Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3669-VIII, martes 18 de diciembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.
Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.
Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.
Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.
Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.
El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.
La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:
Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.
Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.
Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.
El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.
Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.
En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.
¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?
Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.
El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.
¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.
Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?
Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.
Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías de Acapulco de Juárez, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Junta de Coordinación Política, la creación de un grupo de trabajo plural de diputados, que dé seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Por diversos medios nacionales, hemos sido testigos de una serie de abusos cometidos por los policías municipales de Acapulco, los cuales hasta el momento no han sido castigados, prevalece la impunidad auspiciada desde el gobierno municipal y resulta indispensable que esta soberanía le dé seguimiento a este hecho de violencia que ha indignado a la sociedad del puerto de Acapulco.
Desde hace 481 años, que apareció la Virgen de Guadalupe y que iniciaron las peregrinaciones en todos los rincones de nuestra nación, jamás se había suscitado una agresión policiaca en contra de peregrinos; por el contrario, es costumbre, que las diversas policías coadyuvan al buen desarrollo de esta tradición popular, dando vialidad y garantizando la seguridad de los feligreses.
El día 12 de diciembre, cuando se realizaba una peregrinación guadalupana de comerciantes del Mercado Central que se dirigían a la Catedral de Acapulco, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán, estando ya a unos metros de llegar, los policías municipales empezaron a disparar en contra de los peregrinos, donde como es costumbre iban familias completas, ante los disparos de policías todos empezaron a correr, entre ellos mujeres y niños. El saldo fue de tres peregrinos heridos.
Este hecho lamentable de violencia tuvo un impacto nacional, porque nunca en la historia de ningún gobierno municipal, se había registrado una agresión de esta naturaleza en contra de peregrinos, que pacíficamente acuden a venerar a la Virgen de Guadalupe; ni en los peores momentos del país, se habían registrado hechos violentos de esta magnitud en contra de una peregrinación, que para la gente en México tiene un rango de sagrada y de unión familiar.
Si los hechos de violencia son condenables, más aún resulta condenable la serie de contradicciones y encubrimiento desde el poder municipal que se registraron posteriormente.
El Alcalde Luis Walton Aburto publicó un día después de los hechos, consultable en su cuenta personal de Twitter: @LuisWalton, que había “puesto a disposición del MP a 25 policías municipales”, sin embargo sólo entregó a 11. De los otros 14 hasta la fecha no se sabe nada.
Como era de esperarse, de los 11 entregados, a todos les resultó negativa la prueba de rodizonato y con una fianza salieron libres. Lo anterior generó aún mayor indignación en la población de Acapulco, porque con un pago ante el MP se podría disparar a la ciudadanía, o que finalmente, ya nadie es culpable; con Acapulco tenemos contacto muchos de nosotros, porque el puerto representa nuestro destino turístico por excelencia y acudimos con frecuencia a él.
Como se advierte, son dos aspectos indignantes: primero el hecho de violencia en contra de peregrinos, el cual no se reduce a una renuncia de funcionarios, sino a la sanción ejemplar, sean del nivel que sean. Y el segundo, a la impunidad que se registra hasta el momento, derivado en parte, por la entrega tan solo de 11 elementos y no de los 25 como había aseverado el Alcalde que ya había consignado.
Amigas y amigos, que nadie se confunda y en aras de una cuestión partidista pretenda encubrir o desdeñar un tema que es de interés de todos, no se trata de un asunto de partidos, es un asunto estrictamente de justicia, y nadie puede contravenir estos principios básicos, por ello es indispensable la participación de esta soberanía.
La actuación indebida de una policía municipal y de sus superiores jerárquicos, pone en riesgo la preeminencia del estado de derecho.
Hasta el momento, lo que se ha leído es que el gobierno de Acapulco pretende trasladar su responsabilidad a otras administraciones e inclusive a los partidos políticos, valdría la pena citar las palabras textuales, con las cuales coincidimos, del diputado Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, con motivo del acuerdo para integrar un grupo de trabajo en el caso Michoacán, que en el pleno aprobamos por unanimidad: “Son muy irresponsables quienes se han atrevido a señalar a los partidos de izquierda, como los causantes por estar detrás del conflicto, no se debe ante el pedido de una actuación acorde a la gravedad de los hechos, que el gobierno derive su deber y se escude trasladando a los adversarios políticos su propia responsabilidad”.
En el PVEM, tenemos claro que la sociedad demanda las mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, y que es inadmisible la comisión de hechos, que agravien a los ciudadanos, en cualquier lugar del país.
Como representantes populares, estamos más que obligados a preservar el Estado de Derecho y erradicar la impunidad. Es por ello, que con respeto a la pluralidad, presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal.
Segundo. El grupo plural de trabajo se formará por 8 ocho miembros integrado por 2 dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 uno por cada uno de los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.
Tercero. El grupo de trabajo empleará el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales de su encomienda y se allegará de toda la información de la investigación del caso.
Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que realice sus actuaciones apegadas a derecho.
Quinto. El grupo de trabajo contará con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo estará vigente hasta la conclusión de su objeto y deberá presentar al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de su objeto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SE y de la Sagarpa para solucionar la crisis de los productores de maíz, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano produce aproximadamente 21 millones de toneladas de maíz blanco, pero en contraste y para hacer frente a la crisis de autosuficiencia alimentaria, se ha permitido la importación de 11 millones de toneladas de dicho grano.
La mayoría de este maíz importado es transgénico y del cual hay estudios que arrojan que su consumo es peligroso para la salud, a los que nos referiremos en párrafos posteriores.
En el esquema de competitividad que supone la participación de los productores mexicanos, éstos se encuentran en desigualdad de circunstancias, en virtud a que productores de Estados Unidos principalmente, son sujetos de apoyos y subsidios del gobierno de ese país, lo que pone en situación de desventaja a nuestros productores.
No se omite en comentar las malas prácticas comerciales a las que algunos productores, comercializadores e intermediarios desarrollan, en contra de nuestros productores, con el fin de acaparar el mercado y su producción y que los coloca en posición adversa para comercializar sus productos.
