Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3670-VI, miércoles 19 de diciembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.
Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.
Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.
Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.
Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.
El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.
La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:
Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.
Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.
Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.
El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.
Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.
En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.
¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?
Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.
El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.
¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.
Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?
Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.
Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías de Acapulco de Juárez, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Junta de Coordinación Política, la creación de un grupo de trabajo plural de diputados, que dé seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Por diversos medios nacionales, hemos sido testigos de una serie de abusos cometidos por los policías municipales de Acapulco, los cuales hasta el momento no han sido castigados, prevalece la impunidad auspiciada desde el gobierno municipal y resulta indispensable que esta soberanía le dé seguimiento a este hecho de violencia que ha indignado a la sociedad del puerto de Acapulco.
Desde hace 481 años, que apareció la Virgen de Guadalupe y que iniciaron las peregrinaciones en todos los rincones de nuestra nación, jamás se había suscitado una agresión policiaca en contra de peregrinos; por el contrario, es costumbre, que las diversas policías coadyuvan al buen desarrollo de esta tradición popular, dando vialidad y garantizando la seguridad de los feligreses.
El día 12 de diciembre, cuando se realizaba una peregrinación guadalupana de comerciantes del Mercado Central que se dirigían a la Catedral de Acapulco, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán, estando ya a unos metros de llegar, los policías municipales empezaron a disparar en contra de los peregrinos, donde como es costumbre iban familias completas, ante los disparos de policías todos empezaron a correr, entre ellos mujeres y niños. El saldo fue de tres peregrinos heridos.
Este hecho lamentable de violencia tuvo un impacto nacional, porque nunca en la historia de ningún gobierno municipal, se había registrado una agresión de esta naturaleza en contra de peregrinos, que pacíficamente acuden a venerar a la Virgen de Guadalupe; ni en los peores momentos del país, se habían registrado hechos violentos de esta magnitud en contra de una peregrinación, que para la gente en México tiene un rango de sagrada y de unión familiar.
Si los hechos de violencia son condenables, más aún resulta condenable la serie de contradicciones y encubrimiento desde el poder municipal que se registraron posteriormente.
El Alcalde Luis Walton Aburto publicó un día después de los hechos, consultable en su cuenta personal de Twitter: @LuisWalton, que había “puesto a disposición del MP a 25 policías municipales”, sin embargo sólo entregó a 11. De los otros 14 hasta la fecha no se sabe nada.
Como era de esperarse, de los 11 entregados, a todos les resultó negativa la prueba de rodizonato y con una fianza salieron libres. Lo anterior generó aún mayor indignación en la población de Acapulco, porque con un pago ante el MP se podría disparar a la ciudadanía, o que finalmente, ya nadie es culpable; con Acapulco tenemos contacto muchos de nosotros, porque el puerto representa nuestro destino turístico por excelencia y acudimos con frecuencia a él.
Como se advierte, son dos aspectos indignantes: primero el hecho de violencia en contra de peregrinos, el cual no se reduce a una renuncia de funcionarios, sino a la sanción ejemplar, sean del nivel que sean. Y el segundo, a la impunidad que se registra hasta el momento, derivado en parte, por la entrega tan solo de 11 elementos y no de los 25 como había aseverado el Alcalde que ya había consignado.
Amigas y amigos, que nadie se confunda y en aras de una cuestión partidista pretenda encubrir o desdeñar un tema que es de interés de todos, no se trata de un asunto de partidos, es un asunto estrictamente de justicia, y nadie puede contravenir estos principios básicos, por ello es indispensable la participación de esta soberanía.
La actuación indebida de una policía municipal y de sus superiores jerárquicos, pone en riesgo la preeminencia del estado de derecho.
Hasta el momento, lo que se ha leído es que el gobierno de Acapulco pretende trasladar su responsabilidad a otras administraciones e inclusive a los partidos políticos, valdría la pena citar las palabras textuales, con las cuales coincidimos, del diputado Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, con motivo del acuerdo para integrar un grupo de trabajo en el caso Michoacán, que en el pleno aprobamos por unanimidad: “Son muy irresponsables quienes se han atrevido a señalar a los partidos de izquierda, como los causantes por estar detrás del conflicto, no se debe ante el pedido de una actuación acorde a la gravedad de los hechos, que el gobierno derive su deber y se escude trasladando a los adversarios políticos su propia responsabilidad”.
En el PVEM, tenemos claro que la sociedad demanda las mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, y que es inadmisible la comisión de hechos, que agravien a los ciudadanos, en cualquier lugar del país.
Como representantes populares, estamos más que obligados a preservar el Estado de Derecho y erradicar la impunidad. Es por ello, que con respeto a la pluralidad, presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal.
Segundo. El grupo plural de trabajo se formará por 8 ocho miembros integrado por 2 dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 uno por cada uno de los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.
Tercero. El grupo de trabajo empleará el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales de su encomienda y se allegará de toda la información de la investigación del caso.
Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que realice sus actuaciones apegadas a derecho.
