su debida recuperación por la falta de recursos, atención médica especializada y métodos de tratamiento adecuados.

Pero además, fomentará el seguimiento puntual al ejercicio de gobierno para que las diferentes atribuciones y disposiciones contenidas ya en el marco normativo vigente, particularmente en las Leyes Generales de Salud y para el Control del Tabaco, sean debidamente observadas por las autoridades.

Constituiría además una valiosa aportación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a las acciones para favorecer nuestra debida atención a los trabajos realizados en el seno de las estructuras nacionales de coordinación: la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic).

Así como para dar seguimiento a la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, al funcionamiento de la red de servicios de prevención y atención de las adicciones, conformada por 330 Centros Nueva Vida y 113 Centros de Integración Juvenil, a los que se suman los establecimientos registrados ante el Cenadic.

Favoreciendo el debate informado y profundo para el fortalecimiento de la perspectiva de la atención médica a las adicciones como mecanismo efectivo de sustitución de la visión punitiva en la materia, la que castiga los delitos cometidos muchas veces como consecuencia del padecimiento sin propiciar el tratamiento de la enfermedad, la recuperación, de quien comete un delito y que, en su segmento social y económicamente más desfavorecido, se ve recluido en los centros de readaptación social y de los que egresa con una tendencia a escalar sus conductas anti sociales.

Por último, es necesario señalar que la propuesta se circunscribe en las acciones a realizar en el 2012 según el informe antes citado de la Comisión Nacional contra las Adicciones tanto en lo correspondiente a la elaboración de propuestas de reformas a la Ley General de Salud y la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, al fortalecimiento de la legislación y normatividad para reducir el uso nocivo de alcohol, la identificación e implementación de estrategias para la prevención del uso nocivo de alcohol y, en general, fortalecer las políticas de prevención y tratamiento de las adicciones desde el ámbito de las atribuciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Es en mérito de lo expuesto que se somete a su elevada consideración esta proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura constituya la Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, la cual tendrá como objetivos los contemplados en las consideraciones que acompañan a esta proposición.

Nota

1 Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 (CIDENAL 2011). Raúl Benítez Manaut et al. Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional, Dirección de Empresas y Sistema de Inteligencia de Mercados de Opinión. Septiembre 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En estas fechas se están instalando las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, y tal será el caso de la Comisión de Radio y Televisión, el martes 30 de octubre a las 16:00 horas, en el recinto de San Lázaro.

Los diputados y las diputadas, a la hora de tomar protesta de ley para desempeñar el cargo, hicimos un compromiso frente a la nación de guardar y hacer guardar la constitución política y las leyes por el bien del país.

Este compromiso fundamental es lo que me obliga como legisladora a resaltar el hecho de que el diputado Federico José González Luna Bueno, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, no puede desempeñar dicho encargo en virtud de contravenir lo establecido en nuestra Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, ya que está ante el supuesto del conflicto de intereses con la materia primordial de dicha comisión.

El artículo 108 constitucional establece que los representes de elección popular son servidores públicos y están sujetos al régimen de responsabilidades del título cuarto de nuestro máximo ordenamiento.

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que son obligaciones de todo servidor público “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

También el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; deja en claro cuales son las bases legales para que un servidor público se excuse para intervenir en asuntos que le puedan representar conflicto de interés.

El artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece en la fracción VI del numeral 1, que será obligación de los diputados y diputadas “informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”; y el numeral 2 del mismo artículo 8, establece que “para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la legislatura”.

El diputado Federico González Luna, quién ha fungido como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y en tal carácter es suplente del consejero propietario del Consejo Nacional de la Radio y Televisión, Javier Tejado Dondé, directivo de Televisa; que ocupa uno de los dos asientos asignados a la industria en dicho Consejo, tal y cómo puede constatarse en http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/consejo_radio_tv.php.

En este contexto, toda vez que su actuación como presidente de la Comisión de Radio y Televisión resulta en una violación grave a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, la instalación de la comisión debe impedirse, exhortando al diputado para que él, y cualquier otro legislador o legisladora que pudiera tener impedimento para atender los asuntos de la comisión, presenten sus excusas so pena de hacerse sujeto de las responsabilidades a que se refiere la Constitución, y entre ellos incluyo a la diputada Ana Lilia Garza, también postulada por el PVEM, quien fungió hasta su candidatura como subdirectora jurídica de la CIRT; al diputado por el PRI Patricio Flores, líder del sindicato de Televisa, Enrique Cárdenas, radiodifusor y director de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, con 10 emisoras en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, del PRI.

Es claro que la protección y apoyo brindado por Televisa y Tv Azteca, así como por los diarios de la OEM, Milenio y El Universal al presidente electo, le impedirán presentar una propuesta de reforma a la Ley de Medios congruente y ambiciosa, que altere los intereses de esos grandes monopolios y abra el sector a una mayor competencia, y para ello, la pretendida “telebancada” buscará ejercer de manera ilegal, sus mejores oficios. Ahora estamos ante la oportunidad de impedir este atropello.