Ahora bien, sobre el maíz transgénico, es un producto con la característica de un organismo genéticamente modificado (OGM), que ha sido sujeto de estudios1 desde el 2006, en el que los resultados a los que llegaron un grupo de investigadores franceses encabezado por Gilles-Eric Séralini, profesor de Biología Molecular de la Universidad de Caen y experto en OGM del Gobierno francés, ha demostrado la peligrosidad de los alimentos transgénicos.
Dichos resultados consisten en demostrar, que la mortalidad de ratones que fueron alimentados con maíz OGM, fue cinco veces superior a la de los que fueron alimentados con maíz normal. En el primer ejemplo, los ratones murieron un año antes de lo habitual (de dos años que viven los ratones). Las hembras también redujeron su esperanza de vida en ocho meses. De este tamaño es la peligrosidad.
Por otra parte, el campo mexicano en ocasiones, es agobiado y acosado por la burocracia, que en veces no es lo eficiente que se desearía.
El Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), opera como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios.
Sin embargo, el FIRA ofrece recursos públicos a la banca privada, a manera de intermediación, con un interés de tasa cero a los bancos.
El problema es que la banca privada ofrece este recurso con un interés que va del 4.7 al 6 %, lo que hace de difícil pago a los productores del campo. Aquí está uno de los problemas de liquidez de los productores.
Por cuanto a la comercialización, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debería valorar la posibilidad de ampliar al esquema de producción y comercialización, conocido como Agricultura por Contrato, la cual ofrecería certidumbre al productor y al comprador.
Al productor le aseguraría la venta de su siembra y al comprador le garantizaría su abasto, en un compromiso de compra – venta en el que se pacta el precio que se convierte en piso, definiendo las bases y pudiendo establecerse una compensación abierta con la participación de los productores, entre otros beneficios.
En este punto de comercialización, la Sagarpa debe ofrecer las condiciones más fáciles de acceso a recursos públicos a los productores. No es posible ofrecer los beneficios del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, el cual como requisito indispensable, es que el productor cuente con una línea de crédito, lo que nos parece discriminatorio, toda vez que deja fuera a productores que su situación no sea de bancarización.
Por otra parte, el problema de la autosuficiencia no se soluciona con aumentar la producción de maíz o de cualquier otro producto, ya que cuando un país presenta déficit en su producción, como lo es México, es difícil que se venda lo que se produce.
A este problema de comercialización, los productores le agregan que en los últimos 12 años, el maíz blanco lo han pagado a precio de maíz amarillo, y lo que estamos observando en este ciclo agrícola, es que el maíz blanco puede ser pagado a precio de sorgo.
Además de lo anterior, presentan la problemática del precio que se vincula al precio del petróleo, al etanol, al maíz amarrillo y al sorgo, que perjudica claro está a los productores.
Así las cosas, es que deseamos sumar esfuerzos en una mesa de diálogo, en el que participemos legisladores, la autoridad de economía y de agricultura, para estar en posibilidades de llegar a acuerdos con los productores de maíz y ofrecer alternativas de solución a su problemática, que impacta en los bolsillos de las mesas de los mexicanos.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, solicito que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Economía a que en el ámbito de sus atribuciones, detenga y prohíba la importación de maíz con características de organismo genéticamente modificado, en virtud principalmente, a que pone en peligro la salud y la vida de los consumidores de este grano.
Segundo: Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a reunirse con legisladores y productores de maíz y sus organizaciones, a efecto de estar en condiciones de escuchar su problemática y ofrecer alternativas de solución a las carencias y necesidades del sector.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil doce.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Ssa la vigilancia y el control a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las placas, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Flor de María Pedraza Aguilera, diputada integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción II del numeral 1 y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud para que intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías
Consideraciones
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas y la segunda causa de muerte en general en mujeres de entre 30 y 54 años de edad.
Según datos de la Secretaría de Salud, en 2010 ocurrieron 5,001 decesos atribuibles al cáncer de mama. Esto significa que en ese año murieron por cáncer de mama casi 14 mujeres cada día. La tasa de mortalidad por causa del cáncer de mama en México es de 16.6 mujeres por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años.
Las tasas de supervivencia de las pacientes con esta enfermedad son mucho menores en nuestro país que en países desarrollados, debido fundamentalmente a que la enfermedad es diagnosticada en etapas tardías. Por ejemplo, en Estados Unidos el 60% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en estadios tempranos con tasas de superviviencia del 98%, mientras que en México el 90% de los pacientes son diagnosticadas en fases tardías de la enfermedad con tasas de supervivencia de entre 7% y 36%.
Las principales razones de la presentación tardía de las pacientes con cáncer de mama en México parecen ser; 1) La baja participación de las mujeres en prácticas de detección oportuna, 2) la postergación en la búsqueda de atención médica, 3) barreras de acceso al tratamiento médico, y 4) problemas de calidad en los servicios de salud accesibles.
El cáncer de mama no se puede prevenir por lo que su detección oportuna es fundamental para el éxito del tratamiento.
La mastografía es la única intervención que ofrece un diagnóstico suficientemente oportuno para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes ya que puede visualizar lesiones no palpables, calcificaciones, asimetrías en la densidad mamaria y/o distorsiones en la arquitectura de la glándula. Además, desde 1990 la mamografía de tamizaje ha demostrado la disminución de la mortalidad en 30%.
Por esa razón diversas organizaciones de la sociedad civil han pugnado por mantener la edad de inicio de los programas de tamizaje a los 40 años, y de hecho esta demanda quedó plasmada en la recientemente modificada NOM041-SSA-2009 que versa de la siguiente manera:
“La mastografía de tamizaje se recomienda en mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años de edad, cada dos años.”
Sin embargo, además de la necesidad de ampliar la cobertura de los programas de tamizaje, se expresa la preocupación respecto a la calidad de las mastografías, ya que es un desperdicio de recursos tomar placas cuyos resultados sean inciertos, porque conlleva a malos diagnósticos y al retraso en el inicio del tratamiento.
En la planeación de un protocolo de tamizaje en cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud recomienda para obtener resultados confiables incluir al 70 % de la población en estudio, cumpliendo con la periodicidad del método, los equipos en condiciones óptimas y en control de calidad, así como contar con el personal técnico capacitado y radiólogos especializados en la interpretación de los estudios.