Quinto. El grupo de trabajo contará con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo estará vigente hasta la conclusión de su objeto y deberá presentar al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de su objeto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SCT que por su Centro Jalisco y Capufe revise, repare e implante señalamientos legibles, oportunos y precisos en los accesos viales de San Juan de los Lagos, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo con el fin de que solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de su Centro Jalisco y de Caminos y Puentes Federales, lleven a cabo la revisión, reparación e implementación de señalamientos legibles, oportunos y precisos en los accesos viales al municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para todos los países, los sistemas integrales de comunicación y de transporte son esenciales para su desarrollo. Cada año se avanza en este terreno. México no es la excepción, tiene en cuenta la importancia de vincular integralmente a la sociedad a través del sector de comunicaciones y transportes.
Por ello, las autopistas y puentes de cuota han sido fundamentales en el desarrollo económico del país durante los últimos años, al integrar y comunicar a diversas zonas y regiones.
La red de autopistas ha ofrecido a los usuarios reducir sus tiempos de traslado, menor consumo de combustibles y de desgastes de vehículos. La institución encargada de administrar, mantener y construir la red carretera del país es Caminos y Puentes Federales (Capufe); opera una red propia y algunas de las autopistas concesionadas a particulares y/o gobiernos de los estados.
Los proyectos de vialidades que se presentan a Capufe deben tener como objetivos básicos, mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, seguir promoviendo el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes que se benefician con estos servicios.
El avance económico y el incremento del comercio están demandando nuevas alternativas viales. El crecimiento del transporte carretero se desarrolla por encima del promedio del resto de los medios alternativos de transporte.
Una de las condiciones indispensables para el buen funcionamiento del sistema carretero del país, es la señalización de las carreteras, ya que genera mayor seguridad a los usuarios.
Por ello, es necesario desarrollar un plan de mejoramiento de la señalización que permita proveer a todas las carreteras del país, señalamientos sencillos, claros, legibles, uniformes, eficientes, modernos, oportunos y precisos que mejoren la seguridad y la comodidad de los usuarios.
Aunque la legislación mexicana no prevé el tema de la señalización específica de la diferencia de vialidades entre cuota y libre, el tema de tránsito en carreteras federales y de la señalización carretera se establece en leyes, reglamentos y normas.
Dentro del marco legal mexicano, se reconocen diversos tipos de señales o avisos en las carreteras federales (“Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2-2010”):
• Preventivas : Cuando tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino y su naturaleza.
• Restrictivas : Cuando tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad.
• Informativas : Cuando tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre nombres y ubicación de las poblaciones y de dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en kilómetros y ciertas recomendaciones que conviene observar.
• Turísticas y de servicios : Cuando tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo. y;
• Diversas : Cuando tienen por objeto encauzar y prevenir a los usuarios de las carreteras y vialidades urbanas, pudiendo ser dispositivos diversos que tienen por propósito indicar la existencia de objetos dentro del derecho de vía y bifurcaciones en la carretera o vialidad urbana, delinear sus características geométricas, así como advertir sobre la existencia de curvas cerradas, entre otras funciones.
Asimismo, la misma Norma Oficial Mexicana menciona la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus delegaciones estatales, para supervisar e inspeccionar los señalamientos:
11.1 Los Residentes de Obra de los Centros SCT Estatales, dentro de su jurisdicción, deben supervisar e inspeccionar el señalamiento, tanto horizontal como vertical y los dispositivos que se utilicen para protección en zonas de obras de construcción, conservación o reparación en las carreteras y vialidades federales, incluyendo las concesionadas, mediante programas de inspecciones periódicas tanto diurnas como nocturnas, para verificar que cumplan con las disposiciones de esta Norma y que se encuentren en buen estado. En ningún caso permitirán la ejecución de los trabajos de construcción, conservación o reparación, mientras no se cumpla con lo establecido en esta Norma.
11.2 Las autoridades estatales y municipales, responsables de proyectar, construir, operar y conservar las carreteras y vialidades urbanas, deben designar al personal de verificación que supervise e inspeccione el señalamiento, tanto horizontal como vertical y los dispositivos que se utilicen para protección en zonas de obras de construcción, conservación o reparación de esas carreteras y vialidades, incluyendo las que hayan concesionado, mediante programas de inspecciones periódicas tanto diurnas como nocturnas, para verificar que cumplan con las disposiciones de esta Norma y que se encuentren en buen estado. En ningún caso se permitirá la ejecución de los trabajos de construcción, conservación o reparación, mientras no se cumpla con lo establecido en esta Norma.
Del mismo modo, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece las condiciones que se tendrán que reunir para que un camino o puente construido pueda operar:
Artículo 32. No podrán abrirse al uso público los caminos y puentes que se construyan, sin que previamente la Secretaría constate que su construcción se ajustó al proyecto y especificaciones aprobadas y que cuenta con los señalamientos establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente. Al efecto, el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría de la terminación de la obra y ésta dispondrá de un plazo de 15 días naturales para resolver lo conducente; si transcurrido este plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.