La violación a lo establecido en nuestro marco jurídico en este precepto es considerada grave, lo que conlleva a diversas sanciones, además de la destitución del cargo. El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión que incurran en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, ya sea por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los legisladores de la Comisión de Radio y Televisión, que estén en los mismos supuestos de conflicto de intereses a los que aluden los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios invocados en el cuerpo de la presente proposición, a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Radio y Televisión que posponga su instalación hasta que se hayan presentado las excusas que por norma y en aras del correcto funcionamiento de la comisión, deban presentarse.

Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2012.

Diputada Purificación Carpynteiro Calderón (rúbrica)


Efemérides

Con motivo de la conmemoración de la constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

27 de octubre de 1849

El pasado 27 de octubre se conmemoró la fundación del estado, del cual tengo el honor de provenir y de representar a este recinto: el estado de Guerrero.

El único, cuyo nombre se eligió en honor a un ex presidente de la nación, el general Vicente Guerrero, por su incansable labor e innegable contribución al logro de nuestra Independencia. Uno de los primeros en responder al llamado de la Independencia y en gestar la consolidación de la nación como un estado liberal y federalista. Y un activo militante de la lucha de la Revolución en favor de la causa campesina y los derechos y la justicia sociales.

Los hombres y mujeres de Guerrero han sido responsables y partícipes, directa o indirectamente, de los cambios sociales y políticos de la más alta trascendencia para la consolidación y evolución de nuestra nación como un estado democrático.

Y, sin embargo, a más de 200 años de la Independencia y más de 150 de su fundación como estado integrante de ésta, la nación mexicana, los guerrerenses y las guerrerenses siguen en espera de los frutos de esas victorias, siguen teniendo sed de justicia, igualdad y oportunidades dignas de desarrollo.

Concretamente, el sur de México fue un espacio representativo y decisivo tanto para el levantamiento, como para la consumación del movimiento de Independencia: sólo quince días después de iniciado el movimiento, se levantaron en armas los primeros insurgentes en Tepecoacuilco, donde ya funcionaba una junta revolucionaria encabezada por Valerio Trujano. A fines de ese año, fueron fusilados los primeros insurgentes caídos en el territorio suriano.

A la muerte de Morelos, quien apoyado por las bravas huestes sureñas logró integrar un importante contingente con la colaboración de José María Izazaga, de Coahuayutla; de los hermanos Galeana de Técpan y de Juan N. Álvarez, de Atoyac; el segundo momento más importante de la lucha fue dirigido por un sureño, el general Vicente Guerrero.

La bandera de la insurrección en un periodo de resistencia a cargo de la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes, hasta que culminó la patriótica empresa de convertirla en realidad en 1821.

En este contexto, los intentos por conformar el estado sureño fueron diversos. El primero, en 1810, en el que Morelos hizo conocer a sus tropas la intención de erigir una provincia en el sur del país llamada Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, con territorios de las intendencias de México, Puebla y Valladolid.

El segundo, en 1823, a cargo de los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Pero no fue sino hasta 1848 que se puso a consideración de los estados afectados –México, Puebla y Michoacán– la propuesta de erección de la entidad con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco.

Los estados de México y Puebla aceptaron ceder el territorio solicitado, pero Michoacán se pronunció en contra, lo que provocó que Tierra Caliente protestara decidiendo pertenecer al estado en gestación, de tal forma que el 25 de febrero de 1849 fue suscrita en Coyuca un acta de adhesión al nuevo estado, mientras que Tlapa y Costa Chica se sublevaron también en apoyo a la formación de la entidad. Ante esta situación, el presidente José Joaquín de Herrera intervino como mediador y el 15 de mayo de 1849 envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero.

La Cámara de Diputados recibió esta propuesta y el 20 de octubre del mismo año aprobó el decreto, y seis días después, lo aprobó la Cámara de Senadores.

El 27 de octubre de 1849, en solemne sesión, la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero, y Juan N. Álvarez fue designado, provisionalmente, comandante general.

Fue así que nuestra entidad surgió en un periodo histórico de profundas convulsiones políticas y sociales en el país y es, sin duda, un claro ejemplo de la importancia que tuvieron las movilizaciones campesinas locales en la construcción del Estado-nación mexicano. Lo anterior, debido a que su carácter local trascendió el ámbito regional y logró impactar al nacional al hacer resonar las demandas en contra de las decisiones de gobiernos centrales que afectaban sus autonomías y capacidad de ciudadanía. Preocupaciones que, debemos reconocer y subrayar, siguen vigentes casi dos siglos después.