Para una servidora y grupos de la Sociedad Civil especializados en el tema, la cobertura de los programas de tamizaje es un tema fundamental para la salud de las mujeres siempre y cuando se garantice que dichas mastografías son tomadas bajo las normas de calidad que la misma NOM establece, ya que de nada sirve someter a la mujer a una mastografía que arroja dudosos resultados y por lo tanto “falsos negativos”, situación que se ha detectado tanto en gabinetes públicos como privados.
Esto es relevante porque la supervivencia de cáncer mamario es inversamente proporcional al estado del tumor. Las mujeres con tumores in situ tienen una supervivencia mayor al 95% durante los próximos 5 años, mientras que las mujeres en estadios IIIB, IIIC y IV sólo tienen una supervivencia mayor de 5 años sólo en 27% de los casos.
Actualmente no existe una base de datos confiable donde se enlisten los sitios seguros para la realización de una mastografía y existen testimonios de mujeres que han padecido los resultados incorrectos al momento de realizarse un estudio.
En la NOM 041-SSA2-2011 se establecieron las pruebas de control de calidad de equipos de mastografía y la obligatoriedad de los prestadores de servicios de informar indicadores de calidad de manera periódica, si embargo no existe certeza sobre el cumplimiento cabal de estos requerimientos en la totalidad de establecimientos que prestan el servicio.
Un estudio piloto desarrollado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en 33 unidades, arrojó que una tercera parte de los equipos de mastografía se encontraban funcionando con fallas mecánicas que comprometían la calidad de las imágenes y por tanto, la efectividad de los estudios de detección.
Llevar a cabo las revisiones pertinentes en la mayor cantidad posible de gabinetes públicos y privados, implica un alto costo al que se grega el gasto de contratación de personal debidamente capacitado, pero ningún gasto es excesivo cuando se trata de preservar la salud de la mujer y por ende el bienestar de la familia.
Por lo anterior nos permitimos solicitar a la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud para que intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías en todo momento. Asimismo, para que en cumplimiento del numeral 15.1.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se difunda mediante la página web de la Secretaría y/o a la vista del público en los establecimientos, los resultados del monitoreo y la evaluación de las instituciones privadas y públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre de 2012.
Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sectur a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a fin de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de los habitantes, a cargo del diputado Agustín Barrios Gómez Segués, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Agustín Barrios Gómez Segués, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Antecedentes
La Ciudad de México es una entidad de alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros, razón por la cual el sector turismo y todos los esfuerzos encaminados a fortalecerlo son de gran importancia y primera necesidad. Siguiendo esta línea, en 2011 la Secretaria de Turismo del Distrito Federal inició el programa Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México, con el objetivo de atraer turistas a estas zonas de la capital del país, rescatarlas y mantenerlas por su valor histórico, cultural, artesanal, social y turístico.
Actualmente, 21 áreas del Distrito Federal han recibido este distinguido nombramiento, entre ellas Tacubaya, un pueblo histórico de la delegación Miguel Hidalgo, que en la época prehispánica fue conocido como Atlacuihuayan, que significa, según don Antonio Peñafiel, “lugar donde se toma el agua”; o, según el Códice Aubín, “lugar donde se labró el atlatl”.
Esta zona ha sido un tradicional centro de población dentro del valle de México desde tiempos prehispánicos y un sitio de paso obligatorio para quienes viajaban del centro de la Ciudad de México a otras villas del poniente, de ahí que sea un barrio lleno de historia, costumbres y tradiciones. Tacubaya es un barrio mágico que cuenta con un patrimonio histórico representativo de varias épocas el cual se ha convertido en un importante atractivo turístico. Esta zona de la Ciudad de México cuenta con templos, museos y edificios emblemáticos entre los cuales resaltan: el edificio Ermita, situado al inicio de la avenida Revolución, uno de los primeros rascacielos de la ciudad en 1930, considerado como un ejemplo relevante de arquitectura estilo art déco; el obelisco de la alameda de Tacubaya, al que acompañan varios árboles, palmeras y jardines cercados; y el templo y ex convento de Santo Domingo, único convento dominico del siglo XVI que se conserva en la ciudad. Mención especial merece La Casa de la Bola, la cual debe su peculiar nombre a que en la parte superior se encontraba, a manera de adorno, una esfera de piedra.
Actualmente está convertida en un atractivo museo, formado por 13 salones, amueblados con objetos como tapices europeos, pinturas, relojes, lámparas, sillones y mesas que recrean a la perfección el savoir faire de esa época.
Además, hay que recalcar que en Tacubaya se halla uno de los cuatro sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, la casa-estudio Luis Barragán, donde destacan el vestíbulo de acceso, la sorprendente escalera de madera empotrada en la pared y la famosa terraza de la azotea.
Las familias adineradas del virreinato y del siglo XIX eligieron Tacubaya como sede de sus fincas de descanso, esto se puede apreciar sobre la avenida Parque Lira. Sin olvidar también el propio parque Lira, en el que se encuentra, en su extremo norte, un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe de estilo renacentista que aloja hoy una sala de exhibición de obras artísticas. A un costado se halla la Casa Amarilla, fundada originalmente como hospedería religiosa en 1618.
Entre sus vecinos hubo gente interesante como los Mondragón, familia porfirista cuyo personaje más importante fue Carmen, Nahui Olin, como la bautizó el Doctor Atl. A principios del siglo XIX habitó en la Casa de la Bola doña Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la famosa Güera Rodríguez, mujer bellísima y de enorme influencia política y social. No hay que olvidar al Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, personaje emblemático de 1859 durante la Guerra de Reforma, por lo que a esas víctimas se les recuerda como Los Mártires de Tacubaya. Sin olvidar también a Antonio López de Santa Anna, conocido como El Cometa de Tacubaya. Otros vecinos sobresalientes fueron el ingeniero Luis Barragán y el escritor Germán Dehesa.
Tacubaya fue igualmente escenario de varias películas de la “época de oro del cine mexicano”, como la joya universal de Los olvidados (1950).
Claramente es una pena que una zona con tanta belleza y potencial turístico no se encuentre en óptimas condiciones. Por eso es importante rescatar la riqueza histórica y cultural del barrio de Tacubaya.