La misma Ley instituye las infracciones que se cometan en contra de la señalización carretera:
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. ...;
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientos salarios mínimos;
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientos salarios mínimos;
...
El objetivo principal de este Punto de Acuerdo, se relaciona con el estado de Jalisco. Esta entidad, debido a sus diversos centros económicos, turísticos, agropecuarios, ha fomentado la inversión en su sistema carretero, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la capacidad de la infraestructura carretera y promover la competitividad.
Hasta diciembre de 2011, la longitud total de infraestructura carretera en el estado de Jalisco era de 12,736.4 kilómetros., distribuida de la siguiente manera:
• Carreteras Federales: 1,955.6 kilómetros.
• Carreteras Alimentadoras: 3,848.6 kilómetros.
• Caminos Rurales: 6,932.1 kilómetros.
En esta temporada de vacaciones, muchas personas aprovechan los días de asueto para viajar, sobre todo en carros particulares, a distintas partes de la República, siendo Jalisco un destino turístico principal.
Estos turistas sufren las deficiencias que existen en las carreteras de cuota mexicanas, muchas de las cuales, contrario al objetivo por el cual se crearon, representan un riesgo, además de que se pagan tarifas altas.
El caso particular que se presenta ante esta Soberanía, es por la mala, confusa y deficiente señalización que se registra en la Carretera Lagos-San Juan, a la altura del entronque con la autopista a Guadalajara, en la zona conocida como el “Desperdicio”.
En este lugar, la señalización indica solamente el acceso a la ciudad de San Juan por autopista, sin hacer mención que es una vía de cuota, y no señala que también existe acceso al municipio por vía libre, creando de tal manera una confusión a los visitantes y demás personas que desean ingresar a la ciudad de San Juan de los Lagos y que no conocen.
Presuntamente y de manera dolosa, los tableros de señalización en el entronque en mención fueron cambiados, ya que anteriormente se especificaba la separación de caminos vía libre y cuota. Al no conocer esta zona, los usuarios siguen la indicación de ir a San Juan de los Lagos y adelante se dan cuenta que tendrán que pagar una cuota que no tenían prevista.
Las cuotas que se cobran actualmente en la zona descrita son las siguientes:
• Automóviles $25.00
• Camiones de 2 y 3 ejes $27.00
• Camiones de 5 y 6 ejes $42.00
• Camiones de 7, 8 y 9 ejes $47.00
• Autobús $29.00
• Autobús 1 eje $38.00
• Autobús 2 ejes $51.00
• Vehículo con remolque $51.00
• Motocicletas $13.00
San Juan de los Lagos es el segundo centro turístico religioso más visitado del país, y Jalisco una de las entidades que reciben a un número importante de “paisanos” que provienen de Estados Unidos o Canadá, y muchos de ellos acuden a este sitio, por lo que se solicita que de manera urgente, se regularice esta anomalía y se le informe a los usuarios que cuentan con dos caminos, uno libre y otro de cuota.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Soberanía solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de su Centro Jalisco y de Caminos y Puentes Federales, lleven a cabo la implementación de señalamientos sencillos, claros, legibles, uniformes, eficientes, oportunos y precisos en el acceso al municipio de San Juan de los Lagos, especialmente el del entronque conocido como el “Desperdicio”; en el entronque del libramiento San Juan con la carretera libre a Jalostotitlán, así como revisar y reparar todas las señalizaciones de las diferentes rutas de acceso carretero a San Juan de los Lagos.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.
Diputado José Noel Pérez de Alba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar por la Sedesol medidas para fortalecer el Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal, instrumentar medidas para fortalecer al programa de estancias infantiles, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En nuestro país, la demanda del servicio de guarderías para los hijos de las madres trabajadoras ha crecido notablemente en los últimos años. De acuerdo con las cifras disponibles de Encuestas Nacionales de Empleo y Seguridad Social (ENESS), realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la última década se ha duplicado la proporción de niños de 0 a 6 años que son atendidos en guarderías públicas.
Este crecimiento está relacionado con diversos factores socioeconómicos, como son: la incorporación paulatina de las mujeres al mercado laboral (las tasas de participación económica femenina (pasó de 16.4 por ciento en 1970, a 43.4 por ciento en 2011)1 , el aumento del nivel de escolaridad de las mujeres; el crecimiento del número de mujeres como jefas de familia; el aumento del número de divorcios, y el número cada vez mayor de madres solteras, entre otros.
Para hacer frente a esta situación, a partir de 2007 nace el programa Estancias Infantiles, para apoyar a madres trabajadoras con el propósito de abrir espacios a los hijos, hijas de madres trabajadoras, para que puedan recibir atención y cuidado, mientras ellas trabajan bajo un esquema de participación ciudadana. Son estancias diseñadas para que estén ubicadas en la misma colonia, en el mismo barrio, para evitar grandes traslados.
