Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a fortalecer las políticas de sustitución de energéticos por fuentes limpias, a cargo del diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Fernando Zamora Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como tenemos conocimiento, en nuestro país, conforme al artículo 2o., fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, es de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, constituye una prioridad de las políticas públicas, alcanzar el modelo de desarrollo sustentable, establecido en la legislación, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

México es el cuarto de los doce países megadiversos del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos internacionales; ocupa el primer lugar mundial en número de especies de reptiles, el segundo lugar en variedad de mamíferos y el cuarto lugar en diversidad de plantas. Se estima que el país tiene alrededor de 15 por ciento de las 65 mil especies de flora y fauna conocidas en el mundo, aunque se considera que podrían ser más, debido a que diversas especies silvestres no se han clasificado.

Deseo resaltar el delicado equilibrio social y ecológico que implica enfrentar el cambio climático. No se trata sólo de consideraciones económicas. Se trata de una lucha ancestral por preservar los bienes de la naturaleza, que son el vínculo del mexicano y de sus culturas con la tierra, con la vida y con sus ciclos. Los mexicanos, nuestros grupos indígenas, somos reconocidos por nuestro profundo respeto a la naturaleza y constituye también un deber moral y una causa histórica.

Desde los años setenta, nuestro país inició formalmente la ejecución de políticas públicas para proteger el medio ambiente, como resultado de los acuerdos de la Reunión Cumbre de Estocolmo. A partir de 1973, se impulsaron medidas jurídicas, económicas y sociales, que permitieron abrir cauces para incluir el tema en los planes, programas y acciones de gobierno.

En el mismo sentido, en la década de los noventa, nuestro país asumió otros compromisos internacionales respaldando las conclusiones de la reunión celebrada en Río de Janeiro, los cuales sirvieron como marco de referencia para darle mayor impulso al cuidado del medio ambiente.

El nuevo marco normativo de la política ambiental del país fue reconocido por los organismos internacionales como uno de los más completos, porque se dirigía hacia el control integral de la contaminación del aire, del agua y del suelo, y el manejo de residuos sólidos y la prioridad a la infraestructura ambiental.

Es en este entorno que cobra relevancia el impulso a la sustitución del uso de las energías contaminantes, por energías diferentes, las energías limpias, energías que conserven el aire, el agua y la tierra. Su utilización masiva y extendida debe ser prioritaria en las políticas públicas, ante las crecientes afectaciones al medio ambiente y a su vez, por el encarecimiento de los precios de otro tipo de energías agotables como el gas o el petróleo. Recordemos que los últimos años, los grandes países comienzan a trabajar en otro tipo de energías, que ellos mismos puedan producir para ser independientes del resto de países y trabajar por el medio ambiente.

Hoy se está extendiendo el uso de energías limpias. Principalmente la energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta; la energía eólica; la energía hidroeléctrica y la energía solar, frecuentemente utilizada para calentadores solares de agua.

Se ha demostrado que la energía renovable y la eficiencia energética son económicamente viables y cada vez más competitivas, además de constituir el único modo de mitigar el cambio climático. Los sistemas energéticos sostenibles y descentralizados producen menos emisiones de C02 (dióxido de carbono), son más baratos e implican menos dependencia hacia fuentes de energías sucias y contaminantes como la nuclear, el petróleo o el carbón. Por ejemplo, la generación de electricidad aporta alrededor de 44 por ciento de las emisiones totales de carbono mundial.

Asimismo, las energías limpias crean más puestos de trabajo, dan poder a las comunidades locales y pueden utilizarse a gran escala. Décadas de progresos tecnológicos han contemplado cómo los molinos eólicos (aerogeneradores), los paneles solares, las centrales de biomasa y los colectores térmicos solares, adquieren cada vez mayor protagonismo. Frente a ello, el mercado global de las energías renovables está experimentando un gran crecimiento y México no puede quedar, por ningún motivo, a la saga.

En el marco de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático XVI (COP 16), México anunció que promovería ser un país líder en energías renovables y limpias. Se estableció la meta de que 26 por ciento de la electricidad del país provenga de energías renovables; y pasar de 500 a 2 mil megawatts en generación de esta energía limpia al final del sexenio. De conseguirlo, México estaría entre los 15 países a nivel mundial en generación de energías renovables.