Situación actual
Según datos del 2012 del INEGI, la colonia de Tacubaya aloja a 19 mil 202 habitantes, cuenta con 12 mil 314 viviendas y una población flotante mayor de 284 mil habitantes por día.
La concentración de medios de transporte, convierten a la zona de Tacubaya en un centro de transferencia multimodal cuya operación es básicamente informal: 3 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 2 del Metrobús, concluida en diciembre de 2008 con 3 estaciones en Tacubaya, 2 bases regulares de taxis, 44 derivaciones de 10 rutas de transporte concesionado con cerca de mil 850 unidades (entre vagonetas, combis, microbuses y autobuses) y 7 rutas de la Red de Transporte de Pasajeros. Las principales avenidas de esta zona son avenidas Observatorio y Constituyentes, conexiones que entroncan con Prolongación de Paseo de la Reforma y la carretera México-Toluca, avenida Camino Real a Toluca, Alta Tensión, Vasco de Quiroga, Anillo Periférico (desde San Antonio hasta Molino del Rey), Revolución, Patriotismo e inicio del Circuito Interior y del viaducto Miguel Alemán-Río Piedad.
Actualmente Tacubaya se enfrenta a diversas problemáticas urbanas:
• Problema de congestionamiento vehicular y contaminación ambiental.
• Obstrucción de la libre circulación peatonal.
• Falta de estacionamientos públicos.
• Ambulantaje, concentrado principalmente en las bases del transporte de superficie.
• Ausencia de seguridad pública y alto índice de delincuencia.
• Carencia de equipamiento urbano adecuado a las necesidades actuales.
• Falta de mantenimiento de los edificios y las fachadas de los inmuebles de la zona, especialmente de la vivienda y el comercio.
• Abandono de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico.
• Contaminación visual por anuncios publicitarios, y deterioro de la imagen urbana.
Pese a los problemas descritos, el barrio de Tacubaya sigue siendo una zona urbana de singular importancia cultural e histórica para la delegación Miguel Hidalgo y la Ciudad de México, por lo que deben considerarse su rescate y revitalización integral.
Es necesario reflexionar sobre el pasado y el presente del barrio de Tacubaya para diseñar y llevar a cabo acciones que den solución a las principales problemáticas urbanas que la afectan. Realizando un proyecto global para el rescate de espacios y convertirlo en un centro turístico de primer nivel en la capital de la ciudad, con base en el programa Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México, implantado por la Secretaría de Turismo.
Justificación
En Tacubaya se puede constatar la belleza de un pasado indígena y colonial a través de sus construcciones, aunado a la desigualdad económica entre sus vecinos, por ello el rescate del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, es importante ya que el propósito principal de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes con la finalidad de buscar que esta acción se sume al constante esfuerzo de contar con espacios seguros y de calidad para el turismo y de conservación del patrimonio tangible e intangible de una entidad turística como lo es la Ciudad de México.
Trascendencia social
El patrimonio cultural de Tacubaya se enriquece al conocer que hay varias personas de éste barrio interesadas en rescatar su valor histórico el cual los identifica como descendientes de un pueblo originario. Es indudable que el rescate de Tacubaya también requiere de un compromiso y apoyo de la sociedad, pero es inminente que les entreguemos algo que cuidar, algo de que sentirse orgullosos, y para ello hay que iniciar obras y proyectos que forzosamente precisan una significativa inversión por parte del gobierno. Lo que se persigue es que los habitantes de Tacubaya, de Miguel Hidalgo y del Distrito Federal, se apropien del espacio público, y para ello hay que crear espacios de reencuentro social, que es uno de los objetivos del programa de barrios mágicos.
La importancia de realizar trabajos para su rescate radica principalmente en los beneficios a nivel turístico y de seguridad que obtendrán quienes viven en Tacubaya y en la capital.
Muchas son las acciones que deben tomarse en Tacubaya, pero en primera instancia se debe trabajar en su imagen urbana, misma que entre otras cosas, incluye el arreglo de las calles y la uniformidad de la zona (fachadas, paleta de colores, etcétera). Asimismo, se debe iniciar cuanto antes la remodelación del mercado de Tacubaya, uno de los más importantes y emblemáticos de la Ciudad de México y parada forzosa para quien visita este barrio. Lo anterior y todos los planes que se tienen para Tacubaya se proponen siempre pensando en la conservación del patrimonio tangible e intangible de México y de igual manera, como parte de la búsqueda por ganar espacios turísticos y convertir de una vez por todas a Tacubaya en un centro turístico para visitantes nacionales y extranjeros. Por ello es necesario un apoyo integral de la Secretaría de Turismo, el cual incluya recursos, promoción turística, gestión y asistencia técnica.
Efecto económico
Es por todos sabido que la vasta afluencia de turistas, incrementa la creación de empleos, genera una derrama económica en el lugar y obliga a una mayor presencia de elementos de seguridad salvaguardando a los visitantes.
En conclusión, queda clara la urgencia de dar vida al barrio de Tacubaya mediante el rescate de lo que lo hace único y un punto turístico obligado en nuestro país.
En razón de lo fundamentado y argumentado, solicito el envío de esta proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Turismo, y de Cultura y Cinematografía.
El presente punto de acuerdo se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes. Se busca que esta acción se sume al constante esfuerzo de contar con espacios seguros y de calidad para el turismo y de conservación del patrimonio tangible e intangible de una entidad turística como la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputados: Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Laura Barrera Fortoul (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Carlos Humberto Aceves del Olmo, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Laura Ximena Martel Cantú, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras, José Antonio Hurtado Gallegos, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), José Arturo López Candido, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Cristina Olvera Barrios.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a respetar el derecho de los habitantes de la colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, al usufructo del pozo Miguel Alemán y no permitir que personas ajenas al municipio se adueñen de un terreno comunitario, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a respetar el derecho al usufructo de los habitantes de la colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, en relación a la explotación del pozo Miguel Alemán, y no permitir que personas ajenas al municipio se adueñen de un terreno comunitario, en tenor a los siguientes
Exposición de Motivos
En la colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, se localiza un predio que resguarda el pozo de Petróleos Mexicanos (Pemex) denominado oficialmente Pozo Miguel Alemán.