En los últimos cinco años, el gobierno en turno, preocupado por el bienestar de los niños y de las madres trabajadoras, abrió más de 9 mil 500 estancias infantiles. En este lapso se abrieron más estancias infantiles que todas las guarderías y estancias que se abrieron en México en todo el siglo XX. Así, hoy, ya son cerca de 10 mil responsables o dueñas de estancias, que emplean a 44 mil personas de apoyo de manera directa. Las mujeres, fundamentalmente, que laboran en las estancias infantiles, tienen un ingreso digno, cuidando a las niñas y a los niños de otras mujeres.
Actualmente hay 260 mil madres que se han incorporado al mercado de trabajo y que no hubieran podido hacerlo sin las estancias infantiles, y hay 250 mil niños atendidos, ya son un millón de niños, que pasaron por las estancias infantiles y que ya van a la primaria o al kínder.
Este es un programa muy noble y que ha demostrado ser exitoso, incluso fue premiado con el segundo lugar mundial del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2012, dentro de la categoría Promoviendo el Enfoque de Género en la Provisión de los Servicios Públicos.
No obstante, al día de hoy el programa se encuentra en riesgo de no continuar con sus operaciones. Se trata de un tema de sustentabilidad financiera, ya que actualmente las encargadas de las estancias reciben 850 pesos por niño (durante 4 años este monto fue de 700 pesos). Con estos recursos se deben cubrir todos los costos: nómina (se requiere de un asistente por cada 8 niños), impuestos, el pago de la seguridad social de la maestras, educadoras, y asistentes nuevo requerimiento que resulta bastante oneroso para las responsables de las estancias, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, seguro de responsabilidad civil, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación.
Por considerar que el pago que realiza por cada niño de las estancias infantiles es insuficiente, considerando los costos de operación, bajo estas condiciones y para no quebrar, se requeriría de un aumento de aproximadamente mil pesos en el apoyo económico que se recibe por niño, que si bien podría parecer considerable, basta recordar que este es el promedio del costo por niño en las guarderías subrogadas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de mil 800 pesos, y en muchos casos esta cifra alcanza los 2 mil 300 pesos, monto que incluso todavía es menor a los costos que tienen las guarderías operadas directamente por el IMSS que superan los 4 mil pesos por niño.
De no tomarse en consideración que aqueja a la mayoría de las estancias infantiles, particularmente a las pequeñas que se encuentran en las localidades más pequeñas que atienden a las madres que más lo necesitan, se corre el riesgo de que muchas de ellas tengan que cerrar – tan sólo en mi estado, Colima, 50 por ciento de las estancias infantiles se encuentran en esta situación, además lo que es más importante, hay miles de niños que se quedarían sin cuidado, alimentación y atención. Las madres y padres de estos niños tendrían que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos, teniendo como consecuencia una inestabilidad económica en sus hogares.
El programa es también la única fuente de ingreso de muchas de las responsables y asistentes que tienen hijos y familia que mantener. Quedarían desempleadas tanto las responsables como las asistentes.
Compañeros legisladores, apelo a la sensibilidad de este Congreso para que apoyen el presente punto de acuerdo porque hoy, gracias a programas como el de Estancias Infantiles, las niñas y los niños tienen más que nunca oportunidades para aprender a convivir, a nutrirse bien y dejar que sus mamás puedan ir a trabajar. Con Estancias Infantiles se ha permitido que miles y miles de familias, (ya casi son un millón de madres) hayan tenido la oportunidad de ir a buscar un trabajo, sin el apoyo de Estancias Infantiles hubiese sido imposible esto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se instrumenten las medidas necesarias a fin de asegurar la permanencia y sustentabilidad del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y a otorgar un incremento en el apoyo económico que se entrega a las responsables de las estancias.
Notas
1. IMSS. Memoria Estadística 2011. Capítulo XI Guarderías. http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/memoriaestadistic a.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2012.
Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, respecto a las autorizaciones para ejecutar el megaproyecto mercantil y habitacional de capital de origen chino Dragon Mart, en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y a los efectos sociales, económicos y ambientales de su operación, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales a la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, Numeral 1, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:
1. Que la ciudad de Cancún, Quintana Roo, es uno de los mayores polos de atracción del turismo internacional hacia nuestro país y también es una de las mayores fuentes de entrada de divisas e ingresos por servicios turísticos.
2. Que alrededor de la industria turística de Cancún se ha configurado toda una cadena productiva y comercial para proveer insumos y productos finales que demanda la actividad turística, misma que se constituye en la fuente de empleo de cientos de miles trabajadores mexicanos y el sustento de un vasto número de empresas grandes, medianas y pequeñas que compiten con lealtad de acuerdo a las condiciones del mercado y la competencia económica cumpliendo con las Leyes y Normas mexicanas.