Se anunciaron proyectos, que nos parecen muy importantes, como una licitación para dos plantas de generación de energía eólica en Oaxaca. Tan sólo en la zona de la ventosa, se puede generar la misma cantidad de energía eólica que se produce en España, la segunda nación que más energía de este tipo genera en el mundo. Por otra parte, estados como Zacatecas y Chihuahua, así como el litoral de la península de Baja California, presentan condiciones favorables para producir hasta 71 mil megawatts de energía eólica.

De acuerdo con datos de Pro México, se estima que las compras nacionales en esta industria serán de al menos 12 mil 400 millones de dólares en los próximos años. Con estas inversiones se podrían generar más de 50 mil empleos directos, que serían remunerados 50 por ciento mejor que el promedio nacional.

De frente a la COP 18, que tendrá lugar del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012, en Qatar, es un momento oportuno para que esta representación nacional exhorte al gobierno federal a que ofrezca a la opinión pública un diagnóstico sobre los compromisos ofrecidos, sobre la situación actual y sobre las perspectivas para los próximos años en materia de energías limpias. Para mi grupo parlamentario es un tema de supervivencia nacional, de calidad de vida y de desarrollo económico sostenible, vital para nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a fortalecer las políticas de sustitución de energéticos por energías limpias, considerando acciones programáticas y presupuestales suficientes. Asimismo se le hace un llamado para que, en aras de la Cumbre COP18, celebrada en Qatar del 26 de noviembre al 7 de diciembre, ofrezca un diagnóstico a la opinión pública sobre las metas planteadas en la materia, la situación actual y las perspectivas para los próximos años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.

Diputado Fernando Zamora Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer en sus metas, planeación y programas uno permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata, a cargo de la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Erika Yolanda Funes Velázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal establezca un programa de prevención y detección del cáncer de próstata a partir de las siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer de próstata es el primer lugar de cause de muerte en los hombres. Se estima que a nivel mundial mueren más de 7 millones de varones al año. No obstante, la Organización Mundial de la Salud prevé que la cifra de nuevos casos de este tipo de cáncer alcance los 10 millones anuales en el 2015, una cifra alarmante que aún se puede moderar si se actúa a tiempo, con responsabilidad y cooperación de todos los niveles de gobierno. México debe ser ejemplo a nivel mundial contra esta enfermedad.

En México, según cifras oficiales, son 6 mil muertes al año los que cobra este mal, colocando al cáncer de próstata como la primera causa de muerte entre los hombres. Principalmente amenaza a quienes se encuentran en la segunda y tercera etapa de sus vidas. La tasa de mortalidad observada por este cáncer, aumentó de 7.7 a 11 muertes por cada 100 mil hombres entre el periodo comprendido de 2005 a 2011. Tan solo en el periodo de un año, en nuestro país se les diagnosticaron a 9 mil 650 hombres. Nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores de esta Honorable Cámara de Diputados es involucrarnos con la salud de nuestros conciudadanos. Por ello, una efectiva prevención permitirá un México más sano, y un diagnostico a tiempo la oportunidad de que miles de hombres gocen de una vida plena.

Un diagnostico oportuno permitirá utilizar tratamientos efectivos que conlleven a una curación completa. Por desgracia en nuestro país la falta de información veraz y oportuna hace que se diagnostique en etapas avanzadas complicando notoriamente la posibilidad de curación y afectando sensiblemente la economía del paciente.

Anteriormente el único medio para detectar este problema era de manera táctil, motivo por el cual muchos hombres no querían hacerse el estudio correspondiente. Ahora la ciencia ha evolucionado. El primer paso para la detección de este problema es a partir de una simple muestra de sangre (antígeno prostático), tras un sencillo piquete en la yema del dedo. Tras el estudio de esta muestra, se podrán conocer las condiciones del paciente. El aprovechamiento de este avance en la medicina para atacar este cáncer y una detección oportuna, generarán importantes progresos en nuestra salud pública.

Por otro lado, después de los 65 años crece la posibilidad de desarrollar con mayor facilidad el cáncer de próstata, es por esto recomendable que desde los 40 años se sometan a exámenes médicos para detectar tumores malignos de manera temprana y se tengan todas las posibilidades de una curación exitosa. Ante un problema tan serio de salud como este, la desconfianza es nuestra mejor aliada.