La Dirección de Bienes Patrimoniales de Pemex emitió un informe en el que detalla que el pozo en comento se encuentra agotado y fue declarado en desuso por agotamiento de hidrocarburo.
Con este reporte, Pemex da oficialmente como concluido un diferendo que tiene con los vecinos de la colonia Cárdenas de Papantla.
Desde hace casi una década, los vecinos de la colonia Cardenales han demandado a la paraestatal que se defina el estatus del predio, ya que mientras Pemex explotaba el pozo lo mantenía en buen estado, pero ahora es un espacio abandonado, desperdiciado y que no deja ningún beneficio a la comunidad.
Durante años y campañas, los representantes de la colonia Cardenales han realizado peticiones, tanto a candidatos como a funcionarios, para que intervengan y se resuelva el problema.
El gobierno municipal también se comprometió a interceder ante Pemex para resolver el diferendo, pero incumplió su compromiso.
Los vecinos han insistido en solucionar el problema porque apareció una persona que se ostenta como la dueña del predio, se presentó a reclamar la posesión con una escritura pública y un poder notarial emitidos por un notario de Atlacomulco, estado de México.
La notaria de Atlacomulco, Norma Vélez Bautista, extendió un poder para que Ernestina Flores Pérez pudiera reclamar el campo Cardenales, lo que es a todas luces ilegal y antiético, tratar de arrebatar a papantecos de sus bienes con documentos oficiales emitidos en otro estado.
De acuerdo con la escritura pública, el legítimo dueño del predio es Pemex y el usufructo lo tiene la colonia Cardenales, por lo que permitir que una persona ajena se adueñe del terreno sería quitar a los papantecos de la colonia Cárdenas un patrimonio.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a respetar el derecho al usufructo de los habitantes de la colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, en relación a la explotación del pozo Miguel Alemán, y no permitir que personas ajenas al municipio se adueñen de un terreno comunitario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar la última de abril de cada año como Semana Nacional de la Seguridad Social y a efecto de que México se sume formalmente a la Declaración de Guatemala, en materia de seguridad social, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Social
Los que suscribimos, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare la última semana de abril de cada año como la “Semana nacional de la Seguridad Social”, y para que México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, en materia de seguridad social, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El crecimiento económico, la democratización y la justicia social son la columna vertebral de la política interna de nuestro país; el conjunto de los sistemas de salud, seguridad social y otros sectores de la política social como alimentación, educación, vivienda, empleo, que proporcionan los elementos indispensables para elevar la calidad de vida de la población en todos sus aspectos, es una parte ineludible de estos pilares.
En México la seguridad social ha sido responsabilidad del Estado como uno de los medios más eficaces para integrar a la mayor parte de la población a los beneficios económicos del desarrollo. Con ello, la ha protegido contra riesgos, además de ser un factor de concordia y estabilidad social.
Sin embargo, aún está limitada a los trabajadores del sector llamado “formal” y burocrático. Existen propuestas que la orientan a la universalidad, por lo que es preciso analizarlas para ver la viabilidad de ampliarla y consolidarla; es cierto que la seguridad social debe abarcar a toda la población, particularmente a aquella que sufre marginación económica y social.
Durante su primer mensaje a la nación desde Palacio Nacional, el presidente de la República informó lo siguiente dentro de sus primeras decisiones de gobierno:
Sexta decisión. México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos como nación, se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa contribución.
He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social y de Hacienda para incluir una partida presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2013 que modifique y amplíe el Programa 70 y Más, a fin de que todos los mexicanos mayores de 65 años reciban una pensión.
De contar con el respaldo de los Legisladores, se daría el primer paso en la creación del sistema de seguridad social universal que he comprometido con todos los mexicanos.
Concluyó:
Con estas decisiones presidenciales iniciamos el camino. Vendrán, por supuesto, más decisiones. Y reitero mi compromiso de lograr consensos para impulsar, en su momento, una reforma energética, una reforma hacendaria y una reforma a nuestro régimen de seguridad social.
Con la propuesta de crear un sistema universal de seguridad social, en el Congreso de la Unión todos los grupos parlamentarios debemos analizar, y estudiar, todos los esquemas de atención, financiamiento que busque la seguridad social universal.
La propuesta de un nuevo sistema de seguridad podría ser financiado gradual y mayoritariamente por impuestos generales, lo cual remplazaría al método actual de financiamiento vía impuestos, cotizaciones y gastos de bolsillo.
Según estimaciones, actualmente sólo cuatro de cada 10 mexicanos alcanzan los beneficios de la seguridad social, por lo que la iniciativa de analizar un sistema de política universal que cubra a la población en ciento por ciento debe ser abordada sin demora.
En México, la seguridad social deriva de las diversas instituciones de carácter público, mismas que atienden a sus beneficiarios y asegurados, quienes reciben servicios de salud y otras prestaciones en especie y dinero.
Este mecanismo es deseado por millones de personas que no cuentan con él, por lo que se ha generado una demanda legítima a la cual debemos responder los Poderes de la Unión.
En este contexto y teniendo como marco la vigésima quinta asamblea general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala, del 2 al 5 de noviembre de 2008, en la que los representantes de los organismos internacionales y regionales que actúan en materia de seguridad social trabajaron para lograr un mayor entendimiento colectivo de los efectos de la crisis económica que afecta, en especial, a los países del continente americano, y para contribuir a mejorar y hacer más eficientes, inclusivas y sostenibles las estrategias nacionales, subregionales y regionales de seguridad social, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura refrendamos que la seguridad social es un derecho humano fundamental; que los regímenes de seguridad social juegan un papel fundamental, no solo en la lucha contra la pobreza, sino como amortiguador de crisis e impulsor del desempeño económico; que la seguridad social es un elemento fundamental para superar la crisis actual y para prevenir y mitigar crisis mayores.
Por ello, debemos estar a la altura de los esfuerzos internacionales que se lleven a cabo para la integración y reforzamiento mutuo de las políticas económicas, de empleo y sociales, así como para la coordinación y armonización de las actividades de las instituciones mexicanas.