3. Que esos cientos de miles de empleos así como la existencia de estas empresas estarían amenazados por la operación de un clúster comercial de capital 100% chino denominado “Dragón Mart Cancún”, el cual pretende establecerse en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en una superficie total de 561.37 hectáreas con el propósito de establecer naves para el almacenamiento de insumos y productos de manufactura de origen chino; instalaciones industriales para el procesamiento final de productos; un mega centro comercial para la venta de los mismos así como la urbanización y edificación de por lo menos 722 viviendas que albergarían a un conjunto de 5 mil trabajadores de nacionalidad china que trabajarían en dichas instalaciones.
4. Que la operación de este Clúster bajo las condiciones anteriormente descritas implicaría prácticas de dumping y comercio desleal operadas en una especie de ínsula china dentro de territorio mexicano, sin el empleo de mano de obra mexicana y sí con el empleo de trabajadores chinos bajo condiciones laborales y salariales chinas, en franca violación a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Comercio Exterior.
5. Que para ocultar esa ilegal forma de operar el futuro comercio, los inversionistas chinos y presentaron parte del proyecto Dragón Mart Cancún como “Desarrollo Turístico” para además de obtener el equipamiento y desarrollo urbano a costa de la inversión de los gobiernos federal, estatal y municipal, lograr la entrada de ciudadanos chinos como turistas que en realidad serán los encargados de operar y laborar al interior del clúster.
6. Que aun considerándolo como un simple desarrollo turístico el proyecto Dragón Mart implica severas violaciones la normatividad local y federal en materia ambiental y de desarrollo urbano en por lo menos los siguientes aspectos:
I. El área máxima de desmonte permitida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (vigente desde el año de 2005) del municipio de Benito Juárez, permitiría como límite 135.2 hectáreas como superficie factible ocupar para las obras del proyecto en las Unidades de Gestión Ambiental números 26 y 27., siendo insuficientes para desarrollar el centro comercial, las viviendas, bodegas y áreas verdes que de conformidad en lo originalmente declarado el Manifiesto de Impacto Ambiental representan 153.95 hectáreas Esto significa que la superficie que pretende aprovecharse rebasa la permitida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
II. El proyecto “Dragón Mart” solo guardaría congruencia con los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, respetando el condicionamiento a edificar instalaciones de uso comercial en la Unidad de Gestión Ambiental número 27, sin embargo, la vivienda que pretende desarrollarse no es viable en la Unidad de Gestión Ambiental número 26 ya que en ella únicamente se permite la edificación de vivienda asociada a actividades agropecuarias.
III. En fecha 6 de septiembre de 2012, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo emitió el oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, por el que resuelve autorizar de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”, ubicado en la Supermanzana 50, Manzana 01, Lote 22-09, flexión izquierda del Kilómetro 333+000 de la carretera federal 307, Chetumal-Cancún, I autorizando el desarrollo de 722 viviendas en la Unidad de Gestión Ambiental 26, pese a la prohibición expresa en sentido contario establecida en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
IV. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus Artículos 12 Fracciones XXIII, XXVIII, XXIX; Artículo 16 Fracciones I, VIII y XXII, considera que son atribuciones de la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Materia Forestal: “expedir, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal”. Dragón Mart no cuenta con el cambio de uso de suelo forestal en la totalidad del predio donde se desarrollará el proyecto.
V. A la fecha el proyecto “Dragón Mart” no cuenta con los permisos de construcción lo que implicaría realización de actividades de Chapeo y Desmonte mismas que ya se han llevado a cabo. Cabe recordar que el predio se encuentra ubicado en un área de protección de especies endémicas y nativas de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.
VI. La Manifestación de Impacto Ambiental y su autorización condicionada omitió evaluar los impactos por el manejo de lodos y descargas de plantas de tratamiento de aguas, por el vertido de sodio de la planta desaladora a cuerpos de agua y la construcción de vialidades.
7. Que la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Quintana Roo, en sus Artículos 21, 22 y 23, considera la figura de juicio de lesividad, como el mecanismo para revertir resoluciones que hubieran sido emitidas sin apego al cumplimiento de la normatividad.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a no expedir el permiso de construcción del proyecto “onstrucción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas” hasta que el mismo cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez.
Segundo: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo, para considerar promover juicio de lesividad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental, mediante oficio INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, del proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.
Tercero: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionadas con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”, hasta en tanto se solventen las irregularidades en materia ambiental denunciadas en el presente punto de acuerdo.
Cuarto: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Economía a emprender una investigación respecto al impacto económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de diciembre de 2012.
Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SHCP que el monto de las multas aplicadas por el IFE a los partidos políticos se destine a fortalecer la cultura física y el deporte nacional, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Gerardo Liceaga Arteaga, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Queda claro que la cultura física y el deporte son dos elementos fundamentales que contribuyen de manera importante a la conservación de la salud, al desarrollo de capacidades y de habilidades para la vida, así como para propiciar la unidad, solidaridad e identidad nacional.
