Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3666-VI, jueves 13 de diciembre de 2012
Con punto de acuerdo, relativo al probable desvío de recursos públicos por el XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Andrés de la Rosa Anaya, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información obtenida por funcionarios menores del Órgano de Fiscalización Estatal de Baja California, durante los trabajos de fiscalización al XX ayuntamiento de Mexicali, se detectó un probable desvío de fondos, por casi 150 millones de pesos, a través de un fideicomiso celebrado entre el ayuntamiento de Mexicali y la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV.
Todo derivado de la revisión de las facturas presentadas por el XX ayuntamiento de Mexicali para la comprobación del ejercicio del gasto público, cuando algunos funcionarios menores del Órgano de fiscalización Estatal detectaron algunas facturas por honorarios pagados a la empresa Consulta Actuarios S.C., por la cantidad de 6 millones y medio de pesos, a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo”.
Ante la sospecha de una probable desviación de fondos, los funcionarios empezaron a investigar más a fondo la razón de estas facturas y la existencia del fideicomiso ya mencionado, encontrando sólo reprimendas por parte de sus superiores jerárquicos, lo que se tradujo en mayores sospechas por parte de ellos, teniendo como resultado mayor información al respecto.
La primera conclusión que se obtuvo es que, el XX ayuntamiento de Mexicali, realizó la creación del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), pero nunca lo declaró como entidad fiscalizable ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.
Posteriormente, una vez identificadas las facturas, supuestamente expedidas por la empresa Consulta Actuarios, SC, por 6 millones y medio de pesos, se solicitó información sobre estos movimientos tanto a la empresa en cuestión como a las autoridades Municipales, encontrado respuesta sólo por parte de la empresa, quien se deslindó completamente de dichas facturas, negando que hayan sido expedidas por ellos y solicitó su devolución de manera inmediata.
Por su parte, el ayuntamiento de Mexicali sólo ha atinado a responder, a estas solicitudes de información del Órgano Fiscalizador Estatal, con evasivas y pretextos, desconociendo, incluso, la titularidad del Fideicomiso.
Todo lo anterior es sólo la punta del iceberg sobre este asunto. Estamos convencidos que el daño al erario público es mucho mayor al manejo de los 6.5 millones de pesos detectados en un comienzo.
No obstante lo anterior, lo que resulta más preocupante es que, tanto el Congreso Estatal, como el mismo Órgano Fiscalizador de Baja California, han encubierto, por acción u omisión, las probables actividades ilícitas realizadas por el alcalde del XX ayuntamiento de Mexicali y sus funcionarios.
Esta supuesta actitud proteccionista por parte de las autoridades que deben fiscalizar y sancionar el ejercicio del gasto público, nos daña a todos los bajacalifornianos y en particular a los mexicalenses, puesto que permiten el desvío de fondos que deberían ocuparse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, lo que se acentúa mas, dado que paradójicamente, el XX ayuntamiento de Mexicali, ha solicitado endeudarse por 550 millones de pesos, lo que duplicaría la deuda contraída por el actual ayuntamiento.
Es menester que el Congreso Estatal de Baja California y el Órgano Fiscalizador del Estado cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el ayuntamiento de Mexicali, actúen conforme a la ley y sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas.
Aunado a lo anterior, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo este posible desvío de recursos, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los culpables.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso Estatal de Baja California y al Órgano Superior de Fiscalización de dicho Estado a que cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el XX ayuntamiento de Mexicali y a que, conforme a la ley, lleven a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas tendientes al desvío de recursos públicos, a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue a fondo el posible desvío de recursos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los que resulten culpables de las actividades ilícitas realizadas a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 10 días del mes de diciembre de 2012.
Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.
Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.
Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.
Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.
Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.
El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.
La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:
Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.
Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.
Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.
El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.
Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.
En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.
¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?
Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.
El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.
¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.
Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?
Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.
Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a establecer diálogo diplomático con su homólogo estadounidense para revisar el memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos; y al INM, a implantar la plataforma México, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios presentados en nuestro territorio.
Hablar de la frontera México-Estados Unidos, es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte. En la problemática de la frontera norte, las políticas migratorias de ambos países afectan no sólo a la población migrante en la frontera misma, y también a los migrantes indocumentados; así como a los residentes legales, que se encuentran en los Estados Unidos.1
Autoridades del Condado Imperial, California señalaron que por tiempo indefinido aumentarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras como lo es Texas. Además, dieron a conocer que dichas aprehensiones se realizan en dicha área, siendo transportados vía aérea a Yuma para posteriormente ser deportados por la garita de Calexico, California. También denunciaron que estas deportaciones serán hechas a partir de las 5:00 horas y en grupos numerosos.