Los valores comunes y objetivos complementarios de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son piezas centrales que cuentan con estrategias y políticas de desarrollo eficientes de seguridad social y con una cultura de la seguridad social en el cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas para el Milenio y la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015 de la OIT.
Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social estamos convencidos de que el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, debe ser reconocido como un derecho humano fundamental, y que la globalización debe ir acompañada de una cultura de prevención para garantizar la seguridad y salud de todos en el trabajo.
Asimismo, esta comisión impulsará una coordinación multilateral de los regímenes de seguridad social, para salvaguardar los derechos sociales de los migrantes y facilitar la eficacia protectora de los sistemas en el ámbito de la globalización y la consideración de la situación de los trabajadores migrantes, así como la importancia de vincular las políticas económicas, laborales y sociales dentro de un marco conceptual y de aplicación práctica coherente.
Del mismo modo, como uno de los objetivos del presente punto de acuerdo, solicitamos al Ejecutivo federal que México se adhiera a la “Declaración de Guatemala. Por una respuesta a la crisis y una sostenibilidad de largo plazo apoyada en la colaboración, educación y cultura de la seguridad social”.
Los acuerdos de dicha declaración refieren a:
• La capacitación integral sobre los valores y principios de la seguridad social, denominado “Por una cultura de seguridad social en las Américas”, desarrollado y promovido por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), a través del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
• La Declaración de Seúl sobre seguridad y salud en el trabajo, que reconoce la importancia de la educación así como de la cooperación entre los organismos e instituciones internacionales.
• El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en proceso de ratificación, su Acuerdo de Aplicación y la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo” impulsados y gestionados por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
• El Pacto Mundial de Empleo y del Piso Básico de Protección Social adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo.
De acuerdo a la declaración de parlamentarios y asistentes a la segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica “Por una ciudadanía con cultura en Seguridad Social”, que tuvo lugar en Buenos Aires, República Argentina, los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año, se acordó celebrar en la Ciudad de México, en el año 2013, la tercera Reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, los días 24, 25 y 26 de abril; con la finalidad de intercambiar con legisladores de distintos países, experiencias, conocimientos y avances en materia de Seguridad social para continuar con la promoción de sus valores y principios.
Hacemos un llamado
a. A todos los actores nacionales en el campo de la seguridad social y de la protección social a redoblar esfuerzos por mejorar la coordinación y complementariedad de sus estrategias, planes y programas,
b. A todos los organismos internacionales con actividades en las Américas a intensificar los esfuerzos de información y coordinación,
c. A la CISS, AISS, OISS y OIT a colaborar estrechamente en la promoción de sus agendas respectivas, en particular en torno a sus programas de educación, formación y desarrollo de capacidades como son:
• El programa “Por una cultura de seguridad social en las Américas” de la CISS,
• La oferta formativa de la OISS,
• La oferta formativa de la AISS, complementada con la promoción de la Declaración a nivel mundial,
• El Programa quatrain-americas y las “Cátedras OIT-Trabajo Decente-Seguridad Social” desarrollados conjuntamente por la OIT Ginebra y el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (Italia).
Invitamos
I. Los Estados nacionales a declarar a la última semana de abril como la “Semana de la Seguridad Social” en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigencia el Convenio 102 (Norma Mínima) y que conjuntamente con la Declaración de Filadelfia constituye una de las referencias mundiales de mayor relevancia, influencia e impacto en materia de seguridad social.
II. A los gobiernos y entidades miembros de los organismos firmantes a adherir formalmente a esta Declaración como demostración de una clara política de apoyo a actividades que incrementen la cultura de la seguridad social, tanto en su personal como empresas relacionadas, afiliados y beneficiarios. A este efecto la Conferencia Interamericana de Seguridad Social abrirá un registro y publicará las adhesiones.
Es momento de construir los cimientos de una cultura de seguridad social que comience a sensibilizar a la población en general, acerca de los valores y principios que la sustentan.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que declare la última semana de abril como la “Semana nacional de la Seguridad Social”, en honor al Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), adoptado, en Ginebra, Suiza, en la trigésima quinta Reunión de la OIT, el 28 de junio1952, que constituye uno de los convenios de mayor relevancia e influencia en Seguridad Social y convoque a participar a las instituciones involucradas en Seguridad Social.
Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala. Por una respuesta a la crisis y una sostenibilidad de largo plazo apoyada en la colaboración, educación y cultura de la Seguridad Social.
Tercero. Se solicite al Ejecutivo federal, sean transmitidos en estaciones de radio y televisión de manera gratuita y diaria, de acuerdo con los objetivos y tiempos que correspondan al Estado y establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión, temas educativos, culturales y de orientación social relativos a la seguridad social y a la realización de la “Semana Nacional de la Seguridad Social” en abril de 2013.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputados: Javier Salinas Narváez (rúbrica), presidente; Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), María Elena Cano Ayala, Rosalba de la Cruz Requena, Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, Ernesto Núñez Aguilar, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Rosendo Serrano Toledo, Araceli Torres Flores (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones correspondientes del gobierno federal a evaluar con las autoridades de Puebla y de diversos municipios los resultados de las estrategias de atención de la cuenca hidrológica del río Necaxa, a cargo de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, a nombre propio y de los integrantes de la Coordinación del estado de Puebla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Tomando en cuenta la necesidad armonizar el funcionamiento de las obras hidráulicas destinadas a la producción de energía eléctrica ubicadas dentro de la cuenca hidrográfica del río Necaxa, y la preservación del ecosistema de la cuenca, el 20 de octubre de 1938 se emitió el decreto por el que se le declaró zona protectora forestal vedada.
El 9 de septiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determina la zona como área natural protegida de competencia federal, con la categoría de área de protección de recursos naturales.
Recordemos brevemente la historia de Necaxa, que fue el primer gran sistema hidroeléctrico de América Latina.
A finales del siglo XIX, un doctor francés de apellido Vaquiere o Vagnié, advirtiendo el potencial de fuerza motriz del río Totolapa, también llamado Necaxa o Alto Tecolutla, ideó un proyecto para su aprovechamiento. Solicitó al gobierno la concesión para utilizar las aguas del río para la generación de electricidad y formó la Societé du Necaxa o Compagnie du Necaxa, con tal fin.