En sus diferentes modalidades, el deporte es en nuestro tiempo una de las principales actividades sociales y con mayor capacidad de convocatoria, sin embargo, en nuestro país su práctica entre la población y el impulso a las actividades de alto rendimiento, enfrentan obstáculos diversos por causas multifactoriales.
Por lo anterior, es menester diseñar políticas públicas estratégicas, las cuales contemplen la transversalización de acciones para del fomento y desarrollo de la cultura física y el deporte en los tres órdenes de gobierno, entre la sociedad civil y los diferentes sectores sociales y productivos del país.
En este sentido, es que la propuesta que hoy someto a su consideración, pretende que los recursos que no ejerzan los Partidos Políticos por concepto de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral sean destinados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Comisión Nacional del Deporte, con el objetivo de los deportistas mexicanos cuenten con un presupuesto que reditúe en el impulso del deporte en nuestro país, con los consecuentes resultados tanto para la población como para el deporte nacional.
Se pretende, prioritariamente que con dichos recursos, se de mantenimiento a las instalaciones deportivas, así como crear nuevas en las entidades federativas, y desde luego, fortalecer el apoyo económico destinado a deportistas olímpicos y paralímpicos.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el monto de las multas aplicadas por el Instituto Federal Electoral a los Partidos Políticos, sea destinado al fortalecimiento de la cultura física y el deporte nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de diciembre de 2012.
Diputados: Gerardo Liceaga Arteaga (rúbrica), William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentin Maldonado Salgado (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Tomás Brito Lara, Catalino Duarte Ortuño, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rafael González Resendiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Ponciano Vázquez Parissi (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fomentar el sector artesanal mexicano, a cargo del diputado Luis Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Luis Gómez Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que solicita la creación de la comisión especial para el fomento del sector artesanal mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La artesanía es un bien económico que se ofrece al turista que busca llevar a su lugar de origen un fragmento de la identidad local del destino visitado; ella ofrece materialización del recuerdo de la propia experiencia turística y manifiesta la realización del viaje ante los demás.
La actividad artesanal se concibe como una alternativa laboral asociada a pequeños o grandes empresarios productores de objetos con contenidos artísticos y culturales que poseen características de autenticidad. Estas creaciones artísticas se han desarrollado para expresar la dimensión intangible y la interpretación del ambiente en donde ésta surge y se desarrolla. De esta manera, la artesanía representa parte esencial del patrimonio cultural, constituido por el cúmulo de creación que la memoria colectiva de la comunidad transmite de generación en generación. En su proceso de producción predomina el trabajo manual sobre el mecánico y se emplean técnicas que implican el conocimiento de determinadas materias primas y un gran adiestramiento.1
México posee una enorme vocación en lo que a economía artesanal se refiere. La distribución territorial de esta actividad es amplia, éstas se producen en las 32 entidades federativas. Además, existe una fuerte correlación con las entidades productoras y las de mayor proporción de población indígena, hecho que no permite olvidar el carácter cultural involucrado en la fabricación de estos artículos.2
El principal motor para el desarrollo de la industria artesanal en México es su diversidad cultural y étnica. De allí la necesidad de que esta actividad se convierta en una alternativa capaz de reducir la pobreza y lograr la estabilización económica en zonas rurales e indígenas cuyos índices de desocupación y subempleo son significativos.
Sin embargo, los indicadores macroeconómicos del sector revelan que esta actividad ha alcanzado su máximo potencial productivo, tal como lo muestra la información proporcionada por el INEGI en el documento Cuentas Satélites de Turismo de México.
Así, durante el periodo 2003-2010, el sector artesanal ha contribuido con medio punto porcentual del PIB en promedio anual, lo que significa que su producción ha dejado de expandirse.
La oferta total de bienes artesanales pasó de 78 mil 185.31 millones de pesos corrientes en el año 2003 a 119 mil 128.56 millones de pesos en el 2010, representando un incremento real del 52.37 por ciento; generó 212 mil 575 puestos de trabajo remunerados en el año 2003 y 217 mil 084 puestos de trabajo remunerados en el año 2010, representando un incremento real de 2.12 por ciento. Las remuneraciones totales anuales pasaron de 5 mil 907.45 millones de pesos en el 2003 a 7 mil 947 millones de pesos en el 2010, representando un incremento del 34.53 por ciento. El ingreso per cápita remunerado en la actividad artesanal pasó de 27 mil 790 pesos anuales en el 2003 a 36 mil 608 mil pesos anuales en el 2010, lo que representó un incremento del 31.73 por ciento.
En el año 2010, el consumo de artesanías en el interior del país ascendió a 113 mil 624.80 millones de pesos, de los cuales, los negocios concentraron 45 mil 778.13 millones de pesos, los vacacionistas 8 mil 178.23 millones de pesos, los excursionistas 30 mil 419.02 millones de pesos y otros rubros no agrupados representaron 15 mil 359.11 millones de pesos.
Como se puede observar, del negoció total de artesanías registradas en el país, los comercios concentraron el 40.29 por ciento del total; los vacacionistas el 7.20 por ciento, los excursionistas el 26.77 por ciento, y otros rubros el 13.52 por ciento.