La Patrulla Fronteriza (Border Patrol), argumentó que no son deportaciones masivas, sino forman parte del regreso voluntario del Programa de Salida y Transferencia de Extranjeros (Alien Transfer and Exit Program, ATEP).
Este Programa inició desde Diciembre del 2007, y su objetivo principal es impedir un nuevo contacto con los polleros, a quienes contratan para internarse en los Estados Unidos, mediante el traslado a un punto fronterizo alejado de aquél por donde ingresaron y fueron detenidos. Este operativo contempla, además de regresar a hombres de entre 20 a 60 años, también serán repatriados mujeres y familias; aplicándose principalmente de lunes a viernes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), adoptó prioridades claras centradas en los recursos de control; una manera de maximizar la seguridad pública, protección de la frontera e integridad del sistema de inmigración. Sus acciones consisten en identificar y deportar a quienes trasgreden leyes en materia penal, apenas crucen la frontera ilegalmente, y que han trasgredido repetidamente las leyes de inmigración o son fugitivos de la corte de inmigración.
Los datos generados en materia de migración, arrojaron cifras alarmantes como en el año fiscal 2011, donde 144,745 de los deportados, aproximadamente cincuenta por ciento, eran personas con antecedentes penales sentenciados por diversos tipos de delitos; desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.
Respecto a este fenómeno se presentó un aumento del 89 por ciento en la deportación de personas con antecedentes penales en relación al 2008, y el mayor número de personas con antecedentes penales extranjeros deportados en la historia de la agencia.
Entender este fenómeno implica comprender como son tratados los migrantes, pues el procedimiento de detención bajo el cual son dispuestos nuestros connacionales, consiste primero, en la recepción del Consulado Mexicano de una llamada telefónica de la persona detenida y/o notificación sobre la misma por parte de la autoridad migratoria estadounidense correspondiente, posteriormente, el personal de Protección investiga con las autoridades del Centro de Detención Migratorio, la situación física y migratoria del connacional en cuestión; a partir de ello, este personal acude a entrevistar al detenido orientándolo sobre sus derechos en materia migratoria.
De acuerdo a testimonios brindados por personas deportadas, en forma cotidiana se les encadena y esposa, sobre todo a los detenidos en la frontera Tijuana-San Diego, además, no se les devuelven sus pertenencias, ni tampoco sus documentos oficiales, los cuales son confiscados en los centros de detención, asimismo, no se respetaba su derecho a la salud ya que si están enfermos no se les brinda la atención médica adecuada, por último muchos manifestaron que estos fueron deportados a altas horas de la noche ó en la madrugada.
En materia de migración se han establecido entre México y los Estados Unidos, el “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, suscrito el 20 de febrero de 2004 y los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”.
Según el Memorándum y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones; sin embargo, por el estado de Baja California actualmente se presenta el mayor número de repatriaciones, principalmente por las Garitas de Mexicali y Tijuana, aconteciendo 4 de cada 10 por esos cruces.
En otros puntos acordados dentro del convenio, las repatriaciones son esporádicas; y únicamente funcionan en casos de emergencia, o han quedado suspendidas de forma definitiva por la autoridad estadounidense hasta nuevo aviso.
Esto se ha convertido en un problema para los municipios fronterizos, tanto en materia de seguridad pública como protección de los derechos humanos, en virtud de que la gran mayoría de los migrantes llegan a ser presa de las bandas criminales o deciden quedarse para intentar lograr cruzar la frontera nuevamente.
De acuerdo al artículo 11 de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano se encuentra facultado para revisar la calidad migratoria en los puntos fronterizos donde ingresen los deportados, para con ello garantizar, que quien ingrese a nuestro territorio no cuente con alguna de denuncia por responsabilidad penal, civil y administrativa, o por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Con el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, pretendemos mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la recepción de las/los migrantes, ya sean entidades federales, estatales, municipales de ambos lados de la frontera, así como las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creación de bases de datos binacionales e intercambio de información, y la implementación por parte de nuestro país, de la llamada plataforma ¨México¨.