La empresa no prosperó por dificultades económicas y desacuerdos con el gobierno, por lo que el proyecto se detuvo hasta que en 1902 vendió sus derechos y propiedades a la canadiense The Mexican Light and Power Company, Limited, misma que retomó el proyecto e inició operaciones en la hidroeléctrica Necaxa tres años después, en su momento la más poderosa del mundo.
Posteriormente, con la compra de las acciones de The Mexican Light and Power Co. realizada por el presidente Adolfo López Mateos, como parte del proceso de nacionalización de la industria eléctrica, la operación de Necaxa pasó a manos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, manteniendo operaciones hasta el 10 de octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó la extinción y liquidación de la compañía, pasando entonces a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A partir de este hecho, se sitúa uno de los tres componentes, económico, ambiental y social, que configuran la problemática actual de la región.
Problemática económica
Es conocido que el proceso de extinción de la compañía no estuvo exento de complicaciones.
La completa dependencia de la región a la industria de la generación y distribución de electricidad significó que con la extinción se contrajera drásticamente la economía de la región.
Recordemos que desde los inicios de la construcción del complejo hidroeléctrico, se asentaron en la zona 6 mil personas para trabajar en ella.
En el municipio de Juan Galindo, por ejemplo, donde hay 10 mil habitantes, la mayor parte de los trabajadores eran electricistas: mil 700 en total, 800 en activo y 900 jubilados.
La falta de liquidez de los extrabajadores trajo consigo no sólo restricciones para ellos y sus familias, sino el estancamiento de toda la actividad comercial, lo cual, se ha caracterizado como una verdadera crisis regional.
Adicionalmente, especialistas del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial AC, y la Fundación Necaxa, han señalado que los problemas laborales desatados por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) pusieron en riesgo el patrimonio industrial que representan las instalaciones del complejo hidroeléctrico.
Problemática ecológica
Otro problema, más antiguo y no menos complejo, es el factor de contaminación que comportan las descargas de aguas negras en los ríos que alimentan las presas del complejo hidroeléctrico.
En 2000, por iniciativa de Luz y Fuerza, con la participación de la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Puebla, el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló un diagnóstico y un programa de manejo con el objetivo de preservar los usos del agua y coadyuvar al desarrollo sustentable de la región, con una estrategia de implementación y financiamiento de acciones para un periodo de seis años, con un plan de inversiones por un monto de 238 millones de pesos.
Entre los resultados del diagnóstico destacó que 38 por ciento de la superficie de la zona de estudio era “susceptible de ser afectada por niveles altos y muy altos de erosión, la pérdida de vegetación evaluada en 20 años representa[ba] una tasa promedio de 10 por ciento, valor muy superior al promedio nacional; la pérdida de capacidad de los vasos en 90 años se estima[ba] en 14 por ciento.”
El plan de saneamiento definió responsabilidades para cada una de las autoridades involucradas en la problemática de la región. Del gobierno federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Luz y Fuerza del Centro; del gobierno estatal: Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y, los municipios de Huauchinango, Zacatlán, Xicotepec, Chignahuapan, Juan Galindo.
A la Comisión Nacional del Agua correspondía el financiamiento de infraestructura de saneamiento, asesoría técnica, fortalecimiento de organismos operadores, sistema de alerta hidrometeorológica e instalación de comité de cuenca.
Como responsabilidad de los municipios se contempló el financiamiento y ejecución de obras, la implementación y operación de programas y la planeación del programa de manejo a largo plazo.
En mayo de este año, de acuerdo con declaraciones de Manuel Beristáin Gómez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, se estimó que eran necesarios 111.9 millones de pesos para el saneamiento del Río Necaxa.
El funcionario aceptó que pese a que existe un plan general para revertir la situación desde 2008, la rivera sigue contaminada por a las descargas de agua residual y comentó que los municipios de Zacatlán, Chignahuapan, Xicotepec, Nuevo Necaxa y Huauchinango deberían rescatar el caudal.
Problemática social
Otra situación, que añade otro nivel más de complejidad a la situación de la región, es el que tiene que ver con la propuesta de programa de manejo de la cuenca hidrográfica del río Necaxa impulsado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en la administración anterior.
A mediados del mes de noviembre de 2012, pobladores de la región dieron a conocer que con pocos días de anticipación la Conanp anunció el inicio de consultas sobre el programa, requiriéndoles que -de tener observaciones- debían presentarlas antes del 15 de noviembre.
Ante este hecho, pobladores y organizaciones interesadas acusaron que la promoción de la participación de los habitantes en la elaboración del proyecto no fue lo suficientemente amplia.
“El documento que consta de 169 páginas, fue entregado a unas 30 personas de Necaxa y Huauchinango, el pasado 24 de octubre y pretende regir las obras y actividades en más de 42 mil hectáreas de terreno comprendidas en los municipios de Ahuazotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Tlaola, Xicotepec, Zacatlán y Zihuateutla en el estado de Puebla, y Acaxochitlán y Cuautepec en el estado de Hidalgo.”
Enfatizaron además la gravedad del problema de la contaminación de los arroyos y las presas del complejo hidrológico Necaxa; el “desastre ambiental que representa el tiradero de basura a cielo abierto ubicado en El Zoquital, en Xicotepec y la deforestación por la tala inmoderada e ilegal.”
Por su parte, el biólogo Francisco Ledezma, conocedor de la problemática de la región ha señalado que si bien, el documento contiene un diagnóstico, identifica zonas de uso de suelo, propuestas para su manejo y abre oportunidades de obtener recursos para su consecución, omite algunos aspectos que sería necesario definir, tales como los mecanismos específicos para la restauración del área y la instalación de un consejo técnico asesor y de seguimiento que incluya a los habitantes de la cuenca.
Vista la gravedad de la situación de la cuenca, pone de relieve la necesidad de un proceso de consulta amplio y profundo.
Es preciso que la población directamente afectada y las autoridades involucradas en el manejo de la compleja problemática de la región, encuentren un espacio de interlocución donde puedan actualizar las propuestas, discutir los requerimientos presupuestales, de obras urbanas y rurales, de comunicación y colaboración.