Del análisis macroeconómico expuesto para el sector artesanal en nuestro país, observamos que éste tiene una baja participación en la actividad económica sectorial del país, la generación de empleos se ha mantenido prácticamente constante, la distribución del producto final está altamente concentrada en los grandes negocios, que son los que adquirieron la mayor parte de la producción de estos bienes, lo que permite beneficiar a los productores minoritarios, cuyo ingreso per cápita remunerado ha crecido únicamente el 31.73 por ciento en los últimos siete años.
El estancamiento de la actividad artesanal en nuestro país ha impedido desarrollar una amplia cadena productiva, vinculada con múltiples actividades de mano de obra masiva, altamente especializada por las habilidades manuales que desempeñan, y que están relacionadas con la alfarería, decoración del cuero, tejeduría en telar, aplicaciones en tela, dulcería, tejidos, barniz de pasto, ebanistería, torneado, bisutería, encuadernación, muñequería, trabajos decorativos, bordados a mano, orfebrería, trabajos en bambú, estampados, carpintería, pintura, cerámica y porcelana, fundición, pirotecnia, cerería, grabado, platería, instrumentos musicales, sombrería, hilandería, joyería, talabartería, juguetería, vidriería, vitralería.
El estancamiento de la actividad artesanal en nuestro país ha reducido la demanda de materias primas que se emplean en el desarrollo de estas habilidades, y que están relacionadas con la seda, caña, algodón, fibra de plátano, lana, esparto, palma, paja, cristal, azúcar, harinas, pintura, entre otras.
En lo referente a la problemática de este sector, de acuerdo con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los principales problemas que enfrentan los artesanos en México son los siguientes:
1. Proyectos poco rentables: se refiere a que estos proyectos en su mayoría no cubren los costos de producción y se venden las artesanías a precios muy bajos. La producción es de uso cotidiano como prendas de vestir y utensilios de cocina que se intercambian para complementar sus necesidades, lo que representa pérdidas al no recuperar la inversión en materiales y mano de obra. A estas condiciones se les incorporan problemas como el limitado acceso al financiamiento con productos inadecuados y ausencia de instituciones crediticias; limitado acceso a los activos productivos o tecnologías; bajo conocimiento técnico, financiero y administrativo que se oriente a las competencias productivas y emprendedoras.
2. Desarticulación de mercados: por las características geográficas de México, muchos artesanos viven en zonas rurales con problemas de vías de comunicación. Esto implica la necesidad de intermediarios con la ventaja de comprar a bajo costo los productos artesanales y revenderlos en otros mercados con un porcentaje importante de utilidad. Los canales de distribución de las artesanías son actualmente una condición de mercado que limita la competitividad de los productores.
3. Uso de recursos naturales de forma no sustentable: la fabricación de artesanías utilizando materias primas de origen natural ha tenido un impacto desfavorable a los ecosistemas donde se asientan estas comunidades. La pobreza en que históricamente han vivido no les han dejado otras alternativas para fabricar sus productos con las consecuencias de terminar con sus recursos naturales no renovables. Una cultura de sustentabilidad no existe para garantizar en el largo plazo el seguir utilizando a la naturaleza como fuente de recursos.
4. Insuficiente valor de las artesanías: la percepción de las artesanías mexicanas es considerarlas de bajo costo. La condición de la innovación en la fabricación de artesanías tendría que ser un requisito para motivar un cambio en dicha percepción. Un aprecio y valoración por las artesanías debe ser motivada por las actividades de marketing con respaldo de la innovación. Por otro lado, las condiciones del sector artesanal en México se han analizado por regiones económicas al ser una nación de diversos perfiles culturales, económicos e incluso la disponibilidad de recursos naturales. Esta heterogeneidad complica concluir en sus condiciones competitivas y a su vez en las propuestas adecuadas para la solución de sus problemas.
Por la existencia de estas problemáticas, se propone la creación de la comisión especial para el fomento del sector artesanal mexicano, la cual será un órgano camaral que fomente la modernización de los procesos productivos vinculados a esta actividad para incrementar la oferta de los bienes finales; alenté su distribución diversificando los puntos de ventas al interior del país y en el mercado mundial y coadyuve a la mejora de las condiciones de vida de la población que se dedica a la actividad artesanal del país.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales del Estado Soberano de Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRI, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para el Fomento del Sector Artesanal Mexicano.
Segundo. Los objetivos de la Comisión Especial para el Fomento del Sector Artesanal Mexicano serán, entre otros, incrementar la rentabilidad de los proyectos artesanales regionales, encontrando mecanismos financieros para que los productores accedan a créditos suficientes y baratos, incorporen más valor tecnológico a sus proceso productivos, y desarrollen técnicas administrativas y contables de vanguardia; la articulación de los mercados de artesanías con los principales centros comerciales y turísticos del país y del extranjero; el incremento del valor agregado de esta actividad a través de la incorporación de procesos altamente tecnificados, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación de los recursos humanos, con el objetivo de incrementar los niveles de vida de la población que se dedica a esta actividad; y el desarrollo de este sector con criterios de sustentabilidad ambiental para la conservación de la riqueza natural de las regiones del país donde se producen bienes artesanales.