Se estima que en México existen cuatro millones de hombres mayores de 60 años y el cáncer de próstata afecta principalmente a los varones dentro de este rango de edad. Lamentablemente, más de la mitad no cuentan con seguridad social, dejando a más de 30 millones de adultos mayores frente a una vulnerabilidad absoluta. El resto de este sector social, mantiene alguna protección dentro de nuestras instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE.

Al ser una enfermedad costosa, en la que cada enfermo tiene que erogar el 30 por ciento de su salario en medicamentos, en el país se reporta que solo 65 por ciento de los hombres entre 60 y 64 años tienen seguro social y en el segmento de 80 ó más años sólo el 12 por ciento tiene seguridad social. Una realidad que debería ser a la inversa.

Necesitamos promover una mayor conciencia del significado de este grave problema de salud. Con los resultados de este importante y necesario reto, se beneficiarán a más de 6 millones de hombres. Por ello, es importante reiterar que debido a la desinformación y/o falta de recursos, no se tiene acceso a tratamientos adecuados para combatir este mal curable.

Es por esto imperativo que se desarrolle un programa en las principales ciudades del país para impulsar una adecuada prevención y una oportuna detección del cáncer de próstata.

Por los motivos anteriormente expuestos, solicito el apoyo de esta soberanía para impulsar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata.

Diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para garantizar la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas, a cargo de la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe la presente, Zita Beatriz Pazzi Maza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la Comisión Especial para garantizar la Suficiencia Alimentaria de las Familias Mexicanas, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Una alimentación suficiente y nutritiva es condición indispensable para una vida sana, así como para alcanzar el desarrollo pleno de las personas y los países. En el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se reconoce “el derecho fundamental de las personas a estar protegidas contra el hambre”, por lo que los Estados firmantes deberán “tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”. En el caso de México, en el artículo 4 de la Constitución Política se garantiza satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento de los niños y las niñas para asegurar su desarrollo integral.

No obstante lo anterior, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2010) calcula que en el mundo hay 925 millones de personas en situación de subnutrición. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2011) estimó que en 2010 existían 49,9 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 12,2 millones la padecían en grado severo. Esto es grave si se considera que las consecuencias de la alimentación inapropiada, sobre todo en la niñez, pueden perdurar toda la vida tal como lo definen Alderman, Hoddinott y Kinsey en 2003, por ejemplo, encontraron que la deficiencia nutricional de los niños en edad preescolar, está asociada a una menor estatura en la juventud y un menor número de años de escolaridad alcanzados.

Generalmente, en los estudios sobre el tema se reconoce que la incapacidad de los hogares para cubrir sus necesidades nutricionales mínimas es resultado de múltiples causas, entre las que destacan: a) la baja productividad de la agricultura que impide alcanzar un abasto suficiente de alimentos; b) el bajo nivel de ingresos de los hogares; y c) el acceso restringido a los servicios básicos de salud e higiene, lo que disminuye la eficiencia en la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos, así lo indicó Cuéllar en 2011.

Es importante reconocer que históricamente en México, la seguridad alimentaria se ha atendido con programas que no han atacado de manera frontal dicha situación, es decir no es el objetivo primordial atenderla, sin embargo podemos destacar dos etapas en la aplicación de políticas públicas.

La primera de 1934 a 1938 en las que los principales resultados fueron: estabilidad en el precio de los alimentos, la estabilidad de precios y la generación de empleos, además de que se consolidó un mercado interno de los alimentos industrializados; sin embargo, a pesar de los logros, el conjunto de políticas mencionadas no fue suficiente para superar los problemas de desnutrición de una buena parte de la población, en particular de la del medio rural (campesina e indígena).

La segunda etapa, comprende el periodo 1989-2010 donde destaca la no intervención de estado en la aplicación de políticas publicas inherentes a la seguridad alimentaria, pues desaparecieron las tiendas Conasupo, se concluyó el reparto agrario, se liberó el comercio exterior, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, y se eliminaron los subsidios generalizados a los alimentos, entre otras medidas importantes que impactaron de manera significativa las metas alcanzadas en la etapa anterior.

Es palpable que las políticas y programas adoptados por los gobiernos en el combate contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición abarcan un rango muy amplio, que va desde las intervenciones macroeconómicas generalizadas, hasta el diseño de programas especializados altamente focalizados.

Sin embargo antes es necesario mencionar el influjo tan importante que la situación macroeconómica de una nación tiene sobre la situación alimentaria de grandes segmentos de su población.