Aunque el programa de manejo es un buen punto de partida, se estima que es perfectible, en función de la riqueza de opiniones que pueden aportar, por una parte, los habitantes, que conocen de primera mano las necesidades de la zona; y por otro, la visión científica de los expertos. Obviamente, la participación de las autoridades, es también determinante, sobre todo, para la consideración y gestión de los recursos necesarios para la implementación de las acciones que sean necesarias.
Hoy existen múltiples propuestas, aportaciones creativas, que desde diversos frentes se han expresado y que sería valioso revisar, considerar y discutir en la búsqueda de soluciones que respondan al desafío en la misma medida de la complejidad de los problemas, buscando, desde luego la armonización de las estrategias de desarrollo con la preservación del ecosistema y el respeto de la vocación cultural, social y económica de la región, favoreciendo la expresión de los habitantes de la cuenca del Necaxa, en cuanto a la forma cómo desean vivir.
Introducción de nuevas tecnologías, incorporación de estrategias de combate al cambio climático, desarrollo de fuentes de energías renovables, promoción de actividades ecoturísticas, etcétera.
La Cámara de Diputados es un órgano que se ha mantenido atento de esta situación; recordemos que, en sentido de este mismo esfuerzo, el 28 de febrero de 2007, se realizó foro sobre el desarrollo integral de la Cuenca de Necaxa, convocado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura.
Es momento de actualizar la información, refrendar compromisos y redefinir acciones. Por lo que propongo a esta asamblea, la consideración de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Federal de Electricidad, para que conjuntamente con las autoridades del gobierno del estado de Puebla y de los municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Jolapa, Juan Galindo, Xicotepec de Juárez y Zacatlán de las Manzanas, evalúen los resultados de las estrategias de atención a la zona de la cuenca hidrológica del río Necaxa y elaboren nuevas propuestas para el saneamiento, preservación integral y reactivación económica, de la zona hidrográfica de Necaxa.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a implementar un mecanismo amplio en un periodo de tiempo razonable para incorporar la opinión de pobladores, especialistas y organizaciones sociales de la zona en la elaboración del programa de manejo de la cuenca hidrográfica del río Necaxa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputados: Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Javier López Zavala, Josefina García Hernández (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Carlos Sánchez Romero (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profepa, de la Semarnat y del gobierno quintanarroense a denegar la autorización del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita Graciela Saldaña Fraire, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Cámara de Diputados realiza un atento exhorto a la Profepa y la Semarnat a negar autorización y resolución favorable en materia de impacto ambiental, así como se exhorte al ciudadano Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo a instruir al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del estado para que instaure juicio de lesividad a fin de revertir el resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental, relacionado con el proyecto construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas.
Exposición de Motivos
En fecha 6 de septiembre de 2012, el INIRA-Quintana Roo emite oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, por el que resuelve autorizar de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”, ubicado en la Supermanzana 50, Manzana 01, lote 22-09, flexión izquierda del kilómetro 333+000 de la carretera federal 307, Chetumal-Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con una superficie total de 561.37 hectáreas.
Dicha autorización es para “la construcción y operación de un desarrollo comercial turístico, integrado por un centro comercial, almacenes, viviendas, áreas verdes y jardinadas, áreas de reforestación, áreas de conservación, espejos de agua, equipamiento y servicios”.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Benito Juárez-2005, la superficie que es factible ocupar para las obras del proyecto en las UGA 26 y 27 es de 135.2 hectáreas, siendo insuficientes para desarrollar el centro comercial, las viviendas, bodegas y áreas verdes que suman en el proyecto original representan 153.95 hectáreas. Esto significa que la superficie que pretende aprovecharse rebasa la permitida por el POEL.
Por lo que se define que el resolutivo del INIRA-QROO transgrede lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, al autorizar el desarrollo de 722 viviendas en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 26, pese a lo señalado anteriormente, que está permitido en esa UGA.
El proyecto no cuenta con cambio de uso de suelo forestal en la totalidad o parcialidad del área por parte de la Semarnat, y además en el orden municipal hasta la fecha no cuenta con los permisos de Chapeo y Desmonte, y de Desarrollo, para el inicio de sus actividades o edificación.
Con fundamento en el artículo 28, fracción XIII, artículo 54, artículo 15, fracción IV, artículo 23, fracciones I, II, III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 5, inciso O, fracciones I, II, III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el proyecto requiere la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la totalidad del área, pues si bien es cierto, parte de la superficie (58 hectáreas) operó como banco de materiales pétreos, la superficie total pretendida con Dragón Mart Cancún” es de 561.37 hectáreas.
Adicionalmente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus artículos 12, fracciones XXIII, XXVIII, XXIX; artículo 16, fracciones I, VIII y XXII, considera que son atribuciones de la federación, en particular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia forestal: “expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal”, autorización con la que no cuenta la totalidad del predio en cuestión; todo ello, relacionado con los artículos 1, 8, 17, 22, de la citada ley.
El predio se encuentra ubicado en un área de influencia presenta especie nativa de la región que se encuentra protegida mediante NOM-059-Semarnat-2010, por lo que con fundamento en el artículo 16, fracción XVII, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá llevar a cabo la inspección y vigilancia forestal correspondiente.
Por otro lado, en fecha 30 octubre de 2012, el ciudadano Cristhian Ruiz de Azúa Aguirre interpone recurso de revisión ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, solicitando declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, por considerarlo violatorios de los artículos 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de impacto ambiental, ambos del estado de México, normas oficiales mexicanas y al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Con fundamento en la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Quintana Roo, en los artículos 21, 22 y 23, se requiere la tramitación de Juicio de lesividad, a fin de revertir el resolutivo en materia de impacto ambiental del proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”, siendo competencia de la sala constitucional y administrativa del Poder Judicial del estado de Quintana Roo.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a negar autorización y resolución favorable en materia de impacto ambiental, relacionado con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”.
Segundo. Se exhorta al ciudadano Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo a instruir al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado para que instaure juicio de lesividad a fin de revertir el resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental, mediante oficio INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, del proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)