Tercero. La Comisión Especial para el Fomento del Sector Artesanal Mexicano estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios, que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la pluralidad que guarda la composición del pleno de esta legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial para el Fomento del Sector Artesanal Mexicano tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.
Notas
1 Ver en http://www.acaa.cult.cu/noticias/2011/030.htm
2 Ver en http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime-130602
Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2012.
Diputado Luis Gómez Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
Flor de Rosa Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que tiene por objeto1 prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, regular los aspectos civiles y penales de éste y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual.
Dicho instrumento internacional fue ratificado el 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y de menores una de sus vertientes más perniciosas, y vulnera sin piedad la dignidad humana, pues somete a las víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Ante tan oscuro panorama, el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas2 sitúa actualmente a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.
Datos de la Procuraduría General de la República revelan que 18 entidades del país concentran 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados más afectados.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que la violencia intrafamiliar se presenta en 1 de cada 3 hogares mexicanos, lo cual propicia que alrededor de 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar, lo cual los vuelve presa fácil de la explotación sexual.
Un escalofriante reporte3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente adultas, niñas y niños.
Ello da una idea del tamaño del reto y de las complicidades a escalas local y mundial que enfrentamos.
Los avances en la materia no corresponden a la magnitud del problema. Faltan políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia, que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y a adolescentes.
La Guía técnica para el personal que labora en los albergues de tránsito para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, del DIF, orienta sobre el procedimiento respecto a la recepción y el cuidado de los niños y los adolescentes sin compañía. Sin embargo, la atención del procedimiento está sujeta al grado de capacitación del personal en turno.
En 2011, las autoridades estadounidenses entregaron a México a 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes de diversas nacionalidades que viajaban solos y fueron interceptados en la frontera. De los menores devueltos, 11 mil 520 eran mexicanos.
Cuando los menores son retenidos por las autoridades de Estados Unidos, el proceso de repatriación entre los oficiales de aquel país y de México se reduce a la frialdad de un trámite burocrático que no atiende al interés superior de la infancia, lo cual refleja la indiferencia o la falta de políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación.
En contraste, la William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, de Estados Unidos, tiene como objetivo brindar mayor protección a los niños migrantes –incluidos a mexicanos sin compañía–, principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales negociados por el Departamento de Estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –en términos de lo señalado en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas.
La fracción XI del artículo en mención señala que la SRE destinará los ingresos recibidos a cubrir los gastos del programa de repatriación de personas vulnerables, atención y asesoría jurídica y de protección consulares, y la campaña de seguridad al migrante, entre otros, los que son nulos una vez que se entregan al Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre los objetivos estratégicos y las líneas de acción del INM están colaborar en el combate de la trata y el tráfico de personas, garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, fortalecer y ampliar los grupos de protección de migrantes y establecer instrumentos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos del instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.
Los objetivos del DIF comprenden promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad en situación de riesgo o vulnerabilidad social, y difundir y promover el respeto de los derechos de la infancia, en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Pese a ello, México aún requiere políticas y leyes que salvaguarden los derechos de los menores y de los adolescentes migrantes sin compañía.
El país demanda la implantación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas encargadas de recibir a los menores repatriados a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normativa de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del INM, del DIF o de albergues de asociaciones privadas.
La aplicación de las políticas que promueven el bienestar y la protección de los menores –como las de asistencia social– no pueden variar de una entidad a otra o entre municipios ni, mucho menos, estar sujetas al criterio de los servidores públicos encargados de los programas sociales. De ahí la exigencia de que en México la función pública pase de ser un ejercicio favorecido por los criterios personales a un ejercicio sustentado en las obligaciones y responsabilidades públicas.
Es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.
La base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.
Ello requiere una coordinación técnica y operativa que evite la duplicación de procedimientos, en especial las múltiples y desgastantes entrevistas al menor, así como la implantación de medidas de seguridad y de respeto de la privacidad del menor.
Pero también demanda el compromiso, la responsabilidad y la altura de miras de los integrantes de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, obligados a poner en manos de las instituciones mexicanas todos los instrumentos a su alcance –nacionales e internacionales– para enfrentar el flagelo del tráfico de menores.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta legislatura, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Notas
1 La convención establece en el artículo 1 que tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de la convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por sus titulares.
2 CNDH, Ceidas, Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, México, Distrito Federal, 2009, http://www.observatoriotrata.org/estadisticas
3 “El papel de la OIT frente a la trata de personas”, en Cumbre iberoamericana sobre trata de derechos humanos, Santiago de Chile, 2011.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2012.
Diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares (rúbrica)