La recopilación de información será mejorada por medio de la revisión de los cuestionarios aplicados a las/los migrantes, y mediante la creación de una base de datos para obtener estadísticas exactas sobre el retorno de todos ellos, tales como revisión de antecedentes penales, calidad migratoria, captura de biométricos; así como, orientación en base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a sus lugares de origen de nuestros connacionales salvaguardando su bienestar físico.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar la plataforma “México”, para poder recopilar información, antecedentes de los migrantes, revisión de calidad migratoria, captura de biométricos y su respectivo apoyo para la reinserción en el mercado laboral, de los retornados.
Nota
1 Estudio ¨Breve visión sobre las medidas de control migratorios en la Frontera Norte de México¨ Investigadores: Dr. José Ascensión Moreno Mena y Blanca Villaseñor Roca
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer la atención de niños y de adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
Fernando Zárate Salgado, diputado a la LXII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la atención educativa a las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El importante flujo migratorio entre México y Estados Unidos de América (EU) –que representa alrededor de 10 por ciento de la población mexicana, es decir, 12 millones de personas– se ha invertido en los últimos años debido a la recesión económica y la intensificación del ambiente antiinmigrante en el país vecino. Entre 2005 y 2010, México recibió a más de 1.4 millones de mexicanos quienes estaban viviendo y trabajando en los EU, de los cuales 25 por ciento eran menores de edad. Este patrón se intensificó en los últimos dos años, por lo que se calcula que hay más mexicanos de regreso en nuestro país que de ida a los Estados Unidos1 .
Atender a esta población representa un reto para el gobierno de nuestro país, dado que el gasto social debe incrementarse de manera importante, para cubrir fundamentalmente las necesidades que su condición de “transnacionales” impone, sin que el gobierno mexicano haya podido implementar políticas de estado en la materia. Esta ausencia política es particularmente grave en lo relacionado con los niños y jóvenes de familias mexicanas que regresan o vienen por primera vez a México. Aunque las necesidades de estos jóvenes son muy amplias, incluyendo atención médica, psicológica y social, un paso que resulta de urgencia y que tiene un impacto inmediato, es asegurar su acceso e incorporación al sistema educativo de nuestra nación en condiciones que garanticen su bienestar y desarrollo integral.
Los alumnos transnacionales o binacionales forman una población heterogénea que va en constante aumento. Actualmente se estima que hay 650 mil alumnos que tienen experiencia escolar en el extranjero, inscritos en el sistema educativo de México en el nivel de educación básica, y de éstos, casi la mitad son nacidos en los Estados Unidos2 . No hay estudios sobre este tipo de alumnos en el nivel medio superior, pero se supone que representa una población considerable3 .
Una vez en México, los niños y adolescentes transnacionales y sus familias viven una serie de problemas para ingresar, permanecer y concluir su educación, poniendo en riesgo su continuidad educativa. Existen resistencias para ser incorporados en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional ya que, en muchos casos, no pueden presentar algún documento de identidad o escolar y solicitan ser incorporados en cualquier momento del ciclo escolar.
Cuando los alumnos transnacionales no pueden presentar documentos que permitan comprobar su nivel educativo, las autoridades les aplican exámenes diagnósticos que evalúan conocimientos basados en los contenidos del sistema educativo mexicano, ajenos a los conocimientos adquiridos en el país en que estudiaron. Algunos maestros los consideran como alumnos con problemas de aprendizaje por el solo hecho de no manejar con soltura la lectura y la escritura en español y con frecuencia no les son reconocidos y revalidados los estudios que realizaron en otro país, hecho que muchas veces resulta en la obligación de repetir un año escolar. En un estudio en Zacatecas, casi un tercio de los alumnos transnacionales reportaron que tuvieron que repetir un grado.4
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo y haga públicos los resultados de sus acciones.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Educación Pública para instaurar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y los Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a menores migrantes e implementar medidas binacionales que garanticen su éxito educativo en ambos lados de la frontera.
Notas
1. Passel, J. (2012). Net Migration from Mexico Falls to Zero - and Perhaps Less. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center, 8.
2. Zúñiga Víctor. Migrantes internacionales en las escuelas mexicanas: Desafíos actuales y futuros de política educativa . Artículo en borrador.
3. Ibid.
4. Hamann, E. T. (2010). Transnational students perspectives on schooling in the United States and Mexico: the salience of school experience and country of birth . Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, University of Nebraska , 19.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.
Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para facilitar trámites a mexicanos residentes en el extranjero que visitan el país en la época decembrina, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Rosa Elba Pérez Hernández, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro encargo como legisladores, se lo debemos a las personas quienes con su voto libre, directo y secreto, nos brindaron su confianza, en este caso deseo hacer hincapié en uno de los problemas que más afectan a nuestro país, y que no es exclusivo de una zona, sino de todo el territorio, en consecuencia propongo, a través de este punto de acuerdo, una posible solución, esperando contar con la comprensión de todas y todos ustedes, sabiendo de la posibilidad de generar un beneficio a un sector amplio de los mexicanos.
Guanajuato, la entidad que me invistió como diputada, se cataloga como una zona de alta migración hacia el norte, Estados Unidos de América y, en algunos casos, Canadá son destino de ésta.
En este marco, el viaje de nuestros paisanos hacia otras latitudes se ha llevado a cabo cuando muchos de aquellos eran menores de edad1 , por ello, algunos de éstos carecen de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE); a las causas de falta de tenencia de esta credencial, se suman otros supuestos, como la pérdida de vigencia del documento o simplemente, el extravío del mismo, esto es lamentable para nuestros connacionales pues sufren de la ausencia del instrumento que materialmente les brinda la capacidad de acreditarse como ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos.
El no tener la credencial para votar genera gran dificultad para tramitar diversas prestaciones, derechos, celebración de actos jurídicos, entre otras circunstancias, como el hecho de que a falta de un registro de ciudadanos, el IFE sirve para tal función.
El problema se acentúa al tener conocimiento de que el documento en cuestión, junto con el acta de nacimiento, son exigencias en el extranjero para conseguir matrículas consulares.
Al respecto, apreciamos la necesidad de requerir dos documentos para obtener derechos y beneficios de nuestra gente en otros países, la credencial para votar con fotografía, y las actas de nacimiento, el no tener alguna de estas puede, lamentablemente, traducirse en la falta de acreditación de la nacionalidad cuando se encuentren en suelo de algún sujeto de derecho internacional público distinto de México.
Todo lo anterior debe ser una preocupación de todas y todos nosotros como legisladores federales, pues tenemos como fin tender a brindar leyes cuya finalidad sea mejorar el estatus de vida de los mexicanos.
Por lo previo, y en virtud de no ser pocas las personas encontradas en esta situación2 , de hecho, es un universo significativo, del cual, por cierto, el país recibe un ingreso de recursos considerables3 , invertidos para el desarrollo nacional, le solicito a la asamblea tomemos conciencia y aprovechemos la coyuntura del periodo decembrino, en el cual tradicionalmente varios de nuestros paisanos regresan a suelo nacional para pasar con sus familias la temporada de fiestas, para solicitarle a las autoridades del gobierno se establezca un programa cuya finalidad sea que durante diciembre y enero, se brinde atención a las personas que así lo requieran para que puedan obtener los documentos señalados de una forma más expedita, ya que en otras circunstancias estarían impedidos para la obtención de los mismos.
Por lo aquí expuesto me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que dentro de las medidas de sus posibilidades, se facilite al público en general y en especial a los connacionales que residen en el extranjero y que visitan nuestro país durante el periodo de diciembre de 2012 a enero de 2013, para que en los respectivos registros civiles puedan agilizar los trámites para la obtención de documentos oficiales.
Segundo . Se exhorta al Instituto Federal Electoral para que los módulos de atención donde se tramitan las credenciales de elector, brinden servicio al público, y en especial a los connacionales que residen en el extranjero, durante el periodo de diciembre de 2012 y enero de 2013, a fin de que puedan obtener de manera expedita este importante documento.
Notas
1. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
2. 11 millones 700 mil mexicanos. Confere: http://macroeconomia.com.mx/2010/04/29-millones-de-mexicanos-viven-en-e stados-unidos-casi-otro-pais/
3. Según información del Banco de México, se recibieron por esta vía 22 mil 731 millones de dólares al cierre de 2011. Confere: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion =dinero&cat=13&id_nota=807224
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SRE y de la STPS para que emitan el dictamen favorable del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y hagan pública la información sobre el estado de su procesamiento, a cargo de Luisa María Alcalde Luján y suscrita por José Francisco Coronato Rodríguez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Luisa María Alcalde Luján y José Francisco Coronato Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 11 de junio de 2011, la OIT, aprobó en la 100 Conferencia Internacional del Trabajo, con 369 votos a favor, el Convenio 189, relativo a los trabajadores domésticos.
Se trata de un acontecimiento decisivo pues es la primera legislación integral que busca abordar la situación de las y los trabajadores.
Hasta el día de hoy ha sido ratificado por Uruguay, Filipinas y Bolivia, lo cual permite su entrada en vigor en septiembre del próximo año.
Según datos del organismo hasta 2006, 4.17 por ciento de la población en México se dedicaba a las actividades domésticas; no existen fuentes oficiales que nos brinden cifras actualizadas al respecto, sus especiales características, hacen que el trabajo doméstico escape de las estadísticas oficiales.
Los trabajadores domésticos carecen de condiciones para un trabajo decente, laborando de manera informal, desprotegida, con extensas jornadas laborales, baja remuneración y sin seguridad social. La falta de lineamientos de sus preceptos laborales es lo que permite que se violenten sus derechos humanos.
Esta legislatura no puede permanecer indiferente a la situación que padecen, hace falta, primero, visualizar el problema del trabajo doméstico no solo como una cuestión laboral, sino también como un problema de derechos humanos.
La ratificación del Convenio abre una oportunidad en la que debemos dar especial atención a las mujeres que ejercen dicha actividad laboral.
A partir de la adopción de este tratado, estaremos obligados a crear mecanismos y normas para proteger a los trabajadores del hogar, ellos también tienen derecho a “la ocupación productiva, adecuadamente remunerada, ejercida en condiciones de seguridad y libre de todas las formas de discriminación, con derechos asegurados a la protección social, voz y representación”,1 es decir, tienen derecho a un trabajo decente.
La Constitución Política de nuestro país, en su artículo 76, referente a las facultades exclusivas del Senado, fracción primera, segundo párrafo a la letra dice: “Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 43 los asuntos correspondientes a la Consejería Jurídica de la Presidencia, mencionando en su fracción tercera la atribución de “dar opinión al presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales.”
El artículo sexto de la Ley Sobre la Celebración de Tratados establece que “la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente.”
El actual titular del Ejecutivo ha hecho mención en diversas ocasiones de la importancia del trabajo digno y el respeto a los derechos laborales. En Movimiento Ciudadano creemos que se debe pasar del discurso a los hechos. Ratificar el Convenio 189 de la OIT es un gran paso para lograr los objetivos expresados por el presidente de la República.
Con base en lo anterior se presentan los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que gire las instrucciones correspondientes a los Secretarios de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que se emita y envíe al Senado de la República para su análisis y ratificación, el dictamen favorable del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a girar las instrucciones correspondientes al titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, a hacer pública la información sobre el estado que guarda el proceso de dictaminación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Nota
1 OIT. “Trabajo Decente. Memoria del Director General.” Ginebra: 87 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1999.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.
Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a atender debidamente su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31, numeral 2, y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Los derechos laborales en cuanto derechos humanos se significan ya no sólo con el bienestar de los trabajadores, sino como base indispensable para alcanzar la dignidad y el desarrollo pleno de esos mismos trabajadores.
Después de largos años de lucha de las personas que viven de su trabajo, sus organizaciones, especialistas y partidos de izquierda, el 10 de junio de 2011, se logró consagrar en nuestra Constitución Federal a los derechos laborales como derechos humanos, armonizando su texto con diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte.
Esto se desprende a contrario sensu de la reforma específica al artículo 102 Constitucional, apartado B, párrafo tercero, en relación al artículo 1º. Constitucional. Recordemos que el texto anterior, señalaba:
“Estos organismos (de protección de los Derechos Humanos) no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
A diferencia de lo anterior, el nuevo texto a la letra señala: “Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.”
Por lo que al omitirse la limitación referida a los asuntos laborales, a contrario sensu, en adelante la Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrá conocer de quejas laborales, y como complemento interpretativo inmediato, los derechos laborales adquieren el carácter de derechos humanos.
En armonía con lo anterior, el 15 de junio del 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta expansión de la competencia de la CNDH en relación a los derechos humanos laborales, despertó grandes expectativas de tutela en bien de los trabajadores del país de manera que sin dejar de desconocer el esfuerzo desarrollado por esta Comisión en este aspecto, debe señalarse que son cada vez más constantes las denuncias de los trabajadores, en el sentido de que la CNDH les niega la atención con el argumento de que no es competente en materia laboral, o de que sus acuerdos suelen ser en contra de los intereses de los trabajadores, en base a argumentos carentes de la solidez técnica; sin menoscabo de los tardado de los trámites ante esta CNDH.
Esto no puede continuar así, especialmente, en el marco de la Reforma Laboral Integral, producto de la “Iniciativa preferente” de todos conocida y, que está por promulgarse y publicarse, ya que esta inconstitucional y agresiva Reforma contra los derechos de los trabajadores, impulsará necesariamente el aumento de violaciones a los derechos humanos laborales, especialmente en perjuicio de los niños, jóvenes y mujeres.
En materia de derechos humanos laborales, urge, en primer lugar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desarrolle, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una amplia campaña para sensibilizar en su respeto a trabajadores, sindicatos, patrones, autoridades y, personas en general.
Igualmente, la CNDH debe tener un activo papel de tutela en el amplio campo de competencia respecto a actuaciones estrictamente administrativas de las autoridades laborales, de gran importancia en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores: empleo, orientación y asesoría, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, inspección, fijación y protección del salario y reparto de utilidades, vivienda, registro de sindicatos y sus directivas. Protección ésta a los derechos humanos que no chocaría con las funciones jurisdiccionales en la materia . De esta manera se verían acotados autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Servicio Nacional del Empleo Capacitación y Adiestramiento (que ya dentro de poco se denominará “Servicio Nacional de Empleo”), Comisiones de Salarios Mínimos y Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Autoridades de Inspección del Trabajo, entre otros.
Pero además sabemos, que si bien las Juntas de Conciliación y Arbitraje son autoridades materialmente jurisdiccionales, formalmente tienen carácter administrativo. Lo que permitiría que la Comisión de Derechos Humanos pudiera emitir recomendaciones para coadyuvar a construir una mejor justicia en el campo laboral: sobre la aplicación más transparente de los mecanismos para la elección de los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluidos los Presidentes de las mismas, buscar medios para evitar la corrupción, así como violencia al interior y cercanías de las Juntas y en los lugares en donde se realizan recuentos y que se ejerce en contra de los abogados, trabajadores y funcionarios. Velar por que se cumpla la garantía individual a una justicia pronta y expedita, también para que el acceso de los trabajadores al servicio de peritos oficiales sea eficiente y expedito, para que la inminente actualización de las Tablas de riesgos de trabajo por la STPS, se haga con equidad y legalidad, entre otros.
También para poner coto, a todo acto de discriminación o violencia en materia laboral; afectación de los derechos de los migrantes. En general, acotar cualquier acto que sea violatorio de los derechos humanos en perjuicio de las y los trabajadores.
Esto, sin menoscabo, de que este nuevo ámbito de competencia, está en íntima vinculación con las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores en el terreno de la Seguridad Social, que igualmente no ha recibido toda la tutela necesaria de parte de la CNDH.
En suma, la CNDH debe reconocer y operar a plenitud su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales. En general, sentirse cómoda en la protección de los derechos sociales, para lo que deberá sensibilizar y capacitar debidamente a su personal.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a al titular de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, para que atienda a plenitud y de manera expedita, su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales, sin menoscabo de su competencia en asuntos de seguridad social, capacitando y sensibilizando a su personal, esto especialmente en el marco de la Reforma Laboral Integral nacida de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal, y que está por promulgarse y publicarse, a fin de que con la fuerza moral que le es propia, sea un dique contra la expansión de las violaciones laborales en las materias que les son propias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.
Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Sinaloa a aplicar con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas medidas a fin de atender el creciente número de feminicidios en la entidad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993, define ésta como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.
La forma más extrema de violencia hacia las mujeres la representan los feminicidios; con base en el género, se llevan a cabo asesinatos cuyas víctimas presentan graves evidencias de abuso y misoginia.
Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, la entidad se encuentra entre los cinco primeros lugares de feminicidios en el país. Ello generó que, en 2009, el Congreso de Sinaloa presentara una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal, con la adición del título “De los delitos de género”. La iniciativa de ley se aprobó recientemente, tras lo cual la entidad se suma a la lista de los estados donde la tipificación del feminicidio es una realidad.
No obstante, el pasado 23 de noviembre, con el asesinato de una mujer de 32 años en Culiacán Sinaloa, se alcanzó la cifra de 80 asesinadas de manera violenta en lo que va del año, lo cual representa un aumento considerable si se parte de la base que de 2007 a 2009 se tiene el registro de 136 feminicidios.
Ante ese panorama resulta urgente atender y erradicar la creciente violencia hacia las mujeres, además de homologar el delito en todos los estados.
Consideraciones
Primera. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, a fin de contribuir al derecho de los ciudadanos a que se les procure justicia.
Segunda. Lo establecido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sobre su labor de investigar y perseguir los delitos en forma eficiente, eficaz, expedita y científica para combatir la impunidad en observancia del principio de legalidad y pleno respeto de los derechos humanos.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas las medidas necesarias para atender el creciente índice de feminicidios en la entidad.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)