La inflación, el tipo de cambio, la estructura arancelaria y las tasas de interés determinan las decisiones de los consumidores y productores de alimentos; de ahí que siempre se ha resaltado la importancia de las políticas monetaria, fiscal y comercial como los ejes que guían al resto de los programas de gobierno.

De la lectura de las experiencias internacionales y nacionales y de su análisis, se desprende un conjunto de elementos mínimos que debe incluir cualquier estrategia para la suficiencia alimentaria.

Por ello, el constituir una Comisión Especial para garantizar la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas buscará, con el consenso de sus integrantes, diseñar y proponer iniciativas de ley, de igual manera deberá seguir trabajando para fomentar la coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en torno al tema, para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contemple de manera amplia la estrategia de políticas públicas, también con visión transversal, que coadyuve con su opinión, y dentro de sus atribuciones, con las comisiones ordinarias que dictaminen acciones y permitan acceder plenamente a las familias mexicanas a lo seguridad alimentaria como objetivo.

Finalmente, la comisión especial para garantizar la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas de la LXII Legislatura deberá continuar siendo, en el marco de la pluralidad, el puente para que todas las voces involucradas en este importante tema para el desarrollo del país, tengan la oportunidad de exponer sus propuestas para concretar lo ya avanzado en la construcción de una nueva política social para México.

La Cámara de Diputados debe contar una vez más con un lugar especial destinado al debate y a la generación de propuestas concretas sobre la seguridad alimentaria, impulsando la participación de ciudadanos, estudiantes, comunidades de redes sociales especializadas en el tema; pasando por toda la comunidad académica y universitaria del país e instituciones que enfocan sus esfuerzos en este tema, como la FAO, la ONU y la OMS por mencionar sólo algunas de carácter internacional, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Sagarpa, el Sistema DIF Nacional, etcétera, así como las dependencias que sean creadas en la reciente iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), entre muchos otros.

Esta nueva legislatura de la Cámara de Diputados debe propiciar el ejercicio de los derechos humanos sobre acceso a la alimentación y al bienestar social, de lo contrario agravaría el problema de la insuficiencia alimentaria, y afectaría el interés general y las metas de política pública abanderadas históricamente por nuestro país y protegidas en nuestra legislación.

Por todo lo antes expuesto, desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera importante la necesidad de crear la comisión especial para garantizar la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas.

Una de las tareas fundamentales de la comisión especial será coordinar los estudios e investigaciones encaminadas a resolver la problemática, así como coadyuvar en el diseño de políticas para promover el desarrollo de los sectores y de las cadenas productivas.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás que correspondan, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para garantizar la Suficiencia Alimentaria de las Familias Mexicanas, a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial para garantizar la Suficiencia Alimentaria de las Familias Mexicanas son:

• Exhortar al Ejecutivo federal el rediseño de los programas sociales, que permitan en el corto y mediano plazo la suficiencia alimentaria de las familias;

• Procurar generar las condiciones para que las instancias correspondientes establezcan el mercado interno de productos básicos e incidir en variables como el INPC y la inflación;

• Fijar las bases, en el ámbito legislativo, para el funcionamiento de los sistemas de productos nacionales como maíz, frijol, arroz, soya, entre otros;

• Generar una visión transversal sobre la suficiencia alimentaria nacional y regional propiciando la adecuación del marco normativo entre los tres ámbitos de gobierno;

• Impulsar el fortalecimiento de las condiciones para generar un entorno que mejore la vida de los mexicanos, coordinando en la medida de lo posible a los actores económicos, sociales y políticos para avanzar en una agenda nacional sobre la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas;

• Evaluar las políticas públicas que los tres niveles de gobierno emprendan en materia de suficiencia alimentaria;

• Promover la orientación del gasto público del Presupuesto de Egresos de la Federación a programas y proyectos dirigidos a garantizar la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas.

Tercero. El objetivo de la comisión especial será analizar el marco legal y normativo relativo a la suficiencia alimentaria, y proponer en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan adaptar la legislación vigente a la realidad económica, política y social, así como para diseñar políticas públicas transversales que permitan a la sociedad y familias mexicanas tener garantizado la suficiencia alimentaria.

Cuarto . La comisión especial se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Quinto. La comisión deberá contar con recursos humano, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento. Lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados.