Ya como estado, Guerrero fue también importante en la Revolución de Ayutla, concebida, peleada y consolidada precisamente en su territorio, y la cual habría de marcar el triunfo del Partido Liberal antes de la Guerra de Reforma y la llegada al poder nacional de las fuerzas regionales sureñas.

Igualmente importante fue su participación en la Revolución Mexicana. Personajes como Octavio Bertrand y los hermanos Figueroa lograron consolidar un proyecto político antirreeleccionista en la entidad, y pasaron de la lucha ideológica a la agitación política y, finalmente, a la insurrección armada.

La Revolución en Guerrero no fue un movimiento armado ocasional de inconformidad, sino la ocasión propicia para los guerrerenses de sumarse a la rebelión contra la imposición, el despotismo y en pro de la conquista de mejores condiciones de vida. La insurrección trajo consigo la oportunidad de continuar la tradición de lucha por la autonomía local, iniciada por los Álvarez contra el poder del Estado nacional.

Hoy, a más de 150 años de su formación y contrario a lo que dictaría el sentido común y de justicia histórica, Guerrero ocupa el segundo lugar en porcentaje de población en pobreza, incluyendo pobreza extrema, sólo después de Chiapas, y es la primera entidad cuya población presenta mayor número de carencias sociales, es decir, donde la pobreza es más profunda.1 Es, asimismo, el estado cuyos habitantes viven con los mayores niveles de marginación.2

Estos datos reflejan, pues, que la federación no ha sido lo suficientemente solidaria con las contribuciones que nuestro estado ha realizado a la conformación de la nación. Y nos habla, al mismo tiempo, de la urgencia inaplazable de traducir la vulnerabilidad, el atraso y el olvido en que muchos guerrerenses viven, en un presupuesto más justo y equitativo.

Pero también nos habla de la conveniencia de revalorar, desde esta óptica presupuestaria, su vocación turística y riqueza cultural, así como su carácter potencial como generador de desarrollo económico y de destino de inversión.

El próximo inicio de la discusión del presupuesto de Egresos de la Federación debe hacernos reflexionar a todos los legisladores, no sólo a los guerrerenses, en torno a la conveniencia, ya sea por razones de justicia o por razones estratégicas, de dirigir más recursos a este maravilloso estado y saldar así la deuda que la nación, en su conjunto, tiene con él.

Notas

1 Informe de pobreza en México el país, los estados y sus municipios 2010. Coneval, 2012.

2 Índice de Marginación 2010. Conapo, 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.

Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)

Con motivo del 1 de noviembre, Día Mundial de la Ecología, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La ecología se encarga de analizar cada elemento de un ecosistema, es una ciencia de síntesis, que busca comprender la compleja trama de relaciones que existen en un hábitat; toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología.

El pasado 1 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología, fecha en la cual se resalta la importancia de concienciar a los pueblos sobre temas ambientales y sociales.

El cambio climático está generando una severa crisis ambiental, fenómenos como la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la contaminación del aire, del suelo y del agua, afectan todos los días a diversas zonas del mundo.

En México, necesitamos promover de manera urgente una cultura ambiental que nos permita generar conciencia y responsabilidad en todas las personas, esto con el fin de poder darle a las futuras generaciones un mejor planeta. El Día Mundial de la Ecología se debe recordar a diario con el único fin de valorar y cuidar de nuestro patrimonio ecológico.

Una gran biodiversidad es la que se alberga en nuestro país, diversos paisajes compuestos por una gran variedad de especies animales y vegetales. Tenemos el segundo país en tipos de ecosistemas, y el cuarto en riqueza de especies. Por ejemplo, en México existen unas 500 especies de importancia pesquera, casi 600 especies que se utilizan para la reforestación, unas 4 mil especies con propiedades medicinales registradas, cientos de especies exóticas, invasoras y decenas de miles con potencial biotecnológico.

Ocupamos el segundo lugar en el mundo por la riqueza en reptiles con 804 especies, el tercero en mamíferos con 535, el quinto en anfibios con 361 así como el octavo en aves con mil 096 y casi 2 mil 500 especies se encuentran protegidas por la legislación1 .

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que nuesto país tiene alrededor de 70 por ciento de la diversidad biológica conocida en el planeta, y alerta que cada día se pierden hasta 100 especies animales y vegetales en los bosques tropicales.

En el marco del Día Mundial de la Ecología, venimos a esta tribuna a solicitar a todos nuestros compañeros legisladores que nos apoyen en la elaboración de normas que nos permitan implementar acciones para sostener los ecosistemas.

Debemos luchar desde nuestra trinchera contra los factores que amenazan la biodiversidad como la destrucción, el deterioro y la fragmentación de hábitats a causa de la agricultura, ganadería, construcción de presas, desarrollo urbano, carreteras, gasoductos, oleoductos, entre otros.

Notas

1. http://www.conabio.gob.mx/institucion/snib/doctos/acerca.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.

Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)