Sexto. La comisión especial deberá coordinarse con las Comisiones de Agricultura y de Ganadería respecto al diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas.

Séptimo. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 12 de diciembre de 2012.

Diputada Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de la SCT y de la Policía Federal a establecer con las autoridades estatales operaciones permanentes en el aeropuerto internacional de Cancún para retirar las unidades de transporte irregulares que operan mediante concesiones federales foráneas en dicho destino turístico, a cargo de la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El turismo representa la tercera mayor industria generadora de inversión y derrama económica en nuestro país. Para su existencia, diversos sectores poblacionales se aglutinan en una oferta de servicios e infraestructura con la que se cierra el círculo de las necesidades de nuestros visitantes.

Entre esos sectores, se encuentra el del transporte turístico, comprendido por choferes, taxistas y empresas que representan a una gran cantidad de familias que a través de esa actividad, obtienen el sustento requerido.

Estos prestadores de servicios han obtenido con el paso del tiempo y con el esfuerzo requerido, concesiones de transporte federal para operar en aeropuertos de nuestros destinos turísticos y que de acuerdo al éxito de cada punto geográfico, van aumentando a discrecionalidad de la SCT.

En la actualidad los destinos que han visto un crecimiento exponencial en su oferta de servicios turísticos e infraestructura de este orden, han tenido a la par, un crecimiento en la cantidad de concesiones otorgadas en lugares como Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, y que operan a su vez en las áreas turísticas cercanas a éstos, como la Riviera Maya, Riviera Nayarit o Punta Diamante, entre otras.

Datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalan que al 2011, Quintana Roo cuenta con más concesiones federales del orden turístico, que el resto de los Estados de la República.

En dicha entidad federativa se ubican más del 33 por ciento del total nacional del parque vehicular con fines turístico: en el segmento de camionetas, en Quintana Roo se cuenta con 3 mil 170 permisos de un total de 9 mil 435 concesiones otorgadas a nivel nacional y con 3,351 concesiones de vehículos de lujo para transporte turístico de un total nacional de 10 mil 515.

Esto es, que un estado que poblacionalmente representa el 1.2 por ciento del total de la población nacional, sostiene en la actividad a cientos de miles de familias que no viven en Quintana Roo, y que no obstante contamos con el mejor destino turístico de toda América Latina, así reconocido por el World Travel Market de Londres (Cancún y Riviera Maya), lo cual trae consigo que los ingresos obtenidos por los transportistas no se quedan en Quintana Roo, sino que se reparten a propietarios de concesiones de otras procedencias sin reflejarse el verdadero flujo económico que el turismo debe dejar en ese sector.

El principal problema radica en que en los estados con destinos turísticos reconocidos operan una gran cantidad de concesiones federales que han sido otorgadas para trabajar en otras ciudades y que aprovechándose ventajosamente de las bondades de destinos como Cancún y de la falta de candados en la Ley Federal de Transporte, trabajan de forma ilegal en estos destinos, conocidas dichas concesiones como piratas, las cuales, sólo a través de la intervención de los gobiernos locales como lo es el caso de Quintana Roo, donde el titular del Ejecutivo local, Roberto Borge Angulo, ha mediado para poner una solución a esta problemática es que han sido parcialmente retiradas del Aeropuerto Internacional de Cancún, pero que siguen siendo un cáncer a nuestra economía.

Claro ejemplo de ello son los comunicados emitidos por el gremio taxista de Cancún, Quintana Roo, el cual ha agradecido al gobernador del estado la aplicación de la Ley de Transporte Estatal, a través de operativos de detección de transportistas federales irregulares que operan en la zona urbana y quienes captan pasaje en el Aeropuerto Internacional de dicho balneario.

Esta problemática, aparte de causar una pésima imagen para los vacacionistas, lesiona el bolsillo de muchas familias quintanarroenses y peor aún, pone en riesgo a nuestros visitantes.

Por ello me permito proponer al pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Policía Federal para que en coordinación con las autoridades estatales, establezcan operativos permanentes en el aeropuerto internacional de Cancún, a fin de retirar las unidades irregulares que operan a través de concesiones federales foráneas en dicho destino turístico.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se verifique la operación de los concesionarios que operan taxis turísticos irregularmente en el estado de Quintana Roo y, en su caso, se proceda a la revocación de las concesiones correspondientes, así como a la imposición de las sanciones que resulten aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 12 de diciembre de 2012.

Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica)